Nivel 6

Con una extensión casi mundial (se han identificado casos en 74 países), la nueva gripe es ya, oficialmente, una pandemia. La primera del siglo XXI. Aunque el calificativo puede llevar a confusión: se debe a la facilidad de propagación del virus, no a su gravedad (la mortalidad es del 0,5%).

Fue la directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, quien hizo a el anuncio del aumento del nivel de alerta de 5 a 6, el máximo. "El virus se transmite fácilmente entre personas y entre países. Por eso he decidido elevar el nivel de alerta", dijo.

De momento, los últimos datos son que en el mundo hay confirmados casi 29,000 casos desde finales de abril, y ha habido 144 fallecidos. La cifra es sólo "la punta del iceberg", admitió Chan. En EE UU, los Centros de Control de Enfermedades (el organismo científico de referencia) calculan que por cada diagnóstico hay otros 3,000 afectados. Esta proporción es a la baja (es un país puntero donde las alertas saltaron muy pronto), por lo que aventurar que ya ha habido 90 millones de infectados en el mundo no parece una exageración.
Ésta es la primera pandemia de gripe que se declara en 40 años. La anterior empezó en Hong Kong en 1967, y se saldó con medio millón de muertos. Los expertos creen que no se repetirá la situación de la gripe española de 1918, con unos 30 millones de fallecimientos. La causa no está sólo en el virus, sino en el cambio de las circunstancias. Entonces, acababa de terminar la I Guerra Mundial, y, sobre todo, no existían los antibióticos.

Los protocolos de la OMS estipulan la posibilidad de que los enfermos se aíslen -"voluntariamente", en sus casas, que se cierren colegios u otros lugares de grandes aglomeraciones. En cambio, consideran inútil restringir los viajes (no tiene sentido impedir la llegada de algo que ya está dentro) o, en este caso, prohibir el comercio de carne de cerdo (que el material genético del virus se corresponda con una gripe porcina no quiere decir que estos animales transmitan la enfermedad).
La directora de la OMS recordó que este virus afecta más a personas jóvenes, lo que es una ventaja porque es gente más fuerte. Por otro lado, si se confirman los casos africanos, el patógeno tendría a su alcance a grupos de población como los inmunodeprimidos por el VIH, lo que puede hacer que, aunque el virus no se vuelva más peligroso en sí mismo, sus efectos sean mucho más devastadores.

La Justicia empantanada, opinión de Rabasa

La justicia empantanada/ Emilio Rabasa Gamboa
Publicada en El Universal, 11 de junio de 2009

México, país de máxima legislación y mínima observancia de la ley. Tiempos eternos dedicados al proceso legislativo, pero una vez aprobada una reforma, no damos el paso siguiente que es aplicarla para transformar una realidad que fue lo que motivó todo el trabajo legislativo. Mucho ruido y pocas nueces, diría Shakespeare. Tanto esfuerzo ¡para nada!
Así pasó con la reforma indígena. Debatida durante todo el sexenio del presidente Zedillo, finalmente aprobada en el de Fox, es letra constitucional muerta sin siquiera legislación secundaria.
Así está pasando con la reforma sobre el sistema procesal penal acusatorio, cuyo decreto promulgatorio firmó el presidente Felipe Calderón, en Palacio Nacional, el 17 de junio de 2008. A casi un año de distancia, nada de lo dispuesto sobre los juicios orales por el Poder Constituyente Permanente se ha cumplido.
No se cuenta con la legislación secundaria que indica el transitorio segundo del decreto. No se ha integrado la instancia de coordinación compuesta por los representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, en adición a otras instancias gubernamentales para que, con una secretaría técnica, se apoyara a las autoridades federales y locales en la implementación de la reforma, como se ordenó se integraría en dos meses, en el transitorio noveno.
El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal no han destinado los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal, como se señaló en el transitorio octavo.

