Dictamen

DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO A RECTIFICAR SU DETERMINACIÓN SOBRE LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS POR EL PODER EJECUTIVO; Y AL PODER JUDICIAL, A INTERPONER CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL POR INVASIÓN DE COMPETENCIAS

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de México a rectificar su determinación sobre la designación de magistrados por el Poder Ejecutivo; y al Poder Judicial, a interponer controversia constitucional por invasión de competencias, suscrita por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo "Contenido" se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo "Consideraciones" la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar la proposición en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

En la proposición con punto de acuerdo se manifiesta literalmente lo siguiente:

"El Estado es una sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal.

Mediante la distribución de competencias se hace posible que la Federación y los estados puedan coincidir en el territorio mexicano, sin obstaculizarse ni duplicar sus funciones.

El principio de división de poderes, adoptado por nuestra Constitución federal en su artículo 49, tiene como finalidad delimitar las funciones de cada uno de los poderes; impedir la concentración de poder en una misma persona o un grupo de personas; prohibir a los poderes que ejerzan funciones que no les corresponden, y establecer controles de unos poderes sobre los otros para evitar abusos.

En un estado democrático, la legalidad, la certeza y la seguridad jurídica son elementos indispensables para garantizar el acceso a la justicia para hacer realidad este derecho fundamental de los gobernados. En esta tarea, la función que desempeñan los órganos encargados de la administración de justicia son de marcada trascendencia para la sociedad, la cual, cada día exige su perfeccionamiento.

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra como derecho constitucional el acceso a la justicia, vinculando al Estado y a sus tribunales a que en el ejercicio de la función jurisdiccional se garantice una justicia pronta, completa e imparcial.

A los tribunales les corresponde una labor fundamental que exige de sus integrantes la máxima diligencia y profesionalización permanente, lo que se debe fortalecer con la autonomía e independencia en sus funciones, porque sólo mediante la concurrencia de tales elementos se puede eficientar la administración de justicia.

La independencia del Poder Judicial y la recta administración de justicia, son garantes del estado de derecho, son condición de vida de toda sociedad y su importancia se acentúa en regímenes de realidades como el nuestro, dado que es precisamente el Poder Judicial el que tiene a su cargo velar por que se mantenga el orden constitucional y servir como freno a los actos de cualquier autoridad e inutilizar los efectos derivados de la aplicación de una ley que son contrarios a la Constitución.

La creación y conformación del Consejo de la Judicatura surgió institucionalmente en el ámbito federal en nuestro país, con las reformas del 31 de diciembre de 1994 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se reestructura el Poder Judicial Federal, se genera una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, entre sus objetivos tuvo como propósito principal, separar las funciones de carácter administrativo que estaban a cargo del pleno de la Suprema Corte para dejarlas en manos del Consejo de la Judicatura Federal como órgano especializado en funciones administrativas, de vigilancia y disciplinarias, a efecto de que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dedicarán esencialmente a la función jurisdiccional.

Este fue el referente constitucional que se recogió en la reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, para crear el Consejo de la Judicatura local, ya que en la exposición de motivos se dejó establecido que ‘la administración del Poder Judicial se encarga a un órgano denominado Consejo de la Judicatura a fin de que la función jurisdiccional que corresponde a los magistrados y a los jueces no se interrumpa o distraiga por actividades distintas a estas, como son los actos de organización, manejo y control de personal y elaboración del presupuesto de egresos, entre otros.’

A partir del dos de marzo de mil novecientos noventa y cinco, fecha en que entró en vigor la reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, dio inicio el funcionamiento del Consejo de la Judicatura del estado, determinándose en el artículo 107 de la referida Constitución local, que el Consejo quedaría conformado por cinco integrantes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia quien a su vez presidiría el Consejo, dos magistrados electos por insaculación y dos jueces de primera instancia electos por la misma vía.

El aspecto objetivo de la independencia del Poder Judicial se identifica con la ausencia de presiones externas respecto de dicho poder. Exige una organización que excluya intromisiones indebidas de otros poderes y fuerzas del estado; limitar la actuación administrativa sobre los magistrados para evitar que las influencias políticas, gubernamentales y de sectores sociales pudiera mermar o interferir de manera directa o indirecta en la independencia personal que debe caracterizar a dichos funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

Sin perjuicio de lo anterior, en la sesión del pasado 17 de diciembre del año en curso, la LVII Legislatura del estado de México aprobó la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 61, fracción XV, en sus párrafos primero y segundo; 77, en su fracción XII, 89, 107 en su primer párrafo y en sus fracciones II y III y 110; se adicionan las fracciones IV y V y dos últimos párrafos del artículo 107 de la Constitución Política del estado de México; referentes a los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de justicia y del Tribunal Contencioso Administrativo.

Los dictámenes fueron aprobados por 60 votos a favor de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, Nueva Alianza, Verde Ecologista, PT, Convergencia y el diputado del PSD, Antonio García Mendoza, por siete abstenciones del Grupo Parlamentario del PRD, que se suman a la mayoría según lo establece el artículo 115 del Reglamento del Poder Legislativo.

Establecen que el Consejo de la Judicatura se integrará por dos magistrados elegidos entre los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y un juez de Primera Instancia, así como un consejero designado por el Ejecutivo y dos designados por la Legislatura estatal. Como hasta ahora, el presidente del Tribunal lo será también del Consejo.

Podrán ser consejeros del Ejecutivo y el Legislativo quienes cuenten con los méritos suficientes tanto en lo profesional como en lo académico, sin haberse desempeñado necesariamente en el TSJ. Las reformas, también consagran en la Constitución estatal un retiro justo y digno después de 15 años de servicio. El primer año se les otorgará el 100 por ciento de su salario y los 5 siguientes el 80 por ciento.

Con base en lo anterior, concluyo, que el principio de separación de poderes no se preserva en las recientes modificaciones implementadas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho estado con respecto a la designación de Magistrados por parte del Ejecutivo, por ello, se exhorta al Congreso del estado de México a fin de que modifique su determinación con respecto a la designación de magistrados."

