La libertad de ofender

La libertad de ofender/CÉSAR NOVA.

http://comunidades.semana.com/

La democracia se sustenta en un mínimo de condiciones que se pueden denominar como "derechos humanos". Uno de estos es el derecho a la libertad de opinión que tenemos todos los ciudadanos. Pero el derecho no es más que un mínimo, porque de nada sirven los derechos si no tenemos posibilidades.

El derecho humano más importante que tenemos todos en el contexto social y político es el derecho a opinar y, a su vez, a ser diferente. El derecho a opinar y de la forma en que uno quiera. Porque de no ser así uno no tiene más que el derecho a ser igual, a pensar igual y a escribir igual (qué atentado contra la Literatura), y todavía eso no es un derecho; pues el derecho -decía Marx- para que exista, necesita la posibilidad.

Generalmente se dice que democracia es libertad. Pero libertad es posibilidad. Uno no tiene las libertades porque están escritas en un papel, por hacer aquello que la ley no le prohíbe. Puede que la ley no le prohíba a nadie entrar a la universidad, pero si se lo prohíbe la vida, si se lo prohíbe la economía, si se lo prohíben los hechos; de todas maneras no tiene libertad de educarse. Es por ello que la libertad está en el orden de la posibilidad.

Ahora bien. ¿Qué libertad tiene un columnista de prensa si su forma de escribir es susceptible de una demanda por injuria y calumnia? ¡Tiene la libertad de escribir, pero después es posible que termine en la cárcel! De acuerdo con el filósofo político Isaiah Berlin, la libertad debe asumirse de manera positiva, es decir, como aquello que la vida nos permita hacer; y no "como aquello que no nos prohíban".

Por estos días se adelanta un proceso penal por injuria y calumnia contra el columnista y escritor Alfredo Molano: conocedor profundo de la realidad colombiana. Su único crimen fue escribir una columna de opinión que señalaba, con nombre propio, a los caciques políticos y económicos de Valledupar -que tienen el monopolio de la tierra, fuertes vínculos con los paramilitares y alto control político de la región-: los Araújo. Estos lo demandaron porque se sintieron aludidos por el retrato y las palabras que utilizó Molano en su columna sobre el secular "modo de hacer negocios" de las élites regionales, su fuerte injerencia política y cómo salen siempre indemnes de todo ello.

Es decir: lo único que hizo Molano fue cumplir con su oficio: informar a la opinión pública. Y utilizó el lenguaje que él consideró necesario: que no es procaz ni mucho menos; pero y si lo fuera, ¿qué? Está en su derecho. Porque para qué la libertad de expresión si no lleva implícita la libertad de ofender. En otras palabras, como dice el escritor Salman Rushdie, "sin el derecho a ofender, no se puede hablar de libertad de expresión". Entre otras cosas, porque el insulto, las palabras fuertes, aparte de ser una reacción humana bastante normal, son quizá la única arma de defensa que tienen los escritores y periodistas frente a los poderosos de todo tipo. Un ejemplo claro es la libérrima prosa de Fernando Vallejo que no da concesiones de ningún tipo a toda clase de poder. Y ahí radica, precisamente, su encanto, así como el de Molano y otros periodistas en denunciar lo que muchos ven y saben, pero no se atreven a decir.

La asociación de escritores más conocida del mundo, el Pen Club, lanzó hace cuatro años una campaña internacional para que sean abolidas en todas partes las leyes penales que castigan con cárcel los delitos de calumnia e injuria. El Pen Club intenta que se desmonten en todo el mundo las leyes que penalizan la injuria y calumnia, pues estas en realidad están siendo usadas (en Turquía contra Pamuk y otros, en Irán, en China, en países árabes, en Venezuela e incluso en Colombia, como en el caso de Molano, entre otros) para acallar a los escritores y periodistas.

Y puede que en Colombia las demandas por calumnia contra los periodistas no prosperen, pero sí hacen que ellos se muerdan la lengua por miedo a tener que encarar largos, agotadores y carísimos pleitos, con lo cual se promueve, indirectamente, la autocensura.

Una solución equilibrada, digo yo, podría ser que los delitos de injuria y calumnia sólo tengan consecuencias de tipo administrativo (indemnización y rectificación), pero en ningún caso penas de cárcel. Y así nos evitaríamos ver no sólo a Molano, sino a otros periodistas, en los juzgados y en el peor de los casos en la cárcel, que lo único que hacen es cumplir con su deber: informar a la opinión pública mediante el lenguaje que ellos consideran más apropiado. Así a los que sean objeto de su crítica no les guste. No hay nada más fácil de evitar que una columna de prensa nos ofenda: basta con cambiar la página del periódico.

Es triste que un escritor y periodista de la talla de Molano esté corriendo por los pasillos de los juzgados de Paloquemado para justificar jurídicamente su opinión. ¡Una opinión! Es desalentador ver que a las personas que llaman las cosas por su nombre, pueden llegar a terminar en la cárcel. Es una hipocresía total -propio de nuestra cultura- no poder siquiera decirles terratenientes a los terratenientes, tiranos a los tiranos, caciques a los caciques de las regiones, o hijos de lo que sea a los que se portan como tales. En suma: es una desgracia tener el derecho sin la posibilidad. Así las cosas, ¿para qué opinión sin la posibilidad... de ofender?

febrero 05 de 2010

Google

‘Cyber power’: Google se enfrenta a China/Francis Pisani, periodista

Publicado en EL PAÍS, 02/02/10;

Las motivaciones de Google para pelearse con el Gobierno chino a plena luz cuentan menos que el juego que están abriendo. Al retar públicamente a un enorme poder político se afirma como actor político cuyo poder no radica en un territorio, cohetes o divisiones blindadas, pero sí en una red global de servidores, ancho de banda e imagen pública renovada. Nadie pone en duda el deseo de sus dirigentes -cuando pueden- de “No hacer el mal” (Don’t do evil), como reza el lema de la empresa que, sin embargo, no les impidió aceptar la censura china desde 2006 y hace de este giro repentino una medida no del todo convincente.

Conocen mejor que nadie cuánto se ha deteriorado su imagen en los últimos meses. Medios de comunicación y editores la acusan de robar contenidos y digitalizarlos sin autorización. Hasta sus partidarios se preocupan por la ampliación de sus actividades -y por tanto de su poder- en campos como la telefonía móvil o la venta de electricidad. Muchos tememos la emergencia de un nuevo monopolio tentacular, mayor que cuantos conocemos a la fecha. Posicionarse como defensores de los militantes de los derechos humanos y de la sacralidad de los datos personales de sus usuarios resulta ser una excelente operación de relaciones públicas. Interesa, pues, analizar las consecuencias de la estrategia elegida para mejorar su posición a nivel global.

En lugar de negociar discretamente, como suelen operar las empresas comerciales, optaron por desafiar públicamente a un Gobierno poderoso -la primera potencia mundial de mañana-, que se esmera en jamás perder la cara. Algo casi nunca visto. Enorme. “Con excepción del papel de la East India Company en lo que hoy conocemos como India, es difícil encontrar ejemplos de una corporación tirando más duro de las riendas de la historia”, afirma Jay Ogilvy, cofundador de Global Business Network, en entrevista concedida al China Digital Times. Sería un error, explica, analizar la decisión como una astuta movida en un tablero de ajedrez o de go. Es una acción que cambia la naturaleza misma del juego entre manos, un game changer. “Resulta ser un caso paradigmático del tránsito de la era política a la era económica, cuando el poder se traslada de presidentes y primeros ministros a presidentes de los consejos de administración y directores ejecutivos de las corporaciones más importantes (semejante a la manera cómo durante la Primera Reforma el poder pasó de manos de la Iglesia a la de presidentes y primeros ministros)”.

Vivimos en el siglo XXI y la naturaleza del poder cambia. El poderío de la East India Company se medía en número de naves, cañones, factorías. El de Google en número de servidores, en el tamaño de sus “granjas de servidores” estratégicamente ubicadas en el mundo y al ancho de banda con que pueden contar.

