La cruzada de Benedicto XVI/Paolo Flores d’Arcais, filósofo y director de la revista MicroMega. Su última obra publicada en español es El soberano y el disidente, Ed. Montesinos, 2006.
Publicado en El País, 17/12/2007;
Traducción de Carlos Gumpert
La Cruzada continúa. La encíclica de Benedicto XVI Spe salvi, del pasado 30 de noviembre, ratifica y radicaliza el anatema de la Iglesia católica contra una modernidad culpable de desobedecer a Dios y que se está despeñando por tal causa en la desesperación del nihilismo.
El outing es ahora completo. Incluso la democracia es mentira si la soberanía de los hombres no se subordina al imperio de la “ley natural”, es decir, si la libertad no coincide con la obediencia a los ucases de la Iglesia, única intérprete autorizada de tal “ley natural” y de la voluntad de Dios con la que esta coincide. La democracia debe ser cristiana, pues en caso contrario será deshumana.
El misterio ha quedado finalmente resuelto. El culpable es Voltaire o, mejor dicho, Bacon incluso. El Mal es la Ilustración, el proyecto de autonomía del hombre. Autos-nomos, el darse el hombre por sí mismo sus propias leyes, en vez de recibirlas de Dios, o de sus subrogados y ministros (la “Naturaleza” y la Iglesia jerárquica), ahí reside la Culpa inexpiable. El Enemigo (en el sentido preciso de las Escrituras) es la razón que prescinde de Dios, la razón que trabaja iuxta propria principia, la razón que razona, en definitiva.
El autos-nomos, la pretensión de soberanía para todos y cada uno, es más, supone la caída de la humanidad en el Averno de los totalitarismos, donde todo es llanto y crujir de dientes, y cosas peores aún: el Terror de Robespierre y Saint Just y el Gulag de Stalin. A eso se llega, inevitablemente -Ratzinger dixit- si el hombre, en sus relaciones con la naturaleza y con los demás hombres (ciencia y política), se comporta como si Dios no existiera, es decir, si toma en serio la propuesta de Grocio que salvó a Europa de la autodestrucción de las guerras civiles de religión: Etsi Deus non daretur. Precepto, por lo tanto, que es -históricamente hablando- la única auténtica e indiscutible raíz de Europa.
Nada nuevo, se dirá. Extra ecclesiam nulla salus es la piedra angular -desde hace siglos- de todas las exigencias “papistas”. Tales exigencias, sin embargo, llevaban varios decenios puestas en sordina. La propia Iglesia parecía -no sin razón- avergonzarse de su pasado “constantiniano” y de sus anatemas contra la ciencia, el liberalismo, la democracia (dispuesta incluso a pedir perdón por algunas cosas). No se citaba ya el Sílabo sino el Concilio Vaticano II.
Desde entonces es como si hubiera pasado un siglo. Con el papa Wojtyla primero, y con el papa Ratzinger ahora (que fue el más estrecho colaborador de Wojtyla en la redacción de encíclicas cruciales como Veritatis splendor y Fides et ratio) los contenidos esenciales del Sílabo han vuelto a recobrar auge: la soberanía pertenece a Dios, un Parlamento -democráticamente elegido por los ciudadanos- que actúe contra la “ley natural” (por ejemplo con una ley que autorice el aborto, aunque sea de forma limitada) se convierte ipso facto en ilegítimo. Así lo manifestó Wojtyla en Varsovia, solemne de furor y de cólera, contra el Parlamento polaco (¡el primero libremente elegido tras medio siglo de comunismo!). El aborto como “genocidio de nuestros días”, como un nuevo holocausto. Una mujer que escoge el drama del aborto es tan culpable como el soldado de las SS que arroja a un niño judío al horno crematorio. El mundo laico hizo como si no oyera o no comprendiera, subyugado por la fascinación mediática.
Ahora, tal actitud no resulta ya posible. Para quien pretenda buscar coartadas, el Papa alemán ha eliminado cualquier duda. O Dios o la soberanía popular. No deben tomarse como exageraciones polémicas. El razonamiento teológico-político de Joseph Ratzinger es compacto, lineal y -en su lógica confesional y dogmática- perfectamente coherente.
Veámoslo. La modernidad aspira a cimentar la existencia del hombre en el binomio razón + libertad, autónomamente, prescindiendo del Dios de la Iglesia. Pero de la “acción” del conocimiento (la ciencia baconiana) se pasa inevitablemente a la “acción” de la política, siguiendo una idea ilustrada de “progreso” como “superación de todas las dependencias”. Libertad ilimitada, libertad perfecta “en la que el hombre se realiza hacia su plenitud”. Ya sabemos cómo acabó todo (Robespierre y Stalin) y sabemos también por qué: el ateísmo como resultado de la Ilustración.
Por lo tanto “es necesaria una autocrítica de la edad moderna” que debe tener lugar “en diálogo con el cristianismo y con su concepción de la esperanza”. El eufemismo “diálogo” no nos debe llevar a engaño: “sólo Dios puede crear justicia”. Y, préstese atención, “no un dios cualquiera, sino ese Dios que posee un rostro humano y que nos ha amado hasta el final”. El Dios/Jesucristo de la Iglesia jerárquica, de la Verdad consignada en los concilios de Nicea y Calcedonia, como ha sido remachado por el Papa alemán en su reciente libro best-seller.
Pero tal “concepción de la esperanza”, según la encíclica, equivale ni más ni menos que a la certeza de la fe. El mundo, y en especial el Occidente que ha surgido de la modernidad, sólo puede escapar del estigma de la desesperación a través de “la apertura de la razón a las fuerzas redentoras de la fe, al discernimiento entre el bien y el mal”. Obviando las perífrasis, pensando y actuando con obediencia a la moral católica. De la vida a la muerte, siguiendo todas las etapas de la sexualidad, y sin olvidar la investigación científica. Células estaminales, aborto, contraceptivos, institución matrimonial, educación escolar, interpretación del darwinismo, terapias del dolor, eutanasia: todo debe obedecer a la “ley natural”, sinónimo puro y llano de la voluntad confesional de la Iglesia jerárquica.
Desde un punto de vista cultural, bastaría con responder al Papa teólogo que la modernidad, para empezar, no es fundamentalmente, como él pretende hacernos creer, Terror y Gulag, porque de las tres revoluciones “burguesas”, de Cromwell, de los girondinos, de Jefferson, nació una forma de convivencia extraordinaria, hasta entonces desdeñada como utopía, la democracia liberal (cuyos principios pisotean, con demasiada frecuencia, los establishment de Occidente en sus acciones cotidianas). Y que Nietzsche y Marx, por no hablar de Bacon y de los ilustrados, no se parecen en absoluto al prontuario paródico pregonado en la Spe salvi.
Pero Joseph Ratzinger, a pesar de los indudables y prepotentes artificios académicos que animan su pluma, es un hombre de poder lo suficientemente desencantado como para saber que el peso de una encíclica no depende de su claudicante aleación cultural.
De ésta proporcionó, por lo tanto, una auténtica interpretación política al día siguiente, hablando frente a los representantes de las organizaciones humanitarias no gubernamentales (ONG) de matriz católica, al acusar a diversas agencias de la ONU de “lógica relativista” que niega “ciudadanía a la verdad acerca del hombre y de su dignidad, así como a la posibilidad de una acción ética fundada en el reconocimiento de la ley moral natural”. A tal tendencia es necesario oponer los “principios éticos no negociables” de los que la Iglesia es depositaria.
Como puede verse, con su outing contra la ilustración y el autos-nomos democrático, el papa Ratzinger se postula explícitamente para el liderazgo mundial del fundamentalismo religioso, el no terrorista, obviamente. Su próxima intervención ante las Naciones Unidas, prevista para el 18 de diciembre, constituirá el acto oficial y solemne de todo ello. Confiemos en que, al menos ese día, “quien tenga oídos para oír, que oiga”.
17 dic 2007
El consenso de Bali
Bali, un paso lleno de incógnitas/Sergi Rovira, adjunto al Coordinador de Ubuntu-Foro Mundial de Redes de la Sociedad Civil y de la Campaña para la Reforma de las Instituciones Internacionales
Publicado en EL PERIÓDICO, 17/12/2007;
Qué gran contradicción supone que en una reunión sobre el cambio climático, los asistentes deban abrigarse para protegerse del aire acondicionado! Pero esta era la realidad en algunos de los pabellones en los que se desarrollaron las actividades de la Conferencia de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático en Bali. Seguramente, fue un indicador muy claro de la dificultad para que avanzaran las negociaciones. Al final de un año en el que el cambio climático ha sido la estrella mediática, con el documental de Al Gore, las cuatro presentaciones del informe del Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) y mucha repercusión en los medios, y después de las muchas expectativas –quizá exageradas– puestas en esta conferencia para concretar avances importantes para la futura reforma del Protocolo de Kioto (o hacer uno nuevo), los resultados han sido solo discretos.Pero pudieron haber sido muy pobres, porque, hasta el jueves pasado, el único avance tangible era el establecimiento del fondo de adaptación para ayudar a los países en desarrollo a afrontar los efectos negativos del cambio climático.Las negociaciones han sido complicadas y muy lentas e, incluso, algunas cuestiones han quedado aplazadas para próximas reuniones. Ha sucedido que en Bali todos los estados han hecho su papel, llevaban bajo el brazo sus prioridades y, sin lugar a dudas, Estados Unidos ha destacado por sus posiciones estáticas. A pesar de que, según algunos analistas, la posición norteamericana ha sido bastante ambigua con relación a otras conferencias, esto no ha sido obstáculo para impedir la inclusión de cantidades concretas de reducción de dió-xido de carbono en la previsible revisión del protocolo de Kioto.Aun así, esta situación parece abrir una puerta al futuro. Hay que recordar que el Gobierno de EEUU ha cambiado de partido desde que empezaron las negociaciones y, en los últimos 10 años de vida del protocolo de Kioto, ni lo ha firmado ni se ha comprometido a limitar sus emisiones. No solo esto, sino que cuando se negoció y aprobó el protocolo, el vicepresidente de EEUU era ni más ni menos que Al Gore, el principal abanderado en la lucha contra el cambio climático, que se presentó en la conferencia de Bali para decir que el culpable del bloqueo de las negociaciones era el Gobierno de su país.
DE MOMENTO, no es previsible que veamos cambios después de las próximas elecciones presidenciales; como mínimo, no es de esperar que ocurra como en Australia, que ha firmado el protocolo al cambiar de primer ministro. Al Gore dijo que “veremos EEUU en un lugar en el que ahora no está”, pero debería explicarnos mejor qué significa esta afirmación tan enigmática, que admite cualquier interpretación, aunque induce a pensar que puede estar más cerca de aceptar algún compromiso concreto sobre emisiones.Por otro lado, pese a la intransigencia inicial de EEUU, es importante tener en cuenta que dentro del país y a otros niveles de la Administración, más concretamente a escala local, hay ciudades que son pioneras en tomar medidas para evitar las emisiones de dióxido de carbono, como por ejemplo Salt Lake City.Además de la posición inicial norteamericana, el gran caballo de Troya en estas negociaciones fue que cada Estado se presentó en Bali con su propia agenda bajo el brazo, y el debate quedó constantemente viciado. Existe una gran carencia de actores con visión global y que realmente busquen la mejora global. Todo el mundo pone el filtro de su agenda y se acaba sobreentendiendo que la suma de todas las necesidades es el mejor de los acuerdos posibles aunque, muchas veces, la suma da cero, y ahora el mundo necesita avanzar y hacerlo con paso decidido.
POR ESO HAY que mirar al futuro con la necesidad de una profunda reforma del sistema de las instituciones internacionales para poder dotarlas de un mandato mucho más fuerte que permita aprobar resoluciones vinculantes para los estados. Los desafíos globales, como el cambio climático, tenemos que poder afrontarlos desde una visión global y no como un regateo que responde a la política interna de cada Estado.Aun así, la declaración aprobada es un avance sobre el papel. Otra cosa es cuándo veremos una disminución real de las emisiones que provocan el efecto invernadero. El paso siguiente será el próximo diciembre en Poznan (Polonia), aunque nadie habla de ello y el horizonte es la conferencia del 2009 en Copenhague, porque es la fecha límite para un nuevo acuerdo.Sin duda, el cambio climático sigue siendo un concepto abstracto (y el lenguaje de conferencias como la de Bali no facilitan su divulgación), y se hace difícil explicar una amenaza tan poco tangible. Pero combatirlo, como dijo Gore, “es una cuestión de voluntad política y, por suerte, la voluntad política es un recurso renovable”.
Publicado en EL PERIÓDICO, 17/12/2007;
Qué gran contradicción supone que en una reunión sobre el cambio climático, los asistentes deban abrigarse para protegerse del aire acondicionado! Pero esta era la realidad en algunos de los pabellones en los que se desarrollaron las actividades de la Conferencia de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático en Bali. Seguramente, fue un indicador muy claro de la dificultad para que avanzaran las negociaciones. Al final de un año en el que el cambio climático ha sido la estrella mediática, con el documental de Al Gore, las cuatro presentaciones del informe del Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) y mucha repercusión en los medios, y después de las muchas expectativas –quizá exageradas– puestas en esta conferencia para concretar avances importantes para la futura reforma del Protocolo de Kioto (o hacer uno nuevo), los resultados han sido solo discretos.Pero pudieron haber sido muy pobres, porque, hasta el jueves pasado, el único avance tangible era el establecimiento del fondo de adaptación para ayudar a los países en desarrollo a afrontar los efectos negativos del cambio climático.Las negociaciones han sido complicadas y muy lentas e, incluso, algunas cuestiones han quedado aplazadas para próximas reuniones. Ha sucedido que en Bali todos los estados han hecho su papel, llevaban bajo el brazo sus prioridades y, sin lugar a dudas, Estados Unidos ha destacado por sus posiciones estáticas. A pesar de que, según algunos analistas, la posición norteamericana ha sido bastante ambigua con relación a otras conferencias, esto no ha sido obstáculo para impedir la inclusión de cantidades concretas de reducción de dió-xido de carbono en la previsible revisión del protocolo de Kioto.Aun así, esta situación parece abrir una puerta al futuro. Hay que recordar que el Gobierno de EEUU ha cambiado de partido desde que empezaron las negociaciones y, en los últimos 10 años de vida del protocolo de Kioto, ni lo ha firmado ni se ha comprometido a limitar sus emisiones. No solo esto, sino que cuando se negoció y aprobó el protocolo, el vicepresidente de EEUU era ni más ni menos que Al Gore, el principal abanderado en la lucha contra el cambio climático, que se presentó en la conferencia de Bali para decir que el culpable del bloqueo de las negociaciones era el Gobierno de su país.
