En torno a El monarca del subsuelo/

En torno a El monarca del subsuelo/

LA REDACCIÓN

Revista Proceso # 1958, 10 de mayo de 2014

PALABRA DE LECTOR

De la Secretaría de Hacienda

Señor director:

La nota El monarca del subsuelo, publicada en Proceso 1957, menciona que, a raíz de la propuesta de Reforma Energética, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá mayor influencia sobre el sector de hidrocarburos de la que tiene actualmente, y plantea que mucha de ella será discrecional. La descripción es incorrecta y denota una lectura parcial de la iniciativa, ya que la reforma propone cambios que darán mayor autonomía a Pemex, establecerán un esquema integral de pesos y contrapesos en todas las decisiones en el sector, y asegurarán un mejor manejo de los recursos provenientes de la renta petrolera, la cual seguirá siendo del Estado mexicano en todo momento.

Con respecto a Pemex, la reforma establece que el secretario de Energía será quien presida su Consejo de Administración (artículo 14 en la iniciativa de la nueva Ley de Pemex). Si bien la Secretaría de Hacienda participa en el Consejo, ello es como un consejero más, lo cual implica una disminución con respecto a los dos representantes que hoy tiene la SHCP en el Consejo. Se establece también que Pemex tendrá autonomía presupuestaria sólo sujeta a un techo de endeudamiento (balance financiero) y de gasto en servicios personales. Siempre y cuando Pemex respete esos techos globales de endeudamiento y de gasto, los cuales serán aprobados por el H. Congreso de la Unión, Pemex podrá realizar todos los ajustes que considere necesarios en cuanto a cómo asigna recursos a sus distintos proyectos (artículos 98 y 100 de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria). Hoy en día, Pemex requiere de autorización de Hacienda para hacer esos ajustes. Finalmente, Pemex tendrá libertad para escoger la forma en que desea obtener financiamiento, sólo sujeto a que al inicio de cada año se coordine, en igualdad de condiciones, con Hacienda para que haya una planeación sobre esas operaciones financieras con el objeto de que no se generen condiciones desordenadas en los mercados financieros (artículo 22 de la iniciativa de reforma a la Ley General de Deuda Pública). Hoy en día, Hacienda tiene poder de veto sobre todas las operaciones financieras de Pemex. Junto con esa mayor autonomía de Pemex viene una mayor responsabilidad, por lo que la empresa deberá ser más transparente y estar sujeta a auditorías realizadas por terceros. Por tanto, es claro que la Secretaría de Hacienda tendrá sólo una injerencia mínima en Pemex, en contraste con la observada en la actualidad.

 Con respecto a las asignaciones y los contratos, es necesario que la Secretaría de Hacienda esté involucrada para asegurar que la renta petrolera siga siendo del Estado en beneficio de todos los mexicanos. Sin embargo, la reforma establece un sistema donde diversas instituciones están involucradas para asegurar la presencia de contrapesos, evitar problemas de corrupción y establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos son las que deciden qué campos se le asignan a Pemex y qué contratos se van a licitar. También son las que establecen las condiciones técnicas de los contratos, como requerimientos de inversión y de contenido nacional. En cuanto a las condiciones fiscales de los contratos, la Secretaría de Hacienda establecerá algunas de ellas de antemano en los contratos, pero otras serán resultado de la licitación misma de los contratos. Esas licitaciones de contratos se llevarán a cabo por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no por Hacienda; serán resultado de una competencia entre diversos participantes, no será una asignación directa y discrecional; habrá sólo una variable de asignación: quien ofrezca más recursos al Estado mexicano, asegurando que con ello seguiremos recibiendo toda la renta petrolera; y todo el proceso de licitaciones será público y se darán a conocer todos los contratos y todos los ingresos y gastos asociados a los mismos (diversos artículos en el Capítulo II de la iniciativa de nueva Ley Reglamentaria en materia de Hidrocarburos). De nuevo, la reforma quita discrecionalidad a Hacienda y garantiza procesos más transparentes y la intervención de otras instituciones.

