6 abr 2014

Las autodefensas, en vías de emancipación/reportaje


El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todo mexicano tiene derecho de poseer un arma para su legítima defensa; en ninguna parte de la Constitución dice el calibre del arma."Mireles
Las autodefensas, en vías de emancipación/JOSÉ GIL OLMOS, reportero
Revista Proceso  # 1953, 5 de abril de 2014
Fue escapándose a la órbita inepta del Estado peñanietista. Ahora, el comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo, advierte que deben dejar las armas de inmediato, pero aquellas se niegan escudándose en el artículo 10 constitucional. Alegan que, de no ser por su apoyo, las fuerzas federales no hubieran acabado con Kike Plancarte y con Nazario Moreno El Chayo. Un especialista añade otro elemento de preocupación: si no se respeta a esos grupos surgidos de un reclamo popular, podrían cambiar su rostro por uno declaradamente paramilitar.
Tras un año de arriesgarse al enfrentar y expulsar a Los Caballeros Templarios de 14 municipios de Tierra Caliente, Costa y Meseta Purépecha, los grupos de autodefensa de Michoacán son ahora amenazados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que pretende obligarlos a dejar las armas con las cuales hicieron el trabajo no realizado en 12 años por las administraciones estatales y federales del PRD, del PAN y del PRI.
El anuncio enardeció a las autodefensas, que en voz del doctor José Manuel Mireles rechazaron desarmarse. El artículo 10 de la Constitución, argumentan, le da el derecho a todo mexicano de poseer un arma para su defensa. El vocero de las autodefensas de Tepalcatepec pidió el apoyo de las poblaciones para impedir que les quiten las armas.

El jueves 3 el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, anunció en Morelia que en las próximas semanas se iniciará el desarme de las autodefensas y advirtió que, al concluir este proceso, quien sea encontrado en posesión de armas será detenido.
Dijo que ya no hay razones para que las autodefensas sigan armadas ni para las barricadas en las entradas de algunas comunidades y municipios, porque el Estado mexicano recuperó los territorios y la seguridad en Michoacán.
 Horas más tarde, en la noche del jueves 3 se reportaron enfrentamientos en Sahuayo y Jiquilpan entre delincuentes, por un lado, y autodefensas y policías federales que presuntamente tenían acorralado a Servando Gómez Martínez, La Tuta, dirigente de Los Caballeros Templarios.
 Las amenazas de desarme agraviaron a las autodefensas. Son ellas, afirman sus dirigentes, las que han hecho todo el trabajo al enfrentar a Los Caballeros Templarios y darles a las fuerzas armadas los datos de ubicación de líderes como Nazario Moreno, Enrique Placarte y La Tuta, sin que sea reconocida su tarea.
 Al conocer las declaraciones del comisionado, de gira en el municipio de Coahuayana, Mireles rechazó el desarme y pidió unidad a la población: “Que el gobierno nos vea unidos, porque si el mismo gobierno nos ve desunidos jamás nos va a ayudar, jamás nos va a brindar ningún apoyo, y siempre, siempre, siempre va a procurar desarmarnos. Pero si ve que el pueblo está unido y protege a sus comunitarios, jamás nos va a desarmar”.
 Recordó que ante las amenazas de desarme ya ha habido reacciones violentas, como ocurrió en febrero en la tenencia de Antúnez, donde la población impidió que los soldados los desarmaran y hubo un enfrentamiento en el cual murieron cuatro personas, dos de ellas autodefensas.
 “Cuando el gobierno nos quiere desar­mar (…) el pueblo se une y viene a apoyarnos; entonces nos regresa las armas. (…) Mantengámonos unidos para tener el apoyo, ese que viene del gobierno federal, pero lo más importante: si nos mantenemos unidos vamos a sobrevivir las familias completas que aún quedamos, porque acuérdense que a muchos de nosotros ya nos acabaron.”
