Raúl
Cervantes Andrade El hombre clave de Peña Nieto/JENARO VILLAMIL
Revista Proceso # 1922, 31 de
agosto de 2013;
A partir de este domingo 1 de
septiembre, el priista Raúl Cervantes
Andrade preside la Mesa Directiva del Senado y será quien encabece las
discusiones y la eventual aprobación de la reforma energética. Cercano a
Enrique Peña Nieto, al Consejo Coordinador Empresarial y a hombres de negocios
del ramo gasero –estuvo casado con
Angélica Fuentes, La Reina del Gas–, Cervantes presentó ya en 2007 una
iniciativa en la que abogaba por la participación de la iniciativa privada en
Pemex. Hoy vuelve a la carga, con todo el apoyo de Los Pinos…
El priista Raúl Cervantes Andrade
–abierto promotor de la privatización de Pemex y de los contratos de
exploración a particulares– será a partir de este domingo 1 el presidente de la
Mesa Directiva del Senado, precisamente la cámara donde se procesará la reforma
constitucional en materia energética del presidente Enrique Peña Nieto, además
de la fiscal y hacendaria, ambas prioridades de su gobierno.
Desde el 26 de abril de 2007, como
integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en la LX
Legislatura, Cervantes Andrade presentó una iniciativa que apoyó el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) y los magnates del gas de Chihuahua.
En ella propuso reformar tres artículos
de la Ley Reglamentaria del 27 constitucional para permitir a Pemex celebrar
contratos “compartidos” en producción y utilidades en materia de exploración y
explotación de hidrocarburos, así como modificar la Ley Orgánica de Pemex para
crear un nuevo consejo de administración en el cual participara la iniciativa
privada y la paraestatal pudiera abrir hasta en 20% las acciones a los
inversionistas (Proceso 1636).
Para
Francisco Rojas Gutiérrez, presidente de la Fundación Colosio y director de
Pemex durante el salinismo, la iniciativa de su correligionario constituía,
dijo, “la estrategia más peligrosa” para privatizar el sector energético.
Hoy, Rojas Gutiérrez está al frente de
la Comisión Federal de Electricidad y Cervantes preside el Senado en el proceso
más ambicioso de la reforma energética.
Presidente
de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales durante el primer año
de la actual legislatura, a Cervantes se le
identifica como uno de los senadores más estrechamente vinculados al
coordinador de la bancada priista, Emilio
Gamboa Patrón, y con “derecho de picaporte” en Los Pinos.
El vínculo entre Peña Nieto y el
senador se fortaleció durante la campaña electoral de 2012. Cervantes ha sido
asesor jurídico de poderosos grupos empresariales, como la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga (Canacar), la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN)
y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).
Cervantes también jugó un papel clave
en la defensa jurídica del candidato presidencial priista durante el escándalo
del Monexgate. Fue el responsable de entregar a la Procuraduría General de la
República la documentación y la argumentación jurídica para rechazar la compra
de votos y la triangulación ilegal de dinero a través de Monex.
Y aun cuando admitió que el PRI utilizó
7 mil 851 tarjetas de prepago para distribuir 66.32 millones de pesos a su
estructura electoral, negó que fuera por un monto superior a los 250 millones
de pesos y que ese partido hubiera realizado la transacción directamente.
Como coordinador de Asuntos Jurídicos
del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la campaña de 2012, contratacó también
al empresario mexicano-estadunidense José Aquino, quien denunció públicamente
un supuesto intento de extorsión en la compra-venta de espacios publicitarios a
favor de Peña Nieto en televisoras de Estados Unidos.
Y
aunque se le mencionó como posible consejero jurídico de la Presidencia de la
República, terminó en la LX Legislatura del
Senado, donde se le asignó la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
Desde esa posición ha desempeñado un
rol protagónico en la aprobación de las reformas constitucionales emanadas del
Pacto por México: la educativa, la de telecomunicaciones y, ahora, la
energética. En ellas ha favorecido la posición de los grupos empresariales.
Consultados por Proceso, senadores que
dictaminaron la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y de
radiodifusión sostienen que Cervantes trató
de desechar las propuestas consensuadas en las consultas públicas para aminorar
el sesgo que la iniciativa presidencial tenía a favor de las televisoras,
especialmente de Televisa.
