Militarización
disfrazada de Cruzada contra el Hambre/MARCELA TURATI
Revista Proceso # 1922, 31 de
agosto de 2013;
El puntal de la política social de Peña
Nieto, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, despertó críticas desde que lo
anunciaron, dado el enorme gasto y la rentabilidad política de la población que
pretende alcanzar. Ahora el plan que encabeza la secretaria de Desarrollo
Social, Rosario Robles, incluye la participación del Ejército y la Marina, pero
está provocando rechazo porque la presencia militar se interpreta como una
ocupación de territorios indígenas. Y sí. Los camiones militares llegaron a los
municipios que tienen policías comunitarias, por lo que un día los uniformados
llegan a cortar el pelo gratis y al siguiente van a capturar líderes locales.
A medio centenar de comunidades de La
Montaña y la Costa Chica de Guerrero llegaron, en agosto, camiones cargados de
soldados con brazaletes amarillos distintivos del Plan DN-III, que usa el
Ejército para auxiliar a la población en los desastres naturales. Aunque no
había una emergencia de ese tipo, los pobladores vieron a los recién llegados
bajar colchonetas, grandes ollas y cajas con víveres e instalarse en el corazón
de sus pueblos, donde colocaron amplias lonas con la justificación de su
presencia: “Cruzada Nacional contra el Hambre”.
Los presidentes municipales explican a
los comisariados ejidales que los soldados se quedarán unos meses (unos dicen
tres, otros seis) para alimentar a la gente, construir comedores comunitarios,
dar consultas y medicamentos, cortar el pelo gratis y enseñarles a las mujeres
a cocinar para los niños. Se instalarán en 500 comunidades.
Desde la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) esta estrategia fue bautizada inicialmente como “Plan DN-III
Social” y se aplica –según los críticos del proyecto– justo en poblaciones que
conservan una negra memoria del Ejército por su historial de violaciones a los
derechos humanos. Algunas, en este mismo momento están siendo perseguidas y
criminalizadas por haber creado su propia policía comunitaria.
Para algunos, la estrategia es de
ocupación y en este momento parece esquizofrénica. En comunidades como El
Paraíso, Ayutla, la gente ha visto llegar en los mismos días a “soldados
buenos” que alimentan a los niños e intentan fomentar nuevos hábitos
alimenticios, y a “soldados malos” que desarman a sus policías, someten a la
población y encarcelan a sus líderes.
Desde La Montaña de Guerrero, la región
que encabeza los índices más altos de miseria en el país, el antropólogo Abel
Barrera señala, preocupado: “Ahora resulta que se va a meter a la médula de la
vida comunitaria de los pueblos un actor armado que quiere tener el control de
la población a través de la dotación de alimentos. Esto es una
remilitarización”.
La estrategia ha puesto en un dilema a
las comunidades. Varias han anunciado su rechazo a la presencia del Ejército
aunque eso implique pasar hambre.
Los soldados fueron introducidos en
varias poblaciones de La Montaña y la Costa Chica de la mano de la titular de
la Sedesol, Rosario Robles, quien anunció el 13 de agosto que será en 500
pueblos de 27 municipios de la entidad donde personal de la Secretaría de
Marina Armada de México (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
instalarán igual número de comedores.
“Se pusieron en marcha hoy una serie de
tareas relacionadas con la alimentación, con la salud, y el mejoramiento de la
calidad de vida de todas estas comunidades (…) Estamos iniciando con brigadas
médicas, todas estas labores las estamos haciendo conjuntamente con la Comisión
de los Pueblos Indígenas, Sedesol, y con la Sedena y la Marina, que con su
tradicional labor social y humanitaria nos está ayudando con esta tarea para
poder fortalecer este acceso a la salud”, anunció Robles en Acapulco.
La acompañó en la conferencia y en los
recorridos Nuvia Mayorga Delgado, la titular de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y el subsecretario de Desarrollo
Comunitario y Participación Social de la Sedesol, Javier Guerrero.
En los pueblos, especialmente en La
Soledad, Tlapa, la funcionaria estuvo rodeada de militares, quienes hicieron
una demostración culinaria y de sus dotes de orientadores nutricionales;
también jugaron con los niños.
Robles anunció que no llegaron para
quedarse. “Militares sólo construirán comedores, luego se irán”: así tituló una
de sus ediciones el periódico El Sur, parafraseando a la funcionaria. Según el
boletín de prensa que aparece en la página de la Sedesol, un militar explicó el
Programa Nacional de Comedores Comunitarios y Brigadas Médicas.
