Activismo estudiantil en la UNAM

Activismo estudiantil: las verdades, los mitos...
Patricia Dávila, reportera,

Publicado en la revista Proceso, 1636, 16/03/2008;

Atraídos por temas sociales y de derechos humanos, decenas de “colectivos estudiantiles” que realizan actividades en la Universidad Nacional Autónoma de México se asumen como “radicales” y “contestatarios”. Y no obstante que muestran distintos grados de interés por los movimientos armados, como el académico, se desmarcan de éstos. De hecho, la institución tiene registradas 669 tesis de licenciatura y maestría sobre el tema de las organizaciones revolucionarias.
Se asumen como grupos “radicales”, pero rechazan ser guerrilleros. Su activismo, afirman, es pacífico, pero enfocado a las causas sociales o en defensa de los “oprimidos”.
Así, luchan por la liberación de “presos políticos y de conciencia”, apoyan a los afectados por la represión en Atenco, forman brigadas médicas y de alfabetización en zonas “desprotegidas”.
Son los autonombrados “colectivos” estudiantiles de la UNAM.
Tres están establecidos en la Facultad de Derecho, cinco en Economía, cinco en Trabajo Social, ocho en Ciencias Políticas y Sociales y al menos 12 en la Facultad de Filosofía y Letras.
En esta última, 10 de estos colectivos ocupan cubículos o “espacios liberados”.
Otros grupos, como Cátedra Simón Bolívar y Cine Club Benkos Bioho, no tienen espacios fijos, pero ello no les impide realizar sus actividades: proyectan películas y documentales, y organizan mesas redondas y conferencias. Por ejemplo, en enero pasado, la Cátedra Simón Bolívar invitó al embajador de Venezuela en México, Roy Chaderton, a dictar una conferencia.
Todos los colectivos emiten boletines, tienen páginas electrónicas o blogs, y algunos incluso publican de manera regular sus propias revistas, como Revuelta, que cada dos meses edita el Comité Cerezo. En estas publicaciones abundan artículos sobre violaciones a los derechos humanos y aparecen análisis sobre organizaciones “revolucionarias” como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El interés por “organizaciones revolucionarias” también lo comparten otros estudiantes de la UNAM que no necesariamente militan en esos grupos. Un dato lo refleja: en los archivos de la Biblioteca Central de la UNAM están registradas 669 tesis de licenciatura y maestría sobre temas relacionados con movimientos armados en Colombia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, El Salvador y México.
Algunos títulos son específicos: Problemáticas latinoamericanas: el desplazado por la violencia y el conflicto armado y su representación social en la población receptora; EPR: guerrilla o terrorismo; Cultura política y autoritarismo en Bolivia, Colombia y México: una perspectiva comparada, y Las dificultades que enfrenta el Estado colombiano en el proceso de pacificación (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP), entre otros.
En la tesis titulada La vigencia del ideario bolivariano en nuestra América: los procesos de Colombia y Venezuela, destaca un párrafo: “la política que ha venido realizando el gobierno (colombiano) se ha encaminado a posicionar cada vez más el proyecto de la ultraderecha (…), busca salir de la recesión económica en que se encuentra Colombia a costa de lo que sea, destruir las bases de resistencia militar y derrotar militarmente a la insurgencia”.
Esta tesis fue registrada en la UNAM el 2 de mayo de 2005. Fue escrita por Mariana López de la Vega, quien junto con Dagoberto Díaz y Juan González –quien murió en el campamento de las FARC en Ecuador– es señalada en un documento de inteligencia del gobierno colombiano como dirigente del Núcleo Mexicano de Apoyo a las FARC.
Proceso realizó un recorrido por la Facultad de Filosofía y Letras. Constató que los colectivos Comité Cerezo, Carlos Marx, Tina Modotti, Niucame, video-ludoteca Víctor Jara, Los Pingüinos, el Smaliyel y Galería Autónoma –estos tres últimos dedicados a apoyar al EZLN– tienen cubículos propios.
Un par de colectivos de esta facultad adoptaron incluso el nombre del espacio que ocupan: Cubículo 201 y Cubículo 301.
El punto principal de reunión en esta facultad es un área abierta, ubicada en el acceso al edificio. Se le conoce como el “aeropuerto”, pues, dicen, es “el lugar donde aterrizan las ideas”. En una de sus paredes hay un periódico mural con tres mensajes: “(Álvaro) Uribe (presidente de Colombia) es un asesino”; “Por siempre Fidel” y “¿Quién es Lucía Andrea Morett? Alumna de excelencia (…) interesada en la investigación de movimientos sociales en América Latina (…) Se estaba documentando para empezar a redactar su proyecto de tesis: El teatro de creación colectiva en América Latina: dos casos, Cuba y Colombia”.
A un lado del “aeropuerto”, la Cooperativa Smaliyel ocupa un cubículo “liberado”. Dentro, cuelga del techo una manta roja con el letrero “Ejército Zapatista de Liberación Nacional”. Tres estudiantes venden dulces, galletas y café producido en Chiapas. En un estante están acomodados libros y revistas. Saltan a la vista un libro de cubierta rosa titulado Comandante Zero, varios ejemplares de la revista Rebeldía y folletos con la leyenda “Hasta siempre comandante Ramona”.
Los colectivos
Un documento titulado Grupos radicales colectivos universitarios –que se encuentra en el sitio del Comité Cerezo en internet– ofrece una radiografía de esos colectivos, en la que aparecen además los nombres y fotografías de sus dirigentes.
En la Facultad de Filosofía y Letras aparece la Asamblea del CGH Che Guevara, cuyos principales dirigentes son Emilia Cerezo Contreras, Francisco Cerezo y Mayra Valenzuela Rojas, también conocida como La Mamá Toronja. Este grupo también se hace llamar Colectivo Estudiantil Rebeldía y Conciencia.
Según el documento, “su activismo político se ha enarbolado en diferentes banderas de lucha, dirigidas a la realización de un Congreso Universitario Democrático y Representativo que cuente con la mayoría representada por el sector estudiantil; la libertad de presos políticos, de manera específica la de los hermanos Cerezo Contreras; el cumplimiento a los acuerdos de San Andrés Larráinzar; apoyo del EZLN; así como los identificados con la lucha de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)”.
El Colectivo Manantial, de la misma facultad, es encabezado por René Hernández González, Libertad Argüello, Alejandro Franco Flores y Miguel Ángel Cruz Cervantes. “Tiene vínculos con el perredista Martí Batres Guadarrama”, se anota en el documento.
Y en “el aeropuerto” de Filosofía y Letras se ubica a la Fracción de la Corriente en Lucha del CGH, con 10 activistas encabezados por Armando Gómez Martí, Alfredo Martínez Ramírez y Gabriel Ramos Carrasco.
En la misma fuente se establece que la Facultad de Derecho alberga a cuatro grupos, pero sólo se mencionan los nombres de tres: Contracorriente, Colectivo Estudiantil y Fracción del Frente Zapatista de Liberación Nacional.
Su perfil: “Radicales que orientan su activismo a la realización de acciones contestatarias a las políticas reformistas del Estado, particularmente en materia educativa, indígena y económica. Su estrategia de operación es la instalación de mesas de discusión, foros, conferencias, elaboración de periódicos murales, abarcando principalmente conflictos coyunturales”.
El colectivo Contracorriente está integrado por 35 estudiantes. Sus dirigentes son Érick Argüello Mothelet, Andrés Paulino Arlet, Omar García Contreras y Aura Martínez. Su base de operaciones, el cubículo D-301.
Otros 30 estudiantes integran el Colectivo Estudiantil, dirigido por Laura Violeta Chávez Guadarrama, Humberto Rosas Vargas, Marco Macías Iglesias y Édgar Sánchez González. Ellos acondicionaron su sede, el cubículo D-201, con servicio de café internet y papelería a bajo costo, “que han utilizado para ganar adeptos entre la comunidad estudiantil”. También cuentan con el local comercial 15 de Plaza Copilco, donde venden cerveza, dulces y cigarros.
Según el documento, cinco colectivos realizan actividades en la Facultad de Economía. Comparten objetivos como “manifestarse en contra de las reformas de la privatización de la industria eléctrica y del área de comercio de América-Plan Puebla Panamá”. Además, rechazan “la guerra de Estados Unidos contra Irak”.
Estos colectivos utilizan el auditorio Ho Chi Minh, aunque también ocupan otras instalaciones de la facultad, como el salón 104.
Otros grupos son: la Corriente en Lucha, dirigida por Mario Flavio Benítez, El Gato; Salvador Ferrer Ramírez (profesor de Ciencias); Gilberto Ramírez Lazcano; José Alfredo Domínguez Chávez, y Rebeca Peralta Mariñelarena; y la Unión Juventud Revolucionaria de México, dirigido por Alberto Pacheco Guízar, El Diablo; José Eduardo Amador; Agustín Ávila Romero, y David Ángel Lozano Tovar (los dos últimos profesores de esta facultad). Los integrantes de este núcleo actúan también en Ciencias Políticas y Sociales, donde venden libros.
Enraizados en esta última facultad, destacan los siguientes colectivos:
–Conciencia y Libertad, dirigido por Alejandro Echevarría, Consuelo Soria Arenas, Lázaro Minero Arellano y Aldo Reyes Rivera. “Su poder de convocatoria es de 15 a 20 personas”, apunta el documento. Y agrega: “En este colectivo confluyen los narcopunks del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA) y la Corriente en Lucha. Impulsan el trabajo comunitario en distintas zonas indígenas del país a través de la Brigada Universitaria Interdisciplinaria de Trabajo (BUIT)”.
–Frente de Lucha Estudiantil Julio Antonio Mella (FLE-JAM), dirigido por Gerardo González Altamirano, Jorge Alberto Martínez Valero, Rubí Yepes y Jorge Ortiz Sánchez. “Es de ideología radical y tendencia marxista-leninista (…) Mantienen simpatía por los movimientos revolucionarios que fueron encabezados por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez”.
–Comité Estudiantil Universitario, cuyos principales representantes son Carlos Chávez Bécker y el profesor Arturo Chávez López. El documento señala que, “como consecuencia de su vinculación con el PRD, su popularidad en la facultad se ha reducido”.
–Rebeldía, integrado por ocho personas y dirigido por Juan García Pérez. “Sus demandas están enfocadas a esclarecer el asesinato de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tienen vínculos con estudiantes de la Facultad de Medicina, con quienes impulsan un proyecto de salud para atender a la comunidad indígena loxicha de Oaxaca. Se ubican en los salones A-110 y 109”, apunta el documento.
“Criminalización”
En el ataque del ejército colombiano al campamento de las FARC en Ecuador murieron tres estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras: Verónica Natalia Velásquez Ramírez, Fernando Franco Delgado y Juan González del Castillo. Ellos eran integrantes de los colectivos Cátedra Simón Bolívar y Cine Club Benkos Bioho, ambos coordinados por Lucía Andrea Morett Álvarez, quien resultó herida.
Entrevistado por Proceso, Francisco Cerezo Contreras, dirigente del Comité Cerezo, rechaza que el activismo de estos grupos estudiantiles tenga por objeto favorecer a grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) o las FARC de Colombia.
Pone como ejemplo a su propia organización, la cual nació en 2001, a raíz de la detención de sus hermanos Alejandro, Héctor y Antonio –estudiantes de la UNAM–, acusados por el gobierno de Vicente Fox de estar involucrados en la detonación de petardos en tres sucursales de Banamex de la Ciudad de México.
Comenta que una vez que el caso de sus hermanos se “agotó jurídicamente”, el comité mantuvo sus actividades, pero como organización de derechos humanos especializada en documentar casos de “presos políticos y de conciencia” en el país.
“Tenemos alrededor de 500 presos de este tipo, de los cuales unos 300 siguen recluidos. Han sido liberados más de 500, sobre todo después de las represiones masivas en Oaxaca y en Atenco (2006) y contra los altermundistas en Guadalajara (2003). Hasta la fecha hay algunos que aún no son sentenciados.”
–¿Todos estos casos han sido relacionados con la guerrilla?
–No. En realidad en México sólo se reconocen cuatro presos políticos, es decir, que han intentado cambiar el sistema mediante el uso de la violencia. Son Jacobo Silva Nogales, Gloria Arenas –quienes se asumen como miembros de ERPI–, José Luis Durán Mata y Sergio Bautista Martínez, miembros del EPR.
Señala que desde 1968 el gobierno mexicano ha utilizado la estrategia de “criminalizar la lucha social”. Así, señala, “trata de vincular con grupos insurgentes a las organizaciones sociales, a los colectivos estudiantiles y recientemente a las organizaciones de derechos humanos”.

