Protegen Palacio Nacional con vallas por posibles ataques por la marcha de hoy...
Este domingo 25 de septiembre de 2022, el panista Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, reprochó el anuncio del c. Presidente de convocar a una consulta pública sobre la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad, y dijo que promover una consulta es una presión a los legisladores, cuando el proceso legislativo no ha concluido.
Lo acusó una intromisión indebida por parte del Ejecutivo.
"Promover una consulta cuando el proceso legislativo sigue en marcha es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados; la Constitución no puede modificarse mediante un sondeo a la opinión pública. Nadie puede hacer una consulta en contra de lo que la propia Constitución establece.
"Evitemos confrontar a dos poderes y que las facultades de cada uno se respeten, lo convoco a que busquemos la coordinación recíproca, que respete la pluralidad y las decisiones que se adopten por cada una de las cámaras", manifestó Creel en un videomensaje, difundido la tarde de este domingo, y grabado desde el recinto parlamentario de San Lázaro..
"Respetar nuestro trabajo es respetar la voluntad ciudadana", manifestó Creel.
Reacciones
"En el Senado no aceptaremos intromisión de la Cámara de Diputados", responde Ricardo Monreal a Creel
Monreal, calificó como una desmesura y un exceso acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de intromisión en el poder legislativo; “el trabajo de la Cámara de Diputados ha concluido, en Senado no aceptaremos intromisión de la Cámara Diputados o algún otro político”.
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Monreal: no me han desplazado en negociación de Fuerzas Armadas
Ricardo Monreal, negó que haya sido desplazado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el cabildeo y acercamiento con los senadores de oposición para tratar de convencerlos de que apoyen la ampliación del plazo hasta 2028 para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública.
“No me desplazó nadie, yo he estado tratando de construir los acuerdos y ellos —en su función de Ejecutivo— han estado conversando y platicando como siempre se hace, no hay nada extraño ni nada irregular, es parte de la colaboración entre Poderes y del diálogo que siempre se tiene entre legisladores y el Ejecutivo federal”, explicó.
“Yo no he sentido ninguna intromisión del Ejecutivo federal ni del secretario de Gobernación, con el que tengo respeto y un diálogo de colaboración entre Poderes”, abundó Monreal Ávila.
En entrevista con EL UNIVERSAL, destacó que sigue platicando con senadores de todas las fracciones parlamentarias para tratar de impulsar un nuevo dictamen, que incluso modifique el artículo quinto transitorio, que cuente con la participación y el respaldo de todos, no solamente del PRI.
“La idea no es bilateralmente con el PRI, yo estoy buscando a todos los grupos parlamentarios, no sólo a uno; de hecho, ya hablé con todos: PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PRI, PT y Verde. A todos los he buscado y con todos he hablado, y algunos de ellos ya tienen algunas ideas y propuestas, y vamos a ver qué sucede en los próximos días”, apuntó. (El Universal).
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Las columnas políticas hoy, lunes 26 de septiembre de 2022
OCHO COLUMNAS 26 DE SEPTIEMBRE:
1. Reforma. TOMA SSP CONTROL DEL ISSSTE. Ponen lupa a contratos
2. El Universal. GASTA GOBIERNO 85% DE FONDOS AHORRADOS DURANTE 20 AÑOS. Son parte de los recursos de los mexicanos obtenidos de excedentes recaudatorios para usarlos con fines de estabilización presupuestal
3. La Jornada. MEJÍA BERDEJA: PLAN DE SEGURIDAD PEGA A TODOS LOS CÁRTELES. Se han afectado sus recursos, armas y trasiego de drogas
4. Milenio. CÁRTEL JALISCO COMPRA PENTHOUSE DE 2 MDD Y PONE UN PIE EN DUBÁI. EU identifica a Hassein Eduardo Figueroa como el principal lavador de la organización criminal y ubica el inmueble en la Torre Marina Heigths
5. Excélsior. "NO HAY PRUEBAS EN CONTRA DE MILITARES". El general José Rodríguez Pérez asegura que las acusaciones en su contra y otros cuatro detenidos están basadas en la declaración de sólo un capo
6. El Financiero. TIENE GOBIERNO ‘GUARDADITO’ DE 150 MIL MDP EN EFECTIVO: YORIO. Podrían utilizarse los recursos como fuente de financiamiento o ‘colchón’ para la próxima administración
7. El Economista. 21.4% DEL GASTO EN INVERSIÓN FÍSICA, A PLANES PRIORITARIOS DE AMLO EN 2023. De acuerdo con la propuesta de Paquete Económico
8. La Razón. 8o ANIVERSARIO DE IGUALA, ENTRE CHOQUE DE INSTITUCIONES... Y DESAZÓN DE PADRES. “Sigue sin conocerse paradero de los 43"
9. 24 Horas. FALLAN LOS PRIMEROS PLANES VS. INFLACIÓN. Gas Bienestar se esfuma de informe presidencial
10. Reporte Indigo. CONTENCIÓN EN VILO. Los órganos e instituciones autónomas viven tiempos difíciles, pues además de los recortes presupuestales y del constante golpeteo que enfrentan desde Palacio Nacional, los nombramientos de muchos de sus integrantes se encuentran en pausa ante las complicadas condiciones legislativas en el Congreso de la Unión
11. La Crónica. POR LA PANDEMIA, MÉXICO RETROCEDE NUEVE AÑOS EN DESARROLLO HUMANO. Programa de las Naciones Unidas señala que la esperanza de vida de los mexicanos pasó de 75 a 71 años
12. El Sol de México. ADVIERTEN RIESGOS EN COMPRA DE MEDICINAS. 4T adelanta adquisición de 2 años
13-. EL HERALDO DE MÉXICO. QUIEREN TREN MAYA HASTA CENTROAMÉRICA. El Banco Centroamericano de Integración Económica proyecta 15 mil mdd para conectar con Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica y Belice.
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Templo Mayor/REFORMA;
¿QUÉ ES la doble moral? Es cuando el gobierno mexicano pide libertad para Julian Assange y lo llama "apóstol de la libertad de expresión" por revelar información confidencial y clasificada; y al mismo tiempo suelta a su jauría en redes digitales contra Peniley Ramírez... por revelar información confidencial y clasificada.
HOY desde la 4T pretenden dar clases de periodismo y de moralidad, siendo que ellos mismos se han encargado de pisotear el derecho a la información de las y los mexicanos, reservando información que debía ser pública, ocultando contratos bajo el pretexto de "seguridad nacional" o simplemente evadiendo responsabilidades con aquello de que tienen "otros datos".
¿A QUIÉN quiere encubrir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Sería bueno saber con quién hizo un pacto de silencio para que no se sepa la verdad de lo que pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Podrán rasgarse las vestiduras todo lo que quieran, pero la realidad ahí está, el relato de horror y sangre fue recopilado y revelado por el propio gobierno y el problema no es quién lo da a conocer... sino quién lo deja impune.
VAYA IMPERICIA demostró el gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando cientos de asistentes al concierto del Grupo Firme en el Zócalo dieron portazo, se saltaron las vallas y se lanzaron en tropel a ocupar los primeros lugares del escenario.
A LO MEJOR se debe a que su equipo está tan acostumbrado a llenar la Plaza de la Constitución con dóciles acarreados, que no supieron qué hacer con una multitud que llegó por gusto. Lo único bueno del asunto es que no hubo lesionados que lamentar.
LO MALO es que hoy será la marcha por el octavo aniversario de la masacre de Ayotzinapa y, justamente, los familiares y los actuales normalistas intentarán llegar hasta Palacio Nacional, que ya está más enrejado que un zoológico. Entre las pifias de Sheinbaum y la indignación por el crimen que sigue sin resolverse, a ver cómo se ponen hoy las cosas en la ya de por sí turbulenta Ciudad de México.
A SÓLO días de la toma de posesión de Américo Villarreal, los panistas de Tamaulipas siguen insistiendo en que la Sala Superior del Tribunal Electoral anule la elección. El fin de semana César Verástegui Aranda, hijo del derrotado candidato César "Truko" Verástegui, andaba presumiendo que el fallo venía en su favor. Lo raro es que el proyecto de dictamen confirma el triunfo del morenista. ¿Será que no está muy enterado o que sabe algo que no sabe nadie más? Es pregunta.
