El director del Cisen

Manlio vs Guillermo Valdés
Columna, La Historia en Breve/ Ciro Gómez Leyva,

Publicado en Milenio Diario, 10 Julio, 2008;

Dieciocho de 33 legisladores de la Comisión Permanente acaban de votar a favor de que se despida al director del Cisen, Guillermo Valdés, ¡porque no le tienen confianza! Busco al líder de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Me explica: “Los legisladores están pidiendo la remoción del director del Cisen por haber contratado una empresa que deja mucho que desear para poder hacerse de información del Congreso”.
—¿Mucho que desear a quién? ¿A Pablo Gómez?
—¡Te parecería bien que una empresa que se conforma con dos meses de anticipación sea contratada por el Cisen para hacer acopio de información del Congreso!
—Entonces, ¿no hay que contratar empresas que tengan dos meses de vida?
—No. Hay algunos tipos de actividades del gobierno que son intransferibles y que las debería hacer directamente el gobierno. Si no, para qué tener una subsecretaría de Enlace Legislativo, o una de Desarrollo Político, si ya el Cisen puede contratar a una empresa que tenga relación con la dirigente del PAN en el DF para que haga las investigaciones del Congreso.
—¿Son excluyentes las subsecretarías y la contratación privada?
—Déjame entonces darte la razón —creo que ironiza—: la verdad es que el espíritu privatizador del gobierno actual puede llevarlo mejor a contratar empresas que estén haciendo trabajos que antes hacía el Cisen.
—Estás enojado, Manlio.
—Indignado.
—Enojado.
—¡Bueno! Enojado e indignado, porque creo que este tipo de trabajos sucios (el presunto espionaje en su contra, por el que hoy presentará una denuncia en la PGR contra quien resulte responsable) deberían estar siendo muy ajenos a un gobierno que, por lo menos públicamente, muestra su voluntad permanente de llegar a acuerdos con sus adversarios políticos. gomezleyva@milenio.com
Vileza contra Guillermo Valdés
Columna El Asalto a la Razón

Miñenio Diario, Jueves, 10 Julio, 2008;

Bastaría el tratamiento que Guillermo Valdés ha dado a la demanda del EPR sobre sus dos desaparecidos para saber que no responde al arquetipo del policía político sepultado por el priato desde que Manuel Bartlett era secretario de Gobernación. Suponer que “espía” para el panato es, nada más, una estupidez.
Cuando el crimen en México y el mundo requiere ser enfrentado con instituciones fortalecidas y servidores eficientes, a los becarios en el Congreso se les ocurre demoler lo que se ha venido construyendo a partir de la creación del Cisen, la Policía Federal Preventiva, el Sistema Nacional de Seguridad y la Agencia Federal de Investigación.
“Espiar” es hoy tan vulgar como cualquier giro negro: la ensalada se prepara con tecnología que puede adquirirse en cualquier mercado de piratería y chismes de Internet y de columnistas.
Que sin la menor evidencia la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pida la cabeza de Valdés “por carecer de la confianza de este órgano legislativo”, es promover un servicio lacayuno a la delincuencia.cmarin@milenio.com

Desaparecidos

Desaparecidos/Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza

Publicado en EL PAÍS, 10/07/2008;

