Contra Mireles, todos los obstáculos

Contra Mireles, todos los obstáculos/JOSÉ GIL OLMOS

• Revista Proceso # 1970, 2 de agosto de 2014

A más de un mes de su captura en Lázaro Cárdenas, Michoacán, José Manuel Mireles sigue preso en Hermosillo, Sonora, mientras su caso está radicado en Uruapan. Esta es sólo una de las muchas irregularidades –según uno de los abogados del exlíder de las autodefensas– del juicio. Hay otras que por sí solas deberían anular el proceso, dice, como la siembra de pruebas. Todo obedece, de acuerdo con la esposa del michoacano, a que Enrique Peña Nieto se molestó por un videomensaje difundido en las redes sociales en el cual se desenmascaran las presuntas trapacerías del comisionado Alfredo Castillo. Y mientras tanto, la violencia en Tierra Caliente se dispara…

Acusado de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y también de delitos contra la salud, el pasado 27 de junio José Manuel Mireles Valverde fue detenido con otras 82 personas en el municipio michoacano de Lázaro Cárdenas. Un mes después uno de sus abogados defensores, Salvador Molina, advierte que no hay razones jurídicas para que el exlíder de las autodefensas de Michoacán esté preso, pues se le fabricaron pruebas, se violaron sus derechos humanos y se falsearon los hechos.

Tras visitarlo en el penal de alta seguridad de Hermosillo, Molina asegura a Proceso: Mireles no aceptará ninguna negociación política para quedar libre, pues hacerlo sería aceptar su culpabilidad en los cargos que se le imputan.

 Mireles está preso en Sonora, a mucha distancia de donde lo detuvieron mientras organizaba la formación de autodefensas en el pueblo de La Mira. El gobierno federal lo llevó lejos de Michoacán para evitar que en esta entidad se organizaran manifestaciones para exigir su liberación.

 Aun así, en las regiones Costa y Tierra Caliente de Michoacán se han llevado a cabo varios bloqueos carreteros y en los próximos días habrá una marcha hacia la capital estatal en demanda de su pronta liberación.

 Entrevistada por este semanario en la Ciudad de México, Ana Valencia, esposa de Mireles, considera que su cónyuge es un preso político; el gobierno ordenó su captura, afirma, como represalia por haberle hablado a Enrique Peña Nieto sin decirle “presidente” y por denunciar que el comisionado Alfredo Castillo lo engaña porque en Michoacán, sobre todo en Tierra Caliente, la violencia sigue y no se ha terminado con el crimen organizado.

El pasado 6 de mayo, un día después de ser desconocido por sus excompañeros como líder de los grupos de autodefensa de Michoacán, Mireles difundió un videomensaje dirigido a Peña Nieto en el cual pedía un diálogo directo con él y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y también acusaba a Castillo de negociar con criminales.

 “Muchas veces no estamos de acuerdo con lo que tu comisionado en Michoacán te informa, porque muchos de esos acuerdos no son del agrado de nosotros. Queremos darte nuestros puntos de vista de las reuniones que tenemos con tus comisionados, independientemente de lo que ellos te informen; queremos que hagas un análisis de lo que te informa el pueblo y de lo que informa el comisionado”, dijo en el video de poco menos de 19 minutos difundido en las redes sociales.

 Ana Valencia sospecha que el tono y la forma en los cuales su esposo se dirigió a Peña Nieto pudieron causar molestia en el jefe del Ejecutivo, pero recuerda que el presidente de la República es un funcionario público y debe atender sin rencores a cualquier ciudadano, sobre todo si se le está informando de la violencia permanente en Michoacán.

 Según reportes periodísticos, la conversión de las autodefensas en fuerzas rurales y la captura de Mireles no han disminuido la violencia en Michoacán. Sólo el pasado 21 de julio hubo 10 asesinatos –entre ellos el de un policía federal– en los municipios de Vista Hermosa, Yurécuaro y Sahuayo.

 “No es verdad que la violencia ya no exista. En Tepalcatepec una familia fue ejecutada hace unas semanas sin que las fuerzas rurales pudieran hacer algo porque las amenazó Castillo: si disparaban y mataban a alguien, aunque fuera un delincuente, los iban a llevar a la cárcel. Sólo nos están engañando”, dice Valencia y le exige a Peña Nieto la liberación de su esposo.

 Acusan siembra de pruebas

 Salvador Molina –penalista egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con 20 años como litigante y ahora miembro del equipo de abogados de Mireles– explica que el proceso está en etapa probatoria y no hay tiempos precisos para su conclusión, pues todo depende de la agenda del juez y del desahogo de pruebas.

 Considera que el juicio debe ser favorable para el doctor Mireles pues las evidencias presentadas en su detención no son sólidas y se pueden revocar. Y habla de siembra de pruebas: Según Castillo, Mireles fue detenido porque en una camioneta blindada –propiedad del líder de las autodefensas– “se localizaron ocho armas largas y seis cortas, 213 cartuchos, 11 cargadores, cuatro bolsas con mariguana, una con cocaína y 30 mil pesos”.

 En entrevista manifiesta que lamentablemente hay trampas a las cuales recurre el Estado desde hace mucho tiempo para detener a líderes sociales incómodos, como Mireles.

