En Guerrero. Enfrentan al narco y el gobierno los reprime

Enfrentan al narco y el gobierno los reprime/EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

Revista Proceso No 1998, 14 de febrero de 2015

Guerrero está considerado como el estado más violento del país, y los recientes enfrentamientos de guardias comunitarios contra bandas criminales parecen confirmarlo. Sin embargo, los habitantes de las poblaciones acosadas por el narco denuncian que las autoridades federales y estatales, lejos de apoyarlos en el combate a la delincuencia organizada, se dedican a reprimir sus actos de autodefensa y la protesta social.

 CHILPANCINGO, GRO.- La ola de delincuencia provocó un estallido social en tres regiones de Guerrero, donde los pobladores tomaron las armas para enfrentar a la delincuencia, pues señalan que ésta sigue operando bajo protección de autoridades de los tres niveles y del Ejército.

 En la Región Norte, el sábado 7, policías comunitarios del municipio de Cocula rescataron a 12 secuestrados y cerraron la minera Media Luna, ubicada en la comunidad de Nuevo Balsas, con el argumento de que las autoridades sólo brindan seguridad a la empresa y dejan la localidad a su suerte.

 Los pobladores advirtieron que no van a permitir que la minera, filial de la trasnacional canadiense Torex Gold Resour­ces, reanude sus labores en tanto no se libere a todos los secuestrados, el gobierno garantice la seguridad de la población y las corporaciones policiacas se coordinen con la policía comunitaria para combatir la narcoviolencia.

 En la Región Centro, habitantes del poblado de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, se armaron el 31 de enero para enfrentar directamente a la delincuencia. Exigieron la salida de los policías de los tres niveles y de los militares, porque presuntamente brindan protección a los grupos criminales que se disputan ahí un corredor de trasiego de mariguana y heroína.

Cuando los militares detuvieron a dos guardias comunitarios, habitantes de Petaquillas y del Valle del Ocotito bloquearon la carretera México-Acapulco. Soldados con equipo antimotines golpearon a mujeres y hombres que participaban en la protesta, por lo que el conflicto escaló al grado de que los inconformes retuvieron a un centenar de policías federales.

Después de ocho horas, tras una negociación, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, ordenó a la PGR que dejara en libertad a los guardias comunitarios. Los pobladores retiraron el bloqueo de la vía federal y liberaron a los policías retenidos.

Y en la Región de la Montaña Baja, policías comunitarios de los municipios de José Joaquín de Herrera y Chilapa se enfrentaron a balazos con habitantes de la comunidad indígena de San Jerónimo Palantla. Cinco personas murieron y 25 fueron detenidas por la guardia ciudadana.

Los comunitarios denunciaron que la zona se ha convertido en productora de mariguana y amapola, disputada por los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos. A estos últimos, acusan, los dirige la familia del presidente del Congreso de Guerrero, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez.

A sangre y fuego

Desde el sábado 7, pobladores y policías comunitarios mantienen cerrada la minera Media Luna, en el poblado Nuevo Balsas, municipio de Cocula. La  resguardan 70 policías estatales, en funciones de seguridad privada.

Durante un recorrido, habitantes del lugar narraron que el viernes 6 una célula criminal al servicio de La Familia privó de su libertad al menos a 18 personas, entre ellos trabajadores de la trasnacional. A pesar de que pobladores denunciaron el secuestro, el gobierno federal y los directivos de Media Luna intentaron negar el hecho y lo minimizaron.

Fue entonces que la guardia comunitaria, conformada desde el año pasado, tomaron pistolas y escopetas para recorrer veredas y cerros, hasta que el domingo 8 localizaron y rescataron a sangre y fuego a 12 de los plagiados.

Más de 300 hombres de Nuevo Balsas, La Fundición, Real del Limón y La Escalera siguen buscando a Uriel Wences Delgado, La Burra, a quien señalan como responsable de la acción criminal.

Los líderes del grupo de autodefensa reprocharon que el gobierno federal relajó la vigilancia militar y de la Policía Federal después de que la PGR le dio carpetazo al caso Ayotzinapa y concluyó que los 43 normalistas fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula por sicarios de la banda Guerreros Unidos.

Afirman que la indiferencia de los directivos de la minera canadiense se explica porque “son cómplices” de La Familia, ya que –denuncian públicamente– entregan 1 millón de pesos mensuales a esa banda criminal asentada en los municipios de Arcelia y Teloloapan.

Añaden que el jefe de ese grupo delictivo (y de La Burra), Johnny Hurtado Olascoaga, El Mojarro o El Pez, es propietario de la empresa Capitsa, que presta sus servicios a Media Luna y es administrada por su sobrino.

El gobierno federal, que al principio negó el secuestro, reaccionó de inmediato al cierre de la minera y envió a soldados del 27 Batallón de Infantería y policías federales de la División de Gendarmería a coordinarse con los comunitarios.

No obstante, los líderes de éstos cuestionaron el poco apoyo de militares y agentes federales, así como la indiferencia de los directivos de la minera, que sólo reconocieron a un contratista como su trabajador, pero no al resto de los secuestrados, quienes laboran en áreas de limpieza y traslado de material.