Desaparecido fue el eufemismo con el que se denominó a las víctimas del terrorismo de Estado planificado y puesto en marcha por la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983. El término desaparecido ya lo había definido uno de los golpistas del 24 de marzo de 1976, el general Rafael Videla, en respuesta a las primeras indagaciones y presiones internacionales sobre la represión: “Mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido”.
Cuando la dictadura cayó, la lucha por la información, la verdad, la petición de justicia y el rechazo del olvido se convirtieron en señas de identidad de la transición a la democracia. Tres décadas después, esa dictadura de apenas siete años aparece ya como uno de los más destacados ejemplos de terrorismo de Estado de la historia, de “masacres administradas”, como las llamó Hanna Arendt. Casi 30.000 desaparecidos, apropiación de niños nacidos en cautiverio, creación de más de 300 centros clandestinos de detención, tortura y asesinato. Hoy existen numerosas pruebas incontrovertibles frente a aquel exterminio que pretendía no dejar ninguna.
La referencia a la dictadura argentina viene ahora a cuento porque el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acaba de solicitar al Gobierno español un informe sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Desaparecido en España no puede tener el mismo significado que en Argentina, porque en la dictadura argentina nunca hubo ejecuciones oficiales, todas eran clandestinas, y los cadáveres fueron enterrados en cementerios sin ningún tipo de identificación, quemados en fosas colectivas o arrojados al mar.
En España, sin embargo, la mayoría de las 100.000 personas que se llevó a la tumba la violencia militar y fascista durante la guerra y de las 50.000 que fueron ejecutadas en los 10 años que siguieron al final oficial de la guerra, durante la paz incivil de Franco, están identificadas, tienen nombres y apellidos y, aunque con muchas anomalías y falseamientos sobre las causas de la muerte, constan en los registros civiles de cientos de localidades que han sido rastreados por los historiadores.
De lo que se trata ahora es de conocer las circunstancias de la muerte y el paradero de otras miles de personas a las que nunca se registró, abandonadas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, en los ríos, en pozos y minas, o enterradas en fosas comunes. El número de víctimas sin registrar, desaparecidos, puede llegar, como mucho, a 30.000 en toda España, paseados casi todos en los primeros meses de la guerra, en el verano y otoño de 1936, o en las semanas que seguían a la ocupación de las diferentes ciudades por las tropas franquistas, desde Málaga a Madrid, pasando por Barcelona o Valencia. Asesinados sin procedimientos judiciales ni garantías previas hubo también miles en la zona republicana y aunque a casi todos ellos se les registró y rehabilitó después de la guerra, las excepciones a esa regla merecen también ser conocidas.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debería prestar atención al requerimiento del juez Garzón y crear una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas por la violencia política durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Esa comisión tendría que reunir la información ya elaborada por numerosos estudios, coordinar las investigaciones que sobre ese tema se están llevando a cabo en la actualidad y organizar una agenda de investigación sobre los hechos todavía inexplorados y las personas sin localizar.
Las dificultades técnicas para alcanzar ese objetivo van a ser muchas, aunque las más serias procederán, una vez más, de la política. Mariano Rajoy y algunos medios de comunicación le recordarán a Rodríguez Zapatero, como ya hicieron en los últimos años, que, con todos los problemas que tenemos, desde el terrorismo a la crisis económica, pasando por las amenazas a la unidad o a la lengua de España, el Gobierno no puede dedicarse a tonterías como la memoria histórica o la investigación sobre miles de desaparecidos en épocas del pasado ya superadas. Al Gobierno, por otro lado, el asunto le resulta incómodo. Varios meses después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, nadie ha movido un dedo ni siquiera para cambiar los nombres de las calles dedicadas a los militares golpistas o a dirigentes fascistas.
Más de 30 años después del final de la dictadura de Franco, el Estado democrático, sus principales responsables e instituciones, no quiere gestionar ese pasado de violencia y muerte, ni está interesado en tomar decisiones sobre políticas públicas de memoria y educación. Al parecer, hay historias que vale la pena conmemorar desde el presente, convertirlas en mitos nacionales, como la llamada Guerra de la Independencia de 1808, y otras que resulta mejor olvidar.