Dijo a su vez la experredista. “Hay una
situación de mucho abandono, de mucha pobreza, de mucha desigualdad, que
requiere de atención urgente. Estamos entrando de manera emergente con esta
labor humanitaria del Ejército, pero los comedores quedarán en manos de la
Sedesol, en un esquema comunitario de organización de las mujeres, quienes van
a comandar. Son mujeres de las comunidades, las madres de esos niños y niñas,
quienes van a tener en sus manos el proyecto de comedores, con nuestra
supervisión”.
El director del Centro de Derechos
Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, califica el uso del Ejército
en la estrategia Sin Hambre como “grave”, “alarmante”, una “burla” y una falta
de respeto a las luchas de los pueblos para exigir que los militares rindan
cuentas a la sociedad.
Indica que las brigadas se están
instalando en las comunidades indígenas y campesinas de la Costa Chica y La
Montaña que han conformado sus propios sistemas de seguridad comunitarias.
“Fue muy sorprendente el anuncio de que
el Ejército se encargará del tema del hambre en La Montaña, donde los pueblos
han luchado por la salida del Ejército por las violaciones a los derechos
humanos, los daños que ha causado, violaciones sexuales, ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones, torturas documentadas y los abusos en el
combate a las drogas”, dice Barrera.
Y enfatiza que su actuación en la zona
le ha valido sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos,
además de que la lucha de las comunidades generó la resolución de la Suprema
Corte de la Justicia de la Nación a favor de ponerle controles y reformar el
fuero militar para que las violaciones a derechos humanos sean investigadas por
civiles.
“Para nosotros (la presencia de
soldados) es una remilitarización, una manera diferente de volver a intentar
ocupar los territorios de estas poblaciones y usar al hambre hasta
transformarla en una estrategia de control social, de temor y sometimiento a la
población civil, dejando el derecho a la alimentación a manos del Ejército”,
señala el activista.
El plan inicial
En los documentos elaborados por la
Sedesol donde se orquestó la estrategia Sin Hambre, se lee una mención al
programa que en un inicio era llamado “DN-III Social” de la Sedena.
El objetivo de Sin Hambre, según los
papeles que este semanario pudo revisar, eran: “Dar acceso real a servicios
integrales de salud, dotación de medicinas y disponibilidad de un médico.
Construcción, rehabilitación y equipamiento de centros de salud”.
En esa documentación original no se
asignaba a la Sedena la tarea de alimentar a la población. Los cursos de
nutrición, hasta antes del escándalo mediático, serían proporcionados por la
trasnacional Nestlé, encargada de formar redes de promotoras nutricionales.
En una de las presentaciones en Power
Point de la estrategia se establece que la erradicación de la carencia
alimentaria de la población en pobreza extrema se hará por medio de “tiendas,
lecherías, comedores escolares, comedores comunitarios, huertos familiares,
complementos alimenticios”, pero se involucra únicamente como corresponsables a
la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Sedesol (a
través de la distribuidora de leche Liconsa y el sistema de abasto Diconsa), el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ( Sagarpa), y la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Desde el principio la Sedena y la Semar
formaron parte de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la
Cruzada Nacional Contra el Hambre, integrada por los titulares de todas las
dependencias. También tienen un asiento en los consejos estatales creados
expresamente para aplicar la estrategia.
En Guerrero, el convenio firmado con la
federación incluyó la presencia de la Sedena en los comedores. Sin embargo, en
el vecino estado de Oaxaca esa tarea corresponde al DIF, el órgano encargado de
velar por el bienestar de las familias.
Disfraz humanitario
En Cochoapa El Grande, el municipio más
pobre de México, por ejemplo, medios locales publicaron que los militares
ofrecieron de entrada servicios de peluquería, así como las ollas populares.
También se registró su presencia en los
municipios de Ayutla, Tecoanapa, San Luis Acatlán y Tlapa; la mera mata del
modelo de policías comunitarias, con casi dos décadas en la región.
Según el diario Reforma, los militares
sorprendieron a los integrantes de la policía de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC) mientras marchaban en Tixtla contra la reforma
energética y en repudio a la presencia de la Marina y el Ejército.
“En la calle principal de Tixtla estaba
estacionado un camión vacío del Ejército Mexicano y dentro de las instalaciones
de una escuela de educación primaria había decenas de efectivos militares que
llegaron aquí como parte del DN III –consignó el diario–. La presencia del
Ejército causó extrañeza en la gente de esta localidad, ya que no existe una
situación de desastre natural.”
A través de un megáfono Roberta Campos,
trabajadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, dijo: “Compañeros, la
presencia del Ejército aquí en Tixtla dicen que es para instalar comedores por
el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero en realidad están
aquí para hostigar e intimidar a la policía comunitaria”.