La cercanía de Cervantes con el
consorcio de Emilio Azcárraga Jean data de hace años. Durante la discusión en
la Suprema Corte de Justicia sobre la Ley Televisa, en 2006, el entonces
diputado federal consideró que la decisión de los ministros de declarar
inconstitucional el refrendo automático de las concesiones ponía en riesgo “la
seguridad jurídica, financiera y de inversión de todas las concesiones del
Estado”, no sólo las de radiodifusión.
En marzo de 2008, como integrante de la
LX Legislatura en San Lázaro, formó parte de la comisión investigadora de los
contratos con Pemex Refinación, firmados por Juan Camilo Mouriño, entonces
secretario de Gobernación y accionista de la empresa Ivancar, que recibió más
de 100 millones de pesos en contratos sin licitar.
as “investigaciones” de aquella
comisión sólo duraron dos meses. En ese lapso sólo citaron a comparecer al
director de Pemex Refinación, el ingeniero José Antonio Ceballos Soberanis; al
titular de la Secretaría de Función Pública, Salvador Vega Casillas, y al
presidente de la Canacar, Tirso Martínez.
–Díganos, ingeniero –intervino
Cervantes durante la comparecencia del director de Pemex Refinación–, ¿Mouriño
les habló por teléfono para pedirles algún contrato?
–¡De ninguna manera! –respondió
Ceballos.
Cervantes terminó su intervención
exonerando a Mouriño y apoyando las reformas energéticas de Felipe Calderón.
“Si
se aprobaran las reformas de Pemex que plantea el presidente Calderón, nos
ahorraríamos todas estas suspicacias”, comentó Cervantes, en clara referencia a
la participación de inversionistas privados en la paraestatal.
El apoyo de los gaseros
Doctor
en derecho corporativo por la Universidad Panamericana, exdirector de CEA
Abogados, Raúl Cervantes ha sido un exitoso
litigante cercano a grupos empresariales como Estrella Blanca, de Salvador Sánchez Alcántara, y también a
la poderosa Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN), en la cual se agrupan
los magnates más importantes del ramo que apoyan la apertura de Pemex, sobre
todo la inversión privada en gas shale.
En 2005 Cervantes se casó con la
empresaria de origen juarense Angélica
Fuentes Téllez, directora general por más de una década de Grupo Imperial,
bautizada como la Reina del Gas por las revistas de negocios. La unión civil no duró mucho tiempo, pero
los intereses del sector gasero y la posición del futuro presidente del Senado
sí. Desde 2008, Fuentes Téllez es
esposa de Jorge Vergara, dueño de Omnilife y del club de futbol Chivas.
Fuentes Téllez fue presidenta de la
AMGN durante dos periodos consecutivos entre 1996 y 2000 y es integrante de
Natural Gas Council y la American Gas Association, organismos vinculados a los
poderosos consorcios estadunidenses interesados en invertir en la explotación
del gas natural y del gas shale en México.
En su iniciativa que presentó en abril
de 2007, Cervantes propuso transformar Pemex “en un organismo público
descentralizado bajo el régimen de sociedad de interés público, cuyo capital
estaría conformado por las acciones de la serie A (80% de capital social) y
acciones de la serie B (20%).
“Los
títulos de esta serie podrán aportarse a un fideicomiso para que el público
(únicamente personas físicas mexicanas) adquiera derechos fideicomisarios sobre
los mismos. Las acciones serie B otorgarían derechos corporativos limitados y
dividendos.”
También propuso reformar los artículos
5 y 6 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional para abrir los
yacimientos transfronterizos a la inversión privada, otorgándole facultades a
la Secretaría de Energía para que, de manera coordinada con la Secretaría de
Relaciones Exteriores, negociara y suscribiera con empresas extranjeras
contratos para el aprovechamiento de los hidrocarburos localizados en regiones
transfronterizas, principalmente las del Golfo de México.
Con respecto a las reformas al artículo
6 de la Ley Reglamentaria del artículo 27, el entonces diputado insistió en
otorgarle a Pemex la facultad de celebrar “contratos de obras y de prestación
de servicios para explorar y desarrollar yacimientos y demás actividades que
requieran para poder explotar el petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos,
líquidos o gaseosos en tres modalidades”.
Una de esas modalidades, los “contratos
de exploración y desarrollo compartidos”, es muy similar al modelo de
“contratos de utilidad compartida” que propone la iniciativa actual del
presidente Peña Nieto. El entonces diputado federal describió estos contratos
“para ejecutar con sus propios medios y por su exclusiva cuenta y riesgo las
actividades de exploración y desarrollo. A cambio, podrá preverse una cierta
remuneración determinada”.
