El Presidente Calderón en el Congreso: El Sistema de Justicia Penal en México, Retos y Perspectivas; jueves, 24 de Abril de 2008 Discurso
Muy buenos días.
Señor Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Señor Procurador General de la República.
Señoras y señores integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
Señoras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Señoras y señores:
El combate a la inseguridad y la consolidación del Estado de Derecho en el país son asuntos prioritarios en la agenda nacional.
Tengo la firme convicción de que la modernización y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de procurar y de impartir justicia son fundamentales para garantizar el éxito en la lucha que hoy libramos por un México más seguro, en el que impere la libertad, la ley y el orden.
Por ello agradezco la invitación para acompañarlos en este magnífico espacio de reflexión y de diálogo, en el que se han dado cita expertos y profesionales para contribuir a una adecuada instrumentación de una reforma a nuestro Sistema de Justicia Penal.
Mi mayor reconocimiento a todos ustedes, porque sé que sus ideas y propuestas nos permitirán dar los pasos adecuados, fundamentales, para modernizar y fortalecer el Sistema de Procuración y de Impartición de Justicia Penal en México.
Como ustedes saben, el año pasado presenté ante el Congreso de la Unión una propuesta de reforma constitucional en materia de justicia penal.
Esta reforma, que fue enriquecida con iniciativas y participaciones impulsadas vigorosamente por distintos legisladores en el Congreso de la Unión, fue aprobada finalmente por éste y ahora su proceso de revisión avanza en las legislaturas locales.
De concluir favorablemente su aprobación, esta reforma será una de las más relevantes en el sistema de enjuiciamiento penal que hayamos tenido los mexicanos, quizá comparable con la transición del sistema puramente inquisitorio que rigió hasta el siglo pasado, al actual sistema mixto.
Con esta reforma México puede fortalecer sus instituciones encargadas de investigar y sancionar los delitos, respetando, de manera irrestricta, los derechos fundamentales de cada ciudadano.
De lo que se trata es de impedir que la impunidad sea aliada de quienes quebrantan la ley.
Queremos dotar de nuevas y mejores herramientas al Estado en su tarea de garantizar la seguridad pública, la justicia y la tranquilidad de los ciudadanos y, al mismo tiempo, de juicios más claros, transparentes y justos para quienes participan en un proceso.
Esta reforma, además de implementarse adecuadamente, como es nuestra tarea, permitirá fortalecer a todos los actores del proceso penal. Nos permitirá contar con mejores policías con un nuevo sistema que lo haga posible; con agentes del Ministerio Público mejor preparados y, además, obligadamente mejor preparados para presentar los casos ante los jueces; mejores defensores y mejores jueces en sí mismos.
Brindará, también, mayores garantías procesales a los acusados, a los ofendidos y particularmente a las víctimas, que hasta ahora no han gozado, hay que reconocerlo, de la protección y atención debida del Estado.
En términos generales podremos alcanzar algunos objetivos, como son los siguientes:
Primero. Agilizar y transparentar los procesos penales. Mediante esta reforma transitaremos de un sistema de justicia inquisitorial a uno acusatorio, con juicios orales y procesos debidamente simplificados, desahogados todos ellos ante la presencia del juez.
Segundo. Podremos reducir espacios para la corrupción y la impunidad, porque sentaremos las bases para que el Ministerio Público y las policías investiguen los delitos de manera más eficaz, expedita y profesional y tiendan, precisamente, a obtener la evidencia que sea presentable ante el juez, de una manera mucho más precisa.
Tercero. Profesionalizar a las policías. Con el nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública implementaremos estándares de calidad en la capacitación de las policías.
Ahora las policías municipales, estatales y federales podrán modernizarse y fortalecerse para hacer más eficiente la investigación y persecución de los delitos.
En un marco de mayor coordinación avanzaremos en la profesionalización, el control de confianza y la honestidad de los cuerpos policiacos, un proceso que ya se ha iniciado en el Gobierno Federal.
Cuarto. Contar con medios alternativos de solución de controversias. Estos medios serán una alternativa para restituir al agraviado en el goce de sus derechos. Eso permitirá que el Estado centre sus capacidades en la investigación de los delitos, más que en la solución de conflictos entre las partes, y permitirá reducir al máximo posible que negocios estrictamente mercantiles sean dirimidos en el litigio penal.