Suficiente para que ni China se dé el lujo de ignorarlo. De hecho la mejor manera para circunvenir las medidas de control impuestas por gobiernos autoritarios y conocedores de las tecnologías digitales reside en su capacidad de contar con un gran número de direcciones IP, renovables fácilmente para que resulte complicado bloquearlas todas, y un ancho de banda suficiente que asegure la estabilidad del sistema. Prácticamente imposible y muy caro para los militantes pro derechos humanos. No para Google. Los detalles técnicos son bastante más complicados, advierte Ethan Zuckerman, cofundador de GlobalVoicesOnline.org y coautor de un informe sobre el tema. Explica en su blog My heart’s in Accra que “un sistema anticensura soportado por Google (tal vez operado conjuntamente con activistas e ingenieros inteligentes que hayan apuntado contra la censura en Irán y China) sería considerablemente más poderoso (y amenazador) que los sistemas que conocemos hoy”. Convencido de que existe un mercado -las decenas de millones de chinos deseosos de circunvenir “La gran muralla cortafuego de China”, Zuckerman no descarta que Google se vuelva activo paladín de la lucha mundial contra la censura sin gran detrimento de sus intereses comerciales.

Sin sentirse obligados a adoptar el optimismo de Zuckerman ni el énfasis de Ogilvy, podemos reconocer que la confrontación pública entre Google y el Gobierno chino tiene implicaciones de primera importancia. En los conflictos de hoy, Washington, Pekín y los demás pueden recurrir al uso del poder duro (aviones, tanques y cohetes entre otros), o del poder blando (influencia, medios, redes sociales, como lo define Joseph Nye entre otros). También pueden valerse de múltiples formas de cyberwar o netwar. No es casual que todo haya comenzado con un ataque de esta naturaleza.

Pero cuando se trata de ciberpoder Google tiene algo que decir y los recursos para hacerse oír. Los dirigentes de la empresa de Mountain View acaban de señalar que son capaces de blandirlo. Este hecho -en sí un gesto político aunque simbólico aún- marca nuestra entrada a una nueva era de las relaciones internacionales en la que el ciberpoder no puede ser ignorado. Tampoco pueden ser ignoradas las redes y su capacidad de movilización. Actores y reglas del nuevo juego geopolítico cambian así como las modalidades de sus confrontaciones y nadie sabe a ciencia cierta cuál es el arte de tales guerras. Excitante. ¿No?

En riesgo la democracia: SEGOB

Segob: en riesgo la democracia por deterioro político

Fernando Gómez Mont, afirmó que existe un deterioro de la política en nuestro país que de no detenerse a tiempo pone en riego el sistema democrático, por lo que convocó a concretar la reforma política y un nuevo contrato que empodere a la ciudadanía.

