Con todo y “virrey”, el crimen se dispara en Michoacán

Con todo y “virrey”, el crimen se dispara en Michoacán/ANABEL HERNÁNDEZ

Revista Proceso # 1970, 2 de agosto de 2014

 A juzgar por las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la estrategia federal para la pacificación y el desarrollo de Michoacán funcionó al revés: la incidencia de prácticamente todos los delitos subió este año, no sólo en comparación con 2013, sino también respecto del macabro 2011, el más sangriento de la administración de Felipe Calderón. En medio de ese desastre, el comisionado Alfredo Castillo, a quien popularmente se le conoce como el “virrey”, sigue pregonando sus logros, entre otros la detención del doctor José Manuel Mireles… a cambio de la liberación de miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

 El pasado enero, cuando el presidente Enrique Peña Nieto nombró a Alfredo Castillo comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, el objetivo era pacificar el estado y dar mejores condiciones de vida y seguridad a la población. Pero tras su llegada la violencia y el crimen crecieron a niveles nunca antes vistos.

 Actualmente en esa entidad se vive la mayor crisis de inseguridad de la última década en el marco de una política pública de justicia selectiva.

 De acuerdo con un análisis realizado por Proceso tomando como base las “cifras de incidencia delictiva” del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de enero a junio de 2014 se dispararon las cifras de homicidios, secuestros, extorsiones y robos de vehículos, comparadas con las de iguales periodos de años anteriores, incluyendo 2011, el más violento del sexenio de Felipe Calderón.

 En los últimos meses el gobierno federal ha anunciado como un éxito la muerte o captura de los principales líderes de Los Caballeros Templarios, como Nazario Moreno, El Chayo; Enrique Plancarte Solís, Dionisio Loya Placarte, Samer José Servín, y los hijos de Servando Gómez Martínez, La Tuta: Huber Gómez Patiño y Luis Alfredo Aguilera Esquivel.

 También, el 27 de junio, se anunció la detención de José Manuel Mireles, uno de los fundadores del movimiento de autodefensas, acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud en la modalidad de posesión.

 Pero mientras en Michoacán se aplica todo el peso de la ley contra unos, el estado de derecho es laxo para otros. Según expedientes judiciales a los que este semanario tuvo acceso, en los últimos dos meses decenas de integrantes de autodefensas con cargos similares a los que se le imputan a Mireles han salido de las prisiones de Michoacán y Veracruz por instrucciones del “virrey” Castillo –como se le apoda insistentemente en círculos políticos y sociales–, incluyendo miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenidos en marzo del año pasado por militares.

 A lo anterior se suma el hecho de que Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador Fausto Vallejo, ha aparecido en videos celebrando reuniones y tomando cerveza con La Tuta, sin que hasta el momento las autoridades hayan actuado de manera decidida al respecto.

 Delitos, a tope

 El 19 de mayo pasado, Castillo afirmó en conferencia de prensa que a 100 días de haber iniciado la “estrategia” del gobierno federal se había logrado controlar la situación en Michoacán. Destacó como un logro la conversión de los grupos de autodefensas en fuerzas rurales y la implantación del mando único en la Policía Estatal.

Días después, el 30 de junio, en una gira de trabajo del presidente Enrique Peña Nieto en Michoacán con motivo de la Cruzada contra el Hambre, destacó la “eficiencia” de la estrategia implementada por su gobierno para combatir al crimen organizado y reconstruir el tejido social. En el evento, Castillo afirmó que en el estado ya se erradicaron las extorsiones y el cobro de “derecho de piso”.

No obstante, las cifras oficiales del SNSP muestran que dicha estrategia federal ha fracasado rotundamente y con un alto costo para la ciudadanía, que ahora es víctima de más delitos.

En tan sólo 10 años (desde enero a junio de 2004 hasta el mismo periodo de 2014) los homicidios dolosos en Michoacán se duplicaron; los secuestros crecieron 13 veces; las extorsiones se triplicaron; el robo de auto con violencia es 12 veces mayor, y el robo de auto sin violencia se duplicó. En esa década el número de delitos registrados por el SNSP creció 2.5 veces.

El análisis de las estadísticas del SNSP también arroja que en 2011 se registró el mayor número de homicidios dolosos, secuestros, extorsiones y robo de autos más alto en todo el sexenio de Felipe Calderón.

 Aun así, si se comparan las cifras de la incidencia delictiva en Michoacán de enero a junio de 2011 con las de enero a junio de 2014 –con la llegada de Castillo y la estrategia federal para rescatar a Michoacán–, el homicidio doloso creció 33%, el secuestro 40%, el robo de auto con violencia 57%, sin violencia 12% y la extorsión se triplicó.

 Ha sido tal el fracaso de la estrategia federal en Michoacán que incluso si las cifras de delitos de enero a junio de 2014 se comparan con las del mismo periodo en 2013, cuando aún no se aplicaba el plan del gobierno de Peña Nieto para el estado, arrojan un resultado adverso: la delincuencia creció.

 Comisionado visceral

Horas antes de que José Manuel Mireles fuera detenido, presuntamente en flagrancia, el comisionado Castillo anunció a sus más cercanos colaboradores y a funcionarios del estado que el líder de autodefensas iba a ser aprehendido en Lázaro Cárdenas.

La mañana del 27 de junio, el funcionario federal y su comitiva se alistaban a salir del hotel Best Western de Morelia, convertido en su centro de operaciones desde que Peña Nieto lo envió a “pacificar” Michoacán. Ya estaba programada su ruta de Buenavista Tomatlán a Lázaro Cárdenas, con el propósito de detener a Mireles.

Como justificación, según las versiones recabadas por este semanario, Castillo les dijo a sus allegados: Mireles “ya me tiene hasta la madre”.

