Nochixtlán: también la Policía Federal disparó

Revista Proceso # 2070, 3 de julio de 2016...

Nochixtlán: también la Policía Federal disparó/

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Fotografías, testimonios y la investigación de la Fiscalía de Oaxaca revelan que no sólo los integrantes de la Gendarmería sacaron armas de grueso calibre durante el pasado desalojo de Nochixtlán. Miembros de la División de Fuerzas Federales también desenfundaron. Este hecho vuelve a evidenciar el desastre de aquel operativo. De hecho, la estrategia gubernamental ante la inconformidad de los maestros es duramente criticada… por los agentes federales.

Las investigaciones sobre el enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca, apuntan no sólo a la Gendarmería, el cuerpo creado por iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, sino también a las Fuerzas Federales, la división de la Policía Federal (PF) que desplegó el equipo antimotines y, al igual que la Gendarmería, reforzó con hombres armados el operativo de desalojo del pasado 19 de junio.

Las imágenes que han circulado sobre el enfrentamiento muestran tanto a efectivos de la Gendarmería como de Fuerzas Federales accionando sus armas de cargo. Algunos fueron captados en posición de tiro, otros en acciones armadas de retirada o de ofensiva, como la de los federales que entraron con sus rifles al panteón de la comunidad, donde detuvieron a 18 personas ajenas a los choques entre civiles y la corporación.

Las indagatorias a cargo de la Fiscalía de Oaxaca se han centrado en identificar las armas y calibres que llevaban ambas divisiones de la PF y cuáles fueron accionadas, así como la de los calibres que provocaron la muerte de ocho personas. Los primeros reportes oficiales indican que tres policías federales fueron heridos de bala, calibres .22 y .38.

 Al mando de las Fuerzas Federales está el general Salvador Camacho Aguirre, quien de acuerdo con el reglamento de la PF fue el responsable de proponer al comisionado general de la corporación, Enrique Galindo Ceballos, el plan de contingencia para el desalojo de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) asentados en la carretera Oaxaca-Cuacnopalan, en el municipio de Nochixtlán.

 De acuerdo con sus facultades, Camacho debió proponerle a Galindo la estrategia y la táctica operativa de restauración del orden, para lo cual cuenta con la Coordinación de Restablecimiento del Orden Público. El mismo reglamento indica que la operación tiene que ser proporcional al hecho en casos de que la población se encuentre en situaciones de alto riesgo por disturbios. Pero enfatiza que las operaciones de restablecimiento del orden y la paz pública se tienen que hacer “con estricto apego a los derechos humanos”.

 La Gendarmería también tiene facultades para ejecutar acciones táctico-operativas de disuasión, reacción, contención y restablecimiento del orden. Lo hace a través de la Dirección General de Operaciones Estratégicas y Unidades Especiales. Además, la Gendarmería también debe dar seguridad al libre tránsito de las personas, bienes y servicios.

 Pero a la Gendarmería, a cargo de Manelich Castilla Craviotto, y a las Fuerzas Federales, bajo el mando del general Camacho, el operativo se les salió de las manos y recurrieron a la fuerza desproporcionada.

 Fuerza desatada

 El coordinador de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad y Justicia del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Alejandro Espriú Guerra, considera que lo ocurrido en Nochixtlán apunta hacia un uso excesivo de la fuerza.

 Aunque aclara que la organización autónoma Insyde no valida ninguna versión, porque hasta ahora la información que se conoce es incompleta y confusa, asegura que el Estado mexicano no ha podido demostrar que cuenta con sistemas de control, revisión y, sobre todo, aprendizaje en el uso de la fuerza policial.

“Esto sigue ocurriendo por la falta de controles políticos y jurídicos que no sólo permitan a las propias instituciones policiales reconstruir los hechos, sino también asegurar consecuencias a los responsables al determinar cómo fue la toma de decisión”, dice el internacionalista graduado en Oxford y especializado en seguridad pública y ciudadana.

Asegura que México carece de ese sistema de rendición de cuentas, pero también de sistemas profesionales para que la policía haga un uso proporcional de la fuerza.

Si bien la supervisión operativa es una de las mayores dificultades para las policías en todo el mundo, dice que sí existen sistemas que permiten evaluar si en un operativo hubo un desatino institucional o si un agente o varios se salieron de la orden recibida.

Ante lo ocurrido en Nochixtlán, “la policía sale a decir algo pero no tiene sustentos técnicos para convencer a la opinión pública. El resultado es una desconfianza social muy grande, porque hay un vacío entre la poca normatividad que hay sobre el uso de la fuerza y lo que vemos en las calles”, dice Espriú.

