Jorge Hank sin Visa para EE UU

Muchas sospechas
RICARDO RAVELO

Revista Porceso (www.proceso.com.mx), 1 de febrero de 2009;
A lo largo de su carrera política y empresarial a Jorge Hank Rhon se le ha acusado de todo: de lavado de dinero, de traficar con animales exóticos, de usar sus influencias para operar casas de apuestas, y hasta de estar implicado en las ejecuciones de Héctor Félix y de Francisco Ortiz, ambos del semanario Zeta de Tijuana… Sólo le faltaba que Estados Unidos le impidiera entrar en su territorio… y eso sucedió ya el 10 de enero pasado. Entonces, un empleado de la garita Tijuana-San Isidro observó que el exalcalde tenía un “cúmulo de datos sospechosos” en el vecino país. Y le quitó su visa.
Hombre de excesos, dueño de una fortuna descomunal y proclive a los escándalos por su comportamiento excéntrico y fanfarrón, Jorge Hank Rhon está otra vez en líos: el 10 de enero pasado le fue cancelada su visa láser cuando un agente de la garita Tijuana-San Isidro le negó el paso.
La razón: presuntas conductas ilícitas cometidas por el hijo del profesor Carlos Hank González en Estados Unidos, sustentadas todas en reportes policiacos.
Ese día, Jorge Hank y su escolta hacían fila para la revisión aduanal. El exalcalde de Tijuana bajó de su automóvil en espera de que le tocara su turno. Faltaban unos cuantos vehículos cuando subió de nuevo al suyo. Entonces preparó sus documentos y los de su esposa. Los entregó a un agente de migración para que los deslizara en la banda magnética, según el trámite habitual.
Apenas introducida la visa, la pantalla se saturó con los antecedentes del empresario y político que perdiera los comicios estatales en agosto de 2007; algunos eran incluso de índole penal. El cúmulo de datos sospechosos, que pueden estar relacionados con una investigación criminal en proceso, desconcertó al agente.
Según una fuente consultada por el semanario Zeta, que aportó los pormenores de este hecho, el oficial comenzó a mover la cabeza al tiempo que balbuceaba: “Muchas sospechas, muchas sospechas…”. Y de inmediato canceló la visa.
Con el rostro descompuesto, Jorge Hank no tuvo más remedio que regresar a su casa de Tijuana. Su esposa, impactada por el inesperado suceso, rompió en llanto.
Pero el hijo del profesor Hank González parece estar acostumbrado a vivir en medio de escándalos. Afincado en esa ciudad fronteriza desde hace 24 años, poco le ha preocupado que lo relacionen con crímenes, lavado de dinero, excesos y hasta con el tráfico de drogas y de animales exóticos en peligro de extinción.
En enero de 2007, cuando era alcalde de Tijuana, declaró a este semanario que los señalamientos en su contra no le quitaban el sueño. Desafiante, espetó: “No me han probado nada. Nada más falta que me investiguen el tipo de sangre”.
Y añadió: “Esas acusaciones son producto de mi forma de ser y de mi gusto por los animales…” (Proceso 1575).
A pesar de que siempre ha negado tener problemas legales en Estados Unidos, él y sus familiares fueron investigados por presuntas actividades ligadas al lavado de dinero.
Julio Scherer García, fundador de Proceso, es quien mejor ha retratado el alma atribulada de Hank Rhon. En su libro La terca memoria (Grijalbo, 2008), por ejemplo, el periodista reproduce una entrevista con Adela Navarro, editora del semanario Zeta –el que más ha investigado a Hank Rhon–, quien le declara que el político y empresario se ufana de haber salido limpio de la investigación conocida como White Tiger (Tigre Blanco).
–Señora, Hank Rhon sostiene que no tiene problema alguno con el gobierno de Estados Unidos. Cita que de la investigación conocida como White Tiger salió limpio.
–Hank Rhon dice parcialmente la verdad: White Tiger es una pesquisa congelada, pero eso no significa que el caso esté cerrado. Oculta el expresidente municipal, en cambio, la humillación a que lo someten nuestros vecinos. (…) Hank Rhon –explica– posee cuarenta automóviles a su estilo. Todos son de lujo, doscientos cuarenta mil o 500 mil dólares, cada uno con placas de los Estados Unidos…
Existen en la ciudad veinticuatro garitas para cruzar la “línea”. El gobierno de los Estados Unidos ideó un acceso que llamó “Sentri”, un paso VIP. Si usted se presenta en las oficinas correspondientes de aquel lado, muestra sus estados de cuenta, declaración de impuestos, comprobantes de residencia impecable, documentos transparentes, el FBI, que lo investigó hasta la minucia, autoriza para usted una tarjeta y lo registra en “Sentri”. (…)
A Hank Rhon el FBI lo investigó y le negó la tarjeta. Pienso que para su personalidad egocéntrica, aspirante a los más altos puestos de la política –el tiempo es mío, ha dicho más de una vez– no puede existir humillación comparable al rechazo del FBI. Hank Rhon, sus coches, sus guaruras, sus placas de los Estados Unidos, todo él ha de someterse y transitar por una de las veintitrés líneas por las que todos cruzamos para ir a los Estados Unidos y regresar a nuestro trabajo y al brazo que siempre nos aguarda.
Pero es la excentricidad lo que caracteriza a Hank Rhon. Él ha admitido que tiene una fortuna superior a los 2 mil 500 millones de dólares, que dispone de 300 pares de botas; incluso suele hacer alarde de su virilidad, pues ha procreado 22 hijos.
En La terca memoria Scherer García diseccionó el entorno familiar y personal del controvertido hijo del profesor Hank González:
Jorge Hank Rhon prepara su bebida favorita: Herradura reposado con una víbora de cascabel, una cobra, un pene de león, un pene de toro y a veces cabellos finos de osos grises del Canadá. En el vaso pueden quedar residuos de esos animales que, a trasluz, se miran como minúsculos pedazos de tripas bañadas en un líquido amarillento.
Scherer García viajó a Tijuana para conocer al personaje “de ilustre apellido”. Relata: Inmensamente rico, poderosamente instalado en la industria del PRI y en la industria del juego, heredero de la historia de su padre, Jorge Hank da de qué hablar como un personaje sin parecido visible. Es quien es, fruto de sus ideas, pasiones, ansias de poder, notoriedad y una vida envuelta en el crimen. Es punto obligado para hablar de la nube tóxica que enferma a buena parte de la población de Tijuana.
Apenas el 19 de febrero pasado, Frontera publicó en su primera plana una foto con un garrafón, nunca vacío, del tequila y sus componentes. La nota, firmada por los reporteros Jorge Morales y Ana Cecilia Ramírez, incluye un diálogo que inicia el priista multimillonario en dólares.
Scherer García lo reproduce intacto:
–Ven, tocayo, te voy a contar el secreto de mi virilidad.
–¿Cómo funciona? –pregunta el periodista.
–El tequila absorbe el poder de estos animales.
–¿Y se acaba el botellón?
–Cuando lo bajo, me lo van llenando.
Convencido de la fuerza sexual de la bebida, lo ofrece a sus incondicionales, a sus empleados y cómplices. También invita a las señoras a que mojen sus labios y nutran su cuerpo con el hallazgo que lo enorgullece.
La investigación
En 1997, la familia Hank Rhon fue sometida a una exhaustiva investigación en Estados Unidos denominada Tigre Blanco. A sus integrantes se les implicó en presuntas operaciones de lavado de dinero, crimen organizado y sobornos. Las autoridades que “ficharon” a los Hank eran del Departamento de Aduanas, la agencia antidrogas de Estados Unidos, el IRS (una oficina de impuestos), la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), así como funcionarios de California y del condado de San Diego.
La indagatoria tenía un origen: una vez Jorge Hank introdujo al país un tigre siberiano y se le hizo fácil transportarlo en su vehículo sin permiso. Jesús Blancornelas, fundador del semanario Zeta, escribió en aquella época que la policía lo detuvo y le decomisó el animalito. “Jorge le llamaba Negra. Pero el entonces cachorro fue enviado al zoológico. Desde entonces le llaman Blanca…”.
La investigación Tigre Blanco puso al descubierto los presuntos negocios sucios de los Hank en Estados Unidos. Buena parte de esas operaciones presuntamente estaban encubiertas por The Laredo National Bank, con sede en Texas, de las que los Hank se deshicieron a raíz de los escándalos en que se vieron envueltos.
Ya radicado en Tijuana, Jorge Hank se convirtió en una pesadilla para su padre, el profesor Carlos Hank González, secretario de Agricultura y de Turismo en distintos sexenios. En mayo de 1995 fue encarcelado horas después de bajar de un Boeing 727 de Japan Airlines, procedente de Japón.
En aquella ocasión Jorge recogió sus 12 maletas de las bandas de equipaje en la sala internacional. Luego se dirigió a Migración, donde un agente le ordenó: “Presione el botón”. Y enseguida se prendió la luz roja.
Jorge trató de convencer al agente aduanal de que traía “puras baratijas”. Al abrir las maletas, los agentes descubrieron colmillos de marfil, chalecos con perlas, esculturas y prendas con piedras preciosas incrustadas, globos terráqueos esmaltados, abrigos de ocelote, un águila con chapa de oro, caracoles plateados, una antigua silla de montar china, abanicos de madera de sándalo, pulseras, bastones… (Proceso 969.)
Pero él vociferaba: “¡Es pura bisutería!”. Incluso aseguró que el valor de sus pertenencias ascendía a mil dólares. El avalúo de la Secretaría de Hacienda determinó que los objetos transportados por él desde Japón, Singapur y China ascendían a 46 mil 500 dólares.
En 1988 fue señalado como presunto autor intelectual del asesinato del periodista del semanario Zeta Héctor Félix Miranda, El Gato Félix, ocurrido en abril de ese año. Dos años después, el 1 de mayo de 1990, fue capturado Antonio Vera Palestina, guarura de Jorge, señalado como el autor material del asesinato de Félix Miranda. Las evidencias volvieron a implicar a Jorge Hank en el homicidio del periodista.
Lo mismo sucedió 14 años después, cuando, el 22 de junio de 2004, fue ejecutado José Francisco Ortiz Franco, editor de Zeta. Y aunque las indagatorias de este caso mostraron evidencias de que los autores materiales del crimen estaban relacionados con el cártel de Tijuana, Jorge Hank volvió a ser objeto de sospechas.
El exalcalde de Tijuana es fiel retrato de su padre: sabe combinar los negocios con la política. Además de ser dueño del hipódromo Agua Caliente, obtuvo de Gobernación decenas de concesiones para instalar casas de apuestas cuando Emilio Chuayffet estuvo al frente de esa secretaría. Esos favores le permitieron abrir centros de apuestas, denominados Caliente, en varias entidades y en 12 países.
En México, algunos de esos negocios de Jorge, como los de Reynosa, Tamaulipas, han sido escenario de escándalos protagonizados por integrantes del cártel del Golfo. Durante 2007, por ejemplo, hubo varias balaceras propiciadas por miembros de esa organización. Los presuntos sicarios llegaban por la noche, amagaban al personal y se llevaban el dinero. El propio Jorge Hank admitió que los ataques fueron perpetrados por el narcotráfico. Las escenas se repitieron en los centros de apuestas de Veracruz y Saltillo.
No obstante su mala fama, Jorge Hank incursionó en la política y ganó la alcaldía de Tijuana en 2004, que encabezó durante poco más de dos años. Al poner en marcha el segundo operativo conjunto contra el narcotráfico a principios de 2007 –el primero se aplicó en Michoacán en enero de ese año–, la policía de Tijuana fue desarmada por efectivos del Ejército.
Esa corporación fue señalada como protectora del cártel de Tijuana, representado por la familia Arellano Félix, debido a que varios de los uniformados trabajaban para esa organización criminal como gatilleros y secuestradores. Así mismo, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), al frente de la cual estaba José Luis Santiago Vasconcelos, veía a Hank Rhon como “un obstáculo” para las investigaciones criminales en Tijuana.
Pese a sus yerros como presidente municipal, Hank contendió como candidato del PRI a la gubernatura de Baja California en los comicios de 2007. Su proyecto político resultó un fiasco. El 22 de junio de ese año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le anuló su candidatura cuando estaba en plena campaña, la cual reanudó tras obtener un fallo a su favor.
Finalmente, el hijo del profesor Hank González perdió la contienda ante el panista José Guadalupe Osuna Millán. La víspera de los comicios, Jorge todavía se ufanaba: “Vamos a ganar tres a uno”.
Los traspiés políticos de Jorge también afectaron a Carlos Hank Rhon, su hermano mayor, quien en 2004 no pudo ser candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, pese al apoyo del entonces dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo.
Un pequeño incidente
En 2008, un escándalo callejero puso de manifiesto el estrecho vínculo entre Jorge Hank Rhon y Antonio Vera Palestina, quien fungió como su jefe de seguridad hasta que fue aprehendido en mayo de 1990. El lugar de Antonio lo ocupó años después su hijo Jorge Vera Ayala, quien en marzo de ese año tuvo una discusión con un policía ministerial en Tijuana.
El desaguisado ocurrió el 19 de marzo de 2008 en un estacionamiento público de la colonia Marrón, en ese municipio fronterizo.
Rodeado de sus subalternos, el jefe de escoltas de Jorge Hank llegó a ese sitio y, al disputar un lugar para estacionar su camioneta, se hizo de palabras con el agente.
El tono de los insultos mutuos fue subiendo. Vera Ayala alcanzó el clímax: sacó su pistola y disparó a una de las llantas del vehículo del policía, quien de inmediato pidió refuerzos por radio. Minutos después llegaron decenas de agentes, detuvieron a Vera Ayala y lo llevaron a los separos de la Unidad Orgánica contra Homicidios Dolosos de la Subprocuraduría de Justicia de Baja California.
Al ser presentado en calidad de detenido, en las oficinas del Ministerio Público ya se encontraba Félix Moreno, enviado por el patrón de Vera Ayala, dispuesto a resolver el problema. El abogado tenía experiencia en estas lides: había sido director de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública cuando Jorge Hank fue alcalde de Tijuana. Así, lo que parecía un caso grave por el hecho de haber disparado un arma de fuego en un acto de agresión, fue minimizado y trastocado en las actas.
El hijo de Antonio Vera Palestina, quien purga una condena de 27 años por el crimen de El Gato Félix, declaró simplemente que se había alterado. Tras practicarle una prueba, la Agencia del Ministerio Público dictaminó que Vera Ayala no había disparado su arma.
Cumplido el trámite, en menos de una hora el pistolero de Hank se retiró tranquilamente de las oficinas ministeriales en compañía de Jerónimo, su hermano gemelo. l