DE MOMENTO, no es previsible que veamos cambios después de las próximas elecciones presidenciales; como mínimo, no es de esperar que ocurra como en Australia, que ha firmado el protocolo al cambiar de primer ministro. Al Gore dijo que “veremos EEUU en un lugar en el que ahora no está”, pero debería explicarnos mejor qué significa esta afirmación tan enigmática, que admite cualquier interpretación, aunque induce a pensar que puede estar más cerca de aceptar algún compromiso concreto sobre emisiones.Por otro lado, pese a la intransigencia inicial de EEUU, es importante tener en cuenta que dentro del país y a otros niveles de la Administración, más concretamente a escala local, hay ciudades que son pioneras en tomar medidas para evitar las emisiones de dióxido de carbono, como por ejemplo Salt Lake City.Además de la posición inicial norteamericana, el gran caballo de Troya en estas negociaciones fue que cada Estado se presentó en Bali con su propia agenda bajo el brazo, y el debate quedó constantemente viciado. Existe una gran carencia de actores con visión global y que realmente busquen la mejora global. Todo el mundo pone el filtro de su agenda y se acaba sobreentendiendo que la suma de todas las necesidades es el mejor de los acuerdos posibles aunque, muchas veces, la suma da cero, y ahora el mundo necesita avanzar y hacerlo con paso decidido.
POR ESO HAY que mirar al futuro con la necesidad de una profunda reforma del sistema de las instituciones internacionales para poder dotarlas de un mandato mucho más fuerte que permita aprobar resoluciones vinculantes para los estados. Los desafíos globales, como el cambio climático, tenemos que poder afrontarlos desde una visión global y no como un regateo que responde a la política interna de cada Estado.Aun así, la declaración aprobada es un avance sobre el papel. Otra cosa es cuándo veremos una disminución real de las emisiones que provocan el efecto invernadero. El paso siguiente será el próximo diciembre en Poznan (Polonia), aunque nadie habla de ello y el horizonte es la conferencia del 2009 en Copenhague, porque es la fecha límite para un nuevo acuerdo.Sin duda, el cambio climático sigue siendo un concepto abstracto (y el lenguaje de conferencias como la de Bali no facilitan su divulgación), y se hace difícil explicar una amenaza tan poco tangible. Pero combatirlo, como dijo Gore, “es una cuestión de voluntad política y, por suerte, la voluntad política es un recurso renovable”.
Día internacional del Migrante
El Presidente Calderón en el Día Internacional del Migrante
Tijuana, Baja California; 17/12/2007;
Muy buenos días, amigas y amigos.
Licenciado José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador del Estado de Baja California.
Diputada Gloria María Loza Galván, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso.
Magistrada María Esther Rentería Ibarra, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Licenciado Jorge Ramos Hernández, Presidente Municipal de Tijuana.
Distinguidos integrantes del presídium, señoras y señores legisladores bajacalifornianos federales y locales, amigas y amigos todos:
Me alegra mucho estar nuevamente aquí en la puerta de México y de América Latina, en la frontera que resiste en la historia y en el presente.
Saludo con mucho afecto a toda la gente de Tijuana, así como a nuestros paisanos que están de paso en esta ciudad.
Saludo también con afecto a los líderes de las principales organizaciones que atienden o trabajan en los intereses de los migrantes, particularmente los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Y celebro, amigas y amigos, que estemos reunidos hoy para conmemorar un día tan especial, como el Día Internacional del Migrante.
Sé además que esta fecha tiene un significado particular para Tijuana, porque se ha forjado con el trabajo de migrantes de todo el país, que han constituido una buena parte del espíritu combativo y trabajador del tijuanense.
Es muy especial para Tijuana porque aquí se registran alrededor de 25 millones de cruces fronterizos al año, el punto más importante de cruces fronterizos en América y, desde luego, muy probablemente en el mundo.
Aquí en Baja California además, y cerca, muy cerca de las zonas montañosas o desérticas, donde por desgracia cada año siguen muriendo cientos de mexicanas y mexicanos tratando de cruzar la frontera con rumbo a los Estados Unidos.
Me da mucho gusto también que sea aquí, en esta ocasión, donde estamos dando el banderazo de arranque al Programa Paisano, con el cual queremos darle la bienvenida a más de un millón 200 mil mexicanas y mexicanos que regresan al país para reunirse, para darse un abrazo con sus familiares, con sus amigos en esta temporada de vacaciones.
Yo le he dado órdenes ya a las 20 dependencias que participan en el Programa para que en coordinación con los gobiernos locales y municipales garanticen a los paisanos un regreso tranquilo y seguro a sus lugares de origen.
Particularmente para que nos esmeremos y borremos de una buena vez esa idea de que en algunos puntos del país, ciertamente no en Baja California, pero en otros sí, los migrantes mexicanos son a veces peor tratados por las policías mexicanas que por las del otro lado.
Les he pedido en especial que faciliten su ingreso, su tránsito, su salida del país, los trámites aduanales y los fiscales, y sobre todo que vigilemos entre todos el que quede perfectamente erradicada la corrupción y el trato vejatorio sobre los paisanos.
Me alegra además, el compromiso y el trabajo de legisladores, del Programa Diputado Amigo, que seguramente estarán ellos al pendiente, como lo estaremos nosotros, de que haya siempre alguien que escuche, que atienda y que ayude a los paisanos que viven y a veces padecen esas circunstancias.
Tengo la certeza de que así no toleraremos actos de corrupción en la atención a nuestros compatriotas, ni admitiremos estafas, abusos o vejaciones.
Por ello es importante que nos hagan saber cualquier chantaje, cualquier extorsión, cualquier mordida, cualquier atropello que sufra la gente. La denuncia es vital para cerrarle el paso a la impunidad.
Los trabajadores migrantes, más allá de su nacionalidad o de su calidad migratoria, son mujeres y hombres con sueños y aspiraciones que merecen un trato humano.
Por eso los mexicanos hemos defendido siempre los derechos y la dignidad de quienes abandonan sus comunidades de origen en busca de trabajo y de un futuro mejor.
Estoy convencido de que ninguna política migratoria, ninguna, puede estar encima de los derechos de la gente.
Esta convicción es hoy más fuerte que nunca ante el clima de encono, de animadversión, de intolerancia que algunos irresponsables comienzan a gestar en Estados Unidos en contra de nuestros paisanos.
Con el argumento de que los migrantes, los trabajadores mexicanos representan un problema económico, social o incluso de seguridad para los estadounidenses. Nada más falso.
Esta percepción no sólo es errónea porque genera tensiones innecesarias en la relación bilateral, sino porque debilita el desarrollo de América del Norte en su conjunto.
Se equivocan quienes por ignorancia, por mala fe, por interés político o económico buscan presentar a los migrantes mexicanos o incluso a los mexicanos en general como enemigos de Estados Unidos.
Los trabajadores mexicanos son gente de paz y son una raíz cada vez más importante de la economía e incluso de la política de aquel país.
Hace poco más de una semana me reuní con los embajadores y cónsules de México en Estados Unidos y Canadá con un objetivo claro: enfrentar y neutralizar la radicalización de posturas y el trato vejatorio o discriminatorio en contra de los migrantes mexicanos.
Los instruí a asumir una posición activa, a fin de hacer, entre otras cosas, a hacer visibles los enormes aportes de la migración mexicana a la economía de América del Norte.
Les pedí que usaran todos los foros, todos los medios a su alcance para difundir lo que varios estudios señalan, como es el caso de los estudios del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca que acreditan la contribución de la fuerza laboral mexicana al desarrollo y el engrandecimiento de los Estados Unidos.
Por ejemplo, ese estudio dice que los inmigrantes constituyen ya el 15 por ciento de la fuerza laboral de Estados Unidos y de ellos la gran mayoría son migrantes mexicanos.
Demuestra también que lejos de desplazar a los trabajadores nativos norteamericanos complementan su capacidad productiva, se ubican en nichos laborales disponibles donde existe demanda de trabajo, si no, no encontrarían trabajo nuestros nacionales.
Y se ha encontrado, se ha demostrado que los migrantes mexicanos incrementan la productividad y el ingreso de los trabajadores nacidos en Estados Unidos.
Esta complementariedad genera beneficios para la economía americana y para los ingresos de sus trabajadores que se calculan en más de 30 mil millones de dólares por año.
Además, nuestra gente tiene un efecto positivo en las comunidades a las que se integran, muchos de estos inmigrantes son emprendedores, ponen su negocio, generan a la vez empleos para los demás, e incluso, son más emprendedores que la mayoría de los trabajadores nacidos en Estados Unidos.
Así lo demuestra el índice empresarial de actividad empresarial de la Fundación Kauffman, que dice que los migrantes mexicanos son 40 por ciento más emprendedores que los nativos.
También se dice falsamente que los inmigrantes y sus hijos ponen en peligro la cultura de Estados Unidos, falso también, está demostrado que la segunda generación de inmigrantes latinos, que ya es mayoría, sólo siete de cada 100 utilizan el español como idioma principal.
Por otra parte, la tasa de criminalidad entre los migrantes mexicanos es menor que entre la gente nacida en Estados Unidos.
Contrario a lo que se piensa, los migrantes mexicanos tampoco son una carga para la economía, ni para las finanzas de los norteamericanos.
Por el contrario, población mexicana fuerte, trabajadores mexicanos fuertes, jóvenes, activos, están ya financiando una buena parte del sistema de retiro de los adultos mayores norteamericanos.
Y hay otros estudios como el National Research Council, que estima que los migrantes y sus descendientes tendrán un impacto positivo en el presupuesto público en el largo plazo, es decir que los impuestos americanos que pagan son mucho mayores a los beneficios que reciben en educación o salud.
Cuánto estima este National Research Council, estima que el impacto positivo para el fisco americano es de 80 mil dólares por migrante en promedio, respecto a lo que reciben por concepto de servicios públicos.
Así que yo quiero exhortar a todos, a los medios de comunicación, a las organizaciones civiles no gubernamentales, a los propios gobiernos locales, a todos los funcionarios mexicanos del Gobierno Federal, que con hechos, con argumentos sólidos, demostremos que nuestros paisanos no son un problema, sino son una solución para Estados Unidos.
Estoy convencido, además, que mientras más hostil y más discriminatoria sea la política migratoria en Estados Unidos, menos competitividad y menos productividad económica tendrán los americanos.
Los trabajadores migrantes no sólo realizan una aportación sustantiva al crecimiento, la productividad y el avance tecnológico de ese país, sino que generan, como he dicho, un efecto positivo en los ingresos de los propios trabajadores estadounidenses.
Es innegable que la economía mexicana y la norteamericana son complementarias; Estados Unidos es intensivo en capital, México lo es en mano de obra, trabajo y capital son dos caras de una misma moneda que se llama crecimiento económico, de ahí la importancia del trabajador mexicano para elevar la productividad y la competitividad de América del Norte.
Por todas estas razones y muchas más, empezando por las razones que apelan a la dignidad humana elemental en cada persona, estoy convencido de que la solución no es levantar muros ni aplicar razias, que debemos abordar el tema migratorio desde una perspectiva integral y desde una dimensión económica, política social y cultural, y no desde una óptica policiaca o persecutoria.
Hoy reafirmo ante todos ustedes amigas y amigos el compromiso del Gobierno Federal de seguir luchando por una migración legal, segura, ordenada y respetuosa de la dignidad humana.
Como he dicho antes, para mi Gobierno México no termina en esta frontera, donde quiera que haya un mexicano, ahí está la patria y ahí está la solidaridad de México con su gente.
Por eso trabajamos intensamente para defender los derechos de los mexicanos en el exterior, también actuamos como en el Programa Paisano para recibirlos con la dignidad que merecen cuando vistan a su gente y más aún, cuando son deportados por las autoridades americanas.
En particular prestamos y prestaremos especial atención a los niños, a las niñas mexicanas que son deportados sin sus padres.
Por eso yo quiero anunciar que he instruido al Instituto Nacional de Migración, para que ponga en marcha un programa al que hemos llamado Repatriación Humana, Repatriación Humana, garantizará un trato humanitario y digno al medio millón de mexicanos que cada año son deportados.
Se trata de una estrategia que va a privilegiar la coordinación de esfuerzos entre los tres órdenes de Gobierno y la sociedad civil organizada.
Este programa iniciará el próximo año a través de un proyecto piloto que arrancará aquí en Tijuana y se extenderá gradualmente a todas las ciudades fronterizas.
Con este esfuerzo nos aseguraremos que nuestros compatriotas reciban comida y cobijo cuando así lo requieran, que cuenten con atención médica en casos de emergencia, que puedan validar formalmente los conocimientos adquiridos mediante su experiencia laboral en Estados Unidos, que tengan acceso a ofertas de trabajo temporal y, desde luego, que puedan comunicarse con sus seres queridos.
Yo estoy seguro que Repatriación Humana tendrá el éxito que esperamos porque se funda en la experiencia de varios equipos de trabajo dedicados a la atención del migrante.
En especial me refiero a las Organizaciones No Gubernamentales hoy presentes y, desde luego, a los Grupos Beta que hoy nos acompañan.
Su labor ha sido clave, por ejemplo, para la buena operación del Programa Paisano, pero no sólo para este programa, ha sido clave para rescatar a la gente en el desierto, en la montaña, para evitar mayor número de muertes, para evitar también el trato abusivo, persecutorio contra ellos por parte de otras autoridades.
Es por eso que para mí, además, va a ser muy grato entregar, dentro de unos momentos, el reconocimiento muy merecido a destacados miembros de los Grupos Beta.
Amigas y amigos tijuanenses, amigas y amigos:
Yo reitero mi aprecio, mi reconocimiento, diría yo mi cariño a la gente de Tijuana y también a la gente que es repatriada, a todos los paisanos que visitan el país.
Válidamente puedo decirles a nombre de todos los mexicanos que los extrañamos mucho y que esperamos tener en el futuro una Patria que ya no expulse a ninguno de sus hijos por hambre, nosotros seguiremos trabajando intensamente para crear las condiciones que permitan a cada mexicana, a cada mexicano encontrar aquí, aquí en su tierra y con su gente las oportunidades de empleo digno y bien pagado que merecen.
Que permitan sumar su esfuerzo y su talento a la transformación de México, seguiremos luchando sin descanso para que lo que más cruce la frontera sea la inversión y el turismo a nuestro país y no a nuestros trabajadores hacia los Estados Unidos.
Para que la migración sea una elección personal y no la única opción de vida, para que en suma México sea una Nación fuerte, competitiva, ganadora, a la altura de nuestras aspiraciones y de la dignidad de los mexicanos.
Enhorabuena para todos, muchas gracias.
Tijuana, Baja California; 17/12/2007;
Muy buenos días, amigas y amigos.