 Advirtió que no está de acuerdo en que la policía de mando único o la gendarmería nacional tomen en sus manos la seguridad de su pueblo, Tepalcatepec, porque no conocen la geografía, la gente ni a los delincuentes.
 “Nunca debemos aceptar el famoso mando único. Ya estamos grandes, ya abrimos los ojos, ya pensamos, ya decidimos nosotros”, sostuvo y señaló que los únicos que deben decidir quién es su gobernante y su policía son los coordinadores de las autodefensas y los consejos ciudadanos.
 Antes, en Aquila, Mireles defendió el derecho constitucional de portar armas para la defensa legítima: “El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todo mexicano tiene derecho de poseer un arma para su legítima defensa; en ninguna parte de la Constitución dice el calibre del arma.
 “Después vienen las leyes. Según la de Armas de Fuego y Explosivos, las armas buenas sólo las puede utilizar el Ejército. O sea que al pueblo nada más le quedan para defenderse las resorteras, las guadañas y los machetes; eso es injusto y también es parte del porqué nos levantamos en armas.”
 Diferencias peligrosas
La voz de Mireles chocó con las declaraciones del comisionado federal. Según Salvador Maldonado Aranda, investigador de El Colegio de Michoacán, estas diferencias entre autodefensas y gobierno podrían traerle una nueva crisis de seguridad al estado.
Estudioso de la región de Tierra Caliente desde hace más de una década, Maldonado señala en entrevista que el convenio firmado a principios de año entre Castillo y los líderes de las autodefensas fue para dar certidumbre a la relación entre las partes y además que el desarme se preveía una vez que se atendieran las demandas de aprehender a los líderes templarios.
“Pero con el transcurso del tiempo estos acuerdos han perdido actualidad por diferentes acontecimientos, como los problemas en Tepalcatepec, la aprehensión de Hipólito Mora, el accidente de Mireles… Lo que veo es que estamos en un momento ambiguo, lleno de tensión y de incertidumbre sobre cuáles van a ser los nuevos canales de interlocución entre estos nuevos actores, y si va a haberlos.”
Observa que por lo menos en estos momentos de tensión hay un alejamiento en términos prácticos entre el equipo del comisionado y las autodefensas, las cuales se han fraccionado al menos en dos corrientes: las ligadas a Mireles y las que apoyan a Castillo.
Al respecto Mireles reconoció en entrevista radiofónica con Carmen Aristegui que hay tres líderes de autodefensas que colaboran con Castillo; los otros 34 de la Coordinación de Consejeros de los Grupos de Autodefensas y Policías Comunitarios no han sido tomados en cuenta.
“Creo que esta es la situación más tensa, porque no se sabe muy bien si se van a dar más acercamientos o se van a romper definitivamente las relaciones”, indica Maldonado y advierte que a las autodefensas no se les puede desarmar de un plumazo, como pretende el gobierno peñista, pues no se ha valorado su importancia para combatir al crimen organizado y dar gobernabilidad a Michoacán.
“Más allá de si surgieron en un momento, con o sin apoyo gubernamental o de grandes intereses empresariales, sí fueron grupos que contribuyeron a abrir un espacio de discusión para atender el tema de la violencia; este tipo de iniciativas han sido desa­provechadas políticamente o no han sido valoradas políticamente, de tal forma que ha llegado este rompimiento o alejamiento.
“Sin esta interlocución me parece que se nos sitúa en un dilema grave: cómo se van a tener que dar las relaciones, los acuerdos, entre qué tipo de actores se van a generar alianzas para seguir aminorando un problema de violencia e ir generando una mayor certidumbre de gobernabilidad. Ese es el problema.
“Si hay un alejamiento práctico del gobierno federal con las autodefensas se corre el riesgo de que toda la fuerza política que se tenía desde un principio va a estar en entredicho. Si hay alejamiento no sé con quién o con qué otros actores políticos puede estar jugando el gobierno federal para contribuir a la pacificación o a generar mayor certidumbre de gobernabilidad”, advierte el doctor en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana.