En el contexto del desplegado que emitió el presidente Calderón ayer miércoles para dar a conocer las bondades de la reforma política, Gómez Mont informó que a partir de hoy pone a disposición de los ciudadanos la página http://www.reformapolitica.gob.mx/, con el fin de que sean incorporadas las opiniones de la sociedad al debate, y sitio en el que el encargado de la política interna participará.
Conferencia de prensa del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. México, D. F., a 03 de febrero de 2010
Acompañado de los Subsecretarios Gerónimo Gutiérrez, Alejandro Poiré, la doctora Blanca Heredia y el licenciado Pablo Ojeda.
-FERNANDO GÓMEZ MONT: Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes.
Hoy nos da gusto comparecer frente a ustedes para comentar lo que nos parece un paso más en busca de la construcción de una Reforma Constitucional en materia Política que el país está demandando, que creemos que es buena para los mexicanos, y que creemos que puede ser buena y urgente para la política misma.
Hoy el Presidente, don Felipe Calderón Hinojosa, ha publicado en diversos medios un artículo, que fue repartido a estos medios y hubo quien voluntariamente lo publicó y quien decidió no hacerlo, como debe ser en un país democrático, en donde fija una postura personal de lo que mueve al hombre que le da consistencia histórica a la investidura presidencial, su visión del país, la necesidad de avanzar en una Reforma Política que vaya más allá de lo estrictamente electoral.
Una Reforma Política que tienda a un cambio de diseño en el sistema de representación política, donde los políticos nos hagamos conscientes de la necesidad de fortalecer el vínculo de la política con la ciudadanía, que es la reserva más importante de toda democracia; donde se le abran espacios a esa ciudadanía para que se pueda movilizar, para que pueda ejercer su derecho a la representación política sobre bases más libres al tiempo que plantea, frente a la clase política, mecanismos para superar la parálisis y buscar tomar definiciones más claras, que le sirvan al país y que paren, en buena medida, la indefinición que hace mucho daño en la política, sobre todo para la adopción de decisiones y soluciones que la gente está demandando.
Todos, en el ámbito de nuestras funciones, tenemos una responsabilidad de servir a la gente y debemos de superar esta idea de que nuestra capacidad está limitada por el otro, y buscar esquemas en el cual podamos cumplir con esa responsabilidad de la mejor manera, y poniendo los incentivos correctos para que la política le responda a la gente de una manera más rápida, más ágil y más transparente.
Ese es el propósito de la Reforma que se enarbola, es el propósito que hoy defiende el Presidente en su artículo y es una etapa más en donde no se puede ni se debe acusar a este proceso de falta de claridad; se hace de frente a la ciudadanía y -es más- yo creo que es muy importante que la ciudadanía se incorpore al debate.
No se trata de generar una tensión entre la ciudadanía y los partidos políticos. Se trata de articularlos de una nueva manera, donde los partidos políticos respondan mejor a los intereses ciudadanos, donde los ciudadanos tengan un mayor poder para determinar quién sí los representa legítimamente y quién fracasó en ese empeño y, por ende, no debe seguir en el espacio electoral en juego.
Donde se busca superar las disfuncionalidades de un orden municipal que, hoy por hoy, no está construyendo las soluciones que su comunidad necesita, y donde necesita estar más cerca de su comunidad y responder mejor a sus intereses.
Donde se busca que el Ejecutivo y el Legislativo se relacionen desde una manera razonable, en donde patear el bote no sea una actitud política considerada dentro de la ética del servicio público, donde los políticos se definan sobre las virtudes o los defectos que encuentran en tal o cual propuesta del Presidente o de otros políticos.
Es tiempo de definirnos frente a la gente, es tiempo de hacerlo respondiendo ante la gente y necesitamos que la gente, que las organizaciones ciudadanas, que las organizaciones civiles, que las organizaciones sociales participen en este debate con los representantes políticos.
Repito: No se trata de hacer una tensión entre ciudadanos y políticos que sólo genera una disfunción democrática; es reconectar a los ciudadanos con la política y evitar un deterioro mayor del prestigio de la política frente a la sociedad.
Estos deben ser fenómenos más vinculados, donde la gente se sienta representada por sus servidores, donde sientan que tienen derecho a exigir como tienen la obligación de cumplir con sus deberes, y que los servidores públicos no es un estamento que esté por encima de la realidad de la gente.
Asimismo, y en una continuación de este ejercicio, les anuncio que mañana se abrirá una página de internet vinculada con la Reforma Política. En la medida que nuestras labores lo permitan, los funcionarios aquí presentes estaremos interactuando con los que participen, o que convoquen, o que abran la página o que hagan los clicks -como se dice en términos informáticos- buscando intercambiar puntos de vista.
Si creemos que si la Secretaría de Gobernación convoca a los políticos y a los ciudadanos a inmiscuirse en este esfuerzo, le pide al Congreso de la Unión que abra espacios para oír a las organizaciones ciudadanas, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes que organizaron movimientos de voto blanco y voto nulo en la elección pasada; si se reconoce que hay un déficit democrático, que sea mediante la comunicación entre la política y los ciudadanos que este tema pueda resolverse. Estamos a tiempo.
Le pido a la doctora Heredia si por favor puede darnos los datos específicos de la página que se abrirá mañana.
-DRA. BLANCA HEREDIA: http://www.reformapolitica.gob.mx/
-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: No sé si tienen alguna pregunta o ustedes quisieran hacer algún comentario al respecto.
Carlos Quiroz, Excélsior. -Gracias, buenas tardes a todos. Secretario, si bien es cierto que en las últimas semanas usted ha estado defendiendo esta Reforma Política y ha estado asistiendo a foros -precisamente para comentarla- y ha hablado de las bondades de la misma y los alcances que podría tener, como lo ha hecho en este momento, en este resumen, preguntarle concretamente: ¿cuáles serán los beneficios para la gente en el corto plazo?
Si bien es cierto esta Reforma se empezará a discutir, pasará al Congreso, se aprobará probablemente, la pregunta es:
¿Qué cambios podrá ver la ciudadanía, sobre todo cuando requiere en este momento ya, respuestas en materia de seguridad, en materia económica, en materia de salud?
Y, sobre todo, cuando también se está en un desencuentro, en un desencanto con la clase política, que da espectáculos como el que se dio ayer en la Cámara de Diputados, por ejemplo, y que no da respuestas como lo que pasa en materia de seguridad en Ciudad Juárez. Por favor, gracias.
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Primero, todos los asuntos que tocan, en ellos el gobierno tiene una responsabilidad muy im
portante.
El gobierno municipal, el gobierno del estado y el Gobierno Federal -cada uno, en el ámbito de sus atribuciones- tienen elementos de responsabilidad para mejorar las cosas en términos del desarrollo económico, en términos de la seguridad, en términos de la lucha contra la corrupción, etcétera.
Si nosotros modificamos la relación de la ciudadanía con esa representación política, con esos gobiernos, obligamos a que éstos respondan de una manera más rápida, más ágil y más clara a lo que están demandando los ciudadanos. Pero también, en esos problemas la ciudadanía también tiene una enorme responsabilidad para solucionar los problemas.
Frente a gobiernos mejor comunicados y más vinculados, la ciudadanía puede responder de manera más eficiente también en la solución de los problemas.
Hoy por hoy, los grandes problemas del país requieren a la sociedad y al gobierno, cada quien en el ámbito de sus funciones, comunicándose, organizándose para superarlos.
Romper esta diferencia entre la sociedad y el gobierno, diluir esta diferencia y volverlos a acercar bajo nuevos términos es fundamental para resolver los otros problemas.
Eso no quita -y lo he dicho y lo sostengo- que hay otros temas en la agenda nacional que requieren tratamiento también muy urgente y muy importante, que tienen que ser discutidos en el contexto de este año y que tienen que ser abarcados.
Nadie ha pedido que la Reforma Política excluya otros debates y análisis que requiere la nación.
La Reforma Política no tapa el tiempo que le tenemos que dedicar a afinar los esquemas de seguridad en Juárez y la necesidad de rescatar a Juárez de la situación tan trágica en la que vive.
Pero donde los gobernantes tengan que responder de manera más clara y más diáfana, donde se pueda constituir una autoridad municipal más fuerte en Juárez, que responda a los intereses de la comunidad y el desarrollo comunitario, que ésta demanda; donde los gobiernos estatales sean mucho más responsables y mucho más sensibles a las demandas de seguridad o desarrollo de los ciudadanos, donde el Gobierno Federal se perciba vinculado con la ciudadanía.
Y hablo que el Gobierno Federal, que el Congreso de la Unión, que el Ejecutivo Federal se sientan y se perciban vinculados con la ciudadanía, de tal manera que puedan articular, de manera más ágil, las soluciones que la gente demanda, y solucionar de manera más franca y frente a la sociedad las diferencias sobre las que muchas veces se construye la acción pública. En ese sentido, todo debe caminar mejor.
¿Qué hace la propuesta de Reforma?
Empoderar a la ciudadanía para que aquellos que quieran participar, no se encuentren con muros de frustración, no se encuentren con un escepticismo sobre el que se construye la indolencia de muchos servidores públicos para que su participación en los problemas comunes sea efectiva, tenga mejores posibilidades de gestión; para que asumir sus responsabilidades no les sea tan pesado y decir "si tú le entras y me proteges, yo le entro en lo que me toca".
Ese es el acuerdo que se tiene que rehacer -que se tiene que reconstruir- y la Reforma Política es el referente sobre el cual, ese nuevo contrato debe de ser suscrito por los políticos y por los ciudadanos.
Acuérdense que hay otras reformas que también buscan empoderar a los ciudadanos: La Reforma a la Ley de Amparo, la Reforma a las Acciones Colectivas, que les buscan darles cauces para que sean mucho más exitosos en sus posiciones, para que los jueces puedan también servir como gentes que dirimen conflictos y ponen orden en las tensiones que existen en la sociedad; y aquí, las resoluciones judiciales se acatan.
Ustedes ya no deben tener el triste oficio de ir recogiendo frustraciones por todas partes, también tienen que tener la posibilidad de contar historias de cómo sí pueden construirse soluciones. Esto busca construir ese ambiente.
Pero una clase política aislada de la sociedad la sirve mal y una sociedad que no se vincule a la política en términos de compromiso y en términos de exigencia, tampoco soluciona sus problemas y no podemos estarlos dejando en la indefinición.
Este es el ejercicio al que convoca el Presidente de la República y que nos compromete a los aquí presentes, a ser puentes articuladores, generadores de encuentros, promotores de la concordia sobre la base de la verdad, de rendirle cuentas a la gente.
Raquel Flores, de Radio Fórmula. -Gracias, Secretario. Buenas tardes a todos. Hay politólogos, Secretario, que aseguran que el PRI es quien está frenando esta Reforma Política bajo su viejo esquema de mentalidad monopolista. ¿Cuál es su opinión al respecto, Secretario?
Y por otro lado, ¿cómo acercar a los políticos, a los actores políticos, a que intervengan en este análisis sobre la Reforma Política sin que intervengan -por supuesto- sus propios intereses? Gracias.
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: A ver, primero, y lo digo con toda claridad: Esta es una Reforma de dimensión constitucional que difícilmente puede lograrse sin el PRI o sin el concurso del PRD y, obviamente, el PAN. Los partidos políticos tienen, todos los partidos políticos en el Congreso -el Partido del Trabajo, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Convergencia, el Partido Nueva Alianza, el Partido Verde- tienen una enorme responsabilidad de involucrarse si son sinceros en sus discursos, que son sensibles al deterioro de la política, al reclamo de una ciudadanía que no se siente representada.
Obvio, no toda la ciudadanía. Muchos mexicanos seguimos cumpliendo con nuestro deber de ir a las urnas a constituir poder político democrático y otros han ido ahí a decir "hay un déficit que tenemos que subsanar, hay un cambio en la lógica de la representación que tenemos que lograr, queremos tener más poder sobre nuestros elegidos".
No. Que se dé la fiesta cívica y que de repente se desprendan de responder frente a sus electores por sí y para siempre. Necesitamos tenerlos más presentes.