Licenciado José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador del Estado de Baja California.
Diputada Gloria María Loza Galván, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso.
Magistrada María Esther Rentería Ibarra, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Licenciado Jorge Ramos Hernández, Presidente Municipal de Tijuana.
Distinguidos integrantes del presídium, señoras y señores legisladores bajacalifornianos federales y locales, amigas y amigos todos:
Me alegra mucho estar nuevamente aquí en la puerta de México y de América Latina, en la frontera que resiste en la historia y en el presente.
Saludo con mucho afecto a toda la gente de Tijuana, así como a nuestros paisanos que están de paso en esta ciudad.
Saludo también con afecto a los líderes de las principales organizaciones que atienden o trabajan en los intereses de los migrantes, particularmente los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Y celebro, amigas y amigos, que estemos reunidos hoy para conmemorar un día tan especial, como el Día Internacional del Migrante.
Sé además que esta fecha tiene un significado particular para Tijuana, porque se ha forjado con el trabajo de migrantes de todo el país, que han constituido una buena parte del espíritu combativo y trabajador del tijuanense.
Es muy especial para Tijuana porque aquí se registran alrededor de 25 millones de cruces fronterizos al año, el punto más importante de cruces fronterizos en América y, desde luego, muy probablemente en el mundo.
Aquí en Baja California además, y cerca, muy cerca de las zonas montañosas o desérticas, donde por desgracia cada año siguen muriendo cientos de mexicanas y mexicanos tratando de cruzar la frontera con rumbo a los Estados Unidos.
Me da mucho gusto también que sea aquí, en esta ocasión, donde estamos dando el banderazo de arranque al Programa Paisano, con el cual queremos darle la bienvenida a más de un millón 200 mil mexicanas y mexicanos que regresan al país para reunirse, para darse un abrazo con sus familiares, con sus amigos en esta temporada de vacaciones.
Yo le he dado órdenes ya a las 20 dependencias que participan en el Programa para que en coordinación con los gobiernos locales y municipales garanticen a los paisanos un regreso tranquilo y seguro a sus lugares de origen.
Particularmente para que nos esmeremos y borremos de una buena vez esa idea de que en algunos puntos del país, ciertamente no en Baja California, pero en otros sí, los migrantes mexicanos son a veces peor tratados por las policías mexicanas que por las del otro lado.
Les he pedido en especial que faciliten su ingreso, su tránsito, su salida del país, los trámites aduanales y los fiscales, y sobre todo que vigilemos entre todos el que quede perfectamente erradicada la corrupción y el trato vejatorio sobre los paisanos.
Me alegra además, el compromiso y el trabajo de legisladores, del Programa Diputado Amigo, que seguramente estarán ellos al pendiente, como lo estaremos nosotros, de que haya siempre alguien que escuche, que atienda y que ayude a los paisanos que viven y a veces padecen esas circunstancias.
Tengo la certeza de que así no toleraremos actos de corrupción en la atención a nuestros compatriotas, ni admitiremos estafas, abusos o vejaciones.
Por ello es importante que nos hagan saber cualquier chantaje, cualquier extorsión, cualquier mordida, cualquier atropello que sufra la gente. La denuncia es vital para cerrarle el paso a la impunidad.
Los trabajadores migrantes, más allá de su nacionalidad o de su calidad migratoria, son mujeres y hombres con sueños y aspiraciones que merecen un trato humano.
Por eso los mexicanos hemos defendido siempre los derechos y la dignidad de quienes abandonan sus comunidades de origen en busca de trabajo y de un futuro mejor.
Estoy convencido de que ninguna política migratoria, ninguna, puede estar encima de los derechos de la gente.
Esta convicción es hoy más fuerte que nunca ante el clima de encono, de animadversión, de intolerancia que algunos irresponsables comienzan a gestar en Estados Unidos en contra de nuestros paisanos.
Con el argumento de que los migrantes, los trabajadores mexicanos representan un problema económico, social o incluso de seguridad para los estadounidenses. Nada más falso.
Esta percepción no sólo es errónea porque genera tensiones innecesarias en la relación bilateral, sino porque debilita el desarrollo de América del Norte en su conjunto.
Se equivocan quienes por ignorancia, por mala fe, por interés político o económico buscan presentar a los migrantes mexicanos o incluso a los mexicanos en general como enemigos de Estados Unidos.
Los trabajadores mexicanos son gente de paz y son una raíz cada vez más importante de la economía e incluso de la política de aquel país.
Hace poco más de una semana me reuní con los embajadores y cónsules de México en Estados Unidos y Canadá con un objetivo claro: enfrentar y neutralizar la radicalización de posturas y el trato vejatorio o discriminatorio en contra de los migrantes mexicanos.
Los instruí a asumir una posición activa, a fin de hacer, entre otras cosas, a hacer visibles los enormes aportes de la migración mexicana a la economía de América del Norte.
Les pedí que usaran todos los foros, todos los medios a su alcance para difundir lo que varios estudios señalan, como es el caso de los estudios del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca que acreditan la contribución de la fuerza laboral mexicana al desarrollo y el engrandecimiento de los Estados Unidos.
Por ejemplo, ese estudio dice que los inmigrantes constituyen ya el 15 por ciento de la fuerza laboral de Estados Unidos y de ellos la gran mayoría son migrantes mexicanos.
Demuestra también que lejos de desplazar a los trabajadores nativos norteamericanos complementan su capacidad productiva, se ubican en nichos laborales disponibles donde existe demanda de trabajo, si no, no encontrarían trabajo nuestros nacionales.
Y se ha encontrado, se ha demostrado que los migrantes mexicanos incrementan la productividad y el ingreso de los trabajadores nacidos en Estados Unidos.
Esta complementariedad genera beneficios para la economía americana y para los ingresos de sus trabajadores que se calculan en más de 30 mil millones de dólares por año.
Además, nuestra gente tiene un efecto positivo en las comunidades a las que se integran, muchos de estos inmigrantes son emprendedores, ponen su negocio, generan a la vez empleos para los demás, e incluso, son más emprendedores que la mayoría de los trabajadores nacidos en Estados Unidos.
Así lo demuestra el índice empresarial de actividad empresarial de la Fundación Kauffman, que dice que los migrantes mexicanos son 40 por ciento más emprendedores que los nativos.
También se dice falsamente que los inmigrantes y sus hijos ponen en peligro la cultura de Estados Unidos, falso también, está demostrado que la segunda generación de inmigrantes latinos, que ya es mayoría, sólo siete de cada 100 utilizan el español como idioma principal.
Por otra parte, la tasa de criminalidad entre los migrantes mexicanos es menor que entre la gente nacida en Estados Unidos.
Contrario a lo que se piensa, los migrantes mexicanos tampoco son una carga para la economía, ni para las finanzas de los norteamericanos.
Por el contrario, población mexicana fuerte, trabajadores mexicanos fuertes, jóvenes, activos, están ya financiando una buena parte del sistema de retiro de los adultos mayores norteamericanos.
Y hay otros estudios como el National Research Council, que estima que los migrantes y sus descendientes tendrán un impacto positivo en el presupuesto público en el largo plazo, es decir que los impuestos americanos que pagan son mucho mayores a los beneficios que reciben en educación o salud.
Cuánto estima este National Research Council, estima que el impacto positivo para el fisco americano es de 80 mil dólares por migrante en promedio, respecto a lo que reciben por concepto de servicios públicos.
Así que yo quiero exhortar a todos, a los medios de comunicación, a las organizaciones civiles no gubernamentales, a los propios gobiernos locales, a todos los funcionarios mexicanos del Gobierno Federal, que con hechos, con argumentos sólidos, demostremos que nuestros paisanos no son un problema, sino son una solución para Estados Unidos.
Estoy convencido, además, que mientras más hostil y más discriminatoria sea la política migratoria en Estados Unidos, menos competitividad y menos productividad económica tendrán los americanos.
Los trabajadores migrantes no sólo realizan una aportación sustantiva al crecimiento, la productividad y el avance tecnológico de ese país, sino que generan, como he dicho, un efecto positivo en los ingresos de los propios trabajadores estadounidenses.
Es innegable que la economía mexicana y la norteamericana son complementarias; Estados Unidos es intensivo en capital, México lo es en mano de obra, trabajo y capital son dos caras de una misma moneda que se llama crecimiento económico, de ahí la importancia del trabajador mexicano para elevar la productividad y la competitividad de América del Norte.
Por todas estas razones y muchas más, empezando por las razones que apelan a la dignidad humana elemental en cada persona, estoy convencido de que la solución no es levantar muros ni aplicar razias, que debemos abordar el tema migratorio desde una perspectiva integral y desde una dimensión económica, política social y cultural, y no desde una óptica policiaca o persecutoria.
Hoy reafirmo ante todos ustedes amigas y amigos el compromiso del Gobierno Federal de seguir luchando por una migración legal, segura, ordenada y respetuosa de la dignidad humana.
Como he dicho antes, para mi Gobierno México no termina en esta frontera, donde quiera que haya un mexicano, ahí está la patria y ahí está la solidaridad de México con su gente.
Por eso trabajamos intensamente para defender los derechos de los mexicanos en el exterior, también actuamos como en el Programa Paisano para recibirlos con la dignidad que merecen cuando vistan a su gente y más aún, cuando son deportados por las autoridades americanas.
En particular prestamos y prestaremos especial atención a los niños, a las niñas mexicanas que son deportados sin sus padres.
Por eso yo quiero anunciar que he instruido al Instituto Nacional de Migración, para que ponga en marcha un programa al que hemos llamado Repatriación Humana, Repatriación Humana, garantizará un trato humanitario y digno al medio millón de mexicanos que cada año son deportados.
Se trata de una estrategia que va a privilegiar la coordinación de esfuerzos entre los tres órdenes de Gobierno y la sociedad civil organizada.
Este programa iniciará el próximo año a través de un proyecto piloto que arrancará aquí en Tijuana y se extenderá gradualmente a todas las ciudades fronterizas.
Con este esfuerzo nos aseguraremos que nuestros compatriotas reciban comida y cobijo cuando así lo requieran, que cuenten con atención médica en casos de emergencia, que puedan validar formalmente los conocimientos adquiridos mediante su experiencia laboral en Estados Unidos, que tengan acceso a ofertas de trabajo temporal y, desde luego, que puedan comunicarse con sus seres queridos.
Yo estoy seguro que Repatriación Humana tendrá el éxito que esperamos porque se funda en la experiencia de varios equipos de trabajo dedicados a la atención del migrante.
En especial me refiero a las Organizaciones No Gubernamentales hoy presentes y, desde luego, a los Grupos Beta que hoy nos acompañan.
Su labor ha sido clave, por ejemplo, para la buena operación del Programa Paisano, pero no sólo para este programa, ha sido clave para rescatar a la gente en el desierto, en la montaña, para evitar mayor número de muertes, para evitar también el trato abusivo, persecutorio contra ellos por parte de otras autoridades.
Es por eso que para mí, además, va a ser muy grato entregar, dentro de unos momentos, el reconocimiento muy merecido a destacados miembros de los Grupos Beta.
Amigas y amigos tijuanenses, amigas y amigos:
Yo reitero mi aprecio, mi reconocimiento, diría yo mi cariño a la gente de Tijuana y también a la gente que es repatriada, a todos los paisanos que visitan el país.
Válidamente puedo decirles a nombre de todos los mexicanos que los extrañamos mucho y que esperamos tener en el futuro una Patria que ya no expulse a ninguno de sus hijos por hambre, nosotros seguiremos trabajando intensamente para crear las condiciones que permitan a cada mexicana, a cada mexicano encontrar aquí, aquí en su tierra y con su gente las oportunidades de empleo digno y bien pagado que merecen.
Que permitan sumar su esfuerzo y su talento a la transformación de México, seguiremos luchando sin descanso para que lo que más cruce la frontera sea la inversión y el turismo a nuestro país y no a nuestros trabajadores hacia los Estados Unidos.
Para que la migración sea una elección personal y no la única opción de vida, para que en suma México sea una Nación fuerte, competitiva, ganadora, a la altura de nuestras aspiraciones y de la dignidad de los mexicanos.
Enhorabuena para todos, muchas gracias.
El Presidente Calderón en Tijuana
El Presidente Calderón en la Presentación del Programa Integral de Seguridad Pública Estatal y Convivencia Social
Tijuana, Baja California, 17/12/2007;
Muy buenos días, amigas y amigos tijuanenses.
Licenciado José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador del Estado de Baja California.
Diputada Gloría María Loza Galván, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
Magistrada María Esther Rentería Ibarra, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Licenciado Jorge Ramos Hernández, Presidente Municipal de Tijuana.
Señores presidentes municipales de los diversos ayuntamientos del Estado de Baja California.
Señoras y señores legisladores, bajacalifornianos, señoras y señores líderes de organizaciones sociales, civiles, empresariales, líderes de colonias populares, amigas y amigos:
Agradezco muchísimo la oportunidad, la invitación para acompañarles en la instalación del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Baja California.
Yo estoy seguro de que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este Consejo será una auténtica instancia articuladora entre las autoridades del estado y la Federación en nuestra tarea, en nuestro compromiso conjunto de combatir a la delincuencia y de garantizar la seguridad de los bajacalifornianos.
Yo deseo el mayor de los éxitos al señor Gobernador, a los Secretarios de Gobierno del Estado, a los presidentes municipales, a los directores de Seguridad Pública en cada uno de ellos y en cada punto del Estado de Baja California.
Tengan ustedes la seguridad de que cuentan no sólo con la simpatía, sino con el franco y pleno respaldo del Gobierno Federal en el cumplimiento de su tarea.
La seguridad pública es un asunto prioritario en la agenda nacional.
Baja California y México entero enfrentamos el reto de forjarnos un futuro de prosperidad por la vía de la paz, por la vía del orden, por la vía del respeto a la ley.
Nuestra guerra frontal contra la delincuencia exige estrategias conjuntas y coordinadas de los tres órdenes de Gobierno.
Por ello celebro que la Política Integral de Seguridad Pública y Convivencia Social, esbozada aquí por quienes son los responsables de implementarla en el estado, el titular del ramo y el señor Gobernador, va a contribuir poderosamente al éxito de la Estrategia Nacional de Seguridad que mi Gobierno ha puesto en marcha y a la vez estoy seguro que la Estrategia Nacional de Seguridad contribuirá al éxito de este objetivo que se ha puesto la sociedad bajacaliforniana.
Muy positivo, además, que existan coincidencias en temas básicos, como el fortalecimiento y la modernización de las instituciones encargadas de la seguridad.
