El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todo mexicano tiene derecho de poseer un arma para su legítima defensa; en ninguna parte de la Constitución dice el calibre del arma."Mireles
Las
autodefensas, en vías de emancipación/JOSÉ
GIL OLMOS, reportero
Revista Proceso # 1953, 5 de abril de 2014
Fue
escapándose a la órbita inepta del Estado peñanietista. Ahora, el comisionado
federal para Michoacán, Alfredo Castillo, advierte que deben dejar las armas de
inmediato, pero aquellas se niegan escudándose en el artículo 10
constitucional. Alegan que, de no ser por su apoyo, las fuerzas federales no
hubieran acabado con Kike Plancarte y con Nazario Moreno El Chayo. Un
especialista añade otro elemento de preocupación: si no se respeta a esos
grupos surgidos de un reclamo popular, podrían cambiar su rostro por uno
declaradamente paramilitar.
Tras
un año de arriesgarse al enfrentar y expulsar a Los Caballeros Templarios de 14
municipios de Tierra Caliente, Costa y Meseta Purépecha, los grupos de
autodefensa de Michoacán son ahora amenazados por el gobierno de Enrique Peña
Nieto, que pretende obligarlos a dejar las armas con las cuales hicieron el
trabajo no realizado en 12 años por las administraciones estatales y federales
del PRD, del PAN y del PRI.
El
anuncio enardeció a las autodefensas, que en voz del doctor José Manuel Mireles
rechazaron desarmarse. El artículo 10 de la Constitución, argumentan, le da el
derecho a todo mexicano de poseer un arma para su defensa. El vocero de las
autodefensas de Tepalcatepec pidió el apoyo de las poblaciones para impedir que
les quiten las armas.
El
jueves 3 el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de
Michoacán, Alfredo Castillo, anunció en Morelia que en las próximas semanas se
iniciará el desarme de las autodefensas y advirtió que, al concluir este
proceso, quien sea encontrado en posesión de armas será detenido.
Dijo
que ya no hay razones para que las autodefensas sigan armadas ni para las
barricadas en las entradas de algunas comunidades y municipios, porque el
Estado mexicano recuperó los territorios y la seguridad en Michoacán.
Horas
más tarde, en la noche del jueves 3 se reportaron enfrentamientos en Sahuayo y
Jiquilpan entre delincuentes, por un lado, y autodefensas y policías federales
que presuntamente tenían acorralado a Servando Gómez Martínez, La Tuta,
dirigente de Los Caballeros Templarios.
Las
amenazas de desarme agraviaron a las autodefensas. Son ellas, afirman sus
dirigentes, las que han hecho todo el trabajo al enfrentar a Los Caballeros
Templarios y darles a las fuerzas armadas los datos de ubicación de líderes
como Nazario Moreno, Enrique Placarte y La Tuta, sin que sea reconocida su
tarea.
Al
conocer las declaraciones del comisionado, de gira en el municipio de
Coahuayana, Mireles rechazó el desarme y pidió unidad a la población: “Que el
gobierno nos vea unidos, porque si el mismo gobierno nos ve desunidos jamás nos
va a ayudar, jamás nos va a brindar ningún apoyo, y siempre, siempre, siempre
va a procurar desarmarnos. Pero si ve que el pueblo está unido y protege a sus
comunitarios, jamás nos va a desarmar”.
Recordó
que ante las amenazas de desarme ya ha habido reacciones violentas, como
ocurrió en febrero en la tenencia de Antúnez, donde la población impidió que
los soldados los desarmaran y hubo un enfrentamiento en el cual murieron cuatro
personas, dos de ellas autodefensas.
“Cuando
el gobierno nos quiere desarmar (…) el pueblo se une y viene a apoyarnos;
entonces nos regresa las armas. (…) Mantengámonos unidos para tener el apoyo,
ese que viene del gobierno federal, pero lo más importante: si nos mantenemos
unidos vamos a sobrevivir las familias completas que aún quedamos, porque
acuérdense que a muchos de nosotros ya nos acabaron.”
