La mano dura de
Mancera
ARTURO
RODRÍGUEZ GARCÍA
Revista
Proceso
# 1970, 2 de agosto de 2014
Protestar
contra el gobierno federal o recordar con marchas las matanzas del 2 de octubre
de 1968 y del 10 de junio de 1971 parecen constituir afrentas personales para
Miguel Ángel Mancera. Convertido en el cancerbero del presidente Enrique Peña
Nieto, el gobierno que encabeza en el Distrito Federal castiga con cárcel a
quienes protestan, inventándoles delitos que nadie puede demostrar. Sus fuerzas
represivas son capaces de privar de la vida a los ciudadanos, como lo hicieron
en el caso de Juan Francisco Kuykendall.
La
tarde del pasado 12 de junio Nuria Roxana Ramírez Lozano fue ponente en el
Segundo Foro contra la Represión, en el plantel Xochimilco de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM). Ahí relató las condiciones en las cuales su
novio, Jorge Mario González, fue detenido, encarcelado y sentenciado sin
pruebas de que los delitos que se le imputan hayan ocurrido en realidad.
Ramírez
Lozano presentó el caso de Jorge Mario González, detenido el 2 de octubre de
2013 cuando viajaba en un autobús de transporte público. La versión del
Ministerio Público afirma que desde ese vehículo el joven lanzaba artefactos
explosivos.
El
caso de González, exalumno del CCH Naucalpan (Proceso 1933 y 1943), es el de un
preso sin delito pues no hay prueba de que las conductas que se le imputan
hayan ocurrido, los peritajes desmienten daños por explosivos y no hay
denuncias de lesionados, pero la sentencia se sostiene en los dichos de los
policías que lo detuvieron.
En
la toca 273/2014, desahogada en la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, constan las declaraciones de los policías Édgar
Utrera y Karina Rosales, los primeros que atendieron la orden de detener el
camión de la Ruta 1 en Isabel La Católica, entre Madero y Cinco de Mayo.
Utrera
y Rosales admiten que a Jorge Mario no le encontraron bombas caseras. Además,
confrontados en una diligencia, dijeron no recordar si éstas impactaron en
algún local y que no vieron de dónde eran arrojadas. Afirman que sólo
escucharon las detonaciones, es decir, no vieron si los supuestos artefactos
explosivos estallaron en paredes, mobiliario urbano o carpeta asfáltica.
Una
coincidencia en las declaraciones de Utrera y Rosales que ha llamado la
atención de la defensa de Jorge Mario es que ambos describen de manera idéntica
haber entrevistado al chofer del autobús, mientras el otro realizaba una
función distinta.
Destaca
más el sentido de esa supuesta entrevista, pues ambos afirman que fueron el
chofer y los pasajeros quienes señalaron a los agresores, entre ellos a Jorge
Mario, pero que no tomaron los datos del conductor, del autobús ni de los
pasajeros, por lo que tampoco existen testigos de los hechos.
Aunque
un amparo resolvió que Jorge Mario González no tuvo una defensa adecuada y
regresó el expediente a la mencionada sala, ésta sólo redujo en ocho meses la
sentencia original para quedar, conforme a una resolución pronunciada el pasado
10 de julio, en cinco años un mes, el límite para no conseguir libertad bajo
caución.
En
tanto se resuelve una nueva demanda de amparo, Jorge Mario sigue preso en la
torre médica del penal de Tepepan, donde lo atienden por los estragos de una
huelga de hambre que mantuvo dos meses en protesta por estar en prisión luego
de que la juez Marcela Ángeles Arrieta consideró que era un sujeto “de
peligrosidad social” y no debía enfrentar el juicio en libertad.
El
pecado
La
protesta en la CDHDF fue realizada por varios de los detenidos en marchas
realizadas desde el 1 de diciembre de 2012. La mayoría alcanzó su libertad por
la vía del amparo. Varios de los jóvenes exonerados, así como familiares de los
que siguen presos, estaban en el informe de Perla Gómez.
Según
Ilia Adad Infante Trejo, estudiante de filosofía en la UNAM detenido el 2 de
octubre del año pasado, preso seis meses y liberado por las violaciones al
debido proceso, el propósito era mostrar carteles, mas no interrumpir el
discurso ni reventar el informe de la presidenta de la CDHDF.
La
versión de Pérez de Acha coincide con esta última, pues la joven ha explicado
que su protesta fue espontánea y se indignó al escuchar a Mancera hablando de
derechos humanos, toda vez que, sostiene, su gobierno es represivo.
Pero
de acuerdo con el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano,
la protesta fue de “anarquistas”, y señaló directamente a Bryan Pérez (detenido
el día de la toma de posesión de Peñas Nieto) y Luna Flores (detenida por
hechos del 2 de octubre), además de “tres o cuatro personas identificadas con
los grupos anarquistas” que, según él, estaban en el salón Digna Ochoa.