Desaparecidos

Desaparecidos/Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza

Publicados en EL PAÍS, 10/07/2008;

Desaparecido fue el eufemismo con el que se denominó a las víctimas del terrorismo de Estado planificado y puesto en marcha por la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983. El término desaparecido ya lo había definido uno de los golpistas del 24 de marzo de 1976, el general Rafael Videla, en respuesta a las primeras indagaciones y presiones internacionales sobre la represión: “Mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido”.
Cuando la dictadura cayó, la lucha por la información, la verdad, la petición de justicia y el rechazo del olvido se convirtieron en señas de identidad de la transición a la democracia. Tres décadas después, esa dictadura de apenas siete años aparece ya como uno de los más destacados ejemplos de terrorismo de Estado de la historia, de “masacres administradas”, como las llamó Hanna Arendt. Casi 30.000 desaparecidos, apropiación de niños nacidos en cautiverio, creación de más de 300 centros clandestinos de detención, tortura y asesinato. Hoy existen numerosas pruebas incontrovertibles frente a aquel exterminio que pretendía no dejar ninguna.
La referencia a la dictadura argentina viene ahora a cuento porque el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acaba de solicitar al Gobierno español un informe sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Desaparecido en España no puede tener el mismo significado que en Argentina, porque en la dictadura argentina nunca hubo ejecuciones oficiales, todas eran clandestinas, y los cadáveres fueron enterrados en cementerios sin ningún tipo de identificación, quemados en fosas colectivas o arrojados al mar.
En España, sin embargo, la mayoría de las 100.000 personas que se llevó a la tumba la violencia militar y fascista durante la guerra y de las 50.000 que fueron ejecutadas en los 10 años que siguieron al final oficial de la guerra, durante la paz incivil de Franco, están identificadas, tienen nombres y apellidos y, aunque con muchas anomalías y falseamientos sobre las causas de la muerte, constan en los registros civiles de cientos de localidades que han sido rastreados por los historiadores.
De lo que se trata ahora es de conocer las circunstancias de la muerte y el paradero de otras miles de personas a las que nunca se registró, abandonadas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, en los ríos, en pozos y minas, o enterradas en fosas comunes. El número de víctimas sin registrar, desaparecidos, puede llegar, como mucho, a 30.000 en toda España, paseados casi todos en los primeros meses de la guerra, en el verano y otoño de 1936, o en las semanas que seguían a la ocupación de las diferentes ciudades por las tropas franquistas, desde Málaga a Madrid, pasando por Barcelona o Valencia. Asesinados sin procedimientos judiciales ni garantías previas hubo también miles en la zona republicana y aunque a casi todos ellos se les registró y rehabilitó después de la guerra, las excepciones a esa regla merecen también ser conocidas.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debería prestar atención al requerimiento del juez Garzón y crear una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas por la violencia política durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Esa comisión tendría que reunir la información ya elaborada por numerosos estudios, coordinar las investigaciones que sobre ese tema se están llevando a cabo en la actualidad y organizar una agenda de investigación sobre los hechos todavía inexplorados y las personas sin localizar.
Las dificultades técnicas para alcanzar ese objetivo van a ser muchas, aunque las más serias procederán, una vez más, de la política. Mariano Rajoy y algunos medios de comunicación le recordarán a Rodríguez Zapatero, como ya hicieron en los últimos años, que, con todos los problemas que tenemos, desde el terrorismo a la crisis económica, pasando por las amenazas a la unidad o a la lengua de España, el Gobierno no puede dedicarse a tonterías como la memoria histórica o la investigación sobre miles de desaparecidos en épocas del pasado ya superadas. Al Gobierno, por otro lado, el asunto le resulta incómodo. Varios meses después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, nadie ha movido un dedo ni siquiera para cambiar los nombres de las calles dedicadas a los militares golpistas o a dirigentes fascistas.
Más de 30 años después del final de la dictadura de Franco, el Estado democrático, sus principales responsables e instituciones, no quiere gestionar ese pasado de violencia y muerte, ni está interesado en tomar decisiones sobre políticas públicas de memoria y educación. Al parecer, hay historias que vale la pena conmemorar desde el presente, convertirlas en mitos nacionales, como la llamada Guerra de la Independencia de 1808, y otras que resulta mejor olvidar.

¡Buen montaje!

El gobierno de Irán continuó este jueves con sus pruebas de misiles de largo alcance, en una segunda ronda de ejercicios encaminados a demostrar que ese país tiene la capacidad de defenderse de cualquier ataque de parte de EU o Israel, informó la televisión estatal.