Advirtió
que no está de acuerdo en que la policía de mando único o la gendarmería
nacional tomen en sus manos la seguridad de su pueblo, Tepalcatepec, porque no
conocen la geografía, la gente ni a los delincuentes.
“Nunca
debemos aceptar el famoso mando único. Ya estamos grandes, ya abrimos los ojos,
ya pensamos, ya decidimos nosotros”, sostuvo y señaló que los únicos que deben
decidir quién es su gobernante y su policía son los coordinadores de las
autodefensas y los consejos ciudadanos.
Antes,
en Aquila, Mireles defendió el derecho constitucional de portar armas para la
defensa legítima: “El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos dice que todo mexicano tiene derecho de poseer un arma para su
legítima defensa; en ninguna parte de la Constitución dice el calibre del arma.
“Después
vienen las leyes. Según la de Armas de Fuego y Explosivos, las armas buenas
sólo las puede utilizar el Ejército. O sea que al pueblo nada más le quedan
para defenderse las resorteras, las guadañas y los machetes; eso es injusto y
también es parte del porqué nos levantamos en armas.”
Diferencias
peligrosas
La
voz de Mireles chocó con las declaraciones del comisionado federal. Según
Salvador Maldonado Aranda, investigador de El Colegio de Michoacán, estas diferencias
entre autodefensas y gobierno podrían traerle una nueva crisis de seguridad al
estado.
Estudioso
de la región de Tierra Caliente desde hace más de una década, Maldonado señala
en entrevista que el convenio firmado a principios de año entre Castillo y los
líderes de las autodefensas fue para dar certidumbre a la relación entre las
partes y además que el desarme se preveía una vez que se atendieran las
demandas de aprehender a los líderes templarios.
“Pero
con el transcurso del tiempo estos acuerdos han perdido actualidad por
diferentes acontecimientos, como los problemas en Tepalcatepec, la aprehensión
de Hipólito Mora, el accidente de Mireles… Lo que veo es que estamos en un
momento ambiguo, lleno de tensión y de incertidumbre sobre cuáles van a ser los
nuevos canales de interlocución entre estos nuevos actores, y si va a
haberlos.”
Observa
que por lo menos en estos momentos de tensión hay un alejamiento en términos
prácticos entre el equipo del comisionado y las autodefensas, las cuales se han
fraccionado al menos en dos corrientes: las ligadas a Mireles y las que apoyan
a Castillo.
Al
respecto Mireles reconoció en entrevista radiofónica con Carmen Aristegui que
hay tres líderes de autodefensas que colaboran con Castillo; los otros 34 de la
Coordinación de Consejeros de los Grupos de Autodefensas y Policías
Comunitarios no han sido tomados en cuenta.
“Creo
que esta es la situación más tensa, porque no se sabe muy bien si se van a dar
más acercamientos o se van a romper definitivamente las relaciones”, indica
Maldonado y advierte que a las autodefensas no se les puede desarmar de un
plumazo, como pretende el gobierno peñista, pues no se ha valorado su
importancia para combatir al crimen organizado y dar gobernabilidad a
Michoacán.
“Más
allá de si surgieron en un momento, con o sin apoyo gubernamental o de grandes
intereses empresariales, sí fueron grupos que contribuyeron a abrir un espacio
de discusión para atender el tema de la violencia; este tipo de iniciativas han
sido desaprovechadas políticamente o no han sido valoradas políticamente, de
tal forma que ha llegado este rompimiento o alejamiento.
“Sin
esta interlocución me parece que se nos sitúa en un dilema grave: cómo se van a
tener que dar las relaciones, los acuerdos, entre qué tipo de actores se van a
generar alianzas para seguir aminorando un problema de violencia e ir generando
una mayor certidumbre de gobernabilidad. Ese es el problema.
“Si
hay un alejamiento práctico del gobierno federal con las autodefensas se corre
el riesgo de que toda la fuerza política que se tenía desde un principio va a
estar en entredicho. Si hay alejamiento no sé con quién o con qué otros actores
políticos puede estar jugando el gobierno federal para contribuir a la
pacificación o a generar mayor certidumbre de gobernabilidad”, advierte el
doctor en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana.