Mexico Security Memo: Feb. 2, 2009

Mexico Security Memo: Feb. 2, 2009
February 2, 2009 2050 GMT
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Tracking Mexico’s Drug Cartels
Hints of a Possible Cartel Cease-fire
Violence related to organized crime continued across Mexico this past week. Among the more noteworthy incidents was the discovery of three severed heads inside a cooler just outside Ciudad Juarez, Chihuahua state. Meanwhile, some 20 armed men shot and killed two police officers in San Miguel Totolapan, Guerrero state, then set fire to two buildings before fleeing. And in Durango, Durango state, a group of gunmen traveling in at least one vehicle shot and killed two people.
While violence in most of the country continues at a level we have come to expect, Sinaloa state registered a noticeable decrease in homicides. This decline also coincided with reports that Mexico’s major drug-trafficking organizations had reached at least a limited cease-fire as a result of several meetings held in December. Rumors of such meetings and truces are quite common in Mexico, and more often than not, such agreements quickly break down. Nevertheless, the situation warrants monitoring, especially considering that this has been a year of flux in cartel relationships, and any new truces or alliances could have a significant impact on the country’s security environment.
Talk of a Shift in Strategy
Mexican Attorney General Eduardo Medina Mora told a group of legislators this past week that the United States and Mexico are finalizing a new strategy for the fight against the cartels that will be launched in the next few days, according to several press reports. The new strategy will focus on slowing the flow of weapons and money crossing into Mexico from the United States, one Mexican legislator said, adding that it would involve a change in actions in two current hot spots of violence: Ciudad Juarez, Chihuahua state, and Tijuana, Baja California state. Another Mexican congressional source told reporters that Mexico City and Washington have been in contact regarding how to combat organized crime. During the meeting, several congressmen from northern Mexican states reportedly complained to Medina Mora about the continuing violence in their districts and the general lack of progress in the cartel war. Also this past week, the U.S. Department of Homeland Security ordered a top-down review of border policy, which includes customs, immigration and other law enforcement functions.
While at first glance these reports suggest that Mexico and the United States might soon adopt a new approach to fighting the cartels, it is important to recall that this is not the first time the Mexican government has considered a so-called shift in strategy. In many cases, such reports often turn out to be intended to show the Mexican public and congress that the federal government is considering all options and pursuing a coherent strategy. It would appear that is the case with these latest reports as well, especially given that breaking up weapons trafficking networks in the United States — something law enforcement north of the border has been engaged in for a long time — is hardly a new strategy. Nevertheless, Medina Mora’s statement could be an indication of a U.S. reassessment of the situation, something Stratfor has been looking for from the new Obama administration.
Sinaloa Cartel Operations in Nicaragua
The Sinaloa cartel continues to operate drug-trafficking routes in Nicaragua and is looking to recover its operations along the country’s Pacific coast, Nicaraguan national police chief Aminta Granera reported this past week. Granera said that the majority of Sinaloa operatives are Nicaraguan nationals from the eastern part of the country who operate in the west, citing recent arrests and small cocaine seizures in the western cities of Rivas, Chinandega and Villanueva (though the Chinandega arrest also involved Salvadoran nationals). She added that the trafficking routes involve land and maritime components, and that most small boats tend to sail in international waters to avoid running into Nicaraguan authorities.
Despite Granera’s description of the arrests, it appears that they have had little impact on the Sinaloa cartel’s operations there. The routes and trafficking patterns described by Granera closely match previous arrests and seizures associated with Sinaloa operations in Nicaragua. In addition, Granera’s description of arrest locations suggests that Sinaloa continues to operate the same routes as before, presumably still relying on private vehicles to carry small shipments from Costa Rica to El Salvador. While the arrests will be a nuisance to the organization, there is no reason to think the routes cannot quickly be restored.
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Jan. 26
Assailants armed with assault rifles shot and killed two men in Zapopan, Jalisco state.
Mexican army officials reported discovering and destroying a marijuana field and clandestine airstrip near Jilotlan de los Dolores, Jalisco state, believed to have been used by the Sinaloa cartel.
Authorities at Panama City’s international airport reported the arrest of a Mexican man in possession of $430,464 that he failed to declare upon arriving on a flight from Mexico City.
At least five gunmen shot and killed five motorcyclists at a seafood restaurant in Ciudad Juarez, Chihuahua state. At least 10 others were killed in separate incidents in the state.
Mexican officials confirmed that alleged Sinaloa operative Lamberto Verdugo Calderon died in a firefight with Mexican army forces in Sinaloa state on Jan. 22.
Jan. 27
Federal police arrested one Russian and one Cuban citizen, both reportedly U.S. residents, on charges of human smuggling in Frontera Comalapa, Chiapas state.
Jan. 28
Authorities in Cosoleacaque, Veracruz state, discovered the body of an unidentified man bearing signs of torture.
Several gunmen in a vehicle shot and killed three unidentified people in La Mesa, Baja California state.
Police near Durango, Durango state, found the body of a man who had been kidnapped several days before. Authorities believe he had been beaten to death.
Several gunmen shot and killed two police officers in Chihuahua, Chihuahua state.
Authorities recovered more than 20,000 rounds of ammunition, as well as assorted firearms and grenades, from a safe house in Culiacan, Sinaloa state.
Jan. 29
Mexican army forces raided a safe house in a suburb of Monterrey, Nuevo Leon state, seizing some seven vehicles and undisclosed documents.
Feb. 1
At least one assailant shot and killed a police officer in Guadalupe y Calvo, Chihuahua state.
Tell Stratfor What You Think

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Cierre de sesiones de Comisión Permanente

Al declarar formalmente concluidos los trabajos del primer receso del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, César Duarte Jáquez, aseveró que con el trabajo realizado en este receso “se valida la vigencia de uno de los poderes de la federación y demuestra que la tesis del Estado fallido en México no se cumple”.

Duarte destacó que a pesar de la brevedad del receso, el trabajo fue intenso y productivo.

Informó que durante las nueve sesiones celebradas, este cuerpo colegiado tramitó 42 iniciativas y 138 proposiciones con punto de acuerdo; concedió licencias para separarse de sus cargos a 9 diputados y a un senador; y conoció la reincorporación a sus actividades legislativas de dos legisladores.
Como parte sustantiva del trabajo de la Comisión Permanente se aprobaron 66 dictámenes con puntos de acuerdo relativos a 74 proposiciones sobre temas de interés nacional de diversa naturaleza; 15 proyectos de decreto relativos a permisos constitucionales y 3 puntos de acuerdo por los que se ratificaron los nombramientos del Ejecutivo federal de 17 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 2 de embajadores, quienes rindieron sus correspondientes protestas de ley. Asimismo, se recibió el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos correspondiente al 2008.
Éstos son, en una apretada síntesis, los trabajos desarrollados de la Comisión Permanente durante este receso del Congreso de la Unión.
Reconozco el trabajo y el esfuerzo empeñados por cada uno de mis compañeros legisladores; agradezco a mis compañeros vicepresidentes y secretarios de la Mesa Directiva que me apoyaron en la conducción de las sesiones.