Con lo anterior formula el siguiente

"Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México para que rectifique su determinación respecto a la designación de magistrados por parte del Poder Ejecutivo y hace una excitativa al Poder Judicial para que defienda nuestra democracia, interponiendo la respectiva controversia constitucional por invasión de competencias."

III. Consideraciones

El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental."

Asimismo, los integrantes de la comisión dictaminadora, están consientes y respetuosos de la división de poderes como lo establece el artículo 49 constitucional:

"Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar."

En el caso, como lo reconoce expresamente el autor de la Proposición que se dictamina, se trata de un asunto de la competencia directa de los tres órdenes de gobierno del estado de México.

Por otra parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece en su artículo 51 lo siguiente:

"Artículo 51. El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde:

I. Al gobernador del estado;

II. A los diputados;

III. Al Tribunal Superior de Justicia en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia;

IV. A los ayuntamientos en los asuntos que incumben a los municipios, y en general, tratándose de la administración pública y gobierno municipales en cualquier materia referente a sus facultades y a las concurrentes con los demás ámbitos de gobierno;

V. A los ciudadanos del estado, en todo los ramos de la administración.

VI. ..."

También, el artículo 148 señala el procedimiento mediante el cual puede adicionarse o reformarse la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y que a la letra señala lo siguiente:

"Artículo 148. La presente Constitución puede ser adicionada y reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de ella se requiere que la Legislatura del Estado, por el voto de las dos terceras partes de los diputados que la integran, acuerde tales reformas y adiciones y que éstas sean aprobadas por la mitad más uno de los ayuntamientos. La Legislatura o la Diputación Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de los ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas."

En lo referente a la controversia constitucional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:

h) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;"

Y la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que:

Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

I. …

II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y

III. ...

Asimismo, el cuerpo de asistencia técnica de esta comisión dictaminadora realizó la investigación pertinente y pudo constatar en medios impresos de comunicación que el ciudadano Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, envió a la Legislatura local una propuesta de contrarrefroma, en la que desiste de nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, manteniendo su facultad de postular un integrante del Consejo de la Judicatura y la atribución del Legislativo para promover a dos más. Al respecto, el gobernador consideró que es "innecesaria la intervención del Poder Ejecutivo en dicha designación", dicha propuesta se encuentra para su estudio y, en su caso, aprobación en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

En tal virtud, la comisión dictaminadora considera que no es procedente exhortar al gobierno del estado de México, a que rectifique su determinación respecto a la designación de Magistrados, ni al Poder Judicial estatal para que interponga la controversia constitucional por invasión de competencias, mucho menos si se pretende incidir o influir en el sentido de la resolución que se le solicita, porque ello atenta contra su autonomía de gestión y de decisión.

Por lo que esta comisión dictaminadora estima prudente que en lugar de exhorto, se remita el asunto a las citadas autoridades locales, para su conocimiento y efectos en el ámbito de sus respectivas competencias.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia somete a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Remítase copia del presente expediente al ciudadano gobernador del estado de México, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su respectiva competencia.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.

La Primera Comisión

Exhorto de la Permanente

Con 18 votos a favor y 10 en contra, la Comisión Permanente aprobó un dictamen por el que se hace un extrañamiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto al nombramiento del exdiputado Miguel Ángel Jiménez Godínez como ministro consejero de la embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte; y se solicita respetuosamente a reconsiderar el mismo.

También se le pide a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, que los nombramientos de colaboradores en las representaciones diplomáticas del país en el exterior, se realicen de conformidad con lo establecido en la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento.

En el dictamen se argumenta que el ciudadano Miguel Ángel Jiménez Godínez, a través de su curricula, “no presenta ningún antecedente de que éste cuente con experiencia en la materia internacional y diplomática, que sin lugar a dudas será el marco de referencia de su nuevo encargo público, y que en ningún momento se desestima el conocimiento y habilidades del funcionario, sino que sólo se busca que los representantes de México en el extranjero se encuentren capacitados para su encomienda”.

Laicidad y laicismo

Laicidad transformada en laicismo, nueva forma de hegemonía totalitaria

El Patriarca de Lisboa critica la “guerra a los símbolos religiosos”

LISBOA, miércoles 27 de enero de 2010 (ZENIT.org).- El Patriarca de Lisboa, cardenal José Policarpo, considera que la manipulación del concepto de laicidad, para transformarla en laicismo, supone una nueva forma de hegemonía totalitaria.

El cardenal abordó esta cuestión en la conferencia que pronunció en el Foro “Pensar a Escola, preparar o futuro”, de la Universidad Católica Portuguesa, y que estaba promovido por la Comisión Episcopal de Educación Cristiana.

Al hablar sobre una escuela laica en un Estado laico, el cardenal recordó que la Constitución de la República Portuguesa define al Estado como laico.

“Este estatuto es fruto de una larga evolución del pensamiento y de la realidad de la sociedad y significa, en su origen, la autonomía del poder del Estado en relación a otros poderes, entre los cuales, el poder de la Iglesia, que fue real y que hoy la Iglesia ya no reivindica ni quiere reivindicar”.

Según el cardenal Policarpo, existe un sentido positivo de esa laicidad: “el Estado no es confesional, esto es, no se identifica con ninguna religión, sino que respeta el fenómeno religioso”.

En ese respeto “se incluye la posibilidad de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas, para la promoción del bien común de la sociedad”.

Este principio de cooperación –según el purpurado– “inspira todo el Concordato celebrado entre el Estado Portugués y la Iglesia Católica, reconociendo, en la práctica, la predominancia de la Iglesia católica en la Nación Portuguesa”.

“Pero si el Estado es laico, la sociedad no lo es. Y hemos asistido en los últimos tiempos, a corriente de pensamiento en una doble dirección”, destacó el Patriarca.

Una dirección es “extender la laicidad del Estado a toda la sociedad y a todas las instituciones del Estado al servicio de la comunidad, entre las cuales sobresale la escuela”. La otra es “hacer derivar la justa laicidad hacia un laicismo, como una nueva religión, que combate cualquier presencia o influencia de la religión en la sociedad”.

