Las investigaciones serán secretas dice el @SAT

Revista Proceso 2058, a 9 de abril de 2016..

Las investigaciones serán secretas/CARLOS ACOSTA CÓRDOVA Y JUAN CARLOS CRUZ VARGAS

El titular del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, es la figura que el gobierno mexicano ha elegido para encabezar la investigación por los #PanamaPapers. Y ha sido sumamente criticado: un día después de la revelación salió a decir que la autoridad ya realizaba auditorías, y la versión sonó a deslinde. En entrevista, argumenta su dicho e informa que la indagatoria oficial se realizará en secrecía, los resultados no se harán públicos y el material develado, zanja, “no puede ser utilizado para efectos de sustanciar un procedimiento”.

 Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el brazo recaudador de la Secretaría de Hacienda, insiste con vehemencia en que por la información surgida de los #PanamaPapers, muchos de los implicados deben estar “muy, muy preocupados”.

 –¿Hay peces gordos? –se le pregunta.

 –Peces gordos. Pero no sólo a partir de la información que empezaron a publicar el domingo Proceso y Aristegui Noticias. Ya teníamos identificados a muchos otros, incluso los tenemos bajo auditoría.

 –¿Pero son peces gordos de la política y de las empresas?

 –Sí. Personajes públicos, de la política y las empresas, muy expuestos mediáticamente. Sin distinción alguna, porque la ley es pareja para todos. Se tienen que poner al corriente, tienen que pagar impuestos.

 “Basta revisar un poquito en retrospectiva qué es lo que ha hecho el SAT, el trabajo que ha hecho, en dónde lo ha hecho. Lo hicimos en yates, en aviones… ¿Quién tiene yates y quién tiene aviones en este país? El SAT ha dado muestras de trabajo institucional, sujetándose al orden y a la ley nada más, y no andamos haciendo promoción y publicidad de nuestras tareas; simplemente las hacemos.

 “Los que hacen esa publicidad son ustedes y que de alguna manera nos ayudan a darle la percepción a la sociedad de que estamos trabajando.”

 Sin embargo, Núñez Sánchez se resiste a dar nombres de empresarios y políticos que el SAT tiene bajo investigación. “No puedo referirme a alguien en particular. Tenemos un impedimento en la ley para poder revelar lo que hace el SAT”, dice.

Y explica: “La ley protege a los contribuyentes y ciudadanos en México, en su derecho a la privacidad, para que no se puedan revelar actos de la autoridad sobre ellos. Si alguien del SAT se atreviera a revelar información relacionada con un contribuyente, tiene sanción penal, inclusive la privación de la libertad. Eso dice el Código Fiscal de la Federación.

“Cuando tú detectas a un personaje que está haciendo cosas malas y lo auditas y lo haces que pague, pues no lo haces público; la autoridad no hace públicas esas cosas. Pero hemos hecho que grandes contribuyentes, grandes empresas y empresarios, paguen impuestos en México; que paguen aquí lo que no habían pagado antes.

“Y eso –dice– naturalmente genera molestia en esas personas. Hoy esas empresas y personajes hablan mal del gobierno. Yo no puedo hacer público a quién hemos auditado de los grandes personajes porque la ley los protege. Pero lo hemos hecho y han tenido que pagar.”

Trabajo previo

En entrevista, Aristóteles Núñez –licenciado en Administración Industrial, con especialidad en Finanzas, por el Instituto Politécnico Nacional– actualiza que, de los 33 casos detectados hasta ahora en la información de los #PanamaPapers, que son susceptibles de que la autoridad les haga una revisión interna, en 14 ya se estaban haciendo auditorías –que suman más de 30, porque a esos contribuyentes se les ha revisado en más de un ejercicio fiscal.

“Y hay 11 casos en los que el SAT, dependiendo de la información que tenía, también realizó un acto de autoridad, pero no una auditoría, sino un requerimiento de información. Sí hay actos de autoridad respecto de los 33, pero son asociados a otros hechos, no a lo que se ha venido publicando desde el domingo”, señala.