Los asuntos pendientes de resolver por las Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente se turnaron a las Comisiones correspondientes de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

***

Inmediatamente se instaló el segundo período de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio.

Ambas Cámaras citaron el próximo miércoles 4 de febrero a las 11:00 horas.

Narco violencia de exportación

Según el informe Mexico Security Memo: Feb. 2, 2009
Violence related to the drug trade is rampant in Mexico, where gunmen are every bit as brutal as the death squads in Iraq. The Mexico Security Memo is a weekly summary report concerning instability and key incidents.

Narco violencia de exportación
JORGE CARRASCO ARAIZAGA, reportero

Revista Porceso (www.proceso.com.mx), 1 de febrero de 2009;
La penetración de los cárteles mexicanos en Estados Unidos comienza a preocupar a las agencias policiacas federales de ese país. Para el Pentágono ya es un problema de seguridad nacional. La guerra del crimen organizado podría trasladarse al otro lado de la frontera por las alianzas de los cárteles del Golfo, Juárez, Tijuana y Sinaloa con bandas “bien establecidas” que operan desde cárceles y en las calles de Texas, Arizona y Nuevo México.
Los cárteles mexicanos de la droga se han aliado con bandas estadunidenses de diferente origen étnico que actúan en ambos lados de la frontera y amenazan con reproducir, en el sur de Estados Unidos, la violencia que se registra en México.
La mayoría son de origen hispano, pero también ya hay organizaciones delictivas integradas por negros y supremacistas blancos que se disputan el control del negocio de la distribución de mariguana, cocaína y heroína que llega de México, además de su participación en el tráfico de armas hacia el sur de la frontera.
Una de las bandas más importantes es Barrio Azteca, que opera en Texas, Nuevo México y Arizona en alianza con el cártel de Juárez, pero que ha trabajado también para el cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán.
Es tal la expansión de esas organizaciones del lado estadunidense de la frontera, como brazos de los cárteles mexicanos, que el pasado 27 de enero el jefe del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, el almirante Michael Mullen, hizo pública su “extrema preocupación” por el fenómeno.
En un encuentro en Washington con la prensa extranjera para hablar sobre las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, Mullen destacó que varios jefes de los comandos que integran las Fuerzas Armadas coinciden en esa evaluación. Citó entre ellos a James N. Mattis, jefe del Comando de Fuerzas Conjuntas, y a Víctor E. Renuart, jefe del Comando Norte.
“Estoy extremadamente preocupado” por la frontera con México y (en general por) la guerra contra las drogas” en ese país, respondió el almirante cuestionado por la prensa mexicana.
Máximo mando militar estadunidense, Mullen dijo que el creciente número de asesinatos y secuestros ocurridos en los últimos dos años a causa del narcotráfico “tiene toda nuestra atención” como problemas para la seguridad nacional de Estados Unidos, además de los conflictos en Afganistán, Irak y Paquistán.
De acuerdo con la firma estadunidense de inteligencia Stratfor, hay por lo menos nueve bandas “bien establecidas” que actúan desde cárceles estadunidenses y tienen operadores en las calles, así como “contactos” con guardias fronterizos y policías locales para facilitar el tráfico de drogas a Estados Unidos.
En un reporte fechado el 19 de noviembre pasado, Stratfor establece que esos grupos, integrados por miembros de diferentes nacionalidades, ayudan a las organizaciones de narcotraficantes mexicanos al contrabando y distribución de narcóticos en Estados Unidos, toda vez que la frontera es el punto de revisión de mayor obstáculo en la cadena de proveedores de la droga.
Aparte de Barrio Azteca y su relación con el cártel de Juárez, identifica a Hermanos Pistoleros Latinos, en Houston; el Texas Syndicate y Tango Blast, que operan en el Valle de Río Grande como aliados del cártel del Golfo, y la Mafia Mexicana, en California y Texas, que trabaja con los cárteles de Tijuana y Sinaloa. Stratfor también ha identificado bandas que actúan en Estados Unidos con grupos mexicanos como Mexikanemi, Norteños y los Sureños, y otras como Latin Kings y la MS-13, de la Mara Salvatrucha.
Una serie de audiencias efectuadas en noviembre pasado en la Corte federal de El Paso, Texas, relacionadas con la detención de seis miembros de Barrio Azteca, le permitieron a Stratfor conocer detalles sobre la operación e integración de la organización delictiva surgida en la prisión estatal de Texas en 1986.
De los seis detenidos, tres son considerados miembros de la plana mayor de la organización: Benjamín Álvarez, Manuel Cardoza y Carlos Perea. Los otros son uno de sus asistentes, Said Francisco Herrera; el lugarteniente Eugene Mona, y el asociado Arturo Enríquez.
Los grupos asociados a los cárteles mexicanos son más que pandillas callejeras y actúan por regiones, lo que les permite a aquellos tener contactos con tres o cuatro bandas a la vez. La mayoría la integran mexicanos inmigrantes o estadunidenses de origen mexicano. Pero según la empresa dedicada al análisis de seguridad e inteligencia, en las zonas más conflictivas del mundo también hay “grupos de blancos supremacistas, bandas de motociclistas de razas mezcladas y bandas callejeras de afroestadunidenses (que) han formado extensas alianzas con los cárteles mexicanos”.
En lo que constituye un reconocimiento de que existen complicidades en Estados Unidos con los cárteles mexicanos, el reporte señala que para cruzar diariamente grandes cantidades de droga “se requiere de conexiones locales dedicadas a corromper guardias o policías de las ciudades fronterizas”.
Precisa que las bandas del lado estadunidense también tienen contactos con vendedores de droga al menudeo, quienes obtienen grandes ganancias por el elevado precio de las dosis.
Las revelaciones hechas en el proceso judicial contra Barrio Azteca llevan a Stratfor a advertir sobre un potencial traslado de la violencia de México a Estados Unidos: “La asociación (entre los cárteles mexicanos y las bandas estadunidenses) va más allá de los narcóticos; incluye también la violencia”.
En seguida, expresa un temor: “A la luz de los altos niveles alcanzados en México relacionados con el tráfico de drogas, hay una genuina preocupación de que esa violencia (y corrupción) se pueda extender dentro de Estados Unidos”.
Califica esa posibilidad como “terrorífica”, aunque la violencia no es nueva. “Hasta ahora, los cárteles mexicanos y sus aliados estadunidenses se han enfocado en aquellos que están directamente involucrados en el tráfico de drogas. Si esta restricción va a continuar, es algo que no está claro. De cualquier manera, el daño colateral siempre es una posibilidad”.
Tropas narcomenudistas
Los antecedentes de Barrio Azteca mencionados en las audiencias de la Corte federal indican que el grupo se formó en 1986 como resultado de las fuertes tensiones raciales en la cárcel de El Paso.
Su control de las prisiones estadunidenses ha sido tal que de 1996 a 2002 utilizó como “correo”, entre sus miembros dentro y fuera de la prisión, al funcionario Sandy Valles New, quien trabajó en la sección de investigaciones de la Oficina del Defensor Público Federal en El Paso. Valles también sostenía comunicación con miembros de Barrio Azteca en Ciudad Juárez.
De la cárcel de El Paso la organización delictiva se extendió a otras y actualmente abarca a todas las prisiones de Texas. Además, con exconvictos logró una fuerte presencia en las calles de esa ciudad fronteriza con Ciudad Juárez, Chihuahua, asiento del cártel que encabeza Vicente Carrillo Fuentes.
A finales de los noventa comenzó a trabajar con El Chapo Guzmán, que de acuerdo con Stratfor controlaba los cargamentos de droga a Ciudad Juárez. Apoyada en testimonios que obtuvo entre los acusados y la fiscalía, la firma asegura que el grupo ahora está aliado sólo con el cártel de Juárez, que “desde hace tiempo controla la mayor parte del estado de Chihuahua, y rompió su relación con el cártel de Sinaloa a principios de 2008”.
Sobre la operación de Barrio Azteca, asegura que provee de “soldados rasos” al cártel de Vicente Carrillo por órdenes de este capo. Recuerda que el 3 de noviembre pasado, 10 presuntos integrantes de la organización texana fueron detenidos en Ciudad Juárez con cuatro “cuernos de chivo”, pistolas y equipo de radiocomunicación cuando al parecer iban a cumplir una misión. Se les vincula con 12 asesinatos.
Según los testimonios recabados por Stratfor, los vendedores callejeros de droga en Estados Unidos deben pagar “impuestos” a Barrio Azteca para continuar con su negocio. Josue Aguirre, un exmiembro de la banda que se convirtió en informante del FBI, aseguró durante el proceso que tan sólo en El Paso la organización hace ese cobro en 47 calles. Quien no paga es asesinado.
El dinero recolectado va a los lugartenientes y capitanes de la banda, que reciben 50 y 200 dólares mensuales, respectivamente, “por compensación”. La mayor parte del dinero es transferida a cuentas de los jefes de la organización, como los tres detenidos. Otra parte del dinero va al cártel proveedor de la droga, en Ciudad Juárez.
Por su ayuda táctica, la banda recibe descuentos en el precio de la droga por parte del cártel de Vicente Carrillo. Cuando alguno de los miembros del grupo es amenazado en México, es escondido en El Paso bajo la protección de Barrio Azteca.
Otro “servicio” que los texanos prestaron a sus socios mexicanos es el que reveló en su testimonio Gustavo Gallardo, un exintegrante de la banda: el secuestro de un individuo en El Paso que se había quedado con parte del dinero del cártel de Juárez. Lo trasladaron a una casa de seguridad de El Paso y de ahí lo llevaron a Ciudad Juárez, donde desapareció.
Stratfor asegura que con los secuestros de personas que son llevadas de El Paso a Ciudad Juárez para ser detenidas o asesinadas, se demuestra que existe un “vínculo de la violencia en México y Estados Unidos”.
Para la firma, el refugio obligado de miembros de la organización de Carrillo Fuentes en El Paso es un peligro para la seguridad en Estados Unidos: “Mientras más líderes del cártel de Juárez crucen la frontera para esconderse en Estados Unidos, los enemigos del cártel pueden estar más tentados a seguirlos y matarlos en territorio estadunidense”.
Considera que otras organizaciones delictivas en California, Arizona y Nuevo México podrían seguir la misma trayectoria.
Según Stratfor, una muestra de que la violencia saltó de México a Estados Unidos es que se han cometido secuestros y ataques contra agentes de la Patrulla Fronteriza, si bien hasta ahora no han sido asesinados oficiales de las agencias estadunidenses de procuración de justicia o de civiles, “aunque se ha estado cerca de eso”.
Para la citada firma, el hecho de que la violencia no haya llegado a esos niveles se debe a que para los cárteles mexicanos no es atractivo provocar una respuesta coordinada de agencias estadunidenses como la Drug Enforcement Administration (DEA), el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) y el Federal Bureau of Investigation (FBI).
Mantener la violencia en niveles bajos y concentrada en las bandas rivales, así como en los vendedores callejeros de droga, tiene a los cárteles alejados de las citadas agencias. Pero en el momento en que esos índices se disparen o sean asesinados policías o civiles estadunidenses, advierte Stratfor, aumentaría la vigilancia y la represión por parte del gobierno de Estados Unidos.
Otro motivo por el que según la firma de inteligencia la violencia transfronteriza se ha mantenido en niveles bajos, es que las bandas son esenciales para el tráfico de estupefacientes y el movimiento de las ganancias.
Si bien reconoce que el proceso judicial contra los jefes de Barrio Azteca podría minar su actividad en la comercialización de drogas en el corredor El Paso-Ciudad Juárez, señala que la organización no se vería demasiado afectada debido al control que ésta ejerce desde el interior de las cárceles no sólo desde Texas, sino de Nuevo México y Arizona.
Lo que sí ocurriría, indica la firma, es que Barrio Azteca podría estar bajo mayor escrutinio, por lo que sus miembros en ambos lados de la frontera han recibido órdenes de bajar el perfil hasta que haya una resolución judicial del proceso.
Ante este vacío, el cártel de Juárez podría verse obligado a proveerse a sí mismo de seguridad para refugiarse en Estados Unidos, pero sobre todo podría incrementar los índices de violencia entre las bandas rivales en su disputa por el control del tráfico de drogas.
En el análisis de Stratfor se asegura que si los cárteles mexicanos sienten afectadas sus operaciones en Estados Unidos, en algún momento podrían entrar en choque con las agencias de seguridad estadunidenses.

