De Atatürk a Gül

Victory for democracy marks a break with Ataturk’s vision/Bronwen Maddox
THE TIMES, 29/08/2007;
The success of Abdullah Gül in becoming Turkey’s new President is a victory for democracy. But it is a blow for secularism, in that it accurately reflects the new strength of the conservative, low-key Islamic voters from the heart of Anatolia at the expense of the secular cities.
At the expense of the army, too. Despite the threats on Monday from the head of the armed forces that he saw “centres of evil” trying to undermine Turkey’s secular character, the scale of popular support for Gül’s AK party, and its big majority in parliament, has given the military little choice but to stand back.
That is the best result for Turkey. Better that it is democratic with an Islamist tinge to its elected Government than that it is victim to a fifth military coup in 60 years, the generals overthrowing politicians they considered too religious. Even though the last such coup was only ten years ago, that behaviour is out of keeping with Turkey’s modern aspirations, never mind such garnishes as eventual membership of the European Union.
Gül himself, who as Foreign Minister has displayed world-class smoothness, is not the problem for other countries. But they should take note of what his popularity represents: the growing voice of the majority of poor, ordinary Turks. That, more than any single leader, will change the character of Turkey in its relations with its neighbours.
The nature of Gül’s presidency has been hard to predict. Under the constitution, the Government holds the most power but the President can veto laws and appointments; he can name judges, and he carries the moral authority which derives from the tenure of Mustafa Kemal Atatürk, the first President. But it has been hard to discern from the three rounds of elections what exactly Gül might do, despite his promises to uphold secularism.
That is partly because of the role which his wife’s headscarf has played in the campaign, taking on a symbolic significance which is impossible to exaggerate, and drowning out all detailed discussion of policy. Even though Gül has said that she might knot it in a more modern way, rather than wrapping the ends around her throat to cover her neck in the traditional manner, this has been taken by his critics as a menacing intrusion of Islamic practice into the realm of the state.
Headscarves are banned in universities, part of a restriction on Islamic dress that dates from Atatürk’s 1930s reforms. The board of education and the armed forces avoid promoting those thought Islamist in sympathy. Gül and his party will have the power to abolish the ban, although he may well avoid so provocative a step early on, given the heat already generated.
Gül’s critics allege that by lifting the ban and other such changes, he will erode the division between state and Islam, and that one day all women will be forced to cover their heads. But his sympathisers say that the change only reflects the desires of ordinary women, a majority of whom (they assert) wear a headscarf, and of those who would like to go to university but have declined the option because they would have to go uncovered.
Gül’s reputation abroad is that of a moderniser. He led Turkey’s pursuit of talks with the EU, and has sidestepped with aplomb the provocative assertion of France, under President Sarkozy, that membership should never be granted to Turkey. It is fair to take him at face value, as a modern Turk committed to reform.
But it is impossible to forget what he represents: the desire of many ordinary Turks to have more of a voice in politics and in the country’s institutions than they have done. That authentic voice of many Turks is conservative and Islamist, albeit so far, in an undemonstrative way. Turkey’s policies may change little under Gül, but his election still marks a deep change from the vision of Atatürk.

Comunicado de Los Pinos

El Partido Acción Nacional empezó a girar invitaciones a sus militantes para que asistan al acto que, al parecer, se realizará el 2 de septiembre en el Auditorio Nacional, donde se prevé que el presidente Felipe Calderón emita un mensaje luego de entregar su primer Informe en el Palacio Legislativo de San Lázaro el día primero de septiembre.
La invitación pide a los militantes confirmar su asistencia antes del 30 de agosto en la Secretaría de Vinculación con la Sociedad, que dirige el diputado Gerardo Priego.
Según el documento, remitido por correo electrónico, el acto se llevará a cabo a las nueve de la mañana.
Empero, horas después el vocero del PAN, Antonio Alvarado, aclaró que la invitación se está enviando ante la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo decida emitir un mensaje el 2 de septiembre y, en tal caso, lo haga acompañado de los panistas.
De esta manera, subrayó que aún no hay certeza de que dicho acto se realice.
Explicó que la invitación se envió por correo electrónico y sólo se remitió a los dirigentes y a miembros de la estructura partidista. Eso no quiere decir, aclaró, que sólo participarían panistas.

Por la noche la presidencia de la República emitió el siguiente comunicado.
CGCS-172
La Presidencia de la República informa que el Presidente de México, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, asistirá el primero de septiembre a la apertura de la Sesión Ordinaria del Congreso de la Unión y presentará un Informe sobre el estado general que guarda la Administración Pública del País, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidencia de la República se mantiene atenta a lo que resuelvan las negociaciones que se llevan a cabo en el Congreso, para definir el formato en que el titular del Ejecutivo habrá de presentar su I Informe de Gobierno.
En función de lo que el Congreso determine, el Ejecutivo Federal valora la conveniencia de dirigir un mensaje a la Nación alusivo al contenido de dicho informe, una vez que cumpla con el mandato constitucional citado, en lugar y fecha por determinar.

Mëxico ante la CIDH

• No hay comunicado de la CIDH ni de la Cancillería

Reclaman desaparición forzada
El caso Radilla podría turnarse a la Corte Interamericana

Nota de Silvia Garduño en Reforma, 30/08/2007;

Por primera vez en la historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a cuentas al gobierno de México para que responda por la Guerra Sucia.

El gobierno mexicano, a través de la Dirección General de Derechos Humanos de la Cancillería, tiene ya en sus manos la resolución final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de desaparición forzada del líder comunitario guerrerense Rosendo Radilla, ocurrida en 1974.