Sólo se ha nombrado por parte de la Secretaría de Gobernación (sin que el decreto le haya dado facultades expresas para hacerlo), como secretario técnico, al licenciado Felipe Borrego, abogado con experiencia en el campo jurisdiccional y quien se ha rodeado de juristas jóvenes e inteligentes como Carlos Natarem Nandayapa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Rafael Estrada, de la Escuela Libre de Derecho, pero sin los medios y recursos para impulsar la reforma.
El Poder Judicial en un año tan sólo creó 20 jueces de control, pero el Consejo de la Judicatura Federal no cuenta con un plan para cambiar el sistema inquisitivo-escrito que todavía siguen aplicando los más de 500 juzgados que administra, por el sistema acusatorio-oral, con todo lo que eso implica en capacitación del personal judicial, así como la adecuación física de las salas.
Tampoco se advierte mucha actividad reformatoria en los cuerpos policiales y ministerios públicos para su necesario ajuste al modelo oral.
Salvo contadas excepciones como Chihuahua, Nuevo León, estado de México, Oaxaca y Morelos, la reforma no avanza en las entidades federativas.
Somos un país que legisla para que nada se cumpla una vez legislado. La reforma sobre la oralidad no camina. Pesan más los intereses del viejo, anacrónico y corrupto sistema escrito; por eso la justicia en México, está, una vez más, empantanada.
Profesor investigador del Tec de Monterrey, CCM

Ejército en las calles, opinión de Castañeda

Ejército en las calles para rato/ Jorge G. Castañeda
Publicado en Reforma, 11 junio 2009;
Se ha vuelto una especie de mantra invocado por todos que la participación tan directa y generalizada de las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narco es provisional. Funcionarios, asesores y hasta críticos del gobierno repiten que el Presidente echó mano del Ejército porque no había más, pero que pronto los militares volverán a sus cuarteles, ya sea porque haya quien los sustituya, o porque habrán salido victoriosos.
Los incidentes de los últimos días en la zona conurbada de Monterrey, el operativo en Michoacán, la fuga en el penal de Zacatecas, o la balacera en Acapulco muestran que el colapso de las policías municipales y estatales es inminente, pero también que la Policía Federal aún no está lista para sustituirlas o supervisar su reorganización. Más aún, funcionarios del gobierno involucrados en estos menesteres exclaman con alarma que "ya no alcanza la cobija": no hay suficientes policías federales para tapar todos los huecos municipales y estatales.
Sabemos que la PF, entonces también llamada Preventiva, fue creada en 1999 por Zedillo mediante la transferencia de una brigada del Ejército de poco más de 8 mil efectivos operacionales. Fox aumentó ligeramente el número de efectivos administrativos, pero hasta este sexenio se transfirió una brigada adicional del Ejército, llevando el total de efectivos a poco más de 20 mil. Si a ello sumamos la ex AFI -antes de ser devuelta a la PGR-, la PF llegó a tener unos 30 mil integrantes. Conviene subrayar que si a esta cifra le restamos a la ex AFI y al personal administrativo, hoy difícilmente son 20 mil efectivos operacionales. Es evidente que no alcanzan. Por esto se creó la nueva Academia de Seguridad Pública Federal en San Luis Potosí. Por desgracia, no es fácil encontrar una respuesta clara sobre el número de egresados prestos para combate que ha producido la academia. El 21 de abril, cuando la delegación de Human Rights Watch fue recibida por el subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la SSP, el ingeniero Facundo Rosas, ante insistentes preguntas de Kenneth Roth, José Miguel Vivanco y el que escribe sobre el número de egresados listos para labores policiacas de a pie, respondió que no contaba con la cifra, aunque respondió que se habían graduado 3 mil alumnos para participar en tareas de inteligencia y análisis. Al verse obligado a responder a la pregunta que nosotros hicimos, reveló que no había un solo egresado destinado a combate. No me consta que esta cifra sea correcta, sólo me consta que eso fue lo que respondió el subsecretario. Pero deduzco de la renuencia de otros funcionarios a dar respuestas, que la cifra no se aleja de la verdad.
Ahora bien, si aún no hay con quién sustituir al Ejército, entonces queda la esperanza de que la violencia disminuya. Contamos con varios registros para saber si esto es así. Yo opto por el de casa, el "ejecutómetro" de Reforma, que reviste la ventaja de ser una serie homogénea, aunque posiblemente subestime el número total de muertes relacionadas al narco y crimen organizado, ya que su información es sólo la que recogen los periódicos del grupo. De enero a mayo de 2007, Reforma contabilizó 1,189 muertos; para el mismo periodo de 2008 hubo 1,552 fallecimientos, y para los mismos meses de este año, 2,544. Si comparamos los mismos meses de cada año, observamos que la violencia ha aumentado. Se podría sostener que en las últimas semanas ha descendido, pero en la tercera semana de mayo 2009 se produjeron 79 ejecuciones, la cuarta 99, y la primera de junio 128, lo cual muestra una tendencia ascendente. Si se cotejan estas semanas con las mismas del año pasado, se observa el mismo incremento.
Como no sé en qué consiste la estrategia del gobierno para salir de la guerra o ganarla, me resulta imposible determinar si está cumpliendo con sus metas o no. Lo que sí sé es que el día en que el Ejército pueda volver a los cuarteles sigue muy remoto.