De nuevo, la intolerancia
José Gil Olmos, reportero

Revista Proceso, 1636
Araíz de la muerte de los estudiantes y egresados de la UNAM en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que fue atacado por el ejército colombiano en Ecuador, se ha desatado una campaña “llena de tonterías” contra la máxima casa de estudios, como la califica el rector José Narro.
El doctor Narro atribuye dicha campaña a grupos intolerantes que no están de acuerdo en que la educación superior sea pública y aprovechan la coyuntura para tratar de hacerle daño a la Universidad.
Desde el 1 de marzo, fecha del ataque al campamento de las FARC, se han publicado artículos, cartones, columnas, reportajes y notas informativas en las que se trata de “criminales” y guerrilleros a los mexicanos que se encontraban ahí.
En entrevista, el rector Narro rechaza que la Universidad sea un “semillero de guerrilleros”, como se ha afirmado en dichas publicaciones.
–¿Cómo calificaría esta campaña que se está desplegando contra la UNAM por lo ocurrido en Ecuador?
–Creo, con todo respeto, que se trata de una campaña de una gran ligereza, llena de falsedades, de tonterías, a través de la cual se pretende descalificar a una institución que es fundamental en la vida del país. Hasta donde yo veo, leo e interpreto, se trata de señalamientos que pretenden debilitar a una institución orgullosamente pública y comprometida con las necesidades del país. Tratan de agraviar con sus argumentos y discursos a una institución comprometida con la sociedad mexicana, con sus problemas, con sus intereses.
El rector recuerda que, en 2003, el entonces embajador de Colombia en México, Luis Ignacio Guzmán, afirmó que la UNAM era un “semillero de guerrilleros”, y como “pruebas” mostró fotos de cubículos estudiantiles donde se veían banderas y pancartas de apoyo a las FARC.
“No es la primera vez que hay una campaña en contra de la Universidad, pero no van a conseguir sus objetivos. La Universidad tiene una enorme fortaleza y está mucho más allá de los argumentos, de los dichos y de las falsedades que algunas personas han tratado de permear en la opinión pública”, sostiene Narro.
En esta ocasión, ya confirmada la presencia de estudiantes y egresados de la UNAM en el campamento de las FARC, se acusa a la institución educativa de estar infiltrada por las guerrillas colombiana y mexicana.
Para el rector, esas “son expresiones de gente que no está de acuerdo con una institución de educación superior pública que tiene una jerarquía muy importante, no sólo en nuestro país, sino en el contexto internacional en toda nuestra región latinoamericana y en hispanoamérica”.
Más aún, enfatiza, “son muestras de un gran desconocimiento de lo que es y hace la Universidad, de lo que representa su fortaleza. Parte de esa fortaleza está en la pluralidad. En la UNAM coincide una gran cantidad de puntos de vista, de opiniones, de expresiones ideológicas y políticas. Es obvio, a los totalitarios, a los intolerantes, a los que creen que poseen la verdad, les molesta y les preocupa que exista una institución como la nuestra, que a lo largo de la historia ha tenido esta posición de respeto a la diferencia y de profunda tolerancia”.
Ni semillas ni semillero
En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM no causa asombro ver cubículos de estudiantes que apoyan las causas del EZLN y de otros grupos armados, como las FARC. Pero en otras facultades existen grupos que simpatizan con la ultraderecha y otras agrupaciones políticas, señala el doctor Narro.
No obstante, aclara: “No creo que porque existan grupos que simpatizan con alguna idea, por ese hecho se les deba penalizar. No creo que porque alguien simpatice con alguna causa determinada, se pueda decir que toda la institución tiene esa misma causa. No puedo creer que alguien en su sano juicio pueda juzgar, por la opinión de algunos miembros de la comunidad, al total de la comunidad universitaria, que tiene más de 350 mil individuos. No puedo creer que por el punto de vista de unos se quiera calificar la historia, la trayectoria, la trascendencia de una institución”.
Narro no defiende a ciegas a Fernando Franco, Verónica Velázquez y Juan González, quienes murieron, ni a Lucía Morett, que resultó herida en el campamento de las FARC. “Si tuvieron alguna responsabilidad, eso les corresponde a ellos”, dice.
No obstante, reitera que “la Universidad seguirá defendiendo el punto de vista de que, en el ejercicio de sus libertades y capacidades, los estudiantes tienen todas las posibilidades, sin lastimar el derecho de los demás, de expresarse, de pensar, de hablar y decir en la forma en que ellos consideren que es pertinente”.
–¿Como sale la UNAM de todos estos embates?
–La Universidad está más allá de esta campaña, es una institución multicentenaria que le ha dado a México, durante muchos años, aportaciones fundamentales. Si a alguien le lastima y le molesta que las preocupaciones de la sociedad mexicana sean las de la Universidad, pues lo lamento mucho, porque así va a segur siendo esta comunidad: comprometida, entregada a las mejores causas nacionales.
Ambrosio Velasco Gómez, director de la Facultad de Filosofía y Letras, en entrevista señala que en esos cubículos “no se esconde absolutamente nada... los comparten diversos grupos de estudiantes para actividades muy diversas, todas legales y legítimas... Las actividades que realizan son complementarias, extracurriculares, no son organizadas institucionalmente por la facultad, pero son absolutamente normales”.
–¿Hay riesgo de cerrar esos cubículos?
–Nosotros nos opondríamos a un cambio drástico en la política que hemos seguido en la facultad, de respetar la pluralidad de expresiones y la organización de grupos estudiantiles que realizan diversas actividades legítimas, vinculadas al ámbito de las humanidades y ciencias sociales.
La defensa de Gómez Morín
El doctor Velasco advierte que calificar de guerrilleros a los estudiantes de la UNAM por el solo hecho de que se encontraban en el campamento de las FARC es un intento de “criminalizarlos”, ya que no hay pruebas de que formaran parte del grupo guerrillero o se dedicaran a actividades similares.
“Me parece que esta criminalización es un paso hacia posiciones totalitarias y lo que se cuestiona no es sólo la libertad de cátedra, de expresión, de pensamiento y de investigación, que son principios fundamentales de nuestra vida universitaria, sino también las libertades fundamentales de una democracia.”
Por eso, añade, es tan preocupante que a partir de “estas terribles confusiones y equivocadas inferencias” digan que los universitarios son guerrilleros.
Hasta ahora, dice, la evidencia que se tiene de las actividades de los estudiantes que fueron heridos o fallecieron en el ataque del ejército colombiano en Ecuador, es que buscaban conocer más a fondo la realidad latinoamericana.
–¿Cree que existe una campaña de estigmatización hacia los estudiantes de la UNAM?
–Sí, creo que en varios medios ha habido esa engañosa, no sólo falsa inferencia de que esos estudiantes, por el solo hecho de encontrarse en un campamento de las FARC, eran miembros de este grupo. Esto me parece muy ligero, infundado, y contrasta con la información de que disponemos. Lucía Morett era estudiante de teatro, terminó en el tiempo reglamentario con excelente promedio. Ella afirma que estaba realizando una investigación y yo le doy crédito a su palabra.
–¿De alguna manera se quiere criminalizar a los estudiantes?
–Pensar que es un acto criminal dedicarse a las humanidades, a las ciencias sociales, que tienen por su propia naturaleza una reflexión crítica sobre la realidad social, cultural y política, es un ataque a la vida universitaria y también a la vida democrática del país.
–¿No siente que el gobierno de Felipe Calderón no le ha entrado al asunto, que ha evadido su responsabilidad?
–Ese es el sentir de los padres, sobre todo de Lucía Morett: que el gobierno no se ha involucrado en defensa de los ciudadanos mexicanos que fueron víctimas de un ataque de Colombia. Ellos han reclamado que debería de haber una acción más decidida a favor de sus derechos, tal y como lo ha solicitado la Universidad, de que haya acciones efectivas para salvaguardar sus derechos y su integridad.
–¿Cómo sale la Universidad de esta campaña?
–Sale fortalecida, porque al defender la libertad de expresión y la pluralidad, rechazando al mismo tiempo la censura porque es un paso previo a los regímenes autoritarios, no sólo se defiende a sí misma, sino a los derechos básicos de una sociedad y a la democracia.
Velasco evoca la defensa de la Universidad que hizo Manuel Gómez Morín.
–Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, cuando fue rector defendió con toda su capacidad y sus recursos, exitosamente, la libertad de expresión y la libertad de cátedra. Él es uno de los paladines de los principios que estamos defendiendo. En contra de visiones ideológicas como la de Plutarco Elías Calles, que quería imponer una educación socialista, defendió la pluralidad y las libertades de expresión, de cátedra, que es la que le da fuerza a la Universidad.
Vale la pena recordarlo en estos momentos, sobre todo para recordárselo al gobierno panista de Felipe Calderón, que seguramente conoce el ideario y la trayectoria de Manuel Gómez Morín, agrega el director de la Facultad de Filosofía y Letras,
“Esto que ahora hacemos, defender a la UNAM de los grandes embates de la intolerancia, fue lo que hizo don Manuel Gómez Morín en su momento, defender la pluralidad y la libertad universitaria”, concluye.

