Debate en San Lázaro
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves 4 de diciembre en lo general con 335 a favor 39 en contra y 13 abstenciones la creación de la Ley General de Sistema de Seguridad Pública.
Se reservaron para su discusión en lo particular, los siguientes artículos: el 12, por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca; el 12, fracción IX, por el diputado Jesús Reyna García; el 14, fracción VII, por el diputado Javier Guerrero García; el 19, fracción I, por el diputado Francisco Javier Santos Arreola; el 19, fracción I, diputado Armando Barreiro Pérez; el 150, por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca; y el 152, por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca.
Finalmente, se aprobaron por 318 votos en pro, 28 en contra y 4 abstenciones, los artículos reservados: 19, 150 y 152, en los términos del dictamen; y el 12 y 14, con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
El Presidente César Duarte Jáquez, señaló: ¡Pasa al Senado para sus efectos constitucionales!
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Debate:
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Quedan de primera lectura (con dispensa)
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes de las Comisiones de Seguridad Pública, de Justicia y de Comunicaciones, con proyectos de decreto que expide la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, que adiciona un párrafo tercero al artículo 211 Bis-2, un párrafo tercero al artículo 211 Bis-3, un párrafo último al artículo 223, y los artículos 250 Bis y 250 Bis-1 del Código Penal Federal, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: "mayoría por la afirmativa".
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se les dispensa la segunda lectura. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema de Seguridad Pública.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso.
El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Estimados compañeros diputados, el artículo 21 constitucional, en su transitorio, estableció el compromiso y la obligación de que en el término de seis meses debía de reglamentarse y establecerse esta iniciativa.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es una de las leyes más trascendentes y más importantes de nuestra comisión y al hablar de ella debo reconocer el intenso trabajo que se ha venido desarrollando durante meses por parte de todos los compañeros diputados de la comisión y de sus asesores.
Finalmente se logró ayer la aprobación por unanimidad, en lo general, de esta ley, reservándose algunos artículos, algunos compañeros, que posteriormente fueron comentados y discutidos.
La importancia de esta ley es que viene a establecer un sistema importante de coordinación en los tres niveles de gobierno; la creación de un Consejo Nacional de Seguridad que desde un principio se reclamó que encabezara el señor presidente de la república, por la importancia que tiene actualmente el tema de la seguridad.
Este consejo quedó conformado en esa forma por los secretarios de Gobernación, de Seguridad, de Marina, y los gobernadores de los estados, así como por otras autoridades.
El primer propósito que tuvo esta iniciativa fue lograda: que el presidente de la república encabezara el Consejo Nacional de Seguridad.
Existen cosas muy irrelevantes en esta ley y me referiré a las que fueron de especial trascendencia.
Desde un principio se buscó también que existiera un centro de certificación y evaluación de todas las policías, de todos los elementos que ingresen a las fuerzas de la seguridad. No se admitía que fuera el mismo órgano encargado de la seguridad, la evaluadora. Se buscó que fuera un centro ajeno, para que no se fuera juez y parte.
Fue, con el consenso de mis compañeros, logrado que esto así fuera, que existan Centros de Evaluación y Certificación que puedan garantizar en forma permanente el buen desempeño de los cuerpos de seguridad, de tal manera que en lo sucesivo ningún policía, ningún miembro de las fuerzas de seguridad, llamemosle procuradurías o policías, podrá ingresar al sistema si no hay una adecuada evaluación y certificación en que se tomen en cuenta todas las características, todas las modalidades que debe tener un hombre para poder portar un arma y ser representante de la seguridad de nuestro país.
Sabemos para nadie es un secreto que la mayor parte de las policías están infiltradas por la delincuencia. En las áreas municipales es una verdadera calamidad el control que tienen las bandas delictivas, y no se diga a ese nivel. Lo hemos visto a todos los niveles, municipales, estatales y federal.
El pueblo de México ya no puede seguir viviendo con ese tipo de corporaciones. Por esa razón mis compañeros han asumido la responsabilidad de crear ese Centro de Certificación y de Evaluación, y también que se sumen todas las fuerzas estatales, federales y municipales, para hacer programas, para manejar estrategias nacionales que nos den garantías para que los mexicanos podamos vivir tranquilos.
Ir poco a poco quitándole al Ejército el trabajo de policía, que lamentablemente la ineficiencia, la incapacidad de los cuerpos policiacos han requerido que nuestro Ejército tenga que asumir esas responsabilidades. Queremos tener una policía digna, una policía bien remunerada.
Para ello también se han establecido en esta ley sanciones especiales para quienes alteren, para quienes en forma dolosa certifiquen documentos de la información, penetren en las corporaciones policiacas y generen problemas dentro de los sistemas informativos de los policías.
Igualmente se ha regulado la intervención de los estados, en el sentido de que los recursos que hemos autorizado y que el año pasado duplicaron el presupuesto y en éste, en casi un 40 y hasta un 50 por ciento, sean debidamente vigilados.
Pero también cuidamos los dientes de la ley; que no sirva la ley para perseguir políticamente a las entidades; que se dé derecho de audiencia a cualquier estado que de alguna manera observe un retraso o incumpla algún compromiso.
Estamos de acuerdo en que los estados, los municipios que no atiendan la seguridad, que no hagan buen uso de los recursos sean sancionados, pero dentro de la ley. Todos tenemos una responsabilidad y los estados y los municipios están, desde luego, en esa tesitura.
Hubo grandes debates en nuestra comisión. Uno de ellos fue precisamente el del Centro de Información, el artículo 19, por un término que ahí se mencionaba y que hablaba de resguardar en el Centro de Información la información criminalística.
Por fortuna, y dentro del trabajo que hemos hecho por consenso, entre los compañeros, quiero respetar la postura del PRD que exigió que se incorporara una palabra, la palabra "resguardar" en la fracción I del artículo 19. "En el Centro Nacional de Información establecer, administrar y resguardar las bases de los datos criminalísticos".
Este concepto, gracias a la buena disposición de los demás partidos, ha quedado salvado y esta reserva, que espero sea considerada en este pleno, confiamos que podamos resolverla y recibir las demás opiniones que pudieran tener nuestros compañeros.
En este caso también debemos establecer la importancia del Centro de Prevención del Delito. La prevención en nuestro país, en el sistema penitenciario, que se ha convertido en una escuela de delincuencia, requiere de un programa, de una organización permanente para salvar a los jóvenes, para generar empleo, para atender el trabajo de los centros de internamiento y darle seguimiento al salir de las prisiones a quienes están purgando una pena.
Todo esto, estimados compañeros, está contenido en esta ley de 150 artículos, que espero que la lean, que la lleven a sus entidades, que la vean sus gobernadores, que la vean sus jefes de seguridad, porque así como se incluyen muchos derechos, también hay muchas obligaciones y tipos penales que de alguna manera no incluimos; vendrían sanciones hasta de 10 años, cuando se proporcione información, cuando se alteren documentos, cuando haya fallas en el sistema, para que pueda cumplirse adecuadamente.
Es una ley que viene a cambiar el modelo de sistema policial mexicano. Ojalá que este instrumento que tenemos en nuestras manos y que ha sido creado con la mentalidad y el ingenio de mis compañeros, sirva para remediar la criminalidad, el problema que lacera a México y sacar de las corporaciones policiales a ese cáncer, a ese grupo de delincuentes que están incrustados en las policías municipales, en el estado y en la federación.
Vamos a acabar con ese lastre y a contribuir, como Legislativo, para tener una seguridad digna, la seguridad que merecen nuestras familias y todos los mexicanos. Muchas gracias a todos.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En virtud de que el presidente de la Comisión nos ha hecho propuestas de modificación al dictamen. Si la Secretaría lee, por favor, la modificación propuesta por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Propuesta de modificación, artículo 19, fracción I: "Establecer, administrar y resguardar las bases de datos criminalísticos y de personal del sistema en términos que señala el Reglamento". Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones presentadas por la Comisión de Seguridad Pública, al dictamen.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión, al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aceptadas las modificaciones propuestas por la comisión. En consecuencia está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas por el diputado Rivera Bedoya, y aceptadas por la asamblea.
Se han registrado, para la discusión en lo general, la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, por Alternativa; el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, por Nueva Alianza; el diputado Silvano Garay Ulloa, por el Partido del Trabajo; el diputado Manuel Salvador Salgado Amador, por el Partido Verde Ecologista de México; la diputada Layda Elena Sansores San Román, por Convergencia; el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, por el Partido Revolucionario Institucional; el diputado David Mendoza Arellano, por el Partido de la Revolución Democrática, y el diputado Édgar Armando Olvera Higuera, por el Partido Acción Nacional. En tanto, tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Aída Marina Arvizu Rivas.
La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros legisladores, para tener una idea comparada y en perspectiva de la dimensión del horror que estamos viviendo, baste sólo un dato.
En los peores 10 años de lucha contra la mafia en Italia murieron, en ajuste de cuentas, mil personas. En el último año de este gobierno han muerto más de 4 mil personas, sólo en un año en México han muerto cuatro veces más personas que en 10 años en Italia, en su lucha contra la famosa mafia siciliana.
Este horror ha llevado a la sociedad a la impotencia y al miedo, a un repliegue en el desánimo y la desconfianza. Lo advertimos hace más de dos años en esta tribuna y es de esa situación de ese intenso miedo social que surge una proliferación de medidas desesperadas literalmente dictadas por el miedo en el caso de la sociedad o de la impotencia y la demagogia de la ausencia facilona de una reflexión seria sobre la naturaleza de la situación actual en el caso de los políticos.
Medidas como la pena de muerte son parte de esa suma entre la desesperación social y la irresponsabilidad política, como es el contexto de éste nuestro debate hoy. Anuncio que mi grupo parlamentario no tiene ningún problema en que se abra este debate y se le dé cauce a la inquietud social, como estuvimos siempre por abrir el debate público informado, razonado y razonable sobre otros temas como la despenalización del aborto, el uso de la Cannabis, la eutanasia, los matrimonios y las familias de homosexuales, y cualquier otro tema.
Sólo la sociedad en democracia tiene derecho a decidir sobre todos estos temas. Nadie está por encima de ella. Nadie debe hacer demagogia con estos temas. Todos estamos obligados a opiniones informadas y con fundamento serio, jurídico, científico, sociológico, psicológico y estadístico.
Mi grupo parlamentario no tiene ningún problema, siempre que se agregue a esta discusión el tema de la corrupción y la impunidad política, que es la que verdaderamente ?no seamos cínicos, compañeros? está detrás de la corrupción y la impunidad policiaca.
¿Quieren discutir sobre la pena de muerte? Muy bien. Discutamos también sobre la corrupción de los políticos y su impunidad eterna, porque frente a esta grave situación hay posiciones equivocadas. Una posición dice: aumentaré las penas, elevaré los castigos, seré muy duro; llegaré hasta la pena de muerte. Ésta es la solución.
Quien dice esto no ha entendido nada. Nuestro problema en México no es que tengamos leyes blandas, algunos casos habrá, por ejemplo la sanción para violadores a niños y mujeres. Pero nuestro problema principal no está ahí. Está en poder sancionar, de verdad, a los delincuentes que se capturan para aplicarles las leyes que ya tenemos, que son, algunas, muy duras.
Como sabemos, casi siempre los expedientes están mal hechos, a veces intencionadamente tan mal hechos que nuestros policías honestos ?que los hay? dice el presidente: uno de cada dos deben sufrir la burla del delincuente capturado al que no se le puede retener y castigar legalmente.
Subamos las sanciones, incrementémoslas, matemos, fusilemos, acuchillemos o asfixiemos, señor gobernador de Coahuila. Salte usted públicamente sobre el cadáver de los así sancionados como un Fujimori cualquiera, señora gobernadora. ¿Y saben qué? Todo va a seguir igual. Miren, Estados Unidos es el reino de la pena de muerte, especialmente para los negros y los migrantes de origen mexicano, y todo sigue igual, porque ahí no está el problema.
Esto significa que no debemos endurecer las penas. No. Algunas deben ser mucho más duras de lo que hoy son; pero curiosamente nadie habla de ellas, porque las penas que hay que endurecer son aquellas que se cometen con cuello blanco, lavado de dinero, corrupción, impunidad política, protección y complicidad legislativa.
¿Hemos hablado alguna vez de ello en serio? No seriamente. Es decir, no con leyes a fondo sobre este tema.
Otra posición dice: "Combatiré la pobreza y crearé el empleo, y poco a poco dejará de haber delincuencia". Eso suena muy bien en el mundo de largo plazo; pero hoy es un error. La inseguridad y la violencia que padecemos la genera, en más de 90 por ciento, el crimen organizado y, muchas veces, el crimen internacionalmente organizado. Este crimen es una empresa transnacional, una rama industrial que da servicios a una sociedad enferma, que consume drogas, pornografía infantil, armas, mujeres y trabajadores indocumentados.
¿Quiere decir esto que no debemos crear empleos y no colocar la lucha contra el crimen organizado en el horizonte preventivo de mejor educación, mejor salud, mejores empleos y expectativas de vida para nuestros jóvenes? No. Todo ello hay que hacerlo, desde ahora, pero el reto del crimen organizado no se agota sólo con esto, con todo lo indispensable que son estas medidas.
¿Dónde está el problema? En que tenemos un sistema esquizofrénico. No hay prevención, no hay sanción, no hay rehabilitación.
El resultado es el siguiente: quienes deben detener; detienen. Se pasó de un promedio de 7 mil a 27 mil detenidos. ¿Con qué calidad de expedientes? Eso no importa. Se cumplió la cuota. El juez dictará, cuando pueda, sentencia. Pero, ¿hará justicia? No. Pero cumplirá con la cuota.
Y quien dirige las cárceles: ¿aplicará una política de liberación de detenidos para quitarle las presiones a las cárceles, sancionará, o mejor aún, rehabilitará? No. Pero no tendrá problemas en su penal.
