El terror en las mazmorras/Anabel Hernández

Este es el testimonio de una de las 15 personas acusadas de participar en la ­desaparición de los 43 normalistas de ­Ayotzinapa, 

Revista Proceso # 2059, 16 de abril de 2016..

El terror en las mazmorras/Anabel Hernández

No sabe si es de día o de noche. Está boca abajo en el suelo, amarrado de las manos, inmóvil. Puede sentir una alfombra en un lado de su rostro. No está en un lugar clandestino sino en las oficinas de la PGR, en manos de policías ministeriales federales de la Agencia de Investigación Criminal.

 “Me dicen que ya no hay regreso, que esto es el comienzo… En ese momento me bajan el pantalón y me quitan las vendas de los pies, me echan agua en los testículos y en ese momento proceden a asfixiarme nuevamente y me introducen algo en mi trasero. Es como si fuera de fierro por la forma en que me penetran. En esos mismos momentos me están asfixiando con la bolsa de plástico y una mano presiona mi nariz y la oprime, me la cierra con la presión de las manos. En ese momento siento también toques eléctricos en los testículos…

 “El hombre está sentado sobre mí, sudando y nervioso; se oye muy agitado su cuerpo y entonces me ordena que me levante los pantalones. Estoy mojado, siento mis ropas mojadas y un dolor fuerte en el ano y en el ombligo y mi pecho, a la altura del corazón… y me dice el que ordenó la tortura que si ya voy a hacer lo que ellos dicen, les contesto que sí que haré todo lo que ellos ordenen.”

 Lo entregan a otros agentes, que lo llevan a un nuevo calvario. Le duele cada parte de su cuerpo. Cuando lo dejan ir al baño se da cuenta que está sangrando del recto, además de que tiene costras de sangre en medio de sus piernas. Tiembla del susto.

 Este es el testimonio de una de las 15 personas acusadas de participar en la ­desaparición de los 43 normalistas de ­Ayotzinapa, quienes fueron detenidas y torturadas por integrantes de la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina, según denunciaron ante las Naciones Unidas y el Poder Judicial, así como en cartas enviadas directamente a esta reportera.

 Se trata de Sidronio Casarrubias, Gildardo López Astudillo, Felipe Rodríguez Salgado, Patricio Reyes Landa, Agustín García Reyes, Jonathan Osorio Cortés, Marco Antonio Ríos Berber y Raúl Núñez Salgado. Cinco de ellos fueron señalados por la PGR como testigos clave para esclarecer los hechos ocurridos en Iguala.

 El grupo incluye a funcionarios de las policías municipales de Iguala y Cocula: Verónica Bahena Cruz, Santiago Mazón Cedillo, Héctor Aguilar Ávalos, Alejandro Lara García, Édgar Magdaleno Navarro Cruz, Jesús Parra Arroyo y Magali Ortega Jiménez.

 En una carta del 10 de julio del año pasado, funcionarios de la ONU reclamaron al gobierno de Enrique Peña Nieto las detenciones arbitrarias de 12 de los detenidos:

 “También expresamos seria preocupación con las alegaciones según las cuales la tortura –que incluye las violencias sexuales y las amenazas de violación a familiares– y los malos tratos tuvieron como propósito extraer confesiones forzadas y prefabricadas, y que el uso de estos métodos no parece ser en casos aislados”, señalaron en la misiva Seong-Phil Hong, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Ariel Dulitzky, presidente-relator de Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Gabriela Knaul, relatora especial sobre la independencia de magistrados; y Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes .

 Los siguientes testimonios fueron recabados por la ONU y la autora de este reporte. Por respeto a las víctimas se omite su nombre en la descripción de los abusos.

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 Quienes lo detuvieron nunca mostraron una identificación. Se lo llevaron en un vehículo con otros detenidos. Los transportan en helicóptero a otro lugar, donde una persona vestida de marino le atiende la ceja que le abrieron sus captores de un golpe. Sentado en el suelo, escucha los gritos de otros. Es su turno.

 “Me fueron a traer dos personas vestidas de marinos y me metieron a un cuarto. Me empezaron a amarrar las manos con una venda hacia atrás y me amarraron los pies… me empezaron a dar toques eléctricos en mis testículos, también en mi ano y en la boca… y también me ponían una bolsa en la cara hasta el grado de perder la respiración, y en cuanto la perdía me pegaban en el pecho y el estómago. Así estuvieron unas tres horas, me decían que me iban a decir todo lo que tenía que decir.

 “En cuanto a la foto de mi familia, me dijeron que si ahora sí iba a cooperar con ellos, que si no, iban a matar a mi esposa y que a mis dos niñas también las iban a matar, pero antes de matarlas las iban a violar y que les iban a meter el lado del cañón por el ano, y que a mi esposa la iban a violar entre todos… que de todos modos yo era un muerto de hambre.”

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 Policías federales ministeriales le vendan los ojos, la meten a un cubículo y la sujetan a una silla donde la amenazan con quitarle su casa y violar a las mujeres de su familia. La golpean en las costillas, la patean en las piernas y aplican descargas eléctricas. Por el miedo se orina en la ropa y los policías que la torturan aprovechan para humillarla e insultarla. Se la llevan de la oficina donde estaba a las de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, donde la hicieron declarar lo que ordenaron.

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 Mientras se encuentra vendado y maniatado, la Policía Federal Ministerial lo amenaza con desaparecerlo y hacerle lo mismo a toda su familia. Como si fuera un protocolo, igual que a los otros le ponen una bolsa para provocarle asfixia mientras le aplican descargas eléctricas en pies y testículos, mientras le preguntan el paradero de los estudiantes desaparecidos. Mientras se ensañaban con él, escuchaba los gritos de dolor de otros detenidos, como si no fuera un edificio de oficinas públicas, sino mazmorras de terror.

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 Es detenido por personal de la Agencia de Investigación Criminal. Antes de ser presentado ante el Ministerio Público, es golpeado fuertemente en espalda, abdomen y testículos. Sabe que todo esto ocurre en oficinas de la PGR, pero no sabe cuáles. Cuando finalmente lo llevan ante el MP las cosas no mejoran. Incluso el encargado de tomarle la declaración lo amenaza con violar a su esposa y matar a toda su familia si no se declara culpable de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.

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 Está en oficinas de la Secretaría de Marina. Lo golpean en hombros, costillas y muslos; le aplican toques eléctricos en los pezones y testículos, mientras de otras formas le provocan asfixia. Los marinos lo presentan ante el Ministerio Público 12 horas después de su detención. Cuando la perito hace la inspección física encuentra tales daños que ella misma recomienda que lo manden al hospital para ser valorado por especialistas en oftalmología, traumatología y ortopedia.

 En respuesta a la carta de la ONU, el gobierno de Peña Nieto reconoció que tuvo que abrir las averiguaciones previas 312/UEIDAPLE/DT/31/2015, 114/AP/DGDCSPI/2015, 185/API/ DGDCSPI/2015, 044/AC/ DGDCSPI/2015, y 047/AC/ DGDCSPI/2015 para indagar los hechos de tortura y abuso de autoridad en 10 de los 13 detenidos a los que se refirió la comunicación de la instancia internacional. Admitió también que las presuntas víctimas de tortura fueron detenidas por la Policía Federal, la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina. l