Rostros de la fuerza y el dolor

Revista Proceso # 2092, 24 de septiembre de 2016...

Rostros de la fuerza y el dolor/GLORIA LETICIA DÍAZ

Después de dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el grupo de padres de las víctimas ha transformado su vida en una búsqueda incansable de sus hijos y de justicia. Tres de estas personas, obligadas a cambiar de vida, coinciden en que la cerrazón del gobierno de Enrique Peña Nieto es tal que ya no le creen nada sino, al contrario, sospechan que en el crimen están involucradas autoridades de alto nivel.   

 Clemente Rodríguez, padre del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, acaricia la tortuga tatuada en su antebrazo izquierdo, regalo de un activista que admira la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos hace dos años.

 “Hay quienes me dicen que sólo se tatúan los delincuentes, pero esta tortuga prehispánica (Ayotzinapa es “río de tortugas” en náhuatl) significa mucho para mí, es como sellarme para decir: ‘Christian, siempre estuve pendiente de ti’, y es un motivo de lucha”, confía don Clemente, un hombre de baja estatura y mirada triste.

 En entrevista con Proceso, muestra a la reportera algunas pulseras tejidas que lleva en el brazo izquierdo. Son otros regalos que le dieron en varias poblaciones del país y de Estados Unidos, adonde lo ha llevado la necesidad de exigir que se esclarezca la desaparición forzada de los  estudiantes.

Horas antes de acudir a la embajada estadunidense para renovar su visa a fin de realizar una visita a Washington, don Clemente, quien era repartidor de agua en Tixtla, recuerda que hace unos 30 años intentó cruzar la frontera sin papeles en busca de trabajo, pero fue deportado.

“Hoy en día, por esta situación que estoy viviendo me ponen las cosas en bandeja de plata. Pero no quiero conocer Estados Unidos. Voy allá por la gente que nos está apoyando, me traigo de allá la motivación de que no estamos solos para salir adelante”, dice el hombre de 49 años.

Las madres y los padres de los 43 que se movilizan por México y otros países han dejado oficios, tierras, sus casas, a sus otros hijos, y ahora padecen diabetes, dolores de cabeza casi permanentes, insomnio, depresión y otros malestares físicos y psicológicos a raíz de que afrontaron la terrible tarea de buscar a sus hijos desaparecidos y exigir verdad y justicia a las autoridades.

El señor Clemente reconoce que las 43 familias han evolucionado aun en medio de la tragedia y lamenta que haya sido la falta de respuestas lo que les ha dado fuerza para continuar con su objetivo.

En la mente del padre de Christian Alfonso todavía está presente la imagen de la puerta de una oficina de la policía municipal de Iguala a la que los padres no tuvieron acceso pese a que él sugirió a personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se abriera.

“Me pregunto: ¿y si hubiera tenido este valor que tengo ahorita? Yo hubiera abierto esa puerta, pero tenía ese pinche miedo… Me acuerdo de un policía que dijo: ‘¿Qué chingados vienen a hacer aquí? Los vamos a desaparecer como a sus hijos’. Estoy seguro que si estuviera como ahorita, con el coraje y la rabia, hubiera dicho: ‘Quiero que le quiten este candado’, y a lo mejor encontrábamos a los muchachos, a lo mejor ahí los tenían”, aventura.

Desesperado porque ha hecho todo lo que estaba a su alcance para encontrar a su hijo, único varón en su familia, reconoce que antes del 26 de septiembre de 2014 era un hombre desinformado y que votó por Enrique Peña Nieto en 2012. Pero está arrepentido y se siente burlado.

Este sentimiento es peor, dice, porque mientras él participaba en brigadas de búsqueda y movilizaciones para exigir la presentación de los estudiantes, “una comisión de gobierno fue a ofrecer dinero a mi casa, 30 mil pesos, que dijeron no era indemnización y que nos iba a seguir llegando dinero. Yo le dije a mi esposa: ‘¡Mándalos a chingar a su madre!’ Somos pobres pero tenemos dignidad. No hemos agarrado ni un peso del gobierno, aunque me digan mis parientes que agarre el dinero y me conforme”.

“Los tiene el gobierno”

María Elena Guerrero Vázquez, mamá de Giovani Galíndez Guerrero, admite que los padres y madres de los desaparecidos tienen la profunda convicción de no aceptar recursos públicos como indemnización. “Que mejor usen el dinero en buscar a los muchachos”, dice.

Ella dejó las labores de su hogar para dedicarse a buscar a su hijo y señala que gracias al apoyo de las organizaciones sociales, estudiantiles, y en algunos momentos al boteo en casetas de cobro, han sobrevivido aun aquellos que abandonaron sus empleos.

Esa unidad y la esperanza de encontrar a sus hijos los mantiene de pie, a pesar de que a dos años persiste la sensación generalizada de “impotencia muy grande; hay coraje y frustración. Este gobierno nos tiene que responder porque es su obligación decirnos la verdad y que se haga justicia”.

Originaria de Arcelia, municipio de la Tierra Caliente guerrerense donde se registran altos índices de violencia, doña María Elena atribuye la falta de esclarecimiento de los hechos del 26 de septiembre de 2014 a que “el gobierno tiene a los muchachos”. Argumenta: “Si fueron monitoreados desde que salieron de la escuela, no pueden escudarse en el crimen organizado porque el C4 pertenece al gobierno”.

Se refiere al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo o C4 de Iguala, que según se ha comprobado estuvo reportando las actividades de los estudiantes desde la toma de autobuses hasta que fueron atacados.