Nuestro sistema de seguridad pública está hecho para cumplir metas políticas, números, protección de compadrazgos, comisiones por las compras, complicidad rentada con el crimen; no para crear seguridad y justicia.
Extraña que en la exposición de motivos del dictamen que hoy discutimos no haya ni una palabra sobre por qué las reformas generales de nuestro sistema de procuración de justicia que se intentaron antes. Específicamente en 1995 no funcionaron.
Ninguna palabra de balance, ninguna. La ausencia es sintomática. Sin balance damos soluciones falsas, y me temo que dentro de unos años otra legislatura estará reprobando nuestra irresponsabilidad; como lo hacemos hoy. Sin un balance y un diagnóstico preciso de gobiernos del pasado remoto o reciente, que se dedicaron a la administración pactada del crimen organizado, aunque sea por omisión.
¿Hay soluciones? Sí, las hay, claramente una. Reformar nuestro sistema, pero no al modo en que lo estamos haciendo hoy, sin una conciencia verdadera de la urgencia del problema, sin un plan consistente e integral, con un criterio político general y de Estado, de velar por la seguridad pública con respeto a los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos, con la sabiduría que éste es esencialmente un proceso técnico y no de política menor, y esto es justamente lo que estamos haciendo; no estudiar y presentar un paquete conjunto, articulado de iniciativas, sino empezar por lo que nos parece menos complicado y grillezcamente posible, justo lo que la sociedad crítica no quiere: poner por delante los intereses grupales de gobernadores o partidos y no los de la sociedad agredida, y claro, para ocultar esto gritamos: arriba la pena de muerte.
¿Cuáles deben ser los criterios que deben orientar esta reforma? La reforma debe ser sistémica, cada medida debe ser congruente una con la otra. No podemos hacer ahora, en este trabajo posibilista, como lo hacemos con medidas contradictorias.
La reforma debe ser un proceso integral, no se puede reformar todo al mismo tiempo, debemos ir por partes, pero dentro de un plan.
La reforma debe ser un proceso eminentemente técnico y no político. No político en el sentido de la política menor, la grilla de los partidos o de los gobernadores por proteger sus cotos de poder y en algunos casos, de complicidad. Aquí los conceptos clave son la subrogación y la subsidiariedad.
¿Qué quiere decir? Primero, que el problema lo enfrenta quien está más cerca de él.
Segundo, que el problema pasa a otro nivel cuando no se puede enfrentar así. Cuando el municipio no puede, entra el estado; cuando el estado no puede, entra la Federación.
¿No es ésa la situación que vivimos hoy, no hay estados que están totalmente rebasados por el crimen organizado, pero que defienden su impotente autonomía sin hacer caso de la realidad?
¿No hay municipios, que ya son territorio sin ley, donde la palabra particular del crimen organizado es justamente la ley?
Esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad es débil y de resultados inciertos. Mientras no tengamos el paquete completo y estemos seguros en qué dirección vamos, nos parece que sólo estamos entreteniendo a una opinión pública que presiona, y con razón.
Coordinar en un sistema asambleístico nacional lo que está podrido hasta la médula, ¿sirve de algo? Claro, sirve para coordinar 32 podredumbres y una federal, si es que no hay conjuntamente iniciativas tendientes a separar la paja del trigo, o mejor dicho, las manzanas podridas de las sanas, y esto francamente no lo vemos claro, no sólo con esta iniciativa, que es muy consensuada, pero por sí sola absolutamente insuficiente, porque este trabajo no abre la posibilidad de discutir otros temas.
Por ejemplo, ¿por qué le tenemos tanto miedo a discutir la creación de una policía nacional única, acuartelada, militarizada, con capacidad para investigación criminal y bajo el mando de las Fuerzas Armadas mexicanas? Que, por cierto, es la única institución confiable hoy en día, en materia de seguridad, pero sí queremos entrarle a otros temas, como el debate en la pena de muerte. Por eso, hoy mi grupo parlamentario se abstiene. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, compañera diputada. La Comisión de Seguridad Pública me ha solicitado conceder el uso de la palabra a dos de sus miembros, al señor diputado David Mendoza Arellano y al señor diputado Edgar Armando Olvera Higuera.
Esta Presidencia no tiene ninguna objeción en atender esa solicitud, y por tanto, le damos el uso de la palabra al señor diputado David Mendoza Arellano. Diputado Cárdenas Fonseca. Sonido a la curul del diputado Cárdenas Fonseca.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. ¿Cuál es la razón para que cambiemos el procedimiento? Ya se había posicionado el tema por parte del presidente de la Comisión de Seguridad, ya estamos en la discusión y en los posicionamientos en lo general; ya dio usted la lista de quienes estamos inscritos para el efecto.
¿Cuál es el sentido de modificar lo que ya está aprobado y que la sesión continúe en los términos que el propio Reglamento establece, y que usted tuvo a bien decretar en sus términos? Porque ahora entonces, en este tema, si se van a posicionar respecto del dictamen, que cada bancada lo haga respecto del dictamen y luego cada bancada en lo general y luego cada quien en lo particular.
O sea, yo le suplico a esa Presidencia que continuemos con el procedimiento que marca el Reglamento Interior, y que esa Presidencia atinadamente ha conducido hasta ahorita. No hay ningún argumento de esos dos compañeros para que persistan antes del procedimiento que ya usted atinadamente observó y decretó.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Con gusto, señor diputado, atendemos su sugerencia. Lo que sucede es que entendemos que es un tema que ha esperado una gran atención nacional. Sin duda entendemos su posición.
Esta Presidencia, de manera formal, se abocó la Mesa Directiva de la comisión solicitando precisamente esta intervención. Y lo que procede, señor diputado, respetando su posición, es consultar a la asamblea si es de aceptarse la ampliación por parte de la comisión para marcar y ampliar en ello la posición al dictamen.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado Manuel.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Diputado presidente, éste, como otros muchísimos temas, no pueden ser el atributo o el capricho de una Mesa Directiva en la que no están representadas todas las fuerzas políticas que con su voto nos trajeron aquí, al pleno.
En muchísimos otros temas, todas las bancadas hemos aceptado que el posicionamiento respecto del dictamen lo haga quien en suerte es el presidente de la misma. Y han sido temas que han esperado muchísimo.
Ahora entonces, de ser así, yo le solicito ?porque no fue un tema planteado en la comisión y es un tema exclusivo de alguien que no tiene competencia para hacerlo y porque el procedimiento ya se inició y ya estamos en otro punto, ahora entonces lo que aplica para uno aplica para todos?, yo le suplico a esa Presidencia que, al no haber ningún argumento más allá de una obsequiosa posición y de estar iniciado ya el procedimiento que sí contempla el reglamento, en todo caso que hagan uso de la palabra y se inscriban en la parte correspondiente y no ahorita, porque estamos violentando el mecanismo que esa Presidencia ya observó.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De hecho, señor diputado, esa lista se ha recogido y ha habido ya precedentes en que se han fundamentado, por más de un diputado, los dictámenes que presenta alguna comisión, y a criterio de esta Presidencia, señor diputado, ha sido atendida, hemos hecho la atención. Por eso de alguna manera queremos validar con la opinión del pleno.
Solicito a la Secretaría que ponga a consideración del pleno si se autoriza el uso de la palabra a los señores diputados David Mendoza Arellano y Édgar Armando Olvera Higuera, por parte de la comisión.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sí, diputado don Manuel.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Simple y sencillamente decirle, diputado presidente, que la parte de posicionamiento en lo general ya empezó, con el Partido de Alternativa. Lo que está usted haciendo es absolutamente irregular.
Puede usted someter al pleno cuantas veces la discrecionalidad y la obsequiosa participación de algún grupo parlamentario que se lo solicite, para interrumpir un procedimiento que el reglamento señala claramente, cómo se da el debate y la atención.
El procedimiento ya estaba iniciado, ya estamos en lo general, ya hubo un grupo parlamentario que se expresó sobre el particular. Usted tiene una lista que no está respetando y está siendo obsequioso a caprichos personales respecto de un tema que quieren politizar y que quieren llevar mediáticamente, no respetando el procedimiento que esa Mesa Directiva ya había dictaminado.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, y en atención a su inquietud, el señor diputado David Mendoza me ha solicitado retirarlo de la lista en este sentido, y vamos a otorgar el uso de la palabra en seguimiento ya de la lista, una vez encauzadas las posiciones que cada partido ha establecido.
Por lo tanto, señor diputado, tiene usted el uso de la palabra para que marque la posición a nombre de Nueva Alianza para este dictamen.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Acuso que por petición de respeto al procedimiento no se me vaya a censurar el uso del tiempo, como no se le hizo a quien me precedió en el uso de la palabra, en un tema que como aquí se dijo, es de la mayor importancia.
Pero lo que estamos haciendo es nuevas leyes, porque no aplicamos las actuales, porque desconocemos el derecho positivo mexicano y porque las autoridades ven sus facultades, sus obligaciones, eminentemente como discrecionales.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza va a favor de este dictamen, a pesar de que en la actitud y en la forma en la que se procesó, se violentó mucho la situación de pares, el trabajo en conjunto y sólo se determinó que fueran tres grupos parlamentarios los que trabajaran el documento, mismo que no pudimos conocer sino hasta el final, porque al parecer, el texto que lo contiene no es ni fue realizado por los diputados.
Se acusó que se incluían en el texto criterios del Senado de la República. Qué triste que una comisión y un presidente de comisión no conozcan el reglamento y lo que establece, para los efectos de trabajar en Conferencia.
Se ha dicho que son más de 4 mil los muertos. Se ha establecido que nos ha costado más vidas que en Irán e Irak. Se refrenda aquí la impotencia, la rabia, la desazón del ciudadano común.
Pero si bien es cierto que el contenido y la forma en que se integra el consejo desvirtúa absolutamente lo que estamos buscando, también es cierto que hay temas que son buenos y que habría que salvar, como la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que hoy existe. Que el Procurador General de la República y los procuradores estatales a cada rato se reúnen, gastando el presupuesto con sus homólogos de las entidades federativas, y no son ni siquiera para mandar una iniciativa acordada entre los órdenes de gobierno.
En la materia que les compete hay criterios inclusive de interpretación de la ley. Hay excesos como incorporar a las Fuerzas Armadas. Algo que la Constitución no prevé, ahora lo están queriendo validar en una ley reglamentaria que será observada por todos los organismos internacionales.
A pesar de eso, para rescatar lo poco bueno que tiene, en términos de los trabajos en Conferencia, Nueva Alianza piensa que: a ver si de esta manera los procuradores trabajan por el bien de la ciudadanía.
Igual suerte corre la Conferencia en Seguridad Pública. Son un sinfín de reuniones las que ha tenido el secretario de Seguridad Pública federal con los homólogos estatales y sólo han servido para entrar en discusiones que no le traen las soluciones a los mexicanos.
Pero lo que es más grave en la constitución del consejo: todo indica el capricho de que sea el presidente de la república el que lo presida. Y la pregunta sería, ¿por qué no, entonces, el presidente de la república preside todos los consejos nacionales?
Esta iniciativa que hoy nos proponen trae cuatro o cinco puntos que obedecen a cortesías perversas entre actores, y no pensando en instituciones. Nuevamente se ve la vista corta, en exceso, de quienes fuera del recinto deciden los textos para venir a imponerlos con la mayoría de los votos.
Qué podemos decir del sistema penitenciario, en el que las entidades federativas sí acusan en sus centros de reclusión las universidades de la delincuencia, pero eso ha sido, porque el nivel federal, el orden federal, no ha querido poner orden en su sistema penitenciario y tiene a más de 50 mil presos recluidos con delincuentes menores.
¿Qué pasa con las víctimas y los ofendidos? Ésta es la parte que más destaca Nueva Alianza. Hoy por hoy en el andamiaje jurídico que pretendemos construir, y éste es uno solo de los elementos, el Estado mexicano no se hace cargo de los daños que generan a los particulares en su abuso de poder.
Hay varios ejemplos, el que aquí le fue cuestionado al secretario de Seguridad Pública, a través de un comunicado de un servidor, fue respecto del daño que se le hizo a una persona y que no querían operarlo y terminaron siendo aportaciones particulares las que lo tienen en la posibilidad de salvar una de sus extremidades inferiores.
Así pues, compañeros, Nueva Alianza va a favor del dictamen a pesar de los atropellos procesales, procedimentales y de técnica legislativa que decidieron los coordinadores parlamentarios del PAN, del PRI y del PRD, y que nos excluyeron a quienes de una manera seria y además responsable quisimos abonar, con argumentos, con razones, para que esto saliera lo mejor posible.
Por último, haremos valer en las reservas del caso, los argumentos para que si este pleno en uso y abuso del sistema de mayoriteo no nos atiende, el Senado tenga plena conciencia de que estará actuando irresponsablemente al volver a poner a las Fuerzas Armadas en una ley para atender la seguridad pública.
Al excluir a la Secretaría de Hacienda de un consejo que pretende, dentro de sus funciones, atacar el lavado de dinero, y de agregar irresponsablemente, bajo una figura que la propia ley no contempla, como invitado permanente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es irregular.
Los agravios no se hacen en el gabinete, eso lo deben saber quienes atendieron esta cortesana actitud. Se comenten en la calle y no es el lugar para hacer corresponsable a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de algo que no es su competencia. Lo que sí lo será es la violación al estatuto jurídico por parte de las corporaciones y de los funcionarios. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Cárdenas Fonseca. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Salvador Salgado Amador, del Partido Verde Ecologista de México. Recordándoles que las intervenciones son de cinco minutos.
El diputado Manuel Salvador Salgado Amador: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Adelante, compañero diputado.
El diputado Manuel Salvador Salgado Amador: Compañeras diputadas y compañeros diputados, quiero iniciar mi intervención manifestando que el Grupo Parlamentario del Partido Verde celebra con beneplácito los consensos de los diversos partidos políticos representados en esta Cámara. Los cuales han permitido que el día de hoy estemos discutiendo la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en pleno cumplimiento a la obligación asumida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de junio del presente año.