Tenemos que recuperar a las policías, sé que no es el caso ni de todos ni de la mayoría, sé que una gran mayoría de los policías que nos sirven con gente honrada que al igual que nosotros quiere vivir en paz y ver a su gente prosperar en paz, pero tenemos que recuperar la confianza en las policías, tenemos que recuperar la seguridad de que quienes nos cuidan están, precisamente, al servicio de nuestra seguridad y no al servicio de los delincuentes.
Promoveremos una cultura de prevención del delito y de la denuncia, así como medidas para mejorar el desempeño de las autoridades policíacas.
Será una tarea ardua, pero yo confió en que juntos podremos dar pasos importantes para construir un frente nacional por un México más seguro.
Será difícil, he dicho, porque tendremos que desandar el camino deteriorado durante muchos, muchos años, porque tenemos que enfrentar redes de corrupción y complicidad muy extensas y con hondas raíces.
Que tomará tiempo, que costará dinero, que costará también y por desgracia, vidas humanas, pero ténganlo por seguro, amigas y amigos, vamos a ganar esta batalla y recuperaremos la seguridad pública en Baja California y en México.
Mi Gobierno sabe de la importancia de este tema, lo hemos asumido desde el primer día y estamos firmemente decididos a trabajar hombro con hombro con el Gobierno del Estado y con los municipios, a trabajar en esta delicada tarea de terminar con la inseguridad que amenaza la libertad de los bajacalifornianos.
Así lo hemos venido haciendo y ese fue el propósito en el inicio del operativo conjunto que pusimos en marcha aquí en Tijuana este año.
En el marco de este operativo hemos asestado golpes importantes a las redes de operación criminal mediante el decomiso de droga y armas y detención de delincuentes y secuestradores.
Hemos decomisado más de 12 toneladas de marihuana que estaban destinadas a envenenar a los jóvenes bajacalifornianos, hemos detenido a más de mil 600 delincuentes en flagrancia en este operativo y hemos dado cumplimiento a más de 700 mandatos judiciales de aprehensión. Entre los detenidos se encuentran algunos responsables del tráfico de droga, secuestradores y asesinos de agentes municipales y ministeriales.
Se ha liberado a 14 personas que estaban secuestradas y se han desmantelado y detenido cuatro bandas de secuestradores y decomisado en este estado más de 21 mil cartuchos, además de cientos de armas de todo tipo.
Sé que los bajacalifornianos demandan, y con justa razón, que los tres órdenes de Gobierno unamos fuerzas para poner un alto a la criminalidad que pretende operar en la impunidad y en la complicidad, que amenaza a la seguridad de las familias y que quiere esclavizar a nuestra juventud mediante las adicciones.
Es urgente poner un alto a criminales sin escrúpulos que violentan y amenazan a la gente, por eso debemos redoblar esfuerzos para poner tras las rejas a quienes intentan apoderarse de Baja California a través de la violencia.
Por eso estamos aquí para reforzar y refrendar nuestro compromiso con acciones contra la delincuencia, para renovar nuestro compromiso con los bajacalifornianos, con Tijuana, con los demás ayuntamientos, con el Gobernador Osuna, para que las familias de la entidad puedan vivir en paz.
Por eso vamos no sólo a no retirar el apoyo de la Federación, sino a redoblar nuestro compromiso en el operativo aquí en Baja California.
Yo instruyo al Secretario de Seguridad Pública aquí presente, para que en el transcurso de esta misma semana se reúna con todos los alcaldes que acaban de asumir sus cargos, que comparta con ellos el esquema dinámico de nuestra estrategia para combatir a las estructuras criminales de la región.
Debemos garantizar una mayor coordinación y una mayor eficacia en el desempeño de los tres órdenes de Gobierno, yo celebro que esta reunión se realice al inicio del ejercicio de Gobierno de los alcaldes y del Gobernador, porque sé y lo sé por experiencia, porque nos conocemos, porque nos tenemos confianza, que nos vamos a entender muy bien y vamos a actuar de manera sincronizada y coordinada en beneficio de los bajacalifornianos.
Que sepa Baja California, que lo sepa su gente y que lo sepan los delincuentes, que lo que hagan a cualquier bajacaliforniano, no se lo hacen solo a ella o a él, nos lo hacen a todos, y en esta materia, como en muchas otras, pero especialmente en ésta, vamos a estar codo con codo municipios, gobierno del estado y Gobierno Federal, vamos a echarle montón a la delincuencia en Baja California.
Sé que además de mayor coordinación se requiere que los gobiernos estatales y municipales, el Federal, contemos con más recursos para combatir al crimen.
Por ello me da mucho gusto compartir con ustedes que gracias a la Reforma Hacendaria, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se han destinado casi tres mil 600 millones de pesos adicionales para fortalecer las funciones de Seguridad Pública, tan sólo de los gobiernos municipales sin contar los presupuestos para los gobiernos estatales y Federal.
Así vamos a poder avanzar en la profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública municipal y mejorar la infraestructura de sus corporaciones policíacas.
Cabe destacar que a nivel Federal y gracias al Congreso de la Unión, la Reforma Hacendaria por los que menos tienen nos permitió incrementar los recursos para seguridad pública en el año 2008, que en el país se van a incrementar en 43 por ciento respecto a este año.
Habremos de destinar mayores recursos a la formación de policías altamente capacitados, profesionales y comprometidos con los ciudadanos.
Precisamente con ese fin, mi Gobierno puso en marcha el nuevo modelo de formación policial.
Hoy los tres órdenes de Gobierno podemos y debemos unir esfuerzos para adoptar un nuevo modelo para reclutar y formar a nuestros policías.
Porque fortalecer a nuestras fuerzas de seguridad es fortalecer a México.
En la labor que diariamente realizan los policías municipales, estatales y federales, que actuaremos en conjunto en este estado, estamos perfectamente hermanados y coordinados.
Yo quiero expresar aquí mi solidaridad con los nuevos responsables de seguridad pública a nivel estatal y a nivel municipal, particularmente aquí en Tijuana, en Tecate, en Rosarito, en Ensenada, en Mexicali, por hechos de todos conocidos, yo debo expresar mi admiración, mi respeto, mi solidaridad y mi compromiso con quienes teniendo una trayectoria intachable, hoy han puesto al servicio de la ciudadanía su inteligencia para conducir esta lucha contra la inseguridad.
Además de contar con nuevos cuerpos policíacos, la modernización de nuestras instituciones encargadas de la seguridad sigue siendo clave.
Como ustedes saben, después de amplias discusiones, hoy el Congreso de la Unión está en una etapa avanzada para la aprobación de reformas al sistema de procuración e impartición de justicia.
Soy absolutamente respetuoso de la autonomía del Poder Legislativo, pero no quiero dejar de mencionar el sentido de urgencia que tienen las reformas para garantizar el orden y la seguridad pública en el país.
Nuestra guerra contra la delincuencia requiere de instrumentos como los que de hecho son parte de las reformas que hoy está analizando el Poder Legislativo y que están, esperemos estoy seguro, a punto de aprobación.
Me refiero entre otras cosas a consolidar un sistema homogéneo entre los tres órdenes de Gobierno para vigilar y regular el ingreso, la formación, la evaluación y la certificación de todos y cada uno de los miembros de las instituciones de seguridad pública.
Se dan a las policías facultades de investigación para que puedan recabar pruebas vitales en donde se haya cometido un delito que son determinantes para el juicio en las primeras horas de que éste se comete.
Que nos permitan cerrar espacios a la impunidad, establecer figuras como la extensión de dominio que permite al Estado hacerse de la propiedad de los bienes que provengan de actividades ilícitas por mecanismos expeditos a fin de debilitar las estructuras de operación y poder económico del crimen organizado.
Estas reformas, también permitirán ampliar los derechos de las víctimas en cada delito, así en otras cosas, se podrá reconocer el derecho de las víctimas a ser parte en los procesos, con todas las atribuciones para poder defender sus intereses y no limitarla a una función de mero coadyuvante del Ministerio Público como hoy ocurre.
Por ello, no se debe postergar la urgente reforma a nuestro sistema judicial que, además, permitirá que la justicia común, la que sufre la gente cada día, pueda desahogarse más rápido y de viva voz en juicios orales.
Es indispensable que estas reformas avancen a fin de que el país pueda fortalecer en el estado su responsabilidad de garantizar la convivencia pacífica y salvaguardar la libertad y los derechos de todos.
Sé que en esta ocasión será posible también construir acuerdos que demanda el bienestar de los mexicanos, así ha sucedido ya en varias reformas, tanto al Sistema de Pensiones de los Trabajadores del Estado, en la hacendaria, en la Reforma al Régimen Fiscal de PEMEX, en la aprobación de presupuestos y en la Reforma Constitucional en materia electoral.
Amigas y amigos bajacalifornianos:
Una de las responsabilidades centrales de los tres órdenes de Gobierno y de los poderes de la Unión es garantizar la seguridad pública; pienso que es la principal responsabilidad del Estado: cumplir y hacer cumplir la ley que implica, precisamente, el velar por la seguridad y la protección de los derechos de cada una y de cada uno.
Sólo podremos lograr eso si hacemos frente a la delincuencia de una manera corresponsable y coordinada, sé que la delincuencia busca generar miedo entre la gente e intimidar a la autoridad para que ésta se repliegue.
En nuestro caso, amigas y amigos, vamos para adelante porque sabemos que somos más, muchísimos más, abrumadoramente más, las mexicanas y los mexicanos que queremos vivir en paz, que queremos vivir de nuestro trabajo, que queremos salir adelante y sacar adelante a nuestra familia con honestidad, dignidad y respeto a los demás.
Que somos abrumadoramente más las mexicanas y los mexicanos que queremos un México mejor, libre, seguro, que aquellos, aquellas minorías que se esconden en la delincuencia para dañar a los demás.
Somos muchos más y organizados y unidos vamos a ganar esta batalla.
Juntos debemos seguir luchando para que en nuestras comunidades impere el orden y la tranquilidad.
El gobierno del estado y los bajacalifornianos cuentan con todo el respaldo de mi Gobierno y con el apoyo del Presidente de la República.
Enhorabuena, muchísimas gracia a todos ustedes.
Gracias y ahora, si me lo permiten, vamos a hacer la declaración formal de la instalación de este Consejo.
Siendo las 12:45 horas del día 17 de diciembre de 2007, declaro formalmente instalado el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Baja California, deseando el mayor de los éxitos en sus funciones.
Felicidades.
Licenciado José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador del Estado de Baja California.
Diputada Gloría María Loza Galván, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
Magistrada María Esther Rentería Ibarra, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Licenciado Jorge Ramos Hernández, Presidente Municipal de Tijuana.
Señores presidentes municipales de los diversos ayuntamientos del Estado de Baja California.
Señoras y señores legisladores, bajacalifornianos, señoras y señores líderes de organizaciones sociales, civiles, empresariales, líderes de colonias populares, amigas y amigos:
Agradezco muchísimo la oportunidad, la invitación para acompañarles en la instalación del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Baja California.
Yo estoy seguro de que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este Consejo será una auténtica instancia articuladora entre las autoridades del estado y la Federación en nuestra tarea, en nuestro compromiso conjunto de combatir a la delincuencia y de garantizar la seguridad de los bajacalifornianos.
Yo deseo el mayor de los éxitos al señor Gobernador, a los Secretarios de Gobierno del Estado, a los presidentes municipales, a los directores de Seguridad Pública en cada uno de ellos y en cada punto del Estado de Baja California.
Tengan ustedes la seguridad de que cuentan no sólo con la simpatía, sino con el franco y pleno respaldo del Gobierno Federal en el cumplimiento de su tarea.
La seguridad pública es un asunto prioritario en la agenda nacional.
Baja California y México entero enfrentamos el reto de forjarnos un futuro de prosperidad por la vía de la paz, por la vía del orden, por la vía del respeto a la ley.
Nuestra guerra frontal contra la delincuencia exige estrategias conjuntas y coordinadas de los tres órdenes de Gobierno.
Por ello celebro que la Política Integral de Seguridad Pública y Convivencia Social, esbozada aquí por quienes son los responsables de implementarla en el estado, el titular del ramo y el señor Gobernador, va a contribuir poderosamente al éxito de la Estrategia Nacional de Seguridad que mi Gobierno ha puesto en marcha y a la vez estoy seguro que la Estrategia Nacional de Seguridad contribuirá al éxito de este objetivo que se ha puesto la sociedad bajacaliforniana.
Muy positivo, además, que existan coincidencias en temas básicos, como el fortalecimiento y la modernización de las instituciones encargadas de la seguridad.
Tenemos que recuperar a las policías, sé que no es el caso ni de todos ni de la mayoría, sé que una gran mayoría de los policías que nos sirven con gente honrada que al igual que nosotros quiere vivir en paz y ver a su gente prosperar en paz, pero tenemos que recuperar la confianza en las policías, tenemos que recuperar la seguridad de que quienes nos cuidan están, precisamente, al servicio de nuestra seguridad y no al servicio de los delincuentes.
Promoveremos una cultura de prevención del delito y de la denuncia, así como medidas para mejorar el desempeño de las autoridades policíacas.
Será una tarea ardua, pero yo confió en que juntos podremos dar pasos importantes para construir un frente nacional por un México más seguro.
Será difícil, he dicho, porque tendremos que desandar el camino deteriorado durante muchos, muchos años, porque tenemos que enfrentar redes de corrupción y complicidad muy extensas y con hondas raíces.
Que tomará tiempo, que costará dinero, que costará también y por desgracia, vidas humanas, pero ténganlo por seguro, amigas y amigos, vamos a ganar esta batalla y recuperaremos la seguridad pública en Baja California y en México.
Mi Gobierno sabe de la importancia de este tema, lo hemos asumido desde el primer día y estamos firmemente decididos a trabajar hombro con hombro con el Gobierno del Estado y con los municipios, a trabajar en esta delicada tarea de terminar con la inseguridad que amenaza la libertad de los bajacalifornianos.
Así lo hemos venido haciendo y ese fue el propósito en el inicio del operativo conjunto que pusimos en marcha aquí en Tijuana este año.
En el marco de este operativo hemos asestado golpes importantes a las redes de operación criminal mediante el decomiso de droga y armas y detención de delincuentes y secuestradores.
Hemos decomisado más de 12 toneladas de marihuana que estaban destinadas a envenenar a los jóvenes bajacalifornianos, hemos detenido a más de mil 600 delincuentes en flagrancia en este operativo y hemos dado cumplimiento a más de 700 mandatos judiciales de aprehensión. Entre los detenidos se encuentran algunos responsables del tráfico de droga, secuestradores y asesinos de agentes municipales y ministeriales.
Se ha liberado a 14 personas que estaban secuestradas y se han desmantelado y detenido cuatro bandas de secuestradores y decomisado en este estado más de 21 mil cartuchos, además de cientos de armas de todo tipo.