Percepciones similares se registran en
el municipio de Ayutla.
Arturo Campos, que asesora a la CRAC de
la Casa del Paraíso y quien denunció la irrupción de militares en las
comunidades na savi, informa que rechazaron la estrategia contra el hambre por
la presencia del Ejército.
“El pretexto es instalar cocinas
económicas en las comunidades. La otra vez los sacamos de El Paraíso; tuvimos
problemas con ellos cuando con la Marina, la Policía Federal, la estatal y la
municipal detuvieron a 13 personas. Y supuestamente, entre la cruzada y otra
cosa, ayer entraron 60 carros del Ejército entre tráilers, tanquetas… Se
llevaron a los 39 presos que teníamos por delincuencia”, afirma.
Campos denuncia que los militares
ingresaron armados a San Luis Acatlán, Olinalá, Huamuxtitlán, Alpoyeca,
Atlixtac y Tixtla, en nombre de la cruzada, y nadie sabe cuánto tiempo
permanecerán.
“Hicieron reuniones con comisarios y
pueblo en general diciendo que iban a beneficiar, a dar de comer a los niños,
ese fue el engaño. Sabemos que ese fue el pretexto para entrar en territorio
comunitario. Ellos entran armados. Es mentira lo que dice Rosario Robles, que
entra sin armas el Ejército a las comunidades. La gente sí quería porque la
estaban engañando. Ahorita ya se enteraron de esa situación y hay un rechazo
total a esas cocinas porque dicen que es un pretexto para incursionar en la
zona”, dice.
El día de la entrevista, los militares
acababan de irrumpir para capturar a a Néstora Salgado García, lideresa de las
autodefensas de Olinalá. En conferencia de prensa, ella recientemente había
señalado que el gobierno federal ocuparía a los soldados para “peinar señoritas
y para cocinar, no para defender a las poblaciones”.
El 21 de agosto, día de la detención de
Salgado, la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y
Popular (CRSJ-PCP) envió un comunicado en el que califica a la Cruzada Nacional
Contra el Hambre como una política perversa: “No tiene intención de combatir la
pobreza y el hambre, sino de combatir a las organizaciones sociales y
políticas, militarizar a las comunidades y, sobre todo, de combatir a las
comunidades organizadas por la seguridad, como es el caso de la CRSJ-PCP”.
El grupo refiere que los soldados
fueron a las comunidades acompañados de personal de la CDI, Sagarpa, Sedesol,
Sedatu y los ayuntamientos, prometiendo obras y servicios sociales, mientras
que más de mil efectivos del Ejército y de la Marina mantienen retenes en los
caminos comunitarios, con lo que –dice la organización mencionada– hostigan a
ciudadanos y organizaciones.
Según reportó la prensa, los indígenas
me’phaa del municipio de Malinaltepec, específicamente en las comunidades La
Lucerna, La Ciénega y Tapayoltepec –territorio de la CRAC–, rechazaron la
cruzada porque la consideran un engaño más del gobierno.
Diarios locales informaron que el
regidor de Ecología, Plácido Dolores, acompañado de otros miembros del
ayuntamiento, planteó a los comisarios ejidales que los soldados atenderían el
comedor comunitario durante tres meses, apoyarían los trabajos sociales y
ampliarían los padrones de los programas Oportunidades, Procampo y 65 y Más,
entre otros.
Tras una reunión, el 15 de agosto de
2013, quedó constancia del rechazo de la ayuda oficial por la comisaría
municipal de San Mateo, también de Malinaltepec, que asentó en el acta:
“Estando reunidos en la comisaria Mpal.
Constitucional para analizar el punto primordial que es la CRUZADA CONTRA EL
HAMBRE, por mayoría de votos se acordó no aceptar el programa ya citado arriba,
del gobierno federal. Pretende implementar programas y proyectos para engañar a
los ciudadanos de diferentes estados de la República Mexicana mediante la
aplicación del IVA en alimentación, medicina, gasolina, educación y proyectos;
estas medidas ocasionarían la privatización de la riqueza de la nación. Los
ciudadanos de esta localidad rechazamos este proyecto ya mencionado”.
Para el director de Tlachinollan, Abel Barrera, el
criterio con que seleccionaron a las comunidades es un misterio, pero se le
hace sospechoso que compartan una característica: disputan en este momento su
derecho a su propia policía comunitaria y a la defensa de su territorio, en
vista de que el Estado dejó de brindarles seguridad. (Con información de Pedro
Matías y Ezequiel Flores.)
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