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http://www.stratfor.com/

Ex zar antidrogas

El zar antinarco recibía dinero... del narco
RICARDO RAVELO, reportero

Revista Porceso (www.proceso.com.mx), 1 de febrero de 2009;

Desde que era un funcionario clave de la PGR y hasta su detención el sábado 24, Mariano Herrán Salvatti ha estado bajo sospecha en diversos casos relacionados con la delincuencia organizada. Ya sin protección política, el zar antidrogas del sexenio zedillista enfrenta graves cargos de corrupción y narcotráfico. Y en vista de los altos cargos que ha desempeñado Herrán, tales acusaciones explican en gran medida la enorme vulnerabilidad de las corporaciones policiacas ante los cárteles de la droga.
Después del golpe que en 1997 recibió la Procuraduría General de la República (PGR) tras la detención del general Jesús Gutiérrez Rebollo, entonces zar antidrogas y a quien se acusó de servir al capo Amado Carrillo Fuentes, el gobierno de Estados Unidos y la Drug Enforcement Administration (DEA) avalaron el nombramiento de Mariano Herrán Salvatti como “la persona ideal” para dirigir el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD).
En aquella época Herrán era subprocurador en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde realizó un trabajo de investigación relevante sobre la exhumación del cadáver hallado en la finca El Encanto –cuya propiedad se le atribuyó a Raúl Salinas– y que fue presentado públicamente por la PGR, entonces a cargo de Antonio Lozano, como los despojos del desaparecido Manuel Muñoz Rocha, el llamado “eslabón perdido” en el caso del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y a quien se acusa de haberlo planeado.
Al tomar posesión de su cargo en el INCD, el 10 de marzo de 1997 –uno de los años más convulsionados por la guerra entre cárteles–, Mariano Herrán asumió el reto de enfrentar al narcotráfico con una declaración enfática: “La corrupción derivada del narcotráfico ha llegado a los más altos niveles de las instituciones encargadas de combatirlo”.
Jorge Madrazo Cuéllar, entonces procurador general de la República, festejó el nombramiento; destacó los atributos de Herrán y dijo que el presidente Ernesto Zedillo decidió nombrarlo comisionado del INCD porque aprobó rigurosos exámenes en los que demostró “fehacientemente su lealtad, honradez, ética profesional, capacidad y eficacia”.
La DEA, por su parte, avaló el perfil de Herrán Salvatti sin cortapisas. Y Barry McCafrrey, en aquellos años director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, también elogió al nuevo zar antidrogas de México.
Doce años después, Mariano Herrán cayó en desgracia. El sábado 24 fue aprehendido por la Policía Judicial de Chiapas –su entidad natal y adonde se refugió tras finalizar el sexenio zedillista– y ahora enfrenta cargos por varios presuntos delitos: peculado de 6 millones de pesos, asociación delictuosa, ejercicio indebido del servicio público y abuso de confianza en agravio del patrimonio estatal.
Apenas el año pasado, el funcionario consiguió un amparo en contra del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de Chiapas, que lo señaló como presunto responsable del desvío de 170 millones de pesos del Fondo contra la Delincuencia Organizada entre 2002 y 2007, ya que entonces manejaba ese recurso la extinta Fiscalía General del Estado, encabezada por Herrán Salvatti.
Con todo y el amparo, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas inició la semana pasada una averiguación previa por ese caso.
En cuanto al supuesto peculado por 6 millones de pesos, en las auditorías practicadas al ejercicio de 2006 se encontró que falta documentación que compruebe y justifique el gasto; que hay erogaciones improcedentes e incumplimiento de una norma en materia de adquisiciones.
Por estos señalamientos Herrán fue encarcelado en el penal de El Amate, el mismo al que él envió a decenas de indígenas acusados de delitos no comprobados hasta ahora.
Narcotráfico y corrupción
Herrán Salvatti también aparece vinculado con el narcotráfico. Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008 –integrada a raíz de que el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, anunció la Operación Limpieza–, el exfuncionario federal recibió sobornos de los capos de la droga cuando fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) de 1997 a 2000.
Lo incrimina el testigo protegido con clave David, un exmilitar cuyo verdadero nombre es Roberto García García, quien trabajó para la división policiaca adscrita a la FEADS a partir de 1997, luego fue comisionado a la fiscalía antidrogas de la PGR bajo el mando del capitán Fernando Rivera, quien también fue jefe del área de inteligencia de la SIEDO y ahora está acusado de servir, desde ese puesto, a la organización de los Beltrán Leyva.
El testigo está acusado de delitos relacionados con la delincuencia organizada, dentro de las investigaciones que derivaron en la Operación Limpieza. Concretamente se le acusa de formar parte del grupo de funcionarios de la SIEDO que servía al cártel de Sinaloa y a capos como Sergio Villarreal Barragán, El Grande, afincado en la Comarca Lagunera.
Sobre los sobornos a Herrán Salvatti, David declaró lo siguiente en una ampliación de su testimonio, fechada el 20 de agosto de 2008:
Es de señalar que en un hecho que el declarante se ha referido en declaración anterior, cuando en un restaurante cercano al ángel de la Independencia (sic), en el Distrito Federal, Fernando Rivera recibió del “19” (operador del cártel de Sinaloa) la primera cantidad de dinero por apoyar al cártel de los Beltrán Leyva…
El licenciado Óscar (nombre falso que utilizaba Rey Zambada García, hermano de Ismael Zambada, El Mayo) es propietario de una mueblería que se localiza en Santa Fe… José Antonio Cueto López (señalado como el contacto de los Beltrán con funcionarios de la PGR) le comunicó al declarante que conoce al licenciado Óscar desde la FEADS, agregando que Cueto asegura que Óscar le mandaba dinero, sin decir cantidad, a Hiram González, que era el coordinador administrativo de la FEADS, quien le daba su parte al entonces fiscal Mariano Herrán Salvatti.
Al finalizar el sexenio de Ernesto Zedillo, Herrán Salvatti abandonó el cargo de fiscal antidrogas y fue nombrado procurador de Justicia de Chiapas por el entonces gobernador Pablo Salazar Mendiguchía. Pero en la FEADS dejó una estela de escándalos por presuntos actos de corrupción, algunos similares a los que ahora enfrenta en Chiapas.
Casi un mes después de que Herrán salió de la FEADS, el periodista Miguel Badillo dio a conocer en su columna Oficio de Papel (El Universal, 25 de noviembre de 2000) que presuntamente el exfiscal antidrogas había desviado 750 mil dólares que el área de inteligencia de la embajada de Alemania en México entregó en efectivo a la FEADS para adquirir un moderno equipo de intercepción y apuntalar así la lucha contra el narcotráfico.
“El jefe de inteligencia de la embajada en México, Federic Koch, y el agente Stephan Koop –escribió Badillo– se encuentran desconcertados por el engaño del que fueron objeto cuando la FEADS no pudo comprobar ni justificar fehacientemente dicho gasto, pues el equipo que les fue mostrado como de reciente adquisición se trata de un aparato desgastado que supuestamente la DEA les habría obsequiado y que a pesar de su evidente uso ahora presentaron como nuevo.”
Según el columnista, en el escándalo estaban implicados, además de Herrán, sus subalternos José Luis Santiago Vasconcelos y Jorge Espejel Contreras, quien trabajó a la sombra de Jorge Tello Peón –actual asesor del presidente Felipe Calderón en materia de seguridad–, del exgobernador de Morelos Jorge Carrillo Olea y de Jesús Gutiérrez Rebollo, de quien Espejel fue secretario particular.
En ese texto Badillo también se ocupó del presunto enriquecimiento de Herrán Salvatti y sus colaboradores tras salir de la FEADS:
“Las corruptelas en la UEDO que ahora son investigadas por la Secretaría de la Contraloría, como son la desviación de fondos para gastos de investigación y viáticos, se quedan cortas con lo que sucedió en la FEADS en tiempos de Herrán Salvatti, quien tendrá que dar cuentas de cómo obtuvo la supuesta residencia que posee en Acapulco con valor de 3 millones de dólares, más otro millón en decoración, muebles, exquisitas y costodas bebidas en la cava y selectos vinos traídos de Europa y Sudamérica.”
El periodista se refiere también a los bienes que, supuestamente desde el año 2000, posee Hiram González, el excoordinador administrativo de la FEADS mencionado por David como el que le daba el dinero del narco a Herrán: un departamento valuado en 2 millones de pesos en la colonia Del Valle, una residencia en Satélite y vehículos de lujo. Proceso corroboró que ninguno de esos señalamientos fue investigado.
Oro para el “Fiscal de Hierro”
Un año después de haber asumido el cargo, el 20 de marzo de 1998, Herrán comenzó a contradecir su propio discurso de toma de posesión como zar antidrogas: el 20 de marzo de 1998 declaró que la DEA le había otorgado una carta de buena conducta a los policías federales antinarcóticos de México: “La DEA no tiene la percepción de que exista una corrupción generalizada entre los agentes de la PGR”.
La realidad comenzó a desmentirlo. En octubre de 1997, siete meses después de haber sustituido al general Gutiérrez Rebollo, Herrán Salvatti nombró a uno de los agentes federales más cercanos a él, Carlos Eduardo Silva Urrutia, El Pantera, como subdelegado sustantivo de la FEADS en Veracruz, adscrito al área de intercepción marítima y terrestre.
Meses después, Silva Urrutia fue acusado por la UEDO de recibir dinero del narcotráfico, en particular de la célula encabezada por Albino Quintero Meraz, exmiembro del cártel de Juárez que formaba parte de la “célula del sureste”, representada en Cancún por Alcides Ramón Magaña, El Metro.
De acuerdo con las declaraciones ministeriales de los testigos protegidos Gildardo Muñoz Hernández y Alberto Treviño –este último tiene la clave Roberto–, Silva Urrutia, el agente de confianza de Herrán Salvatti, protegía el descenso de aviones que venían de Colombia cargados de cocaína y aterrizaban en las llanuras del municipio de Playa Vicente, Veracruz.
En su declaración preparatoria Gildardo Muñoz narró otros detalles de las operaciones ilícitas de Silva Urrutia; por ejemplo, que formaba parte de la organización de Quintero Meraz y que se encargaba de hacer los pagos a quienes le brindaban protección a su patrón. Menciona ...dos pagos para El Pantera de Jesús, refiriéndose al policía judicial federal adscrito a Veracruz. Ambos pagos fueron realizados el quince de mayo del presente (1998), uno por 700 mil dólares y por 50 mil dólares el otro en la ciudad de México (sic).
No todas las investigaciones realizadas por Herrán Salvatti como fiscal antidrogas fueron exitosas. Una de las más fuertes sacudidas que enfrentó fue el llamado Maxiproceso contra integrantes del cártel de Juárez, del cual derivó el “caso Cancún”.
Con base en esta indagatoria Herrán Salvatti acusó infructuosamente a varios empresarios, entre ellos a los hermanos García Zalvidea, de lavar dinero para el cártel de Juárez, que encabezaba Amado Carrillo Fuentes.
El fracaso fue rotundo: de poco más de 150 personas implicadas en el Maxiproceso, la mayoría ya recobró su libertad por falta de pruebas. No sólo eso: en plena investigación, y cuando estaba a punto de ser detenido, Mario Villanueva logró fugarse a pesar de la estricta vigilancia a la que supuestamente lo sometió Herrán.
A éste se le preguntó en una ocasión posterior si el caso Villanueva era su gran fracaso, y él respondió: “No, yo dejé el caso Cancún bien sustentado y con las evidencias suficientes para demostrar su culpabilidad y actuar en consecuencia” (Proceso 1278).
Herrán Salvatti y el procurador Jorge Madrazo Cuéllar fueron los artífices de la incorporación de militares en la lucha antidrogas. En 1997, cuando ambos despachaban en la PGR, solicitaron que elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército Mexicano se incorporaran a la FEADS para apuntalar la lucha antidrogas.
Buena parte de los militares que entonces realizaron labores policiacas dieron origen a Los Zetas, grupo que el capo Osiel Cárdenas (que entonces emergía como poderoso jefe del cártel del Golfo) creó para que le sirvieran de cerco protector.
Según investigaciones posteriores, la mayoría de los integrantes originales de ese grupo armado salieron de la FEADS, dependencia que Herrán dejó infiltrada por el narco y que en 2002 desapareció por los escándalos de corrupción en que se involucraron sus agentes.
Durante los tres años que fue fiscal antinarcóticos, Mariano Herrán Salvatti también fue acusado de “traición y engaño” por Manuel Bitar Tafich, acusado de ser el cerebro financiero del cártel de Juárez y procesado en 1997.
En una entrevista con este reportero (Proceso 1494), Manuel Bitar declaró que, tras la muerte de Amado Carrillo (“mi compadre Amado”), en julio de 1997 Herrán Salvatti declaró a la prensa que él, Bitar, “había sido detenido en Chile. Eso no es cierto –aclaró–, yo fui aprehendido en un hotel de la Ciudad de México y Herrán me engañó”.
–¿Por qué lo engañó? –se le preguntó.
–A mi regreso de Chile, yo había tramitado un amparo en México para no ser detenido. Me entrevisté con él (Herrán) y me pidió que lo ayudara en la investigación (sobre el traslado del cártel de Juárez a Sudamérica) y que luego me podía ir a mi casa. Yo le creí y rompí el amparo. Entré a las oficinas de la FEADS y ya no pude salir: fui retenido y luego encarcelado.

