La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó
solicitar al gobierno federal información sobre la presunta agresión por parte
de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra la población civil
en la comunidad de Antúnez, del municipio de Parácuaro, Michoacán.
El
punto de acuerdo, propuesto por las diputadas Verónica Juárez Piña y Roxana Luna
Porquillo, del PRD, busca que se aclaren las agresiones a civiles,
presumiblemente acontecidas entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de
enero de 2014.
Asimismo,
hace un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que
investigue los hechos.
Los
resolutivos del punto de acuerdo aprobado son los siguientes:
Primero.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita información al
gobierno federal sobre la presunta agresión de elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional contra la población civil en la tenencia de Antúnez, del
municipio de Parácuaro, en el estado de Michoacán, ocurridos entre la noche del
13 y la madrugada del 14 de enero de 2014.
Segundo.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, a que investigue los hechos de la tenencia de Antúnez,
municipio de Parácuaro, Michoacán, ocurridos entre la noche del 13 de enero y
la madrugada del 14 de enero de 2014.
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Pide
Congreso aclarar muertes en Antúnez
Nota de Claudia
Salazar y Claudia Guerrero
Reforma
Ciudad
de México (15 enero 2014).- El Congreso
de la Unión pidió al Gobierno federal y a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) que investiguen y esclarezcan la muerte de civiles presuntamente
por parte de elementos del Ejército durante un operativo realizado en la
comunidad de Antúnez, en el municipio michoacano de Parácuaro.
Por
unanimidad, luego que el PRI rasuró el punto de acuerdo original, el pleno de
la Comisión Permanente aprobó de urgente resolución la propuesta presentada por
el PRD para esclarecer lo ocurrido en dicha localidad hace dos días.
"La
Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Gobierno federal (...)
colaborar con las autoridades de procuración y administración de justicia en la
investigación y puesta a disposición de los elementos castrenses presuntamente
responsables", cita el punto de acuerdo.
El
documento agrega la petición a la CNDH a que investigue los hechos, pues son
constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos.
El
PRI apoyó la petición a cambio de que se eliminara un tercer punto respecto a
que se exhortara a la Procuraduría General de la República para que, en el
ámbito de sus atribuciones, inicie las investigaciones sobre las presuntas
agresiones de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra la
población civil en la tenencia de Antúnez.
Los
priistas también rechazaron la propuesta del diputado Ricardo Mejía, de
Movimiento Ciudadano (MC), para que se conformara una comisión especial de legisladores
que coadyuvara en la solución de la violencia que se vive en en el Estado de
Michoacán.
En
los posicionamientos, la diputada del PRD Graciela Saldaña recriminó que la
ausencia de una estrategia oportuna por parte del Gobierno federal y en la entidad
generó la situación de violencia.
El
senador del PAN, Juan Carlos Romero Hick, advirtió que los ciudadanos no pueden
hacer justicia por propia mano, por lo que debe ser el Gobierno federal el que
ponga el Estado de Derecho en Michoacán.
Sin
embargo, también cuestionó la ausencia de las autoridades estatales y
municipales en la entidad para afrontar la acción
de las bandas del crimen organizado.
El
senador del PRI, Alejandro Tello, justificó que la situación actual en ese
Estado no es responsabilidad de su partido.
"No
podemos evadir que se enfrenta un problema complejo, que no es reciente y se
fue encubando en más de una década, y mi partido no estaba al frente del
gobierno estatal ni federal", expuso.
"La
presencia de federales, de la Marina y del Ejército, es necesaria para
garantizar seguridad de la población, se trabaja de manera coordinada con
autoridades estatales para detener a los criminales, aplicar justicia a quienes
han delinquido y son una amenaza a la población y estabilidad entidad".
Ricardo
Mejía, diputado de MC, advirtió que la población no ha tenido otra alternativa
más que armarse para enfrentar a la delincuencia organizada.