El "modelo ético" de Mouriño

El “modelo ético” de Mouriño
Ernesto Villanueva, profesor investigador del IIJ-UNAM

Revista Proceso, 1637, 16/03/2008;
El escándalo en en que se ha visto envuelto el secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño, ofrece varias lecciones que valdría la pena tomar en cuenta para el futuro. Más allá de que se haya afectado sus líneas de flotación como interlocutor para la reforma energética y de que sea blanco de las fobias de Andrés Manuel López Obrador –hecho que en todo caso, no deja de ser un asunto episódico-, lo importante es cómo desde la Presidencia se procesa el control de daños de esta crisis política.
Primero. No se trata solamente de uno más de los dardos de AMLO, sino de un caso que ha permeado en la opinión pública. El secretario de Gobernación ha dicho en los medios que firmó los contratos y que eso no sólo es legal, sino, además, un ejemplo de ética política. ¿No debió observar ese modelo ético el gobernador (Spitzer) de Nueva York, quien “cobardemente” aventó la toalla por mucho menos? Esto, por supuesto, no hubiera pasado jamás en México. Hasta hoy el estadunidense es acusado de haber utilizado prostitutas para satisfacer sus gustos y preferencias. No hay pruebas de nada más. Renunció por esas minucias que en México son el pan de cada día.
El secretario de Gobernación, considerado por algunos precandidato presidencial del PAN, ha ofrecido a la comunidad internacional un nuevo paradigma para resolver el dilema entre los intereses privados y el interés público. Ahora firmar como apoderado legal de una empresa contratista del gobierno y al mismo tiempo ser presidente de la Comisión de Energía del Congreso es una buena práctica.
Algo habría que decir en descargo de Mouriño: Es Alejandro Poiré el director de esta puesta en escena que tiene hundido al secretario de Gobernación. Cosa de recordar: Poiré fue uno de los directores del IFE de Luis Carlos Ugalde, y el primero en correr del barco antes de las elecciones presidenciales. Hoy, reciclado, maneja, define y coordina la estrategia de comunicación política de Mouriño, con los resultados que todo mundo sabe.
Segundo. El problema con el secretario de Gobernación es peor de lo que uno pensaba. ¿No fueron los jesuitas quienes afirmaban que si uno no puede ser casto, debe ser cauto? El señor secretario no sabe que no sabe. En otras palabras, cree en conciencia que el tráfico de influencias y el abuso de poder nada tienen que ver con su caso. Jorge Carpizo, en un texto para un libro en preparación, precisamente sobre moral pública, recuerda que “los niños y los jóvenes continúan viendo, sintiendo y viviendo que poder, dinero, corrupción, impunidad y mentiras son algunas de las coordenadas centrales de la sociedad mexicana. Son los ejemplos que conocen y a eso aspiran: ser un señor con poder y dinero, sin importar cómo se obtuvieron, ya sea en la actividad política, los negocios, el crimen organizado, dirigencias de organizaciones sociales o religiosas. El poder y el dinero –están seguros– traen consigo impunidad, y (a quien los acumule) se le considerará un gran señor”.
Tercero. Es poco menos que imposible que el secretario de Gobernación pueda convencer a la comunidad internacional de que toda la legislación vigente en el mundo democrático ha estado anclada en el error. Que los intereses de la familia son primero. Para su desgracia, la legislación comparada protege valores muy diferentes a los que, convencidos, defienden Mouriño y Poiré. Tal es el caso de la “Ley modelo de establecimiento de normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado desempeño de las funciones públicas” de la Organización de Estados Americanos. En la misma dirección se inscribe la Convención Interamericana contra la Corrupción que, para desgracia de Mouriño y Poiré, México ratificó el 27 de mayo de 1997 sin reserva, razón por la cual es norma obligatoria en el país. Por citar sólo dos cuerpos normativos.
¿Cómo hará el doctor Poiré para que el tráfico de influencias y el conflicto de interés se conviertan en una práctica modélica en el mundo del buen hacer ético-jurídico? ¿Cuántos países habrán de reformar sus normas para incorporar estas aportaciones del gobierno mexicano a la comunidad internacional? Y eso no es todo. Al súper asesor de Mouriño se le ocurrió la brillante idea de que sean la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) las que investiguen las “buenas prácticas” del secretario de Gobernación para librarlo de culpa y pecado. ¿Cómo explicarle a quien tiene dos dedos de frente que la PGR y la SFP no son autónomas, ni independientes, sino dependencias cuyos titulares son designados por el presidente de la República, quien, por cierto, ofreció “completo respaldo” a Mouriño? ¿Cómo decir que la PGR y la SFP son instancias que tendrán como único propósito competir para ver quién defiende mejor a Mouriño, y donde lo de menos es el interés público? Todo queda, pues, entre amigos.
El caso Mouriño, visto en positivo, puede representar una oportunidad de oro para legislar sobre conflicto de interés, independencia de la PGR y supresión de la SFP para que nunca más el Ejecutivo federal se vigile a sí mismo y, por el contrario, se fortalezca a la Autoridad Superior de Fiscalización de la Federación. Ello sí sería un aporte del gobierno de Calderón a la democracia en formación de México. Soñar, por supuesto, no cuesta nada. Lo veremos.

(evillanueva99@yahoo.com)

Razones por las que no debe renunciar

45 razones por las cuales Mouriño no debe renunciar
Denise Dresser, analista

Revista Proceso, 1637, 16/03/2008;
1) SI SE VA, LA UNIVERSIDAD DE TAMPA YA NO VA A PODER PRESUMIR DE SU ALUMNO MÁS FAMOSO.
2) Porque el Primer Mandamiento del gobierno de Felipe Calderón es impedir que AMLO gane, aunque la decencia política pierda.
3) ¿Cómo quitarle al PRI un tema de chantaje permanente?
4) ¿Qué haría la revista Quién con la portada donde bautizó a Mouriño como el “chico superpoderoso”.
5) Alguien tiene que recoger la antorcha del conflicto de interés que tan exitosamente cargó Diego Fernández de Cevallos.
6) Sin la participación de Juan Camilo en el gobierno su familia no podría prosperar, y él los quiere mucho.
7) El componente internacional del gabinete de Felipe Calderón disminuiría notablemente.
8) ¿Quién mejor para negociar la reforma energética que el miembro de una familia que se beneficiaría con su aprobación?
9) Removerlo sería claudicar ante la opinión pública y la ciudadanía. Y eso ningún gobierno mexicano lo puede hacer.
10) Alguien tiene que seguir demostrando que en México lo legal todavía tiene poco que ver con lo ético.
11) El PAN necesita probar que puede cerrar filas en torno a personajes con conductas cuestionables, tal y como siempre lo hace el PRI. ¿Quién dice que no hay competencia en nuestro país?
12) Porque le faltan todavía muchos contratos por firmar para demostrar su profesionalismo, su capacidad y su decencia pública.
13) Porque como bien lo dice Germán Martínez, el presidente del PAN, su caso demuestra que Pemex ya contrata servicios con distintos particulares. ¡Y a mucho honor!
14) Porque el PAN no se va a detener en una anécdota personal ante su esfuerzo por mantener al mismo México de siempre.
15) Porque cuando el gobierno de Felipe Calderón dice que toma decisiones para que “Vivamos mejor” no se está refiriendo ni a usted ni a mí, por lo visto.
16) Porque la PGR necesita demostrar una vez más que existe para cerrar expedientes y para aplicar la ley de manera discrecional.
17) Porque los calderonistas son profundamente nacionalistas; quieren seguir argumentando que “Como México no hay dos” y demostrar que si un gobernador en Estados Unidos renuncia por menos, aquí no es así. Seguimos siendo excepcionales. ¡Viva México!
18) Los panistas necesitan estar orgullosos de alguien.
19) Porque Mouriño cree que con calificar las acusaciones en su contra de “mezquinas” y “dolosas”, a la gente se le olvidará que son ciertas.
20) ¿Qué tiene de malo defender el interés público y los intereses empresariales al mismo tiempo? Ni que hubiera leyes que lo impidieran en las democracias funcionales.
21) Porque Mouriño no aprendió el concepto de “conflicto de interés” cuando estudió en Estados Unidos.
22) Porque el gobierno de Felipe Calderón quiere promover la inversión privada en el sector energético y Juan Camilo Mouriño ya demostró que él sí sabe cómo hacerlo. ¿Y por qué no, de paso, se aprueba también una ley en la cual sólo puedan formar parte de la Comisión de Energía los legisladores con familias involucradas en el sector?
23) Para lograr acuerdos que necesita, el PAN tiene que seguir permitiendo que Manlio Fabio Beltrones y el PRI decidan cuándo, a qué hora, y gracias a la supervivencia política de quién.
24) Porque cuando Calderón se refirió hace unos días a la importancia del estado de derecho sólo estaba bromeando.
25) ¿Qué tiene de malo estar en la Comisión de Energía y mantener acciones en las empresas que podrían resultar afectadas por la legislación aprobada allí? Si así ha sido siempre y por eso México es un país tan exitoso, con una clase empresarial tan dinámica, tan autónoma, tan poco acostumbrada a depender del gobierno.
26) Ya nadie se acuerda de que la Secretaría de Hacienda le hizo un extrañamiento al Consejo de Administración de Pemex Refinación por aceptar tarifas tan altas en los contratos que aprobó.
27) Porque Beltrones ya pactó la omertá entre quienes tienen secretos qué guardar.
28) Porque Juan Bueno Torio se tendría que ir también y tantos familiares dependen de sus buenos oficios políticos en Veracruz.
29) Ni que fueran sospechosas tantas adjudicaciones directas.
30) Porque el gobierno de AMLO también tapó la corrupción y por eso la del PAN, desde su punto de vista, se vale y es más chiquita.
31) Porque cuando Felipe Calderón prometió un “México ganador” estaba hablando del que le aseguraría a sus amigos, por lo visto.
32) Porque como AMLO mantuvo cerrados los fideicomisos en la construcción de los segundos pisos, lo de Mouriño es poca cosa en la perspectiva de los panistas. O sea, hay de corrupción a corrupción.
33) Porque en el gabinete de Felipe Calderón lealtad mata eficacia y cercanía personal mata rendición de cuentas.
34) Porque Campeche se quedaría sin carreteras.
35) Y bueno, el PAN ha insistido en la ley de compatibilidad de legisladores, precisamente para que puedan seguir siendo empresarios.
36) Si un gobierno panista le devolvió a Ricardo Salinas Pliego 500 millones de pesos, ¿por qué no habría de avalar que Juan Camilo Mouriño firmara algunos contratos?
37) Porque seguramente Paty Chapoy dirá uno de estos días que Juan Camilo también es guapo.
38) Y además él ya sabe dónde está el tesoro y cómo ir tras él.
39) Porque el PAN cree que para defender a Mouriño basta con criticar al mensajero e ignorar el mensaje.
40) Porque el escándalo de Mouriño será reemplazado por otro próximamente.
41) Si todo es tan sólo una “crisis de comunicación”.
42) Si todo es tan sólo “paja y cizaña”. Ni que hubiera evidencia de contratos firmados.
43) Porque a los amigos se les defiende aún a costa de la credibilidad del gobierno.
44) No hay a quién colocar en su lugar.
45) Y el 70 por ciento de los encuestados que exige la renuncia de Juan Camilo Mouriño no importa. Si al fin y al cabo sólo son ciudadanos.