Entre los misiles que Irán dijo haber probado el miércoles estaba una nueva versión del Shahab-3, que según las autoridades tiene un rango de 2,000 kilómetros (1250 millas) y está armado con una ojiva convencional de una tonelada.

Ello significa que Israel, Turquía, la Península Arábiga, Afganistán y Pakistán estarían al alcance del fuego iraní.

Más sobre la operación Jaque

Detrás de rescate, operación contra abastecimiento de las FARC
Reportaje de FRANK BAJAK
Agencia AP, Publicado en El Nuevo Herald, 10/07/2008;

El rescate novelesco de Ingrid Betancourt y tres contratistas estadounidenses --además de otros 11 rehenes-- debe su éxito no sólo a un magistral engaño de los militares a los rebeldes, sino también a una larga operación de Estados Unidos y Colombia para cortar las líneas de abastecimiento y comunicaciones de los insurgentes.
El ingrediente básico de es operación fue una empresa fantasma creada por el FBI en Florida y que vendió a guerrilleros teléfonos satelitales cuyas comunicaciones podían ser escuchadas por las autoridades porque estaban intervenidas o interceptadas.
La operación llamada "Alianza'' comenzó con una llamada a un teléfono satelital en el 2003, pocas semanas después de que el avión de vigilancia de los tres contratistas estadounidenses cayó en las selvas del sur colombiano en febrero de aquel año.
La llamada era de Nancy Conde, la jefa regional de finanzas y de abastecimientos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su novio, también un guerrillero, iba a convertirse, si no era ya, en el carcelero de los tres contratistas. Conde llamaba a contactos en Miami a ver si le podían conseguir teléfonos satelitales.
Lo que Conde no sabía era que agentes de seguridad estaban escuchando.
Agentes federales estadounidenses arrestaron a los contactos de Conde en Miami, quienes a cambio de sentencias reducidas pusieron a la mujer en contacto con una empresa ficticia creada por el FBI, dijo un funcionario estadounidense vinculado a la operación y quien habló a condición de anonimato por razones de seguridad.
A lo largo de cuatro años, la empresa entregó a Conde teléfonos satelitales intervenidos o interceptados junto con otros equipos de comunicaciones, con lo cual pudo desequilibrar a la unidad rebelde y eventualmente ayudar a las autoridades en la tarea de estrangular sus líneas de abastecimiento.
La operación fue vital para allanar el camino al operativo del 2 de julio, cuando un comando militar rescató a 15 secuestrados en manos de la unidad que Conde abastecía, en el mayor golpe que hayan sufrido las FARC.
En total, los agentes estadounidenses y colombianos interceptaron más de 5.000 conversaciones telefónicas --muchas de ellas internacionales con socios que buscaban provisiones-- a lo largo de cuatro años como parte de la "Operación Alianza'', dijeron investigadores a The Associated Press.
De acuerdo con los investigadores, escucharon a Conde y a otros negociar cargamentos que iban desde rifles de asalto AK-47 hasta condones para ser distribuidos entre los cientos de guerrilleros en las vastas selvas de Colombia.
Las conversaciones eran no "sólo de finanzas, de equipos de comunicación, de víveres, de armamento, sino también de equipo médico, medicamentos, de gente que iba directamente a atender a los heridos'', dijo Luis Ernesto Tamayo, el agente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o policía de investigaciones, encargado de la operación en Colombia.
El 2 de febrero las autoridades detuvieron a Conde cuando ingresaba a Colombia desde Venezuela, donde había ido a dar a luz. En total, las autoridades capturaron a 39 supuestos miembros de la red de abastecimiento y comunicaciones de Conde, incluyendo tres médicos, uno de ellos un cubano de 61 años; así como dos de las tres mujeres que eran las asistentes de Conde.
Los arrestos de hecho comenzaron en el 2006, cuando un proveedor clave de armas llamado José María Corredor, alias "Boyaco'' --y quien según documentos judiciales contrabandeó cientos de rifles de asalto desde Venezuela a cambio de cocaína-- fue capturado en un campamento en la selva.