Purificación Carpinteyro

Tal y como se esperaba.

Purificación Carpinteyro, fue destituida del cargo de subsecretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Rebelión en la Granja

La columna Expedientes abiertos de Roberto Rock en El Universal (02/02/2009) señala que "Una subsecretaria, con apenas unos meses en el cargo, decide intervenir llamadas telefónicas y correos electrónicos de su jefe, quien encabeza una entidad estratégica del gobierno, una de las más expuestas a la presión política y financiera, dentro y fuera del país.
Esta funcionaria, que hace gala de su cercanía con la pareja presidencial, arma cónclaves con periodistas, desliza evidencias de supuestas o reales cuentas bancarias en Suiza a nombre de su jefe, y de tratos privados con contratistas. Pero asumiéndose intocable, pacta acuerdos con actores externos para frenar planes gubernamentales, y le impone gestores a terceros para conducir negociaciones con ella misma.
En la escena final de la historia, busca sin éxito audiencia en Los Pinos, segura de que brincará al puesto superior. En cambio, es obligada a entregar los documentos en su poder al secretario de Gobernación y se le ordena dejar su oficina. Amenaza entonces con dar conferencia de prensa y, por lo pronto, toma dilatadas vacaciones, lo que pone en suspenso al gobierno en su conjunto.
No, no está usted leyendo el borrador de una telenovela que incluye a políticos y burócratas. Es en breve, la historia de Purificación Carpinteyro, la subsecretaria de Comunicaciones de la administración Calderón. Su renuncia, que puede formalizarse hoy, ha estado acompañada de un escándalo que todavía puede incluir nuevos y sórdidos capítulos."

Y tal como lo escribió Roberto, este día el Presidente Calderón Hinojosa, designó a Gabriela Hernández Cardoso como Subsecretaria de Comunicaciones "quien presentó su renuncia por motivos personales." Hernández Cardoso, señala el comunicado es egresada de la Escuela Libre de Derecho y se venía desempeñando desde septiembre de 2007 a la fecha, como Directora General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT.

Reacciones

Por lo pronto la Sra Carpinteyro acusó a su exjefe Luis Téllez, de obstaculizar la ejecución de acciones necesarias para el desarrollo del sector.

En una carta pública, enviada este lunes 2 de febrero respondió al comunicado oficial, en el que se señaló que su renuncia se debía a motivos personales. Empero, Carpinteyro explicó que su separación del cargo se debió a las diferencias irreconciliables con el titular de la dependencia "que con el tiempo se han agudizado hasta llegar a ser irreconciliables y que, en mi opinión, han llegado a ser obstáculo para la ejecución de acciones necesarias para desarrollo del sector, que por bien del País opté por presentar mi renuncia irrevocable al cargo de Subsecretaria de Comunicaciones con efectos a partir del 30 de enero de 2008", sostiene el documento.

El 3 de septiembre, Purificación Carpinteyro fue designada al cargo."Mi responsabilidad fue dar directriz a un sector conflictivo, pero que por su dinamismo e innovación tecnológica tiene el potencial de transformar al País y que esto representa una ventana de oportunidad única que no podemos darnos el lujo de desperdiciar. "En comunicaciones la falta de avance es retroceso", manifestó.

El Presidente designó en su lugar a Gabriela Hernández Cardoso, quién se desempeñaba como directora Gral. de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión de SCT; en el comunicado se dice que -2003 al 2007-fue Subprocuradora de Servicios en la Procuraduría Federal del Consumidor y cuenta con experiencia en el sector privado como abogada en diferentes empresas del ramo de telecomunicaciones.

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Jenaro Villamil nos comenta en Proceso el conflicto en SCT

Telecomunicaciones: Todos contra todos
JENARO VILLAMIL

Publicado en Proceso (www.proceso.com.mx),No. 1683, 1 de febrero de 2009;