UNA DUDA para empezar la semana con la adrenalina a tope: si el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que cambió de idea y por eso ya no quiere regresar a los militares a sus cuarteles... ¿también cambiará de idea respecto a la posibilidad de reelegirse? Total, si ya le copió a Felipe Calderón, nada le cuesta copiarle a Hugo Chávez.
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Sin prisa el desafuero de Alito
Bajo Reserva/El Universal
Nos platican que, al interior de la Sección Instructora, que preside el diputado morenista Jaime Humberto Pérez Bernabé, determinaron esperar hasta el último minuto que la ley lo permite, para instalar dicho organismo legislativo, encargado de dar cauce a las solicitudes de desafuero que hay en curso, entre ellas, la del priista Alejandro Moreno Cárdenas, alias “Alito”. Será hasta este martes 27 de septiembre, cuando se realice el acto oficial, sin embargo, nos comentan que llama la atención que los guindas, que tenían mucha prisa en quitar el fuero a don “Alito”, ahora actúen tan parsimoniosamente. En la instalación, también se nombrará como integrantes al morenista Leonel Godoy, así como al panista José Elías Lixa, y al priista Rubén Moreira. ¿Por qué será que ahora a Morena no le corre prisa por quitarle el fuero a Alito? ¿Alguien tiene alguna idea?
Presidenciables panistas calientan motores
Nos hacen ver que, tras el desengaño sufrido con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, los presidenciables del PAN ha comenzado a moverse en la búsqueda de la candidatura azul al 2024. Nos dicen que solo en la semana que terminó, el hijo del legendario Maquío, Manuel J. Clouthier, se presentó ante la cúpula y la militancia del blanquiazul, en lo que muchos interpretaron como el regreso del hijo pródigo y su lanzamiento por la candidatura presidencial. En Monterrey, la senadora exmorenista, Lilly Téllez, se presentó y ya es considerada por algunos como aspirante presidencial. Para cerrar la semana, en Guanajuato, ante las juventudes panistas se presentaron el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda; la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y el diputado Juan Carlos Romero Hicks. El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, jugó de local durante un encuentro con exjuveniles panistas. Y para que no quepa duda, nos dicen, el próximo domingo habrá un foro de presidenciables panistas en la Ciudad de México.
Atorados, nombramientos de magistrados electorales
A su llegada hace unos días a la presidencia de la Comisión de Justicia, la expresidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, nos comentan, se encontró con un enorme rezago legislativo. Ante ello, nos dicen que una de las primeras acciones que llevará a cabo es reordenar y desahogar los dictámenes o minutas pendientes. Sin embargo, entre los principales rezagos en esa comisión están los nombramientos de magistrados electorales en varias entidades de la República, que siguen atorados desde hace más de un año por falta de acuerdos políticos entre los grupos parlamentarios. Las bancadas se dicen dispuestas a corregir esta omisión, pero lo cierto, nos aseguran, es que no ceden en su pretensión de colocar a sus cercanos, sobre todo en entidades clave como la Ciudad de México y el Estado de México.
Morena y sus 22 gubernaturas
Tras la toma de posesión de Mara Lezama Espinoza, como nueva gobernadora de Quintana Roo, se consolida la prevalencia en el mapa político del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador que alcanza ya 20 gobiernos estatales. Sin embargo, este número aumentará en breve a 22 cuando tomen posesión los gobernadores morenistas de Tamaulipas y Oaxaca. Con este récord el partido en el poder llegará al próximo año en el que se celebrarán comicios en Coahuila y la llamada joya de la corona, por su valor electoral en 2024 y por su abolengo priista, el Estado de México.
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Confidencial/El Financiero
La mano de Zaldívar en la Judicatura
Mucho ruido está ocasionando en círculos judiciales la promoción que realiza el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, de Alejandra Spitalier, para que ocupe el asiento que en el Consejo de la Judicatura dejó vacante la hoy ministra Loretta Ortiz. La razón es que, de los siete miembros del consejo, uno es el propio presidente de la Corte. Otros tres son designados por el pleno de la Corte. Se trata de Alejandro González, Sergio Molina y Lilia López. Dos más son nombrados por el Senado (entre ellos la posición vacante) y uno más por el Presidente. Es decir, la Corte, y especialmente quien será su presidente solo hasta diciembre, ya tiene tres magistrados. Lo que preocupa de Spitalier, actual secretaria general de la presidencia de la Corte, es que ha trabajado con Zaldívar desde el año 2002 y es una de las personas más cercanas al ministro. Si el Senado la designara, se romperían los equilibrios que el Legislativo buscó en la composición del Consejo de la Judicatura.
Los gobiernos de izquierda y los derechos humanos
El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró durante el Foro de Líderes Mundiales de la Universidad de Columbia, en Nueva York, que “el respeto a los derechos humanos no puede tener doble estándar”. El flamante mandatario abundó: “Realmente me enoja cuando eres de izquierda y entonces condenas las violaciones de derechos humanos en Yemen o El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua”. ¿Les habrá quedado el saco en la 4T?
Adán, en el Senado
En el Senado, se prevé que, mañana en la sesión ordinaria, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, comparezca como parte del análisis del cuarto Informe de Gobierno de López Obrador. Será interesante escuchar las respuestas del responsable de la política interior a las preguntas de la oposición, quienes la semana pasada lo acusaron de “presionar” para que votaran a favor de la reforma militarista. Eso sí, quien plantará a los senadores será la tía Tatis Clouthier, secretaria de Economía, pues reagendó la comparecencia programada para este lunes.
Le meten ritmo a la precampaña
Las corcholatas presidenciales de Morena estuvieron muy melódicas en el fin de semana. Por un lado, Claudia Sheinbaum, con su concierto del populachón Grupo Firme. En tanto, Marcelo Ebrard, aunque lejos de México, musicalizó sus redes con Los Temerarios, Los Cadetes de Linares y también entró en mood millennial con Dua Lipa. Ricardo Monreal, más auténtico, se fue de concierto a escuchar a sus paisanos y buenos rockeros Enjambre.
Autosuficiencia tecnológica
Lo critica mucho, pero algo podría aprenderle. Ayer Lorenzo Córdova, titular del INE, evidenció que él graba solito sus videos domingueros, pues olvidó cortar la parte en la que apaga la cámara, y no como el presidente López Obrador, quien siempre requiere ayuda para grabar sus clips para sus “benditas redes sociales”.
Jaleo en Toluca
En el Estado de México está sucediendo algo muy raro. Y es que algunos medios locales están ventilando datos de una investigación por parte del Órgano Superior de Fiscalización, aun cuando, por ley, los datos de una actuación así deben ser resguardados, tanto por la auditoría estatal como por las partes. Un análisis preliminar apunta a que las filtraciones vienen del actual gobierno de Toluca, que encabeza el aliancista Raymundo Martínez Carbajal. Voces toluqueñas dicen que, debido a la falta de resultados y con tal de distraer la atención de la presión social de la capital por falta de bacheos y el alza en la inseguridad, ha sido capaz de difundir dichos datos preliminares financieros del edil morenista anterior, Juan Rodolfo Sánchez Gómez.
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El Financiero
Estrictamente Personal
El pleito interno por Ayotzinapa/Raymundo Riva Palacio
Hoy se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en medio de un fuerte ruido provocado por el alza de expectativas que generó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que experimenta crecimientos decrecientes en su gestión, acercándose al fiasco, y provocó un nuevo conflicto muy serio al interior del gobierno que explotó públicamente este fin de semana al chocar con la Fiscalía General, y poner en la puerta de salida al fiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.
El pleito comenzó de manera soterrada a finales de agosto, luego que Encinas le solicitó a la Fiscalía General que pidiera órdenes de aprehensión en contra de 83 personas presuntamente vinculadas al caso, entre las que se encontraban los altos mandos militares y exfuncionarios federales y del gobierno de Guerrero. La fiscalía obtuvo las órdenes el 16 de agosto, y Encinas aprovechó la coyuntura políticamente para incendiar la pradera y acusar, sin pruebas, al entonces jefe del 27º Batallón de Infantería en Iguala de ordenar la muerte de seis normalistas que sobrevivieron la noche del 26 de septiembre.