Hoy debemos reconocer aquí que el mayor reto y la mayor afrenta al Estado mexicano está en la inseguridad en que vivimos. La violencia en el país ha llegado a niveles críticos. Durante el presente año se han registrado más de cinco mil muertes relacionadas con el crimen organizado, estando entre las víctimas, narcotraficantes, agentes federales y civiles. De hecho en los 10 primeros meses del año hubo un incremento cercano al 10 por ciento en la comisión de delitos del fuero común.
La impunidad y el aumento alarmante de víctimas han propiciado que amplios sectores de la sociedad se pronuncien a favor de la aplicación de la pena de muerte. En tal virtud, exigimos se abran los espacios institucionales para llevar a cabo un debate nacional sobre la pena de muerte.
Diversas encuestas ciudadanas demuestran que los mexicanos están a favor de incrementar las penas, como medidas para inhibir la comisión de delitos. Inclusive, algunas de ellas evidencian el alto índice de aprobación de la pena de muerte que tiene nuestro país. En consecuencia, abramos el debate, es un reclamo social ante el cual no podemos ser omisos.
En otro aspecto, el problema de la delincuencia es muy complejo, tiene raíces históricas, profundas y trasciende los límites de una administración. La ley y el Estado fueron rebasados. Por ello es momento de reformar al Sistema Nacional de Seguridad Pública para adecuarlo a las nuevas realidades.
Aunque desde 1995 se llevó a cabo una importante reforma en materia de seguridad pública, la mayoría de las corporaciones policiales siguieron operando sin ningún cambio sustancial, ya que a pesar de que fue creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con dos instrumentos de coordinación: la carrera policial y el Sistema de Información Nacional, en este país la mayoría de las corporaciones policiales estuvieron funcionando por mucho tiempo sin controles en la contratación, permanencia y desarrollo profesional de sus integrantes.
En concreto, la falta de control, metodología y sistemas para la operación, así como las condiciones laborales precarias, permitieron a la delincuencia utilizar la infraestructura de algunas corporaciones policiales.
Lo anterior nos ha llevado a un escenario en el que urge una reforma integral en materia de seguridad pública.
Por ello, confiamos que con la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que hoy discutiremos se establezcan las bases para dignificar las labores de los cuerpos policiales y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, así como abatir el índice delictivo e implementar un Sistema Nacional de Seguridad Pública que sea más efectivo y que dé lugar a una mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Asimismo, estamos ciertos que con esta nueva ley se atacarán aspectos medulares que en materia de seguridad pública han contribuido a un aumento en el índice delictivo, entre ellos el deterioro estructural de las corporaciones policiales debido a la infiltración de la delincuencia organizada, la corrupción acompañada de deficientes esquemas de control y de confianza, el deterioro de las condiciones laborales, el desarrollo policial desigual en las corporaciones policiales federal, estatales y municipales, y la falta de una verdadera coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno.
Durante años los mexicanos hemos exigido que el Estado garantice la seguridad pública y frene a la delincuencia. No podemos ni debemos seguir permitiendo que los delincuentes se refugien en instituciones débiles o en deficiencias de la ley.
Por ello el Grupo Parlamentario del Partido Verde celebra una vez más la decisión de este órgano legislativo de participar en la modernización y transformación de nuestras leyes e instituciones, en materia de seguridad pública, mediante la regulación del Servicio de Profesional de Carrera en las instituciones de procuración de justicia, del desarrollo policial, del Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza, y de la participación de la comunidad.
Los mexicanos tenemos derecho a realizar nuestras tareas y nuestras actividades con la confianza de que la vida, la integridad y el patrimonio efectivamente serán salvaguardados por el Estado. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Muchas gracias, diputado Manuel Salvador Salgado Amador. Tiene la palabra la diputada Layda Elena Sansores San Román, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
La diputada Layda Elena Sansores San Román: Con base en el artículo 113, espero que sea condescendiente con el tiempo. Compañeras y compañeros, Convergencia lamenta la exclusión y la falta de respeto a diputados integrantes de la Comisión de Seguridad. Se nos citó para darnos a conocer el documento cuando ya estaba cocinado, cocinado en conciliábulos.
Esta iniciativa se reduce a juegos pirotécnicos para encubrir los magros resultados y la falta de voluntad para combatir a fondo el problema de la inseguridad. Nunca se ha gastado más dinero público en seguridad que en los últimos cuatro años, y nunca habíamos tenido peores resultados.
Que 100 días. ¡Por favor!, si en 700 días Calderón no ha podido. Decenas de familias esperando resultados. Cuántos periodistas asesinados. Ni un solo agresor consignado. Ni siquiera los casos emblemáticos.
Aún no se sabe quién, dentro de la SSP, mandaba a Lorena. Ella era empleada administrativa que hacía los oficios para el pago de viáticos, y dependía del director de Área de Secuestros, justamente el mismo que estuvo a cargo de la dudosa investigación del caso de la hija de Nelson Vargas. Qué coincidencias.
Más leyes, más dinero, más policías, más burocracia, más institutos, centros de evaluación, pero ¿dónde están la transparencia y la rendición de cuentas? La Ley del Sistema Nacional de Seguridad no permite sancionar a los casi 400 mil policías locales y municipales, simplemente hace recomendaciones y coordinaciones que nunca han funcionado.
Recuérdese que sólo el 5 por ciento de los policías son federales y esta ley está enfocada solamente a ellos. No se blinda al ciudadano contra la corrupción y la impunidad de los cárteles políticos de la SSP y la PGR y de los tres niveles de gobierno. Son algunas concesiones por la presión ciudadana.
Lo que está en juego en esta ley es la rebatinga de los fondos federales entre presidentes municipales y gobiernos estatales bajo el escudo de sus partidos, y lo que les detuvo en las discusiones.
La seguridad pública considerada desde la prevención del delito hasta impartición de justicia y las últimas reformas, se orientaron a crear un estado policíaco y hoy quieren consolidar este estado policíaco por arte de mafia.
No es sólo cuestión de persecución sino de solución de las causas que lo generan. Poco podrá avanzarse sin empleo y sin educación. Nunca los cuarteles podrán sustituir a las aulas.
Con fanfarrias se aprobaron las reformas de justicia, pero ni un peso para implementarlas. Mientras el Centro de Evaluación no sea constitucionalmente autónomo, de poco sirve que participen instituciones académicas en las evaluaciones si el Ejecutivo y el secretario de la SSP siguen teniendo el control y son juez y parte. Al Congreso y a la ciudadanía sólo nos dan atole con el dedo.
Propusimos en Convergencia evaluaciones independientes y externas. Se gestionaron desde hace dos años 100 millones de pesos, con el objeto de promover que el Congreso hiciera sus propias evaluaciones a través de la Auditoría Superior de la Federación. Hacienda desvirtuó el acuerdo y el fondo se lo entregó a la SSP y creó un fideicomiso, pero hasta la fecha no ha dado un paso ni un peso para cumplir con los objetivos. Es claro que el gobierno le apuesta al maquillaje estadístico.
Y referente a las pruebas de control de confianza. Deben empezar por las cabezas o por los cabecillas de las instituciones y deben suprimirse las excepciones. Hicieron exámenes a los ministerios públicos, pero poco transparentes, ¿Quién los aplicó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué criterios? ¿Cuánto costaron? Los primeros que deben estar bajo la lupa son los funcionarios con mayor responsabilidad.
Y deberíamos estar legislando ya sobre revocación de mandato y que a Calderón le apliquen el polígrafo para saber cuáles son las verdaderas intenciones para defender con insistencia al secretario de Seguridad acusado de corrupción, porque lo preocupante no es que lo defienda, sino por qué lo defiende, qué hay en el fondo de la olla.
Eso invoca la sospecha, y es pregunta: ¿favores de campaña, complicidades, sociedades secretas, pactos inconfesables? De la mano de las mafias del narco están las mafias políticas y desde hace 11 años no hay un político de alto rango en la cárcel. No nos hagamos, en México se hace operación limpieza cuando un día nos hablan en inglés.
Preocupa el que no se haya dictaminado la Ley Orgánica de la PGR, a pesar de que se agendó para su discusión. Es claro que el PAN perdería. La mayoría se niega a mutilar el brazo investigador de la PGR y a darle el poder a un solo hombre en la SSP, quien tendría el control de toda la policía federal y de la policía nacional. Señores ni Maquiavelo, ni Fouché aspiraron a tanto.
El problema es que no hay contundencia para dejar claro a Calderón que la Agencia Federal Investigadora seguirá perteneciendo a la AFI y que, por tanto, hay que frenar el desmantelamiento que viene haciendo el secretario de Seguridad, desde hace dos años, con ley y su ley. Es un cínico.
Y ahora vienen a presentarnos la Ley de Unificación de las Policías. Pero sí ya lo viene haciendo. Cerca de 4 mil 500 afis permanecen sin espacios dignos, sin chalecos blindados, sin las armas que les fueron retiradas, sin certidumbre, en abierto despilfarro humano y material. Nuestra policía de elite, de nuestra FBI, reducida a retazos.
Queremos policías comprometidos, pero se da un trato de trabajadores de segunda, al conceder nula importancia a sus derechos laborales.
Calderón hace la finta que se combate la delincuencia y el narcotráfico. En el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, Calderón, ofreció fortalecer la denuncia contra la corrupción de servidores públicos.
Piden que los ciudadanos denuncien, pero cuando alguien se atreve le sueltan la guillotina. Nuestro sistema policíaco es maestro en el arte de incriminar por venganza, fabricando pruebas. Tenemos un ejemplo fresco en los hermanos Herrera Valles.
Javier Herrera Valles hizo denuncias documentadas a Calderón, a través de una carta. Candoroso, creí en Calderón. Cuando un alto mando policíaco, con 30 años de servicio, con un salario para vivir tranquilo el resto de sus días se atreve a hacer denuncias y las fundamenta, así estuviera equivocado, lo menos que debió hacer Calderón es protegerlo para investigar. Si hay protección para testigos o delincuentes protegidos, por qué no para servidores que tienen una vida institucional intachable y que se niegan a ser cómplices del silencio.
Un paréntesis. Ante el clamor de la pena de muerte es oportuno insistir, en Convergencia estamos en contra de la pena de muerte. Pero hay que debatirla. Hay quienes capitalizan el dolor y la indignación ciudadana para hondear banderas demagógicas y electoreras, y hay a quienes les importa más el paisaje que el hombre.
La delincuencia no se combate con mayores penas, sino con menos impunidad. Conceder el derecho a matar a un sistema corrupto es extremadamente riesgoso. Personalmente, creo que los dos extremos ?entre crimen y pena de muerte? hay que debatir también la legalización de la droga: es la hora. Los secuestros, el crimen organizado, suelen estar vinculados a la droga.
Por lo pronto, votamos en contra. No hay tal unanimidad. Y porque no hay propuestas para una transformación sustantiva del panorama delictivo. Digamos que esta iniciativa es la misma "gata revolcada en billetes". Es un asunto de reparto de botín, y hay que enfrentar el delito bajo un nuevo paradigma y restaurar la confianza fracturada de una ciudadanía que, hoy más que nunca, necesita creer. Gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputada Sansores San Román. Continuamos. Ahora es el turno del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la seguridad pública es, sin duda alguna, la principal exigencia de nuestra sociedad. Nadie puede negar que el responsable directo e inmediato de brindar las condiciones adecuadas de seguridad es el Estado, en sus tres ámbitos de gobierno.
En atención a lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional colaboró importantemente con la construcción del decreto que hoy se pone a su consideración, dejando muy en claro nuestro compromiso con los mexicanos al atender con esta ley la principal demanda de los ciudadanos: la seguridad pública.
Los diputados del PRI impulsamos una nueva conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya que para nosotros ha sido de vital importancia que los municipios participen activamente en la organización y ejecución de este tema. Es por esto que propusimos la integración de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal como un órgano que dote al sistema de propuestas basadas en la experiencia del gobierno municipal.
Celebramos que se hayan dado los consensos necesarios para que sea el titular del Ejecutivo federal quien presida el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a fin de que sea el coordinador de la lucha frontal contra la delincuencia, resaltando de esta manera la importancia a la situación de inseguridad por la que atraviesa nuestro país.
Con las disposiciones contenidas en esta ley, los recursos que les corresponden a los gobiernos de los estados ya no serán repartidos de manera discrecional, dejando de ser un instrumento político. Así, nuestros gobernadores serán los artífices de la planeación y el diseño de las nuevas políticas públicas que se emitan y se ejecuten en esta materia, erradicando de un solo tajo la costumbre que en los últimos años prevaleció en nuestro país de que, de manera unilateral se fijaran los lineamientos en este rubro; pero más grave aún, haber sido el único responsable para manejar los recursos públicos y la información destinada al combate a la delincuencia.
Hoy, en esta nueva ley, serán los gobernadores, los presidentes municipales, los académicos, la sociedad civil, quienes tomen las decisiones y vigilen su cabal cumplimiento. Por primera vez en nuestro país la responsabilidad de combatir la inseguridad pública, por disposiciones de ley, es de todos los actores públicos y sociales.
Es importante destacar que el Consejo Nacional funcionará como un órgano colegiado y plural en su integración. La nueva ley facilita su funcionamiento al formalizar los mecanismos para la discusión de los asuntos al ordenar su funcionamiento en el pleno o en comisiones.
Esta ley incorpora la figura del quórum para obligar a los miembros del Consejo Nacional a llevar sus reuniones con la mitad más uno de sus integrantes, y en consecuencia, a tomar sus acuerdos por la mayoría de los presentes, lo que garantiza una total transparencia en la toma de decisiones en materia de recursos, políticas e información de seguridad pública.
El funcionamiento de este sistema se ve fortalecido gracias a la transformación del Secretariado Ejecutivo, al convertirlo en un órgano operativo del sistema con autonomía técnica de gestión y presupuestal, el cual, para la realización de sus actividades se auxiliará por tres centros nacionales: el de Información, el de Certificación y Acreditación, y el de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, siendo el primero de estos centros nacionales fruto de las reflexiones de legisladores de nuestro instituto político.