La propuesta –que permaneció en la
“congeladora” ante la modificación del proyecto calderonista– era muy similar a
la iniciativa de apertura impulsada por Angélica Fuentes Téllez desde que
presidió la AMGN y recibió el respaldo del CCE.
En octubre de 1997, en Nuevo México,
Fuentes Téllez animó a sus homólogos de Estados Unidos a invertir en conjunto
con compañías mexicanas, “como ya se hace con el gas natural”.
Fuentes
Téllez pertenece a una de las familias más acaudaladas de Ciudad Juárez. Su
padre, Valentín Fuentes Varela, fundó el Grupo
Imperial; su tío Miguel Zaragoza Fuentes es propietario de Hidrogás y de Z Gas.
En octubre de 1990, la agencia federal antidrogas de Estados Unidos (DEA, por
sus siglas en inglés) investigó a estas empresas por el ingreso de 3 mil 957
kilogramos de cocaína a territorio estadunidense en un tráiler de gas LP
(Proceso 1201).
Sus primos –de apellidos Zaragoza
Fuentes y Fuentes Zaragoza– han sido mencionados en escándalos como la
investigación de Amigos de Fox y en los casos relacionados con los feminicidios
en Ciudad Juárez. Uno de los hermanos de
Angélica, Valentín Fuentes Téllez, se casó con Karla Korrodi, hija de Lino
Korrodi, cerebro financiero de la campaña del panista Vicente Fox en el año
2000.
En los documentos elaborados por Pemex
para promover la inversión privada en la explotación de gas shale en México,
identifica cinco grandes reservas geológicas ubicadas precisamente en
Chihuahua, en la Cuenca de Burgos (Tamaulipas), en Tampico-Misantla, en Sabinas-Burro-Picachos
y en Veracruz. Según la paraestatal, se trata de “la cuarta reserva más grande
a nivel mundial de este tipo de gas”.
La agenda del Senado
En el próximo periodo ordinario de
sesiones, desde el Senado el gobierno federal y el PRI pretenden concretar los
temas pendientes de las reformas educativas y de telecomunicaciones, así como
las de transparencia y la político-electoral, pero sobre todo la energética y
la fiscal.
Durante el primer año del gobierno de
Peña Nieto, el procedimiento ha sido impulsar cambios constitucionales (sobre
todo en educación y telecomunicaciones) y posteriormente modificaciones a las
legislaciones secundarias.
El mismo procedimiento pretende
aplicarse al rubro energético. Hasta ahora sólo se conoce la iniciativa de
reformas a los artículos 27 y 28, enviada al Senado por el Ejecutivo federal.
Este mecanismo de aprobación y
procesamiento de las reformas se encuentra estancado a raíz del descontento
entre los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) por la aprobación fast track de las leyes secundarias en
materia educativa: la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación; la Ley del Servicio Profesional Docente
–que también debió aprobarse en el periodo extraordinario de sesiones por ambas
cámaras– se pospuso.
El Instituto Belisario Domínguez del
Senado realizó una consulta para incorporar observaciones a las reformas a los
artículos 3 y 73 de la Constitución, promulgada el 26 de febrero de 2013, pero
ninguna de las propuestas, sobre todo en materia de la Ley del Servicio
Profesional Docente, fue incorporada. Así consta en el documento Puntos clave
para la legislación reglamentaria de la reforma constitucional en materia
educativa, elaborado por el propio instituto y cuya copia tiene Proceso.
Algo muy similar podría ocurrir con la
reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Los senadores
aprobaron cambios a cinco artículos y dejaron 17 transitorios, pero los puntos
fundamentales quedaron pendientes para la legislación secundaria, así como la
integración de los integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones
(Ifetel).
Hasta ahora sólo se conocen los nombres
de los siete aspirantes a dirigir el Ifetel enviados por el Ejecutivo federal,
aun cuando no se han presentado las iniciativas en legislación secundaria, en
particular la llamada Ley Convergente, que sustituiría a la Ley Federal de
Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Ahí se espera “revisar con lupa” todas
las posibles trampas en contra de la reforma constitucional, según advierten
especialistas consultados por el reportero. Cervantes será quien encabece este
proceso de discusión en el Senado.
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