Riesgos
de mutación
A
contracorriente de la opinión de Castillo –que las autodefensas ya no tienen
razón de ser–, dice que pueden ser un interlocutor importante siempre y cuando
se establezcan nuevos acuerdos para revisar el tema de la infiltración y la
labor hecha para limpiar territorios antes controlados por la delincuencia.
Precisa
que el gobierno federal debería establecer una estrategia de largo plazo para
dar certidumbre a la población y no esperar a que lleguen las autodefensas,
limpien la zona y al mes nuevamente exista el problema.
“Ese
tipo de cosas se tiene que garantizar no sólo con las autodefensas, sino por el
gobierno federal. Creo que ahí está el punto central: si se desaprovecha esta
capacidad, esta fuerza política con la que nació la demanda social de las
autodefensas, este tipo de proyectos corre el riesgo de descarrilarse, y eso va
a ser lamentable pues podemos regresar a la situación de hace un año, en la
cual no hay forma de acercamiento ni negociación entre los actores que puedan
contribuir con más elementos para la seguridad.”
Aún
peor, asevera, si el gobierno federal no actúa con precaución y quiere
desaparecer a las autodefensas podrían ocurrir fenómenos como en Perú o
Colombia, donde grupos similares terminaron siendo un problema para la
gobernabilidad y la seguridad.
“Ese
es un dilema que también experimentaron otros grupos de América Latina, como
los Comités de Defensa Civil de Perú y en cierta forma los Grupos de
Autodefensa o paramilitares en Colombia; tuvieron que llegar a un punto de
negociación para saber qué se iba a hacer con ellos.
“De
este tipo de experiencias debemos estar alerta en el futuro, porque las autodefensas
en Michoacán pueden convertirse en formas localizadas de protección armada de
ciertos intereses. Es casi imposible que el gobierno, a estas alturas, pueda
desarmar completamente a las autodefensas.
“Mireles
está haciendo recorridos en varios municipios; estuvo en la costa y está
estableciendo una serie de diálogos con otro tipo de autodefensas. Las
autodefensas no se pueden borrar de un plumazo y hay que entender que se deben
hacer estos acercamientos por el bien del estado y de la población.”
No
obstante acota que las autodefensas michoacanas son distintas de las peruanas o
colombianas, grupos formados por militares y subvencionados por el gobierno con
intenciones de contrainsurgencia.
“Hasta
ahora sigo manteniendo que estos grupos de autodefensa, sobre todo de Tierra
Caliente, nacieron con un impulso popular y con dos demandas: seguridad y
justicia.”
Si
se mantiene el alejamiento con el gobierno, añade, y se les desaparece, se
corre el riesgo de que en el mediano plazo las autodefensas adquieran otra
fisonomía y de que se incrementen otros problemas, porque ya no serían un
peligro sólo los grupos del crimen organizado, sino también los que se crearon
para combatirlo y ahora han sido considerados ilegales.
Sostiene
que no cree que estos grupos vayan a dejar las armas aun cuando pasen a la
clandestinidad, y en un contexto político adverso para ellos, pueden tejer
alianzas con otro tipo de actores.
–¿Riesgos
de insurgencia social o de que podrían relacionarse con bandas criminales?
–Creo
que hay múltiples escenarios en los cuales estos grupos se pueden rehacer,
pueden fortalecerse, como parece que está ocurriendo con varios de los ligados
a Mireles, que vuelven a adquirir una fuerza social importante. Pero también
podría derivar en alianzas con grupos ilegales o de protección privada. Éste es
el escenario más peligroso que vislumbro en el corto plazo.
El
problema, concluye, es que no se han tejido mecanismos más efectivos que den
certidumbre en las formas de generar seguridad en Michoacán, más allá de
desinflar un movimiento político y terminar con el crimen organizado.
Propone
un plan de seguridad ciudadana, más que pública, donde el centro de la
estrategia sean la sociedad y su bienestar en el largo plazo.
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