Revista Procesó No. 1949, 8 de marzo de 2014
Las manifestaciones de jóvenes que piden una solución a los difíciles problemas económicos y de seguridad que vive Venezuela, y la respuesta violenta de las autoridades, han colocado ante una disyuntiva a los gobiernos de América Latina. Aunque algunos compromisos como la Carta Democrática Interamericana los invitan a condenar la represión, la respuesta oficial ante los disturbios venezolanos ha sido muy cautelosa. Los reclamos para que se condene al presidente Maduro provienen de los intelectuales y grupos a la derecha del espectro político que no se encuentran en el poder. La posibilidad de una desaprobación mayoritaria surgida de los gobiernos latinoamericanos no está presente; diversos motivos explican su voluntad de mantenerse a la distancia.
La primera dificultad para tales gobiernos es definir la naturaleza de los problemas que vive Venezuela. No es un asunto de democracia entendida como elecciones libres; éstas han sido ganadas legítimamente por el gobierno de Maduro. Tampoco es cuestión de violaciones masivas de derechos humanos. A pesar del imperdonable hostigamiento hacia algunos medios de comunicación, no hay una ataque frontal a la libertad de expresión, y el hecho es que varios periódicos y canales de televisión siguen expresando el punto de vista de la oposición. ( Y el cierre de medios?)