–Entonces, ¿no fue una reacción inmediata del SAT? Porque así se interpretó. Y no se creyó, porque parecía imposible que la información saliera el domingo y usted dijera al otro día que ya hasta había auditorías.

–No, ya se habían abierto expedientes por motivos distintos. Ya había un procedimiento abierto que no se derivó –y eso lo tengo que aclarar– de las revelaciones del domingo, sino de datos, omisiones, hechos o antecedentes que nosotros tenemos de otro tipo de ingresos, no necesariamente asociados al caso de Panamá.

“Pero una vez abierto el procedimiento, la información nueva te da para que puedas ampliar el alcance: de qué se trata, qué tipo de operación se está revelando, de qué ejercicio, cruzar datos, y así nos empezamos a dar cuenta de cosas.

“Hay quien tiene operaciones en 2015. Entonces, debo saber qué datos tengo que cruzar. Debo esperar la declaración anual de 2015, que se entrega, para personas físicas, en abril, y personas morales en marzo. El cruce tiene que esperar para ver, una vez satisfecho el plazo del cumplimiento de obligaciones, quiénes pagaron y quiénes no, quiénes presentaron a tiempo su declaración anual de impuestos y quiénes no lo hicieron.”

Justamente en 2015, Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño de Higa –el que construyó y financió la Casa Blanca de Peña Nieto y Angélica Rivera y la residencia de descanso del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco, Estado de México– sacó 100 millones de dólares del país a través de empresas offshore, y los depositó en paraísos fiscales, es decir, países de baja o nula tributación.

–¿Para qué querría sacar Hinojosa Cantú esa cantidad, si no es para evadir impuestos, esconder recursos de la autoridad fiscal? –se le pregunta al jefe del SAT.

–Pregúntenle a él. Yo no hago juicios de valor ni actúo por suspicacias.

–El caso está debidamente documentado. Se conoció desde el domingo todo el entramado internacional que armó el despacho panameño Mossack Fonseca, con empresas y fideicomisos fantasma en diversos países…

–En lo personal puedo creerles o no, pero como autoridad debo conducirme de otra forma. Nosotros no tenemos más información que lo que se ha hecho público. Si ustedes tienen más información deben ser muy respetuosos de que nosotros aún no la tenemos. En nuestra revisión tenemos que conocer con mucho más detalle, con objetividad y veracidad, qué es útil para ir encuadrando conductas y actos, que hasta ahorita no se tienen.

–Es decir, ¿no les es suficiente lo que se ha publicado? Si tuvieran los archivos, ¿ayudaría?

–En principio, el propio Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha dicho que a ningún gobierno dará la información. Nosotros, como lo hicimos en el caso de Swissleaks, que reveló una gran cantidad de nombres de mexicanos que tenían dinero en instituciones bancarias de Suiza, vamos a pedir la información. En aquella ocasión fue una autoridad tributaria las que nos la dio.

“Pero incluso si nos dieran la información que ustedes tienen, eso sólo nos puede ayudar a entender cuál es su mecánica, cómo y por qué lo hicieron así. Pero después nosotros tenemos que ir a confirmarlo.

“El origen y la fuente de información que traen ustedes no puede ser utilizada para efectos de sustanciar un procedimiento; tenemos que sacarlo de manera oficial. Si ustedes o el consorcio nos dieran la información, nos ayudarían a entender cómo fueron las cosas, y nos ahorraría mucho trabajo para ir identificando en quién debemos enfocarnos y a qué país y autoridad tenemos que pedirle información para ir sustanciando cosas.

“No podríamos guiarnos sin información que permita sustanciar un procedimiento. Otra vez: no hacemos juicios ni nos conducimos por prejuicios. Hay elementos donde se tipifican ciertas conductas, ¿hubo omisión o no hubo? De la omisión, ¿se configura un delito fiscal? Entonces preparas una querella y hay instancias que te ayudan a eso.”