El factor Mouriño

El factor Mouriño enturbia el debate energético
Carlos Acosta Córdova, reportero
Revista Proceso, No. 1637, 16/03/2008;

Los reflejos del gobierno de Felipe Calderón en torno a la reforma de la industria petrolera, y en particular en cuanto al futuro de Pemex, son tan malos como los efectos del factor Mouriño. A tal grado se le están complicando las cosas al mandatario que la búsqueda de consensos para la reforma energética quedó aplazada, mientras que la paraestatal y la Secretaría de Energía aún no definen si se propondrán cambios constitucionales y alianzas con empresas extranjeras para la exploración en aguas profundas.
Tanto se ha tardado el gobierno de Felipe Calderón en presentar su propuesta de reforma energética que ya se le hizo bolas el engrudo: el sainete protagonizado por su secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en relación con los contratos que firmó con Petróleos Mexicanos cuando era funcionario público y, al mismo tiempo, apoderado legal de una empresa familiar, polarizó y desvió aún más el debate sobre qué hacer con la industria petrolera nacional.
Así, la búsqueda de consensos se pospuso, en tanto que Pemex y la Secretaría de Energía no aciertan a definir si se propondrán cambios constitucionales y alianzas con empresas extranjeras para la exploración en aguas profundas.
Ocupado en arropar a su endeble secretario de Gobernación, a Calderón se le va de las manos todo, no sólo el debate: alimenta el rechazo popular a cualquier cambio en Pemex que implique la mínima privatización y, lo que menos hubiera querido, resucitó de tal manera a Andrés Manuel López Obrador, quien, fortalecido, se da el lujo de amagar con “parar” al país con “huelgas legislativas” y “cercos ciudadanos” en todos los aeropuertos, en las instalaciones estratégicas de la paraestatal, en instituciones financieras y en las principales carreteras.
Ha sido incapaz el gobierno de ordenar el debate y apaciguar los ánimos. Con la demora –ajena al trabajo, por ahora inexistente, de construir consensos–, Felipe Calderón se ve temeroso, inseguro, y parece darle la razón al coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, en el sentido de que si el gobierno presenta una iniciativa agresiva de reforma energética –que incluya cambios a la Constitución y a las leyes secundarias–, le estaría entregando la presidencia a Andrés Manuel López Obrador.
También, de manera absurda, ha perdido un tiempo valioso. Desde mediados de febrero –10 días antes del acto masivo de AMLO en las inmediaciones de la Torre de Pemex–, planteó con claridad lo que a su juicio son las tres únicas opciones para resolver la crisis de la industria petrolera. De gira en Estados Unidos, señaló: “Una es quedarnos como estamos, y si esa es la decisión del Congreso, yo la respetaré plenamente”.
La segunda es “destinarle más recursos a Pemex del presupuesto federal; ya lo hemos hecho con la reforma fiscal y sin embargo no es suficiente”. Y la tercera opción, según Calderón, es “ver qué han hecho otras empresas públicas en el mundo; digo ‘empresas públicas’ porque yo tengo la firme convicción de que Pemex tiene que seguir y seguirá siendo del gobierno y de los mexicanos, exclusivamente”.
Eso fue el 14 de febrero. Y ahí quedó, en discurso, que no retomó en los días siguientes. Consecuencia lógica hubiera sido darle sustento, es decir, aun sin el formato de iniciativa, presentar públicamente las líneas generales, de forma y de fondo, de lo que para el gobierno sería la reforma energética.
Pero no. Dejó pasar el tiempo. Lo aprovechó López Obrador para ponerse adelante en la discusión pública, mientras que el gobierno no acertaba a dar pasos firmes. La secretaria de Energía, Georgina Kessel, tibia y sin ganas de convencer, se reúne con legisladores panistas, federales y estatales, apenas para decirles que la solución son las alianzas estratégicas, las asociaciones, con empresas extranjeras para sacar petróleo de las profundidades del mar. Pero ha pasado de afirmar que son necesarios los cambios a la Constitución y las leyes secundarias para darle entrada a esas alianzas, a decir que, bueno, estudiaríamos cómo hacer las alianzas sin necesidad de esos cambios. Sin rumbo, pues. O miedo a la reacción pública.
Pero por más que cabildean diputados y senadores panistas y funcionarios gubernamentales, la secretaria no logra siquiera reunirse con las bancadas de oposición para exponerles el diagnóstico del sector energético del país y explicarles lo que, a juicio del gobierno, se necesitaría para salir del bache.
Y los directivos de Petróleos Mexicanos, por su parte, dan tumbos igual. Les ha resultado un dolor de cabeza el ya famoso spot titulado Tesoro de México sobre las presuntas inmensas cantidades de petróleo y gas que México tiene en el fondo del mar.
Desde el 17 de febrero, en el cibersitio YouTube empezó a circular el video –del que en un principio Pemex y Sener negaron ser los autores–, en el que el punto central es la necesidad de efectuar alianzas con empresas extranjeras, que tienen la experiencia y la tecnología para explorar y extraer hidrocarburos hasta 3 mil metros abajo de la superficie.
Dice el video de YouTube, firmado por el Gobierno Federal:
“Trabajar en aguas profundas requiere de tecnología de punta, como sistemas satelitales georreferenciales, construcción de plataformas semisumergibles, manejo de vehículos submarinos de control remoto y robótica. Afortunadamente, como lo han hecho otros países del mundo, México puede establecer alianzas con quienes ya cuentan con la tecnología y la experiencia para explotar yacimientos en aguas profundas. Podemos aprovechar ese conocimiento para sacar el petróleo que es nuestro”, dice una premonitoria y alarmante voz en off, apoyada por imágenes sucesivas de infraestructura de Pemex y de niños jugando.
Luego, 16 días después, la paraestatal difundió el mismo spot en las principales televisoras, en los horarios de mayor audiencia, pero sin aludir al tema de las polémicas alianzas con las trasnacionales petroleras.
Adicionalmente, ha estado induciendo –y pagando, por supuesto– menciones en programas televisivos, en todos los horarios, en los que conductores de emisiones dedicadas a la farándula, actores de programas cómicos y programas dedicados a las amas de casa, aluden –sin tener la mínima idea de lo que hablan– a la necesidad de explorar aguas profundas para sacar el “tesoro de México”.
Sin embargo, para lo que han servido el spot y esas menciones es para polarizar más el debate, para azuzar el rechazo público a la privatización, al grado de que, el jueves 13, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó un exhorto a la Secretaría de Energía y a Pemex para que retiren el video promocional sobre el “tesoro bajo el mar”. El argumento: confunde a la opinión pública, no ofrece un diagnóstico claro del sector petrolero del país ni aborda realmente todas las opciones posibles para modernizarlo.
Alarma energética
Pero independientemente de la incapacidad del gobierno para direccionar el debate público y definir qué es lo que quiere en materia petrolera, del desconcierto y la displicencia de los partidos y el Congreso, y de la desinformación que permea en la sociedad, no hay duda de la urgencia de cambios en la industria.
El petróleo, por lo menos el de extracción barata, se está acabando. Las reservas probadas sólo alcanzan para poco más de nueve años, según datos oficiales, nacionales e internacionales. Y si no se hace algo ya, al término de ese tiempo México empezará a ser importador neto de petróleo.
De los 20 principales países productores del energético, sólo Noruega tiene reservas con menos vida que México: 8.4 años. Pero el resto están por encima. Sólo por citar algunos: Irak y Kuwait tienen reservas para más de 100 años; los Emiratos Árabes Unidos, para 90; Venezuela, para 78; Brasil, para 18; Estados Unidos, para 12; Canadá, para 15 años.
Y es mucho lo que se perderá. México ocupa actualmente el sexto lugar entre los países productores y el décimo entre los principales exportadores de petróleo; es el número 17 en reservas probadas.
A nivel de empresas, Pemex destaca internacionalmente en algunos indicadores, pero en otros es un verdadero lastre. De entre las 15 principales petroleras del mundo, ocupa el tercer lugar en producción de crudo, superada sólo por Saudi ARAMCO, de Arabia Saudita, y NIOC de Irán. Pero está por encima de las estatales PDVSA, de Venezuela, y Petrobras, de Brasil, y de todas las trasnacionales más poderosas: Exxon Mobil, British Petroleum, Shell, Chevron-Texaco.
En ventas totales, sin embargo, cae al octavo lugar, ahí sí superada por todas éstas. Sólo para ver la diferencia: en 2006, Exxon Mobil tuvo ventas totales por 339 mil 938 millones de dólares, mientras que las de Pemex fueron por 97 mil 244 millones, es decir, apenas 28.6% de lo que vendió la estadunidense, no obstante que la producción de ésta fue de 2 millones 523 mil barriles diarios, contra los 3 millones 256 mil barriles diarios de la empresa mexicana.
A pesar de datos como ese, ha sido un lujo para el país tener a Pemex. Prácticamente le ha resuelto la vida a los gobiernos, de López Portillo al actual. Baste revisar la información reciente sobre sus resultados financieros, los de 2007. En ese año, la utilidad de la paraestatal, antes de impuestos y derechos, fue de 660 mil 152 millones de pesos, poquito más de 60 mil millones de dólares, y superó por vez primera a la poderosa Exxon Mobil, que obtuvo utilidades por 40 mil 600 millones de dólares.
Para no ir tan lejos, en 2007 la utilidad operativa de Pemex fue tres veces la utilidad conjunta de las 30 mayores empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores: 221 mil 500 millones de pesos.
Es decir, Pemex volvió a demostrar el año pasado que es una de las empresas más rentables del mundo… aunque más por regalo de la naturaleza y por condiciones de la economía internacional que por eficacia y eficiencia en su conducción. Y vaya que si no: a la empresa le cuesta poco menos de 5 dólares extraer cada barril de crudo y lo vendió, el año pasado, en un promedio de 61.6 dólares; en estos días el precio de la mezcla mexicana anda arriba de los 90 dólares por barril.
Cualquier gobierno querría tener un Pemex. Ingresos fáciles, sin necesidad de empujar la actividad económica ni de hacer esfuerzos recaudatorios en el resto de la economía. Pero la gran tragedia de la empresa es la sangría brutal a la que la somete el fisco federal. En 2007 el pago de impuestos, derechos y aprovechamientos de Pemex fue de 676 mil 278 millones de pesos (casi 12% más que en 2006), es decir, más que las utilidades obtenidas.
El gravoso pago de impuestos –ninguna empresa en el mundo, de ningún sector, paga más del 100% de sus utilidades brutas, como lo hace Pemex–, más la importación creciente y cada vez más cara de petrolíferos, dieron como resultado que en 2007 tuviera pérdidas netas por 16 mil 127 millones de pesos. ¡La empresa más rentable del mundo… con pérdidas! British Petroleum paga 30 veces menos de impuestos que Petróleos Mexicanos: en 2006 pagó 2% de sus ventas totales, mientras que la mexicana pagó el 61% de sus ventas.
Y con todo y que es la tercera gran productora de crudo en el mundo, la más rentable –por la relación costo de producción-precio de venta–, Pemex, por ser usada en décadas para resolver los problemas financieros del gobierno federal y de los locales (con los excedentes), registra indicadores que la convierten en un verdadero lastre, sobre todo en términos de eficiencia y productividad.
Datos del Senado de la República señalan que de las principales petroleras del mundo la paraestatal es la más improductiva por empleado. Para 2006 contaba con el mayor número de trabajadores: 135 mil, pero cada uno de ellos generó ventas por 412 mil dólares, mientras que cada uno de los 50 mil trabajadores de Chevron-Texaco hizo ventas por 2 millones 407 mil dólares. En general, de acuerdo con la información del Senado, la productividad por trabajador de las trasnacionales superó a la de Pemex de cinco a ocho veces. En producción, cada trabajador de Chevron produjo al día 38.7 barriles diarios, en tanto que el de Pemex, 23.5 barriles, 64% menos.
El desastre que ha implicado el manejo de Pemex en los últimos años, se ilustra también con el magro patrimonio con que cuenta actualmente la empresa. Los resultados financieros de 2007 indican que la paraestatal tenía un valor técnico de poco menos de 52 mil millones de pesos, cuando sus activos son de 1 billón 331 mil 127 millones… pero con pasivos totales de 1 billón 279 mil 300 millones de pesos.
Ante este escenario general lo peor sería, como dicen muchos analistas, no hacer nada en el sector petrolero, o sólo apostar a arreglos cosméticos por miedo al costo político. Lo más fácil sería obviar la urgencia de los cambios, cuando no es mentira que el petróleo se está acabando.
Pero el gobierno de Calderón sigue pasmado frente al alboroto que él mismo provocó.