Se trata, afirmó, de “una nueva forma de hegemonía totalitaria que se disfraza con ropajes democráticos”.

El purpurado explicó que la escuela, “como institución al servicio de la educación no puede ser laica, en este sentido, como tampoco puede ser un espacio sagrado, en la acepción religiosa del término”.

“La escuela, cualquier escuela digna de ese nombre, no puede dejar de dar lugar, en el proyecto educativo, a la dimensión religiosa, profundamente presente en la tradición cultural portuguesa”.

Según el cardenal Policarpo, la “guerra a los símbolos religiosos es hoy, en Europa, una señal preocupante”.

“Si la escuela, por ser del Estado, tiene que ser laica en ese sentido de una laicidad negativa, esto quiere decir que ésta, aun siendo del Estado, tiene que tener autonomía real de ‘proyecto educativo’”, afirmó.

El Patriarca de Lisboa invitó a los profesionales de las escuelas que sean católicas o se hayan formado en la tradición cultural cristiana.

“No tengan miedo de comunicar, en el proceso educativo, la perspectiva cristiana de la libertad, la búsqueda de la verdad, la generosidad en el servicio del bien común, porque los valores cristianos son básicos en una cultura verdaderamente humanista, y seguirlos, ponerlos en práctica, no significa necesariamente sacralizar la escuela, sino servir a la persona en un horizonte de belleza y de trascendencia”.

La PGR contra las reformas de la ALDF

La PGR promovió ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad contra los matrimonios gay y la adopción de menores por esas parejas en el Distrito Federal.

En un comunicado, la dependencia precisó que esta acción gira en torno de los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, que regulan las figuras del matrimonio y la adopción, al atender lo que establecen los artículos 4, 14, 16 y 133 de la Constitución de los EUM.

Comunicado

PROMUEVE PGR ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN TORNO DE LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DF, QUE REGULA LAS FIGURAS DEL MATRIMONIO Y LA ADOPCIÓNLa Procuraduría General de la República promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en torno de los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, que regulan las figuras del matrimonio y la adopción, atendiendo a lo que establecen los artículos 4°, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con relación a la reforma al artículo 146 del Código Civil capitalino, la PGR considera que se contraviene el principio de legalidad, pues la reforma se aparta del fin constitucional de protección de la familia concebida expresamente por el Poder Constituyente Permanente en 1974.

Asimismo, la reforma parte de la tesis de que no existía protección legal del ejercicio de los derechos de las parejas integradas por personas del mismo sexo y que desean fundar una familia. Ello no es exacto, pues en el Distrito Federal existe, desde 2006, la institución jurídica de la sociedad de convivencia, que tutela prácticamente los mismos derechos que el matrimonio, salvo los relacionados con la procreación y la descendencia.

Por otro lado, la PGR considera que la reforma se aleja del deber estatal de salvaguardar el interés superior del niño, cuya supremacía ordena la Constitución Federal y cuyos alcances establecen los tratados internacionales y han interpretado los propios tribunales mexicanos.

Todo lo anterior, con independencia de los conflictos jurídicos que la reforma genera en el resto de las entidades federativas que conforman la República e, incluso, frente a la Federación, además de que trastoca el sistema federal y las instituciones del derecho de la familia.

Por lo que hace a la adopción, prevista en el artículo 391 del reformado Código Civil para el DF, se considera inconstitucional porque no cumple con el principio de legalidad al no haber tomado en cuenta la supremacía del interés superior del niño, colocado por encima de cualquier otro derecho y porque omitió considerar que todo menor tiene derecho al modelo de familia concebido expresamente por el Poder Constituyente Permanente en el dictamen de la reforma de 1974 a tal dispositivo constitucional.

Con la presentación de la acción de inconstitucionalidad en contra de estas disposiciones legales del Distrito Federal, la Procuraduría General de la República reitera su indeclinable compromiso con la plena observancia de los derechos fundamentales de todos los mexicanos y con la vigencia de la supremacía constitucional y del Estado de Derecho.

Comunicado

Boletín 094/10

Informe del Ombusman nacional

Al presentar el Informe de Actividades 2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, se comprometió ante el Congreso de la Unión a que el Organismo nacional contribuya activamente a la construcción de un Estado de Derecho y se convierta en una institución promotora del diálogo respetuoso entre todos los actores sociales y políticos.

Tras subrayar que consolidará y reorientará los esfuerzos para que la CNDH atienda los compromisos que impone la sociedad mexicana de la segunda década del siglo XXI, dijo que será mediante el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho como se enfrentará la compleja problemática que padece el país.

Convocó a la celebración de unas jornadas nacionales en la materia, con la participación de todos los actores políticos y sociales, con gran sentido ético y de tolerancia, y a la realización de una Carta de Deberes de las Personas, que clarifique los deberes y responsabilidades de todos.

Puso en relieve que las coyunturas que en distintos órdenes afectaron la vida en México durante 2009 generaron un ambiente adverso al desarrollo en los campos humano, económico y social.

La crisis económica, la inseguridad social, la desconfianza de la población hacia las instituciones y el entorno global incrementaron la actividad delictiva, lo que no debe suponer un adelgazamiento o reticencia en la observancia de los derechos humanos, sino una convocatoria para reforzar las acciones tendentes a garantizar su respeto total.

“Dicha convocatoria busca que todos los habitantes del país sean los auténticos beneficiarios de los derechos que establece el orden jurídico nacional, pero reclama el compromiso para que todos cooperemos para la consecución de la paz y la armonía que exige la plena convivencia social”, aseguró.

Plascencia Villanueva habló ante diputados y senadores de todos los partidos políticos congregados en el salón “Legisladores de la República” del Palacio Legislativo de San Lázaro, quienes estuvieron encabezados por el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Refirió que la inseguridad que se vive en el país, que ha ido en aumento en los últimos años, lastima profundamente a la sociedad y ha cobrado la vida de muchos seres humanos y ha dejado a otros debatiéndose entre la vida y la muerte, como lo demuestran ocho mil ejecuciones atribuidas al crimen organizado en 2009.

