El empresario José Ramiro Garza Cantú

“También recientemente, el gobierno de Peña Nieto le extendió hasta diciembre de 2017, los contratos de renta de las plataformas Centenario y Bicentenario, aunque “con una rebaja”. El precio que se negoció fue de 365 mil dólares al día. l

 Revista Proceso # 2059, 16 de abril de 2016.. ‘

Laberinto de empresas fantasma para exprimir a Pemex/

JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y MATHIEU TOURLIERE

José Ramiro Garza Cantú –un empresario cercanísimo al poder desde hace 40 años y dueño del diario La Razón– armó una estructura planetaria de compañías offshore para rentarle tres plataformas de exploración a Pemex. El tamaulipeco se valió de los servicios de Mossack Fonseca para urdir empresas fantasma en varios continentes, conseguir préstamos, librar auditorías, evitar el pago de impuestos y, finalmente, cobrarle 1 millón y medio de dólares diarios a Petróleos Mexicanos. Y, según la información disponible, hasta la fecha las plataformas no le han dejado un solo peso de ganancias al país.

Antiguo contratista de Petróleos Mexicanos, José Ramiro Garza Cantú es uno de los mexicanos más beneficiados de las empresas offshore de Mossack Fonseca. Con la ayuda del despacho panameño especializado en paraísos fiscales, integró una vasta red de compañías de papel para rentarle a Pemex plataformas para la exploración en aguas profundas por casi 1 millón y medio de dólares al día, sin que a la fecha se haya anunciado hallazgo alguno.

Con 84 años recién cumplidos y nacido en Reynosa, Tamaulipas, Garza Cantú es desde hace casi cuatro décadas contratista de la principal empresa del Estado mexicano. Sus relaciones económicas con Pemex las comenzó en los setenta al lado del entonces poderoso líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, su paisano ya fallecido Joaquín Hernández Galicia, La Quina.

Las distintas administraciones de Pemex durante los gobiernos priistas lo hicieron crecer como contratista. Pero fue en el gobierno del panista Felipe Calderón cuando consiguió multimillonarios contratos para encaminarse en la explotación de lo que el expresidente llamó “un tesoro escondido en el fondo del mar”.

El gobierno de Enrique Peña Nieto se los ha ampliado hasta diciembre del próximo año, a pesar de que la empresa estatal enfrenta la caída de los precios internacionales del crudo. Apenas la semana pasada, la Secretaría de Hacienda anunció una inyección de 123 mil 500 millones de pesos para pagar a proveedores y reducir su deuda.

Para lograr los millonarios contratos, Garza Cantú recurrió a complejas estructuras financieras que impulsó desde el inicio del gobierno de Calderón a través de dos grandes operadores: el propio Mossack Fonseca y la firma Igmasa, experta también en la creación de empresas en paraísos fiscales e involucrada en escándalos de evasión de impuestos en la compra-venta de jugadores en el futbol europeo.

Gracias a esas estructuras, Garza Cantú es ahora uno de los pocos mexicanos que ha capitalizado “el tesoro” anunciado por Calderón, según muestran los documentos que forman parte de la investigación periodística internacional #PanamaPapers, de la que Proceso formó parte.

El periódico alemán Süddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de/) obtuvo de manera anónima 11 millones y medio de documentos sobre las operaciones de Mossack Fonseca en paraísos fiscales de todo el mundo desde su creación, en 1977, hasta diciembre pasado. La investigación fue coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés, https://www.icij.org/) que la compartió con más de cien organizaciones periodísticas en el mundo.

El pasado domingo 3, cuando Proceso dio a conocer en proceso.com.mx los resultados de la investigación, los nombres de José Ramiro Garza Cantú y su hijo José Ramiro Garza Vargas fueron identificados como dos de los clientes más importantes de Mossack Fonseca en México. Sus archivos suman miles de correos electrónicos, imágenes, actas y otros documentos.

 Requerido antes de esa publicación, Garza Cantú, propietario del periódico La Razón, no respondió a las llamadas de Proceso. Pero una vez que los Panama Papers se habían convertido en noticia mundial, el Grupo R, conglomerado de las empresas del contratista de Pemex, emitió un comunicado de prensa para justificar sus operaciones offshore.

 Fechado el jueves 7, el comunicado fue firmado por Enrique Tovar, director de Planeación de Grupo R y quien ha participado como directivo en algunas de las sociedades offshore con las que Garza Cantú ha obtenido los contratos para el arrendamiento de plataformas petroleras a Pemex.

 En su comunicado, Tovar defendió la legalidad de las empresas offshore y las señaló como necesarias para la operación de Grupo R. Sin embargo, desvió el tema hacia el arrendamiento de embarcaciones para Petróleos Mexicanos.

 Apenas de soslayo se refirió al arrendamiento de plataformas petroleras de aguas profundas. Y mucho menos mencionó el laberinto de empresas offshore que ha creado el grupo para obtener los contratos de arrendamiento.