La declaración de Encinas descompuso el frágil equilibrio que se había logrado dentro del gobierno federal, en particular con la Secretaría de la Defensa Nacional, al aceptar que se iniciaran procesos contra militares. También problematizó no solo la incapacidad del colaborador estratégico de Encinas, Gómez –la Fiscalía General tuvo que entrar a ayudarle a armar el expediente que dio lugar al informe de la comisión presidencial para el caso Ayotzinapa, que encabeza el subsecretario, difundido el 18 de agosto–, sino la idea en el gobierno de que sus intereses están alineados con grupos defensores de derechos humanos extranjeros y nacionales, en particular el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Internacionales (GIEI), del que fue empleado.
A finales de agosto, Gómez Trejo viajó a Israel para darle seguimiento a los trámites de extradición de Tomás Zerón, quien, como jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la vieja PGR, encabezó las pesquisas sobre la desaparición de los normalistas, y que Encinas cree puede llevar a encontrar toda la verdad sobre el crimen. El viaje de Gómez Trejo, revelaron personas que conocen de primera mano los entretelones, se debió a que Encinas y él piensan que el fiscal Alejandro Gertz Manero y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, los “están traicionando” por no acelerar la petición de extradición.
Mientras estaba en el Medio Oriente, fiscales de Gertz Manero pidieron la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, lo que provocó una queja de Gómez Trejo al juez federal Enrique Beltrán Santes, que lleva el proceso en contra de cuatro militares, por concederla. Sin embargo, de acuerdo con personas que conocen la ruta de las cosas, la cancelación no fue una sorpresa para la comisión que encabeza Encinas. Desde hace más de 15 días ya se había llegado a un acuerdo interno en el gobierno de que se suspenderían las órdenes que, según fuentes de la Secretaría de Gobernación, no las había solicitado Encinas, sino las había añadido Gertz Manero.
Este acuerdo iba caminando aparentemente sin turbulencia hasta este fin de semana, cuando Reforma publicó un extracto del informe de Encinas sin testar, donde los criminales revelan nuevos datos de cómo asesinaron a los normalistas y aportan nombres de altos funcionarios federales y locales que supuestamente fueron copartícipes. La publicación provocó la indignación de Encinas, que le pidió a la Fiscalía General que investigara quién filtró esa parte secreta del informe, sugiriendo que había salido de sus oficinas. El domingo, a través de fuentes anónimas, la Fiscalía General respondió en Excélsior que ya estaban investigando, pero a miembros de la Comisión de la Verdad por haber dado a conocer documentos confidenciales.
El pleito a periodicazos entre Encinas y Gertz Manero es una continuación de anteriores conflictos que detonó el subsecretario con múltiples imputaciones sin pruebas. La propia filtración que hizo públicos los choques carece también de sustento documental, porque quien la hizo no aportó las evidencias en las que sostiene las acusaciones. La entrega a la prensa de documentos secretos parece ser más una estrategia del ala dura en el caso Ayotzinapa, representada por Gómez Trejo, y como copiloto Encinas, que de la propia fiscalía por las suspicacias sobre el fiscal especial. Pero, al mismo tiempo, Encinas es quien resultó arrastrado por todos.
Dentro del gobierno hay miradas de sospecha que convergen en Gómez Trejo. Funcionarios federales sugirieron que las filtraciones tuvieron como detonante el nombramiento de Manelich Castilla como próximo secretario de Seguridad Publica de Quintana Roo, y a quien Encinas había señalado como “enlace operativo” en el caso Ayotzinapa, y había buscado una orden de aprehensión en su contra, lo cual llevaría, en su lógica, a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, quien en 2014 era subalterno de Castilla, comisionado en Guerrero.
La vinculación de García Harfuch provocó una llamada de reclamo a Encinas de una enfurecida Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por seguirlo imputando cuando había demostrado que en el momento que se dio la desaparición estaba comisionado en Michoacán. Que Castilla tampoco cayera, sino renaciera como servidor público, confió un experto, pudo haber motivado que el ala dura de Ayotzinapa, donde están prominentemente las organizaciones defensoras de derechos humanos, sintieran que sus principales objetivos, funcionarios federales y militares, se les estaban escapando. La probable salida de Gómez Trejo en unos días, como se espera, reforzaría esa percepción.
Precisamente en este contexto apareció la filtración en Reforma, el sábado, y copia de la resolución de la cancelación de las detenciones, en Proceso, ese mismo día. Ambos materiales provocan una implosión en la investigación del caso Ayotzinapa y colocan a todos en el gobierno contra la pared. Solo saber quién entregó varios documentos secretos a la prensa en un momento de crisis interna, le permitirá al gobierno saber donde está parado. Por lo pronto, se encuentra en un pantano.
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Sobre los homicidios (otra vez)/Alejandro Hope
El Universal,
La semana pasada, el periodista Jorge Ramos se presentó en una conferencia mañanera y cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador por su estrategia de seguridad.
En específico, Ramos se refirió al número de homicidios: “Desde que usted llegó al poder ha habido 126 mil 206 mexicanos, más que los 124 mil de Peña, más que los 121 mil de Calderón. Esto es lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado.”
El presidente respondió que no estaba de acuerdo y se refirió a la tasa de crecimiento de los homicidios por sexenio: “Este es Salinas, en su gobierno hubo un incremento en homicidios del 9.2 por ciento; con Zedillo hubo una disminución del 31.2 por ciento…Con Fox hubo un incremento de 1.6 de homicidios dolosos en su gobierno…192.8 por ciento con Calderón. Con Peña, 59 por ciento de incremento… Aquí entramos nosotros, mira cómo iba esto en tu proyección. Hemos logrado una disminución en el tiempo que llevamos de cómo encontramos la incidencia delictiva en homicidios hasta el día 20, hace unos días, de menos 10.6%”.
En este debate, los dos tienen razón y los dos están equivocados. Y ninguno tiene una buena comprensión de los datos que citó como evidencia.
Primero lo primero. En esta discusión, hay dos hechos básicamente incontrovertibles:
1) En este sexenio, el número absoluto de víctimas de violencia letal va a ser mucho mayor que en cualquiera de los anteriores. De hecho, se va a rebasar holgadamente el pronóstico de 190 mil personas asesinadas en el sexenio que presentó Ramos. Punto para el periodista.
2) Salvo que suceda algo inusitado, va a ser menor la tasa de crecimiento en el número de homicidios en el sexenio que en los dos anteriores. No sé si se vaya a cerrar con una disminución entre el último año de Peña y el último de López Obrador, pero ciertamente la curva se va a ver mucho más plana. Punto para el presidente.
Ahora los problemas:
1) Ramos comparó datos de fuentes distintas. Los 121 mil homicidios que le atribuye al sexenio de Calderón provienen del Inegi. Del sexenio de Peña Nieto, el dato señalado (124 mil) parece ser el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Y para el sexenio actual, usó de nuevo el SESNSP como fuente, pero ahora se refirió al número de víctimas de homicidio doloso (sin incluir las de feminicidio) de diciembre de 2018 a agosto de 2021. Este es un error analítico básico: esas series de datos no cuentan lo mismo, no se construyen de la misma manera y no se deben comparar sin más.
2) El presidente también hace comparaciones inválidas. Empezando por lo obvio: hace un contraste entre sexenios completos y algo más de medio sexenio. Si el gobierno de Peña Nieto hubiera terminado en 2016, podría haber presumido una caída con respecto al último año de Calderón. Segundo, usa datos de Inegi hasta 2021 (y para ese último año, datos preliminares); para 2022, recurre a un champurrado de datos del SESNSP y del conteo diario de homicidios de la SSPC. Por último, no se entiende qué está comparando con la tasa de crecimiento. ¿El total en lo que va del sexenio con el mismo periodo del sexenio previo? ¿Lo que va de este año con el cuarto año del sexenio de Peña? ¿El pico en el sexenio de Peña con el dato del mes pasado? Estoy seguro que ni el presidente tiene claro qué operación matemática hicieron para llegar a ese porcentaje.