Riesgos de mutación
A contracorriente de la opinión de Castillo –que las autodefensas ya no tienen razón de ser–, dice que pueden ser un interlocutor importante siempre y cuando se establezcan nuevos acuerdos para revisar el tema de la infiltración y la labor hecha para limpiar territorios antes controlados por la delincuencia.
 Precisa que el gobierno federal debería establecer una estrategia de largo plazo para dar certidumbre a la población y no esperar a que lleguen las autodefensas, limpien la zona y al mes nuevamente exista el problema.
 “Ese tipo de cosas se tiene que garantizar no sólo con las autodefensas, sino por el gobierno federal. Creo que ahí está el punto central: si se desaprovecha esta capacidad, esta fuerza política con la que nació la demanda social de las autodefensas, este tipo de proyectos corre el riesgo de descarrilarse, y eso va a ser lamentable pues podemos regresar a la situación de hace un año, en la cual no hay forma de acercamiento ni negociación entre los actores que puedan contribuir con más elementos para la seguridad.”
 Aún peor, asevera, si el gobierno federal no actúa con precaución y quiere desaparecer a las autodefensas podrían ocurrir fenómenos como en Perú o Colombia, donde grupos similares terminaron siendo un problema para la gobernabilidad y la seguridad.
 “Ese es un dilema que también experimentaron otros grupos de América Latina, como los Comités de Defensa Civil de Perú y en cierta forma los Grupos de Autodefensa o paramilitares en Colombia; tuvieron que llegar a un punto de negociación para saber qué se iba a hacer con ellos.
 “De este tipo de experiencias debemos estar alerta en el futuro, porque las autodefensas en Michoacán pueden convertirse en formas localizadas de protección armada de ciertos intereses. Es casi imposible que el gobierno, a estas alturas, pueda desarmar completamente a las autodefensas.
 “Mireles está haciendo recorridos en varios municipios; estuvo en la costa y está estableciendo una serie de diálogos con otro tipo de autodefensas. Las autodefensas no se pueden borrar de un plumazo y hay que entender que se deben hacer estos acercamientos por el bien del estado y de la población.”
 No obstante acota que las autodefensas michoacanas son distintas de las peruanas o colombianas, grupos formados por militares y subvencionados por el gobierno con intenciones de contrainsurgencia.
 “Hasta ahora sigo manteniendo que estos grupos de autodefensa, sobre todo de Tierra Caliente, nacieron con un impulso popular y con dos demandas: seguridad y justicia.”
Si se mantiene el alejamiento con el gobierno, añade, y se les desaparece, se corre el riesgo de que en el mediano plazo las autodefensas adquieran otra fisonomía y de que se incrementen otros problemas, porque ya no serían un peligro sólo los grupos del crimen organizado, sino también los que se crearon para combatirlo y ahora han sido considerados ilegales.
Sostiene que no cree que estos grupos vayan a dejar las armas aun cuando pasen a la clandestinidad, y en un contexto político adverso para ellos, pueden tejer alianzas con otro tipo de actores.
–¿Riesgos de insurgencia social o de que podrían relacionarse con bandas criminales?
–Creo que hay múltiples escenarios en los cuales estos grupos se pueden rehacer, pueden fortalecerse, como parece que está ocurriendo con varios de los ligados a Mireles, que vuelven a adquirir una fuerza social importante. Pero también podría derivar en alianzas con grupos ilegales o de protección privada. Éste es el escenario más peligroso que vislumbro en el corto plazo.
 El problema, concluye, es que no se han tejido mecanismos más efectivos que den certidumbre en las formas de generar seguridad en Michoacán, más allá de desinflar un movimiento político y terminar con el crimen organizado.
 Propone un plan de seguridad ciudadana, más que pública, donde el centro de la estrategia sean la sociedad y su bienestar en el largo plazo.


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