Respecto al uso de los recursos provenientes de la renta petrolera, hoy en día todos los derechos petroleros pasan por la Secretaría de Hacienda. Con la reforma, los ingresos asociados a las asignaciones y los contratos se canalizarán a través del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el cual será manejado por el Banco de México –no por la Tesorería de la Federación (artículo 3 de la iniciativa de nueva Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos). Las decisiones sobre el uso de los recursos del Fondo se llevarán a cabo por un comité técnico constituido por dos representantes del gobierno federal –los secretarios de Hacienda y de Energía–, una institución autónoma del gobierno federal –el Banco de México–, y cuatro miembros independientes que deberán ser aprobados por el Senado de la República (artículo 6 de la iniciativa de nueva Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo). Es claro que el gobierno federal no tiene mayoría en ese comité técnico, menos aún Hacienda. En todo momento, el Fondo deberá informar con total transparencia cuántos recursos se transfirieron al gobierno federal para su uso como parte de la Ley de Ingresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobados por el Congreso, y cuánto se está invirtiendo en otros activos como parte de una cuenta de ahorro de largo plazo (capítulo IV de la iniciativa de la nueva Ley del Fondo Mexicano del Petróleo). El objetivo de la única reserva de información que podrá establecer el Fondo es en cuanto a sus futuras inversiones para evitar que haya quien especule con los activos financieros en que éste vaya a invertir, pero una vez realizadas las inversiones correspondientes se informará todo el detalle de las operaciones. Asimismo, el Congreso de la Unión tendrá la última palabra en cuanto al uso de los recursos que se destinen al presupuesto (artículo 95 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria), y en ningún momento se propone que a través del Fondo se vayan a colocar acciones de Pemex. La creación de este Fondo y su funcionamiento es consistente con las mejores prácticas internacionales, como lo observado en Chile con su fondo de cobre o en Noruega con su fondo petrolero.

 Es claro entonces que la reforma planteada propone todo lo contrario a dar mayor discrecionalidad y control a la Secretaría de Hacienda. Lo que se está buscando es una mayor libertad para Pemex y un mejor manejo de la renta petrolera, privilegiando en todo momento la intervención de diversas instituciones en todos los procesos al mismo tiempo que se privilegia la transparencia y rendición de cuentas.

 Para brindar a sus lectores información correcta y veraz, agradezco la publicación de estos comentarios.

 Atentamente

 Pola Strauss Seidler

 Titular de la Unidad de Comunicación Social

 y Vocera de la SHCP

 Respuesta de la reportera

 Señor director.

 Permítame aclarar a nuestros lectores que fueron dos especialistas en derecho, el consejero independiente de Pemex Fluvio Ruiz y la diputada federal Loretta Ortiz Ahlf, quienes, en entrevista con la reportera, hicieron un análisis exhaustivo y puntual de la legislación secundaria propuesta por Peña Nieto para el sector energético.

 Sin entrar en el detalle de los aspectos técnicos descritos en el reportaje, remito, por ejemplo, a la página 15, donde Fluvio Ruiz advierte: “Hacienda no saca las manos de Pemex. En la práctica –y ahora por ley– los consejos los controla Hacienda, y en los contratos, que son la parte central de esta reforma, Hacienda se vuelve el gran controlador. Esta reforma convierte al titular de Hacienda en el todopoderoso”.

 Y es que, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LIH), el secretario de Hacienda estaría a cargo del contenido de un contrato, los costos, gastos e inversión, así como del pago de dividendos al Estado y a las empresas.

 A su vez, la legisladora Loretta Ortiz Ahlf plantea que el fondo petrolero sería manejado por un comité técnico presidido por su presidente, Luis Videgaray, y que tendría las facultades de proponer a la Cámara de Diputados cuánto hay que asignar al fondo del sistema de pensión universal, cuánto para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación, energías renovables, y cuánto para infraestructura. Esta ley secundaria, destaca la legisladora, invade facultades de la Cámara de Diputados, de modo que, si se aprueba, podría ser sujeta a “una controversia constitucional”.

 Por último, es preciso aclarar que, aun cuando la vocera de Hacienda dice en su carta que “en ningún momento se propone que a través del fondo se vayan a colocar acciones de Pemex”, el reportaje no señala tal cosa.

 Atentamente