Sé que los bajacalifornianos demandan, y con justa razón, que los tres órdenes de Gobierno unamos fuerzas para poner un alto a la criminalidad que pretende operar en la impunidad y en la complicidad, que amenaza a la seguridad de las familias y que quiere esclavizar a nuestra juventud mediante las adicciones.
Es urgente poner un alto a criminales sin escrúpulos que violentan y amenazan a la gente, por eso debemos redoblar esfuerzos para poner tras las rejas a quienes intentan apoderarse de Baja California a través de la violencia.
Por eso estamos aquí para reforzar y refrendar nuestro compromiso con acciones contra la delincuencia, para renovar nuestro compromiso con los bajacalifornianos, con Tijuana, con los demás ayuntamientos, con el Gobernador Osuna, para que las familias de la entidad puedan vivir en paz.
Por eso vamos no sólo a no retirar el apoyo de la Federación, sino a redoblar nuestro compromiso en el operativo aquí en Baja California.
Yo instruyo al Secretario de Seguridad Pública aquí presente, para que en el transcurso de esta misma semana se reúna con todos los alcaldes que acaban de asumir sus cargos, que comparta con ellos el esquema dinámico de nuestra estrategia para combatir a las estructuras criminales de la región.
Debemos garantizar una mayor coordinación y una mayor eficacia en el desempeño de los tres órdenes de Gobierno, yo celebro que esta reunión se realice al inicio del ejercicio de Gobierno de los alcaldes y del Gobernador, porque sé y lo sé por experiencia, porque nos conocemos, porque nos tenemos confianza, que nos vamos a entender muy bien y vamos a actuar de manera sincronizada y coordinada en beneficio de los bajacalifornianos.
Que sepa Baja California, que lo sepa su gente y que lo sepan los delincuentes, que lo que hagan a cualquier bajacaliforniano, no se lo hacen solo a ella o a él, nos lo hacen a todos, y en esta materia, como en muchas otras, pero especialmente en ésta, vamos a estar codo con codo municipios, gobierno del estado y Gobierno Federal, vamos a echarle montón a la delincuencia en Baja California.
Sé que además de mayor coordinación se requiere que los gobiernos estatales y municipales, el Federal, contemos con más recursos para combatir al crimen.
Por ello me da mucho gusto compartir con ustedes que gracias a la Reforma Hacendaria, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se han destinado casi tres mil 600 millones de pesos adicionales para fortalecer las funciones de Seguridad Pública, tan sólo de los gobiernos municipales sin contar los presupuestos para los gobiernos estatales y Federal.
Así vamos a poder avanzar en la profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública municipal y mejorar la infraestructura de sus corporaciones policíacas.
Cabe destacar que a nivel Federal y gracias al Congreso de la Unión, la Reforma Hacendaria por los que menos tienen nos permitió incrementar los recursos para seguridad pública en el año 2008, que en el país se van a incrementar en 43 por ciento respecto a este año.
Habremos de destinar mayores recursos a la formación de policías altamente capacitados, profesionales y comprometidos con los ciudadanos.
Precisamente con ese fin, mi Gobierno puso en marcha el nuevo modelo de formación policial.
Hoy los tres órdenes de Gobierno podemos y debemos unir esfuerzos para adoptar un nuevo modelo para reclutar y formar a nuestros policías.
Porque fortalecer a nuestras fuerzas de seguridad es fortalecer a México.
En la labor que diariamente realizan los policías municipales, estatales y federales, que actuaremos en conjunto en este estado, estamos perfectamente hermanados y coordinados.
Yo quiero expresar aquí mi solidaridad con los nuevos responsables de seguridad pública a nivel estatal y a nivel municipal, particularmente aquí en Tijuana, en Tecate, en Rosarito, en Ensenada, en Mexicali, por hechos de todos conocidos, yo debo expresar mi admiración, mi respeto, mi solidaridad y mi compromiso con quienes teniendo una trayectoria intachable, hoy han puesto al servicio de la ciudadanía su inteligencia para conducir esta lucha contra la inseguridad.
Además de contar con nuevos cuerpos policíacos, la modernización de nuestras instituciones encargadas de la seguridad sigue siendo clave.
Como ustedes saben, después de amplias discusiones, hoy el Congreso de la Unión está en una etapa avanzada para la aprobación de reformas al sistema de procuración e impartición de justicia.
Soy absolutamente respetuoso de la autonomía del Poder Legislativo, pero no quiero dejar de mencionar el sentido de urgencia que tienen las reformas para garantizar el orden y la seguridad pública en el país.
Nuestra guerra contra la delincuencia requiere de instrumentos como los que de hecho son parte de las reformas que hoy está analizando el Poder Legislativo y que están, esperemos estoy seguro, a punto de aprobación.
Me refiero entre otras cosas a consolidar un sistema homogéneo entre los tres órdenes de Gobierno para vigilar y regular el ingreso, la formación, la evaluación y la certificación de todos y cada uno de los miembros de las instituciones de seguridad pública.
Se dan a las policías facultades de investigación para que puedan recabar pruebas vitales en donde se haya cometido un delito que son determinantes para el juicio en las primeras horas de que éste se comete.
Que nos permitan cerrar espacios a la impunidad, establecer figuras como la extensión de dominio que permite al Estado hacerse de la propiedad de los bienes que provengan de actividades ilícitas por mecanismos expeditos a fin de debilitar las estructuras de operación y poder económico del crimen organizado.
Estas reformas, también permitirán ampliar los derechos de las víctimas en cada delito, así en otras cosas, se podrá reconocer el derecho de las víctimas a ser parte en los procesos, con todas las atribuciones para poder defender sus intereses y no limitarla a una función de mero coadyuvante del Ministerio Público como hoy ocurre.
Por ello, no se debe postergar la urgente reforma a nuestro sistema judicial que, además, permitirá que la justicia común, la que sufre la gente cada día, pueda desahogarse más rápido y de viva voz en juicios orales.
Es indispensable que estas reformas avancen a fin de que el país pueda fortalecer en el estado su responsabilidad de garantizar la convivencia pacífica y salvaguardar la libertad y los derechos de todos.
Sé que en esta ocasión será posible también construir acuerdos que demanda el bienestar de los mexicanos, así ha sucedido ya en varias reformas, tanto al Sistema de Pensiones de los Trabajadores del Estado, en la hacendaria, en la Reforma al Régimen Fiscal de PEMEX, en la aprobación de presupuestos y en la Reforma Constitucional en materia electoral.
Amigas y amigos bajacalifornianos:
Una de las responsabilidades centrales de los tres órdenes de Gobierno y de los poderes de la Unión es garantizar la seguridad pública; pienso que es la principal responsabilidad del Estado: cumplir y hacer cumplir la ley que implica, precisamente, el velar por la seguridad y la protección de los derechos de cada una y de cada uno.
Sólo podremos lograr eso si hacemos frente a la delincuencia de una manera corresponsable y coordinada, sé que la delincuencia busca generar miedo entre la gente e intimidar a la autoridad para que ésta se repliegue.
En nuestro caso, amigas y amigos, vamos para adelante porque sabemos que somos más, muchísimos más, abrumadoramente más, las mexicanas y los mexicanos que queremos vivir en paz, que queremos vivir de nuestro trabajo, que queremos salir adelante y sacar adelante a nuestra familia con honestidad, dignidad y respeto a los demás.
Que somos abrumadoramente más las mexicanas y los mexicanos que queremos un México mejor, libre, seguro, que aquellos, aquellas minorías que se esconden en la delincuencia para dañar a los demás.
Somos muchos más y organizados y unidos vamos a ganar esta batalla.
Juntos debemos seguir luchando para que en nuestras comunidades impere el orden y la tranquilidad.
El gobierno del estado y los bajacalifornianos cuentan con todo el respaldo de mi Gobierno y con el apoyo del Presidente de la República.
Enhorabuena, muchísimas gracia a todos ustedes.
Gracias y ahora, si me lo permiten, vamos a hacer la declaración formal de la instalación de este Consejo.
Siendo las 12:45 horas del día 17 de diciembre de 2007, declaro formalmente instalado el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Baja California, deseando el mayor de los éxitos en sus funciones.
Felicidades.
Ayman al Zawahiri
El número dos de la red terrorista Al Qaeda, el egipcio Ayman al Zawahiri, dijo en un nuevo vídeo difundido hoy que el traspaso del control de la provincia iraquí de Basora a manos iraquíes es "una nueva muestra de la fuerza de los combatientes islámicos".
Zawahiri habló sobre la actual situación en Iraq en una entrevista de una hora y 37 minutos de duración con la productora audiovisual de Al Qaeda, As Sahab, que había sido anunciada previamente la semana pasada. Al Zawahri afirmó que Estados Unidos está tratando de "ocultar sus fracasos" en Iraq y avisó que los 'muyahidines' están aumentando su poder. "Estamos observando un gran fracaso de los americanos en Iraq, dijo en un vídeo de noventa minutos de duración.
"No importa cuánto intente engañar la gigante máquina de propaganda estadounidense, la realidad es mayor y más negativa que el engaño que muestran", sentenció.
El líder de Al Qaeda añadió que las fuerzas americanas "estaban derrotadas e intentando buscar una salida", mientras que las fuerzas iraquíes eran incapaces de proporcionar seguridad.
Al Zawahri denunció que las fuerzas sunníes árabes han vuelto a la lucha contra los grupos insurgentes, acusando de "traidores" a los americanos. "Los reportajes de Iraq muestran por un lado, el crecimiento de los 'muyahidines', y por otro lado, el colapso del dominio norteamericano", sentenció Al Zawahri
Zawahiri habló sobre la actual situación en Iraq en una entrevista de una hora y 37 minutos de duración con la productora audiovisual de Al Qaeda, As Sahab, que había sido anunciada previamente la semana pasada. Al Zawahri afirmó que Estados Unidos está tratando de "ocultar sus fracasos" en Iraq y avisó que los 'muyahidines' están aumentando su poder. "Estamos observando un gran fracaso de los americanos en Iraq, dijo en un vídeo de noventa minutos de duración.
"No importa cuánto intente engañar la gigante máquina de propaganda estadounidense, la realidad es mayor y más negativa que el engaño que muestran", sentenció.
El líder de Al Qaeda añadió que las fuerzas americanas "estaban derrotadas e intentando buscar una salida", mientras que las fuerzas iraquíes eran incapaces de proporcionar seguridad.
Al Zawahri denunció que las fuerzas sunníes árabes han vuelto a la lucha contra los grupos insurgentes, acusando de "traidores" a los americanos. "Los reportajes de Iraq muestran por un lado, el crecimiento de los 'muyahidines', y por otro lado, el colapso del dominio norteamericano", sentenció Al Zawahri
Por cierto, el líder terrorista amenazo a Benedicto XVI por buscan acabar con su obra de diálogo con los musulmanes.
Al Zawahiri, en esa entrevista de una hora y 37 minutos de duración difundida este lunes, definió la reciente e histórica visita al Papa del rey Abdalá bin Abdelaziz de Arabia Saudí como una ofensa al Islam y a los musulmanes.
«Los contactos de diálogo que han promovido autorizados exponentes musulmanes, como el rey de Arabia y los 138 líderes islámicos [que han escrito una carta de colaboración al Papa, ndr.], son un hecho significativo para todo el mundo musulmán», reconoce el padre Federico Lombardi, S.I., director de la Oficina de Información de la Santa Sede.
«El hecho de que estas voces que quieren explícitamente dialogar y comprometerse por la paz tengan una importancia creciente en el Islam es evidentemente un hecho que preocupa a quien no quiere este diálogo», considera el portavoz.
La «referencia negativa» al Papa, observa el padre Lombardi, «no es un hecho extraño ni nos preocupa particularmente». De hecho, el director de la Oficina de Información invita a no atribuirle «una gran importancia».
La visita del rey Abadalá, custodio de las dos mezquitas sagradas de la Meca y de Medina, el 6 de noviembre, fue la primera de un monarca de ese país a un Papa.
Días después, el Papa respondió a la carta que al final del Ramadán le habían dirigido 138 religiosos musulmanes garantizando su compromiso por el diálogo basado en «los valores del respeto recíproco, la solidaridad y la paz».
Fuente Jesús Colina de la agencia Zenit y agencias
«Los contactos de diálogo que han promovido autorizados exponentes musulmanes, como el rey de Arabia y los 138 líderes islámicos [que han escrito una carta de colaboración al Papa, ndr.], son un hecho significativo para todo el mundo musulmán», reconoce el padre Federico Lombardi, S.I., director de la Oficina de Información de la Santa Sede.
«El hecho de que estas voces que quieren explícitamente dialogar y comprometerse por la paz tengan una importancia creciente en el Islam es evidentemente un hecho que preocupa a quien no quiere este diálogo», considera el portavoz.
La «referencia negativa» al Papa, observa el padre Lombardi, «no es un hecho extraño ni nos preocupa particularmente». De hecho, el director de la Oficina de Información invita a no atribuirle «una gran importancia».
La visita del rey Abadalá, custodio de las dos mezquitas sagradas de la Meca y de Medina, el 6 de noviembre, fue la primera de un monarca de ese país a un Papa.
Días después, el Papa respondió a la carta que al final del Ramadán le habían dirigido 138 religiosos musulmanes garantizando su compromiso por el diálogo basado en «los valores del respeto recíproco, la solidaridad y la paz».
Fuente Jesús Colina de la agencia Zenit y agencias
La iniciativa Mérida
La Iniciativa Mérida: desafíos del combate al crimen y el narcotráfico en México/Raúl Benítez Manaut,
Publicado por El Real Instituto Elcano, ARI Nº 130/2007 - 10/12/2007
Tema: Los presidentes de México y EEUU, Felipe Calderón y George W. Bush, acordaron que México recibiría un paquete de ayuda financiera de 1.400 millones de dólares durante tres años. Los primeros 500 millones de dólares se entregarán en el año fiscal 2008. Dicho paquete se denominó Iniciativa Mérida para evitar ser comparado con el polémico Plan Colombia. Es un plan de combate al crimen organizado, principalmente el narcotráfico, y compromete una cantidad adicional de cooperación a los países de Centroamérica, que para el primer año será de 50 millones de dólares.