En resumen, creo que necesitamos un mejor debate sobre la violencia homicida, menos centrado en el medallero de la letalidad sexenal.
alejandrohope@outlook.com
Twitter: @ahope71
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Caso Ayotzinapa: estalló el pandemónium/ Salvador García Soto
El Universal,
Si el presidente Andrés Manuel López Obrador alguna vez creyó que su gobierno realmente iba a llegar a la “verdad y la justicia” en el caso Ayotzinapa, está muy claro que fracasó. Porque justo hoy, cuando se cumplen ocho años de la dramática desaparición de los 43 normalistas y luego de las nuevas investigaciones encabezadas por este gobierno, que se propusieron sepultar a la “verdad histórica”, lejos de construir una nueva narrativa sólida y coherente de lo que pasó aquella noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 o de determinar cuál fue el paradero final de los cuerpos de los estudiantes y castigar a todas las autoridades y criminales responsables de este caso emblemático, lo único que han logrado hasta ahora es encender de nueva cuenta la mecha de un caso explosivo que vuelve a estallar ocho años después.
Lo único que ha logrado hasta el momento el informe de la Comisión de la Verdad y Justicia, que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas, es un ambiente totalmente agitado y violento, con los estudiantes de Ayotzinapa y los padres de los desaparecidos atacando, como nunca se había visto, instalaciones militares estratégicas e instituciones civiles; una nueva y horripilante narrativa sobre cómo fue que desaparecieron los cuerpos de los normalistas, que ni siquiera fue contada oficialmente por el gobierno, sino difundida a través de filtraciones periodísticas; y un gobierno federal dividido y confrontado entre los militares enojados que se resisten a ser enjuiciados y acusados por su participación directa en la desaparición de los normalistas y las áreas civiles que los acusan sin pruebas contundentes y con base en conversaciones y mensajes telefónicos de presuntos criminales.
Lo que sucederá hoy en las calles de la Ciudad de México, con los padres de los normalistas y los grupos de estudiantes encapuchados y enardecidos que rechazan también la nueva versión oficial del gobierno de López Obrador y que además tienen patente de corso e impunidad para manifestarse de la manera más violenta contra las instituciones, es el mejor termómetro para medir de qué tamaño es el fracaso del presidente y su encargado del caso Ayotzinapa en cumplir su promesa de llegar a la “verdad y la justicia” en el enredado, turbio y manipulado caso de la desaparición de los normalistas.
Y mientras los padres de los jóvenes desaparecidos y sus grupos de choque incendian las calles de la Ciudad de México, dentro del gobierno la fractura que provocó el Informe Encinas ya es inocultable. El fin de semana se confirmó lo que aquí le anticipamos desde hace varios días: que la molestia y enojo de las cúpulas militares contra el trabajo del subsecretario Alejandro Encinas estaba provocando presiones a la Fiscalía General de la República para que cancelara las órdenes de aprehensión emitidas contra 20 integrantes del Ejército, entre ellos dos generales de la cúpula, como son Alejandro Saavedra Hernández, el excomandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo y el general José Rodríguez Pérez, jefe del 27 Batallón de Infantería en Iguala cuando sucedieron los hechos.
El sábado pasado la revista Proceso confirmó en su edición la cancelación de 21 órdenes de aprehensión a solicitud de la Fiscalía General de la República, que otorgó el juez federal Enrique Beltrán Santés, del Juzgado de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, quien prácticamente exoneró al coronel Rafael Hernández Nieto, jefe del Batallón de Infantería 41 y coordinador del programa Guerrero Seguro, además de 12 soldados de tropa que acompañaban al capitán José Martínez Crespo en los patrullajes nocturnos del 26 de septiembre de 2014 y que habrían amenazado a estudiantes normalistas que se refugiaron en el Hospital Cristina, además de tres militares adscritos al C-4 en aquella fecha: el teniente Joel Gálvez Santos, Ezequiel Carrera Rifas y Felipe González Cano.
La cancelación de órdenes de aprehensión que solicitó la FGR y que deja sin responsabilidad a personajes que habían sido acusados por la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), que encabeza Omar Gómez Trejo, también incluyó al exfiscal de Guerrero Iñaki Blanco Cabrera y a la expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero Lambertina Galeana Martín, entre otros ex funcionarios civiles que también fueron exonerados.
Pero a esa acción de la FGR se sumó la filtración del Informe que dio Alejandro Encinas que apareció publicado en la columna de la periodista Peniley Ramírez y en la que se revelan partes que habían sido testadas o suprimidas en la versión que se hizo pública. Esas partes, basadas en mensajes de texto y comunicaciones telefónicas entre autoridades, sicarios y secuestradores que participaron en la desaparición de los normalistas, revela que los cuerpos de los normalistas asesinados no habrían sido quemados después de asesinarlos, como siempre sostuvo la verdad histórica de Murillo Karam, sino que a los estudiantes los habrían matado de 10 en 10, al menos cuatro células distintas de los Guerreros Unidos, que una vez muertos los habrían descuartizado o disuelto en ácido y que sus restos habrían sido enterrados en distintos lugares o arrojados a cauces de agua.
La filtración, que se inscribe en la pugna que existe entre Alejandro Encinas, el Ejército mexicano y la Fiscalía General de la República, con motivo de estas investigaciones y de las acusaciones a militares, agrega un dato que golpea fuertemente a la Secretaría de la Defensa, al decir, según las conversaciones de mensajería que aparecen en el documento oficial, que al menos cinco cuerpos de estudiantes que no pudieron ser disueltos en ácido, fueron llevados a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, con el conocimiento del general Rodríguez Pérez y del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para que ahí los enterraran o desaparecieran.
Y, ¿entonces? ¿Siempre tuvieron razón los padres de los normalistas y sus abogados y activistas cuando afirmaban que en las instalaciones militares de Iguala habían desaparecido cuerpos de los normalistas? Esa filtración, que de seguro ya conocían los padres de los estudiantes, explicaría la violencia y los ataques que durante toda la semana pasada se perpetraron contra instalaciones militares, incluido el Campo Militar No. 1 que de manera inédita fue atacado y vulnerado por los estudiantes de Ayotzinapa. Y la duda que ahora surge es ¿qué va a hacer el presidente López Obrador con las acusaciones contra el Ejército, más allá de que ya exoneraron a 16 de los 21 acusados por el Informe de Encinas? ¿Cómo va a explicar ahora su defensa a ultranza de que los militares sigan en las calles, en la seguridad y cada vez manejando más áreas y presupuestos del gobierno civil? Y ¿cómo va a evitar que la ira que hoy tienen los generales del Ejército por las acusaciones en su contra no le provoquen un rompimiento mayor en su gobierno al que ya afloró este fin de semana?
Por eso decimos que, a ocho años que se conmemoran hoy, Ayotzinapa y sus 43 normalistas secuestrados, asesinados y desaparecidos a manos de las autoridades municipales y estatales de Iguala y de Guerrero, en colusión con el crimen organizado, está más enredado y complicado que nunca. Se asoman muchas cosas en esta conmemoración, pero no necesariamente la verdad y la justicia.
@SGarciaSoto
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El enredo de la Guardia Nacional/Carlos M. Urzúa
El Univertsal
Hace unos días y en plena mañanera, el influyente periodista Jorge Ramos, un mexicano radicado en Estados Unidos, increpó al presidente López Obrador: “Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México”. La respuesta de este último no se hizo esperar, “no estoy de acuerdo”, y a continuación presentó, durante más de veinte minutos, láminas y láminas que en el fondo no se contraponían en absoluto a la aseveración de Ramos. Quizás por ello al presidente no le quedó otra más que aceptar, para concluir el debate, la petición del periodista de convocar a una convención nacional contra la violencia.