Todos los partidos políticos tienen una responsabilidad, el PRI una muy importante, por la posición de mayoría que juega en la Cámara de Diputados y porque la mayoría de los Estados son gobernados por Legislaturas en donde el PRI tiene una importancia fundamental.
Es muy difícil una Reforma Política en la cual no participe el PRI como un factor fundamental, pero nuestra convocatoria es: Esta Reforma es por todos y para todos. La convocatoria es: Escuchen a los ciudadanos, escuchemos a los ciudadanos y dialoguemos con ellos.
Por eso les pedimos y le pedimos al Congreso de la Unión que en sus deliberaciones incorpore esos puntos de vista. Nosotros estamos acudiendo a diversos foros a intercambiar, a alimentarnos, a enriquecernos, a presentarles la racionalidad de las propuestas que se hacen, por qué nos preocupan unas y no.
Y no somos de grupos cómodos, ¿eh?; hemos ido a buscar espacios libres y plurales dónde pensar con la gente, dónde hablar con la gente, dónde comunicarnos con la gente, no en escenarios controlados.
Luciano Franco, del Periódico Crónica. - Señor Secretario, quiero preguntarle dos cosas básicamente: En primer lugar, si este alentar la Reforma Política, como lo está haciendo el Gobierno ahora, responde a un reconocimiento de que la política en México actualmente ha fallado, le ha fallado a los mexicanos, por un parte.
Por la otra, desde qué aliento el Secretario de Gobernación, la Secretaría de Gobernación lleva a cabo un mecanismo de participación ciudadana como el que ahora anuncian, cuando en la Cámara de Diputados y en el Senado el PRI y el PRD no han visto con los mejores ojos esta Reforma.
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Primero, es una Reforma sometida a la consideración del Constituyente. El Presidente, en ejercicio de sus facultades, la presenta ante el Constituyente Permanente y pide que se analice con justeza, que se valore en sus méritos, que sea considerada por la soberanía.
De entrada, yo he escuchado un discurso difuso, con algunas reticencias, otros con algunos apoyos al mismo, pero se van formando los consensos, las discusiones intrapartidistas y sociales se van perfilando y todo tiene su tiempo.
Para nada soy escéptico de que la Reforma no pueda tener muy buenas posibilidades. En mi corta estancia en la Secretaría de Gobernación he conversado con muchísimos políticos, he conocido de sus preocupaciones, de las preocupaciones en torno a la necesidad de darle mayor vigor y mayor fortaleza ciudadana a la representación política, a la necesidad de encontrar mejores esquemas de encuentros.
Yo creo que la Iniciativa se construye sobre preocupaciones muy generalizadas, muy propias de toda una gama de políticos y de ciudadanos que entienden que como vienen funcionando las cosas no se está sacando, ni con mucho, lo mejor de la política.
Que claro, hay acuerdos sobre lo que se construye una gobernabilidad básica para que las instituciones funcionen; son menos los casos de interferencia que los de autorización que se acaban logrando en los ejercicios políticos y eso es de reconocerse; pero a su vez, sí existe un deterioro del prestigio de la política que de no detenerse a tiempo, pone en riesgo al sistema democrático. Lo hemos visto en otras latitudes.
Es el momento de hacer un nuevo contrato con la ciudadanía, donde se le empodere; y si se empodera a la ciudadanía, la esperanza es que con ello se empodere al Servicio Público y la capacidad de solucionar problemas. Hacia esas reservas democráticas se construye la Reforma.
Sí, los gobiernos divididos del 97 para acá, si bien han logrado ciertos acuerdos, no están dando todos los resultados que el país demanda. Ahí hay una insatisfacción importante, facturada de manera distinta a los partidos políticos pero ahí hay una insatisfacción importante que tiene que ser reconocida y que, hasta donde yo lo alcanzo, los principales líderes de los partidos políticos -y ahí hay discursos- lo reconocen.
Lo reconoció doña Beatriz Paredes en el Senado, lo reconoció don Jesús Ortega, lo reconoció don César Nava y así, otros han reconocido ese déficit, han reconocido ese diagnóstico.
Si hay un consenso en el diagnóstico, pongámonos a discutir aquellas medidas que lo pueden resolver. Ese es el deber primario de quien se mete a la política: A servir, no a no servir.
Silvia González, de Radio Centro. -Secretario, ¿usted considera que en este Período que acaba de iniciar se podría aprobar por el cabildeo que ha realizado con los partidos políticos? Una. Y la otra: Si no se aprueba esta Reforma, ¿entonces los ciudadanos tendríamos que conformarnos con seguir como hasta ahora?
Y otra, si me permite: Ahora mismo, en la sede de la ONU aquí en México, organizaciones de ciudadanos e industriales están presentando una propuesta para que los Cascos Azules estén en Ciudad Juárez ante lo que está ocurriendo, señor Secretario.
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Muy bien. Primero, por supuesto que yo creo que este tema se ha venido discutiendo muchísimo en México. Lo que hace la Iniciativa del Presidente es darle un espacio histórico concreto para su análisis.
Creo que es tema en donde se ha reflexionado mucho, ha habido foros en las administraciones pasadas; al inicio de esta Administración hubo un enorme despliegue de consultas y yo creo que es un ejercicio que se debe seguir haciendo pero yo sí creo que debe resolverse ya.
Si la clase política, si el Congreso, si el Constituyente quiere hacerlo en el contexto de lo que celebramos como Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, si le ofrecen a los mexicanos y a la historia la capacidad de una transformación institucional profunda en conmemoración de lo que nos ha hecho mexicanos y de lo que ha anclado las luchas históricas democráticas en este país, ésta es la circunstancia idónea.
Que, por un parte, haya una polarización política en función de una agenda electoral, lo único que le estamos pidiendo al Constituyente Permanente es que por encima de esas cuestiones coyunturales, que son episódicas, que rigen lo inmediato en la política, tengamos la capacidad de ver, con un mayor plazo y con un mejor horizonte, el interés superior de México y la necesidad de fortalecer al sistema político para que le cumpla a la gente y que pueda llegar a esas valoraciones constitucionales.
Por lo que hace a la valoración de lo que vienen haciendo organizaciones ciudadanas, no tengo yo un conocimiento formal de ello. Lo que sí reconozco es que este tipo de organizaciones están legítimamente preocupadas por una situación grave que va a ser resuelta.
Nosotros no vamos a abandonar Juárez y vamos a acompañar a quien no la quiera dejar. Estamos perfilando los instrumentos para que se atienda la cuestión de la seguridad y la cuestión de desarrollo social sobre el que se construya la falta de alternativas a los jóvenes que están siendo masacrados.
-PREGUNTA: -¿Y sobre lo de los Cascos Azules?
SECRETARIO GÓMEZ MONT: -Ni está en la programación y no veo que haya condiciones para eso. No ha sido valorado. Lo que yo le quiero llegar a decir es que para nosotros no es un tema ahorita más que en función de que usted nos lo presenta.
Lo que yo sí le digo es que hay reservas institucionales en este país para poder hacerle frente al problema, que las Fuerzas Armadas han asumido riesgos y enfrentaron muchas veces a convoyes armados a fin de ponerles un límite.
Que se van afinando los mecanismos de inteligencia para, cada vez, detectar más rápido y mejor por dónde vienen los riesgos, que no son perfectos y que generan espacios de agresión y de violencia contra jóvenes estudiantes, deportistas que fueron masacrados, también lo es y que tenemos que reconocerlo para implementar las soluciones del caso.
Pero no va a ser la frustración, el desencanto, la derrota lo que va a marcar el rumbo de lo que el Gobierno tiene que hacer en Juárez. Vamos a asumir nuestra responsabilidad y estamos exigiendo que los otros órdenes de gobierno lo hagan.
Juntos vamos a caminar y vamos a recuperar Juárez para la gente buena que tiene en ese espacio una palanca de desarrollo para el país. Lo vamos a hacer.
Fabiola Martínez, de La Jornada. -Qué tal, buenas tardes. Secretario, ¿usted ha encontrado en la Reforma Política, en la discusión que inicia sobre la Reforma Política, un análisis profundo por parte de los partidos políticos o un discurso difuso, como lo acaba de mencionar?
O peor aún, ¿Otra vez chantaje -toma y daca- y que nos volvamos a enfrentar a que esto se va a negociar, si es que se negocia, en las cúpulas?
Y segundo: Con todo el reconocimiento que hay hacia las nuevas tecnologías, yo quisiera preguntarle si usted con tantos asuntos qué resolver en el país en materia de política interna, ¿le va a dar tiempo para chatear, para twittear?; ¿de este tamaño es la importancia para el Ejecutivo de que se aprueba la Reforma Política? Gracias.
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: A ver, primero, yo he dicho que los tiempos que tengamos disponibles, no voy a estar chateando ni twitteando todo el tiempo. Ahí sí yo le confieso ser un analfabeta informático y constantemente requiero de la ayuda de quien está más metido en esa lógica para superar esas deficiencias.
Ofrezco poner tiempo de mi semana, algún tiempo, para interactuar en tiempo real y contestar algunas de las cuestiones que se hayan dado y le pido ese ejercicio a mis colaboradores para que haya un intercambio real.
Yo no voy a poner a nadie en mi lugar a simular mi presentación, yo acudiré; en poco o muchos espacios -yo espero que no serán muchos porque no tengo el tiempo- acudiré para hacerlo y para contestar lo que vaya cayendo.
En la medida en que yo lo vaya agrupando, en la medida en que vayamos identificando cuáles son las preocupaciones mayores, hacer un ejercicio honesto de comunicación. Pero sí, es un proceso de adaptación frente a estas dinámicas de la información y la adaptación es supervivencia.
Dos: Yo creo que se van posicionando poco a poco los actores políticos frente a una reforma de gran calado; mi esperanza es que todo mundo reconozca no solo la responsabilidad que tiene frente a este tema, sino la oportunidad de desahogarlo ahora, en este año, en este contexto.
Y sí, normalmente a mí me ha ido mejor confiando en la gente que desconfiando en ella, pero voy con los ojos abiertos pero con toda la disposición como Secretario de Gobernación, por ser instruido así por el Presidente de la República, y porque creo que es una tarea que nos toca como mexicanos y una oportunidad de poder servir a México en estos momentos y dar el siguiente paso en la consolidación democrática de México, el siguiente paso. La historia es un proceso continuo.
Brenda Herrera, de Enfoque. -Secretario, nada más una pregunta: De lo que usted nos ha comentado, el Gobierno Federal parece que está muy preocupado por la opinión de los ciudadanos.
¿Por qué el Gobierno Federal no ha hecho el mismo ejercicio para abordar un tema que también es de suma importancia para ellos, como es lo económico?
¿Por qué no se abre un espacio, una Página de Internet para abordar temas que le preocupan verdaderamente, como es la economía, los impuestos, en fin?
¿Esos espacios no habrá para los ciudadanos en esta ocasión?
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Entiendo y este es el ámbito de la Reforma Política y le digo: Otras reformas deben ser sostenidas y discutidas desde el Gobierno también.
-PREGUNTA: (inaudible)
-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: Yo creo que constantemente los otros miembros del Gabinete están hablando con sus interlocutores naturales. A mí me toca el tema de la Reforma Política y ese es el diálogo que yo busco articular, que yo busco promover, que yo creo que se tiene que dar, que se va dando, que se va surtiendo de mil maneras.
Yo entiendo que constantemente ellos, en sus horas de trabajo, están hablando con las gentes afectadas por las ramas de la administración que ellos manejan y yo, por supuesto, creo que las reformas económicas también deben involucrar a los ciudadanos.
Por ejemplo, yo creo que la tala regulatoria difícilmente puede ser eficiente si solo se hace desde las administraciones. Obviamente que las burocracias tienen puntos ciegos, los que resienten los déficit de atención o los problemas de atención o las dilaciones indebidas de la atención de sus asuntos son los ciudadanos.
Hay temas en los que yo no puedo verlos ausentes, en el tema fiscal sí. Bueno, una parte fundamental de la Reforma Fiscal es que los ciudadanos reconozcan que ellos mantienen al Gobierno y que es necesario aportar esos recursos para que el Gobierno cumpla con esos deberes.
Que ya no se perciba que los recursos públicos es dinero de alguien más. Es dinero de la gente que debe servir a la gente. Los recursos públicos no es patrimonio de los servidores, es dinero de la gente para servir a la gente.
Ese es el corazón de una Reforma Fiscal, cómo todos colaboramos para que las cosas marchen mejor; quién tiene que hacer lo más, cómo se hace de una manera más transparente y cómo deben gastarse esos recursos en beneficio de la gente.
Yo no concibo que alguien hable del dinero del Gobierno como si fuera una entidad que no responde frente a quienes generan la riqueza de donde viene ese dinero, que somos todos, trabajando, todos.

