El grito desesperado de “El Chapo”, reportaje de Anabel Hernández

(Anabel debe referirse a la Comisión no a la Corte, ésta se encuentra en Costa Rica y la primera en Washington DC).

Revista Proceso 2087, 30 de octubre de 2016...

 El grito desesperado de “El Chapo”/

ANABEL HERNÁNDEZ

Cercana la probabilidad de ser extraditado a Estados Unidos, El Chapo Guzmán, junto con sus defensores y allegados, insiste en denunciar la presunta violación de sus derechos humanos por parte de las autoridades carcelarias. Por primera vez un capo del narcotráfico presentó una queja ante la Corte (Sic) Interamericana de Derechos Humanos –con copia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, en la que arguye que su salud física y mental corre peligro, exige que se cumpla un amparo resuelto a su favor para evitar la tortura y que se prioricen sus garantías individuales.

Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo, líder del Cártel de Sinaloa, acusado por el gobierno de Estados Unidos de ser el narcotraficante más poderoso de todos los tiempos y de presuntamente haber ordenado la muerte de cientos de personas, marcó un nuevo precedente en la historia del tráfico de drogas en el mundo: acudió a una corte internacional para defender sus derechos humanos.

Hace unos días, el preso 3712 del Cefereso No. 9 en Ciudad Juárez, Chihuahua, quien está en la antesala de la extradición a ese país, donde es reclamado por una corte federal en California y otra en Texas, escribió un “mensaje angustioso” en el que afirmó que temía morir antes de diciembre próximo.

Proceso obtuvo copia de la queja interpuesta por Emma Coronel Aispuro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en Washington en junio pasado. De manera discreta, fuera de reflectores, la pareja sentimental de Guzmán Loera presentó la querella de 54 fojas por presuntos malos tratos contra éste, fechada el 29 de mayo de 2016. La queja quedó registrada ante la Corte como la petición No. 1008-2016. 

(Anabel debe referirse a la Comisión no a la Corte, ésta se encuentra en Costa Rica y la primera en Washington DC).

 El jueves 27 Coronel Aispuro acudió de nueva cuenta a la Corte para presentar como prueba el Protocolo de Estambul practicado a Guzmán Loera por un médico legista privado y en el que se certificó que el narcotraficante presenta “signos físicos y síntomas que demuestran que fue y está siendo sometido a malos tratos durante su estancia carcelaria y se denotan por la presencia de un trastorno de ansiedad generalizada y un trastorno neurocognitivo leve” (Proceso 27 de octubre de 2016).

 En una nueva queja presentada simultáneamente en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Coronel Aispuro afirma que los malos tratos al capo “están ocasionando un riesgo inminente e irreparable que pone en riesgo su vida como consecuencia de afectaciones físicas, psíquicas y morales que le están ocasionando daños irreparables”.

 Según el escrito interpuesto por Emma Coronel, el capo habría externado “que si el tratamiento que le dan sigue así, no va a lograr terminar con vida el mes de diciembre y tal vez se vuelva loco antes de esa fecha”.

 El expediente de la CoIDH

 En la queja ante la Corte Interamericana presentada en junio se afirma que desde su último arresto, ocurrido el 8 de enero último tras fugarse del penal de máxima seguridad Cefereso No. 1 El Altiplano, y tras ser recluido en el mismo lugar, Joaquín Guzmán Loera ha sido víctima de segregación, discriminación y malos tratos, y se le obstaculiza su derecho de defensa.

 “Nuestro representado Joaquín Archivaldo Guzmán Loera se encuentra privado de su libertad desde el 8 ocho de enero de 2016 dos mil dieciséis, sometido a tratos crueles e inhumanos equivalentes a tortura física y psicológica en virtud a los pases de lista desigual frente a los demás internos que no le permite dormir y que lo puso en peligro de muerte”, se afirma en el escrito firmado por sus abogados defensores José Refugio Rodríguez, Carlos Castillo Castillo y Cinthya Castillo Castillo.