No habrá tal, por supuesto. Pero, más allá del consabido mantra de abrazos y no balazos, el presidente nos debe a los mexicanos una explicación acerca de, al menos, el enredado asunto de la Guardia Nacional. En diciembre de 2017, siendo entonces candidato a la presidencia, López Obrador declaró lo siguiente: “Vamos a integrar a las corporaciones policiacas, a la Marina y al Ejército; va a haber una Guardia Nacional. Ahora es un desastre porque cada corporación hace lo que considera, por un lado está la Marina, por otro lado está el Ejército, por otro lado están las policías; no va a ser así”.
Más claro ni el agua: en ese entonces López Obrador proponía fusionar las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas en un solo cuerpo, al parecer de naturaleza civil, que velaría por la seguridad pública en México. Algo similar a lo que hizo en su nación el presidente costarricense José Figueres tras triunfar en la guerra civil de 1948.
Pero el engrudo comenzó a hacerse bolas rápidamente, poco después de que se creara la Guardia Nacional en 2019. Aunque adscrita de manera legal a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su integración y operación ha estado siempre a cargo de las fuerzas armadas. E inclusive el grueso de la nómina siempre ha recaído en las propias secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
En efecto, de acuerdo con una investigación de la publicación digital Animal Político, cuatro de cada cinco de los efectivos que están en la Guardia Nacional son, en realidad, soldados o marinos cuyos sueldos están a cargo de sus respectivas secretarías. Así, de los más de 100 mil elementos con los que contaba a principios del año la fuerza policial, tan solo un poco más de 23 mil eran civiles (pertenecientes a la desaparecida Policía Federal).
En caso de que, contraviniendo a la propia Constitución, el organismo creado en 2019 fuese atraído por las fuerzas armadas, se ocasionaría un grave problema laboral. Esto porque los sueldos y las prestaciones que reciben los civiles que trabajan en la Guardia Nacional son seguramente menores a los que reciben sus contrapartes del Ejército y la Marina que fueron asignados a ese nuevo organismo. ¿Qué pasaría entonces? De manera lamentable, lo que probablemente ocurriría es que los civiles serían despedidos y que, al haber más dinero disponible, se incrementaría el número de efectivos militares.
Así pues, de manera paradójica, lo que fue concebido en principio como un proyecto de naturaleza eminentemente civil acabaría siendo uno militar de pies a cabeza. El país volvería a perder otra oportunidad, como es ya costumbre.
Profesor del Tecnológico de Monterrey
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Coordenadas
Cunde el miedo a la recesión/Enrique Quintana
El Financiero
El miedo a la recesión se ha instalado en el mundo.
El viernes pasado, el comportamiento de la mayoría de las bosas de valores así lo reflejó.
El Nasdaq, la bolsa de las grandes empresas tecnológicas, cayó 1.8 por ciento, pero en los últimos 30 días ha retrocedido en 12.6 por ciento y desde su punto máximo ya cayó en 32 por ciento.
El índice de las empresas tradicionales, el S&P 500, cayó el viernes en 1.7 por ciento; la caída en el mes es de 10.8 y el retroceso desde el máximo es de 22.5 por ciento.
En Europa, el índice Euro Stoxx 50, que refleja el comportamiento de las empresas grandes en el viejo continente, cayó 2.3 por ciento el viernes; 8.7 por ciento en el mes y 23.4 por ciento desde el máximo.
Los temores reflejados en los mercados accionarios y en los de bonos ahora ya no solo se deben al probable impacto que tenga el alza de las tasas de interés en el mundo, que de por sí es bastante serio, sino a otra multitud de factores.
El temor más reciente y más que justificado es la situación derivada del conflicto Rusia-Ucrania.
Ante el evidente avance de las tropas ucranianas en la franja oriental del país, la zona del Donbass, el tono belicista del discurso de Putin escaló.
No solamente fueron los dichos. La convocatoria al reclutamiento de 300 mil nuevos efectivos para reforzar la invasión, generó una gran preocupación.
Para dimensionar el hecho, es el mayor proceso de reclutamiento desde la Segunda Guerra Mundial.
Peor aún, el hecho de que nuevamente Putin haya manejado en su discurso la posibilidad de usar armas nucleares generó una preocupación generalizada en el mundo.
Se percibe a un líder ruso acorralado, con una invasión que no ha conseguido sus resultados y con un saldo terrible para la economía rusa y crítico para su seguridad, en la perspectiva de sus fuerzas armadas.
Nadie sabe cómo pueda reaccionar Putin bajo presión y con un descontento interno que se ha hecho evidente en los últimos días a través de manifestaciones en contra del reclutamiento y la guerra, y el éxodo de personas susceptibles de ser reclutadas.
Pero no es lo único.
El programa fiscal de la nueva primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, propició una fuerte caída de la libra esterlina, que llegó a su valor más bajo frente al dólar en los últimos 37 años.
No pareciera buena idea recortar impuestos a los ricos en el contexto de una situación fiscal tan frágil como la que hoy se vive.
Otro foco amarillo en Europa es el probable triunfo de la coalición de ultraderecha en las elecciones de Italia.
Por primera ocasión desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, una coalición de ultraderecha encabezada por Georgia Meloni, gobernará Italia, con repercusiones que por lo pronto son inciertas.
No puede descartarse que sigan el camino del Brexit y que nuevamente vuelvan a propiciar impulsos nacionalistas en diversos países.
La complejidad económica y política del mundo es cada vez mayor.
No sabemos ni remotamente cuál va a ser el cuadro que tendremos a nivel global en un plazo de seis meses. Muchas cosas pueden haber cambiado respecto a la situación presente.
Y los márgenes de maniobra que tenemos en México son estrechos.
Si una recesión internacional se produce, quizás no nos pegue tanto si es leve y de corta duración.
Pero produciría una nueva caída de la economía mexicana, en caso de que fuera más fuerte y durara algunos trimestres.
Los signos aún son inciertos, pero la amenaza está allí. Los nubarrones que presagian tormenta están a la vista, aunque por ahora no sabemos a ciencia cierta si descargarán toda su furia o si pasarán de largo.
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Chapa Bezanilla 2.0 y el Gral. Rodríguez Pérez/Jorge Fernández Menéndez
Jorge Fernández Menéndez
Razones/
Excelsior
La investigación que realiza el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, apoyado en la fiscalía especial que encabeza Omar Trejo, deja la sensación de ser una suerte de déjà vu. Esto lo vivimos casi sin cambios en el libreto con Pablo Chapa Bezanilla, otro fiscal especial que atendía los casos Posadas Ocampo, Colosio y Ruiz Massieu, en el sexenio de Ernesto Zedillo.
Chapa trabajaba con el procurador Antonio Lozano Gracia y en lugar de investigar qué era lo que realmente había sucedido, lo que hizo es lo mismo que hicieron ahora Encinas y Trejo: primero, crear una narrativa de lo que querían o pensaban que había sucedido; después, detener a los responsables políticos a modo, a partir de declaraciones de personajes oscuros que ya habían sido detenidos por distintos delitos; para justificar las detenciones sin pruebas filtraron todo tipo de información sin sustento, pero políticamente espectaculares; terminaron acudiendo a una bruja para investigar el caso e hicieron el mayor de los ridículos. En el camino destrozaron la credibilidad en la justicia, acabaron con carreras políticas y familiares, descalificaron instituciones. El que terminó preso fue Chapa Bezanilla, detenido en Madrid, luego de fugarse del país.
Esta historia de Ayotzinapa me temo que será muy similar a aquella. En 1995, con mi amigo Joaquín López Dóriga, publicamos un libro titulado Domiro: era el testimonio del general Domiro García Reyes, subjefe del Estado Mayor presidencial y designado responsable de la seguridad de Luis Donaldo Colosio en aquella campaña que terminó trágicamente en Lomas Taurinas en 1994.
Chapa Bezanilla quería inculpar por ese crimen a Domiro, para así hacer responsable al EMP y luego a Carlos Salinas. Domiro era absolutamente inocente, no había la menor prueba en su contra, pero lo inculparon igual. Nos dio una caja completa de cassettes con su testimonio para que lo publicáramos, lo había grabado la noche anterior, esperaba ser detenido al día siguiente. No fue así y su testimonio en aquel libro generó tal escándalo que Domiro nunca fue detenido. Pero buena parte de su vida personal y profesional se perdió en aquellos meses.