La mañana del domingo 8, al verse cercados por policías comunitarios, con respaldo aéreo y terrestre de militares y agentes federales, los delincuentes abandonaron en un cerro a seis de los plagiados, entre ellos un contratista y una afanadora de Media Luna.

Otros cuatro rehenes escaparon después de que uno de ellos, Mario Bahena Aguilar –empleado de la minera, originario de Apipilulco– forcejeó con un delincuente. Las víctimas narraron que Bahena Aguilar recibió un disparo en la pierna, mientras que al criminal lo mataron a golpes.

“Mario nos salvó la vida”, le dijo uno de los rescatados a un grupo de policías comunitarios, quienes subieron por él al cerro de La Campana. Las 10 víctimas quedaron bajo la protección de los comunitarios y delataron a un sicario, quien intentó hacerse pasar como secuestrado.

“Decían que nos iban a matar y golpeaban al que pedía agua”, narró una de las víctimas antes de que las trasladaran a la clínica de salud de Petaquillas, donde los atendieron. Presentaban golpes y agotamiento por deshidratación.

Más tarde fueron rescatadas otras dos personas que también lograron escapar cuando sus captores fueron rodeados.

La liberación se realizó en el paraje conocido como “el 80”, en las inmediaciones del cerro de La Campana, en el poblado de La Fundición, donde se encuentran vías de ferrocarril que datan de la época porfiriana y que permanecieron inconclusas en la ribera del río Balsas.

Los pobladores se desplegaron a lo largo del río y en los cerros para localizar al resto de los secuestrados, cuya número no se ha precisado porque fueron levantados en distintos lugares de la zona minera y separados en varios grupos, como indican los rehenes consultados por Proceso.

El resto de la semana fue tenso en la zona. Los habitantes permanecen alertas y los comunitarios siguen desplegados en los cerros y la ribera del Balsas, pues los rescatados dijeron que los sicarios, que portan uniformes de tipo militar y son dirigidos por La Burra, siguen en el cerro y mantienen retenidas a más personas.

Cuando el Ejército hizo la lista de los rescatados por la policía comunitaria, al menos cinco se identificaron como trabajadores de la minera Media Luna.

Autoridad contra ciudadanos

Los habitantes y autoridades de Petaquillas son hostigados por militares y policías federales desde el 31 de enero, cuando guardias comunitarios de los pueblos del Valle del Ocotito asumieron la seguridad de ese poblado, cercano a la capital del estado.

Los pobladores, encabezados por el comisario municipal Arquímides Vargas Encarnación y autoridades ejidales, respaldaron la acción de los guardias comunitarios del Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), escisión de la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (Upoeg), que dirige el activista indígena Bruno Plácido Valerio.

Los petaquillenses señalaron que Los Ardillos y Los Rojos se disputan brutalmente el control del corredor de droga que conecta el municipio de Quechultenango con Chilpancingo, lo que provoca la ola de secuestros, asesinatos y extorsiones en el circuito turístico Río Azul, tolerados por el gobierno y el Ejército.

Por lo pronto, la guardia comunitaria desmanteló una célula de la banda Gente del Sur, que dirige El Talibán y tenía el control de Petaquillas.

Desde esa fecha, el Ejército y la Policía Federal sitiaron la población ubicada sobre la carretera federal México-Acapulco, a 10 kilómetros al sur de Chilpancingo, y tratan  de expulsar a la policía comunitaria.

Por ello, los ciudadanos acusan al Ejército y las policías de los tres niveles de gobierno de actuar como cómplices de los sicarios, que mantenían asfixiada a la población de los cuatro barrios y 30 colonias de Petaquillas.

Específicamente acusan a soldados de la 35 Zona Militar de brindar protección a Los Ardillos, banda afincada en el municipio de Quechultenango y dirigida, según los entrevistados, por los hermanos del presidente del Congreso estatal, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, integrante de la corriente de Los Chuchos y aspirante a la diputación federal por el Distrito 7.

Algunos ciudadanos sostienen que a pesar de los retenes militares y de la Policía Federal en el tramo Petaquillas-Chilpancingo, Los Ardillos pasan cargamentos de droga (heroína, mariguana) y armas por esta ruta ,que conecta a la capital de la entidad con Quechultenango.

Agregan que los comerciantes de Petaquillas tienen que pagar mil pesos semanales a ese grupo criminal, que consideran protegida por el Ejército, ya que secuestran y asesinan impunemente en la zona.

El coordinador del grupo de autodefensa, Salvador Alanís Trujillo, afirma que ellos se hicieron cargo de Petaquillas porque dos días antes un grupo armado levantó a dos comandantes comunitarios en Chilpancingo.

Advierte que, así como llegaron a la antesala de la capital estatal, si el gobierno no restablece el orden, la guardia comunitaria está dispuesta a entrar a Chilpancingo, donde operan seis bandas que se pelean las rutas del narcotráfico que atraviesan las regiones Montaña y Norte, así como la Sierra de Guerrero.

Por ello, dice, las autoridades de los tres niveles de gobierno deberían combatir la narcoviolencia en Chilpancingo, en lugar de enfocarse a reprimir las protestas sociales.

En estos días, Petaquillas no teme a la delincuencia organizada, sino al permanente acoso militar y de los policías federales.