A fin de garantizar el buen funcionamiento de los centros nacionales propusimos que estas instancias del Secretariado Nacional fueran supervisadas por tres comisiones permanentes, que estarán integradas por gobernadores y por funcionaros federales.
En este decreto se establecen también los requisitos mínimos que deben cumplir los tres niveles de gobierno para poder combatir a la delincuencia, siempre cuidando la integridad y los derechos de las personas.
Del mismo modo, nos preocupamos en incluir la participación de los expertos de instituciones académicas y, de la sociedad civil, quien representa mejor que nadie la preocupación de todos los mexicanos. Se incorpora, además, un nuevo apartado que fija las obligaciones y las sanciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública con el fin de generar parámetros de conducta moral y jurídica en el comportamiento de los servidores públicos responsables de la seguridad pública.
Con esto tendremos elementos para alcanzar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
A fin de mantener la seguridad y el resguardo de la información contenida en la base de datos del sistema, se establecieron delitos para aquellos funcionarios que hagan mal uso de esta información.
El día de hoy, los diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional enviamos un mensaje de unidad y coraje. El día de hoy, las instituciones del país demuestran que pueden hacer valer el estado de derecho.
Confiamos en que esta nueva ley obtenga el voto unánime de los legisladores, toda vez que la seguridad pública no puede tener colores de partido. La seguridad y la certeza de cada uno de los mexicanos tiene un solo rostro, que es México. Hagamos valer el compromiso que asumimos frente al pueblo, por México.
Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, solicito su voto aprobatorio a favor de este dictamen. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Gerardo Vargas Landeros. Se concede el uso de la tribuna al diputado Andrés Lozano Lozano, por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Andrés Lozano Lozano: Gracias. Con su venia, diputado presidente. La seguridad es una garantía consagrada por la Constitución y, por tanto, es responsabilidad de Estado garantizarla.
El Grupo Parlamentario del PRD ha señalado en distintas ocasiones la urgencia de tener una nueva concepción sobre la seguridad, tal que respetara no sólo los derechos humanos de la población, sino que dignifique las labores policíacas y que genere nuevas condiciones en la convivencia, y entonces salvar y regenerar este tejido social. Esa debe de ser una premisa fundamental en la seguridad pública.
En el PRD hemos estado en la mejor disposición porque esta ley no espere; también, no podemos tener intereses políticos ni partidistas en materia de seguridad pública. La reforma que fue publicada el 18 de junio de este año al artículo 21 constitucional, nos obligaba a entrar a esta nueva regulación.
No obstante, es importante señalar que el actual Sistema Nacional de Seguridad Pública, en mucho está en crisis, porque no existe una coordinación entre la federación, los estados y los municipios. No hay la confianza para que los estados integren una sola base de datos criminalísticos, policíacos ni de armamento.
Las condiciones generadas en la actualidad no dan la posibilidad de generar esa confianza que es premisa fundamental para un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Importante es respetar todos los principios que se consagraron en la reforma. Legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, es lo que requiere también un nuevo orden policiaco.
El dictamen que hoy se discute, sin duda recoge planteamientos presentados por nuestro grupo parlamentario. Concebimos a este sistema como un sistema horizontal entre los tres Poderes de la Unión y vertical entre los tres órdenes de gobierno; que garantice los acuerdos tomados en el consejo, pero que a la vez también respete el pacto federal. Se crearon pilares fundamentales de este sistema. Uno, como ya se ha dicho, que integre toda la información; otro que atienda a la prevención y la participación ciudadana.
La ciudadanía ha exigido nunca más estar ajena a lo que suceda en la seguridad pública. Se ha depositado desde hace tiempo en el Estado esta responsabilidad y sigue siendo una responsabilidad del Estado. Pero ahora la ciudadanía quiere participar en ella y eso ha sido parte fundamental de la aportación de nuestro grupo parlamentario en esta nueva concepción del sistema.
También se crearon el Centro de Certificación y Acreditación de las Policías del País. No puede ser, como sucede en la actualidad, que un estado de la república tenga requisitos distintos a cualquier otro para tener en la calle a un policía. No puede ser que se tengan condiciones distintas de policías investigadores y ministerios públicos en toda la república. No puede ser que se carezca de lo más elemental, que preparar a cualquier servidor público en igualdad de condiciones y de circunstancias.
Por eso es importante lo que se establece también en esta Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No podríamos tampoco dejar de señalar que fue este grupo parlamentario quien promovió que se integrara al Consejo al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como un invitado permanente.
Si no entendemos que en el asunto de la seguridad pública deben de generarse equilibrios, si no entendemos que la seguridad pública debe ser concebida como un todo en el que, por un lado se doten de mayores herramientas al Estado para combatir al crimen organizado. Pero que también se garantice el respeto a los derechos humanos, no pudiéramos avanzar en condiciones de equilibrio.
Tampoco podemos avanzar si no entendemos que el uso de la fuerza por parte de los miembros de las instituciones de seguridad pública se debe limitar a una aplicación legítima. Debe ser el último recurso a aplicarse.
Toda la fuerza del Estado contra los narcotraficantes. Toda la fuerza del Estado contra los secuestradores. Toda la fuerza del Estado a quienes han desequilibrado a este país y a quienes hacen que vivamos con temor. Pero también toda la fuerza del Estado en las garantías y en el respeto a los derechos humanos. Nunca, nunca al abuso policial.
El PRD también incorporó y garantizó que pudieran generarse condiciones de equilibrio en la información que se entregue en este sistema. Este dictamen demuestra una vez más que formamos parte de un partido que tiene propuesta, que tiene plena disposición al diálogo, que tiene plena disposición para llegar a los consensos que beneficien al país.
También hemos de señalar que esta ley no es la panacea para resolver el problema de la seguridad pública. Que concebimos a la seguridad pública como un todo y que debemos de entrarle a otros ordenamientos jurídicos para su revisión.
Hay que reformar Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Ley de Extinción de Dominio, responsabilidad generada por el crimen organizado y muchos otros temas. Pero sin duda, esta ley es fundamental en la estructura que se requiere para combatir al crimen organizado. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Andrés Lozano. Es turno del diputado Edgar Armando Olvera Higuera, a nombre del Partido Acción Nacional.
El diputado Edgar Armando Olvera Higuera: Con su venia señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Señoras y señores. Amigos todos. Los diputados de Acción Nacional, en cumplimiento de nuestras obligaciones y con el compromiso moral con los ciudadanos consumamos un esfuerzo compartido para que México sea un país fuerte, seguro y ordenado.
Los diputados de Acción Nacional desde el primer día de esta legislatura teníamos claras las acciones a realizar en materia de seguridad pública. Por eso desde el inicio hemos acompañado al presidente Felipe Calderón en esta gran guerra contra el narcotráfico.
Hoy más que nunca la sociedad reclama una coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Por eso, con esta ley aprobada en lo general por unanimidad en la Comisión de Seguridad Pública, buscamos por primera vez contar con una coordinación más amplia de los programas, planes y operativos por parte de los cuerpos de seguridad pública. A través de los informes homologados y de los criterios de capacitación y de reclutamiento de policías podremos saber quién ingresa a nuestros cuerpos de seguridad pública.
Buscamos tener la certeza y la seguridad de que quienes brindan un servicio para los ciudadanos sean los elementos más capacitados para combatir a la delincuencia. A través de esta ley buscamos certeza en la certificación de los elementos que brindan la seguridad a los ciudadanos, sometiéndolos a rigurosos y estrictos exámenes y evaluaciones de confianza, para que los elementos cumplan, a la patria a y nosotros.
Así, a los policías que con su trabajo y esfuerzo nos cumplan a nosotros, los ciudadanos, busquemos que sean premiados; y aquellos que no lo hagan, busquemos que sean castigados con el peso y el rigor de la ley.
Quiero mencionar a ustedes, compañeros, a nombre de todos los elementos de los cuerpos de seguridad pública que han dado su vida y que han dejado huérfanos en las familias, por defender con su vida la integridad de nuestras familias, dedicamos con esta ley el esfuerzo realizado por nuestra patria.
Con esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dotaremos de armas jurídicas a nuestros elementos de seguridad pública. Los equiparemos con certeza jurídica para que en el ejercicio de su deber puedan contar con el respaldo del Estado mexicano, y a la vez, los ciudadanos estaremos plenamente informados de los límites del uso de la fuerza pública.
No buscamos un simple reparto de funciones. Buscamos establecer con claridad los parámetros generales para que todos los cuerpos de seguridad pública se constituyan, entre todos, en una fuerza sólida.
La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos permitirá tener un solo escudo contra la delincuencia organizada. Sabemos que esta ley no es la solución a un problema de raíz; sin embargo, es herramienta y arma para que los gobiernos estatales y municipales pongan en orden a su cuerpo de seguridad pública y presten un servicio eficaz para todos los ciudadanos.
En suma, el nuevo modelo de seguridad pública que contempla la iniciativa que hoy se somete a consideración de este honorable Congreso, pretende satisfacer las necesidades de la sociedad y de las siguientes generaciones.
Con esta nueva ley podemos atender a los ciudadanos con los nuevos planteamientos en la edificación de la legalidad y prevención del delito. Queremos que las familias vivan mejor, que recuperemos los espacios públicos, que nuestros niños crezcan en un ambiente más sano y justo, con todas las bondades que nuestro país ofrece.
Desde esta tribuna felicito a todas aquellas personas que sin reserva contribuyeron a la construcción de esta ley, porque como ustedes, yo también quiero ver un México más seguro, donde vivamos mejor.
México es más fuerte sin los delincuentes. Trabajando juntos lograremos un México más seguro para nuestros hijos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Édgar Olvera. Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, las siguientes diputadas y los siguientes diputados:
En contra, el diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido de Convergencia; y en pro los diputados: Patricia Villanueva Abraján, del Partido Revolucionario Institucional; el diputado David Mendoza Arellano, del Partido de la Revolución Democrática; la diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo, del Partido Acción Nacional, y el diputado Francisco Javier Santos Arreola, del Partido de la Revolución Democrática.
Por lo tanto, se concede el uso de la palabra, para argumentar su posición, en contra, al diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia, hasta por cinco minutos.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Compañeras, compañeros diputados, con el permiso de la presidencia, queremos retomar la última expresión de quien me antecedió en el uso de la palabra.
Nosotros también queremos ver un México más seguro, pero el problema de la inseguridad lo generó las crisis de las policías de este país, lo generó la SIEDO y también lo generaron los ministerios públicos federales.
Tan sólo un dato, siete de cada diez mexicanos no confían en el Ministerio Público ni tampoco confían en ninguna de las policías federales. Su corrupción, su impunidad, su ineficiencia, la inseguridad e injusticia que prevalecen en el país se les deben a estos policías y a estos ministerios públicos y hoy queremos darles una ley que les permita seguir en la impunidad total.
Así es de que, compañeras y compañeros, en México se cometen, para que sepan, 11 millones 810 mil 377 delitos, de los cuales solamente un millón 403 mil 425 se denuncian en el Ministerio Público.
¿Por qué los demás no se denuncian? Porque no confían en el Ministerio Público corrupto.
Cerca de un millón y medio de delitos denunciados en el Ministerio Público Federal, 248 mil 613 delitos solamente van ante un juez. De esos 248 mil delitos consignados, solamente obtienen sentencia condenatoria, de 190 mil 059, es decir, apenas un 76 por ciento.
Todos estos datos indican que un 98 por ciento de los delitos cometidos quedan impunes en este país.
México, sin lugar a dudas, es uno de los campeones mundiales en impunidad y criminalidad per cápita, 7 millones 987 mil 624 delitos cometidos?
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Diputado Del Río, permítame interrumpirlo un momento. El diputado Cárdenas Fonseca pidió el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Si es tan amable, diputado presidente, preguntarle al orador si me permite hacerle una pregunta.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: ¿Acepta, señor diputado?
El diputado José Manuel del Río Virgen: Con todo gusto, señor presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Acepta el diputado. Adelante, formule su pregunta, por favor, diputado.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Diputado orador, gracias por aceptar el que le haga una pregunta. Aquí usted plantea este tema como de gran importancia y se han discutido las muertes que ha causado.
El PRI plantea que fueron ellos quienes pidieron que el presidente de la república presidiera este Consejo Nacional, como muchos otros que existen, a los cuales no ha pedido que el presidente presida.
Ahora entonces ¿para usted es más importante uno que otro? Toda vez que en materia de salud, el Consejo Nacional correspondiente no lo preside el presidente y nada más por cáncer cérvicouterino, por cáncer de mama, por diabetes y por otro tipo de males mueren más mexicanos que por la propia inseguridad pública. Entonces esos miles de mexicanos, más decenas de miles más ¿no son importantes? ¿Debiera, a su criterio, presidir también el presidente de la república, si sostiene el criterio del PRI, presidir los otros consejos?
El diputado José Manuel del Río Virgen: Señor presidente, le voy a responder al señor diputado Manuel Cárdenas Fonseca, con mucho gusto, en estos términos.
Es, sin lugar a dudas, un grave error que el señor presidente de la república vaya a presidir este Consejo Nacional de Seguridad. Es una aberración, incluso, de carácter legal y constitucional. Además se equivocan quienes creen que así vamos a combatir, exactamente, todos los crímenes de este país.
Le voy a dar un dato nada más para abonar la pregunta que usted me hace. De los robos que hay en este país y sus distintas topologías, 90 por ciento de los que asaltan son por un valor de 8 mil pesos. ¿Qué tiene que ver ahí el señor presidente en el Consejo Nacional de Seguridad, hablando de estos temas? Es una aberración.
¿No tiene todas las facultades legales y constitucionales el presidente para ordenar y mandar? ¿Que no él, como invitado del Consejo, podía exigirle a quien presidiera el Consejo que las cosas se hicieran como México quiere que se resuelvan?