Comunicado de la LIMEDDH

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
AU- 011 – CRIMEN DE LESA HUMANIDAD DEL EJÉRCITO COLOMBIANO - ECUADOR
ACCION URGENTE: Ante la masacre perpetuada por el ejército colombiano en el estado de Ecuador.
México, Distrito Federal a 12 de marzo de 2008.
Sen. Jorge Pizarro Soto Harald RØMER PTE. Parlamento Latinoamericano Parlamento Europeo

S.E Álvaro Uribe Vélez S.E. Rafael Correa Presidente de la República de Colombia Presidente de la República de Ecuador

S.E Nicolas Sarkozy Presidente de la República de Francia

Lic. Felipe Calderón Hinojosa Presidente de la República de México (.....)

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la Fundación Diego Lucero A.C., el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHSSO), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM) Federación Latinoamericana de Asociaciaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), el Comité Cerezo México, la Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos (AMADH), la Asociación por la Defensa de los derechos Humanos y la Equidad de Género (ASDDHEG), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) y La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), con domicilio para recibir comunicaciones en Avenida Azcapotzalco No. 275, Colonia Clavería, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02090, México, D. F., con número telefónico: 53990592 y Fax: 55991336, enlace.limeddh@gmail.com, solicita su intervención urgente ante la masacre perpetuada por el ejército colombiano en el estado de Ecuador.

HECHOS

Pasada la media noche a las 00:30 hrs., aproximadamente, del 1 de Marzo 2008, un número indeterminado de miembros del ejército colombiano atacó un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) situado a dos kilómetros de la frontera colombo-ecuatoriana, en las cercanías del río San Miguel y la localidad de Granada, en territorio libre y soberano de Ecuador.Con base en la demanda penal interpuesta al ejército colombiano por la Asamblea Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), con sede en Quito, Ecuador, y de acuerdo a notas de prensa1, el ataque se llevó a cabo mediante "un bombardeo aéreo con bombas de fragmentación y mísiles de alto poder" y posteriormente, entre las 1:00 y las 3:00 de la madrugad "tropas colombianas aerotransportadas fueron desembarcadas en el lugar, tiempo en el que remataron a personas heridas, retiraron cadáveres y aparatos de comunicación. Permanecieron unas dos horas y se retiraron."Como resultado de esté ataque habrían resultado muertas alrededor 24 personas y al menos, tres más heridas. Entre los cadáveres se encontraba el portavoz internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Luis Édgar DEVIA SILVA, más conocido como "Raúl REYES", quién; como se sabía públicamente, estaba inmerso en esos momentos en un proceso de negociación para la liberación de la política colombiana Ingrid Betancourt y otros 11 rehenes, tal y como lo han reconocido en su labor los países implicados en dicho proceso como Francia, Venezuela, Ecuador.

Se desconoce el número real de muertos en dicho ataque, ya que un número indeterminado de cuerpos fueron removidos por el ejército colombiano, así mismo, el ejército Ecuatoriano encontró 23 cadáveres.

En un comunicado las FARC habrían reconocido a 11 como miembros del grupo armado.

Así, en dicho campamento situado fuera de las llamadas zonas rojas o de conflicto, y que fungía como campamento de interlocución se encontraban igualmente visitantes de otros países entre ellos, un grupo de al menos 5 estudiantes y recién egresados mexicanos que llegaron la misma noche del ataque de los cuales 4 han fallecido, Verónica Natalia VELÁSQUEZ RAMÍREZ, Juan GONZÁLEZ DEL CASTILLO, Juan Fernando FRANCO DELGADO, Soren Ulises AVILÉS ÁNGELES. Al igual que Lucía Andrea MORETT herida y hospitalizada como consecuencia de dicho ataque.

ANTECEDENTES

Recordamos que el ataque se produce durante un periodo de distensión del conflicto, que rendía ya frutos de liberación a rehenes por parte de las FARC, siendo la última liberación de cuatro de ellos, el pasado día 27 de febrero. Clara muestra de los resultados del proceso de negociación que las partes estaban llevando de manera consecuente y responsable, con la mediación y estimable intervención de Francia y Suiza, la Unión Europea y países como Venezuela y Ecuador, en el marco del Acuerdo Humanitario.

Las organizaciones mexicanas firmantes, denunciamos la gravedad de estos hechos, ya que con su actuación el gobierno colombiano sólo muestra su desprecio por la vida y por la paz. Tal crimen, además, no sólo atentó contra la vida de 24 personas, sino contra el acuerdo humanitario y la liberación de rehenes – que habían experimentado notables progresos en los últimos meses –, la apertura de procesos de paz y distensión en Colombia, al tiempo que amenaza fuertemente la seguridad de la región de América Latina.

De esta manera en su actuación, el gobierno colombiano no sólo violó el territorio y por tanto la soberanía de Ecuador, sino que además llevó a cabo un ataque directo, desmedido, alevoso y con premeditación, a un campamento localizado en un espacio claramente establecido como un punto común de comunicación y enlace en la negociación, violando tanto el Derecho Internacional, como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el derecho internacional humanitario.

Así mismo, y en consonancia con las acciones emprendidas por las organizaciones ecuatorianas la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y con la demanda interpuesta por la Asamblea Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), y ante la evidencia de que los cadáveres presentaban tiros por la espalda, y además añade que "la desmembración y mutilación de los cadáveres evidencian lo extremo de la violencia utilizada".

Estos hechos, sumados a la inusitada diferencia de heridos y muertos entre los bandos, es decir no hubo heridos de parte del Ejercito Colombiano y al parecer hubo un muerto que se desconoce el nombre o las causas de la muerte, muestran que no se trató de un ataque en legítima defensa, así como lo estipula el Derecho Penal Internacional, y las convenciones del Derecho Internacional Humanitario, sino de una masacre.

En el marco de la ejecución extrajudicial, agravada, reiteramos por el carácter comunicativo de dicho campamento, su ubicación y la presencia, en el mismo, tanto de miembros encargados de buscar soluciones dialogadas al conflicto humanitario como de visitantes internacionales. Estos hechos convierten dicho acto en un crimen de lesa humanidad.

Los Estados, el Derecho Internacional y la Corte Penal Internacional.

Los Estados involucrados en el conflicto son tres Ecuador, Colombia y México, vamos a estudiar como se posicionan en el conflicto estado por estado, en relación a la Corte Penal Internacional:-

Ecuador: fue violado su soberanía y su integridad territorial por Colombia. El ejercito Colombiano invadió el espacio aéreo y terrestre de manera deliberada de Ecuador sin su permiso y con armas, lo que agrava la violación de la soberanía y de la integridad territorial,Por parte del Ejército en una manifestación de potencia pública lo que involucra sin duda alguna al Estado Colombiano, y al Jefe de Gobierno como jefe del Ejército Colombiano y como la más alta autoridad del Estado. Ecuador tiene bastantes fundamentos para demandar a Colombia ante La Corte Internacional de Justicia de La Haya (artículo 34 del Estatuto de la CIJ). Los Estados Miembros de las Naciones Unidas son in facto partidos en el estatuto de la Corte.

- Colombia: La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional cuya misión es juzgar a las personas que han cometido crímenes de guerra, genocidio, o lesa humanidad, su base jurídica se encuentra en tres documentos básicos: El Estatuto de Roma3, la resolución 808 del 22 de Febrero de 19934, y la resolución 827 del 25 de Mayo de 19935.

- México (como Estado) o un grupo que tiene interés particular a actuar (familiares) demanda a Colombia por la muerte de los cuatros jóvenes ciudadanos Mexicanos por el ataque del ejercito colombiano en Ecuador, que se puede considerar como un crimen de guerra basándose en el articulo 8 del estatuto de Roma de 1998 (la parte segunda del estatuto de Roma se encarga de recoger aquellos crímenes o delitos sobre los que la Corte tiene potestad de castigar ), o también como un crimen contra la humanidad basándose en el articulo séptimo de Estatuto de Roma de 1998.

México: El CPI puede ser competente por lo surgido a raíz de un conflicto armado que no tenga carácter de conflicto internacional: los actos deben llevarse acabo contra aquellos que no participen activamente en el conflicto armado, como fueron los jóvenes ciudadanos mexicanos en las personas de Verónica Natalia VELÁZQUEZ RAMÍREZ, Fernando FRANCO DELGADO, Juan GONZÁLEZ DEL CASTILLO, Soren Ulises AVILÉS ÁNGELES.De hecho este conflicto armado que tenga o no tenga carácter internacional entra en la competencia de la CPI.

El gobierno mexicano tiene la obligación de proteger sus ciudadanos y nacionales, sobre el fundamento de crímenes de guerra debería demandar a Colombia o al menos mandar a la Oficina de la Fiscalía del CPI remisión y informaciones sobre lo que ocurrió en Ecuador para que les examine y lidera investigaciones y prosecuciones7.

También el Estado mexicano puede pedir indemnización por la muerte de sus nacionales como esta contemplado con arreglo al derecho internacional

Derechos violados y que se deben de proteger:-

Derecho a la vida: *Constitución mexicana: Art. 14, art. 10.*DUDH: Art. 3.*Convención Americanas de Derechos Humanos: Art. 4.*PIDCP: Art. 6.