 En los archivos de Mossack Fonseca se documenta la maraña de empresas a través de las cuales el Grupo R le renta a Pemex tres plataformas de aguas profundas con las que obtiene cerca de 1 millón y medio de dólares al día. Se trata de las plataformas Centenario y Bicentenario, en la costa de Veracruz; y Muralla IV, en el litoral de Tabasco. Las tres tienen bandera de Panamá, con las ventajas fiscales que eso representa.

 Las operaciones en paraísos fiscales le han permitido a Garza Cantú también, ya en el gobierno de Peña Nieto, crear cuatro fundaciones en el paraíso fiscal de Seychelles, también con el apoyo de Mossack­ Fonseca, firma que tras el escándalo de los #PanamaPapers es investigada por la Fiscalía Anticorrupción de Panamá.

 Clave en la creación de las estructuras offshore de Garza Cantú es el despacho Igmasa, que tiene su sede en el principado de Andorra, un paraíso fiscal en Los Pirineos.

 Igmasa fue fundado en 1987 y es cliente de Mossack Fonseca desde inicios de los años 2000, con el que tenía “más de 50” sociedades operativas en 2010, según correos electrónicos obtenidos por el ICIJ.

 En los archivos de los Panama Papers, Proceso encontró que entre 2009 y 2015 Igmasa creó tres empresas en Hong Kong para Garza Cantú; a las que se suman tres en Bélgica, dos en Uruguay, cinco en Seychelles, una en Gibraltar, otra en Luxemburgo, dos en Portugal y una en Inglaterra. Además, incorporó cuatro fundaciones en Seychelles para el empresario y su hijo, y participó en transacciones multimillonarias con bancos de Europa y Estados Unidos que el magnate realizó a través de estructuras offshore.

 A pesar de la intensa colaboración entre las dos firmas dedicadas a la creación de empresas offshore, el 12 de febrero de 2010 Ignasi Maestre, uno de los socios del despacho Igmasa Management, envió un correo electrónico a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, los fundadores de Mossack Fonseca, para expresarles su “descontento en el funcionamiento de su oficina de Hong Kong”.

 La palabra “descontento” era un eufemismo. Desde el 9 de diciembre de 2009 Igmasa había solicitado a la oficina de Mossack­ Fonseca en Hong Kong que cambiara “urgentemente” las acciones de Luntam Holding, una empresa ficticia incorporada en la ciudad china. El nuevo accionista debía ser Sabia Drilling Business S.A., una sociedad incorporada en Seychelles en 2009.

 Pero tanto la oficina de Mossack Fonseca en Hong Kong como su proveedor multiplicaron los errores –incluso enviaron los documentos a Johannesburgo en lugar de Andorra– y el proceso se demoró dos meses. Además, se negaron a seguir una instrucción de Igmasa: posfechar los documentos para que Sabia Drilling Business apareciera como accionista desde el 1 de diciembre de 2009.

 La urgencia se debía a que Igmasa gestionaba una importante operación de compra de activos para la familia Garza Cantú, la cual implicaba dos préstamos por un total de más de 495 millones de dólares para afianzar su relación comercial con Pemex.

 El 22 de enero de 2010, los despachos Deloitte y Clifford Chance iniciaron una auditoría jurídico-fiscal de la compleja estructura offshore que Igmasa había armado para la operación. Cuando Maestre envió el correo a Mossack Fonseca, el despacho de Andorra se encontraba bajo mucha presión, pues debía presentar a los auditores los documentos que se estaban tramitando en Hong Kong.

 Un mes después, Igmasa pudo resolver los problemas con sus auditores, pero Garza Cantú estuvo a punto de perder un jugoso negocio: el arrendamiento a Pemex de la plataforma de perforación semisumergible Centenario GR, por el cual el empresario cobra 495 mil dólares diarios a la paraestatal desde su puesta en operación, en julio 2011.

 La operación de compra de la plataforma resultó de una ingeniería offshore de suma complejidad, la cual articuló una empresa en Seychelles, otra en Hong Kong –así como su subsidiaria en Bélgica– y una última sociedad incorporada en Portugal.

 “El tesoro escondido”

 A partir de la presentación de su fallido proyecto de reforma energética, en abril de 2008, la administración de Felipe Calderón insistió en la importancia del petróleo en aguas profundas para el futuro de México. El proyecto había arrancado meses antes, y Garza Cantú ya era un elemento central en ello.

 En junio de 2007, Pemex Exploración y Producción (PEP) –entonces a cargo de Jesús Reyes Heroles– otorgó una serie de multimillonarios contratos para la instalación y el arrendamiento de cuatro plataformas perforadoras semisumergibles en aguas ultraprofundas del Golfo de México.

 Las empresas ganadoras fueron Industrial Perforadora de Campeche –filial de Grupo R–, con un contrato de cerca de mil millones de dólares; la inglesa Sea Dragon Offshore –958 millones de dólares–, la estadunidense Noble Corporation –530 millones de dólares– y la noruega PetroMena –942 millones de dólares–.