Directo, señala que México ha renunciado de manera directa al cumplimiento de los principios y criterios que se han creado desde los noventa en el ámbito internacional, porque ni ha creado la ley para el uso de la fuerza ni las plataformas de profesionalización y mecanismos para que sus agentes se apropien de lo que implica una reglamentación de esta naturaleza.

El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, de quien depende la PF en la Secretaría de Gobernación, aseguró que la Unidad de Asuntos Internos de la corporación policial investigará lo ocurrido en Nochixtlán.

El especialista de Insyde es, por lo menos, escéptico: “No tenemos certeza respecto de la Unidad de Asuntos Internos. No hay certeza porque ningún externo ha podido verificar la manera en que opera. Una Unidad de Asuntos Internos con los más altos niveles internacionales tendría que contar con autonomía de gestión, de recursos y funcionamiento. En México, no estamos seguros de cómo funciona”.

Subraya que en otros países la información incluso es validada por una supervisión externa a la policía.

Las dudas, desde dentro

Los mandos policiales son cuestionados incluso por elementos que participaron en el fallido desalojo que derivó en acciones de represalia, como la captura y sometimiento durante más de 12 horas de dos policías federales, el 27 de junio, por parte de supuestos integrantes de la CNTE.

Ante la humillación de la que fueron objetos los dos policías, efectivos de la corporación se inconformaron a través de las redes sociales. La noche de ese día, en un mensaje anónimo en la plataforma de Facebook, escribieron: “¿Dónde están aquí los mandos. Qué esperan para rescatar a los compañeros? ¿Dónde está (el comisionado general) Galindo, (el comisario de la Coordinación de Reacción Inmediata, José Luis Enrique) Cobián (López), y el de Gendarmería (Castilla Craviotto)?… Esperan para que los dejen humillar”, escribieron en el muro titulado El Bunnker.

El mismo día de los enfrentamientos en Nochixtlán, los propios elementos antimotines quedaron desprotegidos y en su retirada en dirección a la ciudad de Oaxaca lanzaron gases lacrimógenos a casas habitacionales. A las seis de la tarde del 19 de junio, cuando intentaron llegar a Oaxaca, un grupo de federales, sin armas antimotines, tuvo que ser auxiliado desde el aire para que pudieran avanzar.

De acuerdo con el relato de testigos que presenciaron el repliegue policial, en la localidad Hacienda Blanca, un grupo de agentes se abrió paso auxiliado por un helicóptero que lanzaba gases sobre el camino, mientras un civil lanzaba cohetones con dirección al helicóptero. En las calles no sólo había profesores. También muchos pobladores.

Los policías se resguardaron parcialmente en una finca, mientras tres civiles les lanzaron piedras. La PF respondió con gases desde el aire. Intentaban ingresar a la capital del estado, después del frustrado intento de desalojo en Nochixtlán.

Para incursionar en Hacienda Blanca, lanzaron gases a zonas habitacionales y pudieron abrirse paso entre las barricadas instaladas por los profesores y simpatizantes, quienes se replegaron ante las bombas lacrimógenas. Los policías avanzaron así hacia el crucero de Trinidad de Viguera, una de las entradas que conecta la ciudad de Oaxaca con la Ciudad de México.

Esa misma noche, un contingente de federales ingresó a la ciudad ante los atónitos pobladores. Durante unos 10 minutos desfiló un largo convoy de camionetas, camiones y motocicletas de la Policía Federal. Ya no los escoltaban desde el aire.

Hacienda Blanca es el mismo lugar en el que integrantes del magisterio disidente instalaron un retén el 14 de junio. Ese día mantuvieron retenidos algunos vehículos pertenecientes a empresas comerciales.

También retuvieron un camión de la PF que transportaba a cinco agentes, quienes llevaban uniformes y equipo antimotines a sus compañeros apostados en otras zonas de bloqueos. Los disidentes se apoderaron del equipo, lo arrojaron al asfalto y le prendieron fuego, en una acción que, dijeron, forman parte del reclamo a las autoridades por la detención de los líderes de la CNTE, acusados de lavado de dinero.

En Oaxaca, la PF se ha enfrentado también a su propia realidad: elementos inconformes por falta del pago suplementario.

Desde que fueron desplegados en Oaxaca (junio del año pasado), los policías de las tres divisiones de la PF apostados en el lugar denunciaron las condiciones precarias en que laboran: carencia de comida o bien alimentos en condiciones insalubres, así como falta de pago.