Jorge Mier y de la Barrera

Rescata Lozano a amigo 'fichado'
Nota de Víctor Fuentes
Reforma Pp, 10-Jun-2009:
Una semana después de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) despidiera al secretario ejecutivo de Administración de ese órgano, el titular del Trabajo, Javier Lozano, rescató a Jorge Mier y de la Barrera y lo convirtió en el oficial mayor de la dependencia.
Mier fue cesado del cargo por orden del ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, tras la denuncia de una empresa contratada para instalar sistemas integrales de seguridad en diversos palacios de justicia federales.
Ocho días después, el 28 de mayo pasado, el titular del Trabajo dio posesión a Mier como oficial mayor. Ambos funcionarios son viejos conocidos.
En la década de los 90, el ahora funcionario de la STyPS colaboró con Lozano cuando este era presidente de la Cofetel.
Años después se separaron, y ahora, laborando en la Judicatura, en un escrito presentado el pasado 14 de mayo, la empresa Serviseg, que ganó en diciembre un contrato de 49 millones de pesos, acusa a Mier de pedirle unos 20 millones de pesos.
El 20 de mayo, en una sesión, el pleno del CJF autorizó a la Contraloría del Poder Judicial iniciar una investigación por estos hechos, confirman documentos oficiales.
Fuentes consultadas por REFORMA explicaron, en descargo de Mier, que no le correspondía liberar los recursos para la empresa y que, el 10 de febrero, Serviseg empezó a solicitar prórrogas para cumplir el contrato.
"Su función terminó al firmar el contrato. Los pagos le corresponden a la Secretaría Ejecutiva de Obras", dijo una fuente.
La investigación incluye, además, una denuncia presentada el 15 de abril por el director general de Seguridad y Protección Civil del CJF, el mayor de Infantería José Antonio Campa, quien afirmó que Mier -quien era su jefe directo- lo presionó para comprar dos cuadros en 40 mil pesos cada uno.
Pero otra versión señala que Campa fue quien se interesó en las pinturas cuando las vio en la oficina de Mier y que no le terminó de pagar los abonos a que se comprometió. Como secretario ejecutivo, Mier tenía un salario de 2.2 millones de pesos libres al año.
La Contraloría del Poder Judicial planteó el miércoles al pleno del CJF otra indagatoria contra el ahora oficial mayor de la Secretaría del Trabajo por la supuesta autorización indebida para la no asistencia a laborar de una subdirectora de área que, recién contratada, se reportó enferma.
Según la Contraloría, tras el cese de Mier, la funcionaria devolvió los salarios que cobró durante 2009, lo que generó sospechas porque no presentó las incapacidades del ISSSTE.
Sin embargo, al menos tres de los siete integrantes del CJF pidieron más pruebas a la
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Contraloría para autorizar la indagatoria.
Reforma 11-Jun-2009
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social negó ayer que su titular, Javier Lozano, tenga alguna relación de amistad con el oficial mayor de la dependencia, Jorge Mier y de la Barrera.
"Es falso que el Secretario Lozano y el licenciado Jorge Mier sean 'viejos conocidos' como afirma la nota, pues el primero fue Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) entre abril de 1998 y mayo de 1999 (fecha en la que deja el cargo para asumir el de Subsecretario de Gobernación), mientras que Jorge Mier llega a la Cofetel en julio de ese año con el siguiente Presidente del órgano regulador, Jorge Nicolín.
"De hecho, fue apenas en las entrevistas previas a la contratación de Jorge Mier como Oficial Mayor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que ambos funcionarios se conocieron", informó la Secretaría en un comunicado.