Fíjese, diputado Cárdenas, que las estadísticas indican que la mayoría abrumadora de las víctimas de los delitos más repetitivos en el país son los habitantes más pobres y desamparados. ¿Que no convendría mejor crear un sistema de desarrollo social, que ese sí debería presidir el presidente, para evitar que haya inseguridad en este país?
Por lo que toca a los delitos vinculados con el narcotráfico, éstos se han multiplicado en 700 por ciento durante los últimos 10 años. ¿Qué los ex presidentes no tenían la facultad, la potestad, la fuerza constitucional para exigir a las policías, éstas corruptas, que resolvieran este tipo de problemas?
La inmensa mayoría de los jóvenes que caen en la drogadicción es pobre y sin trabajo permanente. ¿Que no podríamos crear un sistema nacional de empleo fuerte, que resolviera el problema, que tendría que presidir el señor presidente de la república?
Entre el 1o. de enero de 2005 y el 10 de abril de 2007 han ocurrido en territorio nacional cerca de 5 mil crímenes. Todos vinculados con el narcotráfico.
Voy a terminar, presidente, de darle respuesta al diputado Cárdenas con este dato. Los secuestros, en todas sus tipologías, han llegado a crecer 78 por ciento en un solo año. Van migrando hacia la población más desprotegida y común, a través del secuestro exprés y la extorsión virtual, dado que los estratos más ricos y poderosos, mediante su fuerza política, económica y mediática, obligaron a las autoridades a defenderlos y a combatir con mayor efectividad a sus secuestradores.
Creo, incluso, que no solamente es un exceso que el presidente de la república presida este Consejo. Creo que además lo va a cuestionar más en el mandato constitucional que tiene.
Continúo con mi participación, señor presidente.
Convergencia va a votar en contra porque esta ley, por cierto que es de 152 artículos y 12 transitorios. Además creemos que vulnera el federalismo, concentra todo el poder en el Ejecutivo. Lo nuevo de esta ley es que concentra problemas. La nueva ley no prevé un sistema federalista de atribuciones compartidas donde todos asuman responsabilidades.
Insisto, la problemática de la inseguridad la generó la crisis de los policías federales. El problema real es que la SIEDO contamina a las policías locales. Mientras no se cambien en las policías, y en los ministerios públicos, mientras no se cambien esos mandos corruptos, mientras no se les someta a un juicio y luego a la cárcel, la fragmentación de mandos va a seguir generando división orgánica de los cuerpos policíacos.
La lógica rivalidad entre las distintas agencias va a continuar, y no van a compartir la información ni la inteligencia para el combate al crimen. Va a continuar la desorganización de las capacidades del Estado para hacer frente al fenómeno delictivo y, por ello, se va a fortalecer el flagelo criminal con esta ley que quieren votar, una ley que ?como dijo un diputado del Partido Revolucionario Institucional?: por favor léanla. Se las acaban de dar, cómo la van a leer, pues ni que tuvieran cursos de lectura rápida los diputados y las diputadas.
Por tal motivo, vamos a votar en contra porque no estamos de acuerdo en cómo se está planteando esta ley que vulnera el federalismo, no resuelve el problema, y el problema de fondo es atacar a los ministerios públicos federales y atacar a las policías corruptas de la SIEDO; procesarlos, meterlos a la cárcel, crear nuevos sistemas de control, de evaluación y de confianza, y poder resolver el problema de fondo. No echarle la culpa y la pelota a los presidentes municipales y a los gobernadores de los estados.
Creo que los gobernadores de los estados, después de que ustedes voten esta ley, van a poner el grito en el cielo porque el poder lo va a tener absolutamente la federación, y se trata de responsabilidades compartidas; no de un poder central en una sola persona. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Del Río Virgen. Ahora para sustentar la posición en pro del dictamen se concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Villanueva Abraján, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Patricia Villanueva Abraján: Compañeras diputadas y compañeros diputados, en este proyecto de decreto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública vengo a favor, para que lo votemos en lo general, porque esta Ley General que mandata el artículo 21 constitucional, en su artículo transitorio, para que reglamentáramos en materia de seguridad pública, permite una distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.
Pero yo creo que hay algo más importante. Creo que es significativo que regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Yo me he cuestionado en un sinnúmero de ocasiones durante las semanas, los meses y los últimos días en que estuvimos revisando esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿qué es realmente lo que requiere la sociedad?
¿Por qué estamos abrogando la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, y nos estamos dando este ordenamiento legal? ¿En qué condiciones nos los estamos dando? ¿En una situación de crisis que vive el país en materia de seguridad pública? ¿En situaciones verdaderamente graves de desconfianza? ¿Pulsando y viviendo, hasta en los propios integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, suspicacias en cuanto a las disposiciones, en cuanto a los términos, en cuanto al corpus de alguna disposición, que muchas veces no era transcendente, pero que generaba un gran revuelo si se cambiaba o si se sustituía de palabra o de sinónimo?
Yo creo que es precisamente esa desconfianza y esa suspicacia que nosotros mismos tenemos. Esa misma afectación que tienen nuestros conciudadanos, la sociedad mexicana, por vivir diariamente la situación de inseguridad que tiene nuestro país.
Pero yo creo que estamos obligados, totalmente obligados, a contribuir, todos, en lo que nos corresponde, para podernos dar un ordenamiento legal que nos permita indiscutiblemente salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar libertades, el orden y la paz pública.
Yo creo que indiscutiblemente habrá muchas insatisfacciones para muchas compañeras diputadas y compañeros diputados, sobre este ordenamiento legal, de esa Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública?
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Diputada Villanueva, ¿me permite un momento, por favor?. El diputado Cárdenas Fonseca está pidiendo la palabra. Quisiera saber con qué objeto, señor diputado. Abran su micrófono.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Tengo una duda respecto de una situación que plantea el dictamen. Entonces me gustaría saber si la diputada ponente, en uso de la palabra, me aceptaría una pregunta.
La diputada Patricia Villanueva Abraján: Sí se la acepto, diputado, pero cuando me permita que termine yo con mi intervención, con mucho gusto tenemos el diálogo.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Muy bien. Continúe entonces con su intervención.
La diputada Patricia Villanueva Abraján: Gracias, presidente. Y es por ello que nos dimos a la tarea no solamente de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública estuviera integrado por los gobernadores y presidido por el Ejecutivo Federal, sino también la contribución de los Centros, tanto de Información, como de Prevención y Colaboración Ciudadana, así como también el de Evaluación y Certificación de Control de Confianza, de las corporaciones policíacas.
Nunca vamos a avanzar si no existen criterios homogéneos para las corporaciones policíacas estatales, municipales y la federal. Nunca vamos a avanzar, si no nos damos los mismos instrumentos de técnicas y tácticas policíacas que nos permitan, indiscutiblemente, estar dando el embate por una causa común.
Nunca vamos a avanzar si la distribución de los recursos no es equitativa y se fortalecen a las entidades federativas y a los municipios. Nunca vamos a avanzar si no contribuyen los tres órdenes de gobierno y ponen toda su capacidad, talento, eficiencia y eficacia en las acciones en materia de seguridad pública.
Jamás la sociedad estará satisfecha si no ven resultados a corto y mediano plazo. Podremos tener muchos ordenamientos, podemos abrogar, como hoy pretendemos, la ley federal que establecía las bases de coordinación en materia de seguridad pública, que data de 1995. Pero ésta y muchas más que podrían estar enriquecidas con los criterios y las aportaciones jurídicas de mujeres y hombres talentosos, legisladores de esta LX Legislatura; nunca podremos tener lo suficiente. Si todos ponemos nuestro mejor esfuerzo y contribuimos, verdaderamente, para hacer acciones concretas en materia de seguridad pública.
Estamos infiltrados en las corporaciones; tenemos que certificar a nuestros policías, hay que darnos exámenes de confianza, hay que evaluarnos permanentemente. No es posible que queramos contribuir en este rubro y no hagamos lo propio cada una de las entidades federativas, los municipios y la federación. Es cuanto, señor presidente. Adelante, señor diputado. Le acepto la intervención.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Adelante, por favor, con la pregunta del diputado Cárdenas Fonseca.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Compañera diputada, muchas gracias por aceptar el que le pueda hacer una pregunta.
Para un servidor es muy grave que estemos desatendiendo controversias que emitió la Corte; observaciones que nos hacen la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los propios relatores de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, en el que hacen acusaciones muy graves y en ningún momento el Estado mexicano desmintió, como aquí el procurador general de la República, en su momento, no pudo argumentar el por qué las Fuerzas Armadas están en trabajos que no les son competentes.
Por qué y bajo qué argumento jurídico va a ir el PRI en contra de todo lo que se plantea respecto de instituciones como la ONU o Amnistía Internacional o de la propia Suprema Corte de Justicia, e incluye, en la constitución del consejo a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina.
Éste no es un consejo de seguridad nacional. En donde estaría totalmente de acuerdo un servidor. Esto es un consejo de seguridad pública. Si pudiera usted, ser tan amable, de decirme ¿cuál es el sentido primigenio, la tesis, la norma, la doctrina que ustedes están sustentando para aceptar que las Fuerzas Armadas estén siendo validadas en una ley federal, para que participen en algo que la propia Constitución no prevé; antes, por el contrario, las excluye de la materia. Por su respuesta, muchas gracias.
La diputada Patricia Villanueva Abraján: Señor diputado. Primeramente, casi, casi nos imputa usted, a nosotros, los del Partido Revolucionario Institucional, que incluimos a las Fuerzas Armadas y a la Marina.
Yo le quiero comentar a usted algo. Mire, usted es integrante de la comisión, usted hizo dos propuestas a través de la voz de mi compañero diputado Gerardo Vargas Landeros, de la cual una fue desechada y otra fue incluida. Si le interesaba este tema y los argumentos que ahorita usted me está virtiendo, hubiera acudido ayer, diputado, a la sesión ordinaria que tuvimos de dictamen, y hubiera usted hecho estas apreciaciones, y estoy segura que en consenso, las compañeras y compañeros diputados que conformamos esta comisión, hubiéramos transitado en algunas cosas con usted.
Yo le quiero decir que si algo me satisface es que transitamos en esta Comisión de Seguridad Pública, con todo respeto, aceptamos todos los comentarios y tratamos de transitar con estas divergencias que tenemos muchas veces, para construir cosas que verdaderamente nos permitan avanzar en la materia, beneficiar a nuestro país. Pero, sobre todo, a quien verdaderamente tenemos que dar cuenta es al electorado, sobre todo los diputados que somos de mayoría y que tuvimos el sufragio directo, y que confiaron en nosotros nuestros electores. Gracias, señor presidente. Es cuanto.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De nada, compañera diputada doña Patricia Villanueva Abraján. Tiene el uso de la palabra don Manuel Cárdenas Fonseca. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Para que me registre, en el momento procesal correspondiente, para hechos, señor diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muy bien, diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado David Mendoza Arellano: Con su permiso, señor presidente. Muchas gracias. Quizás lo que habría que explicar, de manera sencilla y puntual, es si el país necesita o no un Sistema Nacional de Seguridad. Es obvio, es evidente, es lógico que México requiere de un sistema nacional y el espacio donde se construyó esta propuesta fue el espacio de la Comisión de Seguridad Pública.
Yo celebro que aquí se fijen posiciones a favor y en contra, porque eso va a permitir que la sociedad pueda identificar, con claridad, la diferencia entre los conceptos de seguridad que hay entre las fuerzas políticas del país, porque le permitirá tomar decisiones cuando lo tengan que hacer en la urna.
Para nosotros el problema fundamental es cómo logramos que se recupere la confianza, la credibilidad y el respeto en los órganos de gobierno que son responsables de dar seguridad pública a todos los mexicanos.
En primer lugar, pensamos ?y por eso acudimos a esta discusión en la comisión?, que un aspecto fundamental que requieren todos estos órganos es coordinarse. Yo quiero decirles que en el órgano de coordinación, en el Consejo Nacional, es un nuevo paradigma, porque el hecho de que lo encabece el presidente de la república no le resta importancia a la presencia de los gobernadores de todo el país, al jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero además también a la inclusión del secretario de Defensa y de Marina, sin menoscabo ?hay que decirlo, porque aquí ya se ha planteado? de que a propuesta nuestra está integrado como invitado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Para qué queremos ese consejo. Queremos ese consejo para que sea el órgano en donde todas estas formas de gobierno, estos tres órdenes de gobierno ?hay que decirlo también, están integrados los municipios? puedan generar políticas públicas conjuntas que permitan enfrentar, entre todos, siendo corresponsable en esa responsabilidad, a la delincuencia organizada.
El otro gran reto era cómo hacerlo, garantizando las libertades y derechos constitucionales, sin menoscabo de lo que ya dijimos, de garantizar la seguridad, cómo lograr que este esquema se diera.
Aquí lo importante fue quitar de la propuesta del titular del Ejecutivo, todos los aspectos que tenían que ver con represión, con visión de estado policiaco, e integrar una nueva forma que permita la coordinación, pero además que permita la estructuración de tres grandes centros que se dediquen ?como aquí ya se ha dicho y no voy a abundar en el tema?, por un lado a generar la base de datos de información que permita los elementos de inteligencia para combatir a la delincuencia, por otro lado cómo lograr un esquema que nos permita abatir la corrupción estructural que hay en los cuerpos de policía.
Para ese efecto se modificó la propuesta del Ejecutivo y se logró construir un centro que logre concentrar tres aspectos importantes: el control de confianza, la certificación y la acreditación de las academias, en donde se supone que se deberían de estar preparando, y lograr la profesionalización de la policía.
Al lograr esta integración lo que obtuvimos como resultado es que nunca más una institución se vuelva a certificar a sí misma. Ése era uno de los grandes temas y por eso consideramos que lograr este centro, independiente de a quién va a certificar, nos parece que es esencial y fundamental en esta parte.
Y, desde luego, no debemos olvidar que se ha construido un Centro de Prevención del Delito y de Participación Ciudadana. Es decir, hemos buscado por la parte social garantizar un espacio en donde pueda estar representada la sociedad civil y donde además también puedan generarse, desde la sociedad civil, visiones y propuestas para enfrentar a la delincuencia.