Quinto. Fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad y de combatir a las organizaciones criminales. Con figuras, por ejemplo, como la extinción de dominio en favor del Estado de bienes producto de ilícitos, el Estado podrá combatir con mayor fuerza a las estructuras operativas y económicas de la delincuencia organizada.
Esta reforma, señoras y señores, responde a una realidad irrefutable. Actualmente el fenómeno delictivo es mucho más complejo y, por ello, nuestras instituciones encargadas de procurar e impartir justicia deben modernizarse y fortalecerse. En la percepción del ciudadano en México no hay aún justicia ni pronta ni expedita. Esa es la verdad.
Al mismo tiempo, esta reforma nos plantea, para ser exitosa, el poder lograr realizar enormes retos. Es fundamental, por ejemplo, que las autoridades de los tres Poderes de la Unión, de los tres órdenes de Gobierno, trabajemos de manera corresponsable y coordinada.
Debemos actuar bajo una misma visión de Estado para poner en marcha las adecuaciones y adoptar los nuevos procedimientos que esta reforma nos obliga.
La reforma requiere con urgencia el diseño y puesta en marcha de un proceso de transición ordenado y coherente. Este proceso demanda la plena coordinación entre todos los poderes, particularmente en el ámbito de competencia local.
Una de las primeras tareas de esta transición debe ser el ordenar y agilizar los procesos vigentes como, por ejemplo, el fortalecer los momentos procesales, que ya hoy, actualmente, están basados en la oralidad; o bien, modificar el Amparo para que se elimine el ejercicio abusivo de éste y deje de dilatarse, así, la justicia.
Debemos avanzar, además, en temas fundamentales como la capacitación de todos aquellos que estarán encargados de operar la reforma: de jueces, de magistrados, de Ministerios Públicos, de policías.
O como en la consolidación de una nueva cultura, no sólo de procuración e impartición de justicia en el país, sino en general una sólida cultura de legalidad en todos los mexicanos.
Por otra parte, y particularmente en los casos de crimen organizado, los poderes públicos tenemos la responsabilidad de garantizar que Ministerios Públicos, policías y jueces, puedan procurar e impartir justicia y garantizar seguridad a la ciudadanía a plenitud y con plena legalidad y objetividad; que estén a salvo de la amenaza de la extorsión y de la amenaza misma de su vida, por lo cual se requerirá que estén mejor pagados, muy bien protegidos y que su ejercicio sea plenamente transparente.
Es muy importante, además, que atendamos las recomendaciones y las conclusiones producto de foros, como éste, en el que se reúnen las organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas, jueces, magistrados, ministros, así como instituciones y expertos internacionales para discutir el impacto y las implicaciones de una reforma de esta magnitud.
Tenemos que aprender de las experiencias vividas en otros países que han iniciado procesos como el que hoy, seguramente, iniciará en México.
Con la participación de todos, con el liderazgo de la Suprema Corte que se refleja, precisamente, en este evento; con la concurrencia de los tres órdenes de Gobierno, de los tres Poderes de la Unión, de juristas, académicos, expertos, ciudadanos, de todos, podremos lograr que México cuente con un Sistema de Procuración e Impartición de Justicia a la altura de los enormes desafíos que nos plantea la consolidación del Estado de Derecho en el país.
Señoras y señores:
El pueblo que ha defendido con su sangre nuestras libres instituciones, escribió don Benito Juárez, ha impuesto a los poderes públicos el constante y sagrado deber de observar fielmente la Constitución y las leyes, pues ellas afianzan los derechos y las garantías de los ciudadanos y son una prenda segura de la paz y el progreso de la sociedad.
Con estas palabras del Benemérito de las Américas, recordamos que uno de los más importantes deberes del Estado y quizá el que le da razón a su existencia, es garantizar la legalidad y los derechos de cada quien.
La modernización de nuestras instituciones encargadas de procurar e impartir justicia en el país es una tarea que responde, precisamente, a la firme lucha del Estado mexicano por un país en el que impere la ley, el orden, la justicia y la libertad.
Felicito nuevamente a los organizadores y participantes del Congreso por sus valiosas aportaciones para la adecuada implementación de la reforma a nuestro Sistema de Justicia Penal y para la construcción de un México más justo, más seguro y más próspero.
