Revelaciones de El Universo de Guayaquil

Ex ministro Gustavo Larrea se reunió con 'Raúl Reyes' en febrero de 2008.

Dice el ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES), mayor Manuel Silva, fue divulgada hoy por el diario El Universo.
Silva difundió ayer una carta en la que asegura que Larrea, ex ministro de seguridad de Ecuador, sí se reunió con 'Reyes' en la base de las Farc en Angostura (en la selva de la Amazonia ecuatoriana).
Señaló que la comandancia de la Policía solicitó a la UIES "información sobre los nexos de Gustavo Larrea con las Farc, en especial sobre las reuniones con el guerrillero 'Raúl Reyes'".P
***

Silva asegura que Larrea atendía los pedidos de Raúl Reyes

El Universao, 7 de marzo de 2009;

El ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES), Manuel Silva, difundió ayer una carta en la que asegura que Gustavo Larrea, ex ministro de Seguridad Interna y Externa, sí se reunió con el líder de las FARC, Raúl Reyes, en el campamento de Angostura en febrero del 2008.Relata que uno de los informantes de la UIES siguió la trayectoria del viaje de Larrea, e incluso comunicó que el guerrillero Raúl Reyes había dicho que se reunió con el Ministro de Seguridad de Ecuador, a quien le pidió que cambiara al general de la Policía del área porque lo hostigaba.Además afirma que tanto Jaime Hurtado, comandante general de Policía, como Rommy Vallejo, jefe de Inteligencia de la Presidencia, solicitaron información de Gustavo Larrea. A Jaime Hurtado le interesaban, por disposición del presidente Rafael Correa, detalles de la relación del Ministro con las FARC. Es la tercera declaración escrita que hace pública el ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional (UIES), Manuel Silva, en la que detalla cómo actuó este organismo antes, durante y después del bombardeo de Angostura el 1 de marzo del año pasado.

En un documento de 16 páginas Silva, quien se encuentra en la clandestinidad e investigado por la Fiscalía desde el pasado jueves por entregar las computadoras de la Unidad a la Embajada americana, relata además detalles de sus múltiples reuniones con el comandante general de Policía, Jaime Hurtado, y con el jefe de la Unidad de Inteligencia de la Presidencia, Rommy Vallejo.

Larrea estuvo en Angostura antes del ataque

El Comandante general, dice Silva, me convocó junto al general Martínez y coronel Barragán para “indicarnos que necesitaba información sobre los nexos de Gustavo Larrea (ex ministro de Seguridad) con las FARC, en especial sobre las reuniones con el guerrillero Raúl Reyes. Buscamos información y le entregamos un informe, en el cual constaba el viaje de un señor Larrea hacia Lago Agrio en febrero del 2008, creo que por el 11 y su regreso cuatro días después”.

“Hurtado indicó que estos registros ya fueron borrados, entonces se le indicó que yo tenía una fuente humana (informante) que confirmó el viaje de Larrea al campamento de Angostura el 7 de febrero del 2008”.Silva detalla que esas fuentes le comunicaron que Larrea llegó en gabarra al sector de Canta Gallo, tomó una lancha que lo trasladó a Angostura. Y que Raúl Reyes “mencionó que había recibido en el campamento al Ministro de Seguridad de Ecuador y le había pedido que cambie al general que estaba hecho cargo del área (Gonzalo Cabezas, quien se lo movió a la provincia del Guayas como comandante provincial), por cuanto hacían muchos operativos y les hostigaban, a lo cual Larrea se comprometió”.

Extranjeros en el campamento

Los informantes de Silva también le confirmaron que en el campamento (Angostura) tenían gente de México, Italia y Australia y que varios de ellos irían al Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana en Quito que se realizó en febrero del 2008.