 A nombre de Guzmán Loera se afirmó a la CoIDH que no se le permitía dormir “porque estaba en una celda iluminada con luz eléctrica las veinticuatro horas, video grabado durante ese tiempo y sometido a vigilancia física por al menos tres elementos de seguridad las veinticuatro horas del día, sin permitirle dormir porque se le pasaba lista durante el día cada hora y a partir de las nueve de la noche cada dos horas hasta las seis de la mañana, lo que motivó que estuviera sufriendo recaídas graves al subírsele la presión, sin recibir atención del personal médico, quejándose el interno de que las autoridades del centro lo estaban matando lentamente al no dejarlo dormir para provocar su muerte mediante el trato cruel que recibe en aplicación de un protocolo especial que se le está aplicando”.

Según la queja presentada fue hasta el 7 de mayo pasado, una vez transferido al Centro Federal de Readaptación Social No. 9 “Norte” de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando se le dieron más horas de sueño y su salud se ha ido recuperando poco a poco, aunque “sigue en riesgo su integridad física, porque se le mantiene segregado y aislado de los demás internos, que equivale a una tortura psicológica, tan sólo se le permiten una hora tres veces a la semana de patio, muy por debajo de la hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre que se le debe autorizar y la visita con sus defensores se encuentra restringida a dos o una vez por semana, sin que se le permita comunicarse libre y privadamente con su defensor porque siempre están guardias de seguridad video grabando y anotando lo que hablan defensor e inculpado…”.

En la queja se explica que la justificación de tales medidas por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social son los antecedentes de las dos fugas ejecutadas por el capo, la primera del Cefereso No. 2 en Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, y en julio de 2015 del Cefereso No.1.

Sin garantías

El principal argumento de la defensa de Guzmán Loera para acudir a la CoIDH es que el gobierno de México no ha cumplido con el amparo 298/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales que se otorgó el 5 de marzo de 2016 a favor del capo con “la suspensión de plano contra actos de tortura, segregación e incomunicación por las restricciones a su visita de defensores por locutorios, sin embargo esos beneficios conseguidos en resoluciones judiciales, no se han garantizado en la práctica, porque las autoridades penitenciarias no han acatado los lineamientos de la suspensión, han evadido su cumplimiento”.

 “(…) tomando en consideración que de las manifestaciones realizadas por el peticionario de amparo se aprecia que está en riesgo su salud y su integridad física, pues aduce que casi no duerme por lo que está propenso a que le dé un infarto… se decreta la suspensión de plano para que cesen de inmediato los referidos actos que dice el quejoso, así como cualquier otro acto que atente contra su vida, integridad o derechos humanos”, ordenó el juzgado.

 Los representantes del capo afirman: “No basta que en la legislación interna exista un recurso eficaz contra la violación de derechos humanos, si el Estado mexicano no garantiza su cumplimiento, desatendiendo a su obligación de respetar, garantizar y reparar cualquier violación de derechos humanos y de esa manera, hasta la fecha, si bien en resoluciones se obtuvo la suspensión de los actos de tortura, segregación e incomunicación, esas resoluciones no han sido cumplidas por el Estado mexicano que ha demostrado no poder hacer cumplir sus propias determinaciones…”

 En el expediente de la CoIDH la defensa de Guzmán Loera acusó de ser los autores de los presuntos abusos a Renato Sales Heredia en cuanto titular de la Comisión Nacional de Seguridad; Eduardo Guerrero Guzmán, entonces Comisionado del Órgano Desconcentrado Readaptación Social; Salvador Almonte Solís, director general del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 El Altiplano, y Victorino Hernández Infante, juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

 Cuando se interpuso la queja se presentaron por escrito copia certificada de todo lo actuado dentro del juicio de amparo número 298/2016-II ventilado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México; los testimonios de los mismos abogados y de Emma Coronel Aispuro, Bernarda y Armida Guzmán Loera e incluso de abogados defensores de otros internos, “para que relaten las condiciones en que se les permite el acceso a locutorio a los defensores de los demás internos, incluidos los ubicados en el área de Tratamientos Especiales”.