 PetroMena obtuvo uno de los contratos a pesar de que se encontraba en crisis, y en mayo de 2009 ocurrió lo anunciado: la empresa noruega se declaró en quiebra y se puso a disposición de una Corte estadunidense para proceder a la venta de sus bienes, entre ellos la plataforma PetroRig III, destinada a ser arrendada a Pemex.

 Fue una oportunidad de negocio más de Garza Cantú con Petróleos Mexicanos. A través del despacho Igmasa, empezó a maniobrar desde marzo de 2009 para comprar esa plataforma, que más tarde se conoció como Centenario GR.

 Los documentos filtrados muestran que, el 18 de ese mes, la filial de Mossack Fonseca en Seychelles constituyó la empresa Sabia Drilling Business, S.A.,cuyos primeros directores fueron Garza Cantú y Garza Vargas. En junio siguiente, traspasó Luntam Holding Limited, una sociedad de Grupo R en Hong Kong, a la administración de Mossack Fonseca.

 El despacho de Andorra actuó con urgencia y en 10 meses tenía su estructura preparada. Sabia Drilling se adueñó de las acciones de Luntam Holding Limited y de Rubicon Drilling Services, una empresa fantasma establecida en el archipiélago de Madeira en Portugal, que goza de un régimen tributario equivalente al de un paraíso fiscal.

 En febrero de 2010, la agencia Moody’s adelantó que Pemex otorgaría el contrato de arrendamiento de la plataforma PetroRig III a Grupo R, pese a que la calificadora había advertido que el corporativo del tamaulipeco era de “limitada experiencia” en operaciones de aguas profundas.

 Para comprar la plataforma, trasportarla hacia el pozo e instalarla –lo cual tuvo un costo de 660 millones de dólares–, Grupo R obtuvo dos préstamos de BBVA Bancomer, el primero por 225 millones y el segundo por 270 millones de dólares, que fueron protegidos por dos acuerdos prendarios.

 En ese esquema, no fue directamente Grupo R el que adquirió la plataforma, sino RDS Ultra-Deepwater Ltd., establecida en las Islas Caimanes y filial de la empresa Rubicon Drilling Services.

 unto con Luntam Holding, Rubicon Drilling Services compró en 2009 a la belga Wilemprom SPRL, firma que en los archivos de Mossack Fonseca se describe como empresa de “inversiones de compañías”.

 La mesa estaba puesta. Desde entonces, Rubicon Drilling Services arrienda la plataforma Centenario GR a la empresa de papel belga; la cual a su vez la subarrienda a Grupo R Exploración Marítima, que la renta a PEP por 495 mil dólares al día.

 Esquemas similares

 Igmasa Management armó otros dos esquemas similares para la familia Garza Cantú. El primero lo empezó en junio de 2007, al inicio del gobierno de Calderón, cuando Industria Perforadora de Campeche (IPC) S.A. de C.V., obtuvo el contrato de Pemex para operar una plataforma en las aguas profundas del Golfo de México.

 En ese caso, la empresa de Hong Kong no se llamaba Luntam Holding, sino Asia Drilling Equipment Holding Limited; la portuguesa fue Utiledulci Comércio Internacional E Servicos; y la belga fue Euro Investments Maritime Equipment. La plataforma, construida por la empresa coreana Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, fue bautizada Bicentenario. Desde junio de 2011 IPC la alquila a Pemex por 530 mil dólares al día.

 Igmasa empezó a montar la tercera estructura con Mossack Fonseca en junio de 2011. En los documentos obtenidos por el ICIJ no aparece la finalidad de esa estructura.

 Además de las Centenario GR y Bicentenario, desde febrero de 2013 Garza Cantú renta a Pemex La Muralla IV, otra plataforma de perforación en aguas ultraprofundas ubicada a 148 kilómetros de la costa tabasqueña. En un requerimiento de información pública, Pemex informó que Grupo R Perforación Marina S.A. de C.V., arrienda además la plataforma Muralla IV a PEP por 489 mil dólares diarios.

 En 2014 Igmasa realizó una serie de reestructuraciones en las empresas a petición del empresario tamaulipeco. Con estos cambios, Cardalem S. A., una empresa que la familia Garza abrió en Uruguay en diciembre de 2008, se adueñó de las acciones de las sociedades de Hong Kong relacionadas con las plataformas. El primer director de la empresa uruguaya fue Enrique Tovar Milán, director de Planeación de Grupo R y director general de Grupo R Exploración Marina S.A. de C.V.

 Entre los movimientos más recientes registrados en los archivos de Mossack Fonseca, la filial de Mossack Fonseca en Seychelles incorporó entre 2014 y 2015 cuatro fundaciones cuyos beneficiarios son los Garza, padre e hijo. También recientemente, el gobierno de Peña Nieto le extendió hasta diciembre de 2017, los contratos de renta de las plataformas Centenario y Bicentenario, aunque “con una rebaja”. El precio que se negoció fue de 365 mil dólares al día. l