"Con esta operación neutralizamos gran parte del apoyo logístico, financiero'' para las unidades o frentes rebeldes, incluyendo el Frente 1ro que tenía a los secuestrados y que representa un tercio de la fuerza de las FARC, dijo Tamayo.
La operación incluyó desmantelar un "centro de llamadas'' que los guerrilleros tenían en la ciudad de Villavicencio, a unos 45 kilómetros al sureste de Bogotá, desde donde se presume que Conde operaba varios frentes rebeldes. Ubicado donde la montañas andinas se abren hacia las planicies colombianas, el aeropuerto de Villavicencio era un puente clave para llegar a las pistas clandestinas en zonas controladas por los rebeldes.
La cobertura de la prensa local sobre la captura de Conde, con el comandante del ejército general Mario Montoya asegurando que la mujer era solicitada en extradición por Estados Unidos, casi con certeza provocó que su novio, el carcelero rebelde Gerardo Aguilar, limitara, incluso interrumpiera totalmente, sus comunicaciones, de acuerdo con funcionarios.
Entre tanto, se planeaba secretamente la operación militar colombo-estadounidense que llevaría a cabo el rescate de los rehenes. En enero, equipos de reconocimiento divisaron a los tres estadounidenses --Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves-- en una zona selvática del sur del país.
En una entrevista con la AP, el embajador de Estados Unidos, William Brownfield, afirmó que la intercepción exitosa de comunicaciones llevó a comandantes de las FARC a ‘‘comunicarse menos y comunicarse en otras formas, menos modernas, como los mensajes escritos a mano''.
Una acusación presentada en septiembre en Washington menciona a la mujer y otros cinco que son requeridos en extradición por Estados Unidos por cargos que incluyen apoyo a organizaciones terroristas.
El miércoles, Brownfield anunció que Estados Unidos buscaría también la extradición por cargos de secuestro y terrorismo de Aguilar, alias "César'' y de Alexander Farfán, alias ‘‘Enrique Gafas'', los dos guerrilleros detenidos el 2 de julio en el operativo de rescate.
La acusación estadounidense dice que los dos hombres retuvieron a los tres estadounidenses desde "por lo menos alrededor del 2006''.
Conde está entre las 12 personas cuya extradición es buscada por Estados Unidos en relación al caso, dijo Tamayo.
La mujer, de 35 años, tenía proveedores y compradores --las unidades o frentes de las FARC que operan en la zona de la mujer son grandes exportadores de cocaína-- en por lo menos ocho países, incluyendo Brasil, Surinam, las dos Guyanas y Venezuela, dijo un agente estadounidense involucrado en la operación y que habló a condición de no ser identificado por razones de seguridad.
"Una gran parte del negocio era el de drogas por armas'', dijo el agente.
El arresto de Conde cerró la tubería por la que llegaban los abastecimientos, dijo Tamayo.
El día de su rescate, Betancourt afirmó que la escasez imperaba desde hace al menos un año.
"Desde hace un año los víveres llegan de manera muy difícil, hemos comido escasamente, muy poca variación en la comida'', dijo Betancourt. "La logística puede estar en dificultades'', agregó.
El emporio de abastecimiento de Conde era como una tienda al estilo Wal-Mart y abarcaba desde armas hasta artículos de belleza, de acuerdo con documentos judiciales de Colombia y Estados Unidos:
-- 20 sofisticadas brújulas, radios de alta frecuencia y GPS.
-- 350 tarjetas SIM para llamadas de teléfonos satelitales desde Estados Unidos.
-- Rifles, pistolas, escopetas y municiones.
-- Instrumentos para cirugías "de reconstrucción''.
Y después estaban los elementos humanos.
Uno de los médicos arrestados y acusados de rebelión por supuestamente prestar atención a insurgentes, Luis Alfredo Moreno, solía trabajar con el equipo de fútbol de Bogotá, el Santa Fe.
Molano "sólo se limitó a hacer lo que debe hacer cualquier médico: atender a cualquier persona, sin distingo de filiación política o creencia religiosa'', dijo Iván Cancino, el abogado de Moreno.
De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la AP, los fiscales están prevenidos por el tema de la defensa. Un testigo afirma que Moreno hizo un viaje hasta el remoto escondite en la selva del comandante guerrillero Mono Jojoy y a cambio recibió 11.500 dólares.