- Derecho a la Integridad Personal: *Constitución mexicana: Art. 19, Art. 22.*DUDH: Art. 3, Art. 5.*Convención Americana de Derechos Humanos: Art. 5.*PIDCP: Art. 7, Art. 10

- Libertad de Pensamiento y de Expresión: *Constitución mexicana: Art. 6, Art. 7.*DUDH: Art. 19.*Convención Americanas de Derechos Humanos: Art. 13.*PIDCP: Art. 19.

-Derechos Políticos: *Constitución mexicana: Art. 9, Art. 35.*DUDH: Art. 20, Art. 21.*Convención Americanas de Derechos Humanos: Art. 23.*PIDCP: Art. 25.

- Libertad de Circulación y de Residencia: *Constitución mexicana: Art. 11.*DUDH: Art. 9, Art. 13.*Convención Americanas de Derechos Humanos: Art. 22.*PIDCP: Art. 12, Art. 13.

- Libertad Personal: *Constitución mexicana: Art. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 17, Art. 20, Art. 16.*DUDH: Art. 3, Art. 9.*Convención Americanas de Derechos Humanos: Art. 7, Art. 9, Art. 10.*PIDCP: Art. 9, Art. 11, Art. 14.

- Derecho a un recurso efectivo: *Constitución mexicana: Art. 103, Art. 104.*DUDH: Art. 8, Art. 10.*Convención Americanas de Derechos Humanos: Art. 7, Art. 8, Art. 25.*PIDCP: Art. 2, Art. 14.

- Seguridad Jurídica: *Constitución mexicana: Art. 14, Art. 16, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 23.*DUDH: Art. 10, Art. 11.*Convención Americanas de Derechos Humanos: Art. 8, Art. 9, Art. 10.*PIDCP: Art. 9, Art. 10, Art. 14, Art. 15.- Libertad de reunión y asociación:*Constitución mexicana: Art. 9, Art. 15.*DUDH: Art. 20.*Convención Americanas de Derechos Humanos: Art. 15, Art. 16.

- Derecho a la Protección Judicial: *Convención Americanas de Derechos Humanos: Art. 25 apartados 1 y 2.

- Derecho a Garantías Judiciales: *Convención Americanas de Derechos Humanos: Art. 8 apartados 1 y 2.

- Protección de la Honra y de la Dignidad: *Convención Americanas de Derechos Humanos: Art. 11 apartado 3

Recordando que el Estado de México se ha comprometido a cumplir estas normas nacionales e internacionales como legislaciones nacionales en relación a la Constitución Mexicana desde 1917; la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) desde 1948; la Convención Americana de Derechos Humanos desde 1978; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde 1976.

También recordando que desde una decisión de julio de 1994, el Comité de Derechos Humanos sostuvo que las victimas de violaciones flagrantes de derechos humanos, tales como la tortura, tienen derecho bajo el artículo 2(3)(a) del Pacto de Internacional de Derechos Civiles y políticos, a un remedio efectivo, el cual supone (o implica) la obligación para los gobiernos democráticos partes del Pacto de llevar a cabo investigaciones oficiales para identificar los autores individuales de las violaciones y de otorgar compensaciones a las victimas.

Esta decisión ha tenido un impacto muy importante en las políticas de reconciliación y lucha contra la impunidad.De la misma manera externamos nuestra preocupación antes el manejo que algunos medios de comunicación han hecho de dicha información y que pretende criminalizar a los estudiantes mexicanos y que así mismo representa un atentado contra la libertad de cátedra y el libre pensamiento y expresión de las ideas y de la investigación en ciencias políticas y sociales y pretende afectar a la Máxima Casa de Estudios de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y la educación pública en general.

Con base en el manual para la Investigación de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias de las Naciones Unidas solicitamos a las autoridades de Colombia, Ecuador y México, nos den acceso toda la documentación oficial al respecto, para que podamos hacer nuestras expertís en la materia y contribuyamos al esclarecimiento de la verdad y la justicia.

Por lo anterior solicitamos a cada instancia que de acuerdo a sus competencias que:

i. Se inicie una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para identificar a los autores materiales de los hechos descritos así como de los responsables en la cadena de mando, a fin de castigar a los culpables y asegurar que dichos hechos de ninguna manera, volverán a repetirse.

ii. Se nos proporcione toda la información oficial que permita conocer la verdad de los hechos tanto los partes de guerra, levantamiento de cadáveres, inspección ocular, videos, fotografías y expedientes de investigación judicial respectivos de parte de los gobiernos de Colombia, Ecuador y México.

iii. La enérgica condena, por parte de los organismo internacionales, especialmente por parte de la OEA y la ONU, de los ilícitos actos cometidos por el gobierno Colombia y de Álvaro Uribe.

iv. Se asegure la repatriación de Lucia Andrea MORETT, sin cargo alguno y calidad de testigo de la masacre. Y se garantice su seguridad física, psicológica y jurídica.

v. Que se garantice así mismo la seguridad física, psicológica y jurídica de los familiares y amigos de las víctimas y sobrevivientes de la masacre.

vi. Por lo que respecta a México; la no criminalización del movimiento estudiantil y la defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México como un espacio de libre opinión y conocimiento.

vii. De manera general, el respeto a todos los pactos y tratados internacionales ratificados por el estado Colombiano en relación a la protección y salvaguarda de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

1 La Jornada, Lunes 10 de Marzo de 2008

2 Ibid.

3 RATIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, hecho en Roma el 17 de julio de 1998 de la jefatura del estado BOE n. 126 de 27/5/2002, páginas: 18824 – 18860, ref. 2002/10139

4 RESOLUCION DE 10 DE MAYO DE 1995, de la secretaria general técnica, por la que se publica la resolución 955 (1994), de 8 de noviembre de 1994, del consejo de seguridad de las naciones unidas, por la que se crea un tribunal internacional para el enjuiciamiento de los crímenes internacionales perpetrados en Ruanda del ministerio de asuntos exteriores, BOE n.123 de 24/05/1995, Páginas: 15183 – 15188, Ref. 1995/122425

5 RESOLUCION DE 19 DE OCTUBRE DE 1993, de la secretaria general técnica, por la que se publica la resolución 827 (1993), de 25 de mayo, del consejo de seguridad de las naciones unidas creando un tribunal internacional para el castigo de los crímenes internacionales perpetrados en la antigua Yugoslavia y documento anejo del ministerio de asuntos exteriores, Boer n.281 de 24/11/1993, páginas: 33001 – 33006, ref. 1993/27916

6 RATIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, hecho en Roma el 17 de julio de 1998 de la jefatura del estado BOE n. 126 de 27/5/2002, páginas: 18824 – 18860, ref. 2002/10139

7 Estatuto Internacional adoptado por el Consejo de Seguridad. La información referente al procurador se encuentra recogida en el artículo 16 del presente Estatuto. http://derechos.org/nizkor/ley/yug.html, (Ultima consulta el 9 de mayo de 2007)

8 RATIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, hecho en Roma el 17 de julio de 1998 de la jefatura del estado BOE n. 126 de 27/5/2002, páginas: 18824 – 18860, ref. 2002/10139. Artículo 79: Fondo fiduciario, 1); 2); 3). http://www.preventgenocide.org/es/derecho/estatuto/parte-c.htm, (ultima consulta el 05/05/2007)

ATENTAMENTE

Por las Organizaciones

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C., Limeddh.

¡Una llama encendida por los derechos de los pueblos!

Adrián Ramírez López; Presidente de la Limeddh

El duro exfiscal Spitzer

Reportaje; El País,

Así acabó Kristen con el 'sheriff' Spitzer
El adalid de la lucha contra los proxenetas cae en la investigación de un burdel por Internet
BARBARA CELIS / SANDRO POZZI -