No hay que olvidar también que en el dictamen se crea un Consejo Consultivo para este órgano de Certificación. Con ello también abrimos la posibilidad de que la sociedad pueda evaluar.
Finalmente quiero referirme a la parte de sanciones. ¿Cómo lograr que los órganos de gobierno se integraran debidamente y cumplieran con el mandato de la Constitución? Lean la parte de sanciones. Hay sanciones a las instituciones, pero también hay sanciones a los individuos, es decir a los servidores públicos que por razones de corrupción pudieran infiltrar esta situación de base de datos, de información, y hay penalidad.
Por eso nos parece importante votar a favor esta ley, que desde luego es perfectible; que desde luego debería continuarse avanzando en esta lógica para avanzar en las leyes que faltan.
Por ello reitero, hacemos un llamado para que votemos a favor. Ojalá que la votación sea unánime y pongamos por encima de nuestras posiciones políticas o ideológicas o intereses de partido, algo que la sociedad nos está demandando, que es otorgarles instrumentos a los titulares del Ejecutivo, en los tres órdenes de gobierno, que les permita combatir a la delincuencia y generar coordinación entre todos estos órganos encargados de combatir a la delincuencia. Muchas gracias por su voto a favor.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Nos ha pedido la compañera diputada María de los Ángeles Jiménez ?quien previamente se había registrado? hacer uso de la palabra desde su curul, a lo cual no tenemos ninguna objeción. Adelante, diputada.
La diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo: Gracias, presidente. Declino mi participación en vista de que las fracciones representadas en esta Cámara han emitido su conformidad para sumarse a esta ley.
Pero quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar a mis compañeros integrantes de la comisión; a mis amigos del PAN, del PRI, del Verde, de Convergencia, de Nueva Alianza y del PRD, porque hicimos un trabajo sumando nuestros esfuerzos para que esto saliera adelante, dejando a un lado nuestras vanidades y nuestros orgullos para que realmente esta ley fuera en beneficio de México.
Quisiera decirles también, a todas y a todos, que aún tenemos cosas pendientes. Tenemos cosas en las dos Comisiones, de Seguridad y de Justicia; por eso los invito a que este compromiso que hemos tenido con la nación, lo sigamos refrendando aprobando estas leyes antes de terminar este periodo. Muchísimas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias a todos.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias a usted, compañera diputada María de los Ángeles Jiménez. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Javier Santos Arreola, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Francisco Javier Santos Arreola: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros, realmente venir a dar cuentas de un trabajo parlamentario tan serio, tan profesional y que tanto beneficia a nuestro país, realmente es un orgullo.
El día de ayer, cuando se discutía el dictamen en lo general, ya se había votado por unanimidad, surgió una diferencia que tenía el foco de alarma de que pudiera hacer que esta reforma no pudiese salir en el consenso que se tenía trabajado durante mucho tiempo.
Celebro la sensibilidad política y la atinada corrección de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, que corrigieron esa parte, esa reserva que teníamos al artículo 19, fracción I, que cambiaba de gran forma el sentido de lo que es el manejo de la información de este sistema. ¿En qué la beneficia al ciudadano? ¿Qué es lo que gana México con esa reforma?
Quiero referirme exclusivamente a dos temas que son sensibles y que sí van al fondo del cambio del problema de seguridad pública. Los que tuvimos la suerte de ser secretarios de seguridad pública sabemos de las limitaciones y de los problemas que se tienen desde la parte de la administración pública, para poder tener acceso a la información de las personas y en este caso saber si alguien es o no un delincuente.
La parte que va a llevar el sistema de información, hoy llamado Plataforma México, es una gran base de datos, una base de datos que va a tener toda la información de las dependencias federales: pasaportes, la CURP, la credencial de elector, toda la información de los estados, de las penitenciarías, de las procuradurías. Es una gran base de datos, pero además es base de datos bidireccional. Es decir, se puede nutrir desde los municipios o los estados y no nada más de la federación hacia los municipios y los estados. Esto va a permitir que esta base de datos esté continuamente actualizándose, todos los días se esté actualizando y ello va a permitir que las policías municipales y estatales, que son el 90 por ciento de las policías del país, tengan acceso cuando detengan a una persona, por cualquier falta menor, van a poder verificar, en primera, la identidad de la persona y en segunda, si esa persona tiene o no algún delito que se le persiga en otra entidad u otro municipio del país.
Esto va a permitir que la impunidad se disminuya de manera sensible. ¿Cuántas veces no ha estado en la cárcel un tipo por pelearse en la calle y es un homicida que está prófugo en algún estado del país?
La impunidad es el principal problema de la seguridad pública del país. Esto da verdaderamente nuevos elementos que se ponen al servicio del Estado y que benefician al ciudadano. Por ello el resguardo, que era la fracción I del artículo 19, era importantísimo que no estuviera a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Por eso quitar esa parte cambiaba por completo esto.
Qué bueno que se corrigió, porque ahora da la certeza de que la información que den las entidades, que dé la propia Federación y que den las demás autoridades, van a estar bajo resguardo de este sistema y que va a tener con ello la seguridad de que esta información la accese quien tiene derecho a accesarla y obviamente, que este resguardo permita que esto se corrija.
Por otra parte, se crea un sistema de información de detenciones, esto es algo muy importante. ¿Cuántos ciudadanos no han tenido la duda de si un familiar está detenido o no porque se lo llevaron y empiezan a buscar si esa detención es o no legal y dónde está su familiar? Creamos un sistema donde es obligación de la autoridad dar de alta el nombre de la persona que fue detenida y el momento donde fue detenida y puesta de disposición?
La diputada Aída Marina Arvizu Rivas (desde la curul): Señor presidente, pido la palabra.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: ¿Me permite diputado? Diputada Marina Arvizu ¿con qué objeto?
La diputada Aída Marina Arvizu Rivas (desde la curul): Que si le pregunta por favor al diputado si me acepta una pregunta.
El diputado Francisco Javier Santos Arreola: Con todo gusto, diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado, concede usted la pregunta. Adelante diputada.
La diputada Aída Marina Arvizu Rivas (desde la curul) En una preocupación genuina realmente, mi pregunta va en el sentido de que no encuentro en ninguna parte de la ley, a lo mejor está en otro lado y quizá tú me podrías explicar o cualquiera de los integrantes de la comisión, no encuentro a la Secretaría de Hacienda en ninguna de estas definiciones que hacen de consejos y organismos que están en esta ley, por una razón importante me parece ¿cómo se vincula la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema de Aduanas de este país, que son dos cosas fundamentales para combatir el lavado de dinero y el tráfico de armas ligeras en la frontera norte y en la sur?
Me gustaría que nos ampliara un poco la información en este sentido. Gracias.
El diputado Francisco Javier Santos Arreola: Indudablemente esta parte está dentro de la representación que tiene el propio procurador, dentro de sus funciones está combatir, precisamente, el lavado de dinero, y tiene una entidad encargada de ello dentro de la propia Procuraduría.
El procurador forma parte del sistema. Inclusive se crea una conferencia de procuradores donde toda esta parte financiera, esta parte que tiene que ver con este ?sin lugar a dudas? problema grave que tenemos con el lavado de dinero, va a tener que ser esa área la que cree un mecanismo y se tendrá que hacer dentro de esa parte.
Esa parte no le corresponde a esta parte del sistema ?lo que estamos presentando el día de hoy?, pero jurídicamente se forman los mecanismos a través de los cuales se van a tener que ir haciendo éstos.
Vamos a tener que crear, inclusive, las leyes que van a ser los funcionamientos de estos nuevos órganos que se van a crear, por ejemplo, el de participación ciudadana se le tiene que crear una ley para que funcione, igualmente va a ser para otras áreas.
Esto es el nacimiento del sistema, apenas es el nacimiento. Ojalá y esto se hubiera hecho hace 30 años, pero qué bueno que el día de hoy empecemos, es un gran avance realmente.
Concluiría mi intervención comentando?
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Permítame, diputado. Está usted muy solicitado hoy. Diputado Manuel Cárdenas Fonseca, ¿con qué objeto?
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Si le puede consultar al orador si me acepta una pregunta, si es tan amable.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: ¿Concede usted una pregunta, diputado?
El diputado Francisco Javier Santos Arreola: Con todo gusto, diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, diputado. Proceda a plantear su pregunta.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias, diputado presidente. La pregunta que hizo la compañera Arvizu no es menor. Aquí tuvimos en comparecencia, bajo protesta de decir verdad, al procurador General de la República, que por cierto no ha contestado, en esos términos, lo que se acordó por este pleno y determinó la Presidencia de la Mesa Directiva, de que contestaría las preguntas que se le hicieran llegar por escrito.
Aquí se plantea que la Procuraduría General de la República ya tiene los mecanismos. Aquí lo que reconoció el procurador General de la República es que los mecanismos están mal y no son suficientes, tan así que acusó que por lavado de dinero había aproximadamente 10 mil millones de dólares en el país, cifra que es pequeña. Yo creo que la triplica o la cuadruplica, ojalá y un día nos dijera cómo lo determina el procurador.
Pero lo que usted está planteando, compañero diputado, no es correcto. La entidad que tiene la responsabilidad de ver los movimientos que se suscitan en el circuito financiero bancario, sea de intermediación, inclusive cajas de ahorro o los sistemas de crédito que tienen casas comerciales como las que vemos, departamentales o de ropa, es la Secretaría de Hacienda.
Y cuando la Secretaría de Hacienda reporta los movimientos que considera que son riesgosos comunica a la Procuraduría para que investigue. Déjeme comentarle que, por esa disfunción que hay entre estas 2 entidades, sólo 714, de 37 mil observaciones que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera, fueron atendidas por la PGR.
Entonces, si ustedes tienen ese criterio y no tenemos claro cuál es la competencia de la Secretaría de Hacienda en la materia, que es el lavado de dinero, el blanqueo de dinero, y no la quieren tener en este Consejo, cuando sí están incluyendo otras entidades que la ley determina que se prohíba porque no tiene las facultades encomendadas.
¿Entonces, cree usted ?o su partido? que de esta manera, excluyendo a la entidad responsable del blanqueo de dinero, en este país, es como vamos a resolver uno de los puntos torales?
Que ustedes lo han señalado como el brazo más importante de la delincuencia organizada, que es la rentabilidad económica, ¿ustedes creen que de esa manera, excluyendo a la entidad directamente responsable, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, es como van a resolver el problema de la delincuencia organizada en una de sus variables?
El diputado Francisco Javier Santos Arreola: Gracias por la pregunta, amigo Cárdenas. Mire, debo decirle muy claramente que cuando hay una investigación, ya por parte de la autoridad, en este caso de la Procuraduría, en cuanto hay un delito de lavado de dinero, tiene que pedir la información a la autoridad competente, que en este caso sería la Secretaria de Hacienda, porque la investigación puede venir de las dos formas: puede venir de parte de la secretaría hacia la Procuraduría, o bien, la Procuraduría darle vista a la Secretaría de Hacienda.
El Consejo de Seguridad Pública es el facultado para convocar a cualquier funcionario, federal o no, para que participe dentro de éste., de tal forma que la ley no limita, no es limitativa. Si el consejo determina que tiene que ir el secretario de Hacienda o que se requiere información de la Secretaría de Hacienda, tiene la facultad para hacerlo. De tal forma que esto no es limitativo. Apreciarlo de esa manera yo lo veo bastante lamentable.
También quiero decirle a mi amigo, Manuel Cárdenas, que extrañé su participación el día de ayer. Ha sido un hombre muy activo en la Comisión de Seguridad Pública durante estos dos años y medio, y creo que sus aportaciones valiosas, en materia financiera y en otras más, seguramente hubieran ayudado a este dictamen, que seguramente es perfectible; pero, creo que criticar o verle los prietitos a algo en lo que no se participó, y que se hizo, además, con toda la intención, más bien parece que se busca desacreditar el trabajo parlamentario de los que sí tuvimos interés de estar ahí.
Concluiría mi intervención, diputado presidente, comentando que esta parte del sistema de información de detenciones va a permitir que la gente que tenga un familiar detenido tenga la certeza de saber adónde está ese familiar, y eso va a darles a los ciudadanos una mayor certeza jurídica del porqué de su detención. Esto también cambia de gran forma la percepción de la seguridad pública.
El organismo de certificación. El organismo de certificación le va a dar certeza a los ciudadanos de saber que los policías, que los hombres que portan un arma, que las autoridades ministeriales van a estar sujetos permanentemente a este escrutinio.
Se crea un documento para que los policías tengan una especie de cédula que van a poder ellos utilizar para ser policías en otro lugar, y que haya la certeza de que este policía no fue inhabilitado en otro lugar. Y es obligación de la autoridad mantenerlo al día; pero también es obligación de la autoridad el exigir ese documento.
El capítulo de "Sanciones" crea sanciones verdaderamente severas para los funcionarios públicos que no cumplan.
Esta es una ley que beneficia a México y por ello debemos de votarla a favor. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Manuel Cárdenas Fonseca, para rectificación de hechos.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, diputado presidente. Les aprecio mucho a mis compañeros que hayan accedido a las preguntas que les formulé.
Sin embargo, me extraña que digan que uno no quiso participar. Efectivamente, en la reunión de las nueve de la noche, un servidor ya no estuvo presente, porque un servidor no acepta un trato de proceso de discusión de argucias, de mentiras, de engaños y de falsedades.