Respuesta del Ejecutivo a la Comisión Permanente

La Secretaría de Gobernación respondió con un comunicado al Punto de Acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que demandó la renuncia a Guillermo Valdés Castellanos como director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
México, D.F., a 09 de julio de 2008

Boletín No.169-09/07/2008
En referencia al punto de acuerdo aprobado el día de hoy por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante el cual se solicita la renuncia del Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Secretaría de Gobernación, manifiesta lo siguiente:
1. La Ley de Seguridad Nacional en su artículo 3º establece que por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano que conlleven, entre otras, al mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones de gobierno y a la preservación de la democracia.
2. Entre las facultades del CISEN establecidas en el artículo 19 de la citada ley, está la de preparar estudios de carácter político, económico y social que se relacionen con sus atribuciones. Asimismo, la ley otorga al CISEN la facultad de hacer uso de cualquier método de recolección de información, siempre que no se afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos.
3. En agosto de 2007 el CISEN, dentro del marco legal aplicable, firmó el contrato de servicios CISEN UO/024/07, con la empresa Consultores en Diseño de Estrategias Político - Legislativas S.C. El objeto del contrato fue permitir a funcionarios de la institución el acceso a un sistema automatizado de análisis y procesamiento de información legislativa.
4. El contrato de referencia fue adjudicado de forma directa con fundamento en los artículos 25, 26 fracción III, 40 y 41 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Cabe destacar, que al momento de su contratación la empresa referida estaba legalmente constituida mediante escritura pública No. 34156, otorgada ante el Notario No. 18 del Distrito Federal.
5. Toda la información contenida en dicho sistema de información, provenía de fuentes públicas y se refería exclusivamente a actividades legislativas, tales como: iniciativas legales presentadas, trabajo en comisiones y pronunciamientos públicos de los legisladores, entre otras.
6. Durante la presente administración, el CISEN ha tenido una política de transparencia y de rendición de cuentas sin precedentes en la historia de los servicios de inteligencia civil del país. Desde diciembre de 2006 se han desclasificado 1132 documentos y se mantiene una política de colaboración permanente con el IFAI. Asimismo, el año pasado, la Auditoría Superior de la Federación practicó al CISEN una auditoría de desempeño de la que se derivaron resultados muy favorables, verificables públicamente en el portal de Internet del citado órgano fiscalizador.
7. Desde el inicio de su gestión, el Director General del CISEN ha mantenido una relación respetuosa, permanente y de plena colaboración con la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, órgano legislativo que tiene a su cargo el control y evaluación de las políticas y acciones en la materia.
Por todo lo anterior, la Secretaría de Gobernación confirma lo siguiente:
a. La actuación del CISEN se ha mantenido siempre dentro de la legalidad y la celebración del contrato referido se encuentra dentro del ejercicio de sus atribuciones.
b. El CISEN está plenamente facultado para realizar estudios sobre el Poder Legislativo y recurrir para ello a fuentes externas de información.
c. El CISEN no espía a los legisladores y mantiene absoluto respeto por los integrantes del Congreso de la Unión.
La Secretaría de Gobernación reitera su pleno respeto al principio constitucional de división de poderes y, por lo mismo, manifiesta que el nombramiento y la remoción del titular del CISEN es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Federal. Asimismo, esta dependencia ratifica su plena disposición al diálogo por los cauces institucionales, bajo los principios republicanos que deben regir la vida política de la Nación.
-Dirección General de Comunicación Social- SEGOB