En todo eso pensaba cuando el jueves pasado ingresé al penal militar del Campo Militar 1, para entrevistar al general José Rodríguez Pérez, acusado sin prueba alguna por Encinas y Trejo de haber participado en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa e incluso, dijo Encinas, también sin comprobarlo, de haber ordenado el asesinato de entre cuatro y seis de esos jóvenes días después de aquel 26 de septiembre del que hoy se cumplen ocho años. No hay pruebas contra los militares detenidos que vayan más allá de las declaraciones de el Cabo Gil, Gildardo López, realizadas muchos años después de que ocurrieran los hechos. La síntesis del caso es sencilla de presentar: un general con cuarenta y cuatro años de servicio, con una foja de servicios impecable, termina preso por la acusación de un jefe de sicarios que reconoce haber participado en la desaparición y presunta muerte de los 43 estudiantes, lo que está plenamente comprobado. El Cabo Gil está libre, el general preso. Ése es el drama que vive el general Rodríguez Pérez.
Entrevisté al general en la prisión militar. “En primer lugar, me dijo, luego de recordar todo lo sucedido y cómo había actuado ese 26 de septiembre, quiero señalar que nosotros estamos a favor de las familias, entendemos el dolor de las familias y nosotros siempre, desde el primer momento que sucedieron los hechos, hemos cooperado con ellos. Yo me entrevisté con los padres de los estudiantes dos días después de los eventos, me pedían apoyo y yo se los brindé, les hice algunas propuestas para poder localizarlos, junto a mí estaba el encargado de derechos humanos del estado de Guerrero. La institución siempre ha prestado apoyo y siempre ha estado a favor de los padres, pero no a cualquier costo, y fui señalado en forma completamente infundada”.
El general Rodríguez Pérez tiene un récord importante en el periodo que estuvo en Iguala de haber proporcionado muchos golpes a Guerreros Unidos... llama la atención, le digo, que lo acusen de estar en convivencia con Guerreros Unidos cuando golpeó a Guerreros Unidos. “En los lugares en que he estado he actuado contra diferentes tipos de bandas, he hecho un trabajo que lo respalda mi expediente, que se encuentra en la Secretaría de la Defensa Nacional... Tengo cuarenta y cuatro años de servicio y tengo cuatro años de haberme retirado, disfrutando a mi familia, disfrutando a mis nietos, disfrutando el calor del hogar y ahora, mira, estamos en esta situación.
“Es una vileza lo que hicieron, una cobardía, dice, el haberse manifestado al margen de la ley de esta persona (Encinas) y realmente estoy aquí, como te lo comentaba, por delincuencia organizada, que no tiene que ver nada con esa declaración que hizo esta persona, estoy aquí sustentado por un testigo protegido que tienen ellos”. Un testigo, por cierto, que fue detenido por fuerzas militares.
¿Qué es lo que espera de la justicia, de la sociedad?, ¿cómo espera que termine este proceso?, le pregunto.
“Lo que espero en primer lugar es que no nos juzguen como lo hizo esta persona (Encinas), que se enteren, que esperen al resultado jurídico, que nos avala la razón, somos inocentes… estamos aquí, nos presentamos, estoy dando la cara, para que conozcan cuáles fueron los hechos, que vean cuál es la carrera… vamos a salir adelante con la cara en alto y voy a reivindicar mi nombre”.
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en REFORMA;
El carnaval diario despliega la cortina de la irresponsabilidad. El hombre que mayor poder ha acumulado en las últimas décadas evade cualquier responsabilidad en la marcha de su propio gobierno. No hay error que se reconozca, no hay dato desfavorable que admita, no hay crítica que merezca atención. Solo la adulación es aceptable. Cuando se pone en evidencia el error, el abuso, la traición a la promesa, la incongruencia entre lo dicho y lo hecho, las respuestas repiten un manojo de excusas. Es culpa de los de antes; yo tengo otra información, quien critica es un malvado. Culpar al pasado, negar la realidad, demonizar al crítico.
Por ese cinismo hermético el gobierno puede mantener en sus puestos a los responsables de la política sanitaria del país. Siguen ocupando sus oficinas el secretario y el subsecretario de Salud que tanto daño le han hecho a la salud pública. Los resultados de su gestión son indefendibles. Su estrategia ha sido un fracaso monumental, pero toman el micrófono semanalmente como si no fueran responsables de una catástrofe histórica.
Julio Frenk y Octavio Gómez Dantés publicaban hace unos meses en la revista Nexos un recuento de las terribles regresiones en la política sanitaria ("Fracturas de la salud pública", marzo de 2022). Queriendo romper la herencia maldita del "neoliberalismo", fundándose en unas cuantas frases hechas, el gobierno buscó un cambio sin un diagnóstico preciso y sin una estrategia sensata. Esa mezcla de improvisación e ideologización destruyó un sistema en el momento en que más se necesitaba. Políticas mal concebidas y mal ejecutadas han tenido efectos concretos y medibles. A juicio de los expertos en salud pública, el impacto de estas decisiones no puede esconderse. La esperanza de vida en el país se ha reducido; la desigualdad ha aumentado; el riesgo de gastos catastróficos y empobrecedores es mayor que antes; quedamos más vulnerables a la siguiente emergencia sanitaria.
El veredicto de expertos e instituciones internacionales sobre el manejo de la pandemia en nuestro país ha sido unánimemente condenatorio. Enfrentando el mismo reto que todos los países del planeta, México tuvo, objetivamente, uno de los peores desempeños. No hay forma de jugar con los números, de ocultar los datos de la muerte, de manipular gráficas para mirar la desgracia con benevolencia. La política es crucial en una emergencia como la que ha enfrentado el mundo. La pandemia fue, en alguna medida, prueba de liderazgo. El Presidente que presume de popular fue incapaz de emplear su popularidad para el bien público. Admirándose frente al espejo, condujo (es un decir) una de las peores estrategias sanitarias en el mundo, es decir, una de las estrategias más mortíferas del planeta.
La revista de salud The Lancet, en su informe reciente sobre las lecciones de la pandemia resalta precisamente el impacto del liderazgo. La irresponsabilidad política tiene costos. Andrés Manuel López Obrador, el hombre que a principios de la emergencia sugería abrazarse y continuar la vida como siempre, el gobernante que hablaba del efecto protector de sus amuletos, el político que fue maestro de lo que no debía hacerse muestra la letalidad del liderazgo irresponsable.
El informe "La respuesta de México al Covid-19: Estudio de caso" que coordinó el doctor Jaime Sepúlveda para el Institute for Global Health Sciences, es igualmente demoledor. En términos políticos se cometieron errores gravísimos. No hubo espacios de deliberación para tomar decisiones informadas. Concentrándose el poder de decisión en un grupo minúsculo, no se consultó expertos. Los asuntos técnicos fueron politizados; las acciones no se revisaron cotidianamente para ponderar su impacto. Se marginó a los científicos, se ignoró a las universidades.
Estos errores costaron miles de vidas. Las instituciones internacionales nos revelan, en estudio tras estudio, que nuestro país fue uno de los países con mayor cantidad de muertos por millón durante la pandemia. La estrategia sanitaria fue un fracaso rotundo. Un inocultable fracaso que costó miles y miles de vidas. Ha dicho el Presidente que, en política, los errores pueden ser crímenes. Creo que la frase debe entenderse como una confesión.
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/
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Taches
TOLVANERA / Roberto Zamarripa
en REFORMA
Los padres de los 43, activistas que les acompañan, encapuchados que se les suman, han acentuado sus protestas con violencia, destrozos y retos. Tres días después de que de manera pacífica y bajo una autorización de mandos militares, familiares de desaparecidos de la Guerra Sucia de hace 50 años entraban al Campo Militar Número 1, en una muestra importante de civilidad y de un paso adelante en el restañamiento de heridas en la historia de la brutalidad y los abusos castrenses, los activistas de Ayotzinapa destrozaban la puerta de entrada de ese campo y pintaban la fachada militar en un desplante de contraste
"Están queriendo enrarecer la situación, porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas, porque viven del conflicto. Imagínense, si ya no se violan derechos humanos por parte del Estado, pues ya no se tiene materia, y ellos quieren seguir sosteniendo de que se violan los derechos humanos. Y yo les digo: No, no somos iguales", reclamó el Presidente, horas antes de la protesta de los activistas de Ayotzinapa en el Campo Militar.