Resumen: Se analizan los antecedentes de los programas de cooperación en materia de seguridad y defensa entre México y EEUU, sobre la base de que México ha sido un país que ha recibido muy poca asistencia. Ello se debe a resistencias nacionalistas en el seno de las Fuerzas Armadas mexicanas y también a que la elite política estuvo en desacuerdo durante la época de la Guerra Fría con las posturas estratégicas estadounidenses contra el comunismo. Sin embargo, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, y también por el aumento del tráfico de cocaína desde Colombia a EEUU desde los años ochenta, empleando fundamentalmente el territorio mexicano, la distancia estratégica entre ambos países se ha cerrado. De forma gradual, el incremento de los vínculos económicos y sociales (EEUU es el tercer socio comercial de México y 20 millones de mexicanos y sus descendientes viven en ese país), conduce a una especie de asociación estratégica en materia de seguridad y defensa. Después de los atentados terroristas del 11-S, México aumentó la cooperación antiterrorista y el Gobierno estadounidense plantea la necesidad de respaldar el combate al crimen organizado en México, especialmente el narcotráfico, debido al creciente papel de las organizaciones criminales mexicanas en el tránsito de cocaína, pues se estima que por México ingresa el 90% de la cocaína enviada desde Colombia. La Iniciativa Mérida pretende estrechar la cooperación entre los sistemas de seguridad y defensa de ambos países, con el propósito de hacer más eficiente el combate al crimen organizado.
Análisis: Cada vez es más evidente que la democratización de México está siendo golpeada por los llamados actores ilegales, poderes fácticos, grupos de presión y estructuras mafiosas. Los narcotraficantes mexicanos, cabeza del crimen organizado, se volvieron muy poderosos por efecto de la guerra a las drogas en Colombia y en los Andes en general. En Colombia, a inicios de la década de 1990, el poder económico y político de los grandes cárteles era incomparable. El símbolo era el Cártel de Medellín y su máximo líder Pablo Escobar. Éste fue capturado en 1993 con ayuda estadounidense. El éxito del apoyo de EEUU a Colombia para desmantelar a los poderosos mafiosos tuvo un efecto negativo en México. Se dispersó el negocio, los herederos de los grandes capos esparcieron sus operaciones por el territorio colombiano y esto impidió que los medianos productores y traficantes de cocaína se volvieran grandes monopolios. El gran negocio, la exportación a EEUU, apoyada por comerciantes mexicanos súbditos de aquellos en esos años, sufrió una metamorfosis: los mexicanos transformaron su papel y se volvieron los dueños y monopolizadores para abastecer a los consumidores de cocaína en el país del norte, calculados entre 1,5 y 2 millones de personas. Se estima que ingresan a EEUU un promedio de 275 toneladas de cocaína al año, y que sólo son capturadas 36 toneladas en México (2006). De igual manera, ha aumentado la exportación de marihuana y heroína de México a EEUU, y también el nuevo producto de moda, las metanfetaminas. Las capturas de metanfetaminas en 2000 fueron de 500 kilos, mientras que en 2006 fueron de 2.700 kilos. La materia prima de estas nuevas drogas proviene principalmente de China. El fenómeno colombiano se reprodujo en Perú y Bolivia, donde los grandes capos fueron golpeados por las estrategias antidrogas de EEUU y los programas de erradicación de cultivos e intercepción, con lo que los mexicanos se volvieron los dueños del negocio en esos países. Esto llevó a que los cárteles mexicanos se volvieran las organizaciones criminales más poderosas de América Latina.
En los últimos 20 años, la doctrina y las políticas de seguridad de EEUU han sufrido grandes cambios, lo que hace muy inconsistente su seguridad nacional. De la Guerra Fría y el paradigma bipolar dominante durante 45 años se pasó a un optimismo desmedido por el desmembramiento de los regímenes comunistas. Esta singular percepción de superioridad llevó al momento unipolar-multipolar de la década de 1990, con una superpotencia en competencia y conviviendo con regiones y países que se reacomodan en la geopolítica global. La política del presidente Clinton hacia América Latina se orientó a la búsqueda del libre comercio y la consolidación de regímenes democráticos. Pero apareció un enemigo exógeno al continente, el terrorismo, y se exhortó y presionó para que los países latinoamericanos cooperaran para enfrentarlo. La potencia fue atacada, pero el terrorismo no es muy popular como hipótesis de amenaza a la seguridad en América Latina. Sin embargo, los países no pueden romper con la superpotencia y no se cuestionó la cooperación antiterrorista. El islamismo y su expresión terrorista queda como una hipótesis o una abstracción importada. Fue el caso de México, junto a todos los países del hemisferio, aun aquellos que en la retórica son antiimperialistas –como Cuba y Venezuela–. Se cooperó con la potencia atacada el 11-S. México firmó los acuerdos de fronteras inteligentes en marzo de 2002 y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) en 2005 con EEUU (el ASPAN es un compromiso trinacional donde también participa Canadá).
En todo el hemisferio se empezó a hablar de seguridad cooperativa. Esto fue más cierto en algunas subregiones que en otras, principalmente en América del Sur y Centroamérica, y se acordaron compromisos –difíciles de cumplir– en la reunión de la OEA de seguridad hemisférica de octubre de 2003. Al no ser popular la amenaza terrorista por la aplicación de la doctrina de acción preventiva en Irak, poco a poco aparece la debilidad de los Estados como fuente de la inestabilidad, principalmente por la fragilidad de las instituciones de seguridad pública y justicia.
En Centroamérica la población comienza a ser asolada por las pandillas transnacionales, las maras, y se afirma que la verdadera inseguridad proviene del interior de los países: la inseguridad pública, la ampliación del crimen común y la creciente presencia del crimen organizado. Se regresa así al paradigma de los ochenta y noventa: el narcotráfico-plus (o sea, el crimen organizado) es la nueva amenaza. Este flagelo, a diferencia del terrorismo, es real, existe en todos los países y cobra fuerza. Los Gobiernos latinoamericanos no tienen instrumentos eficaces para enfrentarlo. Las leyes son inconsistentes, y, si las hay, no logran desarrollar estructuras ni recursos humanos y materiales para combatirlo. Éste no es un asunto militar, como pudiera creerse con una lectura simplista. El crimen organizado se vuelve invisible y tiene gran capacidad de penetración en el Estado a través de la corrupción. Los militares son igualmente corrompibles por el poder del dinero. Los servicios de inteligencia apenas están desarrollando capacidades investigativas para enfrentarlo y difícilmente se pueden emplear las Fuerzas Armadas con eficacia si no actúan en cooperación y coordinación con otras dependencias del Estado y con una amplia cooperación internacional. Además, el nuevo crimen organizado latinoamericano es por naturaleza trasnacional, por lo que uno de los obstáculos es la soberanía de los países.
El crimen organizado aprovecha los distintos sistemas judiciales y sus vacíos e inconsistencias legales; la falta de control de las fronteras físicas (México-Guatemala o México-EEUU); la falta de transparencia en el control de los bienes de los funcionarios públicos; la falta de profesionalidad de los cuerpos policiales; la falta de adecuación en los sistemas de doctrina y entrenamiento militar; los mercados informales y la incapacidad de controlar a través del fisco los ingresos de la población; el desvío de los sistemas de inteligencia para dar seguimiento a otras prioridades de los gobiernos y sus debilidades institucionales; y la débil cooperación internacional que se ha desplegado para combatirlo. Además, existe falta de confianza de las instituciones de un país respecto de los otros. Por ejemplo, es pública la desconfianza –con sobradas razones– del sistema de seguridad de EEUU con las instituciones de seguridad de México, como son conocidas las dudas en las instituciones guatemaltecas por las instituciones de seguridad mexicanas. Esto se reproduce al infinito, especialmente en los países con diferendos vecinales intensos, o por falta de comunicación ante las diferencias políticas de sus líderes.
EEUU está viviendo las consecuencias de haber dirigido su estrategia de seguridad nacional a otras partes del mundo. Hay una especie de “vacío” en su política latinoamericana, o ésta está plagada de contradicciones que lo enfrentan con la gran mayoría de los países, aun aquellos que se consideran aliados estratégicos como México y Colombia. El debate sobre migración ha tensado las relaciones con México desde 2004 a un nivel sin precedentes, la construcción de un muro para evitar la migración ilegal se ha vuelto una gran ofensa hacia México y se simboliza como una especie de Muro de Berlín. El tema se ha politizado y en México hay una gran campaña para evitar su construcción. Con Colombia, la Administración Bush no logró que se firmara el Tratado de Libre Comercio a inicios de 2007. Si ello sucede con los aliados más cercanos, las distancias son mucho mayores con aquellos que no comparten abiertamente el discurso agresivo de la Administración Bush, por no decir de quienes intentan construir una contra-hegemonía bolivariana, encabezados por Venezuela.
Al transformar la política de cooperación con América Latina, abandonando de facto el terrorismo, sustituyéndolo por el crimen organizado –al ser una amenaza real y estar presente en todos los países sin distinción, aunque con distintas formas– se abre una puerta a relaciones más realistas. La nueva amenaza está en todos lados, corrompe todo y justifica una nueva política integral de cooperación. El problema se presenta en la cúspide de la pirámide, sobre todo con los grandes cárteles de narcotraficantes y sus dirigentes, pues son realmente limitadas las capacidades de los Gobiernos para enfrentarse a la amenaza. Reforzar las estructuras institucionales de seguridad es prioritario. Ello se puede dar con recursos propios o con asistencia externa. Por ello, la “Iniciativa Mérida”, popularmente conocida como Plan México, es el primer experimento de cooperación hemisférica de estas características. El Plan Colombia, diseñado desde los últimos años de la Administración Clinton, tenía desde sus orígenes un componente inexistente en México: los grupos armados de izquierda –encabezados por las FARC– y de derecha –los paramilitares–. Para justificarlo y lograr la aprobación de los fondos en el Congreso de EEUU, siempre tuvo un componente “antiterrorista” que no tiene la Iniciativa Mérida.
Tanto los promotores de la Iniciativa Mérida como sus detractores han elevado las expectativas sobre México para combatir al crimen organizado. Si se cree que con 1.400 millones de dólares en tres años, de los cuáles 500 millones corresponden al primero, se va a suprimir o aminorar el narcotráfico, definitivamente se está en un error. Es una cantidad insignificante de dinero para los requerimientos necesarios para un combate integral al crimen organizado y a los grandes cárteles. De igual manera, los detractores del plan en México sobrevalúan las capacidades de EEUU y su poder para “vulnerar la soberanía”. Es muy poco dinero para afectar la soberanía. Quienes creen que ello es posible la devalúan demasiado. La soberanía de un país es un bien intangible, cualitativo, y se desarrolla en el nivel de las percepciones. Para los que apoyan el plan, quien viola la soberanía es el crimen organizado por debilitar al Estado y descomponer la cohesión social, por lo que una ayuda, por modesta que sea, puede servir para reponer la debilitada autoridad del Estado para imponer la ley. Lo que es grave es que el propio Estado mexicano no haya diseñado, por su propia cuenta y con sus propios recursos, una estrategia eficaz después de 20 años de múltiples intentos infructuosos para combatir el narcotráfico. En otras palabras, el problema es la ausencia de una verdadera estrategia de seguridad nacional.
El mayor responsable de que este plan de combate al crimen sea binacional es el Estado mexicano, por incapacidad manifiesta, pues hay recursos financieros. Solamente se debe tener en cuenta que las reservas del país son de 75.000 millones de dólares al momento de implementarse la iniciativa. Y si no se pueden emplear contra la mayor amenaza a la seguridad del país, es porque el Congreso mexicano no concuerda con la valoración del nivel de la amenaza, pues es la instancia que podría cambiar la forma de empleo por el presidente de las reservas monetarias del país.
Durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) fueron detenidas 60.000 personas por delitos contra la salud. Sin embargo, sólo 15 eran líderes de los cárteles: 50 pertenecían a sus estructuras financieras y se capturaron sólo a 71 sicarios. La mayoría de los detenidos pertenece a la cadena inferior de distribución o son campesinos cultivadores. Uno de los argumentos principales del Gobierno de EEUU es el bajo porcentaje de captura de drogas en México. Un informe del Government Accountability Office (GAO) estima que el promedio anual es de 275 toneladas de cocaína introducidas desde México y que el Gobierno mexicano sólo captura 36 toneladas. Dicho informe recomienda reforzar la cooperación, para aumentar la capacidad de intercepción de las agencias mexicanas responsables de la intercepción de drogas.
Debido a la capacidad de penetrar las fronteras por los cárteles, la Iniciativa Mérida para asistir a las agencias mexicanas de seguridad, inteligencia y a las Fuerzas Armadas, en teoría deben aumentar los decomisos de drogas. Para combatir ésta amenaza a la población y al Estado, el Gobierno mexicano tiene como principal herramienta a los militares. Esto puede modificar la relación civil-militar, ya que las Fuerzas Armadas deben fortalecerse en equipo, presupuesto, y también en prerrogativas, lo que podría debilitar el proceso de reforma del sector defensa. El plan de cooperación se basa en entregar el primer año 550 millones de dólares, 500 millones a México y 50 millones a Centroamérica. La Iniciativa se propone prevenir el ingreso y tránsito de drogas, armas, personas vinculadas y tránsito de recursos financieros, a través de la región y hacia EEUU. Incluye la dotación de equipo de inspección, scanners de ion, unidades caninas de intercepción, tecnologías de comunicación, asesoría técnica y entrenamiento para las instituciones de justicia, programas de protección de testigos, helicópteros y aviones de vigilancia para que haya una reacción rápida en la intercepción. Esta Iniciativa se vincula a la National Southwest Border Counternarcotics Strategy, implementada en la frontera sur de EEUU.
A diferencia de otros países de América Latina, México se ha negado a recibir montos importantes de EEUU para ayuda militar o para la guerra a las drogas. EEUU colaboró a inicios de los noventa en la creación de un centro de inteligencia contra las drogas (Centro de Planeación para el Control de Drogas, Cendro), el respaldo a la creación de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFES) en las Fuerzas Armadas, y entregó 73 helicópteros OH-1H, devueltos en 1998, causando una gran fricción bilateral. En los últimos 12 años la ayuda anual para la guerra a las drogas del Gobierno de EEUU, entregado a las diferentes agencias de seguridad y las Fuerzas Armadas fue de 440 millones de dólares y se entrenó a 5.140 personas (de 1996 a 2007). En 2007, México recibió 59 millones en ayuda militar. Con la Iniciativa Mérida se va a recibir más asistencia en un año que el total de los últimos 12 años.
La asistencia militar, cuando sea aprobada por el Congreso de EEUU, destinará una cantidad de dinero del que las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad y agencias de imposición de la ley mexicanos no disponen, ya que los presupuestos de las instituciones federales se dedican en más del 95% al pago de personal, y no tienen recursos para la modernización de equipo o infraestructura. En términos de equipamiento para la guerra a las drogas, la modernización dependerá en parte importante de EEUU. Esto puede ejercer una nueva presión para la adecuación de las estructuras de defensa y seguridad nacional a los requerimientos estadounidenses. Otro elemento importante es que el 40% de la primera entrega del paquete de ayuda se va a destinar a las Fuerzas Armadas: el 20% a la Secretaría de la Defensa Nacional y el 20% para la Armada de México, o sea, 100 millones de dólares a cada una. Esto podría tener el efecto de que se superen los obstáculos “nacionalistas” dentro de las Fuerzas Armadas, muy arraigados entre sus integrantes, con lo que se podría fortalecer la cooperación bilateral en el mediano y largo plazo.