Hace un alto el entrevistado y señala con énfasis: “Yo entiendo que hay un interés de que esto tuviera un resultado sumario, muy rápido. Pero hay que entender y respetar que hay instancias distintas, con competencia en el asunto, que deben hacer las cosas en tiempos y con formalidades legales”.

–El asunto es que hay casos que son un escándalo, como el de Hinojosa Cantú o el de las farmacéuticas, en el que hubo de por medio recursos públicos y la creación de empresas fantasma a través de fondos de inversión para sacar dinero del país.

–Insisto: entre más detalle se tengan y se conozcan, con independencia de que todavía se trate de una investigación periodística y no sean fuentes oficiales que podamos utilizar como prueba, de todos modos nos dan elementos y nos ayudan a entender cómo pudo haber sido la operación.

“Pero cuando uno quiera llevar a cabo la integración de un expediente para efectos de una querella, consignación, un pliego petitorio ante un juez para determinar un crédito fiscal, para fundarlo o motivarlo, necesitas tener una fuente oficial, obtenida de manera oficial, para cualquiera de estos procedimientos.

“Porque si no lo hacemos así, lo que se está provocando es viciar de origen la legalidad de un proceso de autoridad, y todo acto de autoridad requiere cumplir con una formalidad legal. En materia fiscal hay un procedimiento muy claro establecido en el Código Fiscal de la Federación, que me dice que tengo que iniciar un procedimiento de auditoría y tengo que notificar, requerir información, decirte las observaciones.

“Yo entiendo la suspicacia, pero no puedo hacer juicios de valor. Tengo que ser muy objetivo como representante de la autoridad: debes tener elementos institucionales, evidencia documental, y de lo que tienes puedes fundar o motivar ciertos actos de autoridad, como un crédito fiscal, una querella, un requerimiento… porque para cualquier acto de autoridad tienes que tener algo fundado y motivado. Es un principio natural que está en el artículo 16 constitucional.

“Por qué digo eso: porque cualquier otra cosa que tú quieras hacer, si no está fundada y motivada, te la tiran en un tribunal. A la primera te la tiran. No puede uno actuar con juicios de valor, prejuicios o suspicacias. Tenemos que tener la información y la evidencia documental institucional –obtenidos mediante procedimientos legales, formales– para poder sustanciar un acto de autoridad fundado y motivado ante una instancia que pueda resolver si hay o no una ilegalidad aquí.”

Además, explica Aristóteles Núñez, “se puede abrir y solicitar información a otras jurisdicciones; lo tenemos que sustanciar y motivar y tiene que seguir ese curso según el convenio con el país con que se trate. Solicitar información de manera oficial implica mecanismos para que las instancias diplomáticas de nosotros con esos países puedan hacer la solicitud y esos países con las instancias de administración tributaria local soliciten a las personas indicadas, confirmen, entreguen información respecto de lo que ha sido publicado.

“Y la respuesta de la autoridad tributaria de ese país puede ser desde un ‘no es cierto’, hasta un ‘no te doy nada’; todo puede suceder.”

–¿No se sorprendió por la información de los #PanamaPapers? ¿No sintió que el SAT fue rebasado, como todas las autoridades fiscales de los países mencionados en la investigación?

–Rebasados, no. Información como ésa no es algo nuevo. Desde mediados de los noventa hemos trabajado, siguiendo los acuerdos firmados con la OCDE, el G-20 y antes con el G-8, en el tema de los paraísos fiscales, los países de baja tributación.

Concluye el jefe del SAT: “No puedo decir que no hubo sorpresa. Sí la hubo. Pero también quiero decir que la información que tiene la institución nos permite saber cómo son las cosas. No las podemos hacer públicas. No podemos, por ley, dar detalles ni dar nombres. Pero de que hemos hecho pagar a quienes no hacen bien las cosas, lo hemos hecho. Y lo vamos a seguir haciendo”.  l