Comunicado de
prensa R 48/15
LA
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA EL ASESINATO DE UN PERIODISTA Y EXPRESA SU
PREOCUPACIÓN POR LA DESAPARICIÓN DE OTRO EN MÉXICO
Washington,
D.C., 11 de mayo de 2015. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato
del periodista Armando Saldaña Morales, cuyo cuerpo fuera hallado sin vida el 4
de mayo cerca de la localidad de Acatlán de Pérez Figueroa, en el estado de
Oaxaca, 350 kilómetros al sureste de la Ciudad de México. Además, expresa su
preocupación por la desaparición del periodista Bernardo Javier Cano Torres en
la localidad de Iguala, Guerrero, e informada el 7 de mayo por la Fiscalía de
ese estado.
La
Relatoría manifiesta su preocupación e insta a las autoridades mexicanas a
actuar de manera pronta y oportuna para encontrar con vida al periodista
secuestrado y esclarecer los motivos del asesinato ocurrido, además de poner en
práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para identificar y
sancionar a los responsables.
De
acuerdo a la información disponible, Saldaña Morales trabajaba en la radio
"La Ke Buena 100.9 FM" de la localidad de Tierra Blanca, estado de
Veracruz, a unos 30 kilómetros del lugar donde fue hallado muerto con varios
disparos y signos de tortura. El reportero cubría noticias locales de política
y conflictos en la región.
El
procurador general de Justicia del Estado de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo
Ruiz, dijo a periodistas que iniciaron una investigación "para poder
establecer (…) si fue secuestrado en un inicio (…) o solamente fue asesinado en
territorio de Veracruz y dejado en este lugar de Acatlán de Pérez
Figueroa".
Según
la información aportada por el Estado mexicano, la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión está investigando
el caso, la Policía Federal Ministerial fue instruida para investigar los hechos
y a la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Policía
Federal se le ordenó investigar la línea editorial del periodista asesinado.
Los investigadores solicitaron además los posibles registros de cámaras de
vigilancia que pudieran existir.
En
tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México condenó el ataque
en un comunicado emitido el 7 de mayo e informó que "inició de oficio un
expediente de queja y atrajo el caso", "contactó a los familiares de
la víctima con objeto de expresarles su solidaridad y desplazó visitadores a la
zona".
El
Estado de Veracruz, donde vivía Saldaña Morales, es uno de los más peligrosos
en México para ejercer el periodismo. A comienzos de este año fue asesinado en
ese mismo estado el periodista y activista José Moisés Sánchez Cerezo, y
reporteros de esa zona han denunciado amenazas en numerosas ocasiones.
En
cuanto al periodista secuestrado en Guerrero, habría desaparecido junto con
otras tres personas que viajaban con él en una camioneta, y los autores del
crimen habrían pedido un rescate por ellos. Cano trabajaba en ABC Radio de
Iguala, en el programa "Hora Cero". La localidad de Iguala ha
registrado hechos de significativa violencia en los últimos meses y el estado
de Guerrero es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo en ese
país.
La
Fiscalía de Guerrero informó que está investigando el caso.
La
situación de violencia contra los y las periodistas en México ha sido motivo de
preocupación especial para esta oficina. La Relatoría Especial exhorta a las
autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual estos
ataques estarían asociados con el ejercicio de la profesión de los periodistas
y a poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para sancionar
a los responsables materiales e intelectuales.
Para
la Relatoría Especial es fundamental que el Estado esclarezca la causa de estos
crímenes y adopte medidas de reparación justas para los familiares del
periodista asesinado.
Además,
la Relatoría Especial considera que es fundamental evaluar de manera urgente si
deben activarse los mecanismos de atracción de manera que este caso pueda ser
investigado y judicializado de inmediato por las autoridades federales. Asimismo, considera esencial que se consolide
el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas y que se fortalezcan los mecanismos de coordinación
interinstitucional entre las autoridades federales y los distintos niveles del
gobierno para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de
protección.
El
principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la
CIDH señala: "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de
comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta
severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e
investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada".
La
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la
CIDH con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad
de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la
consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
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