También de que Reyes estaba acompañado de Gloria, su compañera sentimental, de Nubia Calderón, su hija y de Julián Conrado, otro cabecilla de las FARC. “Todo esto le entregué en un informe al general Hurtado”, asegura Silva, quien desarticuló la red internacional de narcotráfico liderada presuntamente por los hermanos Ostaiza y vinculó a José Ignacio Chauvin con las FARC.El ex jefe de la Unidad agrega que el 5 de febrero del 2009, “Hurtado mencionó que estaba molesto por cuanto no le había entregado más información sobre Larrea y me dijo textualmente: el Presidente me pide la información sobre Larrea para acusarlo de traición a la patria, pero como yo no le había dado él encontró otras fuentes...”.Silva además asegura que por varias ocasiones se reunió con Rommy Vallejo para conversar de “todo y especialmente sobre el tema de Larrea, él también me manifestó que era difícil que el Presidente pueda apartarse de Larrea, él tiene en su poder cosas que comprometen al Presidente, no sé qué puede ser, pero además el Presidente siempre ha querido apartarse de Larrea, por los vínculos directos con las FARC y ahora que esto quedó develado”.

Finalmente menciona un hecho ocurrido en el 2007 cuando apareció un video donde se leía una misiva dirigida al presidente Correa. De las investigaciones, señala Silva, me reuní con Gustavo Larrea a quien le reportó los resultados que en resumen fue un montaje, a lo que Larrea le contestó: “Sí, es verdad es un montaje, estos de la derecha liderados por Álvaro Noboa deben estar haciendo esto”.

Sanción

Manuel Silva junto a Jorge Hadaty y Guido Núñez fueron removidos de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía por entregar información a la Embajada de Estados Unidos. Fondos

Esta Unidad, con alrededor de cien policías, opera con recursos exclusivamente estadounidenses.

Personal es político

Comunicado del grupo: Estructura de la mujer, Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo

PERSONAL ES POLÍTICO
A todas las compañeras y compañeros de nuestro país.
A las mujeres de México y el mundo.
Sólo libre puedo amarte;
sólo libre sé que te amo.
no hay amor que sea tal
cuando se es tan sólo esclavo.
Mi vida es mi libertad,
por la que tanto he luchado:
hoy voy a ser y crecer
tal y como me he soñado.
Paulina Rivero Weber
Durante mucho tiempo, por no decir que desde siempre, hemos separado estas dos dimensiones del quehacer humano. Lo privado no “influye o determina” lo público y menos aún lo político. Sin embargo es en el espacio privado considerado como “lo no político”, en donde cotidianamente se ejercen las relaciones desiguales y de poder que amplificadas en el ámbito público se institucionalizan. Es ahí en donde se “adiestran”, los futuros hombres y mujeres que reproducirán esas estructuras contra las que todos los días lidiamos los que queremos un mundo distinto, digno y justo para todos.
Cada acción, cada expresión verbal o corporal, para nosotras, son recursos permanentes con los que enfrentamos la descalificación, el maltrato y el descrédito también cotidianos. No basta con señalar, expresar o describir la situación personal, no basta con mostrar la asimetría en la que vivimos y la intransigencia social, no bastan la barbarie y la ceguera de los que están cerca, junto a nosotras. Es necesario invertir todo nuestro esfuerzo en construir desde aquí y desde ahora esas nuevas formas de construir otro mudo, de establecer otras relaciones más equitativas y justas. Si en algo nos hemos equivocado es en creer que el mundo cambiará con el discurso combativo, con la arenga radical, tan elocuente pero tan hueca, o sólo con la lucha armada. Nos hemos equivocado y hemos sido incapaces de construir no sólo un discurso actual y real sino un hacer consecuente. A quién le sirve tanto golpe de pecho a la izquierda, tanto curarse en salud, tanto alardear de revolucionarios, democráticos, progresistas, cuando repetimos los mismos esquemas y relaciones del “enemigo” pero con signo contrario; cuando hemos sido incapaces de una autocrítica seria que ponga en la mesa de discusión las conductas y formas de vida de cada uno de nosotros, de nada valen las buenas intenciones, cuando el descrédito y la reducción de los espacios para nosotras es tan claro y, hay que decirlo, muchas veces propiciado por muchas de nosotras que confundimos este esfuerzo con la pretensión de enfrentar a los varones sólo para demostrarles que somos mejores, más disciplinadas, más comprometidas.
La desigualdad real no puede encubrirse ni ocultarse, sin embargo muchos preferimos no verla y menos aún cuestionarla pues tendríamos que cuestionarnos a nosotros mismos y eso, eso, es el principio de la verdadera transformación. Qué se mueve cuando nos cuestionamos a nosotros mismos, qué tememos, qué perdemos, sobretodo qué perdemos, entonces es mejor no movernos, podemos escribir magníficos discursos sobre el cambio y la transformación pero sólo para los que oyen o leen pero no para nosotros mismos.
Este 8 de marzo no repetiremos la historia de su origen o de las luchas femeninas o de género, este 8 de marzo nos comprometemos a actuar como pensamos y a continuar construyendo desde donde estamos nuevas relaciones que transformen desde dentro el mundo en el que vivimos para construir uno distinto y mejor.
ESTRUCTURA DE LA MUJER
TENDENCIA DEMOCRÁTICA REVOLUCIONARIA-EJÉRCITO DEL PUEBLO.
¡¡DESPIERTA PROLETARIO!!
¡CONTRA EL NEOLIBERALISMO, EL PODER POPULAR!
¡POR EL SOCIALISMO: VIVIR, LUCHAR, VENCER!
¡SER PUEBLO, HACER PUEBLO, ESTAR CON EL PUEBLO!
República Mexicana, marzo 8 de 2009.