De acuerdo con información verificada por Proceso, Castillo informó del objetivo a su secretario particular, José Elías Reynoso Rojas; al delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Armando del Río, y al delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado, Guadalupe Alfredo Becerril.

Esa tarde el líder de autodefensas fue aprehendido por policías federales y efectivos del Ejército con otras 82 personas. Las autoridades dijeron que se le encontró en flagrancia, en posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y con droga en el poblado de La Mira, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

 El 30 de junio, Castillo afirmó en conferencia de prensa que Mireles fue detenido cuando salía de un restaurante, en atención a una supuesta denuncia ciudadana en la que se alertó que personas armadas querían tomar Lázaro Cárdenas y Morelia. “Los michoacanos quieren vivir a gusto y quieren estar tranquilos”, añadió el comisionado.

 Desde mayo pasado Castillo traía entre ojos al líder de autodefensas. Emprendió entonces una amplia campaña en medios de comunicación para difundir que Mireles estaba sujeto a investigación por participar en cinco homicidios.

 Casi de inmediato, otros líderes como Estanislao Beltrán, Papá Pitufo, y Alberto Gutiérrez, Comandante 5, anunciaron que Mireles había sido separado definitivamente del movimiento y pidieron que se le hiciera una evaluación psiquiátrica.

 Libres, miembros del CJNG

 Como parte de los acuerdos con las organizaciones de autodefensa firmados en abril pasado, por instrucciones de Castillo serán puestas en libertad por lo menos 103 personas acusadas de delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, algunas también de delitos contra la salud y secuestro, cuyos casos se encuentran concentrados en las causas penales 52/2013, 55/2013, 56/2013, 79/2013, 75/2013-VI, 74/2014, 94/2013 y 16/2013. La mayoría fueron detenidas en Buenavista Tomatlán, Aquila, Los Reyes y La Ruana.

 Hasta ahora han sido liberados 100 miembros de autodefensas, entre ellos los presuntos integrantes del CJNG Jesús García Bejarano, Pedro Montes Zavala –con antecedentes criminales–, Édgar Iván Sánchez Tavera y Leobardo Ramírez Reyes, El Chale, acusados de portación de arma de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, cuyo expediente se encontraba en la última de las causas penales citadas.

 En marzo de 2013, en conferencia de prensa, la subprocuradora jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio; el subsecretario de Gobernación Eduardo Sánchez, y el subjefe Operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Genaro Robles Casillas, anunciaron la captura de esos hombres como un gran logro; enfatizaron que pertenecían al CJNG y que cayeron gracias a las labores de inteligencia del gobierno federal. Ahora están libres.

 Según la información recabada por esta reportera, esos individuos forman parte del grupo de Luis Antonio Torres, El Americano, quien perteneció a Los Caballeros Templarios y después se convirtió en líder de las nuevas fuerzas rurales legalizadas por el gobierno federal. En documentos de inteligencia del gobierno federal se identifica a Torres como integrante de H3, la nueva organización criminal creada en Michoacán por exintegrantes de Los Caballeros Templarios y el CJNG.

 También están libres Gabriel García Madrigal, Gabriel Ramos Madrigal, Rafael Rivera Valencia, Pedro Guillén Vargas, Venancio Meraz Farías e Ignacio Segura Zúñiga, acusados de delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

 En la edición 1957 de Proceso se informó que los abogados Francisco Antonio Pacheco Gómez, Jesús Montiel Jaime, Jorge Alfonso Espino Santillán, Juan Carlos Escobar González, Daniel Corona Aguilera, Israel Raúl Ramírez Juárez y Francisco Arturo Pacheco fueron contratados para representar legalmente a los autodefensas encarcelados.

 Ahora se sabe que esta contratación se realizó por órdenes del comisionado Castillo y del procurador de Michoacán, Martín Godoy Castro, mejor conocido como “jefe Godoy” y quien forma parte del círculo más cercano a Castillo desde que éste fue procurador del Estado de México.

 De acuerdo con versiones de familiares de los beneficiados, Castillo les ha dicho que él mismo ha ido a hablar con los magistrados que llevan las causas penales para lograr su libertad. Los expedientes judiciales a los que se tuvo acceso confirman que los abogados de defensa de todos los que han sido libres son los contratados por el comisionado y el gobierno de Michoacán.

 Otras versiones indican que si bien el delegado de la PGR, Guadalupe Alfredo Becerril, es incondicional de Castillo, las liberaciones se llevan a cabo contra la voluntad de Jesús Murillo Karam, quien corrió a Castillo de la PGR en 2013 luego de que éste intentara poner en delegaciones clave de la dependencia a ciertos allegados suyos, algunos con turbios antecedentes (Proceso 1942).

 Las mismas versiones afirman que Murillo Karam se había negado a sobreseer los casos, ya que la PGR contaba con elementos suficientes para obtener las órdenes de aprehensión. Pero al final tuvo que ceder.

 El 30 de julio pasado también fue puesto en libertad un grupo de 40 guardias comunitarios de Aquila que se encontraban en el Centro Federal de Readaptación Social 5 en Villa Aldama, Veracruz. Es gente de Agustín Villanueva, el fundador de las guardias comunitarias de Aquila, a quien los militares detuvieron en agosto de 2013 con 45 de sus hombres, entre ellos los ya liberados Ubaldo Villanueva Ramírez, Octavio Farías Cruz y David Paulino Barragán.

 De acuerdo con la causa penal 79/2013-III, la PGR les había fincado cargos de delincuencia organizada y portación de arma de uso exclusivo del Ejército (fusiles de asalto AR-15 y AK 47), pero a final de cuentas la procuraduría formuló conclusiones no acusatorias.