El sector de las telecomunicaciones sigue padeciendo las fuertes pugnas entre los grupos dominantes –Televisa y Telmex–, el jaloneo de éstos con las autoridades y, el colmo, los pleitos entre funcionarios de la SCT, como el que sacó de la jugada regulatoria a la subsecretaria Purificación Carpinteyro. La incertidumbre resultante, sumada a la lentitud y opacidad del sistema judicial, mantiene paralizado al sector y ahuyenta las inversiones en un momento crítico para la economía del país.
El pasado 20 de enero fue definitivo para el futuro de la subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro. En una reunión nocturna en Los Pinos quedó clara la confrontación entre la funcionaria y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez, quien la acusó de falta de institucionalidad y de “filtrar” información en su contra. A su vez, Carpinteyro se quejó de bloqueos y de que el nuevo reglamento interno de la SCT, publicado el 8 de enero, prácticamente borraba las funciones de su subsecretaría.
Desde Los Pinos le sugirieron a Carpinteyro que tomara unas vacaciones para atemperar los ánimos, según testimonios recabados por Proceso. Sin embargo, su destino ya estaba escrito. Durante toda la semana pasada proliferaron las columnas periodísticas, la mayoría de comunicadores y funcionarios vinculados con Televisa, que acusaron a la subsecretaria de querer desbancar a Luis Téllez y de favorecer a MVS.
A partir de este domingo 1 de febrero, la salida de Carpinteyro de la subsecretaría es “irrevocable”, según información interna de la SCT. No queda claro quién será el nuevo titular. Se menciona a Gonzalo Martínez Pous, exdirector jurídico de la dependencia, actual comisionado de Cofetel y hombre de la confianza de Téllez, y también a la directora general de política de telecomunicaciones, Gabriela Hernández.
De esta manera, en poco más de dos años el gobierno de Felipe Calderón ha tenido a tres funcionarios en la Subsecretaría de Comunicaciones, encargada de regular a Telmex, la empresa telefónica del hombre más rico del mundo, y a Televisa, el principal corporativo de medios electrónicos del país. Ambos grupos están en plena guerra por el control del mercado de telecomunicaciones, cada uno desde su esfera de influencia, y ambos con alianzas y capacidad para presionar al gobierno federal.
Las disputas internas en la SCT ya tienen un efecto sobre su sector, el más dinámico de la economía, el único que creció 12 puntos por encima del PIB en los últimos ocho años y que registró 22 mil millones de dólares de inversión entre 2001 y 2006. El exsubsecretario de Comunicaciones Jorge Álvarez Hoth, el último que duró un sexenio en el cargo, subraya a Proceso que las diferencias “estancan el sector” y calcula que cerca de mil millones de dólares de inversión potencial están paralizados por la falta de licitaciones nuevas.
La de Comunicaciones “es la subsecretaría de mayor importancia en materia de inversión privada y la más complicada, porque tienes a los poderes fácticos presionando por sus intereses. El problema no es la ‘doble ventanilla’. Lo que incide en la parálisis del sector es que los funcionarios no se hablen entre sí, que no lleguen a acuerdos. Un nuevo subsecretario es establecer un nuevo besamanos, un nuevo proceso de aprendizaje”, advierte Álvarez Hoth, quien trabajó bajo las órdenes de Pedro Cerisola.
El primer subsecretario de Comunicaciones en este sexenio fue Rafael Noel del Villar Alrich, exfuncionario del Banco de México, quien mantuvo un largo litigio jurídico junto con Gonzalo Martínez Pous para ocupar sendas posiciones en el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). La disputa agudizó las diferencias entre la SCT y la Cofetel, especialmente entre Luis Téllez y el presidente de la comisión, el panista Héctor Osuna.
Al irse Del Villar a la Cofetel, en septiembre de 2008, el presidente Calderón designó a Purificación Carpinteyro, hasta entonces directora del Servicio Postal Mexicano y antigua conocida suya desde la Escuela Libre de Derecho. Desde el principio, las tensiones y las diferencias entre Carpinteyro y Luis Téllez fueron manifiestas y públicas.
Confrontaciones
Las divergencias entre Carpinteyro y Téllez se centraron en la necesidad de licitar el espectro para los servicios de banda ancha, y en la definición del cambio de título de concesión de Telmex para que pueda dar servicios de video en el esquema de triple play, que tensó las relaciones con Televisa y se agudizó en noviembre a raíz de la alianza comercial entre la empresa de Carlos Slim y MVS, de Joaquín Vargas.
Los otros temas de la disputa fueron los refrendos de las concesiones a radiodifusores y operadores de telecomunicaciones, ya que tan sólo al cierre de 2008 existían 101 concesiones vencidas de radio AM y FM; y las secuelas del jaloneo con Telcel por la demanda de Axtel, empresa vinculada a Lorenzo Zambrano, por el esquema “el que llama paga”.
Esta última diferencia se la heredó el subsecretario Del Villar a Carpinteyro y fue ganada en primera instancia por Téllez en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Telcel acusó a la SCT de violar el amparo para beneficiar a Axtel, y el litigio continuará en tribunales colegiados.
La subsecretaria Carpinteyro solicitó un dictamen jurídico al despacho Esponda, Zínser y Gómez Mont en octubre pasado, antes de que Fernando Gómez Mont llegara a la Secretaría de Gobernación. El dictamen estableció que la SCT “violó la suspensión definitiva de amparo concedida a Telcel”.
Por otro lado, la alianza de Telmex y MVS para ofrecer el servicio de televisión restringida vía satélite, que afecta directamente al monopolio Sky de Televisa, generó una agria disputa pública con la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable (Canitec). Mediante desplegados, el presidente de la cámara, Alejandro Puente, acusó a Carpinteyro de apoyar los intereses de Slim y también de frenar el proceso de Áreas de Servicio Local (ASL), que eliminaría la aplicación de tarifas de larga distancia entre comunidades cercanas.
Por su parte, Televisión Azteca se fue por la libre y pretende lanzar cuatro canales restringidos con concesión de televisión digital, en abierto desafío a las autoridades. Gabriel Sosa Plata explicó que, a diferencia de Televisa aliada con Multimedios, que usa “canales espejo” para transmitir televisión digital, la compañía de Salinas Pliego “multiplexó” sus canales digitales y en lugar de transmitir dos señales generará 10. Televisa advierte que esta estrategia viola el Acuerdo de Política de TV Digital aprobado el 2 de julio de 2004.
Por si fuera poco, el Plan Técnico de Interconexión e Interoperabilidad que impulsa la Cofetel generó una airada reacción en contra de Telmex y de otras 26 compañías telefónicas que criticaron el proyecto ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).
Consultado por Proceso, el especialista Fernando Butler afirma que si se aprueba este plan “Telmex puede dejar de invertir, y también los operadores entrantes... No le van a meter dinero a las redes telefónicas y de internet porque ya no será rentable”.
Frente al creciente conflicto entre los reguladores, el 8 de enero de 2008 la Presidencia de la República decidió emitir el nuevo reglamento interno de la SCT, que al otorgarle facultades “indelegables” a Luis Téllez lo convierte en verdadero árbitro del sector de telecomunicaciones y medios electrónicos, en menoscabo de la Cofetel (Proceso 1681) y restándole atribuciones a la subsecretaria Carpinteyro para asignárselas a Gabriela Hernández Cardoso, directora general de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión.
Las críticas contra el nuevo reglamento fueron encabezadas por el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), que aglutinó a los principales especialistas que apoyaron la Ley Televisa. Entre sus objeciones, el Idet afirma que el nuevo reglamento “constituye un retroceso” frente a la industria porque amplía la “doble ventanilla”, viola el artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones vigente en materia de refrendos y otorgamiento de concesiones, además de que “generará retrasos en la instalación de la infraestructura” porque le otorga a Téllez la facultad de aprobar trámites que ya venía desahogando la SCT.
La parálisis
Durante una conferencia que dictó el pasado 27 de octubre en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Carpinteyro reconoció que el país “tiene una estructura insuficiente en telecomunicaciones debido principalmente a la falta de inversión. Estimamos que la brecha actual es superior a los 50 mil millones de dólares”.
La inversión acumulada per cápita en México es de sólo 41% de la que llega a la Unión Europea y 26% de la que atrae Estados Unidos. Entre las principales causas de la falta de inversión, Carpinteyro mencionó la “percepción de incertidumbre jurídica”, “el sistema judicial lento, percibido como poco transparente que propicia el mantenimiento del statu quo”. También admitió que existe una percepción de “captura regulatoria” por parte de las empresas dominantes, y falta de competencia.
Además, un diagnóstico interno de la SCT, elaborado en noviembre de 2008, destaca que existen más de 45 recursos administrativos, juicios de nulidad, amparos y denuncias penales entre particulares y funcionarios públicos, “que confrontan al sector y lo paralizan, resultando en una drástica reducción en inversiones”.
En el documento se establece que “los principales beneficiados con la parálisis son: Telmex, para debilitar a sus competidores en telecomunicaciones; y Televisa para que Telmex no ofrezca video”.
El mismo documento, al que este semanario tuvo acceso, sintetiza las posiciones dominantes en el sector: “la liderada por Televisa, que tiene por objetivo impedir o retrasar al máximo la entrada de Telmex al mercado de video”, y “la defensa de Telmex en cuanto a la posibilidad de prestar video sin restricción desde el punto de vista jurídico”.
De acuerdo con el mismo diagnóstico, Telmex y Televisa establecieron sus correspondientes zonas de influencia. Vinculadas a Televisa estarían la empresa española Telefónica, presidida por el exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, la compañía telefónica Bestel, adquirida por Televisa en 450 millones de dólares, las empresas de televisión por cable Cablevisión, Cablemás y Multimedios, así como la Canitec, cuya principal empresa es Megacable, que Televisa pretende adquirir.
Menos cercanas, pero aún en la zona de influencia de Televisa y Telefónica, aparecen otras compañías de menor dimensión: Axtel, con requerimientos de fondeo urgente; Alestra, del Grupo Alfa; Maxcom, y Protel.
En la zona de influencia de Telmex-Telcel aparece Multivisión (MVS), de Joaquín Vargas, quien opera ya el servicio de Dish México y reclama de las autoridades la renovación de la concesión de 190 Megahertz para ofrecer servicios de internet vía inalámbrica o Wymax.
Cercano a esta zona aparece el Grupo Salinas, propietario de TV Azteca, de Iusacell –cuya renovación de concesión está pendiente– y Nextel, compañía que negocia la adquisición de Iusacell.
Soluciones pendientes
Para que el sector salga de la parálisis, el exsubsecretario Jorge Álvarez Hoth afirma que deben cumplirse “las tres c de competencia, cobertura y convergencia que propuso Calderón”.
Es necesario, pues, que “le digan a Telmex cómo debe competir”, que se impulse la cobertura de 11 mil localidades del país que no tienen acceso a servicios de telefonía e internet y cumplir con el Acuerdo de Convergencia de octubre de 2006, que es más importante que el Plan Técnico de Interconexión e Interoperabilidad que impulsa actualmente la Cofetel.
Entre las “acciones concretas” que propone Álvarez Hoth están las siguientes:
• La licitación de las bandas de frecuencias 1850-1910/ 1930-1990 Megahertz, 3400-3700 Megahertz, 1710-1770/2110-2170 Megahertz, y 71-76/81-86 Megahertz. Esta licitación está pendiente desde el 31 de marzo de 2008 e implicaría inversiones por mil millones de dólares.
• La licitación de la banda “L” en el sector satelital, que permite las comunicaciones militares confidenciales.
• Resolver la laguna legal para el refrendo de 101 concesiones vencidas de radio AM y FM, las cuales para 2012 ya serán 281.
• Resolver las disputas por la aplicación de tarifas del programa “El que llama paga”.
• Promover las inversiones en nuevas tecnologías de banda ancha, redes de próxima generación, convergencia de redes móviles con internet, televisión IPTV, y digitalización de radio y televisión.
• Decidir respecto a la apertura a la inversión extranjera en redes fijas de telecomunicaciones. Existe una iniciativa en este sentido, pero falta que el Congreso emita el dictamen correspondiente.
Por su parte, Fernando Butler Silva, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México y exdirector de Estudios Económicos y Regulatorios de la Cofetel (1997-2003), reconoce que “sí hay una disminución de la inversión en el sector”, ya que no existe una planeación a largo plazo ni programas de alfabetización digital y ampliación de cobertura en las comunidades.
“Entramos a una guerra de telecomunicaciones con un árbitro muy debilitado. En México estamos por debajo de Brasil en materia de penetración de internet. Tan sólo China invirtió más de 6 mil 500 millones de dólares en infraestructura digital y nosotros no”, advierte Butler.
El especialista considera que el Plan Técnico de Interconexión e Interoperabilidad “puede ser una moneda de cambio para que Telmex lo acepte y se le cambie el título de concesión”, pero consideró que la experiencia con planes similares en Estados Unidos y Europa reflejan que “baja la inversión del operador establecido, en este caso Telmex, y del operador entrante”.
–¿Cuál es la alternativa en un sector tan concentrado? –se le pregunta.
–La alternativa, en lugar de un plan técnico lleno de incoherencias e inconsistencias, son las subastas. Somos el país con mayor espectro para la banda Wymax y no quieren abrirla a la competencia. Los más afectados ante esta parálisis y disputa son los propios consumidores. Tenemos las tarifas más altas en televisión por cable y en servicios de internet.