EL PAIS, Nueva York - 16/03/2008
Sexo, poder y dinero. Son los tres elementos del cóctel explosivo que hundió, en apenas 48 horas, la meteórica carrera política de Eliot Spitzer. El demócrata, conocido como el sheriff de Wall Street por su cruzada contra la corrupción y las redes de prostitución durante su etapa como fiscal general de Manhattan, ha sido un caso de cazador cazado: mañana dejará el puesto de gobernador del Estado de Nueva York tras verse implicado como cliente en una red internacional de prostitución y blanqueo de dinero. Utilizaba con asiduidad un burdel de lujo cuyas actividades, que incluían el blanqueo de dinero, quizás nunca hubieran sido descubiertas si el propio Spitzer no hubiera sido uno de sus clientes.
No son pocos los que aventuraban que este abogado de familia millonaria sería el primer judío en llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, Spitzer, nacido en el Bronx en junio de 1959, estudiante ejemplar de Princeton y Harvard, casado y con tres hijas, en julio pasado cayó en las redes de una investigación fiscal rutinaria, que al tirar del hilo llevó hasta las puertas del Emperor's Club VIP, el burdel cuyo desmantelamiento se anunciaba hace 10 días en Nueva York sin apenas ruido, pero que el pasado lunes arrastraba estrepitosamente en su caída al gobernador de Nueva York, el cliente número nueve.
Este hombre inteligente, ambicioso e implacable había trabajado ocho años como fiscal general de la ciudad, autoerigiéndose en brazo ejecutor frente a la corrupción de Wall Street y en cruzado contra las redes de prostitución internacional. Hace cuatro años protagonizó una de las mayores redadas contra esta práctica en diversos barrios de Nueva York, en la que fueron arrestadas 16 personas.
Al convertirse en gobernador, en enero de 2007, dio prioridad al endurecimiento de las leyes contra los johns (nombre que se les da a los clientes de los prostíbulos). Al aprobar en junio una de las legislaciones más severas de Estados Unidos contra el "comercio sexual", se convertía en el héroe de las organizaciones que luchan contra los proxenetas. La ley penaliza con un año de cárcel a los que pagan por mantener relaciones sexuales. Su objetivo era atajar la demanda y ayudar a las víctimas, las mujeres, porque la prostitución es "una forma de esclavitud moderna", decía cuando los servicios de Kristen ya estaban en su agenda.
El encuentro que figura como clave de la investigación de la fiscalía se produjo en la habitación 871 del hotel Mayflower, un lujoso y respetado establecimiento de Washington DC. Un día antes de San Valentín, Eliot Spitzer hizo una reserva a nombre de un amigo en este hotel, donde se alojan los altos mandatarios que viajan a Washington. También acordó por teléfono con la madame del burdel, Temeka Rachel Lewis -una de las cuatro arrestadas en la operación de desmantelamiento del Emperor's Club-, que una joven "morena, alta y bonita" llamada Kristen acudiría esa misma noche a la habitación 871, donde se encontraría con quien ella creía era George Fox (el nombre dado por Spitzer en sus encuentros clandestinos). Entre las nueve y las doce se consumaría un encuentro que posteriormente la prostituta calificó de "fácil", pese a que otras profesionales que conocían al cliente numero nueve se habían quejado de que las prácticas con él no eran seguras (una definición que podría referirse al uso de drogas o a la negativa a usar condón).
Lo que ni Spitzer, ni Kristen, ni Temeka sabían es que el FBI grababa las conversaciones entre el burdel y los clientes desde octubre pasado, cuando varios movimientos sospechosos de dinero llamaron la atención de las autoridades bancarias. Esa noche, el gobernador le entregó a Kristen 4.300 dólares (2.900 euros): el servicio del día y un adelanto.
En julio, el Banco North Fork había alertado al fisco de movimientos extraños en las cuentas de Spitzer. Los bancos vigilan las transacciones anormales de personas con relevancia política para detectar sobornos, lavado de dinero u otros delitos. Pero el informe, que hacía referencia a movimientos de unos pocos miles de dólares, languideció en un despacho hasta que en otoño otro banco, el HSBC, detectó algo extraño en las cuentas de dos empresas que resultaron ser las tapaderas utilizadas por el Emperor's Club para cobrar a sus clientes.
Al ver que Spitzer figuraba entre los pagadores, los dos informes se conectaron y la madeja de pruebas de sus pecados fue creciendo, aunque hasta ahora nadie le haya acusado de crimen alguno. A partir de las transferencias bancarias realizadas por el gobernador se calcula que habría gastado cerca de 20.000 dólares (13.000 euros) en media docena de citas desde la primavera de 2007. La cantidad podría ser mucho mayor si se confirman las sospechas de que su oscura afición se remonta a su etapa de fiscal.
El hombre que llegó a todas las esquinas del poderoso mundo financiero desde la fiscalía sabía bien que siguiendo el rastro del dinero se llegaba a destapar al criminal, algo que la testosterona le pudo hacer olvidar.
Como fiscal general de Nueva York se ganó múltiples enemigos al poner en su punto de mira a las firmas de analistas que recomendaban la compra de acciones; a los grandes gestores de fondos de inversión, a los que acusó de dar preferencia a los intereses de sus grandes clientes; e incluso a banqueros que, en palabras de Ken Lagone, antiguo miembro del consejo del NYSE, se ganaron a pulso su lugar en Wall Street y a los que Spitzer "machacó sin piedad".
Pero al sheriff le cegó el poder y cometió el pecado de cruzar la fina línea que separa la verdad de la hipocresía, lo que le podría convertir en víctima de las leyes que hizo respetar como fiscal y que aplicó como gobernador. De momento, no hay cargos contra él. Pero todo es cuestión de tiempo.
El lucrativo futuro de la prostituta que destronó al gobernador de Nueva York
Ashley Alexandra Dupre recibe ofertas millonarias para posar desnuda tras el escándalo
EL PAIS - Nueva York - 15/03/2008
La prostituta que supuestamente fue contratada por el gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, por 1.000 dólares la hora podría estar a punto de ganar mucho más que eso, convirtiendo sus 15 minutos de infamia en una considerable suma de dinero.
Desde que Ashley Alexandra Dupre, de 22 años, fue identificada por el diario estadounidense The New York Times como la amante del gobernador, al menos una revista ha declarado que está dispuesta a pagar por una sesión fotográfica desnuda. Dupre, quien desea convertirse en cantante, también se ha vuelto una de las descargas más populares de MySpace para compartir sus archivos musicales con más de siete millones de visitas.
El editor de la revista para adultos Hustler, Larry Flynt, declaró el viernes al programa de televisión Access Hollywood que planea ofrecer a Dupre 1 millón de dólares por posar desnuda en su revista.
Anteriormente, ella había dicho al Times que estaba preocupada sobre cómo pagaría este mes el alquiler de su apartamento después de que los agentes federales cerraran el servicio de acompañantes para el que trabajaba.
El periódico reveló que Spitzer fue descubierto en una grabaciones federales el mes pasado, en las que se le escuchaba arreglando una cita con una prostituta llamada Kristen, que fue identificada por el periódico como Dupre. Spitzer renunció el miércoles y se disculpó por sus "defectos privados", pero no se refirió específicamente al informe.
Carrera musical
Tras el escándalo, Dupre ha insistido que su verdadero vocación es ser cantante. De hecho, sus canciones What We Want y Move Ya Body, una mezcla entre pop y rhythm and blues, están entre las mejores vendidas en el sitio AimeStreet.com.
No obstante, un portavoz de Aime Street, que utiliza una estructura de precios de acuerdo a la demanda en la que los usuarios pagan más por los temas más populares, no ha dado detalles sobre cuántas veces habían sido descargados los temas de Dupre.
Sin embargo, sí ha admitido que Move ya Body, que se subió al sitio en la madrugada del jueves, ya ha llegado al precio más alto de descarga (98 centavos de dólar), más rápido que cualquier otra canción en la historia de esta página.
Asimisimo, la página de Dupre en el sitio ha sido visitada más de 300.000 veces y los artistas reciben un 70% de las ventas. Si se venden 1 millón de copias, algunos medios han estimado que ella ya habría ganado más de 680.000 dólares gracias a su fama. Incluso, las radios de Nueva York han difundido sus canciones.
La editora y presidenta de Penthouse Magazine Group, Diane Silberstein, también ha dicho que la revista consideraría ofrecer a Dupre una sesión de fotografía desnuda y aparecer en la portada de una edición.
El viernes, el periódico New York Post publicó cinco páginas de fotos de Dupre de una sesión fotográfica del 2007 que supuestamente eran para promocionar su carrera musical.

Hacia la reunión ministeria del la OEA

Comisión para vigilar cumplimiento de los acuerdos en la frontera colombo-ecuatoriana recomienda la OEA
Estas son las otras cinco recomendaciones que -según El Tiempo-, serán entregadas a los cancilleres de la región;
1.- Restablecimiento de las relaciones y de los mecanismos de consulta política existente.
2.- Fortalecimiento de mecanismos de cooperación y diálogo fronterizo así como el estudio de un eventual mecanismo de alerta temprana.
3.- Desarrollar programas de cooperación e integración fronteriza incluyendo proyectos en el área medio ambiental con el apoyo de organismos multilaterales como el BID, la CAF y El PNUD.
4.- Incentivar el diálogo entre la sociedad civil de ambos países.
5.- La intensificación de las relaciones entre entidades empresariales de ambos países con el propósito de desarrollar medidas para fortalecer el comercio bilateral y fronterizo.
El equipo de la OEA, encabezado por el Secretario General José Miguel Insulza, y los embajadores de Brasil, Panamá, Argentina, Ecuador, Perú y Bahamas, recoge la versión de los hechos presentada por las partes en conflicto sin hacer juicios o valoraciones.

Diplomacia en frágil equilibrio/Olga Pellicer

Tomado de la revista Proceso, 1637, 16/03/2008;
La intensidad del conflicto en la región andina, así como su rápida desactivación, permitirían pensar que se trató de un incidente entre países proclives a las manifestaciones teatrales que pueden, cuando así lo desean, cambiar el escenario y bajar el telón. Desafortunadamente, el problema en esa región es más serio; están presentes diversos factores que no aseguran allí tranquilidad ni estabilidad a largo plazo.
Los factores más perturbadores son la presencia de una lucha interna en Colombia que lleva varias décadas sin resolverse y se ha desbordado hacia los países fronterizos, el protagonismo y las provocaciones impredecibles del presidente venezolano, y las presiones de Estados Unidos, cuya influencia en Colombia y enemistad con el presidente venezolano son bien conocidas. Para México, todo ello coloca retos a su diplomacia en varias pistas, donde las respuestas pueden ser contradictorias entre sí y obligan, por lo tanto, a un frágil equilibrio.
En la primera pista se requiere encontrar un equilibrio entre el deseo de normalizar relaciones con Venezuela, lo que se ha logrado a juzgar por el gusto con que el presidente venezolano entona canciones mexicanas, y la necesidad de mantener la buena relación con el presidente de Colombia, amigo y personalidad cercana a la ideología y objetivos del presidente Calderón. A pesar de los gestos afectuosos de reconciliación entre Colombia y Venezuela, expresados durante la reunión del Grupo de Río en Santo Domingo, y no obstante la decisión venezolana de retirar los batallones que se habían movilizado hacia la frontera con Colombia, es evidente que las dificultades no han terminado. Por un lado, están pendientes las acusaciones sobre el financiamiento a las FARC por parte de Hugo Chávez y, por el otro, hay motivos para pensar que a este mandatario le conviene un conflicto externo para ganar puntos al enfrentar la difícil situación interna.
La segunda pista donde será necesario mantener el equilibrio es la próxima reunión de la OEA. La resolución aprobada allí el 5 de marzo fue en realidad un documento de transición hacia la convocatoria a la Reunión de Cancilleres que tendrá lugar el próximo día 17. Allí se presentarán los resultados de la Comisión encabezada por el secretario general, José Miguel Insulza, quien informará sobre su visita al lugar de los hechos y sus pláticas con altos mandatarios de Colombia y Ecuador.
El sentido común recomendaría que Insulza recoja los ánimos conciliadores expresados en Santo Domingo y que no profundice ya en acusaciones y contra-acusaciones. No es seguro que así sea. Colombia ha guardado la comentada información que se encontraba en computadoras pertenecientes a las FARC y que involucra seriamente a Hugo Chávez en el apoyo a esa organización. Está por verse si se quieren archivar tales acusaciones, lo que deberá tomar en cuenta la opinión de Estados Unidos (quien no es miembro del Grupo de Río pero sí de la OEA). De proseguir el espíritu de conciliación, México se sumará a las líneas de la OEA, como lo hizo ya en Santo Domingo. Pero, si las discusiones suben de tono y el texto final de la reunión es más controvertido, la búsqueda del equilibrio se hará más compleja.
La tercera pista tiene que ver con uno de los temas más espinosos de este conflicto, que es la posición a tomar frente a las FARC. Este grupo, cuyos orígenes se remontan varias décadas atrás, ha sufrido transformaciones importantes, pasando de un grupo guerrillero que podía identificarse con los ideales sandinistas o del FMLN a un grupo que obtiene financiamiento del narcotráfico y ha hecho un negocio de los secuestros.
Para unos, las FARC pertenecen a la categoría de terroristas, con todas las implicaciones jurídicas y políticas que esto conlleva; así lo piensan Estados Unidos, Colombia y la Unión Europea. Para otros, como Brasil, Argentina, Chile, México, las FARC no son terroristas, lo que no significa avalar su asociación con el narcotráfico o la práctica de los secuestros.
La presencia de cinco jóvenes mexicanos en el campamento de las FARC que fue bombardeado, de los que sólo hay una sobreviviente, ha dado lugar a comentarios diversos en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Ahora bien, más allá de la polémica que suscite, el hecho alienta a Colombia y Washington a ejercer presión sobre México para una condena más enérgica de esa organización. En entrevista de prensa, el vicepresidente colombiano insistió en alertar a México sobre el peligro de las FARC, organización financiada por los narcotraficantes, cuyas redes se han infiltrado ampliamente en México “quién sabe con qué fines”.
Durante una visita a Washington, el procurador general (Eduardo Medina Mora), García Luna (Sic), se refirió a las FARC como “organización del narcotráfico”. Tal definición da un giro a las referencias a las FARC en comunicados oficiales anteriores, donde se refieren a ellas como “fuerzas irregulares”. No parece factible que México se sume a los países que tienen a las FARC en la lista de organizaciones terroristas, aunque las presiones para que lo haga seguramente se van a ejercer. En todo caso, su definición será significativa para las dos tendencias hacia donde se quiere llevar la lucha entre el gobierno de Colombia y las FARC: seguir debilitándolas militarmente, tendencia favorecida por el presidente Álvaro Uribe, o propiciar desde ya un diálogo que conduzca a la liberación de rehenes, favorecida por personalidades tan distintas como Hugo Chávez o el presidente Sarkozy. Cualquiera que sea la opción que se escoja, la terminación de esa lucha no está a la vista.

