Revista
Proceso
# 2059, 16 de abril de 2016.. ‘
El caso del
coronel suicida/Juan Veledíaz.
Lo
primero que llamó la atención a las autoridades de la Procuraduría General de
Justicia capitalina cuando llegaron al estacionamiento del edificio Hares, en
la esquina de Lago Xochimilco y avenida Ejército Nacional, fue que dentro del
vehículo donde se encontró sin vida el cuerpo del coronel Rigoberto López
Camacho no había huellas de golpes ni forcejeos. Tampoco se encontró algún
recado póstumo.
Los
peritajes iniciales asentados en la averiguación previa MH-1/T3/286/16-03, abierta
por el ministerio público de la delegación Miguel Hidalgo, mostraron que la
víctima tenía un solo disparo en el paladar con huella de salida en la nuca.
Este hecho descartó las especulaciones aparecidas el pasado 8 de marzo en
algunos diarios capitalinos, de que la muerte del coronel, ingeniero militar
comisionado en Oaxaca, había sido un asesinato.
López
Camacho era responsable de la obra que la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) construyó en el municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para el
Consejo de la Judicatura Federal (CJF). El proyecto incluía un edificio
circular, sede del Poder Judicial de la Federación en la entidad. En sus nueve
niveles se localizarían las oficinas de ocho juzgados de distrito, dos
tribunales unitarios y seis colegiados además de áreas de servicios comunes y
estacionamiento para 152 vehículos.
De
acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su informe de la
cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, presentado en febrero de 2015,
también se previó un segundo edificio para estacionamiento con capacidad para
464 automóviles. La superficie total de construcción se fijó en 54 mil 687.67
metros cuadrados, donde se incluyeron “terrazas, balcones, circulaciones
abiertas, más 12 mil 047.36 metros cuadrados del área de jardines y
vialidades”.
En
mayo de 2013, un mes después de declarar desierta la convocatoria de licitación
para la construcción de éste y otros inmuebles, el CJF entregó a la Sedena el
contrato de la obra por 813 millones de pesos. Por el mismo proyecto la
constructora ICA, uno de los interesados en el proyecto, había calculado 650
millones de pesos (Proceso 1935).
En
su informe de la cuenta pública, la ASF señaló que el CJF al contratar a la
Sedena “no obtuvo las mejores condiciones disponibles de mercado”. No exigió a
la dependencia la comprobación oportuna de los recursos otorgados, y le
reconoció en las “estimaciones de obra para comprobación de los recursos
otorgados, volúmenes mayores de los ejecutados”.
“No
aguantó la presión”
Mientras
trabajaba en Oaxaca, López Camacho compró un departamento en una de las torres
de 22 pisos en cuyo estacionamiento fue encontrado sin vida. La inmobiliaria
propietaria del complejo que abarca cuatro edificios, en los límites de las
colonia Polanco y Anáhuac, cotizó el departamento más barato de 82 metros
cuadrados en 4 millones de pesos; el más caro, de 140 metros cuadrados, está
tasado en poco más de 7 millones.
Las
irregularidades en la obra que la Dirección de Ingenieros Militares de la
Sedena llevó a cabo en los últimos dos años y medio, provocaron la separación
del titular de esa área, el general de brigada ingeniero constructor José
Antonio González de la Fuente, de acuerdo con fuentes del Estado Mayor de la
Defensa que pidieron no ser citados por nombre o grado. En su lugar fue
nombrado de manera interina el también ingeniero constructor general brigadier
Merced Gerardo Correa Díaz.
Entre
las irregularidades que se encontraron en la gestión del coronel López Camacho
en la obra de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, fue que se presupuestó de más y el
excedente no se puso en la obra. Hubo gastos más arriba de lo permitido. De un
monto calculado en poco más de 800 millones de pesos, se presume un desfalco de
por lo menos 80 millones. Fuentes militares adscritas a la comandancia de la
VIII Región Militar, con cuartel en la capital del estado, señalaron que hubo
demasiadas presiones contra el jefe de la obra por parte de mandos castrenses.
Al
menos tres fuentes diferentes consultadas en la Ciudad de México y Oaxaca
señalaron por separado al general de división Juan Ernesto Antonio Bernal
Reyes, comandante de la VIII Región Militar, como uno de los mandos que
presuntamente pidió un porcentaje del presupuesto de la obra al coronel.