Una de las debilidades más notables de las Fuerzas Armadas es su fragilidad financiera. En la propuesta de presupuesto para la Secretaría de Defensa Nacional para 2008, de 34.000 millones de pesos (3.200 millones de dólares) el 95,5% de ese presupuesto es para el pago de personal. En igual condición se encuentra la Secretaría de Marina. Existe una propuesta de ejercicio de un presupuesto extraordinario de dotar con 7.100 millones de pesos adicionales (650 millones de dólares) para equipo a la SEDENA. Sin embargo, para las dos Secretarías de Estado es insuficiente esta cantidad, teniendo en cuenta que el equipo actual es obsoleto, mucho de él ya agotó su capacidad de vida útil, y para enfrentarse con éxito a las dos misiones fundamentales, la guerra al narcotráfico y la ayuda a la población civil ante desastres naturales, es evidente la necesidad de modernizar el equipo militar.
Comparando la Iniciativa Mérida con el Plan Colombia, está claro que éste no significa una violación a la soberanía de ese país, pues ha sido una intervención por invitación para ayudar a combatir un mal mayor. Este argumento enfatiza el mayor peligro de la forma como la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico vulneran la soberanía del Estado y la nación, que la participación de un país extranjero, sus asesores y su equipo militar. En Colombia, quienes apoyan el Plan Colombia señalan que su éxito se mide en que no han reaparecido grandes cárteles, se ha recuperado el control territorial por el ejército en gran parte de las zonas rurales, y que si no fuera por el Plan, el ingreso de cocaína a EEUU sería, al menos, el doble. Los detractores se centran en lo abstracto de la violación de la soberanía. También hay quien señala que todos los recursos del Plan Colombia desplegados desde su implementación no lograron erradicar ni el narcotráfico ni la guerrilla “narcoterrorista”. Colombia recibió una ayuda inicial de 860 millones de dólares en 2000 y hasta 2005 se desembolsaron 4.000 millones, de los cuáles el 80% se ha destinado a las fuerzas policiales y militares. En 2006 el Congreso de EEUU aprobó 734 millones de dólares para la “Iniciativa Andina Contra las Drogas” y 278 millones para el ejército y la policía de Colombia.
Otra vulnerabilidad de México en su relación con el crimen organizado es la porosidad y la falta de control de su frontera sur. En el caso de Guatemala, la ayuda internacional para superar un grave conflicto, como fueron los acuerdos de paz firmados en 1996 o, recientemente, la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), el 19 de noviembre de 2006, lleva a considerar que el país se encuentra en una grave emergencia por el poder del crimen organizado, lo que llevó a su Gobierno a llamar a la ONU para colaborar en su combate. Al igual que México en relación con EEUU, el reconocimiento de incapacidad lleva a invitar a la colaboración en el combate de esta nueva amenaza.
Conclusiones: El fortalecimiento de las instituciones de seguridad y militares mexicanas desde el inicio del Gobierno de Felipe Calderón es considerado una urgencia inaplazable. El aumento de la asistencia de EEUU mediante la Iniciativa Mérida puede tener dos efectos: uno positivo y uno negativo. Lo positivo es que el Gobierno mexicano requiere la modernización del equipo militar, la actualización tecnológica de los sistemas de inteligencia y el entrenamiento de las personas que participan en las instituciones de defensa y seguridad nacional. Lo negativo es que puede llevar a una no deseada mayor militarización de la estrategia de combate al crimen organizado, pues podría tener consecuencias negativas en materia de derechos humanos, y también puede implicar un predominio de las Fuerzas Armadas en el control de muchos cuerpos de seguridad policíacos que deben ser civiles por naturaleza institucional. Con estos dos elementos, la Iniciativa Mérida puede tener un efecto colateral en que no se produzca la modernización del proceso de toma de decisiones en materia de defensa, con lo que se puede afectar la democratización plena del Estado.
Otro factor a tener presente es un efecto colateral respecto al comportamiento de los mercados. El narcotráfico es un fenómeno global, y debe ser combatido de igual manera, con una gran cooperación multinacional. Si se llegara a reducir el ingreso de cocaína en EEUU, los traficantes buscarán los mercados europeos. Ya hay evidencias de que se están consolidando las rutas del narcotráfico desde los Andes hacia África y Europa. Por ello se requiere que estos esfuerzos cooperativos se transformen en una estrategia multinacional y que no sólo se concentre en programas bilaterales. Los narcotraficantes son empresarios exitosos y han mostrado gran flexibilidad y capacidad de adaptación a las diversas estrategias con los que se les ha tratado de controlar y eliminar sin éxito.
Raúl Benítez ManautInvestigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Universidad Nacional Autónoma de México, y presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia
Apéndice
Tema: Los presidentes de México y EEUU, Felipe Calderón y George W. Bush, acordaron que México recibiría un paquete de ayuda financiera de 1.400 millones de dólares durante tres años. Los primeros 500 millones de dólares se entregarán en el año fiscal 2008. Dicho paquete se denominó Iniciativa Mérida para evitar ser comparado con el polémico Plan Colombia. Es un plan de combate al crimen organizado, principalmente el narcotráfico, y compromete una cantidad adicional de cooperación a los países de Centroamérica, que para el primer año será de 50 millones de dólares.
Resumen: Se analizan los antecedentes de los programas de cooperación en materia de seguridad y defensa entre México y EEUU, sobre la base de que México ha sido un país que ha recibido muy poca asistencia. Ello se debe a resistencias nacionalistas en el seno de las Fuerzas Armadas mexicanas y también a que la elite política estuvo en desacuerdo durante la época de la Guerra Fría con las posturas estratégicas estadounidenses contra el comunismo. Sin embargo, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, y también por el aumento del tráfico de cocaína desde Colombia a EEUU desde los años ochenta, empleando fundamentalmente el territorio mexicano, la distancia estratégica entre ambos países se ha cerrado. De forma gradual, el incremento de los vínculos económicos y sociales (EEUU es el tercer socio comercial de México y 20 millones de mexicanos y sus descendientes viven en ese país), conduce a una especie de asociación estratégica en materia de seguridad y defensa. Después de los atentados terroristas del 11-S, México aumentó la cooperación antiterrorista y el Gobierno estadounidense plantea la necesidad de respaldar el combate al crimen organizado en México, especialmente el narcotráfico, debido al creciente papel de las organizaciones criminales mexicanas en el tránsito de cocaína, pues se estima que por México ingresa el 90% de la cocaína enviada desde Colombia. La Iniciativa Mérida pretende estrechar la cooperación entre los sistemas de seguridad y defensa de ambos países, con el propósito de hacer más eficiente el combate al crimen organizado.
Análisis: Cada vez es más evidente que la democratización de México está siendo golpeada por los llamados actores ilegales, poderes fácticos, grupos de presión y estructuras mafiosas. Los narcotraficantes mexicanos, cabeza del crimen organizado, se volvieron muy poderosos por efecto de la guerra a las drogas en Colombia y en los Andes en general. En Colombia, a inicios de la década de 1990, el poder económico y político de los grandes cárteles era incomparable. El símbolo era el Cártel de Medellín y su máximo líder Pablo Escobar. Éste fue capturado en 1993 con ayuda estadounidense. El éxito del apoyo de EEUU a Colombia para desmantelar a los poderosos mafiosos tuvo un efecto negativo en México. Se dispersó el negocio, los herederos de los grandes capos esparcieron sus operaciones por el territorio colombiano y esto impidió que los medianos productores y traficantes de cocaína se volvieran grandes monopolios. El gran negocio, la exportación a EEUU, apoyada por comerciantes mexicanos súbditos de aquellos en esos años, sufrió una metamorfosis: los mexicanos transformaron su papel y se volvieron los dueños y monopolizadores para abastecer a los consumidores de cocaína en el país del norte, calculados entre 1,5 y 2 millones de personas. Se estima que ingresan a EEUU un promedio de 275 toneladas de cocaína al año, y que sólo son capturadas 36 toneladas en México (2006). De igual manera, ha aumentado la exportación de marihuana y heroína de México a EEUU, y también el nuevo producto de moda, las metanfetaminas. Las capturas de metanfetaminas en 2000 fueron de 500 kilos, mientras que en 2006 fueron de 2.700 kilos. La materia prima de estas nuevas drogas proviene principalmente de China. El fenómeno colombiano se reprodujo en Perú y Bolivia, donde los grandes capos fueron golpeados por las estrategias antidrogas de EEUU y los programas de erradicación de cultivos e intercepción, con lo que los mexicanos se volvieron los dueños del negocio en esos países. Esto llevó a que los cárteles mexicanos se volvieran las organizaciones criminales más poderosas de América Latina.
En los últimos 20 años, la doctrina y las políticas de seguridad de EEUU han sufrido grandes cambios, lo que hace muy inconsistente su seguridad nacional. De la Guerra Fría y el paradigma bipolar dominante durante 45 años se pasó a un optimismo desmedido por el desmembramiento de los regímenes comunistas. Esta singular percepción de superioridad llevó al momento unipolar-multipolar de la década de 1990, con una superpotencia en competencia y conviviendo con regiones y países que se reacomodan en la geopolítica global. La política del presidente Clinton hacia América Latina se orientó a la búsqueda del libre comercio y la consolidación de regímenes democráticos. Pero apareció un enemigo exógeno al continente, el terrorismo, y se exhortó y presionó para que los países latinoamericanos cooperaran para enfrentarlo. La potencia fue atacada, pero el terrorismo no es muy popular como hipótesis de amenaza a la seguridad en América Latina. Sin embargo, los países no pueden romper con la superpotencia y no se cuestionó la cooperación antiterrorista. El islamismo y su expresión terrorista queda como una hipótesis o una abstracción importada. Fue el caso de México, junto a todos los países del hemisferio, aun aquellos que en la retórica son antiimperialistas –como Cuba y Venezuela–. Se cooperó con la potencia atacada el 11-S. México firmó los acuerdos de fronteras inteligentes en marzo de 2002 y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) en 2005 con EEUU (el ASPAN es un compromiso trinacional donde también participa Canadá).
En todo el hemisferio se empezó a hablar de seguridad cooperativa. Esto fue más cierto en algunas subregiones que en otras, principalmente en América del Sur y Centroamérica, y se acordaron compromisos –difíciles de cumplir– en la reunión de la OEA de seguridad hemisférica de octubre de 2003. Al no ser popular la amenaza terrorista por la aplicación de la doctrina de acción preventiva en Irak, poco a poco aparece la debilidad de los Estados como fuente de la inestabilidad, principalmente por la fragilidad de las instituciones de seguridad pública y justicia.
En Centroamérica la población comienza a ser asolada por las pandillas transnacionales, las maras, y se afirma que la verdadera inseguridad proviene del interior de los países: la inseguridad pública, la ampliación del crimen común y la creciente presencia del crimen organizado. Se regresa así al paradigma de los ochenta y noventa: el narcotráfico-plus (o sea, el crimen organizado) es la nueva amenaza. Este flagelo, a diferencia del terrorismo, es real, existe en todos los países y cobra fuerza. Los Gobiernos latinoamericanos no tienen instrumentos eficaces para enfrentarlo. Las leyes son inconsistentes, y, si las hay, no logran desarrollar estructuras ni recursos humanos y materiales para combatirlo. Éste no es un asunto militar, como pudiera creerse con una lectura simplista. El crimen organizado se vuelve invisible y tiene gran capacidad de penetración en el Estado a través de la corrupción. Los militares son igualmente corrompibles por el poder del dinero. Los servicios de inteligencia apenas están desarrollando capacidades investigativas para enfrentarlo y difícilmente se pueden emplear las Fuerzas Armadas con eficacia si no actúan en cooperación y coordinación con otras dependencias del Estado y con una amplia cooperación internacional. Además, el nuevo crimen organizado latinoamericano es por naturaleza trasnacional, por lo que uno de los obstáculos es la soberanía de los países.
El crimen organizado aprovecha los distintos sistemas judiciales y sus vacíos e inconsistencias legales; la falta de control de las fronteras físicas (México-Guatemala o México-EEUU); la falta de transparencia en el control de los bienes de los funcionarios públicos; la falta de profesionalidad de los cuerpos policiales; la falta de adecuación en los sistemas de doctrina y entrenamiento militar; los mercados informales y la incapacidad de controlar a través del fisco los ingresos de la población; el desvío de los sistemas de inteligencia para dar seguimiento a otras prioridades de los gobiernos y sus debilidades institucionales; y la débil cooperación internacional que se ha desplegado para combatirlo. Además, existe falta de confianza de las instituciones de un país respecto de los otros. Por ejemplo, es pública la desconfianza –con sobradas razones– del sistema de seguridad de EEUU con las instituciones de seguridad de México, como son conocidas las dudas en las instituciones guatemaltecas por las instituciones de seguridad mexicanas. Esto se reproduce al infinito, especialmente en los países con diferendos vecinales intensos, o por falta de comunicación ante las diferencias políticas de sus líderes.
EEUU está viviendo las consecuencias de haber dirigido su estrategia de seguridad nacional a otras partes del mundo. Hay una especie de “vacío” en su política latinoamericana, o ésta está plagada de contradicciones que lo enfrentan con la gran mayoría de los países, aun aquellos que se consideran aliados estratégicos como México y Colombia. El debate sobre migración ha tensado las relaciones con México desde 2004 a un nivel sin precedentes, la construcción de un muro para evitar la migración ilegal se ha vuelto una gran ofensa hacia México y se simboliza como una especie de Muro de Berlín. El tema se ha politizado y en México hay una gran campaña para evitar su construcción. Con Colombia, la Administración Bush no logró que se firmara el Tratado de Libre Comercio a inicios de 2007. Si ello sucede con los aliados más cercanos, las distancias son mucho mayores con aquellos que no comparten abiertamente el discurso agresivo de la Administración Bush, por no decir de quienes intentan construir una contra-hegemonía bolivariana, encabezados por Venezuela.