Y decir, que también le agradezco al diputado del PRI, Vargas Landeros, que haya hecho propias algunas de las observaciones que un servidor planteó, porque como no éramos escuchados, y como en el 90 por ciento del dictamen ?al menos así lo referí en mi primera participación y nadie en todas sus intervenciones lo desmintió? vino de fuera de esta Cámara, y tan les hice llegar las observaciones, ante el desconocimiento de las otras fracciones parlamentarias, acusando recibo de mi otra compañera del PRI que dice que no estuve, aquí están los acuses de recibido y está su oficina y están hechos desde un día antes, porque la reunión iba a ser a las cinco de la tarde del día previo y la cancelaron y luego la pasaron a las siete y luego no fluía la información y hubo desavenencias de pares y de un servidor con empleados de nosotros por la forma perniciosa, engañosa y tramposa con la que escondían un tema de la mayor importancia, que es el que estamos tratando.
Adicionalmente, aquí plantean que fue por unanimidad. Honesto sería decir "de los presentes", porque les ha dado por confundir al pueblo de México diciendo que las cosas son por unanimidad y eso no es cierto. Habría que agregarle "de los presentes".
Porque adicionalmente, el día de ayer no faltaría quien los estuvo esperando con dos bolas de estambre y unos ganchos para hacer las sábanas de sus hijos o de sus nietos, a ver a qué hora se les ocurría invitarnos a conocer lo que ya habían resuelto fuera del recinto de esta honorable Cámara de Diputados.
Además, déjenme plantearles lo siguiente respecto de la intencionalidad del comentario de diputados de mayoría o de representación proporcional. Somos iguales aquí y ambos son votados. Qué pena que acusen extrañeza y no sepan que ambas figuras, para efectos del proceso electoral, son votadas. Independientemente de que yo haya sido electo por el principio de mayoría relativa en la LVII Legislatura y ahora sea por el de representación proporcional. Pero eso también señala la corta vista que tenemos.
Inclusive los coordinadores parlamentarios, el presidente de la Mesa, de la Conferencia o de la Junta de Coordinación Política somos pares y una gran parte de los abusos que aquí se han cometido es porque no respetan eso, porque viven en la graciosa concesión.
Los diputados del PRI, la diputada propiamente, señaló que se le imputaba al PRI. No. Yo simplemente le pregunté: de quién es la idea de que estén incluidos los secretarios de Defensa y de Marina para después poder debatir con quien tenga uno que debatir. La respuesta no quedó, no atendió la respuesta, se fue y se salió por otro lado para no corresponder a una obligación ética y moral de decirnos quién está incluyendo a las fuerzas armadas del país, que lo veremos en las reservas en lo particular, cuando vean que inclusive lo único que tenemos destacable y rescatable, que son las fuerzas armadas, ya han sido sancionadas por organismos internacionales por abuso y hasta por asesinato de civiles inocentes.
Y por cuanto a lo que me contestaba mi querido compañero Santos, de que podrá invitarse cuantas veces sea a quien se quiera, déjenme decirles que eso aplica para la Comisión Nacional de Derechos Humanos también y que en este caso en particular es más importante el secretario de Hacienda, por la información del sistema financiero, que el propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
No podemos venir a esta tribuna a decir que alguien a quien le compete directamente la responsabilidad puede no estar y otro, a quien le compete como consecuencia del abuso de la ley si puede estar.
Yo aspiro y espero que cuando discutamos las reservas en lo particular creen conciencia. Racionalicen la información. Ventilemos las cosas con argumentos. Pero no apliquemos una interpretación para cuando nos conviene y la desechemos cuando no nos conviene.
Yo lo plantee, cuando posicioné a mi partido, al partido al que pertenezco, a favor. A pesar de todos estos abusos, a pesar de grandes fallas que tiene esto en su concepción original, por la mescolanza que hacen de quienes deben de formar parte del Consejo, iríamos a favor porque reconocemos que soluciona problemas ?diputado Santos?, soluciona problemas como la mentira que existe ahorita cuando trabaja en conferencias el procurador general de la República con los homólogos de las entidades federativas, o el secretario de Seguridad Pública federal.
De ahí que pues, uno no me contesta y el otro no tiene razón jurídica para exponer lo que aquí planteó. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias señor diputado Manuel Cárdenas Fonseca. Consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general? Perdón, envió la Comisión? Proceda la Secretaría a dar lectura a la fe de erratas remitida por la Comisión de Seguridad Pública.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Comisión de Seguridad Pública, Palacio Legislativo de San Lázaro a 4 de diciembre de 2008. Diputado César Horacio Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, presente.
En mi carácter de presidente de la Comisión de Seguridad Pública, me permito remitir a usted la siguiente fe de erratas al dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que sea puesta a consideración de esta honorable asamblea, y en su caso, integrado en la minuta correspondiente.
Fe de erratas.
Transitorios
Primero a Noveno. ?
Dice:
Décimo. "Por única ocasión, el secretario ejecutivo emitirá la convocatoria para la integración de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública".
Debe decir:
Décimo. "Por única ocasión, el secretario ejecutivo emitirá la convocatoria para la integración de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública".
Sin más por el momento le hago llegar un cordial saludo. Atentamente, diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, presidente. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Incorpórese al dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Esta Presidencia informa a la asamblea que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos del proyecto de decreto.
Artículo 12, diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza. Artículo 12, fracción IX, diputado José Jesús Reyna García, del Partido Revolucionario Institucional. Artículo 14, fracción VII, diputado Javier Guerrero García, del Partido Revolucionario Institucional. Artículo 19, fracción I, diputado Francisco Javier Santos Arriola, del Partido de la Revolución Democrática. Artículo 19, fracción I, diputado Armando Barreiro Pérez, del Partido de la Revolución Democrática. Artículo 150, diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza; y Artículo 150, diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza; y Artículo 152, diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza.
Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.
(Votación)
¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está aún abierto el sistema electrónico de votación. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 335 votos en pro, 39 en contra y 13 abstenciones, diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por 335 votos.
Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular, los siguientes artículos: El 12, por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca. El 12, fracción IX, por el diputado Jesús Reyna García. El 14, fracción VII, por el diputado Javier Guerrero García. El 19, fracción I, por el diputado Francisco Javier Santos Arreola. El 19, fracción I, diputado Armando Barreiro Pérez. El 150, por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca; y El 152, por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca.
En tanto, tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, diputado presidente. La reserva que hago del artículo 12 es porque necesitamos que éste se modifique.
Ya hemos señalado aquí en el debate, en el intercambio de interpretaciones y de impresiones, que no es el presidente de la república el que debe presidir este consejo. Quienes estén empecinados en ello, realmente están obedeciendo a querer limpiar manchas de su vestuario.
Y queriendo escalar el tema, porque no hemos sido lo suficientemente inteligentes y capaces para que las autoridades que hoy tienen las obligaciones, nos las cumplan.
Es como el curioso caso que plantean de los exámenes de control de confianza. Y quién aquí ha dicho que los mismos debieron de sufrirlos los subprocuradores generales los subsecretarios, el de la PFP. No, todo se queda en la medianía o en el comentario que algunos hacen, en la mediocridad de los rangos menores.
Por eso, un servidor plantea que el Consejo Nacional esté integrado por el secretario de Gobernación, que es quien lo deberá presidir; por el secretario de Hacienda y Crédito Público, porque es el legalmente vinculado, responsable del blanqueo de dinero y de la información en el sistema financiero.
Quienes no estén de acuerdo con la inclusión del secretario de Hacienda están, por razón propia, a favor de que este país siga siendo un país lavador de dinero. Ahí están los dos pronunciamientos de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América, de marzo de 2007 y marzo de 2008, donde nos acusan de ser un país lavador de dinero.
Me extraña del PRD que no haya querido incluirlo, cuando ha atacado tanto la venta de City Bank, Banamex, al grupo de City Corp, cuando es el banco que más acusaciones tiene en el mundo de lavado de dinero, y en el que inclusive hay consanguinidad entre quien está en la institución financiera y quien procura la justicia.
De ahí que el secretario de Seguridad Pública, que sustituiría en sus ausencias a quien presidiría el consejo, que es el de Gobernación, los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno del Distrito Federal, un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión. Y, ¿por qué dejo el representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, sin señalar inclusive que deba ser quien representa legalmente a la Cámara? Porque indebidamente están así planteados, como también está indebidamente planteado, en una figura que no reconoce la propia ley, como invitado permanente al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sí dejo, por el contrario, contra lo que aquí se observaba, que el consejo tendrá la facultad, podrá invitar por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que, a su juicio, puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública, y que dicha participación será con carácter honorífico.
Así que, compañeros, no tienen argumento para no acceder a la imperiosa necesidad de que se cambie la forma en la que plantean que esté constituido el consejo, de tal suerte, concluyo con la redacción que se solicita se prescrita y esté presente, y que ya fue entregada a la Presidencia.
Artículo 12: El Consejo Nacional estará integrado por:
Uno. El secretario de Gobernación, quien lo presidirá.
Dos. El secretario de Seguridad Pública.
Tres. El secretario de Hacienda y Crédito Público.
Cuatro. El procurador general de la República.
Cinco. Los gobernadores de los estados.
Seis. El jefe de gobierno del Distrito Federal.
Siete. Un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, y
Ocho. El secretario ejecutivo del sistema.
El presidente del consejo será suplido en sus ausencias por el secretario de Seguridad Pública. Los demás integrantes del Consejo Nacional deberán asistir personalmente. El consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil, que a su juicio puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública.
Dicha participación será con carácter honorífico. Ese es el texto, compañeros integrantes de la asamblea.
Le solicito a la Presidencia que anexe esta intervención íntegra en el Diario de Debates y se anexe también el documento del que doy cuenta ahorita en el que se señalan todas las recriminaciones que ha sufrido México por organismos internacionales como Amnistía Internacional o la Organización de las Naciones Unidas, en las que nos señalan que las Fuerzas Armadas no pueden estar atendiendo competencias que no les corresponde. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Insértese en el Diario de los Debates. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 12 por el señor diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Manuel Cárdenas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se desecha y se reserva para su votación en los términos del dictamen. Tiene el uso de la palabra el señor diputado José Jesús Reyna García, del Grupo Parlamentario del PRI, quien se ha reservado el artículo 12, fracción IX.
El diputado José Jesús Reyna García: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, he reservado del artículo 12 la fracción IX, donde se establece que un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión debe formar parte e integrar el Consejo Nacional de Seguridad.
Seré breve porque esto, más que argumentos, lo que requiere de todas y de todos los diputados es un poco de reflexión. Este importante ordenamiento que ya se votó en lo general y que se está discutiendo en sus particularidades, tiene por objeto regular la integración y organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ni en la teoría ni en los antecedentes legales, el Poder Legislativo forma parte de la cadena que tiene que ver con los distintos elementos, con las distintas instituciones implicadas con el tema de seguridad pública.
En las propias atribuciones que tiene el Consejo Nacional de Seguridad Pública en este dictamen que ya hemos votado y aprobado en lo general, no existe ninguna atribución en la que los representantes de las Cámaras del Congreso de la Unión puedan participar o coadyuvar.
La responsabilidad de nosotros, como legisladores, es ésta, la que estamos haciendo aquí: proponiendo las leyes, discutiéndolas y aprobándolas; siendo sensibles a lo que la sociedad requiere.
Y este Congreso ha sido sensible, pues desde el año pasado ha estado inmerso aprobando diversas reformas penales que ayudan ?sin duda? benefician el desempeño de las instituciones y favorecen a mejorar la seguridad pública del país.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, mi propuesta es que se suprima esta fracción IX para que no participe un representante de cada Cámara en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Que sea responsabilidad, la seguridad pública, de quien lo es: del Poder Ejecutivo. Y esto no impide que en un momento dado, cuando así se crea conveniente, puedan representantes de las Cámaras acudir como invitados a las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado José Jesús Reyna García. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas al artículo reservado, artículo 12, fracción IX, propuestas por el diputado José Jesús Reyna García.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado José Jesús Reyna García. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se admite la modificación propuesta y se reserva para la votación en su momento. Se concede el uso de la palabra al diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del PRI, quien se ha reservado el artículo 14, fracción VII. Perdón diputado, se admitió a discusión, perdón.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca ha solicitado el uso de la palabra en contra de la reserva hecha por el diputado José Jesús Reyna García.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros del pleno, esta modificación que se reserva el Partido Revolucionario Institucional da cuenta plena de cómo ésta es una ley a los intereses de uno que otro actor; que un servidor quisiera saber quién fue. Ojalá me lo puedan contestar.
Porque es algo que se acuerda entre PRI, PAN y no sé si PRD, por qué el coordinador de la bancada del PAN y el coordinador de la bancada del PRI pudieran darle tránsito a excluir al Congreso de la Unión de un tema tan importante como lo han hecho valer aquí, no necesariamente con los mejores argumentos. Al contrario, dista mucho de tener argumentos para desechar otras propuestas que sí están debidamente fundadas y motivadas.
Lo menos que pudieran hacer es que, cuando menos, los pusieran como invitados permanentes si quisieran ser congruentes con su hacer y su decir, como el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o por lo menos dejarlos y aclarar, como dicen, de otros temas y de otros organismos en los reglamentos correspondientes donde se aclarara que sí formarán parte y serán representados por quienes tengan la representación legal de cada una de las Cámaras.
Si ya lo habían venido manteniendo durante tanto tiempo en esos trabajos fuera de la Cámara, y que aquí la comisión sólo procesaba la información que recibía y la incluía en el texto, ¿por qué ahora, de último momento, les cayó la iluminación divina y de repente les entró el temor, el miedo, la falta de consideración a los civiles, y no asumen la responsabilidad que ya tenían expresa en el texto que habían propuesto?
Y que no hay ningún argumento para que sustraigan a los representantes legales de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores a que formen parte, a que sean responsables, a que sean corresponsables de las medidas que ahí se adopten, porque es una manera artera de darle la espalda, ahora sí, a quienes emiten el sufragio por los legisladores.
De mayoría relativa de representación proporcional, aquí somos pares eso queda claro, ¿qué no quieren mucho a sus electores? ¿Qué no señalan que es imperativo el combatir la inseguridad pública?
Y por qué ahora, de último momento, un hada, una varita mágica, una esfera de cristal, les dice: salgámonos nosotros y dejemos embarcados a los otros, aún cuando lo estamos planteando que ahí estén, sin razón legal alguna ni siquiera de competencia.