De no dar cumplimiento a las recomendaciones, el caso puede ir a parar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos."Llevar el caso a la Corte es una oportunidad para que el Estado públicamente pueda reconocer que hubo una práctica sistemática y generalizada de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura para acabar con movimientos sociales; esto podría traer una reparación integral del daño", señaló María Sirvent, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

La CMDPDH, que llevó el caso ante la CIDH en el 2001, es el único organismo que ha tenido acceso al informe, que tiene carácter confidencial y da al gobierno mexicano un plazo de dos meses -que culmina el 15 de octubre- para cumplir con las recomendaciones que en él se establecen."Si algo no lo ha cumplido en 33 años, ¿cómo va a crear ahorita las condiciones?", cuestionó Sirvent.

Mientras, la CMDPDH cuenta con un mes para argumentar a la CIDH las razones por las que este asunto debe ser llevado a la Corte Interamericana.

Según la comisión mexicana, muchos aspectos del caso pueden revisarse en el Informe de Admisibilidad de la CIDH, emitido en el 2005, y que según Mario Solórzano, abogado del organismo nacional, incluye transformaciones al sistema de justicia penal mexicano y a la Ley de Amparo.También, aseguró, considera la erradicación de la jurisdicción militar y el reconocimiento público de responsabilidad del Estado que solicite perdón a las víctimas-; la conscripción de la memoria colectiva; la sanción a los responsables, y el paradero de los desaparecidos.Según la CMDPDH, hasta el momento el gobierno federal no ha solicitado acercamiento alguno con el organismo nacional."No se han acercado para ver de qué modo nosotros podríamos coadyuvar en el cumplimiento de esas recomendaciones; si nosotros conocemos las demandas que pusimos y les están diciendo que las cumplan, creo que la postura más congruente sería trabajar juntos", consideró Solórzano.

Radilla es uno de los 470 casos de desapariciones forzadas registradas en Atoyac de Álvarez, el municipio con mayor número de desapariciones durante la Guerra Sucia de los años setenta. A nivel nacional, la CMDPDH contempla un total de mil 200 desaparecidos en este periodo. Para este organismo, el posible litigio del caso Radilla ante la Corte Interamericana contribuiría a sentar precedentes jurídicos para que las 600 familias afectadas por la Guerra Sucia puedan hallar justicia.

Pese a que los crímenes ocurrieron hace más de 30 años, el organismo destacó que un cambio de régimen o de gobierno no es escusa ni justificación para dejar en la impunidad los casos o evadir los compromisos adquiridos, por lo que la administración de Felipe Calderón deberá responder.

Este año, el organismo nacional prevé llevar al menos cinco casos más de desaparición forzada -todos ellos de Atoyac de Álvarez a la CIDH.

Acusan a México de violar derechos en ‘guerra sucia’
Falla CIDH en el caso de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974
Liliana Alcántara, reportera.
El Universal, Jueves 30 de agosto de 2007
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) resolvió que el Estado mexicano es responsable de violar los derechos humanos de Rosendo Radilla, desaparecido el 25 de agosto de 1974, durante la guerra sucia.
Este organismo llamó al gobierno en turno a realizar las acciones que sean necesarias para conocer su paradero y ubicar y castigar a los responsables y, de no atender sus recomendaciones, litigará este caso ante la Corte Interamericana.
Es así como la CIDH se pronunció por primera vez en torno a los crímenes del pasado ocurridos en México en la década de los 60.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señaló que el probable litigio ante la Corte sentará precedentes jurídicos para que las cerca de 600 familias afectadas por la guerra sucia puedan encontrar justicia.
Rosendo Radilla fue presidente municipal en Atoyac de Álvarez de 1955 a 1956 y simpatizante de la guerrilla de Lucio Cabañas.
Testigos aseguran que Radilla fue visto por última vez cuando iba a bordo de un camión de pasajeros con trayecto hacia Chilpancingo hasta que fue detenido por militares en un retén. Después de la fecha de su desaparición, varios presos políticos de ese entonces aseguraron verlo en distintos cuarteles militares.
Este caso fue presentado el 15 de noviembre de 2001 por su hija, Tita Radilla, y por dicha organización no gubernamental, quienes acusaron al Estado mexicano de “denegar la justicia” por no determinar el paradero de Rosendo Radilla ni identificar ni sancionar a los responsables.
El gobierno, a través de la Cancillería mexicana, respondió a la CIDH que el caso, en ese entonces, aún estaba en proceso de investigación en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y que por lo tanto, debía rechazar la petición de intervención.
Luego de su análisis, la CIDH decidió el 12 de octubre de 2005 que admitía el caso para determinar la probable responsabilidad del Estado por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues de acuerdo con este instrumento internacional, a pesar de que la desaparición de Rosendo Radilla ocurrió en 1974, el delito sigue vigente en tanto no se establezca su paradero.
Esta semana el gobierno fue notificado de la decisión de la CIDH de declarar como responsable al Estado mexicano por violar la Convención Americana de Derechos Humanos.
El documento de la CIDH, de carácter confidencial, incluye una serie de obligaciones formuladas para el gobierno de México, que en caso de no cumplirse en un plazo de dos meses, podría someterse el documento ante la Corte Interamericana.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA está integrado por la CIDH y la Corte. La primera documenta violaciones a los derechos humanos y emite recomendaciones, en tanto que el tribunal juzga a los estados y emite fallos de carácter judicial y cumplimiento obligatorio.
Piden castigo para Luis Echeverría
En tanto, el Comité 68 pro Libertades Democráticas, integrado por ex dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, insistió en que el ex presidente Luis Echeverría Álvarez sea castigado por la matanza de Tlatelolco, y anunció que aportará nuevas pruebas a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la responsabilidad del ex mandatario. (Con información de María de la Luz González)