Al transformar la política de cooperación con América Latina, abandonando de facto el terrorismo, sustituyéndolo por el crimen organizado –al ser una amenaza real y estar presente en todos los países sin distinción, aunque con distintas formas– se abre una puerta a relaciones más realistas. La nueva amenaza está en todos lados, corrompe todo y justifica una nueva política integral de cooperación. El problema se presenta en la cúspide de la pirámide, sobre todo con los grandes cárteles de narcotraficantes y sus dirigentes, pues son realmente limitadas las capacidades de los Gobiernos para enfrentarse a la amenaza. Reforzar las estructuras institucionales de seguridad es prioritario. Ello se puede dar con recursos propios o con asistencia externa. Por ello, la “Iniciativa Mérida”, popularmente conocida como Plan México, es el primer experimento de cooperación hemisférica de estas características. El Plan Colombia, diseñado desde los últimos años de la Administración Clinton, tenía desde sus orígenes un componente inexistente en México: los grupos armados de izquierda –encabezados por las FARC– y de derecha –los paramilitares–. Para justificarlo y lograr la aprobación de los fondos en el Congreso de EEUU, siempre tuvo un componente “antiterrorista” que no tiene la Iniciativa Mérida.
Tanto los promotores de la Iniciativa Mérida como sus detractores han elevado las expectativas sobre México para combatir al crimen organizado. Si se cree que con 1.400 millones de dólares en tres años, de los cuáles 500 millones corresponden al primero, se va a suprimir o aminorar el narcotráfico, definitivamente se está en un error. Es una cantidad insignificante de dinero para los requerimientos necesarios para un combate integral al crimen organizado y a los grandes cárteles. De igual manera, los detractores del plan en México sobrevalúan las capacidades de EEUU y su poder para “vulnerar la soberanía”. Es muy poco dinero para afectar la soberanía. Quienes creen que ello es posible la devalúan demasiado. La soberanía de un país es un bien intangible, cualitativo, y se desarrolla en el nivel de las percepciones. Para los que apoyan el plan, quien viola la soberanía es el crimen organizado por debilitar al Estado y descomponer la cohesión social, por lo que una ayuda, por modesta que sea, puede servir para reponer la debilitada autoridad del Estado para imponer la ley. Lo que es grave es que el propio Estado mexicano no haya diseñado, por su propia cuenta y con sus propios recursos, una estrategia eficaz después de 20 años de múltiples intentos infructuosos para combatir el narcotráfico. En otras palabras, el problema es la ausencia de una verdadera estrategia de seguridad nacional.
El mayor responsable de que este plan de combate al crimen sea binacional es el Estado mexicano, por incapacidad manifiesta, pues hay recursos financieros. Solamente se debe tener en cuenta que las reservas del país son de 75.000 millones de dólares al momento de implementarse la iniciativa. Y si no se pueden emplear contra la mayor amenaza a la seguridad del país, es porque el Congreso mexicano no concuerda con la valoración del nivel de la amenaza, pues es la instancia que podría cambiar la forma de empleo por el presidente de las reservas monetarias del país.
Durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) fueron detenidas 60.000 personas por delitos contra la salud. Sin embargo, sólo 15 eran líderes de los cárteles: 50 pertenecían a sus estructuras financieras y se capturaron sólo a 71 sicarios. La mayoría de los detenidos pertenece a la cadena inferior de distribución o son campesinos cultivadores. Uno de los argumentos principales del Gobierno de EEUU es el bajo porcentaje de captura de drogas en México. Un informe del Government Accountability Office (GAO) estima que el promedio anual es de 275 toneladas de cocaína introducidas desde México y que el Gobierno mexicano sólo captura 36 toneladas. Dicho informe recomienda reforzar la cooperación, para aumentar la capacidad de intercepción de las agencias mexicanas responsables de la intercepción de drogas.
Debido a la capacidad de penetrar las fronteras por los cárteles, la Iniciativa Mérida para asistir a las agencias mexicanas de seguridad, inteligencia y a las Fuerzas Armadas, en teoría deben aumentar los decomisos de drogas. Para combatir ésta amenaza a la población y al Estado, el Gobierno mexicano tiene como principal herramienta a los militares. Esto puede modificar la relación civil-militar, ya que las Fuerzas Armadas deben fortalecerse en equipo, presupuesto, y también en prerrogativas, lo que podría debilitar el proceso de reforma del sector defensa. El plan de cooperación se basa en entregar el primer año 550 millones de dólares, 500 millones a México y 50 millones a Centroamérica. La Iniciativa se propone prevenir el ingreso y tránsito de drogas, armas, personas vinculadas y tránsito de recursos financieros, a través de la región y hacia EEUU. Incluye la dotación de equipo de inspección, scanners de ion, unidades caninas de intercepción, tecnologías de comunicación, asesoría técnica y entrenamiento para las instituciones de justicia, programas de protección de testigos, helicópteros y aviones de vigilancia para que haya una reacción rápida en la intercepción. Esta Iniciativa se vincula a la National Southwest Border Counternarcotics Strategy, implementada en la frontera sur de EEUU.
A diferencia de otros países de América Latina, México se ha negado a recibir montos importantes de EEUU para ayuda militar o para la guerra a las drogas. EEUU colaboró a inicios de los noventa en la creación de un centro de inteligencia contra las drogas (Centro de Planeación para el Control de Drogas, Cendro), el respaldo a la creación de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFES) en las Fuerzas Armadas, y entregó 73 helicópteros OH-1H, devueltos en 1998, causando una gran fricción bilateral. En los últimos 12 años la ayuda anual para la guerra a las drogas del Gobierno de EEUU, entregado a las diferentes agencias de seguridad y las Fuerzas Armadas fue de 440 millones de dólares y se entrenó a 5.140 personas (de 1996 a 2007). En 2007, México recibió 59 millones en ayuda militar. Con la Iniciativa Mérida se va a recibir más asistencia en un año que el total de los últimos 12 años.
La asistencia militar, cuando sea aprobada por el Congreso de EEUU, destinará una cantidad de dinero del que las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad y agencias de imposición de la ley mexicanos no disponen, ya que los presupuestos de las instituciones federales se dedican en más del 95% al pago de personal, y no tienen recursos para la modernización de equipo o infraestructura. En términos de equipamiento para la guerra a las drogas, la modernización dependerá en parte importante de EEUU. Esto puede ejercer una nueva presión para la adecuación de las estructuras de defensa y seguridad nacional a los requerimientos estadounidenses. Otro elemento importante es que el 40% de la primera entrega del paquete de ayuda se va a destinar a las Fuerzas Armadas: el 20% a la Secretaría de la Defensa Nacional y el 20% para la Armada de México, o sea, 100 millones de dólares a cada una. Esto podría tener el efecto de que se superen los obstáculos “nacionalistas” dentro de las Fuerzas Armadas, muy arraigados entre sus integrantes, con lo que se podría fortalecer la cooperación bilateral en el mediano y largo plazo.
Una de las debilidades más notables de las Fuerzas Armadas es su fragilidad financiera. En la propuesta de presupuesto para la Secretaría de Defensa Nacional para 2008, de 34.000 millones de pesos (3.200 millones de dólares) el 95,5% de ese presupuesto es para el pago de personal. En igual condición se encuentra la Secretaría de Marina. Existe una propuesta de ejercicio de un presupuesto extraordinario de dotar con 7.100 millones de pesos adicionales (650 millones de dólares) para equipo a la SEDENA. Sin embargo, para las dos Secretarías de Estado es insuficiente esta cantidad, teniendo en cuenta que el equipo actual es obsoleto, mucho de él ya agotó su capacidad de vida útil, y para enfrentarse con éxito a las dos misiones fundamentales, la guerra al narcotráfico y la ayuda a la población civil ante desastres naturales, es evidente la necesidad de modernizar el equipo militar.
Comparando la Iniciativa Mérida con el Plan Colombia, está claro que éste no significa una violación a la soberanía de ese país, pues ha sido una intervención por invitación para ayudar a combatir un mal mayor. Este argumento enfatiza el mayor peligro de la forma como la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico vulneran la soberanía del Estado y la nación, que la participación de un país extranjero, sus asesores y su equipo militar. En Colombia, quienes apoyan el Plan Colombia señalan que su éxito se mide en que no han reaparecido grandes cárteles, se ha recuperado el control territorial por el ejército en gran parte de las zonas rurales, y que si no fuera por el Plan, el ingreso de cocaína a EEUU sería, al menos, el doble. Los detractores se centran en lo abstracto de la violación de la soberanía. También hay quien señala que todos los recursos del Plan Colombia desplegados desde su implementación no lograron erradicar ni el narcotráfico ni la guerrilla “narcoterrorista”. Colombia recibió una ayuda inicial de 860 millones de dólares en 2000 y hasta 2005 se desembolsaron 4.000 millones, de los cuáles el 80% se ha destinado a las fuerzas policiales y militares. En 2006 el Congreso de EEUU aprobó 734 millones de dólares para la “Iniciativa Andina Contra las Drogas” y 278 millones para el ejército y la policía de Colombia.
Otra vulnerabilidad de México en su relación con el crimen organizado es la porosidad y la falta de control de su frontera sur. En el caso de Guatemala, la ayuda internacional para superar un grave conflicto, como fueron los acuerdos de paz firmados en 1996 o, recientemente, la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), el 19 de noviembre de 2006, lleva a considerar que el país se encuentra en una grave emergencia por el poder del crimen organizado, lo que llevó a su Gobierno a llamar a la ONU para colaborar en su combate. Al igual que México en relación con EEUU, el reconocimiento de incapacidad lleva a invitar a la colaboración en el combate de esta nueva amenaza.
Conclusiones: El fortalecimiento de las instituciones de seguridad y militares mexicanas desde el inicio del Gobierno de Felipe Calderón es considerado una urgencia inaplazable. El aumento de la asistencia de EEUU mediante la Iniciativa Mérida puede tener dos efectos: uno positivo y uno negativo. Lo positivo es que el Gobierno mexicano requiere la modernización del equipo militar, la actualización tecnológica de los sistemas de inteligencia y el entrenamiento de las personas que participan en las instituciones de defensa y seguridad nacional. Lo negativo es que puede llevar a una no deseada mayor militarización de la estrategia de combate al crimen organizado, pues podría tener consecuencias negativas en materia de derechos humanos, y también puede implicar un predominio de las Fuerzas Armadas en el control de muchos cuerpos de seguridad policíacos que deben ser civiles por naturaleza institucional. Con estos dos elementos, la Iniciativa Mérida puede tener un efecto colateral en que no se produzca la modernización del proceso de toma de decisiones en materia de defensa, con lo que se puede afectar la democratización plena del Estado.
Otro factor a tener presente es un efecto colateral respecto al comportamiento de los mercados. El narcotráfico es un fenómeno global, y debe ser combatido de igual manera, con una gran cooperación multinacional. Si se llegara a reducir el ingreso de cocaína en EEUU, los traficantes buscarán los mercados europeos. Ya hay evidencias de que se están consolidando las rutas del narcotráfico desde los Andes hacia África y Europa. Por ello se requiere que estos esfuerzos cooperativos se transformen en una estrategia multinacional y que no sólo se concentre en programas bilaterales. Los narcotraficantes son empresarios exitosos y han mostrado gran flexibilidad y capacidad de adaptación a las diversas estrategias con los que se les ha tratado de controlar y eliminar sin éxito.
Raúl Benítez ManautInvestigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Universidad Nacional Autónoma de México, y presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia
Apéndice
Apéndice
INICIATIVA MERIDA. AÑO FISCAL 2008. 500 MILLONES DE DOLARESASISTENCIA A MEXICO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
I) Programa contranarcóticos, contraterrorismo y seguridad fronteriza (US$306,3 millones)
INICIATIVA MERIDA. AÑO FISCAL 2008. 500 MILLONES DE DOLARESASISTENCIA A MEXICO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
I) Programa contranarcóticos, contraterrorismo y seguridad fronteriza (US$306,3 millones)
- US$208,3 millones para ocho helicópteros de transporte Bell 412s, con US$24 millones para equipo logístico, partes y paquete de entrenamiento; 87 scanners de ion manuales para el ejército y la fuerza aérea; y dos aviones de reconocimiento (CASA CN-235-300, a US$50 millones cada uno, equipado con el equipo de la guardia costera) para la Armada.
- US$31,3 millones para auxiliar al Instituto Nacional de Migración, para modernizar su base de datos y de verificación de información, formas digitalizadas de migración, y entrenamiento y equipamiento de personal en técnicas de rescate y salvamento, para ser usados en la frontera sur de México.
- US$25,3 millones para establecer un sistema seguro de comunicaciones en instalaciones de las agencias de seguridad nacional y para inspeccionar las claves de correo.
- US$2 millones para expandir la capacidad de la oficina del Procurador General en la iniciativa del trabajo contra traficantes: Operación contra Traficantes. Iniciativa sobre Seguridad y Salud (OASISS), para identificar y perseguir a los traficantes de personas en la frontera México-EEUU.
- US$31,5 millones para scanners de rayos X, y entrenamiento para la detección canina y entrenamiento para agentes de aduana en los puntos de entrada.
- US$7,9 millones para expandir la interconectividad de las bases de datos de los servicios de inteligencia, para operar una red segura de comunicaciones.
- II) Programa de Seguridad Pública y Aplicación de la Ley (US$56,1 millones)
US$30 millones para equipo de inspección no intrusivo (scanners de rayos X en Vans) - para la Policía Federal (SSP), y establecer un equipo nuevo de inspección canina para ser usado en las inspecciones.
- US$6 millones para equipamiento de seguridad (vehículos armados a US$120.000 cada uno, radios, chalecos y cascos antibalas, entrenamiento y equipo asociado) para proteger al personal que aplica la ley contra las organizaciones criminales.
- US$5 millones para ayudar a la Unidad de Inteligencia Financiara para mejorar la infraestructura de cómputo y las herramientas de análisis de información.
US$15,1 millones para ayudar a la Secretaría de Salud con sistemas de cómputo para crear una base nacional de datos y para reducir la demanda y el consumo; esto también servirá para apoyar los esfuerzos de la organizaciones no gubernamentales y otros actores no estatales que colaboran en la reducción de la demanda y la rehabilitación.
III) Construcción Institucional y aplicación de la Ley (US$100,6 millones)
- US$60,7 millones para renovar los sistemas forenses de información en la Procuraduría General de la República, y proveer entrenamiento en gerencia de cortes, gerencia de prisiones, y profesionalización policíaca, así como apoyar a las unidades anti-crimen, programas de protección de víctimas y testigos, y entrenamiento en extradición.
- US$5 millones para apoyar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
- US$19,9 millones para ayudar a la Procuraduría General de la República para digitalizar todas las funciones de los jueces, otorgando sistemas gerenciales y reconstruyendo las bases de datos.
- US$15 millones para los programas anticorrupción, transparencia y de derechos humanos.
IV) Programa de Apoyo - US$37 millones: costo de administración del personal estadounidense, servicios del presupuesto para apoyar los programas y la entrega de los equipos relativos con el paquete de asistencia a México.
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