 “Se valen de sembrar pruebas, fabricar delitos, tergiversar la verdad. Esto lamentablemente sucede en este caso donde, además, hay violaciones trascendentales que incluso en otros casos han llevado a la revocación de sentencias y la libertad del acusado.”

 –¿Cuáles violaciones ocurrieron en este caso?

 –Hay bastantes. Además de sembrar pruebas, el parte fue firmado por policías ministeriales del estado, pero hay videos donde se observa que el operativo estuvo a cargo de soldados y marinos. Esto lleva en sí mismo una falsedad de los hechos, porque quien está firmando el parte son los policías.

 Sostiene que la humillación a la cual sometieron a Mireles haciéndole pensar que lo iban a matar arrojándolo al mar, así como haberle vendado los ojos, romper la cadena de custodia, alterar las evidencias e incomunicarlo 16 horas representan violaciones a los derechos humanos y errores en la integración de la averiguación previa.

 Todas estas deficiencias juntas tienen consecuencias jurídicas y conllevan a la nulidad de las pruebas que el Ministerio Público consideró pertinentes en su momento, esgrime el abogado.

 –¿Cuál consideran que sería la mayor complicación en este caso?

 –Es un asunto sui géneris. Se trata del enjuiciamiento de un personaje político, de una figura representativa para muchos sectores de la sociedad que estaban hartos de abusos, de injusticias o de la nula presencia del Estado. Es una figura con trascendencia nacional e internacional a la cual le tienen admiración y respeto en muchos países además del nuestro.

 La gente piensa que Mireles es inocente, afirma Molina, y las manifestaciones para que sea liberado impactarán de alguna forma en el proceso penal.

 “En este aspecto el caso debe de manejarse de manera especial, no como cualquier asunto penal, porque las pruebas que tienen que allegarse en el expediente deben ser contundentes. Es un caso sui géneris con tintes políticos”, reconoce.

 –¿Cuáles pruebas van a pesar más por parte de la defensa?

 –La defensa va a hacer una ilación de pruebas que se concatenan, se robustecen y muestran la veracidad de cada una de ellas. El doctor deberá estar en libertad por legalidad y justicia. No se puede acusar a alguien que está haciendo uso del derecho a defenderse cuando el mismo Estado se lo concedió desde el principio y siempre se lo reconoció.

 Molina sostiene que hay situaciones excluyentes de incriminación, de filosofía jurídica, legalidad de desobediencia y otros muchos argumentos que el equipo de abogados presentará ante el juez quinto de Distrito, con sede en Uruapan, para demostrar la inocencia de Mireles.

 Tintes políticos

 Seis días después de la aprehensión de Mireles, Osorio Chong rechazó que el gobierno mezcle temas de seguridad con política. Dijo que sería “criminal” siquiera pensar en hacerlo.

Cuestionado sobre la posibilidad de que Mireles haya sido detenido por razones extrajudiciales, Osorio respondió: “Este gobierno se maneja de manera transparente y está cumpliendo a cabalidad en no mezclar la seguridad con temas políticos. En todos los estados de la República es criminal hacerlo, incluso pensarlo. La gente está ávida de que se regrese a la tranquilidad en cada una de las regiones del país”.

Molina piensa lo contrario. Señala que en el caso del exlíder de las autodefensas hay un trasfondo político, pero Mireles rechazará cualquier intento de negociación para obtener su libertad.

“Si en algún momento hay alguna situación política, se valorará. Pero el doctor ha sido muy claro en que no está dispuesto a negociar una libertad que se le ha quitado a costa de un ilícito que no cometió. Es un asunto muy particular, pero el doctor ya dijo que no va a negociar”, indica.

Ana Valencia confía en que Mireles saldrá libre pronto. Es inocente, asegura, pues “no han presentado una prueba que lo culpe”.

Asimismo rechazó las versiones de que su esposo es narcotraficante: “Como ser humano puede cometer errores, pero no de los que lo acusan. Él ha sido claro con todo el pueblo. Si alguien duda, los invito a mi casa para que vean quién es el doctor Mireles. Vivimos en una casa humilde que construyó con la ayuda de su papá y un hermano”.

Advierte que el gobierno federal quiere desgastarlos al mandar a Mireles al penal de Hermosillo, radicar el expediente en Uruapan y tener a la familia en Tepalcatepec.

Pese a esta situación asegura que seguirá hasta lograr la libertad de Mireles. “No nos vamos a dar por vencidos. Todo el pueblo de Michoacán y del país nos estamos uniendo para demostrarle al gobierno que sus enemigos no son los líderes sociales, sino ellos mismos, porque todo el gobierno está fracturado”, indica.

Acusa a integrantes de la Secretaría de Gobernación de bloquear las intenciones de organizarse de los pueblos de la región Costa. Dice que lo están haciendo por conducto de una mujer llamada Emilse, al parecer cubana, encargada de conciliar a los pueblos de esta región de Michoacán y de la supuesta regularización de las policías comunitarias de Coahuayana, pese a que Castillo anunció el fin de las regularizaciones.

“Sus enviados no tienen palabra, están jugando con la gente. El comisionado dijo que no más regularización de autodefensas. La gente está cansada de tanta mentira, de inseguridad. ¿La gente con qué se va defender, con tortillas? Castillo es una decepción y esperamos que pronto lo quiten”, manifiesta la esposa de Mireles al reconocer que las autodefensas en Michoacán siguen operando pese a los esfuerzos del gobierno federal para erradicarlas.