Incluso el 27 de julio de 2015 efectivos de las Fuerzas Federales estuvieron a punto de irse a la huelga: “No se nos ha depositado el bono por operatividad, el cual debió entregarse el día 21 o a más tardar el 23 de este mes. De ello está enterado el comisario general Salvador Camacho Aguirre. Sin embargo, no le importa si nosotros tenemos o no necesidad de disponer de este recurso que ya nos hemos ganado. Estamos decayendo anímicamente”, señalaron en comunicaciones internas, de las cuales tiene copia Proceso.

Argumentaban: “En Oaxaca nos estamos dando en la madre defendiendo intereses políticos igual que lo hacemos en estados conflictivos como Michoacán, Guerrero y Chiapas. Sin hacer de menos las demás ciudades (sic), éstas son las de mayor incidencia delictiva política y social, en donde resguardamos las instalaciones de los maestros, quienes ya están planeando cómo partirle la madre a nuestros compañeros”.

En esa ocasión, el llamado era un exhorto para realizar una huelga en cada uno de sus servicios. Nunca pararon.

En otro documento fechado el día 30 de ese mes, inquirían de nuevo a Camacho Aguirre: “¿Y la operatividad cuándo?, ya que dicho pago no ha sido pagado por la CNS”.

En el documento hacen referencia a tres “vertientes” por las que no se ha realizado el pago de operatividad.

“La primera apunta a que no se ha solicitado dicho pago por parte de los enlaces de la División; la otra es que, al parecer, el director general de Recursos Humanos estaba ‘robando’ el bono que fue aportado incluso por parte del gobierno de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el cual constaba de 7,000.00 pesos; la última vertiente indica que el personal de la Secretaría General no está de acuerdo con el pago de este bono a federales, ya que ellos no lo reciben, por lo que solicitaron una retabulación para que también se les otorgue.”

Los agentes le dicen a Camacho que no entienden por qué, a pesar de que son Fuerzas Federales –la columna vertebral de la PF–, son los más castigados y menospreciados. Le recuerden que son el grupo que más enfrentamientos ha tenido, más aseguramientos de drogas y de presuntos narcotraficantes, entre ellos algunos de los más buscados.

Le dicen que si compara sus resultados con los de otras divisiones se dará cuenta de que la mayor parte del trabajo “sucio” lo realiza “Fuerzitas”, como son conocidos por otras áreas de la CNS.

“Señor jefe de división, ya es hora de que seamos tratados como se debe, ya es justo que sea reconocido nuestro trabajo, la razón por la que no pagan la operatividad y el bono no es cuestión nuestra ni suya, pero recuerde que en nuestras manos está la seguridad de todo el país. Recuerde que hay compañeros durmiendo en lugares inapropiados en los estados donde el conflicto magisterial ha causado estragos, donde las elecciones no dan el resultado que el pueblo espera.

“Aun así, los compañeros de Fuerzas Federales están al pie del cañón aguantando hambre, sueño, mal comidos, y encima están con la zozobra ante la espera de que sea pagada la operatividad y el bono que usted prometió y que los gobernadores de los estados ya entregaron a la CNS.

“Sabemos que este mensaje va a llegar a usted, sabemos que hay un oficio donde tratan de coartar nuestra libertad de expresión diciendo que estas prácticas –circular documentos de inconformidad a través de grupos de Whatsapp– están prohibidas, y sí, lo son, siempre y cuando se revele información que ponga en riesgo la seguridad nacional o vulnere la vida privada de algún particular, pero no para expresar lo que pensamos y sentimos, recuerde que ante todo somos ciudadanos mexicanos con los mismos derechos y garantías que otorga la carta magna.”

Le recuerdan, eso sí, que el personal de esa división le reitera su subordinación y respeto tanto a él como al entonces titular de la CNS, Monte Alejandro Rubido García.

Más tarde se enteraron de que Enrique Galindo Ceballos emitió un oficio en el que pide que se comunique a todo el personal de la PF perteneciente a la División de Fuerzas Federales que, “en relación con el oficio PF/DFF/CRAI/DGUAOC/7263, se haga del conocimiento que con fecha 1 de julio (de ese 2015) deja de existir el bono de riesgo de trabajo denominado Operatividad, con fundamento en los artículos 112, 114 y 117 Fracciones III, IV y VIII del reglamento de la Policía Federal, hasta nueva orden”.

Ello a pesar de que ese bono era para solventar gastos como lavandería, aseo personal y del armamento, además de alimentos.­