El
periodista Ciro Gómez Leyva entrevistó a Serrano el siguiente 16 de junio y le
preguntó si no debía ofrecer una disculpa a Ramírez Lozano por haberla
implicado en un hecho en el que ni siquiera estaba presente.
“Tendría
que disculparse quien dio la información. Es decir, por parte de la comisión”,
expuso Serrano, y luego informó que ya había averiguaciones previas abiertas
contra quienes protestaron en la CDHDF.
En
un comunicado, Nuria Ramírez exigió el 17 de junio que la CDHDF esclareciera lo
ocurrido. La joven universitaria no ha enfrentado cargos de ningún tipo, no se
asume como anarquista y el hecho de que hayan dado su nombre completo y datos
generales la sorprendió.
Sin
embargo, la CDHDF se limitó a pedir a todas las partes que no convirtieran a la
comisión en arena política.
Desprestigiar
a quienes apoyan a los presos por participar en marchas ya ha ocurrido. A
principios de abril, días después de que Infante Trejo saliera del Reclusorio
Norte, una de sus amigas, Mónica Monroy (recién egresada de las carreras de
etnología y sociología en la UNAM), fue señalada por Carlos Loret de Mola –en
su columna del periódico El Universal– como receptora de fondos oscuros para
financiar disturbios. Ella lo negó y exigió al diario derecho de réplica. No
obtuvo respuesta.
Monroy,
junto con amigos y familiares de Infante Trejo, había sido muy activa en la
difusión de las irregularidades del caso que, al ser valoradas por un juzgado
constitucional, echaron abajo la acusación del gobierno capitalino contra el
joven.
Represión
silenciosa
Apenas
en libertad, Infante Trejo y otros jóvenes iniciaron una serie de acciones en
apoyo a los detenidos el 2 de octubre, como Abraham Cortés y Alejandro
Bautista, este último activista de los pueblos originarios del sur de la ciudad
que interpuso denuncias penales contra Mancera y su antecesor, Marcelo Ebrard,
por despojo de tierras.
Fue
detenido ese día, cuando grababa el operativo policiaco desplegado durante la
marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco. Fue acusado de “ataques a la
paz pública” y encarcelado sin posibilidad de enfrentar su juicio en libertad.
Entre
tanto, a sus denuncias por despojos de tierras para facilitar obras del
gobierno capitalino se les dio carpetazo.
Tampoco
hay pruebas de delito en el caso de Bautista, pero sigue preso en el Reclusorio
Norte, por lo cual demanda un amparo en la Segunda Sala del Tribunal Colegiado
Penal (expediente 330/2014).
Otro
caso es el de las sentencias dictadas en la causa 237/2013 contra siete
detenidos el 10 de junio de 2013. En su edición 1953, Proceso informó que el
juez penal capitalino Manuel Rangel Preciado desestimó pruebas aportadas por la
defensa y condenó a cuatro años y siete meses a los jóvenes acusados.
Un
amparo obligó a la justicia del Distrito Federal a reabrir la causa y tomar en
cuenta las pruebas no admitidas y no valoradas por el juzgado de origen, pues
ahí se violó el derecho a la defensa en juicio.
Los
siete procesados, entre ellos Carlos Esteban Jiménez y Luis Barrera,
integrantes del Frente Oriente, obtuvieron el amparo pues, aunque la sentencia
es permutable a 45 días de trabajo comunitario o 106 mil pesos de fianza,
consideran la sentencia injusta.
La
misma posición asumió Gabriela Hernández Bautista, conocida en las redes
sociales como Luna Flores. Trabajadora doméstica y madre de familia, fue
acusada de ultrajes a la autoridad, aun cuando hay videos que muestran que no
agredió a policías, como dijo un fiscal capitalino.
Luna
enfrentó su juicio en prisión por ser considerada sujeto “de peligrosidad
social”, y una vez sentenciada a un año tres meses, permutables por una fianza
de 20 mil pesos, consiguió su libertad caucional.
Justo
cuando iniciaba la apelación de su sentencia supo que estaban integrándole una
nueva acusación por su participación en la protesta del 10 de junio de 2013,
aunque no ha sido notificada. Ese día, cuando reclamaba por la detención de
Jiménez, policías capitalinos la arrastraron varios metros y la subieron a una
patrulla.
Ella
estaba presente en el salón Digna Ochoa cuando Mancera fue increpado y, pese a
las declaraciones de Serrano, no hay evidencia de que intentara violentar el
acto.
Jamspa
fue condenado a ocho años y ocho meses por ultrajes a la autoridad, resistencia
de particulares y uso de sustancia prohibida.
Desde el movimiento #yosoy132 sus
protestas se han hecho famosas: suele trepar la Estela de Luz y otras
estructuras, como la mencionada del 12 de junio en el Zócalo. Estaba confiado
en que la acusación no prosperaría, según dijo a este semanario el 23 de mayo,
por los videos que demostraban su inocencia.
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