“Es necesario frenar esta situación y exigir a las autoridades que trabajen de manera coordinada, responsable y eficaz en el combate a la delincuencia para garantizar a cada mexicano el derecho a la seguridad pública”, asentó.

Se pronunció en favor de tender puentes y promover la tolerancia, la armonía, la conciliación, el respeto a la disidencia, al distinto, al diferente, como condición necesaria para la construcción de un país de instituciones más justo y equitativo.

Señaló que en 2009 la CNDH ofreció más de 45 mil servicios, atendió 7,703 expedientes de queja y emitió 78 Recomendaciones específicas a más de 100 autoridades e instancias federales y locales.

El Ombudsman nacional dio a conocer que las Recomendaciones de la CNDH no fueron aceptadas por los titulares de los poderes ejecutivos de Guanajuato, Guerrero, Morelos y Oaxaca, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Tampoco por los titulares de los ayuntamientos de Acayucan, Veracruz; Jiménez, Michoacán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Olinalá, Guerrero, y Tijuana, Baja California, así como los secretarios de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social; el Procurador General de la República, el Director General de Pemex, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, los directores generales del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud, además del Congreso del Estado de Sinaloa.

Por ello demandó fortalecer el trabajo de la CNDH mediante reformas legales para que los funcionarios que no acepten las Recomendaciones o que no las cumplan cuando hayan sido aceptadas, comparezcan ante las Comisiones de Derechos Humanos de las Cámaras de Diputados y/o de Senadores para fundar y motivar sus acciones u omisiones y, en todo caso, se les puedan fincar responsabilidades administrativas y/o penales.

Dio a conocer que durante 2009 se realizaron 978 actividades de capacitación en que participaron 43 mil personas; se ejecutaron 182 actividades con organizaciones sociales con participación de 6,600 personas y se firmaron 110 convenios de colaboración en materia de derechos humanos con universidades, organismos públicos, organizaciones no gubernamentales y autoridades.

Plascencia Villanueva destacó los Informes Especiales sobre el grupo juvenil “Emos” y sobre el secuestro de migrantes, así como la emisión de Recomendaciones Generales sobre el derecho a la protección de la salud por parte de las instituciones responsables en el país; sobre el plazo para resolver una averiguación previa por parte del Ministerio Público y sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente.

“Debo expresar mi más enérgica condena por el hecho de que en 2009 se haya presentado el mayor número de atentados y agravios en contra de periodistas y defensores civiles de derechos humanos en los últimos años. Se radicaron 105 expedientes de queja en el año, 79 de ellos por actos cometidos en perjuicio de periodistas, y 26 en agravio de defensores civiles”, dijo.

Detalló que en el periodo de referencia de obtuvieron 674 certificados de libertad anticipada para indígenas; se realizaron 214 trabajos de campo y tramitaron 14,007 solicitudes de información a autoridades federales, estatales y municipales relacionadas con desaparición de personas en que se presumió o se afirmó la participación de algún agente del Estado, y se concluyeron 70 casos de personas reportadas como desaparecidas.

También se realizaron 1,555 visitas a estaciones migratorias en que se atendió a 30,515 personas y se iniciaron 197 expedientes de queja y nueve más de oficio; se atendieron 219 quejas relacionadas con presuntas violaciones al derecho de igualdad entre mujeres y hombres y se ofreció capacitación en esta materia a 5,815 personas.

Mencionó las 134 visitas en materia de supervisión penitenciaria, la entrega de 132,018 materiales audiovisuales sobre VIH/Sida, los 2,259 servicios a víctimas del delito, incluida la atención jurídica y psicológica, y enfatizó la impostergable necesidad de hacer realidad la Ley Federal de Atención a Víctimas del Delito y en particular de la Ley para la Atención a Víctimas del Delito de Secuestro.

Plascencia Villanueva hizo un llamado para que al recordar la Independencia de nuestro país y la Revolución Mexicana reflexionemos sobre los mexicanos que dieron su vida porque México sea un país de leyes, donde el respeto a la ley sea norma fundamental de convivencia y la vigencia del Estado de Derecho sea una condición imperante para sustentar el desarrollo del país.

***

Presentación del informe (textual) en el pleno de la Comisión Permanente.

Informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

Tiene la palabra el doctor Raúl Plascencia Villanueva para rendir el informe correspondiente.

Raúl Plascencia Villanueva: Muy buenos días, señor diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Señoras y señores integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este honorable Congreso de la Unión. Señoras legisladoras y señores legisladores que conforman la Comisión Permanente de este honorable Congreso. Damas y caballeros.

Es para mí un honor presentarme ante la más alta tribuna en el país, a fin de cumplir con la obligación que establece el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y presentar el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio 2009.

El 16 de noviembre del año pasado inicié mi gestión como titular de esta institución, por lo que las tareas realizadas durante el año pasado corresponden sustancialmente a la administración anterior, siendo los últimos 45 días los que corresponden a mi mandato.

Miren ustedes. Las coyunturas que en distintos órdenes afectaron la vida en México durante el año 2009 generaron un ambiente adverso al desarrollo humano, económico y social. La crisis económica, la inseguridad social, la desconfianza de la población hacia las instituciones e incluso el entorno global, incrementaron la actividad delictiva. Secuestros, robos, atentados contra migrantes, abusos contra los grupos más vulnerables, así como la imposibilidad real de disponer de recursos suficientes para enfrentar los principales reclamos sociales por parte del Estado, generaron un sinnúmero de situaciones críticas en el país.

Estos eventos sensibilizaron a la sociedad que exigió de las autoridades respuestas oportunas y eficaces para enfrentar los efectos de las diferentes crisis económica, política y social, que a todos nos golpearon.

Dichas circunstancias no deben suponer un adelgazamiento o reticencia en la observancia de los derechos humanos. Por el contrario, deben servir para convocarnos, a todos, a reforzar las acciones que permitan garantizar el pleno compromiso con el respeto de los derechos humanos.