Estado de excepción?

Rechaza PRI estado de excepción.-Manlio

El senador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, también destacó la sensibilidad de Felipe Calderón en la lucha anticrimen.

El PRI seguirá pidiendo que el Gobierno federal se coordine con los gobiernos estatales para garantizar la seguridad, dijo Manlio Fabio Beltrones

Nota de Carole Simonnet

Reforma on line, Ciudad de México (5 febrero 2010).- En medio de la ola de violencia que vive Ciudad Juárez y otras entidades del País, el coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, advirtió que su partido atajará cualquier intento por establecer estados de excepción y suspensión de garantías.

"Se han escuchado voces hasta hoy aisladas, pero que deben de ser atendidas de inmediato con un no a la suspensión de garantías, en ningún caso, y evitar también los estados de excepción, a los que invitan algunos ante esta incapacidad que hasta hoy se ha mostrado por tener resultados positivos en el combate a la delincuencia y a la violencia de este País.

"Lo único que estoy haciendo es un preventivo ante voces aisladas que se escuchan hablando al respecto que nosotros rápidamente debemos de atajar", dijo.

En entrevista, el senador negó que Ciudad Juárez, donde hace unos días se registró la matanza de 16 jóvenes, existan condiciones para establecer un estado de excepción.

"De ninguna manera, nosotros no coincidimos con este planteamiento. Estaremos atentos a combatirlo y seguiremos exigiendo que el Gobierno federal se esmere mucho más en coordinarse con los gobiernos estatales para brindarnos la seguridad que todos estamos requiriendo. No a los estados de excepción, no a la suspensión de garantías de la que hablan algunas voces aisladas hasta el momento.

"Es elemental porque este es un País cuya Constitución prevé las garantías de libertad que deben de existir y las que nosotros debemos de preservar. Que nadie, aunque sean voces aisladas se atreva a hacer una propuesta de este tipo", indicó en entrevista en la conmemoración del 93 aniversario de la Constitución en el Senado.

Manlio Fabio Beltrones, quien recibirá la próxima semana, junto los coordinadores parlamentarios, al Secretario de Gobernación y al Gabinete de Seguridad, consideró que el Presidente Felipe Calderón demostró sensibilidad al admitir que se requiere un cambio de estrategia en el combate al crimen organizado.

"No es cuestión de complacencias, estoy seguro que el Presidente de la República ha escuchado las diferentes voces que se han mostrado insatisfechas por los resultados en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, y un replanteamiento de la estrategia aceptado por él, admitido por él, habla de su sensibilidad al respecto", mencionó.

En relación a la liberación de los funcionarios y alcaldes michoacanos tras 8 meses de cárcel por falta de pruebas por el presunto vínculo con el crimen organizado, Manlio Fabio Beltrones advirtió que las figuras del arraigo y de los testigos protegidos deben ejercerse con enorme responsabilidad.

Consideró que el testimonio de un solo testigo protegido no puede ser una prueba suficiente para arraigar a una persona.

Hora de publicación: 12:43 hrs.

Acuerdo del Pleno de CJF

DOF: 05/02/2010

ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el diverso Acuerdo General que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por el que se fusionan la Secretaría Ejecutiva del Pleno y la Secretaría General de la Presidencia, para crear la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia.

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE MODIFICA EL DIVERSO ACUERDO GENERAL QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO, POR EL QUE SE FUSIONAN LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PLENO Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, PARA CREAR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo, y 100, párrafos primero y octavo, de la Carta Magna; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO.- La estructura orgánica de un organismo como el Consejo de la Judicatura Federal, requiere de las constantes transformaciones que adecuen su funcionamiento a las necesidades operativas impuestas por la realidad, para lograr la mayor eficacia en las acciones que despliega el propio Consejo en el objetivo de otorgar las mejores condiciones para que los órganos jurisdiccionales a su cargo, puedan impartir la Justicia Federal con las cualidades de profesionalismo, excelencia, imparcialidad, objetividad e independencia que exige la norma constitucional;

TERCERO.- Desde su creación, el Consejo de la Judicatura Federal ha expedido diversos acuerdos generales que constituyen el marco normativo para quienes se desempeñan en él como servidores públicos. Destaca de entre esas normas, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis y vigente a partir del día dieciséis del mismo mes y año. En el citado Acuerdo se establecen las bases fundamentales de la actividad particular de cada uno de sus órganos internos, las atribuciones de los titulares, y los procedimientos y criterios a seguir para la toma de decisiones en sus distintas áreas;

CUARTO.- El artículo 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone que corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y los procedimientos administrativos internos, así como los de servicio al público;

QUINTO.- De conformidad con lo que dispone el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Secretarios Ejecutivos contarán con las atribuciones que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales;

SEXTO.- Las Secretarías Ejecutiva del Pleno y General de la Presidencia previstas en los artículos 70 y 86 Ter del Acuerdo General que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, realizan actividades relacionadas con el desarrollo de las sesiones del Pleno y con el apoyo y asesoría al Presidente y a los Consejeros que, atendiendo a las políticas de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto, que siempre ha mantenido este Consejo y previo análisis de sus atribuciones, se ha determinado la conveniencia de llevar a cabo su fusión, para lograr el más eficiente ejercicio de dichas atribuciones, al propio tiempo que se consigue la racionalidad de su estructura.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales indicadas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente

ACUERDO

UNICO.- Se modifican los artículos 2, fracción X, 7, 9, 17, 18, 20, 26, fracción II, 29, fracciones XVII y XX, 64, párrafo segundo, 65 fracción XV, 68, fracción I, 69, 70, 145, 147, fracción IX, 166, 181, 182, fracciones VII y VIII; y se derogan la fracción X Bis del artículo 2, y los artículos 86 Bis y 86 Ter del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Propio Consejo, para quedar como sigue:

"Artículo 2.- Para los efectos de este Acuerdo se entenderá por:

I. a IX. ...

X. Secretarías ejecutivas:

Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia;

...