El Presidente abogó, una vez más, por dar a conocer nombres y datos de responsables sobre lo acontecido hace ocho años.
Su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, le advirtió: "Podemos afectar el (debido) proceso si damos los nombres".
El mandatario, quien acuñó la máxima de "no me vengan que la Ley es la Ley", ordenó a su vocero corregir la censura.
"Que se den a conocer los nombres, y esto va a ayudar mucho... Si no damos a conocer todo y empezamos a tachar, lo que hacemos es crear incertidumbre y dar motivo para la especulación, las conjeturas, para la mala fe de los adversarios nuestros. ¡Qué tenemos que estar ocultando los nombres si no queremos que haya impunidad!", explicó.
Reforma publicó el pasado sábado 24 algunos de los párrafos testados en el Informe de la Comisión del caso Ayotzinapa donde se evidencian complicidades entre oficiales castrenses y presuntos narcos. El reporte como tal no tiene el carácter de una denuncia penal. Es un reporte que deriva de la investigación de funcionarios civiles sobre lo acontecido el 26 de septiembre de 2014, y las maniobras posteriores para matar y desaparecer a los estudiantes. Es una indagatoria exhaustiva que presume ser mucho más profunda y precisa que la hecha en el gobierno de Enrique Peña.
Como tal no interfiere en el "debido proceso". Pero aún si fuera un documento que configurara la indagatoria penal y judicial del caso es de enorme interés público.
El gobierno federal ha condenado la difusión de parte de ese informe que estaba censurado y ha enderezado contra el medio y la periodista Peniley Ramírez una condena por divulgar el documento.
En marzo del 2011, en la desesperación por la vorágine de la narcoviolencia que dominaba los contenidos informativos de los medios de comunicación, el gobierno de Felipe Calderón intercedió ante directivos de medios para que se estableciera un pacto, aparentemente independiente, hecho entre comunicadores para omitir la información sobre violencia porque afectaba los intereses nacionales.
Los promotores eran los concesionarios de televisoras, Televisa y TV Azteca, extraordinariamente favorecidos por el presupuesto oficial como ocurre hoy a pesar de la disminución de las partidas en el gasto publicitario del gobierno federal. (Los periódicos de Grupo REFORMA, MVS y La Jornada no participaron de ese pacto).
"Los medios no debemos difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra el crimen organizado o que comprometa la vida de quienes combaten a la delincuencia o a sus familias, como son policías, fuerzas armadas, investigadores, jueces y cualquier otra autoridad vinculada a la seguridad y justicia", decía el documento signado por una treintena de periódicos y concesionarios de radio y televisión
Aquel acuerdo se esfumó a la siguiente masacre.
Regularmente la difusión de esas informaciones exhibe las complicidades de funcionarios con criminales. De ahí que se eleven los reclamos oficiales para no difundirlas.
El Presidente pidió: dejen de tachar. Pues sí, mejor difundan sin censuras. El caso Ayotzinapa fue una atrocidad.
robertozamarripa2017@gmail.com
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La verdad confusa
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
en REFORMA
"La verdad no es usualmente compleja.
Lo que se hace complejo
es evadir la verdad. Thomas Sowell
Ocho años después de la noche de Iguala hemos pasado de la "verdad histórica" de Jesús Murillo Karam a la verdad confusa de Alejandro Encinas y Omar García Trejo. El subsecretario Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad sobre el "Caso Ayotzinapa", ha exclamado, como los líderes del movimiento Ayotzinapa, "Fue el Estado". Acusó al general en retiro José Rodríguez Pérez de haber ordenado el asesinato de seis normalistas, pero el militar, que se presentó voluntariamente, está siendo juzgado no por homicidio, sino por supuestos vínculos con el crimen organizado. La FGR, por otra parte, ha retirado las órdenes de aprehensión contra 21 presuntos implicados, entre ellos 16 militares.
Las autoridades ya no se preocupan por perseguir a los responsables de los crímenes, sino a quienes los investigaron. El exprocurador Murillo Karam está siendo procesado por haber tratado de ocultar lo ocurrido con su "verdad histórica". Mientras tanto, 120 implicados que participaron en los hechos, muchos de los cuales lo reconocieron, han sido liberados por presuntamente haber sido torturados.
El informe de la Comisión recuenta en 103 páginas mucho de lo que ya sabíamos, pero oculta en largas secciones testadas sus afirmaciones más controvertidas. Hubo que esperar al trabajo de las periodistas Peniley Ramírez y Guadalupe Irízar del Reforma para conocer estas partes.
Ha desaparecido la hipótesis de que los cuerpos de los normalistas fueron quemados. El informe asevera que casi todos los normalistas fueron asesinados, descuartizados y enterrados. Las órdenes provinieron del entonces alcalde José Luis Abarca, molesto porque los normalistas querían "armar un desastre en Iguala". Algunos cuerpos de las víctimas fueron disueltos con ácido. Seis que seguían vivos fueron asesinados después por órdenes del entonces coronel Rodríguez Pérez.
La versión es dramática, pero está construida sobre testimonios de "testigos colaboradores", en particular Gildardo López Astudillo, El Gil, identificado como "Juan", uno de los miembros de Guerreros Unidos liberados por violaciones al debido proceso. Como testigo protegido ha dicho a los nuevos investigadores lo que querían escuchar.
La versión de que los normalistas fueron incinerados, sin embargo, no salió de una conspiración de la PGR; el primero que la manifestó públicamente fue el padre Alejandro Solalinde, un crítico del régimen priista. Dos restos quemados han sido identificados plenamente en pruebas genéticas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado en su recomendación 15VG/2018 que estima que "fueron incinerados hasta 19 normalistas". Para comprobarlo, pidió que 114 restos óseos sean sometidos al Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, en Austria, para análisis genético. Las autoridades, empero, no han querido hacerlo.
La hija de Abarca, Yazareth Liz Abarca, señalada como fuente de la afirmación que el exalcalde ordenó el crimen, ha negado ser la autora de los mensajes que las partes tachadas del informe le atribuyen. "Usted miente", le dijo a Encinas en Twitter. "Jamás escribí ni envié esos mensajes que usted dice que yo envié a esa mujer que nunca en mi vida he conocido. Yo nunca he escrito así y tampoco me he expresado de esa forma".
La verdad histórica tenía huecos; la verdad confusa, muchos más. Encinas, en vez de aclarar las inconsistencias, se queja de la divulgación de un informe que, desde siempre, debió ser público para que fuera sometido a escrutinio crítico.
· EL MOVIMIENTO
Aunque la verdad de Encinas pretende quedar bien con el movimiento de Ayotzinapa, los líderes de este grupo político no se han mostrado satisfechos. Por eso han vuelto a realizar manifestaciones violentas. Hoy se espera un lunes muy complicado en su marcha por la Ciudad de México.
www.sergiosarmiento.com
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Es el Estado/Denise Dresser
en REFORMA
26 Sep. 2022
Ayotzinapa todavía duele por los 43, por sus familias, por las víctimas, por lo que sabemos y falta por conocer. Pero también duele porque es un espejo de nuestras penurias como país, reflejadas esa noche -la más triste- y desde entonces, hasta ahora. Un alcalde de izquierda, impulsado por López Obrador, coludido con el crimen organizado y el narcotráfico. Un sinnúmero de policías que actuaron para golpear, perseguir, desparecer. Un Ejército que ha sido espectador y también perpetrador. Dos gobiernos que persiguen a unos mientras protegen a otros. Esa es la terquedad de los hechos, y donde debería estar centrada la atención. No en las filtraciones, no en la labor de los periodistas, sino en el retrato fiel del Estado que nos negamos a ver. Ocho años después, la impunidad persiste. El ocultamiento de información perdura. Los demonios todavía andan sueltos.