Sobre
Bernal Reyes se sabe que desde que fue comandante de la zona militar de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, solía ordenar a sus subordinados que cada vez
que se presentaran a junta en el cuartel lo hicieran llevando consigo dos
tarjetas de recarga telefónica de 500 pesos cada una para su uso personal. A
quien no acataba la disposición, lo corría de sus oficinas.
Las
mismas fuentes que pidieron no ser citadas por nombre y rango –por las
represalias que suele haber en el Ejército hacia quienes hablan con la prensa–
señalaron que López Camacho también recibió presiones del subdirector de
ingenieros militares y director de obras, general Pedro León Álvarez Alcacio,
quien presuntamente también pidió un porcentaje del presupuesto.
Ante
el cúmulo de irregularidades en la obra de San Bartolo Coyotepec, reportadas
desde el año pasado por la ASF, y las versiones en torno a la circunstancia que
rodea la muerte del coronel López Camacho, se solicitó una entrevista al área
de Comunicación Social de la Sedena, a cargo del brigadier Marco Antonio
Álvarez Reyes, al cierre de esta edición no había respuesta a la petición.
A
López Camacho lo empezaron a presionar, se intentó defender al explicar cómo se
maneja el Consejo de la Judicatura Federal en su área de obras, pero cuando se
vio acorralado por las auditorías tomó esa decisión, agrega una fuente militar.
Retrasos
y consecuencias
En
la revisión de los contratos específicos de colaboración entre el CJF y la
Sedena, en diferentes estados del país, también se incluyó la obra de Oaxaca, que
presentó retrasos en los plazos de entrega. Según la ASF el periodo de
ejecución del contrato concluyó el 30 de diciembre de 2014, y no obstante que
del importe del contrato se entregó 97.4%, equivalente a poco más de 792
millones de pesos de un importe máximo de 813 millones 284 mil pesos, la obra
no se había terminado.
“Aunado
a que por la falta de comprobación oportuna de los recursos se desconoce si el
importe otorgado corresponde con el ejecutado, además se constató mediante
visita física que sólo se cuenta con personal mínimo que está realizando
trabajos de reparación de fugas y filtraciones de agua, la energización de la
subestación eléctrica y la jardinería; y que en distintas áreas de los
diferentes niveles existen materiales y mobiliario almacenados”, dice el
informe.
A
finales de agosto de 2015, la ASF reportó que la comprobación de los recursos
invertidos ascendía a 600 millones 414 mil pesos, de los 792 millones 266 mil
ejercidos, además de que se habían entregado a la Sedena las solicitudes de sus
estimaciones.
Para
esa fecha la ASF estaba “en proceso de formalización de un convenio
modificatorio para la conclusión de los trabajos, de tal forma que una vez que
sea formalizada la supervisión del CJF estará en condiciones de solicitarle a
la Sedena la entrega de los trabajos con el cumplimiento de las
especificaciones y calidad requeridas en el proyecto”.
Cuando
la ASF revisó la información presentada, determinó que persistía el resultado,
“debido a que no se ha comprobado la totalidad del importe otorgado por lo que
se desconoce si dicho importe corresponde con lo ejecutado, la obra no está
concluida ni se han corregido las deficiencias señaladas”.
Fueron
estas observaciones a finales del verano pasado las que aumentaron la presión
contra López Camacho. La obra de San Bartolo Coyotepec era la única de las que
la Sedena había realizado a diversas dependencias, como el Sistema de
Administración Tributaria, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación y para el Instituto Nacional de Migración, entre
otras, que presentaba retrasos e irregularidades.
Hasta
los primeros días de abril, un mes después de su fallecimiento, la procuraduría
capitalina estaba a la espera del resultado de los peritajes de medicina
forense para determinar la mecánica de los hechos y de las lesiones, y concluir
con total certeza de que la muerte de López Camacho fue un suicidio. La
hipótesis según la averiguación previa, se basa a que no existe un probable
responsable del homicidio. Además de que el arma quedó cubierta de sangre de la
víctima, lo que influyó en el retraso del dictamen. l
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