X Bis. Derogada.

XI. a XV. ...

Artículo 7.- Las sesiones extraordinarias serán públicas en los siguientes casos:

I. a VIII. ...

IX. Aquellas que el Pleno considere deban tener tal carácter.

En estos casos, el Pleno instruirá al Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia para que emita la convocatoria correspondiente con setenta y dos horas de anticipación.

Los visitantes distinguidos a que se refiere la fracción VIII, firmarán el libro designado con ese nombre, cuya custodia estará a cargo del Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia.

Artículo 9.- En las sesiones, el Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia tomará nota de los acuerdos establecidos y de las observaciones formuladas para la elaboración del acta correspondiente.

Artículo 17.- Para proceder a tomar la votación, el Presidente, por sí o a propuesta de cualquier consejero, preguntará al Pleno si el asunto en cuestión se encuentra suficientemente discutido, y si así fuere determinado, en opinión mayoritaria, preguntará si en votación económica se aprueba; de no ser así solicitará al Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia tomar la votación y declarar el sentido de la misma.

Artículo 18.- Las votaciones se tomarán por el Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia o por quien lo sustituya, en orden de los escaños que los consejeros ocupen en el Pleno, de derecha a izquierda, con excepción del Presidente quien emitirá su voto al final; serán nominales, a menos que uno de los miembros del Consejo solicite que la votación sea secreta, para lo cual será necesario que se motive la propuesta y exista consenso de la mayoría para ello. Si en alguna votación no se obtuviere la mayoría necesaria para la aprobación del asunto, se podrán practicar hasta dos votaciones adicionales con absoluta libertad de decisión para los consejeros, quienes no estarán ligados por el sentido de su voto anterior. Si a pesar de las dos votaciones adicionales persiste la imposibilidad de alcanzar la mayoría, y se trata de un asunto contenido en proyecto preparado por uno de los consejeros, se procederá en términos del artículo 13 de este Acuerdo.

Artículo 20.- Los reglamentos, acuerdos o resoluciones del Pleno que sean aprobados con modificaciones, serán remitidos al Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia dentro de los tres días siguientes, contados a partir del día de su aprobación, para el trámite que corresponda.

Si el asunto fuere de interés general, deberá remitirse en algún medio de almacenamiento magnético o digital al Secretario Ejecutivo antes mencionado, al día siguiente de su aprobación, a fin de agilizar su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Artículo 26.- Además de las facultades previstas en el artículo 85 de la Ley, son facultades del consejero Presidente las siguientes:

I. ...

II. Designar a un consejero ponente para que someta un asunto dudoso o trascendental a la consideración del Pleno, a fin de que éste determine lo que corresponda, conforme al turno que al efecto lleve el Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia;

III. a XVI. ...

Artículo 29.- Son facultades de los consejeros:

I. a XVI. ...

XVII. Nombrar y remover al personal adscrito a su ponencia, con excepción del nombramiento de los secretarios técnicos que las integren, los que serán propuestos por cada titular a la Comisión de Administración, previa revisión por parte de la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia de que se cumple con los requisitos legales correspondientes y, hecho lo anterior, se informará al Pleno respecto del nombramiento realizado;

XVIII. ...

XIX ...

XX. Someter al Pleno, por conducto de la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia, iniciativas de acuerdos generales, reglamentos, manuales internos u otras disposiciones de acatamiento obligatorio, así como las propuestas para la reforma, modificación o derogación de ellos;

XXI. ...

XXII. ...

Artículo 64.- ...

La afinidad a que se refiere el párrafo anterior, en el caso de los Secretarios Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia, de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Organos, y de Disciplina, consistirá en tener título profesional de licenciado en derecho. En el caso de los titulares de las Secretaría Ejecutivas de Administración; de Finanzas; de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales; y de Vigilancia, Información y Evaluación, el título deberá ser de Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas Públicas, Economía, Arquitectura, Ingeniería Civil, o algún otro inherente a sus funciones.

Artículo 65.- Los secretarios ejecutivos del Consejo tendrán las siguientes facultades:

I. a XIV. ...

XV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como certificar las copias que obren en sus archivos.

La facultad de certificar documentos relacionados con la competencia y atribuciones del área a su cargo, podrá delegarla en los secretarios técnicos, secretarios de apoyo y directores de área adscritos al área administrativa de que es titular, sin perjuicio de que la ejerza directamente. Para el control de las facultades delegadas, los titulares deberán llevar el registro de los funcionarios autorizados, e informar a la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, de la delegación que hagan. La fecha en que se reciba la comunicación señalada establecerá el inicio de la eficacia de la delegación otorgada;

XVI. a XXI. ...

Artículo 68.- El Consejo contará con un secretariado ejecutivo, el cual estará integrado por los siguientes secretarios:

I. El Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia;

II. a VIII. ...

Artículo 69.- El Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia tendrá la función de auxiliar al Pleno, al Presidente y a los consejeros en todos aquellos asuntos que se determinen.

Artículo 70.- Son atribuciones del titular de la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia:

I. Tramitar los asuntos que sean de la competencia del Pleno;

II. Recibir la documentación de los asuntos que deban someterse a la consideración del Pleno y enviar la convocatoria con la documentación correspondiente a los consejeros;

III. Recibir y presentar al Pleno los dictámenes enviados por la Comisión Substanciadora Unica del Poder Judicial de la Federación;

IV. Integrar la carpeta del Presidente con los asuntos listados para la sesión del Pleno;

V. Informar al Presidente sobre los asuntos que se analizarán en las sesiones del Pleno;

VI. Elaborar opiniones jurídicas, dictámenes y notas informativas para el Presidente, sobre los asuntos mencionados en la fracción que precede;

VII. Preparar y proponer al Presidente el orden del día de las sesiones, dando cuenta en cada una de éstas con los asuntos correspondientes;

VIII. Verificar y hacer constar la integración en las sesiones del Pleno;

IX. Recabar y certificar el sentido de la votación y, en su caso, de los votos particulares que se emitan en las sesiones del Pleno, así como hacer constar el impedimento legal de los consejeros en la intervención, discusión y aprobación de algún asunto y los pormenores de la sesión, de manera sucinta;

X. Elaborar las actas respectivas y presentarlas al Pleno para su aprobación;

XI. Firmar, conjuntamente con el Presidente del Consejo, las actas de las sesiones del Pleno;

XII. Citar a los funcionarios que el Pleno determine a la sesión correspondiente para el mejor conocimiento de los asuntos;

XIII. Desahogar y dar seguimiento a los asuntos que consten en las actas de las sesiones del Pleno y llevar el control del archivo de los asuntos;

XIV. Expedir copia certificada de las actas del Pleno cuando así se le solicite;

XV. Notificar los asuntos que determine el Pleno, así como tramitar su publicación, en los medios de difusión correspondientes;

XVI. Coordinar y supervisar el funcionamiento de la Oficialía de Partes y Certificación del Edificio Sede del Consejo;

XVII. Tramitar la legalización de la firma de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, en los casos que la ley de la materia exija ese requisito;

XVIII. Legalizar la firma de los servidores públicos a que se refiere la fracción anterior, cuando el Presidente así lo autorice;

XIX. Firmar, previo acuerdo del Presidente, las certificaciones que por disposición legal o a petición de parte interesada deban ser expedidas;

XX. Participar, conforme lo disponga el Pleno, en la elaboración de proyectos de acuerdos, bases generales de organización, disposiciones generales y acuerdos generales que tome aquél;

XXI. Participar, cuando así lo acuerde el Pleno, o lo instruya el Presidente, emitiendo opinión en las reuniones de los titulares de los órganos auxiliares y administrativos del Consejo que tengan como propósito el estudio y análisis para la creación, modificación o derogación de normas internas del propio Consejo;

XXII. Tramitar ante el Pleno las propuestas que haga el Presidente con respecto a nombramientos de los servidores públicos a que se refiere la fracción V del artículo 85 de la Ley;

XXIII. Llevar el registro de turnos, efectuar el trámite requerido y realizar el control del archivo relativo a los recursos de revisión administrativa interpuestos en contra de resoluciones del Pleno, a que se refiere el Título Séptimo, Capítulo III, de la Ley;