Un servidor está en contra de la propuesta de que se excluya al Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, porque si se les excluye, todos los que voten a favor de la exclusión están mintiendo a sus electores, están siendo hipócritas, porque suben a esta tribuna y acusan que es el problema más grave para el país, pero se salen de la responsabilidad de asumir las obligaciones que les competirán de quedar como integrantes del Consejo.
No quiero recordar expresiones que se han generado en razón del daño familiar que han recibido algunos ciudadanos comunes y corrientes, producto de la inseguridad y la impunidad que vivimos.
Pero estoy seguro que ese señor y esos señores, al ver que cortesanamente están sustrayéndose de la responsabilidad que ya habían asumido en el texto propuesto, les están dando la espalda a los electores y les están dando la espalda a quienes votaron y piden de ustedes responsabilidad. Estoy seguro que la gran mayoría del pleno tiene presente la expresión del señor Nelson Vargas.
Es cuanto, diputado presidente. Y le pido que se someta a votación también, en términos del procedimiento legislativo, la propuesta de un servidor, de que se rechace la aceptación de esta enmienda al texto que trae el dictamen. Es cuanto.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Pregunte la Secretaría a la asamblea, consulte si está suficientemente discutida la modificación propuesta por el diputado José Jesús Reyna García.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la propuesta de modificación presentada por el diputado Jesús Reyna García. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea si reaceptan las modificaciones propuestas por el diputado José Jesús Reyna García, al artículo 12, fracción IX.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación presentada por el diputado José Jesús Reyna García, al artículo 12, fracción IX.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se aceptan las modificaciones y se reservan para su votación nominal con la modificación aceptada por la asamblea.
Se concede el uso de la palabra al diputado Javier Guerrero García, quien se ha reservado el artículo 14, fracción VII.
El diputado Javier Guerrero García: Con su permiso, señor presidente, voy a ser muy breve y solamente para proponer una modificación a la fracción VII del artículo 14, que señala las atribuciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y que en la iniciativa que estamos discutiendo establece determinar los criterios de la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal, y vigilar que se observen en los términos de las disposiciones que resulten aplicables.
A nuestro juicio, esta disposición contraviene una serie de disposiciones y facultades establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que proponemos que se modifique de la siguiente manera.
Propuesta: vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la seguridad pública de los estados, y del Distrito Federal, se observen las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado Manuel Cárdenas Fonseca.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Sólo para solicitarle al proponente si nos permitiría, al grupo parlamentario, hacer propia también su reserva, toda vez que ésta sí tiene sustento, argumento y racionalidad jurídica.
El diputado Javier Guerrero García: Sí, con gusto.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Lo acepta el proponente. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la reserva planteada por el señor diputado Javier Guerrero García.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutida la modificación propuesta por el diputado Javier Guerrero.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputado presidente, suficientemente discutida.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse las modificaciones propuestas por el diputado Javier Guerrero García y que se ha sumado el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la modificación propuesta por el diputado Javier Guerrero García y que está apoyada por la fracción parlamentaria de Nueva Alianza.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aceptada la modificación propuesta por el diputado Javier Guerrero García y se reserva para su votación en los términos del dictamen, con la modificación aceptada por la asamblea.
Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Santos Arreola, del Grupo Parlamentario del PRD, quien ha reservado el artículo 19, fracción I.
El diputado Francisco Javier Santos Arreola (desde la curul): Diputado presidente, toda vez que esta modificación ya se corrigió por la mañana y el dictamen ya tiene la apreciación que yo quería hacer, declino mi participación.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muy bien y felicitamos a la unidad técnica por cómo son habilidosos y rápidos en dar la palabra, sin que la conceda la Presidencia. Gracias, diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD. Sonido a la curul del diputado Barreiro.
El diputado Armando Barreiro Pérez (desde la curul): De la misma manera, diputado presidente. Toda vez que se ha recompuesto lo que puso en riesgo y en peligro los trabajos que por tantos días estuvo realizando la Comisión de Seguridad Pública, pero sobre todo los acuerdos para lograr los máximos consensos posibles, retiramos nuestra participación. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado Armando Barreiro Pérez. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Manuel Cárdenas Fonseca, quien ha reservado el artículo 150.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, diputado presidente. Esta reserva la hago basándome en distintos comentarios y argumentos que se han hecho válidos aquí para otros efectos en razón de la claridad que debe tener el texto por cuanto a las competencias de cada uno de los tres órdenes de gobierno y los otros organismos e instituciones que quedan circunscritos al mandato que imponga esta ley. No tiene mayor alcance que, desde mi muy particular punto de vista, ser claro el texto, ser preciso y ser conciso.
El artículo que propone el dictamen dice: "Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos de bienes o valores, incluido su traslado, deberán obtener autorización previa de la secretaría cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas, o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la secretaría, los particulares autorizados, además, deberán cumplir la regulación local.
"Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones". Así dice el texto.
Lo que un servidor está planteando mejora sustancialmente, porque da claridad, da certidumbre y no genera lo que hoy por hoy se está dando en las entidades federativas en una falsa interpretación de la ley, que inclusive ha llegado a generar controversias jurídicas que han llegado a la Corte, controversias de carácter constitucional.
Lo que un servidor plantea es que diga de la siguiente forma: "Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ?aquí se agrega? y de la Ley Federal de Seguridad Privada?". Porque están siendo omisos en atender una ley que existe y que regula un servicio que está íntimamente ligado con la seguridad pública.
El desconocer la Ley Federal de Seguridad Privada que esta soberanía aprobó, y que se planteó a partir de la controversia constitucional que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos está haciendo omisos y exhibiendo el desconocimiento de las propias leyes que nosotros hemos aprobado.
Y entonces al agregarse la Ley Federal de Seguridad Privada continuaría el texto diciendo: "Los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de lugares y establecimientos, de personas, bienes o valores, incluido su traslado, deberán obtener autorización previa de?". Y es exactamente el texto que tiene el dictamen, pero separado por dos puntos y aparte y subdivididos en dos fracciones para que quede clara la delimitación de competencias, porque el otro texto, por cuestiones gramaticales, se presta a la confusión y ambigüedad que estamos combatiendo.
Y diría, fracción I. "La Secretaría de Seguridad Pública cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas, o
Fracción II. "De la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad?" Y continuaría: "En el caso de la autorización de la Secretaría, los particulares autorizados además deberán cumplir con la regulación local".
Aquí es donde se complementa el separar las competencias y en obligar a los prestadores de servicios de seguridad privada a que no se acojan mañosamente, corruptamente con autoridades locales para desconocer a una o a otra autoridad, según les convenga.
Y terminaría diciendo: "Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones. Las competencias en materia de registro, autorización, regulación, supervisión, sanciones y aplicación de medidas de seguridad se ejercen exclusivamente por cada orden de gobierno en su ámbito de competencia antes señalado, coordinándose en los intercambios de información.
Como pueden ustedes ver, el texto propuesto incluye a una ley que esta soberanía aprobó, la Ley Federal de Seguridad Privada, y el dictamen está siendo omiso de la misma.
Adicionalmente, usando el mismo texto que tiene separa las competencias, porque hoy en día como aquí se comentó ahí está la Gaceta para que lo lean alguien dijo. Existe una controversia constitucional que es la 132/2006 del pleno de la Corte...
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor, señor diputado.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: ... en la que precisa claramente lo que este texto está aportando. Así pues, diputada presidenta, le solicito que a quienes comieron alpiste los conmine al respeto al orador.
Bueno, como la Presidencia está ausente?
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: La Presidencia no está ausente, diputado. Concluya su intervención, por favor.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Si es tan amable de atender mi petición, por favor. Bueno.
Como pueden ver ustedes, hay criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el texto que se propone, única y exclusivamente da certidumbre y evita la ambigüedad. Evidentemente quienes silban ni han leído la Gaceta, ni conocen la materia, porque sería muy irresponsable de su parte el no estar a favor de esta aclaración y estructura de texto.
Porque entonces, quiere decir que están a favor de que la delincuencia que se ha visto altísimamente representada en estas instituciones, y en estas empresas de seguridad privada, los más de 108 mil desertores de las Fuerzas Armadas, los desertores de las policías estatales y federales, muchos de ellos van a estas empresas de seguridad privada. Acabamos de tener una en la que uno inclusive le daba servicios a la PGR, y entonces permiten que se acojan corruptamente a un criterio u otro.
Es por eso, diputado presidente, que esta reserva atiende al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y busca evitar que siga el mecanismo de confabulación que tienen estas empresas de carácter privado, con funcionarios, sea del orden estatal o del orden federal. Es cuanto.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Le vamos a pedir a los señores oradores que, por favor, se constriñan al tiempo que se les ha asignado para sus intervenciones.
Paralelamente, pedirles a los señores diputados presentes en esta sesión, por favor escuchen con respeto y tolerancia las intervenciones de quienes estén haciendo uso de la palabra.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca al artículo 150.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, al artículo 150. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: No se admite a discusión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado... Se corrige el procedimiento. Se desecha.
Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para abordar la reserva al artículo 152 del dictamen a discusión.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, diputada presidente. No puedo sustraerme al comentario de que si no había otro orador. Yo formo parte de la Comisión de Seguridad Pública. Es un tema que me corresponde directamente y, como ustedes han visto, he dado argumentos, no concesiones ni textos irresponsables, y cuando ha habido argumentos los hemos apoyado.
Qué pena que no se den a la tarea de leer lo que con mucha anticipación les hicimos de su conocimiento, pero que empecinados en que sólo transite el capricho y la irracionalidad, dejan en libertad a las empresas privadas que prestan el servicio de seguridad pública, para que sigan delinquiendo. Allá ustedes.
En el caso particular del 152, lo que está solicitando un servidor es que se adicione un párrafo. México ha sido en innumerables ocasiones acusado de ser un país de piratería. La cultura que ya existe en nuestro país, de usar artículos pirata, todos ustedes la conocen. Yo creo que muchos de ustedes han tenido al alcance un sinfín de objetos, de artículos que infringen el derecho de autor y la propiedad intelectual, y eso, compañeros, hace que se pierdan trabajos.
Ustedes, que acusan que están a favor del empleo, no se refleja en el texto que someten a consideración, que verdaderamente estén a favor del empleo y de los centros de trabajo. Lo harán si aceptan esta adición al artículo de que se trata, que no modifica en nada su primero y segundo párrafos, y sólo adiciona un tercero porque es de suyo frecuente que quienes prestan el servicio de la seguridad abusen y hagan uso de información, de documentos, y los venden a competencias o los clonan y los sacan al mercado.
Una manera de que México sea un país respetado es que en esta ley hagamos del conocimiento expreso de las autoridades y de quienes tienen la autorización para prestar el servicio, de que el robo de los derechos de autor o el mal uso por no tener autorización ni la propiedad industrial, les será severamente castigado.
Y es por eso que, sencillamente piensen en sus amigos industriales siquiera, en aquellos que han escrito una obra, en aquellos que ahorita les están pidiendo que les consigan trabajo porque no lo encuentran en el mercado laboral, porque se van a multiplicar a la ene potencia si nosotros no protegemos los derechos de autor y la propiedad intelectual.
Por eso les planteo la adición del siguiente párrafo:
"Las autoridades de la federación, de los estados y del Distrito Federal tomarán las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar todo secreto industrial que, por cualquier medio conozcan, con motivo del desempeño de sus funciones, en materia de seguridad privada".
También es obligación de dichas autoridades respetar los derechos de los particulares, que se desprenden de las disposiciones legales en materia de propiedad industrial y de que los derechos de autor sean vigentes. Así de sencillo.
¿Qué es lo que sucede y qué es lo que sucederá si no estamos de acuerdo con la adición de este párrafo? Seguirá siendo el país un caldo de cultivo para utilizar indiscriminadamente y violatoriamente leyes internas y tratados internacionales para el el uso, el abuso y la clonación de la información.
Probablemente algunos de los que quisieran que un servidor los escuchara tuvieran argumento, pero no lo tienen. Tal vez lo que tengan sea un amigo que, habiendo estado en el gobierno federal sustrajo la información y ahora la ofrece desde un despacho privado.
Yo no dudaría que en materia de seguridad pública, en materia de competencia electoral haya muchos aquí que le temen a este párrafo, porque han permitido que ex funcionarios utilicen la información que se recabó con el dinero de nuestros impuestos y se la llevaron a despachos particulares para ofertar servicios.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Concluya, diputado, por favor.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con mucho gusto, diputado presidente. Usted sí es quién y no aquellos jilgueros de poca prosa y falsa argumentación.
Por tanto, compañeros, les solicito respetuosamente que me acompañen en esta adición de párrafo para proteger la planta productiva y los trabajos que hoy tenemos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, compañero diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la reserva a la que ha hecho alusión el diputado Cárdenas Fonseca.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca al artículo 152. Las diputadas y los diputados que estén pro la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se desecha. No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para la votación en los términos del dictamen.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados 12; 12, fracción IX; 14, fracción VII; 19, fracción I; 150; y 152.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados 12; 12, fracción IX; 14, fracción VII; 19, fracción I; 150; y 152. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén pro la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutidos. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen: artículo 19, fracción I; 150; y 152. Y votación de los artículos con las modificaciones aceptadas por el pleno: artículo 12, fracción IX; y 14, fracción VII.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación nominal de los artículos reservados en términos del dictamen: 19, fracción I, 150, 152; y con las modificaciones aceptadas el 12, fracción IX y 14, fracción VII.
(Votación)
Está abierto el sistema electrónico de votación. Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz el diputado Héctor Padilla.
El diputado Héctor Padilla Gutiérrez (desde la curul): Héctor Padilla, a favor.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Se emitieron 318 votos en pro, 28 en contra y 4 abstenciones, diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados los artículos reservados: 19, 150 y 152, en los términos del dictamen; y el 12 y 14, con las modificaciones aceptadas por la asamblea. Aprobados por 318 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
