Represalias contra las agentes que denunciaron acoso

 Represalias contra las agentes que denunciaron acoso/

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

 Revista Proceso # 1970, 2 de agosto de 2014

 Empantanados en la creación de la Gendarmería –cuerpo policiaco-militar prometido por el presidente Enrique Peña Nieto–, funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y mandos de la Policía Federal (PF) acusados de acoso sexual y laboral hacia personal femenino de la corporación, arremetieron contra las agentes que denunciaron en Proceso a esos dos organismos dependientes de la Secretaría de Gobernación.

 En su número 1967, este semanario dio a conocer las condiciones a las cuales son sometidas las policías federales, obligadas a acceder a las peticiones sexuales de jefes de la corporación. Dos de las denunciantes, Griselda Montero y Genoveva Ruiz, han sufrido las consecuencias de haber hecho públicos sus casos.

 Maestra en derecho constitucional, Montero fue relegada a un rincón de la Dirección General de Formación y Profesionalización de la PF, dependiente de la Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial, institución en la cual era instructora en el tema del papel de la policía en los juicios orales.

 “Abrieron un anexo, aventaron un montón de expedientes y ahí me dejaron, sin computadora ni mesa, con la prohibición expresa de la directora del área, Mireya Moreno Rodas, de dirigirle la palabra”, dice la abogada, quien también está certificada por la embajada de Estados Unidos en México como agente de seguridad para líderes.

 “Después de la publicación en Proceso quedé completamente separada, excluida, en un archivo adonde no va nadie y donde arrumbaron los expedientes de los agentes que han participado en cursos. Me dejaron como si fuera una silla”, dice Montero, quien ha asesorado a sus compañeras en por lo menos una veintena de casos en las diferentes divisiones de la PF.

 A Genoveva Ruiz, refiere Montero, no sólo le aumentaron el trabajo con comisión tras comisión, sino que le quitaron los días de descanso con el argumento de “las necesidades del servicio”; además se le levantó un acta administrativa, como si ella fuera un mando medio de la PF.

 Asegura que el día en que empezó la circulación nacional del reportaje firmado por la reportera Gloria Leticia Díaz, las integrantes del Agrupamiento Femenil de la Coordinación de Restablecimiento del Orden Público fueron formadas por instrucciones de la segunda comandante, Santa Isabel López Mellado, y se les pidieron tarjetas informativas para desacreditar las expresiones de Ruiz.

 La consigna de la comandante del Agrupamiento Femenil, Epigmenia Esperanza Galicia Carrillo, es la de lograr la renuncia de la denunciante, afirma Montero, quien además ventiló los casos de acoso en la PF ante la relatora especial de la ONU sobre Violencia contra la Mujer, Rashida Manjoo, durante una audiencia pública en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 10 de julio.

 Amenazas y renuncia

 El 21 de julio, una semana después de la publicación, Montero recibió una llamada: sin identificarse, una mujer le espetó que no le llamaba de la PF sino de la CNS –encabezada por Monte Alejandro Rubido García–, de la cual depende la corporación policial.

 Sólo le dijo que trabajaba para la doctora Nora Frías en la Comisión de Equidad de Género de la CNS y si seguía haciendo públicas las denuncias no le pagarían nada del sueldo retenido, algo que se ha traducido en pagos quincenales de 100 pesos o menos. La quincena del 15 al 31 de julio recibió 12 pesos.

 Además le exigió la entrega de las quejas de las policías que recurrieron a ella, ya presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Asuntos Internos de la PF.

 Integrante de la escolta del secretario de Educación, Emilio Chuayffet, fue retirada de ese encargo con el compromiso del comisionado de la PF, Enrique Galindo Ceballos, de mantenerle los ingresos con el mismo nivel jerárquico en la corporación a partir del 1 de enero de este año. No fue así, asegura Montero, quien dice que fue una represalia por apoyar las denuncias de sus compañeras, hechas saber también al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a Rubido García.

 Afirma que la Fevimtra inició averiguaciones previas y la CNDH pidió informes a la PGR, “pero le ha faltado fuerza para investigar las denuncias”.

 Montero amplió su queja ante la CNDH a partir de lo ocurrido luego de la publicación en Proceso.

 La abogada optó por renunciar: “No voy a seguir en una institución donde no van a cambiar las cosas, donde se basan en el temor y desconocimiento de los elementos”. Ya fuera de la corporación litigará contra la PF para lograr el pago completo de su salario.