Manipulaciones justicieras/ Ricardo Raphael
Publicado en El Universal, 17 de agosto de 2009;
“Cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana”.
Publicado en El Universal, 17 de agosto de 2009;
“Cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana”.
La inmensa mayoría de los mexicanos tenemos esta convicción. En nuestro país, los cuerpos de policía, las oficinas de los ministerios públicos y los juzgados son percibidos como meros instrumentos al servicio de los intereses más poderosos.
Probablemente es por esta valoración que tales funcionarios se encuentran en los últimos lugares del aprecio nacional; se les considera por debajo de los presidentes municipales, los diputados (locales y federales) y también de los partidos políticos. (ENCUP 2008) Según un sondeo reciente del IIJ de la UNAM, sólo 5.4% de nuestra población cree que los jueces protegen los derechos ciudadanos.
Los grandes y los pequeños asuntos de la justicia mexicana despiertan recelo y desconfianza. Sin importar su naturaleza jurídica, trátese del caso Lydia Cacho, de la ley Televisa, de los expedientes de Atenco o de Oaxaca, de Jacinta, de la guardería ABC o de la liberación de los presos de Acteal, ninguna resolución de la Suprema Corte, ni del resto de los tribunales y juzgados termina construyendo acuerdo social alrededor de una misma verdad jurídica.
El mal sabor de boca de cada una de estas decisiones no sucede, como sería normal, por el enojo de los afectados, sino porque las sentencias y resoluciones suelen caer en la tierra estéril de la incredulidad pública. Vale la pena retomar algunos ejemplos recientes para abundar sobre este contexto de desconfianza; concretamente, los muy recientes expedientes relativos a la guardería ABC y a la liberación de los presos de Acteal.
En su proyecto de resolución relacionado con la guardería ABC, el ministro Sergio Aguirre Anguiano propuso a sus colegas del máximo tribunal no participar en la investigación que llevaría a esclarecer las responsabilidades relacionadas con aquel trágico incendio donde fallecieron 49 menores. Argumentó que esa misión encomendada por los padres de las víctimas no podría satisfacerse, o peor aún, que haría las veces de un biombo dispuesto para encubrir la verdad sobre los hechos.
Este argumento del ministro Aguirre no tiene desperdicio. Desnuda al sistema de instituciones que padecemos. ¿En qué país, supuestamente democrático, sería posible que una investigación del máximo tribunal no tuviera fuertes repercusiones? ¿Cómo podría dejar de despertar el interés entre los legisladores, en el Ejecutivo o en el procurador general de la República?
Y sin embargo, la duda del ministro Aguirre está fundada. Esos tres órganos del Estado mexicano pueden pasar de largo ignorando a la Corte y sus pesquisas. En México, el sistema de impunidades ha sido diseñado para que no exista investigación sobre hechos delictivos, o bien, para que esta no tenga ninguna consecuencia.
En el mismo contexto tiene sentido considerar los reclamos que personalidades como el obispo Raúl Vera y Rosario Ibarra de Piedra, o las organizaciones de defensa de derechos, Las Abejas y el Fray Bartolomé de las Casas, han lanzado en contra de la liberación de los 20 acusados por la masacre de Acteal.
Usando distintas expresiones, todos estos voceros han advertido a los ministros que, en su decisión, se preocuparon más por el debido proceso que por encontrar la verdad. Se trata de una afirmación intrigante: ¿puede llegarse a la verdad en un estado de derecho sin atender escrupulosamente al debido proceso? Se trata, en apariencia, de un falso dilema y sin embargo cabe en él algo de razón.
En el México democrático que quisiéramos tener, no podría pasar un día sin que la PGR hubiera reaccionado a la demoledora sentencia de la Corte con respecto a Acteal. Desde esa instancia se debió haber nombrado inmediatamente un fiscal especial encargado, por una parte, de perseguir a los responsables de haber viciado el juicio original y, por la otra, de abrir una nueva investigación que ahora sí condujera al fondo de lo que ocurrió aquel trágico 22 de diciembre de 1997.
Y sin embargo, la PGR se ha desentendido de estos hechos, casi de la misma manera como ha sucedido con respecto al incendio de la guardería ABC. Ni un expediente, ni el otro van a resolverse con apego a la ley porque en nuestro país la justicia sigue subordinada a las preocupaciones políticas más banales.
Ayer, el priísta Ernesto Zedillo pudo instruir a la Procuraduría para que procediera dolosamente en la fabricación de pruebas y testimonios que lo dejaran libre de toda responsabilidad frente a la masacre de Acteal. Hoy la PGR puede eludir el expediente Acteal con el objeto de no enfrentar al presidente Felipe Calderón con sus aliados del PRI. Y también puede desentenderse del caso de la guardería ABC para que sean otros órganos del Estado mexicano quienes asuman esta responsabilidad que es fundamentalmente suya.