En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos participó activamente durante éstos últimos 12 meses en la generación de acciones y mecanismos que contribuyeron a fortalecer la confianza de los habitantes en las instituciones, procurando el interés superior de las víctimas ante cualquier arbitrariedad.

A continuación me permito hacer de su conocimiento un recuento de las principales acciones realizadas en el periodo que se informa.

En el 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ofreció más de 45 mil servicios, entre los que se encuentran orientación a los quejosos, remisión a las autoridades y revisión de solicitudes en materia de transparencia. Lo anterior, significó más de 123 acciones por día y se atendieron 7 mil 713 expedientes de queja.

Las autoridades más frecuentemente señaladas en hechos presuntamente violatorios a los derechos humanos fueron, en primer lugar, la Secretaría de la Defensa Nacional, seguida del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Procuraduría General de la República. De igual manera, se emitieron 78 recomendaciones específicas a más de 100 autoridades e instancias federales y locales.

Debo hacer mención que las autoridades que no aceptaron algunas de estas recomendaciones fueron las siguientes. Los titulares de los Poderes Ejecutivo de los estados de Guanajuato, Guerrero, Morelos y Oaxaca; así mismo, el jefe de Gobierno del Distrito Federal. De igual manera los titulares de los ayuntamientos de Acayucan, Veracruz; Jiménez, Michoacán; Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Olinalá, Guerrero; y Tijuana, Baja California.

Por otra parte, los secretarios de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social; el procurador general del la República; el director general de Petróleos Mexicanos; el comisionado del Instituto Nacional de Migración; los directores generales del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía; y del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud del gobierno federal, así como el Congreso de Sinaloa.

Por ello es que considero oportuno fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de reformas legales necesarias, para que aquellos funcionarios públicos que no acepten las recomendaciones o que no cumplan con las mismas, cuando hayan sido aceptadas, comparezcan ante las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, o bien, de la Cámara de Diputados, y puedan fundar y motivar sus acciones u omisiones y en su caso, se les puedan fincar las responsabilidades correspondientes por la omisión en respetar los derechos humanos.

Con la finalidad de promover una cultura de respeto a los derechos humanos se llevaron a cabo 978 acciones de capacitación, en las cuales participaron más de 43 mil servidores públicos. Adicionalmente se realizaron 182 actividades con organizaciones sociales, con una participación de más de 6 mil 600 personas.

Cabe señalar que como resultado de este acercamiento se firmaron 110 convenios de colaboración en la materia, con universidades, organismos públicos, organizaciones no gubernamentales y autoridades.

Esta institución organizó y participó en cerca de 5 mil actividades de este tipo, que beneficiaron aproximadamente a 395 mil personas. Igualmente, se publicaron más de 2 millones de ejemplares sobre temas vinculados con los derechos humanos.

A manera de ejemplo. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se publicó un informe especial sobre el grupo juvenil Emos, ante la creciente alerta de discriminación contra ellos. En dicho documento se dejó claro que las agresiones de algunos miembros de la sociedad, como de algunas autoridades, evidencian un problema de intolerancia social que requiere la atención coordinada por parte del gobierno en sus tres órdenes.

Otro ejemplo, es la publicación del informe especial sobre secuestro de migrantes. Miren ustedes, el adverso entorno económico fomentó de manera importante la salida de mano de obra de las zonas más marginadas del país. Durante 2009 fuimos testigos de cómo muchos hombres, mujeres y niños, paisanos nuestros, emprendieron un camino hacia Estados Unidos de América, en la mayoría de las veces bajo condiciones inhumanas y generalmente, expuestos a los abusos de las autoridades de ambos lados de la frontera; o bien, siendo víctimas del delito ante redes de delincuentes que amparados en la impunidad han encontrado en el tráfico de personas una forma de vida.

La muerte, el abuso o la desintegración familiar son sólo algunos de los costos por conseguir este objetivo.

Ante esta situación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un informe especial sobre el secuestro de migrantes. En este trabajo se dejó en claro que existe ineficiencia del sistema de justicia para prevenir, investigar, perseguir y castigar el secuestro de migrantes, así como ineficacia de la autoridad para prevenir el delito, proteger a las víctimas y lograr la reparación del daño, en lo que además debe quedar expresada una garantía de no repetición.

Otro ejemplo de las acciones realizadas en 2009 fue la emisión de recomendaciones generales relativas a eventos de trascendencia nacional con el fin de que se promuevan las modificaciones normativas y prácticas administrativas que propician violaciones a los derechos humanos.

En el periodo que se informa se emitieron tres recomendaciones de este tipo. La primera de ellas, recomendación 15, sobre el derecho a la protección de la salud relativa a las condiciones bajo las cuales se presta ese servicio por parte de las instituciones responsables en el país.

La segunda, la 16, sobre el plazo para resolver una averiguación previa por parte del Ministerio Público; y la tercera es la que más puede afectar el desarrollo de un país. Es precisamente sobre el caso de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente.

En este sentido deseo expresar la más enérgica condena por el hecho de que durante el año 2009 se haya presentado el mayor número de atentados y agravios en contra de periodistas y comunicadores, así como a defensores civiles de derechos humanos en los últimos años.

Se radicaron en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 105 expedientes de queja; 79 de ellos por actos cometidos en perjuicio de periodistas y 26 en agravio de defensores civiles.

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hemos sido enfáticos para que las autoridades tomen las medidas necesarias para enfrentar la impunidad, que indaguen y agoten todas las líneas de investigación y emprendan las estrategias contundentes que garanticen condiciones de seguridad y prevención suficientes para el ejercicio profesional de periodistas y para la labor de los defensores civiles en materia de derechos humanos.