Eric Holder, nuevo fiscal de los EE UU

El Senado confirma a Eric Holder como nuevo fiscal general de EE UU.

Por 75 votos a favor y 21 en contra el Senado de EE UU confirmó a Eric Holder como el primero secretario de Justicia afroamericano en la historia.

La confirmación de Holder ha suscitado elogios dentro y fuera del Congreso, y sus partidarios consideran que liderará una "revitalización" de esa institución cuya imagen quedó manchada por la polémica de las torturas llevadas a cabo en cárceles como las de Guantánamo o Abu Graib. El Partido Republicano, sin embargo, ya le ha criticado por apoyar los perdones presidenciales de Clinton y pone en duda su respaldo al derecho a llevar armas.

Durante su audiencia de confirmación en el Senado, Holder directo declaró que "el ahogamiento simulado es tortura", refiriéndose al método de interrogación conocido como "el submarno" y empleado contra presuntos terrosistas, en una clara señal de los cambios que llevará a cabo el nuevo Gobierno pero que también ha suscitado malestar entre quienes exigen mano dura contra los terroristas.

Y es que la Administración de George Bush ha reconocido haber utilizado este método de tortura en al menos tres sospechosos de terrorismo.
Holder también tendrá que decidir qué hacer con funcionarios involucrados en la presunta politización del Departamento de Justicia que, según los demócratas, dio como resultado el despido de nueve fiscales en el 2006.

El principal partidario de Holder, el senador demócrata Patrick Leahy, dijo que la confirmación fue la culminación del sueño del activista por los derechos civiles Martin Luther King Jr. de que todos fueran juzgados en base a su carácter y no por el color de su piel.

Reacciones

La comunidad hispana aplaudió el compromiso de Holder de revisar la política establecida por su antecesor, Michael Mukasey, de que los inmigrantes en vías de deportación no tienen derecho a un defensor público.
Holder también recibió el espaldarazo de activistas de derechos civiles como la llamada Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles (LCCR), quienes han dicho que éste "restablecerá la moral y la misión histórica del Departamento de Justicia con la imparcialidad y el cumplimiento de la ley".

Holder tiene 58 años, fue fiscal federal, juez y el segundo funcionario del Departamento de Justicia en el gobierno del presidente Bill Clinton. Incluso sus críticos aceptaron que estaba bien calificado para el puesto, pero cuestionaron sus posiciones y su independencia de juicio.

En el gobierno de Obama hay otros tres afroestadounidenses en puestos de relevancia, pero no son secretarios de gabinete.

The Rise of Soft Censorship

The Rise of Soft Censorship/By Don Podesta, a former Post editor, a consultant for the Center for International Media Assistance at the National Endowment for Democracy and the author of the center’s recent report Soft Censorship: How Governments Around the Globe Use Money to Manipulate the Media

THE WASHINGTON POST, 02/02/09

Among the accusations swirling around ousted Illinois Gov. Rod Blagojevich is one that touches on his relationship with the most important newspaper in his state, the Chicago Tribune. Blagojevich reportedly threatened to withhold state assistance from a deal involving the sale of Wrigley Field, owned by the Tribune Co., if the paper didn’t fire members of the editorial board whom he viewed as highly critical of him.
Thus Illinois joins a growing list of places across the globe where media-government relations are often ruled by money. Or, more specifically, money used as a tool to manipulate news coverage. This is a serious problem in countries where democracies are fragile and there is no culture of strong, independent news media.
Traditionally, authoritarian regimes have exercised control of media through direct censorship — forcing media outlets to submit news reports for review before publication or broadcast. Physically taking over media outlets or intimidating and arresting journalists and media owners are also familiar methods of controlling the press. But in recent years, as once authoritarian regimes have moved toward more open societies, or at least their appearance, a more insidious type of censorship has arisen.
This new “soft,” or indirect, censorship takes several forms:
In many parts of Latin America and Africa, governments exert pressure by threatening to withhold government advertising from newspapers and broadcasters whose coverage they find too critical. The other side of this coin is the use of government funds to buy advertising in media outlets considered friendly. In countries where there is no strong private sector and little or no tradition of commercial advertising, government advertising contracts are essential to the survival of newspapers and broadcast stations.
In several countries of the former Soviet Union, official sources pay journalists directly to write stories favorable to leaders or their programs. This is particularly true during political campaigns. In Ukraine, the practice is called “jeansa,” after the blue jeans that Ukrainian journalists typically wear. Because there was never much commercial advertising in Ukraine before the dissolution of the Soviet Union, private businesses don’t see the need to buy an ad if they can buy a story. And many journalists, who view TV stations as businesses entitled to make money, see nothing wrong with this arrangement.
Reporters in many developing countries do not make a living wage, and media owners expect them to supplement their incomes — in effect turning journalists into waiters working for tips.
Colombian radio reporters in provincial cities pay station owners for air time and cover the expense by selling advertising to the same government officials they cover. Essentially, this means interviewing officials in the morning for a news report and contacting them in the afternoon to solicit advertising.
In countries where there is no strong commercial advertising market, “the media begins to live off official advertising,” said Catalina Botero, the Organization of American States’ special rapporteur for freedom of expression. This, she said, allows governments to exercise “decisive interference in the press.”
The Hong Kong newspaper Apple Daily lost commercial advertisers — an airline, a bank, the travel industry — because the Chinese government pressured the companies. The paper’s sin? Opposing a proposed security law — since withdrawn — that many felt could have led to suppression of freedom of expression and political liberty in Hong Kong.
Some countries have laws governing the use of official advertising, but in many cases they are ignored.
The one tool that has been effective in combating this practice is litigation. Rio Negro, a newspaper in Argentina’s Neuquén province, sued the provincial government on grounds of discrimination after the government pulled its advertising in reprisal for negative coverage. Argentina’s supreme court ruled in favor of the paper, finding that the government had violated its constitutional right to freedom of expression. A similar case brought against a municipality by the South African newspaper Grocott’s Mail was resolved in the paper’s favor when the government settled out of court.
Another solution that has been put forward is the nonprofit model, akin to National Public Radio in the United States and the British Broadcasting Corp. A newspaper or broadcast station owned by a foundation, an endowment, an academic institution — and, yes, even the government, if done transparently and through an independent board of directors — might be better positioned to resist threats of advertising losses. (In recent days, some opinion writers have suggested this as an answer for what ails newspapers in the United States, too.)
Does any of this matter? It should to those seeking to promote democracy around the world. Many fledgling democracies have no tradition of independent news media, without which it is difficult, if not impossible, to sustain an open political dialogue and transparency in governance. Strengthening independent news media in the developing world should be the cornerstone of any effort to build democracies.

Mil millones de cibernautas

1,007 millones de cibernautas/Editorial

El Tiempo, 2 de febrero de 2009;

Hace unos días, el portal Comscore reveló que el pasado diciembre se superó el umbral de mil millones de usuarios conectados a Internet en todo el planeta. Los resultados ofrecen un mapa claro del mundo virtual, determinado por densidad de población y por nivel de desarrollo. Estados Unidos, con 163 millones de internautas, tiene el liderazgo, de lejos: su guarismo comprende la sumatoria de India (32), Rusia (29), Corea del Sur (27) y América Latina (75).
Tal como era previsible, las brechas en el ingreso repercuten en las dinámicas de este universo virtual al que ya pertenece la sexta parte de la población mundial. De esos 1.007 millones de usuarios, un buen porcentaje accede de manera dificultosa, desde cafés internet, a un bajo porcentaje del potencial de la red. 776 millones entraron a Google, herramienta básica de consulta, mientras que solo 241 millones accedieron a Ebay, un portal de compras.
En América Latina sigue siendo un misterio la descarga de música y de películas en sitios no autorizados, mientras que en Dinamarca compartir información de este tipo es tan común como consultar el correo electrónico. La velocidad de conexión, la masificación de Internet en los hogares -y no a modo prepagado en sitios públicos-, los costos e incidencia en la cotidianidad siguen marcando la diferencia entre los países ricos y los del Tercer Mundo.
A diferencia de Estados Unidos, África y Europa del Este juntas alcanzan apenas 50 millones de usuarios. La desconfianza va también de la mano del nivel de subdesarrollo de las naciones. Para portales de venta por Internet como Amazon ha sido un gran reto penetrar los mercados de América Latina, incluido el de Colombia, por el temor del público a las transacciones en línea y por la baja difusión del pago mediante tarjetas de crédito. De suerte que en estos países prevalece todavía el pago por ventanilla de los servicios públicos. A esto se agrega que las distancias y los altos costos postales son una limitante para la adquisición de productos de otras latitudes que podrían pedirse en forma electrónica.
Tales realidades se encuentran con la necesidad de las más diversas regiones de estar conectadas a la red mundial. No obstante, es evidente que la brecha digital existe y repercute tanto en el desarrollo como en la productividad de las economías. Así, las diferencias que marcan este planeta de 6.000 millones de habitantes se reproducen en el mundo virtual y sus internautas. Todo a pesar de que, en sus inicios, Internet fue visto más como un avance democratizador que como un generador de inequidad.
editorial@eltiempo.com.co

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Al margen:

El nombre de dominio .mx, que identifica a los sitios web del País, cumplió ayer 20 años con más de 280 mil 850 sitios web registrados, un crecimiento anual de 20 por ciento respecto a 2007; pero en 2009 se ve un panorama difícil.
Óscar Robles, director de Network Information Center (NIC), entidad responsable de la administración del sistema de dominio señala que el precio por el registro de un nombre de dominio .mx es de 35 dólares, mientras que los nombres genéricos se ubican en 7 dólares.
Robles explicó que para la celebración de su aniversario, durante febrero se reducirá 20 dólares el costo del dominio, "un dólar por cada año", para quedar en 15 dólares, y reabre el registro directo del dominio .mx sin ningún subdominio como .com.mx o el .org.mx para todo público, que antes estaba restringido para las universidades u otras instituciones

Estado ineficaz, no fallido

¿Estado fallido?/Jesús Silva-Herzog Márquez

Reforma (www.reforma.com) 2 de febrero de 2009;

La extrema gravedad de la inseguridad en México nos tienta con la desproporción. Tal parece que no hay manera de exagerar y que la ponderación fuera un ejercicio de autoengaño. Quien no llega en estos días a la conclusión más pesimista cierra los ojos ante lo evidente o trata de engañarnos. No hablo de la confianza del pesimista (que puede ser tan dogmática como la ingenuidad del optimista) sino del catastrofismo como el único diagnóstico creíble. Estamos envueltos en la carrera del pesimismo. Una competencia en donde gana quien presente el panorama más sombrío y describa la realidad más tenebrosa. Y no es, por supuesto, que falten elementos para hablar de nuestras calamidades. Todos los días nos llueven noticias terribles de una violencia y una crueldad estremecedoras. No escasean los datos de nuestra calamidad, falta cordura en el diagnóstico. Un listado de hechos, por abultado que sea, no constituye un análisis.