Enhorabuena y muchas felicidades.
Señor Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Señor Procurador General de la República.
Señoras y señores integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
Señoras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Señoras y señores:
El combate a la inseguridad y la consolidación del Estado de Derecho en el país son asuntos prioritarios en la agenda nacional.
Tengo la firme convicción de que la modernización y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de procurar y de impartir justicia son fundamentales para garantizar el éxito en la lucha que hoy libramos por un México más seguro, en el que impere la libertad, la ley y el orden.
Por ello agradezco la invitación para acompañarlos en este magnífico espacio de reflexión y de diálogo, en el que se han dado cita expertos y profesionales para contribuir a una adecuada instrumentación de una reforma a nuestro Sistema de Justicia Penal.
Mi mayor reconocimiento a todos ustedes, porque sé que sus ideas y propuestas nos permitirán dar los pasos adecuados, fundamentales, para modernizar y fortalecer el Sistema de Procuración y de Impartición de Justicia Penal en México.
Como ustedes saben, el año pasado presenté ante el Congreso de la Unión una propuesta de reforma constitucional en materia de justicia penal.
Esta reforma, que fue enriquecida con iniciativas y participaciones impulsadas vigorosamente por distintos legisladores en el Congreso de la Unión, fue aprobada finalmente por éste y ahora su proceso de revisión avanza en las legislaturas locales.
De concluir favorablemente su aprobación, esta reforma será una de las más relevantes en el sistema de enjuiciamiento penal que hayamos tenido los mexicanos, quizá comparable con la transición del sistema puramente inquisitorio que rigió hasta el siglo pasado, al actual sistema mixto.
Con esta reforma México puede fortalecer sus instituciones encargadas de investigar y sancionar los delitos, respetando, de manera irrestricta, los derechos fundamentales de cada ciudadano.
De lo que se trata es de impedir que la impunidad sea aliada de quienes quebrantan la ley.
Queremos dotar de nuevas y mejores herramientas al Estado en su tarea de garantizar la seguridad pública, la justicia y la tranquilidad de los ciudadanos y, al mismo tiempo, de juicios más claros, transparentes y justos para quienes participan en un proceso.
Esta reforma, además de implementarse adecuadamente, como es nuestra tarea, permitirá fortalecer a todos los actores del proceso penal. Nos permitirá contar con mejores policías con un nuevo sistema que lo haga posible; con agentes del Ministerio Público mejor preparados y, además, obligadamente mejor preparados para presentar los casos ante los jueces; mejores defensores y mejores jueces en sí mismos.
Brindará, también, mayores garantías procesales a los acusados, a los ofendidos y particularmente a las víctimas, que hasta ahora no han gozado, hay que reconocerlo, de la protección y atención debida del Estado.
En términos generales podremos alcanzar algunos objetivos, como son los siguientes:
Primero. Agilizar y transparentar los procesos penales. Mediante esta reforma transitaremos de un sistema de justicia inquisitorial a uno acusatorio, con juicios orales y procesos debidamente simplificados, desahogados todos ellos ante la presencia del juez.
Segundo. Podremos reducir espacios para la corrupción y la impunidad, porque sentaremos las bases para que el Ministerio Público y las policías investiguen los delitos de manera más eficaz, expedita y profesional y tiendan, precisamente, a obtener la evidencia que sea presentable ante el juez, de una manera mucho más precisa.
Tercero. Profesionalizar a las policías. Con el nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública implementaremos estándares de calidad en la capacitación de las policías.
Ahora las policías municipales, estatales y federales podrán modernizarse y fortalecerse para hacer más eficiente la investigación y persecución de los delitos.
En un marco de mayor coordinación avanzaremos en la profesionalización, el control de confianza y la honestidad de los cuerpos policiacos, un proceso que ya se ha iniciado en el Gobierno Federal.
Cuarto. Contar con medios alternativos de solución de controversias. Estos medios serán una alternativa para restituir al agraviado en el goce de sus derechos. Eso permitirá que el Estado centre sus capacidades en la investigación de los delitos, más que en la solución de conflictos entre las partes, y permitirá reducir al máximo posible que negocios estrictamente mercantiles sean dirimidos en el litigio penal.