En ese mismo año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 105 de la Constitución General de la República, promovió diversas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre temas tales como:

Los derechos de las personas con discapacidad, los principios de no discriminación y respeto a la dignidad humana, el derecho a la información y el derecho de acceso a los tribunales para que se resuelvan cuestiones vinculadas con el medio ambiente, el derecho al debido proceso y el derecho a la seguridad de las personas, entre otros.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un firme compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, durante 2009 se llevaron a cabo cerca de medio centenar de visitas a distintas ciudades, municipios y comunidades con población indígena, para acercar a la institución a las regiones más alejadas y desprotegidas del país.

Con relación a los beneficios de libertad anticipada para indígenas se obtuvieron 674 certificados de libertad anticipada para este sector de la población.

En cuanto a la investigación de los reportes de desaparición de personas en los que se presumió o se afirmó la participación de algún agente del Estado, se llevaron a cabo 214 trabajos de campo y se tramitaron 14 mil siete solicitudes de información a diversas autoridades federales, estatales y municipales. En el período que se informa se concluyeron 70 casos de personas reportadas como desaparecidas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la instancia responsable de desarrollar las funciones del mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Dentro de este marco se realizaron 194 visitas, se elaboraron informes dirigidos a gobernadores y presidentes municipales de varias entidades del país.

Por lo que hace a la protección de los derechos de los migrantes, en 2009 se realizaron mil 555 visitas a estaciones migratorias, en las que se atendieron a 30 mil 515 personas y se iniciaron 187 expedientes de queja y nueve más de oficio. Asimismo, se desarrollaron 231 visitas a lugares dependientes de una autoridad diferente a la migratoria y a puntos de concentración de migrantes. En estas visitas se atendieron a cuatro mil 102 personas.

Con la finalidad de difundir el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, se realizaron 16 actividades de enlace y 65 reuniones de trabajo con instituciones públicas y organizaciones sociales. Además se dio atención a 219 quejas de presuntas violaciones al derecho de igualdad entre mujeres y hombres y se ofreció capacitación en la materia a un total de cinco mil 815 personas.

La trata de personas es una agresión inaceptable a la libertad y a la dignidad de los seres humanos. Con el objeto de dar seguimiento a la actuación de las autoridades en la materia, se finalizó la instalación de 10 comités regionales contra la trata de personas, cuya sede se ubica en los estados en los que existe una oficina regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Otra actividad fundamental es la promoción de los derechos de la niñez, las mujeres, los adolescentes, los adultos mayores y la familia, desde una perspectiva de género y del interés superior de la infancia. En este sentido, se brindó atención a 281 solicitudes en materias vinculadas con violencia intrafamiliar, pensión alimenticia, discriminación, guardia y custodia, entre otras.

Dentro del marco de la atención y gestión de solicitudes de beneficios legales de libertad anticipada y traslados penitenciarios, durante 2009 se atendieron mil 042 peticiones y, como resultado de estas gestiones, la autoridad federal informó de la resolución de un total de 635 casos.

Durante 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio seguimiento a las obligaciones establecidas en la reforma al artículo 18 constitucional en materia de justicia para adolescentes. Hemos dado cuenta, a través de diferentes estudios e instrumentos jurídicos, de la situación que presenta esta materia. Por ello, quiero reiterar en este foro la urgente necesidad de que el Poder Legislativo impulse todos aquellos proyectos de ley necesarios para garantizar a los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley la salvaguarda de sus derechos fundamentales, particularmente la aprobación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes que se encuentra pendiente desde hace cerca de tres años.

En materia de supervisión penitenciaria, durante el año que se informa se llevaron a cabo 134 visitas, una de ellas a la prisión Militar número 1; otras 99 a centros que integran el Sistema Federal Penitenciario y finalmente 34 a centros administrados por autoridades del fuero común.

En cuanto a difusión, educación y prevención en materia de VIH sida, en 2009 se entregaron 132 mil 018 materiales; además se ofrecieron 73 actividades de capacitación en beneficio de mil 990 servidores públicos, pertenecientes a diversas instituciones en materia de salud educativa, tanto de organismos estatales como federales.

Durante 2009 se prestaron dos mil 259 servicios a víctimas del delito, incluida la atención jurídica y psicológica. Debo ratificar ante ustedes la prioridad que representa para mi gestión la protección efectiva de las víctimas del delito, de las víctimas del abuso del poder, de las víctimas de la indolencia.

Para lograr de mejor manera dicho objetivo, es impostergable también hacer realidad la Ley Federal de Atención a Víctimas del Delito y en particular, aprobar una ley para atender de manera adecuada a las víctimas del delito de secuestro, que hoy se encuentran ambas como iniciativas en este Honorable Congreso de la Unión.

La mejora en la situación de los derechos de las mujeres en México sigue siendo una asignatura pendiente; si bien sabemos que los esfuerzos nacionales e internacionales por difundir y proteger estos derechos han tenido un avance significativo, todavía hace falta mucho camino por recorrer.

Uno de los casos más claros es la presencia aún en nuestra sociedad de la violencia en contra de la mujer, en cualquiera de sus formas, desde la en ocasiones silenciosa violencia intrafamiliar hasta el insultante comercio de personas, donde las mujeres son la más oprobiosa mercancía y por supuesto, sin dejar de lado los vergonzosos casos de asesinatos de mujeres que han señalado a México en el ámbito internacional.

Al respecto, la Comisión Nacional que presido seguirá trabajando a través de su Programa Especial para el Combate a la Trata de Personas y vigilará que se respete la igualdad de género y combatirá todas aquellas formas de conducta que violenten los derechos de las mujeres. En especial nos comprometemos a coadyuvar para que se haga justicia en los casos de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde a la fecha son 504 los casos de atentados en contra de la vida de mujeres, que continúan muchos de ellos pendientes de que se haga justicia.

Otro tema preocupante tiene que ver con las condiciones de vida de aquellas personas que viven con algún tipo de discapacidad.

Reconozco que existen importantes avances, pero también rezagos legales y en infraestructura, lo mismo que actitudes de discriminación que impiden o retrasan la plena integración social de este grupo altamente vulnerable. Por ello, debemos promover un entorno legal y material favorable a estos grupos y por supuesto, combatir de manera enérgica cualquier forma de discriminación al respecto.

