El caro voto de los diputados/JESÚS CANTÚ

El caro voto de los diputados/JESÚS CANTÚ

Revista Proceso # 1970, 2 de agosto de 2014

 De acuerdo con las publicaciones de los dos últimos números de Proceso (1968 y 1969), el sometimiento de los diputados a las indicaciones de los líderes de sus respectivos grupos es fundamentalmente un asunto de dinero. Los diputados reciben 148 mil 558 pesos mensuales por los conceptos de dieta, asistencia legislativa y atención ciudadana; pero a esto hay que agregar alrededor de 170 mil pesos adicionales por mes que se reparten entre varios y que provienen de las subvenciones ordinarias, extraordinarias y hasta especiales manejadas arbitraria y discrecionalmente por los líderes parlamentarios.

 Todo esto, únicamente a través de recursos oficialmente entregados a los grupos camarales para distribuir entre integrantes de sus fracciones. Faltaría agregar el dinero que se ganan en la asignación de contratos de obras, servicios y productos que se realizan o adquieren para el recinto legislativo, como denuncia el diputado del Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal; y, desde luego, los porcentajes que exigen a los gobernadores y/o presidentes municipales por asignarles partidas en el presupuesto anual de egresos.

 La clave de la disciplina partidista estriba en estos 170 mil pesos (calculados a partir de la información publicada en Proceso 1968 y 1969) que recibieron en promedio los diputados de PRI, PAN y PRD entre septiembre del 2012 y abril de este año.

 Hasta aquí no hay un cambio importante respecto a lo que sucedía en las pasadas legislaturas, es decir, la entrega de recursos monetarios a los líderes en función del número de diputados que tuviera su bancada, para que ellos los distribuyeran libremente; lo que marca la diferencia en el neopresidencialismo (Proceso 1968) es que ahora se asignan partidas adicionales para repartir discrecionalmente entre las cabezas de los grupos camarales que respaldan las iniciativas presidenciales (Proceso 1969). La novedad en esta legislatura es el incremento en el monto y la discrecionalidad en la asignación de los recursos para el control de las bancadas.

 En general, salvo casos excepcionales y memorables, los legisladores mexicanos se han caracterizado por una férrea disciplina partidista, lo cual se manifiesta claramente en el voto casi unánime de los grupos en los asuntos controversiales. Así que en este aspecto no hay sorpresas. Lo novedoso es el intempestivo viraje en el sentido del voto de legisladores de varios partidos políticos (particularmente los tres impulsores del llamado Pacto por México: PRI, PAN y PRD), quienes ahora aprobaron propuestas que hace muy pocos meses habían rechazado. Esto fue particularmente notable en los tricolores en la reforma energética y en los blanquiazules y amarillos en la de telecomunicaciones.

Una explicación para este giro es sin duda este generoso reparto de recursos, impulsado desde el Poder Ejecutivo; para ponerlo en términos muy llanos, es la compra directa de votos legislativos con el fin de sacar adelante las iniciativas presidenciales sin modificaciones relevantes.

 Pero aunque todos los votos cuentan exactamente igual al aprobar reformas legales o nuevas legislaciones, lo mismo que al rechazar las mociones de los opositores, no todos los legisladores tienen el mismo peso específico en sus grupos, y esto también se los reconocen el Ejecutivo y los líderes parlamentarios. Sin embargo, las retribuciones para estos legisladores con mayor influencia en sus grupos legislativos, sus distritos o sus partidos, son a partir de las posiciones que ocupan dentro de las cámaras, las comisiones o los grupos parlamentarios, y para ellos la distribución pecuniaria se hace mediante el ejercicio presupuestal del Poder Legislativo o las participaciones federales a los gobiernos de los estados y municipios.

 Así, los diputados más influyentes son los que tienen injerencia directa en la asignación de las partidas presupuestales; en el cobro de comisiones a los gobernantes de las entidades o municipios beneficiados; en el condicionamiento de trabajar directamente con determinadas empresas o personajes (particularmente el periódico Reforma ha sido prolijo en destapar este tipo de escándalos); y en el manejo de las mismas partidas, lo que Monreal denuncia en Proceso 1968 y que tiene que ver con la asignación directa de contratos, la contratación de personal y demás vías que les permiten allegarse recursos o beneficiar a sus amigos.

 Para ponerlo en términos muy llanos: Los 500 diputados reciben mensualmente los 148 mil 558 pesos correspondientes a las dietas, asistencia legislativa y atención ciudadana; los líderes de todos los grupos parlamentarios tienen para repartir (arbitrariamente) entre los integrantes de sus bancadas un promedio de 131 mil 697 pesos mensuales adicionales, que ya no llegan igualitariamente a todos; además, los líderes de las fracciones que apoyan las iniciativas presidenciales han recibido el equivalente a casi 40 mil pesos mensuales por cada legislador de su grupo; y, por si todo esto fuera poco, son los propios líderes los que definen a cuáles legisladores (los supuestamente más influyentes) colocan en posiciones “donde hay”.

 Esta es la fórmula que permite al gobierno de Enrique Peña Nieto sacar adelante las llamadas reformas estructurales tan largamente anheladas. No ha sido, como muchos analistas políticos señalan, la operación política de los tricolores o la conciencia nacional de la oposición; simplemente, el manejo inescrupuloso de los recursos públicos para comprar los votos necesarios. Seguramente, a los dirigentes partidistas, además de fórmulas similares para hacerles llegar su recompensa económica, también les deben incluir algunas concesiones como posiciones políticas y la incorporación de algunas de sus demandas históricas en las reformas, como claramente sucedió con el PRD en la reforma fiscal y con el PAN en la energética.

 Pero, sin duda, en el Congreso de la Unión el principal incentivo para lograr los votos que requieren las reformas constitucionales y legales es el reparto de los recursos públicos entre los legisladores. Una vulgar compra de votos.