Al señalar que no cree en la intervención del crimen organizado en la desaparición (porque “los delincuentes no son tan malos; piden rescate y aparecen los cuerpos”), afirma que en reuniones con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y la procuradora Arely Gómez ha sostenido que el silencio institucional sólo puede explicarse porque “hay gente de alto nivel involucrada”.

Dice que esta sospecha se acentuó recientemente entre los familiares de las víctimas con el nombramiento presidencial de Tomás Zerón como secretario técnico del Consejo Nacional de  Seguridad, después de haber renunciado a la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), donde era investigado por las irregularidades señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde mayo pasado los padres y madres de los desaparecidos habían solicitado la destitución y sanción de ese mando policiaco, pero en agosto se levantaron de la mesa de diálogo de la PGR, ya que ésta no les presentó las conclusiones de la indagatoria iniciada por la Visitaduría General.

“Sentimos como una cachetada a la cara. Primero supimos que Zerón  renunció, y a las dos horas Peña Nieto lo subió de puesto. ¿Qué le pasa? ¿Quiere pisotearnos más, quiere vernos la cara?”, dice indignada.

Recuerda que en su primera reunión con el presidente de la República éste se comprometió a hacer justicia. “Dijo: tope donde tope. Topó con Tomás Zerón y lo subió de puesto. El presidente no tiene palabra. Nosotros, como mexicanos, ¿qué respeto le podemos tener si es el presidente y no te defiende, no te responde como debe? Eso es imperdonable”.

Agrega: “A dos años, ya estamos despiertos y dispuestos a seguir luchando, porque estamos muertos en vida. Esto no es vida: pensar en si tu hijo está bien, si ya comió, si tiene frío, es una muerte psicológica que no se le desea a nadie”.

Unidos por el dolor

El agravio por el engaño de las autoridades prevalece entre los padres y madres de los normalistas desaparecidos, advierte Melitón Ortega Martínez, tío y padrino de Mauricio Ortega Valerio, estudiante originario de Malinaltepec.

Don Melitón se ha convertido en uno de los voceros del grupo de padres y decidió realizar la búsqueda junto a su hermano Leocadio, padre de Mauricio. Relata que los familiares de las víctimas pasaron de la incertidumbre sobre el paradero de los muchachos a la incredulidad, la indignación, el coraje y la total desconfianza hacia el gobierno de Peña Nieto y la PGR, responsable de las investigaciones.

Recuerda que estos sentimientos cambiaron conforme recibieron información sobre las fosas clandestinas, el basurero de Cocula y el Río San Juan, y después cuando esas versiones fueron cayéndose con las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el GIEI.

Melitón Ortega, quien dejó su puesto en la Dirección de Educación Indígena de Guerrero por incorporarse a la búsqueda y a la exigencia de justicia, coincide con los otros entrevistados:

“Lo que ha generado más desconfianza es que las propias instituciones han desaparecido las evidencias de cómo persiguen a los estudiantes, cómo los agreden, cómo los suben a las patrullas, porque en cada espacio de Iguala había cámaras de seguridad y se registró lo que pasó esa noche, pero cuando los abogados y el GIEI piden que se muestren las imágenes, (las autoridades) dicen que no existen. Es una gran mentira del gobierno. Eso lo único que significa es que no hay voluntad para esclarecer lo que pasó.”

Reprocha a las autoridades federales que no se investigue a miembros del 27 Batallón de Infantería y que no se haya detenido al menos a dos policías federales identificados plenamente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y quienes no intervinieron para evitar la desaparición forzada. Lamenta que dos años después de la fatídica noche de aquel 26 de septiembre “no hay nada: todo sigue en la impunidad”.

También enumera las “comisiones” de funcionarios de los gobiernos estatal y federal para ofrecer “dinero, becas, negocios, carros o plazas en el gobierno” a los familiares de las víctimas antes de que el entonces procurador Jesús Murillo Karam proclamara su “verdad histórica”. También recuerda los intentos de “aislar a los padres en Tixtla” mediante retenes policiacos y las campañas mediáticas dirigidas en estos dos años contra padres, abogados, víctimas, estudiantes y miembros del GIEI.

Considera que “la intención del gobierno era generar desconfianza y confrontación, así como quebrar la relación entre el grupo de expertos, los padres de familia, estudiantes y abogados. No lo lograron”.

A decir de Ortega, ante la falta de respuesta de las autoridades, los integrantes del GIEI les dieron esperanzas de esclarecer el caso, pero a partir de que se dio por concluido su mandato en abril pasado “nos sentimos abandonados, nos sentimos sin fuerza, sin esa energía de ir avanzando en la lucha”.

Posteriormente, gracias al Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, los familiares de los desaparecidos recuperaron la confianza en que “el mejor camino para seguir buscando a los estudiantes es revisar que se vayan ejecutando las líneas de investigación que dejó el GIEI, porque al gobierno no le creemos”.

Explica que el grupo de familiares de las víctimas se concentra “en la búsqueda de información” sobre el paradero de los jóvenes, pero también procuran “construir acciones para hacer visible esta situación, que cada 26 haya una acción global con la intención de que no se olvide el caso de Ayotzinapa, que no se apague la llama de pedir justicia y verdad”.

Después de dos años de convivir con los demás familiares, don Melitón sostiene que además del respaldo social, los mantiene unidos su enorme pérdida:

“Nos han visto fuertes, actuar con coraje. Sin embargo, somos sensibles, llevamos el dolor en nuestra piel, ese sufrimiento de no encontrar la respuesta. Y no nos queda otra, más que seguir caminando firmes.”