Es notable el éxito que ha tenido entre nosotros la indicación de que México está en el camino de convertirse en "Estado fallido". La sumatoria de la violencia parecería suficiente para insertarnos en la funesta categoría. El apremio para aceptar la etiqueta es mala idea. No necesitamos agregar confusión y estridencia a nuestros peligros. Por el contrario, debemos nombrarlos sin engaño y medir su innegable gravedad ecuánimemente. La noción de "Estado fallido" tiene unos cuantos años en circulación. Antes de filtrarse al discurso académico, apareció en los reportes de inteligencia norteamericana en busca de nuevas amenazas tras el fin de la Guerra Fría. En uno de los primeros reportes se advertía que Estados Unidos ya no estaría amenazado por estados victoriosos y expansivos sino por estados malogrados, gobiernos incapaces de proveer orden y estabilidad dentro de sus territorios. Hay algo de cierto en esa perspectiva: en el comienzo del siglo XXI coexisten tres realidades políticas: la hobbesiana, la estatista y la postnacional. Espacios de anarquía, de eficaz dominio de los estados nacionales y también arreglos políticos postnacionales.

Los indicios de fracaso estatal son diversos. Académicos y militares han tratado de delinear una tabla de indicadores que es necesario atender si es que queremos emplear la etiqueta. El Fondo para la Paz y la revista Foreign Policy han desarrollado un método para medir la vulnerabilidad del Estado. Doce indicadores para precisar el fracaso de un Estado. Mediciones de procesos sociales, económicos y propiamente políticos. Entre los indicadores sociales, los cartógrafos del fracaso estatal consideran inmanejables presiones demográficas: disputas de tierra, insuficiencia de recursos para atender a una población creciente, tensiones por límites fronterizos; inestabilidad por el desarraigo de grandes poblaciones que huyen de la persecución religiosa o política; una larga historia de resentimientos y de exclusiones étnicas, un patrón de violencia entre comunidades que no recibe castigo. En términos económicos, un Estado fallido se caracteriza por distintos signos de alarma: un acelerado descenso de los niveles de vida, aumento de mortalidad infantil y de la pobreza, inflación desbocada, escasez. En el ámbito político, el Estado camina al fracaso cuando su gobierno es incapaz de cobrar impuestos, cuando se boicotean las elecciones y prospera la desobediencia civil. Los servicios públicos se deterioran y apenas sirven para el interés de la clase gobernante. La violencia política prevalece, emergen milicias privadas y grupos paramilitares mientras organizaciones internacionales se instalan para procurar cierto orden y proveer servicios mínimos a la población. Quien trate de aplicar estos medidores a la realidad mexicana se dará cuenta que, por grave que sea nuestra condición, no estamos en la liga de Afganistán, Somalia, Sudán, Zimbabwe o el Congo.

Eso no quiere decir que la crisis mexicana sea trivial. Que los problemas mexicanos no lo coloquen en la federación de estados fallidos no significa que su Estado funciona bien y eficazmente, que garantiza el orden, que respeta puntualmente sus reglas y que provee servicios de buena calidad a toda su población. La crisis del Estado mexicano es seria y los peligros que corremos, si el gobierno fracasa, son enormes. Pero no importemos acríticamente una noción que simplemente no nos retrata. Nuestro Estado es endeble e ineficaz. Está penetrado por intereses particulares y por las fuerzas del crimen. No es capaz de garantizar la legalidad ni la tranquilidad pública en todo el territorio del país y en algunas Estado inefizaregiones, ha sido abiertamente rebasado por las mafias. Pero eso habla de la penuria, no del fracaso del Estado en el sentido que se utiliza en los foros internacionales. Si por algo es absurda la noción del "Estado fallido" es precisamente porque lo que conviene al crimen organizado es esta debilidad estatal. Las organizaciones criminales viven, se reproducen, se enriquecen porque hay un Estado. La prosperidad de nuestras mafias depende de un Estado que existe pero que es débil. Para que el crimen organizado florezca es indispensable una estructura gubernamental corrompible pero, hasta cierto punto, presente.México no es un Estado fallido ni camina hacia allá. Padece un Estado inaceptablemente débil, impregnado por el delito y profundamente ineficaz. La hipérbole pseudoacadémica es innecesaria: nuestra situación es alarmante. http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com/

Guerra y crimen

Guerra y crimen/JAVIER MARÍAS

Publicado en El País, 01/02/2009;

No soy ningún cristiano que crea que se debe poner la otra mejilla, ni pacifista a ultranza que considere que nunca se ha de responder con violencia. Si a uno lo atacan, me parece natural que se defienda. Si lo agravian o insultan, no juzgo mal devolver lo recibido, o por lo menos tomar medidas y prevenirse para la próxima. Si alguien nos detesta hasta el punto de querer borrarnos del mapa, encuentro lógico oponerse a todo trance y, si no hay más remedio, intentar borrar del mapa al otro, al que desea aniquilarnos. Ahora bien, lo que distingue a una persona civilizada de una mala bestia, un venado, un matón o un chulo, es pensar en las consecuencias de su reacción, por justificada que ésta sea. También lo es tener en cuenta la capacidad de quien nos aborrece: alguien puede ansiar perjudicarnos gravemente, pero no siempre ese alguien está en condiciones de conseguirlo. Si yo llevo pistola y un individuo me abofetea, lo que en modo alguno puedo hacer es pegarle un tiro en respuesta a su agresión. Si no estoy dispuesto a enzarzarme en un cuerpo a cuerpo, entonces sí debo aguantarme con mi bofetada y rehuir esa acercanza, porque lo que tendría prohibido sería hacer uso del arma que llevo en el bolsillo. Si un muchacho de catorce años -o dos, o tres- me tiran piedras, sigo sin poder sacar mi pistola, ni tan siquiera una navaja.
Todos montamos en cólera alguna vez, nos exasperamos, nos sentimos provocados, burlados, agredidos o estafados. Hay personas que, si un empleado de cualquier empresa o servicio se les insolenta o disputa con ellas de mala manera, no vacilan en elevar una queja furibunda a los superiores de ese empleado, con su nombre y apellido, sin pararse a pensar que con su protesta iracunda pueden propiciar el inmediato despido de quien fue insolente o inepto, y que acaso eso sea demasiado castigo, que alguien pierda su empleo por una mera impertinencia o negligencia ocasionales (tal vez quien nos ofendió tenía un mal día). Los escritores, y cuantos damos a conocer nuestro trabajo, somos a menudo objeto de pullas y fustazos. En principio nos toca aguantarlos, porque nadie nos ha obligado a exponernos públicamente (podríamos haber guardado en un cajón nuestras obras), y todo el mundo tiene derecho a opinar lo que le plazca. Cuando se trata de ataques personales, reiterados o incluso obsesivos, es lícito responder a ellos según de quiénes provengan: bien está si es alguien que dispone de una columna en un diario, como es mi caso, o de un programa de televisión o de radio, desde los cuales podrá devolvérseme mi latigazo; si quien habla mal de mí no está en igualdad de condiciones conmigo, más me vale callarme.
¿Y en las guerras, qué pasa en las guerras? En mi última novela hice decir a un personaje inglés, al habar de la Segunda Guerra Mundial, algo así como lo siguiente (lo siento, pero no voy ahora a ponerme a buscar una página entre setecientas): "En una guerra de supervivencia uno hace todo lo necesario, lo cual acaba por incluir también lo innecesario. El problema es que mientras se dirime el conflicto, uno cree que todo es necesario. Luego, cuando ha terminado, y si uno ha salido vencedor, es casi imposible no pensar que también se habría ganado sin que yo hubiera hecho esto o lo otro. Pensamos que podríamos habernos ahorrado alguna crueldad o vileza, y algunas víctimas, y que aun así el resultado habría sido el mismo. Hay gente a la que luego eso le pesa durante la vida entera". Creo que, en efecto, hay guerras en medio de cuyas indecisión y fragor es muy difícil medir y saber eso, qué es necesario y qué no lo es tanto. Hay otras, sin embargo, en las que la cuestión es meridiana, y en ellas resulta imperdonable hacer, a sabiendas, mucho más de lo necesario: provocar escarmientos en la población civil, para diezmarla y aterrorizarla; matar a niños que no podrían empuñar un arma aunque quisieran, y si la tuvieran; bombardear hospitales en los que se atiende a heridos, que ya están fuera de combate; o escuelas en las que se refugian mujeres con sus hijos, aún inocuos e inermes. Todo lo que se sabe que es gratuito y superfluo, excesivo y desproporcionado, abusivo y no vital para el desenlace de la contienda, es un crimen. El resto es otra cosa: es guerra, y así son éstas desde que existe el mundo.
Israel ha incurrido en todos esos crímenes en su respuesta a los cohetes lanzados sobre su territorio por Hamás desde Gaza. Una vez más ha hecho pagar, desoyendo el viejo mandato, a justos por pecadores, y además con plena conciencia, crueldad, exhaustividad y encarnizamiento. Ha sacado la pistola ante una bofetada y ha hecho uso de ella. Hoy por hoy, es un Estado incivilizado, un venado, una mala bestia, un matón y un chulo. Las consecuencias injustas de su reacción le han traído sin cuidado. Hace años, con motivo de la publicación de una de mis novelas en hebreo, vino un periodista a entrevistarme. Recuerdo que me preguntó: "Si se le concediera un día el Premio Jerusalén, ¿lo aceptaría? ¿Vendría a nuestro país a recogerlo?" Le contesté que sí, en el improbable caso, que no veía por qué no. Hoy mi respuesta habría sido otra: "No", le habría dicho. "Lo mismo que nunca he ido a Cuba, o que no iría a Irán, ni a Arabia Saudí, ni a Venezuela, o que no habría ido al Chile de Pinochet, tampoco iría a Israel. A un país, para ser civilizado y democrático, no le basta con celebrar elecciones libres. Esa condición se gana o se pierde día a día, en la manera de gobernar, y también en la de conducir una guerra. Israel hoy la ha perdido".