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Dimite oficial mayor de Secretaría del Trabajo
Nota Víctor Fuentes
11-Jun-2009).-
El oficial mayor de la Secretaría del Trabajo, Jorge Mier y de la Barrera, presentó ayer su renuncia para enfrentar una investigación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por supuestos actos de corrupción, mismos que rechazó categóricamente.
"No podemos permitir que en el Poder Judicial, que es el que imparte justicia, particularmente el Consejo, se filtren este tipo de informaciones.
"Parecería que ya he sido juzgado, cuando ni siquiera he sido notificado", expresó en entrevista Mier y de la Barrera luego de presentar su renuncia al Secretario Javier Lozano.
REFORMA publicó ayer que el CJF autorizó, el 20 de mayo, el inicio de una investigación de la Contraloría del Poder Judicial contra Mier, quien se desempeñó como secretario ejecutivo de Administración hasta abril.
La investigación deriva de la denuncia de una empresa contratista del CJF, la cual afirma que el funcionario le pidió dinero para autorizar anticipos y una prórroga para cumplir un contrato de 49 millones de pesos.
También existe la queja del director general de Seguridad del organismo judicial, quien dijo que Mier lo presionó para comprar dos cuadros.
"Aquí, desafortunadamente, creo que hay una filtración de información a medias de un proceso del cual yo ni siquiera estoy notificado.
"No tengo conocimiento, no se me ha requerido, no se me ha dado garantía de audiencia y, sobre los hechos que se me imputan, los niego categóricamente", dijo Mier.
Aclaró que no conocía a Javier Lozano antes de 2009 y le agradeció haberlo seleccionado para el puesto, de entre varios candidatos, sólo con base en su experiencia y perfil profesional.
Precisó que su renuncia tendrá efecto a partir del 15 de junio.
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Columna TEMPLO MAYOR/F. Bartolomé
Reforma, 11-Jun-2009;

EN EL CASO del ahora renunciado Jorge Mier y de la Barrera, por el lado del Consejo de la Judicatura Federal hay algo muy oscuro, tan oscuro como el color de la toga que porta su presidente, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
DE ACUERDO con lo que se comenta en los pasillos del Poder Judicial, la persecución en contra del ex secretario ejecutivo de Administración parece tener mucho de revancha personal.
SEGÚN ESTO, más que las supuestas irregularidades cometidas por Mier y de la Barrera, lo que en realidad provocó su salida fue que tomó decisiones administrativas que afectaron a gente muy consentida por el ministro presidente.
HABRÁ QUE VER si Ortiz Mayagoitia decide abrirse de capa en este asunto, o si termina por envolverse en el oscuro manto de la secrecía.
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Niega Secretario ser su amigo
Staff
Niega Mier culpa por desvíos en CJF
Renuncia a cargo en la Secretaría del Trabajo. Rechaza acusaciones de haber pedido dinero para liberar anticipos a empresa de seguridad
Nota de Víctor Fuentes

Reforma, 11 junio 2009;

Tras presentar su renuncia como Oficial Mayor de la Secretaría del Trabajo, Jorge Mier y de la Barrera rechazó las acusaciones de un militar y una empresa de seguridad, recomendada por el primero, que han resultado en la investigación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en su contra.
La empresa Serviseg presentó el pasado 14 de mayo ante el CJF un escrito en el que acusó a Mier, ex secretario Ejecutivo de Administración, de haberle pedido dinero para liberar anticipos y autorizar una prórroga en un contrato de 49 millones de pesos para instalar equipos de seguridad en palacios de justicia.
Por su parte, el Mayor de Infantería José Antonio Campa, director general de Seguridad y Protección Civil del CJF, había denunciado a Mier desde el 15 de abril por supuestamente haberlo presionado para comprarle dos cuadros.
"Los dichos del director general de Seguridad, lo de los cuadros, es totalmente contrario. Es al revés. Deberían ver por qué a mí no me pidió mi declaración, en su momento, la Contraloría, es totalmente lo contrario", sostuvo Mier.
Versiones recabadas por REFORMA con otras fuentes indican que Campa fue quien se interesó en los cuadros cuando los vio en la oficina de Mier, y que no le terminó de pagar los abonos a los que se comprometió.
"En el tema de la empresa (Serviseg), hay un Comité de Adquisiciones que, a propuesta de la Dirección General de Seguridad, del mayor Campa, tomó una decisión. Yo formaba parte de ese comité, pero es un órgano colegiado", agregó el renunciante.
Agregó que el tema de la prórroga para cumplir con el contrato, o la liberación de anticipos, no recaía en su área de ninguna manera. Otras fuentes del CJF explicaron que eso le correspondía a la Secretaría Ejecutiva de Obras.
Mier se dijo indignado y consternado por la publicación de indagatorias que, hasta ahora, no se han convertido en procedimientos de responsabilidad administrativa propiamente dichos.
"Muchas veces puede haber gente que no esté conforme con uno, no estamos exentos.
"Lo que me preocupa es que muy poca gente tiene la capacidad de acceder a esta información", señaló el funcionario, cuya renuncia a la Secretaría del Trabajo surtirá efectos el próximo lunes.
Advirtió que de ser el caso presentará denuncias penales. "No se ha dado ninguna sanción ni mucho menos, pero mediáticamente yo ya fui sancionado y hasta excomulgado, es un tema muy triste".
Por lo pronto, la Contraloría del Poder Judicial parece decidida a iniciar las investigaciones sobre los presuntos ilícitos de Jorge Mier.
Así lo dijo
"Es un tema delicado que va a afectar y está afectando al propio Consejo de la Judicatura".
Jorge Mier y de la Barrera
Ex Oficial Mayor de la Secretaría del Trabajo