Quinto. Fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad y de combatir a las organizaciones criminales. Con figuras, por ejemplo, como la extinción de dominio en favor del Estado de bienes producto de ilícitos, el Estado podrá combatir con mayor fuerza a las estructuras operativas y económicas de la delincuencia organizada.
Esta reforma, señoras y señores, responde a una realidad irrefutable. Actualmente el fenómeno delictivo es mucho más complejo y, por ello, nuestras instituciones encargadas de procurar e impartir justicia deben modernizarse y fortalecerse. En la percepción del ciudadano en México no hay aún justicia ni pronta ni expedita. Esa es la verdad.
Al mismo tiempo, esta reforma nos plantea, para ser exitosa, el poder lograr realizar enormes retos. Es fundamental, por ejemplo, que las autoridades de los tres Poderes de la Unión, de los tres órdenes de Gobierno, trabajemos de manera corresponsable y coordinada.
Debemos actuar bajo una misma visión de Estado para poner en marcha las adecuaciones y adoptar los nuevos procedimientos que esta reforma nos obliga.
La reforma requiere con urgencia el diseño y puesta en marcha de un proceso de transición ordenado y coherente. Este proceso demanda la plena coordinación entre todos los poderes, particularmente en el ámbito de competencia local.
Una de las primeras tareas de esta transición debe ser el ordenar y agilizar los procesos vigentes como, por ejemplo, el fortalecer los momentos procesales, que ya hoy, actualmente, están basados en la oralidad; o bien, modificar el Amparo para que se elimine el ejercicio abusivo de éste y deje de dilatarse, así, la justicia.
Debemos avanzar, además, en temas fundamentales como la capacitación de todos aquellos que estarán encargados de operar la reforma: de jueces, de magistrados, de Ministerios Públicos, de policías.
O como en la consolidación de una nueva cultura, no sólo de procuración e impartición de justicia en el país, sino en general una sólida cultura de legalidad en todos los mexicanos.
Por otra parte, y particularmente en los casos de crimen organizado, los poderes públicos tenemos la responsabilidad de garantizar que Ministerios Públicos, policías y jueces, puedan procurar e impartir justicia y garantizar seguridad a la ciudadanía a plenitud y con plena legalidad y objetividad; que estén a salvo de la amenaza de la extorsión y de la amenaza misma de su vida, por lo cual se requerirá que estén mejor pagados, muy bien protegidos y que su ejercicio sea plenamente transparente.
Es muy importante, además, que atendamos las recomendaciones y las conclusiones producto de foros, como éste, en el que se reúnen las organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas, jueces, magistrados, ministros, así como instituciones y expertos internacionales para discutir el impacto y las implicaciones de una reforma de esta magnitud.
Tenemos que aprender de las experiencias vividas en otros países que han iniciado procesos como el que hoy, seguramente, iniciará en México.
Con la participación de todos, con el liderazgo de la Suprema Corte que se refleja, precisamente, en este evento; con la concurrencia de los tres órdenes de Gobierno, de los tres Poderes de la Unión, de juristas, académicos, expertos, ciudadanos, de todos, podremos lograr que México cuente con un Sistema de Procuración e Impartición de Justicia a la altura de los enormes desafíos que nos plantea la consolidación del Estado de Derecho en el país.
Señoras y señores:
El pueblo que ha defendido con su sangre nuestras libres instituciones, escribió don Benito Juárez, ha impuesto a los poderes públicos el constante y sagrado deber de observar fielmente la Constitución y las leyes, pues ellas afianzan los derechos y las garantías de los ciudadanos y son una prenda segura de la paz y el progreso de la sociedad.
Con estas palabras del Benemérito de las Américas, recordamos que uno de los más importantes deberes del Estado y quizá el que le da razón a su existencia, es garantizar la legalidad y los derechos de cada quien.
La modernización de nuestras instituciones encargadas de procurar e impartir justicia en el país es una tarea que responde, precisamente, a la firme lucha del Estado mexicano por un país en el que impere la ley, el orden, la justicia y la libertad.
Felicito nuevamente a los organizadores y participantes del Congreso por sus valiosas aportaciones para la adecuada implementación de la reforma a nuestro Sistema de Justicia Penal y para la construcción de un México más justo, más seguro y más próspero.
Enhorabuena y muchas felicidades.
Fuente: Presidencia de la República