 Asimismo se citaron quejas directas a diversos jueces escritas “por puño y letra del Chapo”: “Manifiesto que sí me están dando una pastilla para la presión, aclaro que el medicamento es para que no me suba la presión, pero casi no duermo, y eso hace que la presión la traiga siempre alta por la razón que me están pasando lista 13 veces, y aquí en este lugar son cuatro las listas oficiales… ya mañana cumplo dos meses en estas condiciones, me siento mal de salud y día a día más, ya traigo el estómago suelto hace tres días, yo no estoy enfermo lo que ocupo es que me dejen dormir y me alivio de todo lo que siento, ando sonámbulo así me den medicamento diario, no me sirve lo que ocupo, que ya me dejen dormir, no he tomado sol, no he llamado por teléfono con mi familia”, manifestó el 2 de marzo de 2016.

 Quince días después, aún recluido en El Altiplano, Guzmán Loera reiteró a su abogado que pese a la orden del juez no lo dejaban dormir “y que no le han proporcionado ningún tratamiento médico relacionado al trastorno de sueño que padece debido a que ya tiene más de dos meses sin poder dormir, cuestión que además de tener día a día más debilitada su salud, le está haciendo perder lucidez mental”.

 De acuerdo con la queja ante la CoIDH, los derechos humanos del capo que están siendo violados son el relativo a la dignidad humana, a la integridad personal, a la garantía judicial de comunicarse libre y privadamente con su defensor y el derecho humano de igualdad al darle un trato diferenciado respecto de otros reos en el mismo reclusorio y en condiciones semejantes. Todas estas garantías son protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos.

 “El señor Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, recibe un trato desigual y discriminatorio, porque no es tratado de manera igual al resto de los internos del Centro Federal de Readaptación Social en que ha estado recluido, pues sólo nuestro representado sufre restricciones en la visita familiar y de sus defensores y sólo a él se le mantiene segregado sin poder interactuar con el resto de los internos, recluido en su celda privada sin salir, excepto una hora tres veces al día y en las escasas visitas de familia y locutorios que se le permiten.”

 Confirmados, los malos tratos

 El jueves 27 Coronel Aispuro se presentó de nueva cuenta en la CoIDH a ampliar su queja y a ofrecer más elementos de prueba sobre los presuntos abusos contra el líder del Cártel de Sinaloa.

 Entre las pruebas que entregó destacan el Protocolo de Estambul practicado en agosto último a petición de la defensa de Guzmán Loera por Julio César Ayuzo González, médico cirujano egresado de la UNAM y especialista en psiquiatría.

 “Joaquín Guzmán Loera presenta en este momento signos físicos y síntomas que demuestran que fue y está siendo sometido a malos tratos durante su estancia carcelaria y se denotan por la presencia de un trastorno de ansiedad generalizada y un trastorno neurocognitivo leve. Dichos trastornos se han controlado de forma parcial con la administración de Triazolam (antidepresivo) sin embargo no se recomienda su uso prolongado además de que se sugiere sea atendido por el servicio de psicología y psiquiatría para el control de los trastornos que padece”, recomendó el mismo médico, que tiene un posgrado en psiquiatría legal.

 De igual manera se entregó el dictamen psicológico realizado por el perito Jesús Eric Chargoy Romero, en el que concluyó: “…el interno Joaquín Archivaldo Guzmán Loera presenta trastorno de ansiedad generalizada acompañado por un sindrome de deprivación sensorial, que están asociados y relacionados con prácticas de tortura”.

 Igualmente se anexaron las quejas que de propia voz Guzmán Loera habría externado al Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México el 9 de septiembre pasado sobre “la segregación en la que se encuentra, el impedimento que tiene para poder entrevistarse con sus defensores particulares, las limitaciones que le impiden tener contacto con su familia, el hostigamiento en general en el que se encuentra; situación que acontece en su persona desde el momento de su detención a la fecha”.

 Coronel Aispuro entregó además los resultados de la diligencia de inspección judicial realizada el 10 de junio de 2016 por el Juez Quinto de Distrito en Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el Cefereso No. 9 “Norte”, en Ciudad Juárez, Chihuahua, para verificar las condiciones de encarcelamiento del narcotraficante.

 Según el documento presentado ante la CoIDH, “de la inspección judicial arriba detallada se advierten las condiciones que priva la situación del aquí quejoso y que corroboran lo relatado, tanto en la queja que dio inicio el presente asunto, así como las manifestaciones que ha hecho el quejoso en los diversos procedimientos judiciales, y a las que se ha hecho referencia en el presente escrito”.