Señoras legisladoras y señores legisladores, el 2010 significa para los mexicanos la conmemoración de dos acontecimientos fundamentales para la nación, dos acontecimientos que tenemos que recordar: la Independencia de México y la Revolución Mexicana. Ésta es una buena oportunidad para reflexionar sobre el enorme sacrificio que mexicanas y mexicanos valientes que dieron su vida para que México fuese un país de leyes. Un país en donde el respeto a la ley sea la norma fundamental de convivencia; en donde la vigencia del estado de derecho sea una condición imperante para sustentar las bases del desarrollo del país.

Pienso que debemos detenernos un momento y reflexionar, debatir, ponderar y tomar decisiones en torno al futuro de nuestro país y discutir de manera democrática, tolerante, exhaustiva e incluyente todas aquellas vías para hacer realidad tangible los principios de libertad, independencia, justicia e igualdad a los que aspiramos y tenemos derecho todos los mexicanos por igual, sin distingo alguno.

Este año también se conmemora el vigésimo aniversario de este organismo nacional, lo cual amerita la consolidación y la orientación de los esfuerzos para llevar a la institución hacia los nuevos compromisos que impone la sociedad mexicana de la segunda década del siglo XXI.

Los derechos humanos son e implican un compromiso de todos; se requiere la colaboración decida de instituciones públicas y privadas, de gobernantes, de legisladores, de organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de los ombudsman locales, pero, sobre todo, de la sociedad cuya cultura en esta materia hay que impulsar intensamente.

Un aspecto fundamental en el México contemporáneo es el del fortalecimiento de la cultura de la legalidad y el estado de derecho.

Al respecto, con la finalidad de enfrentar la compleja problemática que padece el país, estoy convocando a la celebración de unas jornadas nacionales en la materia en las que participen todos los actores políticos y sociales con un gran sentido ético, con un gran compromiso y con una gran tolerancia.

En ese mismo sentido, es importante trabajar en una Carta de Deberes de las Personas que clarifique los deberes y responsabilidades que tenemos todos. Estoy consciente de que en un país como el nuestro, con enormes carencias sociales y económicas, así como con una profunda y ancestral desigualdad, podría parecer paradójico, incluso ofensivo, solicitar a los grupos vulnerables y a quienes en su conjunto han padecido la inacción o incluso el abuso gubernamental el cumplimiento de sus deberes.

Sin embargo, también estoy convencido de que esto debe ser entendido en su justa dimensión. Dicha convocatoria busca que todos los habitantes del país, independientemente de la condición que tengamos, servidores públicos o particulares, sean los auténticos beneficiarios de los derechos que establece el orden jurídico nacional. Pero reclama también que todos cooperemos para lograr dicho objetivo.

Superar el problema de la impunidad es uno de los grandes retos para los próximos años. Esta problemática desalienta la labor de las autoridades y genera una percepción negativa en los ciudadanos.

En este sentido, inhibe la participación de la sociedad al no encontrar ésta suficiente incentivo para denunciar delitos, ya que aún haciéndolo, el hecho de que de cada 100 delitos sólo 2 delincuentes vayan a prisión genera una desilusión y deja clara la necesidad de trabajar en aspectos de eficiencia institucional, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y evitar la impunidad.

Desde esta alta tribuna invito a todos los miembros de las honorables Cámaras de Diputados y de Senadores, servidores públicos, y a la sociedad en general, sin distingos de partido o intereses de grupo, y con la firme convicción de trabajar por un México mejor, a participar con entusiasmo y decisión en la suma de esfuerzos para hacer de estas Jornadas Nacionales a Favor de la Cultura de la Legalidad una realidad nacional.

Señoras legisladoras y señores legisladores, el propósito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es contribuir activamente a la construcción de un estado de derecho en las actuales circunstancias que vive el país, con la presencia de una gran tensión social derivada de la inseguridad pública, la agudización de las desigualdades y la polarización política. Queremos ser una institución promotora del diálogo respetuoso y constructivo entre todos los actores sociales y políticos.

Mención especial merece la situación de inseguridad que se vive en el país, la cual ha ido en aumento en los últimos años. Este fenómeno que lastima profundamente a la sociedad ha cobrado la vida de muchos seres humanos y ha dejado a otros debatiéndose entre la vida y la muerte. Las 8 mil ejecuciones atribuidas al crimen organizado durante el 2009 representan una clara muestra de la situación imperante en el país.

Es necesario frenar esta situación y exigir a las autoridades que trabajen de manera coordinada, responsable, pero también, con gran eficacia en el combate a la delincuencia para garantizar a cada mexicano el derecho a la seguridad pública.

Este derecho constituye un elemento primordial para consolidar el sistema de libertades y garantizar el ejercicio, la protección y la promoción de los derechos humanos, visto como la obligación primaria esencial del Estado.

En ello considero que la sociedad civil es un eslabón fundamental para conocer la manera en que se atienden los problemas de seguridad pública, la forma en que trabajan las autoridades, cómo se pueden prevenir potenciales violaciones a los derechos humanos, así como las posibles soluciones a toda esta problemática.

Como ombudsman nacional me he planteado el compromiso de promover una mayor cercanía con la sociedad y así buscar sumar esfuerzos en la consecución de un objetivo común: la vigencia efectiva de los derechos humanos.

Por otra parte, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostenemos que el Ejército no debe cumplir funciones de policía. Lamento lo que sucede actualmente y únicamente lo explico como una actividad transitoria y de emergencia ante los graves atentados ocurridos en materia de seguridad pública.

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos buscaremos promover que los policías organizados puedan hacerse cargo de la función que les corresponde: la seguridad pública; y que el Ejército se mantenga en la esfera de las facultades que constitucionalmente le corresponden.

Deseamos tender puentes y promover la tolerancia, la armonía, la conciliación, el respeto a la disidencia, al distinto, al diferente, como condición necesaria para la construcción de un país de instituciones, de un país más justo. De un país más equitativo.