Hacia el Foro "Seguridad sólo con Justicia"

Demandan justicia... para lograr seguridad

Preparan foro público para discutir y ajustar la implementación de la reforma penal

Nota de Abel Barajas
Reforma, 11 junio 2009.- A un año de aprobada la reforma de justicia penal en el Congreso de la Unión, Alejandro Martí estimó que es hora de volver a discutir y ajustar los pasos de su implementación, rescatar lo bueno y corregir lo malo, y para ello convocó al Foro "Seguridad sólo con justicia".
"Este foro es una de las grandes ideas de este año, es un puente en la transición de este país y veremos los primeros cimientos de muchos otros que se necesitan para construir esa reforma tan anhelada", dijo el responsable de la organización civil México SOS.
Organizado por la Red Nacional a Favor de un Sistema de Juicios Orales, el foro tendrá lugar del 23 al 25 de junio en el Museo Nacional de Antropología e Historia y su entrada será gratuita. Marcelo Ebrard ha confirmado su asistencia, según Martí, y está pendiente la confirmación del presidente Calderón.
El ex comisionado para la paz en Chiapas y jurista, Emilio Rabasa Gamboa, consideró urgente la realización de un foro de esta naturaleza, ya que calificó como lamentable que haya pasado un año y la Comisión para la implementación de las reformas no cuente con un plan de trabajo. "Esto ya en sí mismo da una idea de que a un año de haberse promulgado y publicado la reforma, prácticamente no se ha hecho nada, ha sido un año perdido", consideró.

Para Ernesto Canales, de la Red de Juicios Orales, uno de los pendientes de la reforma es establecer un sistema de justicia que acote a las instituciones policiacas, porque dijo que sólo si se garantiza la justicia, se podrá conseguir la seguridad.
"Cuando hemos tenido acciones importantes en seguridad, sin esta columna vertebral (la justicia), nos hemos encontrado con los resultados actuales de que las policías rebasan a la población y facilitan sistemas de corrupción que crean el caos que estamos viviendo".
Miguel Carbonell, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que al cumplirse el primero de 8 años de plazo para concretar la reforma, es necesario que los líderes políticos expresen si están o no del lado de la sociedad, ante un compromiso de largo alcance.
"Pensamos que el propio proyecto del Presidente fracasará si al final de su mandato no deja un buen sistema de justicia, porque hemos visto espectaculares acciones policiacas, incluso sacando al Ejército a las calles, pero hemos visto muy débiles investigaciones", expuso.
Así lo dijo
"Los ciudadanos somos corresponsables de lo que estamos padeciendo hoy, porque nos hemos visto indolentes, y hemos dejado que los demás hagan las cosas por nosotros".
Alejandro Martí
Presidente de México SOS
"Después de un año que el presidente Felipe Calderón firmó el decreto para promulgar y publicar la reforma, ni siquiera se ha integrado el órgano para implementarla".
Emilio Rabasa Gamboa
Investigador del Tec de Monterrey
"Es muy importante que la reforma vaya en paralelo a un sistema de justicia... Nuestro sistema actual es de tal maraña de intervenciones que la población no tiene confianza".
Ernesto Canales
Integrante de la Red de Juicios Orales
"Si nos enfocamos sólo a seguridad no vamos a tener la otra parte, la justicia, y lo vemos con ejemplos cotidianos donde no sabemos qué pasa con estos sujetos arraigados".
Miguel Carbonell
Investigador de la UNAM