XXIV. Tramitar ante el Presidente del Consejo las licencias que sean de su competencia establecidas en los artículos 171 y 173 de la Ley;

XXV. Preparar, con información proporcionada por las diversas áreas administrativas del Consejo y con datos obtenidos de los acuerdos asentados en las actas de las sesiones del Pleno del propio Consejo, el Informe Anual de Labores del Poder Judicial de la Federación que de conformidad con el artículo 14, fracción XI, de la Ley, rinde el Presidente al finalizar el segundo periodo de sesiones de cada año;

XXVI. Elaborar y presentar informes con la periodicidad que le sean requeridos por el Pleno;

XXVII. Recibir los escritos, peticiones y avisos que magistrados de circuito, jueces de distrito y trabajadores del Poder Judicial de la Federación dirijan al Presidente y canalizarlos a las áreas administrativas del Consejo que conforme a sus atribuciones, corresponda tramitar y resolver;

XXVIII. Recibir los escritos que particulares, autoridades e instituciones dirigen al Presidente y remitirlos a las áreas administrativas del Consejo que correspondan o, en su caso, darles respuesta;

XXIX. Dar seguimiento e informar al Presidente sobre el trámite y resultado de los escritos y peticiones mencionadas en las fracciones XXVIII y XXIX de este artículo;

XXX. Brindar atención ciudadana a quienes soliciten entrevistas con el Presidente;

XXXI. Coadyuvar con la Secretaría Particular del Presidente, en todo lo concerniente a la administración de las oficinas de la Presidencia;

XXXII. Llevar el archivo y correspondencia de la Presidencia del Consejo;

XXXIII. Asistir a las reuniones interinstitucionales en las que participe el Consejo y coordinar, con las áreas involucradas, el cumplimiento de los acuerdos tomados en dichas reuniones;

XXXIV. Asesorar al Presidente en los asuntos en que éste se lo requiera, así como desempeñar las comisiones y funciones especiales que aquél le encomiende;

XXXV. Fungir como enlace operativo entre el Presidente y los Directores de los Organos Auxiliares del Consejo, los Secretarios Ejecutivos y los Directores Generales, con el objeto de mantener una línea de información directa sobre las actividades y avances programáticos de las áreas a cargo de dichos funcionarios;

XXXVI. Coordinar a la Dirección General de Gestión Administrativa y demás áreas involucradas en las acciones que sean necesarias para la realización de las ceremonias de instalación de los nuevos órganos jurisdiccionales, inicio de obra e inauguración de Edificios Sede del Poder Judicial de la Federación; y

XXXVII. Las demás que determine el Pleno, el Presidente y los consejeros.

Artículo 86 Bis.- Derogado.

Artículo 86 Ter.- Derogado.

Artículo 145.- Los consejeros propondrán a la Comisión de Administración a los secretarios técnicos adscritos a sus ponencias, previa comprobación por parte de la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia de que se reúnen los requisitos legales correspondientes y, hecho lo anterior, se turnará al Pleno para la autorización de la designación de que se trate.

Las prórrogas de estos nombramientos aprobados por el Pleno serán enviadas directamente a la Dirección General de Recursos Humanos para el trámite correspondiente.

Artículo 147.- Los secretarios técnicos de las comisiones tendrán las siguientes atribuciones:

I. a VIII. ...

IX. Enviar al Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia los asuntos dictaminados por su comisión, que deban ser sometidos a la consideración del Pleno;

X. a XII. ...

Artículo 166.- El Pleno otorgará comisiones a los servidores públicos a que se refiere este Acuerdo, las que se cumplimentarán por el Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia y por el Secretario Ejecutivo de Administración, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 181.- La Oficialía de Partes y Certificación del Edificio Sede del Consejo contará con la estructura y el personal que el Pleno determine con base en el presupuesto, y jerárquicamente dependerá de la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia.

Artículo 182.- La Oficialía de Partes tiene como función:

I. a VI. ...

VII. Realizar un informe mensual de entradas de la documentación recibida y su respectiva entrega, y

remitirlo a la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia; y

VIII. Otorgar a la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia las facilidades necesarias para su adecuada supervisión."

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el dieciséis de enero de dos mil diez.

SEGUNDO.- Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y, para su mayor difusión, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en la páginas de Internet e Intranet del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO.- El personal de la Secretaría Ejecutiva del Pleno y el de la Secretaría General de la Presidencia deberá integrar la estructura inicial de la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, lo que deberá hacerse del conocimiento de la Dirección General de Programación y Presupuesto y de la Dirección General de Recursos Humanos.

CUARTO.- La Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación, deberá integrar de inmediato el texto de esta reforma, al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Propio Consejo.

MARIA DOLORES OMAÑA RAMIREZ, SECRETARIA EJECUTIVA DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA: Que este Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Modifica el Diverso Acuerdo General que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Propio Consejo, por el que se Fusionan la Secretaría Ejecutiva del Pleno y la Secretaría General de la Presidencia, para Crear la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de trece de enero de dos mil diez, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Juan Carlos Cruz Razo, César Esquinca Muñoa, César Alejandro Jáuregui Robles, Jorge Moreno Collado y Oscar Vázquez Marín.- México, Distrito Federal, a veintisiete de enero de dos mil diez.- Conste.- Rúbrica

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5130782&fecha=05/02/2010

Luigi Ferrajoli

Publicado en Pagina 12, 12 de junio de 2008;

LUIGI FERRAJOLI, PADRE DEL GARANTISMO PENAL

“Hay intereses muy fuertes para mantener las drogas prohibidas”

Es uno de los principales teóricos del garantismo en materia penal. Aquí, sus reflexiones sobre drogas, despenalización, derecho, globalización y libertades.

Por Carlos Rodríguez

“La legislación antidroga que se ha desarrollado en el mundo, bajo la presión de Estados Unidos, es totalmente irracional. Sólo produce criminalidad y no produce la disminución del consumo.” El jurista italiano Luigi Ferrajoli, padre de la teoría del garantismo penal, en una entrevista con Página/12 se manifestó a favor de la legalización de las drogas. “La legalización podría producir un aumento del consumo al principio, durante un breve tiempo, pero después se produciría una disminución”, opinó Ferrajoli, quien se mostró de acuerdo además con la despenalización de la tenencia de droga para consumo. Lamentó, por otra parte, que el garantismo se haya desarrollado “exclusivamente frente a los poderes públicos”, cuando debería poner freno “a los poderes privados que, sin derecho, pueden desarrollarse en forma salvaje e ilimitada”. Puso como ejemplos “la confusión que hay entre libertad de prensa y propiedad de los medios”, así como el avance de las empresas multinacionales sobre los recursos naturales de los pueblos más débiles. “Creo que es necesario señalar el carácter suicida de esta falta de límites frente a las empresas privadas” porque, concluyó, “al contrario de otras catástrofes del pasado, puede que hoy no estemos a tiempo de decir, una vez más, ‘nunca más’”.

Ferrajoli viajó a Buenos Aires para dejar inaugurado el III Congreso de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef), financiado por el programa Eurosocial Justicia de la Comisión Europea y organizado por la Defensoría General de la Nación, cuya titular es Stella Maris Martínez, a su vez coordinadora general de la Aidef

–A fines de los noventa usted decía que el garantismo era una palabra nueva en el léxico jurídico porque se había incorporado veinte años antes, en Italia, al Derecho Penal. ¿Cómo es hoy la situación a nivel universal?

–El garantismo es una expresión acuñada en los setenta, en Italia, en el terreno del Derecho Penal. Sin embargo, puede ser extendido como paradigma teórico a las garantías de todos los derechos fundamentales, no sólo del derecho de libertad en materia penal sino también en los derechos sociales. Y no solamente frente a los poderes públicos sino también frente a los poderes privados. Y no solamente frente al poder de un Estado sino también frente a los poderes internacionales.

–Usted afirma que hay expansiones del garantismo que deberían ser tomadas en cuenta en forma urgente. ¿A qué cuestiones se refiere?