Y la justicia sigue siendo elusiva, pero no por lo publicado -de evidente interés público- en una columna o evidenciado en un periódico. El verdadero obstáculo a la verdad no proviene de los supuestos "intereses oscuros" detrás de la filtración del Informe completo sobre Ayotzinapa. Viene de quienes testaron el documento y siguen protegiendo a quienes AMLO y las Fuerzas Armadas quieren escudar. Sin duda, debe haber sido doloroso para las familias revivir y releer cómo sus hijos fueron asesinados de forma violenta, exhibiendo la inhumanidad de sus victimarios. Pero duele más ver cómo el caso vuelve a ser politizado, cómo vuelve a ser manoseado, cómo la justicia es saboteada por el Estado, desde el Estado.
El verdadero entorpecimiento del proceso judicial en Ayotzinapa es resultado de las maniobras políticas de Alejandro Gertz, la actuación cuestionable de la FGR, y el imperativo de resguardar a aliados gubernamentales y mandos militares. Si los casos se caen, no será por la filtración; será por la colusión, o la incompetencia, o los pactos de impunidad intocables. Como reporta la revista Proceso, a petición de la FGR un juez federal canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían girado contra servidores públicos -16 de ellos militares- por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43. Como Témoris Grecko -director de la película Mirar Morir: el Ejército en la Noche de Iguala- documenta en Milenio, la aprehensión de Murillo Karam fue orquestada por Gertz, a espaldas del fiscal especial para Ayotzinapa y su equipo. Si Murillo Karam sale libre, será por lo que el juez, molesto, después criticó: la falta de contundencia en los alegatos de los fiscales y su falta de preparación. Y de las 83 órdenes de aprehensión, la FGR ha ejecutado solo 4. Un crimen de Estado, mal llevado y saboteado por el propio Estado.
¿Por qué? Las razones son obvias y no tienen relación con la controvertida filtración. Entre los exonerados está el ex comandante del 41 Batallón de Infantería y el ex fiscal guerrerense. Así nomás. Así porque sí. Así como se dio la sorprendente liberación del general Cienfuegos, luego de ser detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Así como fue rápidamente liberado luego de su regreso a México, en una investigación también ocultada. Así como todavía no sabemos por qué hubo un operativo de la Marina en el basurero de Cocula, y por qué López Obrador ya exculpó a su titular. La filtración incomoda porque revela la mancuerna entre el poder militar y el poder criminal, justo cuando la 4T insiste en militarizar más a México.
Sí, dolió leer un texto exhibiendo el horror. Pero imagínense el horror de llevar ocho años exigiendo una justicia que no llega, el horror de saber que restos de los muchachos acabaron en el campo militar de Iguala, el horror de saber que el Presidente arropa al general Cienfuegos, a Peña Nieto, y a otros encubridores de las Fuerzas Armadas. El horror de ver cómo se le entrega el país al Ejército, aun sabiendo que fue cómplice, perpetrador y encubridor en Ayotzinapa. Tendríamos que estar menos preocupados por la filtración, y más por los pactos de impunidad que evidencia. Tendríamos que estar menos alarmados por la filtración, y más por la defensa de las Fuerzas Armadas que prosigue a pesar de que "limpiaron" al 27 Batallón de Infantería, luego de llevar cuerpos ahí. La militarización será la verdadera revictimización, y el país entero padecerá sus consecuencias.
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Morena: otra vez luces ámbar/ Bernardo Bátiz V.
La Jornada,
Soy fundador de Morena, formé parte del primer comité nacional del partido y antes, busqué en el estado de Nuevo León ciudadanos para formar parte del movimiento denominado gobierno legítimo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). No era un novato: ingresé al PAN a mediados de los 60, ocupé la secretaría general del partido al lado del presidente nacional José Ángel Conchello. Aprendí a trabajar sin recursos, a recorrer calles, plazas y mercados, repartiendo volantes, folletos y el histórico periódico chispeante y ameno, de tiraje masivo, formato tabloide, con el sugestivo nombre de Batalla.
Aprendí a ser ciudadano; son de ese tiempo las principales bases doctrinarias que daban sentido a nuestra militancia. Entendí el concepto de bien común; no es la suma de los bienes particulares, sino algo mucho más conceptual y profundo. El bien común es el conjunto de circunstancias y características de la sociedad, que permiten a todas las personas desarrollarse plenamente como ciudadanos, en lo político, lo económico, lo social y lo cultural. Entendí entonces que el bien común tiene primacía sobre los intereses personales, de grupo, de facción o de clase.
Milité durante más de 20 años en el PAN y me separé, no sin tristeza, con un grupo de compañeros del llamado Foro Doctrinario y Democrático, en protesta por el asalto de los empresarios al partido, los cuales, después de la expropiación de la banca y roto su pacto con el PRI, buscaban espacios para defender sus intereses; la separación también se debió a que la dirigencia de entonces, pactó con Carlos Salinas y surgió ese ser amorfo que Manú Dornbierer denominó PRIAN.
Como integrante del foro fui candidato externo a diputado del PRD, llegué con ese carácter a la Cámara de Diputados y luego, fui invitado a integrarme como procurador general de Justicia al gobierno capitalino encabezado por López Obrador. Cumplí mi encargo y también asistí a las concentraciones contra el desafuero y participé, en incontables marchas y actos políticos, sin abandonar mis convicciones de democracia, respeto a la dignidad de la persona y, por tanto, a los derechos humanos, ni la certeza de que es indispensable buscar una mejor distribución de la riqueza, la justicia social.
Cuando se fundó Morena, no tuve inconveniente en formar parte de este partido al que llevé experiencia y convicciones. También me acompañó la decepción de haber visto cómo mi antiguo partido, en lugar de influir en la política para cambiar estilo y prácticas, se dejó envolver por el ambiente que el PRI había impuesto durante ocho décadas.
Hace unos días, asistí como invitado especial al tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena y, entre bromas y veras, comenté con algunos compañeros que me encontraba ahí como observador imparcial; uno de ellos, que ocupa un cargo en el gobierno, me aclaró que no había imparciales, somos o no somos. Acepto que tuvo razón, pero he reflexionado que lo dicho, tiene una causa: Morena, en mi opinión, se está pareciendo demasiado al antiguo partido oficial, no en cuanto a principios, sí en algunas prácticas que otros militantes han señalado, entre ellas, acarreo y compra de votos.
Defino mi posición; creo que debemos tener sumo cuidado en no caer en los errores cometidos por otros partidos que se mimetizaron con el sistema sin lograr un cambio profundo en prácticas y estilos; no es la primera vez que lo digo bajo mi firma.
El 4 de septiembre de 2017, La Jornada publicó mi artículo Morena: luces ámbar; me referí entonces a las declaraciones de un diputado priísta de Nuevo León, cuyo nombre no viene al caso, quien dijo al periódico El Norte, más o menos lo siguiente: que fue 30 años priísta, luego estuvo en la bancada del PT y que el proyecto de Morena, está siendo construido por la élite empresarial; afirmó también que empezó pláticas, que lo trataron bien, que con el PRI no es un pleito, no es una bronca, es sólo que toma un camino distinto y agregó que en su antiguo partido nada hicieron por retenerlo y que en Morena podría contender por una diputación, una senaduría o una alcaldía.
En otra ocasión, con motivo de un Informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera, escribí que el acto se parecía mucho –por su parafernalia, sus invitados, los sonoros abrazos que se daban algunos asistentes, por la presencia de artistas para entretener al respetable público– a una celebración del viejo partido oficial.
La política, se ha dicho con toda razón, es un equilibrio entre principios y resultados; a veces es necesario el pragmatismo, de nada sirven los principios, si no se alcanza el poder. Pero, lo más grave que puede suceder es que por alcanzar el poder abandonemos los principios. Nuestra obligación es organizar el partido sin imitar al que tanto combatimos y sin sacrificar nunca nuestras convicciones. Eso, creo, de eso se trata; no habrá transformación si volvemos a lo mismo.
jusbb3609@hotmail.com
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