Firman los Partidos Políticos un compromiso en materia de seguridad

Los dirigentes de siete partidos políticos firmaron ayer un compromiso con México Unido contra la Delincuencia (MUCD) para asumir las 10 propuestas en la materia formuladas por esa organización ciudadana. Los líderes del PAN, PRI, PRD, PVEM, PSD, Convergencia y Nueva Alianza, acudieron durante la mañana y parte de la tarde de ayer miércoles 10 de junio a un hotel de la Ciudad de México, acompañados de algunos de los aspirantes, para suscribir los compromisos.

El Partido del Trabajo (PT) no acudió a la firma de los Compromisos por la Seguridad en México.

"La firma de los documentos marca un parteaguas en la relación entre autoridades y ciudadanía en materia de seguridad por muchas razones, pero las más importantes son que la ciudadanía nunca había hecho públicas sus demandas, (y) que todos los partidos se están comprometiendo a las exigencias ciudadanas en su agenda política", aseguró Ana Franco de Wattnem, Presidenta de MUCD

Parte del comunicado de Prensa de MUCD:

Los presidentes de los partidos políticos y sus candidatos se comprometen a incluir en sus agendas de seguridad las 10 demandas ciudadanas presentadas por México Unido Contra la Delincuencia
Prevención del delito, profesionalización de la policía y del Ministerio Público, son algunas de las propuestas de México Unido Contra la Delincuencia
México Unido Contra la Delincuencia dará seguimiento y exigirá el cumplimiento de los compromisos signados, para evitar que se diluyan con el fin del proceso electoral.
En el marco del proceso electoral que derivará en la renovación de la Cámara de Diputados y los gobiernos de Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, México Unido Contra la Delincuencia, A.C. (MUCD) firmó con los presidentes de todos los partidos políticos los Compromisos por la Seguridad en México.
El objetivo fundamental de la firma de compromisos, a la que también acudieron candidatos a gobiernos estatales, es el asegurar que las diez propuestas ciudadanas en materia de seguridad sean transformadas en acciones medibles tanto por la Cámara de Diputados, como por parte de los ejecutivos estatales, en contra de la delincuencia.
Los firmantes convinieron en la necesidad de impulsar la formación de indicadores consistentes y confiables que permitan a los ciudadanos evaluar el éxito o las fallas de las políticas en materia de seguridad.
Con este acercamiento, MUCD busca que los futuros diputados y gobernadores presenten acciones reales para combatir a la delincuencia y evitar que se pierdan en las promesas de campaña.
Está en el interés de MUCD el que no se lucre políticamente con el tema de la seguridad pública y se prometan soluciones irresponsables y de imposible realización.
Entre las 10 propuestas ciudadanas presentadas por México Unido Contra la Delincuencia destacan el:

i) desarrollar una política integral en materia de prevención del delito que combata sus causas;

ii) Tener mejores autoridades de seguridad y justicia más preparadas.

iii) Contar con un Ministerio público más eficiente y honesto;

iv) Eficientar los trámites para solucionar conflictos sin tener que llegar a procesos penales;

v) Juicios Imparciales, cortos y justos;

vi) Apoyar para que los presos de nuestro país sean reintegrados a la sociedad;

vii) Creación de leyes que garanticen el combate a la delincuencia;

viii) Veracidad y transparencia en la información sobre inseguridad;

ix) Que las autoridades de seguridad y justicia escuchen a la sociedad; y

x) Ejercer de manera adecuada, responsable y transparente.

Agrega el comunicado que "para asegurar que los compromisos asumidos por los Partidos Políticos realmente se cumplan y no se conviertan en promesas de campaña, México Unido Contra la Delincuencia dará seguimiento y convocara a ratificar los compromisos adquiridos con diputados federales y Gobernadores ganadores de las elecciones del próximo 5 de julio de 2009.