–Una de las expansiones es en dirección de los derechos sociales. Otra es en dirección de los poderes privados que la tradición liberal siempre ha confundido con las libertades cuando son cosas diferentes. Por ejemplo, se confunde lo que es la propiedad de los medios y lo que es la libertad de prensa. O también el poder del mercado, que es un poder al que se pone por encima de los derechos civiles. El garantismo se ha desarrollado exclusivamente frente a los poderes públicos, como expresa el estado de derecho, en vez de manifestarse también frente a los poderes privados. El derecho al trabajo, el derecho al medio ambiente no tienen un diseño constitucional. Estas expansiones deben ser estructurales.

–Hay una tercera expansión de la que usted habla.

–La tercera expansión es el derecho internacional. Nosotros tenemos muchas cartas internacionales: declaración de derechos, convenciones, pactos, pero sin garantías. Sobre este vacío de garantías, el poder privado y de las grandes empresas privadas llenan el vacío de garantías públicas. Esto permite que los poderes privados, sin derecho, puedan desarrollarse en forma salvaje e ilimitada.

–Volviendo sobre el tema de la libertad de prensa, en Argentina, en algunos momentos históricos, hasta puede ser menos complicado trabajar con cierta libertad en un medio de prensa estatal que en uno privado.

–Esto también ocurre en Italia y es signo de la importancia de los conceptos teóricos. Esto es el fruto de una confusión conceptual que deviene de hablar de “libertad de prensa” cuando en realidad es “libertad de la propiedad de los medios”. La polémica que se dio en Italia, sobre el monopolio de los medios por parte de (Silvio) Berlusconi, ha hecho hincapié sobre el pluralismo de la propiedad, que es un valor que debe ser garantizado, naturalmente. Pero yo creo que se debe también afirmar la separación entre libertad de prensa, es decir la libertad de los periodistas para informar, de la propiedad de los medios. La propiedad no debería tener influencia en la opinión de los periodistas y no debería haber nadie que tenga más de una red de televisión o más de un periódico. Esto debería ser garantizado por ley. Si no ocurre eso, son sólo garantías de papel, que no tienen aplicación real.

–Estuvo reunido con el ministro Aníbal Fernández y habló con él sobre el proyecto de despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. ¿Cuál es su opinión sobre esa iniciativa?

–La legislación antidroga que se ha desarrollado en el mundo bajo la presión de Estados Unidos es totalmente irracional. Esto sólo produce criminalidad y no la disminución del consumo. El prohibicionismo significa afirmar el monopolio criminal del mercado de la droga, que produce, en forma inevitable, criminalidad grande y pequeña, en este caso de los pequeños vendedores de droga. Esta criminalidad ejerce una presión sobre todos los jóvenes que la legalización de la droga no produciría. Existe un interés de los pequeños consumidores-vendedores de corromper a otros jóvenes. Esto está ligado a la presión de los grandes monopolios de la droga. Todo eso lleva a que la represión caiga sobre la mano de obra barata y no sobre las grandes empresas.

–¿La legalización de la droga sería la solución al problema?

–Es posible que la legalización, en un breve primer momento, produzca un aumento del consumo, pero en el largo plazo produzca una disminución, porque ya no estaría la presión y la corrupción sobre los consumidores, que deben convencer a sus propios compañeros de que consuman.

–¿Qué opinión tiene sobre el proyecto argentino de despenalización?

–Yo no he leído el proyecto, no conozco el detalle. Me ha parecido que el ministro tiene una política muy racional. Uno de los pasos a dar, en el combate contra las drogas, es disponer la inimputabilidad del consumo. Es un principio clásicamente liberal el decir que “los actos contra sí mismo no son punibles”. Cada uno es soberano sobre su persona. La criminalización sólo empeora el problema. Otra medida podría ser la de diferenciar droga pesada de droga liviana. Lo importante es disminuir el daño. Y para eso, el Derecho Penal no es una varita mágica.

–Tengo entendido que también se interesó por el plan de desarme de la sociedad civil que se está llevando a cabo.

–Una política importante sería la de ilegalizar el uso de armas. Las armas deberían ser consideradas, más que la droga, bienes ilícitos. Las armas son destinadas a matar, producen guerra y criminalidad. ¿Por qué no hablar del arma-tráfico en lugar de hablar tanto del narco-tráfico?

–Antes hablaba de la “irracionalidad” de la política en materia de drogas que impulsa Estados Unidos. ¿Es posible hacer cambios de fondo para terminar con las drogas y las armas cuando son dos negocios fabulosos?

–Es legítima la sospecha de que hay intereses muy fuertes para sostener el prohibicionismo de las drogas. Es increíble, porque Estados Unidos tiene experiencias de prohibicionismo, en los años ’20, lo que ha producido el gangsterismo, lo que ha producido una criminalidad feroz.

–Usted habla de la relación entre Derecho y globalización.

–Es importante analizar cómo se puede utilizar el Derecho para neutralizar los efectos negativos de la globalización. La globalización se caracteriza como un vacío del derecho público, un vacío de garantías de los derechos fundamentales. Nosotros tenemos los pactos de derechos humanos, muchas convenciones interamericanas, europeas, africanas. Tenemos muchas cartas y declaraciones, pero son derechos de papel si no existen leyes que permitan su aplicación práctica.

–¿Cómo se frena una globalización que, en muchos aspectos, está llevando a la destrucción del ambiente, como ocurre en la Argentina con las empresas que explotan minas a cielo abierto?

–Hay una total falta de límites para las empresas que pueden devastar el medio ambiente y los recursos naturales. Las empresas encuentran, entre los grandes lineamientos nacionales de los países, cuáles son los más vulnerables. De ese modo pueden decidir en cuál de los países existen leyes o ellos las pueden imponer, mediante las cuales se puede explotar el trabajo, destruir el medio ambiente o corromper a los gobernantes. Esto se llama, como un eufemismo, la “competencia” entre los ordenamientos nacionales más benignos y los ordenamientos de las empresas. Esto sólo es bueno para las empresas, que aprovechan los Estados con una legislación menos garantista.

–En Argentina hubo protestas de las comunidades afectadas, con éxito o sin él, para evitar la destrucción de los recursos naturales, pero las empresas siguen destruyendo el ambiente.

–Son procesos difíciles, de largo plazo. Sólo las luchas sociales pueden evidenciar la violación de los derechos, la inconstitucionalidad de lo que está sucediendo. Es necesario señalar el carácter suicida de esta falta de límites frente a las empresas privadas. Este es el único planeta que tenemos. Respecto de las grandes catástrofes del pasado, hoy existe una diferencia: podemos no estar a tiempo de decir, una vez más, “nunca más”.

–Es como decir que hay riesgo de que nunca más podamos decir “nunca más”.

–Bravo. Les dijimos “nunca más” al fascismo, “nunca más” a la dictadura, “nunca más” a la destrucción del planeta, “nunca más” a la desigualdad que produce millones de muertes. Ahora podríamos no estar a tiempo para tomar decisiones que paren lo que está ocurriendo.

MALOVA!

Preocupaciòn en el PRI
Columna

PLAZA PÚBLICA / Coalición sinaloense

Miguel Ángel Granados Chapa

5 febrero 2010.- Como en Durango, podría formarse en Sinaloa una coalición opositora al PRI con un candidato que sigue siendo miembro de ese partido, y que podría ganar la elección para gobernador el próximo julio. Si el senador Mario López Valdez diera el paso hacia la oposición, su decisión no sólo debilitaría al PRI en general sino que causaría un efecto adverso al papel que desempeña en la escena política nacional Manlio Fabio Beltrones, por la probidad que el sinaloense ha ganado con el líder senatorial priista.

Publicado en Reforma,

Malova, como se conoce a este aspirante, porque con ese acrónimo formado por la primera sílaba de su nombre y apellidos se identifica a sus empresas, es un político neófito pero exitoso. Nació en Los Mochis el 18 de enero de 1957, de modo que hace tres semanas cumplió 53 años. Es un hombre hecho a sí mismo, pues de empleado de Leonardo Félix, un empresario mochiteco también, se alzó con sus propios negocios. Tardíamente estudió la carrera de contaduría en el Tecnológico de Los Mochis, que concluyó en 1994. Hoy es dueño de una cadena de refaccionarias y en un tiempo poseyó el equipo de béisbol de su ciudad natal, los Cañeros. Al interesarse en política, su capacidad económica le permitió presidir la Comisión de Finanzas del PRI estatal y luego ser elegido alcalde de Ahome, el municipio cuya cabecera es Los Mochis, en 2002.