Mientras en México la procuración de justicia siga subordinada al Poder Ejecutivo —orgánica y jerárquicamente—, su credibilidad social continuará siendo muy precaria. Y es que bajo ese sistema originado en el autoritarismo, ni la investigación judicial, ni sus hallazgos, tienen consecuencia alguna, a menos que la política toque a la puerta del señor procurador.
Analista político
Probablemente es por esta valoración que tales funcionarios se encuentran en los últimos lugares del aprecio nacional; se les considera por debajo de los presidentes municipales, los diputados (locales y federales) y también de los partidos políticos. (ENCUP 2008) Según un sondeo reciente del IIJ de la UNAM, sólo 5.4% de nuestra población cree que los jueces protegen los derechos ciudadanos.
Los grandes y los pequeños asuntos de la justicia mexicana despiertan recelo y desconfianza. Sin importar su naturaleza jurídica, trátese del caso Lydia Cacho, de la ley Televisa, de los expedientes de Atenco o de Oaxaca, de Jacinta, de la guardería ABC o de la liberación de los presos de Acteal, ninguna resolución de la Suprema Corte, ni del resto de los tribunales y juzgados termina construyendo acuerdo social alrededor de una misma verdad jurídica.
El mal sabor de boca de cada una de estas decisiones no sucede, como sería normal, por el enojo de los afectados, sino porque las sentencias y resoluciones suelen caer en la tierra estéril de la incredulidad pública. Vale la pena retomar algunos ejemplos recientes para abundar sobre este contexto de desconfianza; concretamente, los muy recientes expedientes relativos a la guardería ABC y a la liberación de los presos de Acteal.
En su proyecto de resolución relacionado con la guardería ABC, el ministro Sergio Aguirre Anguiano propuso a sus colegas del máximo tribunal no participar en la investigación que llevaría a esclarecer las responsabilidades relacionadas con aquel trágico incendio donde fallecieron 49 menores. Argumentó que esa misión encomendada por los padres de las víctimas no podría satisfacerse, o peor aún, que haría las veces de un biombo dispuesto para encubrir la verdad sobre los hechos.
Este argumento del ministro Aguirre no tiene desperdicio. Desnuda al sistema de instituciones que padecemos. ¿En qué país, supuestamente democrático, sería posible que una investigación del máximo tribunal no tuviera fuertes repercusiones? ¿Cómo podría dejar de despertar el interés entre los legisladores, en el Ejecutivo o en el procurador general de la República?
Y sin embargo, la duda del ministro Aguirre está fundada. Esos tres órganos del Estado mexicano pueden pasar de largo ignorando a la Corte y sus pesquisas. En México, el sistema de impunidades ha sido diseñado para que no exista investigación sobre hechos delictivos, o bien, para que esta no tenga ninguna consecuencia.
En el mismo contexto tiene sentido considerar los reclamos que personalidades como el obispo Raúl Vera y Rosario Ibarra de Piedra, o las organizaciones de defensa de derechos, Las Abejas y el Fray Bartolomé de las Casas, han lanzado en contra de la liberación de los 20 acusados por la masacre de Acteal.
Usando distintas expresiones, todos estos voceros han advertido a los ministros que, en su decisión, se preocuparon más por el debido proceso que por encontrar la verdad. Se trata de una afirmación intrigante: ¿puede llegarse a la verdad en un estado de derecho sin atender escrupulosamente al debido proceso? Se trata, en apariencia, de un falso dilema y sin embargo cabe en él algo de razón.
En el México democrático que quisiéramos tener, no podría pasar un día sin que la PGR hubiera reaccionado a la demoledora sentencia de la Corte con respecto a Acteal. Desde esa instancia se debió haber nombrado inmediatamente un fiscal especial encargado, por una parte, de perseguir a los responsables de haber viciado el juicio original y, por la otra, de abrir una nueva investigación que ahora sí condujera al fondo de lo que ocurrió aquel trágico 22 de diciembre de 1997.
Y sin embargo, la PGR se ha desentendido de estos hechos, casi de la misma manera como ha sucedido con respecto al incendio de la guardería ABC. Ni un expediente, ni el otro van a resolverse con apego a la ley porque en nuestro país la justicia sigue subordinada a las preocupaciones políticas más banales.
Ayer, el priísta Ernesto Zedillo pudo instruir a la Procuraduría para que procediera dolosamente en la fabricación de pruebas y testimonios que lo dejaran libre de toda responsabilidad frente a la masacre de Acteal. Hoy la PGR puede eludir el expediente Acteal con el objeto de no enfrentar al presidente Felipe Calderón con sus aliados del PRI. Y también puede desentenderse del caso de la guardería ABC para que sean otros órganos del Estado mexicano quienes asuman esta responsabilidad que es fundamentalmente suya.
Mientras en México la procuración de justicia siga subordinada al Poder Ejecutivo —orgánica y jerárquicamente—, su credibilidad social continuará siendo muy precaria. Y es que bajo ese sistema originado en el autoritarismo, ni la investigación judicial, ni sus hallazgos, tienen consecuencia alguna, a menos que la política toque a la puerta del señor procurador.
Analista político