Severa crítica al Presidente Calderón por el Mouriñogate

Luis Rubio y Juan E. Pardinas en Reforma, coinciden; el presidente debe sacrificar a su amigo: "El dilema de Calderón es ser un amigo leal o un buen presidente de la República".

Mal manejo/Luis Rubio
Publicado en Reforma, 16/03/2008;

Cuando un barco se está quemando, la primera prioridad tiene que ser salvar a la nave y a los pasajeros y no a miembros individuales de la tripulación. En el caso de Juan Camilo Mouriño, el gobierno del presidente Calderón enfrenta la prueba más dura de su mandato y, al menos hasta ahora, no ha logrado siquiera definir la naturaleza del problema ni sus implicaciones. Independientemente de la veracidad de la información en contra del Secretario de Gobernación o de si éste haya cometido un delito es evidente que se trata de un embate político y no legal. El ex candidato opositor ha logrado asestar un duro golpe político al gobierno, mientras que éste intenta manejarlo como si se tratara de un mero asunto de trámite legal. No son fáciles las opciones para el Presidente, pero a menos de que pronto logre cambiar los términos de referencia en la vida política del país puede aquí acabar experimentando su Atenco.
El primer error del gobierno ha consistido en tratar el asunto como legal, cuando es político (misma posición de Jorge Fernández); el segundo ha sido montar una defensa a ultranza, así se implique al propio Presidente en el camino; finalmente, en lugar de buscar opciones, se ha atrincherado. Ésta no es una manera seria y responsable de administrar una crisis.
El objetivo principal del gobierno tiene que ser el de mantener su viabilidad como entidad gobernante y eso implica control de sus procesos, capacidad de interlocución, probidad frente a la opinión pública y habilidad para administrar las situaciones de crisis que inevitablemente se presentan en toda sociedad. En lugar de afianzar estas capacidades, el gobierno se ha empecinado en defender a un funcionario sin reparar en los costos de sus acciones.
Lo anterior no quiere decir que un gobierno tenga que entregar la cabeza de un funcionario cada que éste sea desafiado en los medios por fuentes de oposición. Seguir una línea de esa naturaleza implicaría entregar el gobierno a sus rivales. Sin embargo, una estrategia que privilegia la defensa de un funcionario por encima de la viabilidad del gobierno no parece muy inteligente o lógica. Esto podría ser particularmente delicado si la población y la opinión pública acaban concluyendo que se toleran bajos estándares éticos, pues eso transferiría el problema al propio presidente de la República.
El país enfrenta una potencial crisis política, no por lo que haya firmado o no el actual funcionario, sino por la torpeza con que se están administrando los procesos y circunstancias. Al día de hoy, el Presidente tiene tres opciones, al menos en concepto: seguir defendiendo al funcionario, capitular ante sus contrincantes o cambiar los términos de la discusión pública.
La defensa que hace el gobierno del Secretario de Gobernación es comprensible y lógica. Primero y ante todo, no se ha demostrado ilegalidad alguna en los actos que se le imputan. Segundo, existe una larga relación personal entre el Presidente y el funcionario. Finalmente, un gobierno tiene que actuar frente a su oposición. Todo esto hace comprensible y explicable el actuar gubernamental, pero no lo hace lógico. Peor, le está llevando al gobierno en su conjunto a convertirse en parte de la crítica situación, con lo que corre el riesgo de acabar siendo el problema.
Valdría la pena traer a colación una anécdota que tuve la oportunidad de observar con relativa cercanía en su momento. El presidente Zedillo enfrentó varias situaciones críticas de una naturaleza similar a la que actualmente padece el presidente Calderón al inicio de su sexenio. Primero, literalmente unos días después de iniciado su mandato, experimentó el embate relacionado con las credenciales académicas de su entonces Secretario de Educación. Dos semanas después, en medio de la peor crisis financiera que jamás haya enfrentado el país, le renunció su Secretario de Hacienda. Finalmente, no pasó un semestre antes de que su Secretario de Gobernación se tornara insostenible. Un común denominador de los tres funcionarios era que se trataba de personas cercanas al Presidente y, al menos uno de ellos, amigo cercanísimo. Lo interesante para mí como observador externo fue la forma en que el entonces presidente Zedillo cambió frente a esa situación. En lugar de lamentarse y defender a capa y espada a sus funcionarios, se sintió liberado. Al ya no tener amigos cercanos y personales obtuvo la distancia necesaria para poder funcionar con subordinados profesionales que, a partir de ese momento, podrían ser removidos sin contemplación. Ése no acabó siendo un gran sexenio, pero ilustra la necesidad de un Presidente de preocuparse por su responsabilidad y no por la de cada uno de sus funcionarios en lo individual.
Desde esta perspectiva, puede ser injusto sacrificar a un funcionario cercano, máxime la calidad moral del acusador que, como ilustra su paso por el DF, no fue pulcro e impecable, pero ése no es el tema. La situación ha escalado hasta tornarse crítica, al grado que el Secretario de Gobernación ha perdido toda capacidad para ejercer sus funciones. Sin embargo, capitular y entregar su cabeza a la oposición en este momento implicaría un suicidio. Es quizá ésa la razón que ha orillado al Presidente a buscar caminos intermedios y negociaciones laterales con otros partidos, pero nada de eso constituye una solución duradera.
En el fondo, el problema actual reside en la debilidad del equipo que acompaña al Presidente, donde hay muy pocos verdaderos políticos experimentados y profesionales en el gabinete, es decir, políticos con probada capacidad de interlocución y operación con todas las fuerzas políticas. Esta realidad ha fortalecido a su oposición dentro del PRD, debilitado a sus aliados potenciales y lo ha hecho totalmente dependiente del PRI.
En un escenario ideal, el Presidente debería renovar a la parte de su equipo que no tiene las características políticas necesarias para desempeñar sus funciones, aceptar las pérdidas que ha sufrido en aras del futuro y encontrar oportunidades que le permitan cambiar los términos de referencia de la discusión actual. Y ése es el tema nodal: la crisis actual no tiene solución a menos de que todo el país comience a enfocarse en una dirección distinta a la actual, porque lo existente está viciado y no permite soluciones convincentes.
En condiciones similares, De Gaulle firmó la paz con Argelia, Sadat fue a Jerusalén y Salinas metió a La Quina al tambo. Es tiempo de que el presidente Calderón haga valer las prerrogativas de su función y le dé nuevos bríos a su gobierno y al país.
Página de internet: www.cidac.org

La virtud del ingrato /Juan E. Pardinas

Reforma 16 Mar. 08
Un sacerdote, un vendedor de elotes, un futbolista o el propio secretario de Gobernación tienen la misma autoridad para calificar la legalidad de un hecho: ninguna. El trabajo de un juez consiste precisamente en discernir entre los actos que caen dentro y fuera de la ley. Un magistrado emite sentencias que determinan la legalidad de un comportamiento, mientras que el resto de los mortales nos conformamos con tener opiniones sin ninguna vinculación, ni consecuencia jurídica.
La ética es un negocio distinto. Cada individuo tiene su código personal para evaluar la moral propia y ajena. En el terreno de la ética, el hijo del vecino es un miembro de la Suprema Corte. Tú, Juan Camilo Mouriño y yo podemos determinar lo que a cada uno de nosotros nos parece una conducta ética. Sin embargo, nadie puede esperar que su visión personal de lo correcto genere un consenso colectivo. Las leyes aspiran a ser un parámetro universal para regir las acciones humanas. En cambio, la ética es producto de las reglas no escritas que orientan los escrúpulos individuales. La PGR y la Cámara de Diputados tienen la responsabilidad de determinar si hay elementos para conformar una acusación legal sobre los contratos de la empresa Ivancar con Pemex. Sin embargo, millones de mexicanos ya tienen una opinión formada y un veredicto ético sobre las acciones del actual secretario de Gobernación.
Si lo que hizo Mouriño es legal, nuestro marco jurídico tendría una laguna muy grave. Al no existir una sanción por conflicto de intereses, un funcionario de la Secretaría de Salud podría tener una empresa dedicada a la distribución de vacunas. El encargado de la construcción de carreteras podría fundar una compañía de camiones para el transporte de asfalto. La sinergia de negocios y corruptelas sería infinita.
Fiorello LaGuardia ganó su fama, como alcalde de Nueva York, por declararle la guerra a las mafias que asolaron su ciudad durante la década de los treinta. Lucky Luciano y otros gángsters legendarios terminaron su carrera criminal gracias a las agallas de LaGuardia. Una de las estrategias del alcalde para combatir el crimen y la corrupción en la Gran Manzana fue su decisión de romper vínculos con sus amistades: "Uno de mis principales atributos para ocupar el cargo es mi monumental ingratitud. No se puede ser un buen gobernante y un buen tipo al mismo tiempo". Para manejar la ciudad con entera libertad, decidió no pagar favores, ni honrar sus compromisos políticos. Su única deuda fue con los ciudadanos. Sus antiguos amigos culparon a LaGuardia de convertir la ingratitud en una virtud, pero él presumió esa acusación como si fuera una medalla en la solapa.
El futuro del caso Mouriño involucra criterios judiciales, decisiones políticas y afectos personales. Es probable que el funcionario campechano no haya utilizado la influencia de su cargo para favorecer a la empresa familiar, pero, en el ejercicio del poder, las percepciones pesan tanto como los hechos. La continuidad de Mouriño en el gabinete alimentará el cinismo y la desconfianza de los ciudadanos en el gobierno. Para el Peje será un arsenal inagotable de municiones. En toda la estructura del Poder Ejecutivo sólo hay una persona que tiene la obligación legal de permanecer en su cargo y se llama Felipe Calderón. Todos los demás funcionarios son o deberían ser prescindibles.
Hace unas semanas parecía que el tema más importante en la agenda nacional era la reforma energética. Hoy el gobierno desgasta sus fichas en salvar la carrera política de un solo individuo. En el idioma portugués, la palabra "gracias" se traduce como "obligado". Todo sentimiento de gratitud es una obligación. Toda obligación es un fardo. El dilema de Calderón es ser un amigo leal o un buen presidente de la República. Afuera de su círculo de amistades estamos más de 100 millones de mexicanos.