En nombre de todos y cada uno de los integrantes del organismo que represento, les ofrezco el compromiso ético y profesional de contribuir a construir la estructura institucional del México del mañana, que nos permita transitar hacia un futuro con mayor libertad, con mayor bienestar para todos sus habitantes y, para que así, nuestro país alcance el lugar que le corresponde en el concierto internacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna el informe a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, agradecemos su presencia en esta Comisión Permanente para entregar el informe de actividades de dicha institución. Sabemos del trabajo que esa comisión a su cargo está llevando a cabo para velar por un estado de derecho.

Las y los legisladores analizaremos cuidadosamente el contenido del informe que este día nos entrega. Tenga la seguridad que estaremos trabajando por la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos.

Se pide a la comisión designada acompañar al doctor Raúl Plascencia Villanueva cuando él desee retirarse de este recinto.

Continuamos con nuestro orden del día, en el capítulo de iniciativas.

El equilibrio es Gómez Mont

Columna Estrictamente Personal/Raymundo Riva Palacio

Ruptura en el Olimpo (II y última)

Ejecentral.com, 27 de enero de  2010;

El quiebre en el equipo político del presidente Felipe Calderón es profundo. Lo peor, que se puede agravar. El secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont dejó abierta la posibilidad de su renuncia si se hacía la alianza entre el PAN y la izquierda en Oaxaca, lo que llevó a que el líder del PAN, César Nava, a extremar la cautela y adelantar que esa decisión será hasta dentro de un mes, sin que haya nada seguro. Lo que se dio es un parche temporal, como se vienen dando las reparaciones artesanales en el corazón político presidencial, que late a un ritmo de 2012 revoluciones por día.

La sucesión presidencial ya arribó al calderonismo por una puerta sorpresiva, el realineamiento de secretarios dentro del gabinete. Una parte está en el precandidato natural, Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, y otra parte se está sumando detrás de la coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso, Josefina Vázquez Mota, que no está en el ánimo de Los Pinos. Otros jugadores dudan, rectifican o esperan una mejor coyuntura.

Juicios orales en Q. Roo

La Comisión Permanente del Congreso de Quintana Roo designo a José Antonio León Ruiz y a Armando García Torres como nuevos magistrados de número en el Tribunal del Poder Judicial de Quintana Roo. Los nuevos magistrados fueron elegidos de manera unánime y sustituyen a Ariel Martínez Carrillo y a José Carlos Mugarte, quienes no fueron ratificados en el cargo.

Cabe recordar que a fines de octubre del año pasado, quedaron vacantes dos cargos de magistrados de número, luego de que concluyeron en su encargo los abogados Ariel Martínez Carrillo y José Carlos Cortés Mugártegui, tras cumplir su período de seis años.
En esa fecha el primero de los abogados no fue ratificado en el cargo por parte de la actual Legislatura al considerar ésta que ya no reunía los requisitos establecidos en ley, en tanto que José Carlos Cortés Mugártegui decidió retirar su solicitud de ratificación aunque el dictamen que en su momento emitió la Comisión de Justicia establecía que sí cumplía los requisitos para ser ratificado en el cargo.
En el caso de Ariel Martínez Carrillo fue denunciado en la Procuraduría de Justicia por acoso sexual en contra de un joven de 18 años, la denuncia quedo registrada con el expediente 3307/10-2009.

En ese sentido José Antonio León Ruiz y Armando García Torres, rindieron protesta en el Congreso del Estado.

“Coma parte de los primeros trabajos, nos vamos a concentrar en coadyuvar en el establecimiento de reformas federales en materia de justicia penal que aún no se aterrizan en Quintana Roo, como los juicios orales, ya que de esta manera podremos desahogar el trabajo en los juzgados del estado”, dijo José Antonio León Ruiz.

Consideraron que con la aplicación de los juicios orales no solamente se dará agilidad a los procesos, sino que las partes podrán sentir que están siendo escuchadas porque los jueces tendrán que estar presentes en cada juicio, y los ciudadanos tendrán, por consiguiente, la confianza renovada de que en la sentencia que se emita se concederá a cada quién lo justo.

Sin embargo, hicieron patente la necesidad de que la capacitación sobre los juicios orales no solamente se aplique a los encargados de impartir justicia, sino también a los litigantes.

Lizbeth Loy Song Encalada es la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo.

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Habría juicios orales en Q. Roo

“Se pretende que las partes sientan que son escuchadas”

Diario de Yucatan, Pp, QUINTANA ROO - 27/01/2010

CHETUMAL.— Ágiles y con un mayor equilibrio y equidad, los juicios orales permitirán a las partes en conflicto sentir que están siendo escuchadas porque los jueces tendrán que estar presentes, coincidieron ayer los dos nuevos magistrados designados por el Congreso estatal, José Antonio León Ruiz y Armando García Torres.

“Los ciudadanos tendrán, por consiguiente, la confianza renovada de que en la sentencia que se emita se concederá a cada quién lo justo”, indicó León Ruiz.

La Comisión Permanente del Congreso del Estado designó a León Ruiz y a García Torres como nuevos magistrados de número en el Tribunal del Poder Judicial de Quintana Roo.

De manera paralela, también se nombró a Enrique Mora Castillo como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Los nuevos magistrados fueron elegidos de manera unánime y sustituirán a Ariel Martínez Carrillo y a José Carlos Mugarte, quienes no fueron ratificados en el cargo.

León Ruiz y García Torres, luego de rendir protesta, señalaron que en su trabajo buscarán aterrizar reformas federales en Quintana Roo para agilizar la labor en los juzgados.

“Como parte de los primeros trabajos nos vamos a concentrar en coadyuvar en el establecimiento de reformas federales en materia de justicia penal que aún no se aterrizan en Quintana Roo, como los juicios orales, ya que de esta manera podremos desahogar el trabajo en los juzgados del Estado”, reiteró José Antonio León Ruiz.

Sin embargo, destacaron la necesidad de que la capacitación sobre los juicios orales no solamente se aplique a los encargados de impartir justicia sino también a los litigantes.