Fuente: Cedema

Bolivia

Columna Diario de América Latina /Joaquim Ibarz
La Vanguardia, 7de marzo de 2009;
El recurso a la CIA no tapa el creciente escándalo de corrupción en YPFB
El escándalo de corrupción en la petrolera estatal YPFB implica al gobierno
1 El presidente Evo Morales creyó haber encontrado la madre del cordero para maquillar el caso de corrupción que ha hecho tambalear a su Gobierno. El escándalo desatado hace unas semanas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no cesa de crecer a pesar de que fue encarcelado Santos Ramírez, el presidente número seis de la empresa estatal petrolera en los tres años de gestión de Evo Morales.
Evo Morales acusó al ex capitán Rodrigo Carrasco, ex policía entrenado en Estados Unidos y encaramado en los más altos cargos ejecutivos de YPFB, de ser un agente infiltrado de la agencia estadounidense de espionaje CIA. Según el presidente, Carrasco cumplió con eficacia su misión de corromper a Santos Ramírez. Morales le culpó de crear la escasez de combustible que existe en Bolivia desde que decretó la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006; también le achacó el desbarajuste que impera en la empresa YPFB. Como no cuesta nada señalar a Estados Unidos como promotor de todos los males que aquejan a los bolivianos, asimismo responsabilizó a la CIA del nombramiento de media docena de ejecutivos incompetentes, que en un promedio de dos por año se han ido sucediendo en la presidencia de la empresa petrolera.
Evo Morales quiso resolver en un plis-plas el comprometedor problema de corrupción que mancha a su Gobierno. Por ello, proclamó que "el culpable de lo que sucede en YPFB es la CIA, el aparato operador del gobierno norteamericano, para acabar con los enemigos del capitalismo". Morales dijo que "la CIA defiende y protege al sistema capitalista (…), hace operaciones encubiertas contra gobiernos que no son parte de un sistema capitalista tan salvaje e inhumano que trae pobreza y saqueo a nuestros recursos naturales".
El asesinato de un empresario destapó el escándalo
Como ya expusimos hace unas semanas en este blog de Diario de América Latina, la mayor empresa de Bolivia, YPFB, que debía ser ejemplo de honradez y eficacia para todo el continente, está en tela de juicio por un espectacular escándalo de corrupción, cuyo principal responsable es su ex presidente Santos Ramírez, uno de los dirigentes más poderosos del partido gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
El escándalo, que surgió a raíz del asesinato por una banda criminal de un empresario que iba a entregar a la familia de Santos Ramírez un soborno equivalente a unos 350.000 euros, sigue acaparando titulares de los diarios, radio y televisión de Bolivia. Con las acusaciones formuladas contra el ex capitán Carrasco, el presidente Morales pretendía cerrar el escándalo. Sin embargo, el interés por el caso se prolonga, e incluso aumenta, al destaparse nuevas revelaciones que implican al Gobierno y a ejecutivos de la empresa petrolera. Colaboradores de confianza de Santos Ramírez siguen operando en diversas entidades del sector energético, lo que resulta inexplicable para el ciudadano común.
El caso YPFB representa un mosaico de hechos escabrosos en los que la realidad, por superar a la ficción, podría servir de trama a una novela de suspense.
YPFB fue intervenida por el Gobierno el pasado 31 de enero tras la destitución de Santos Ramírez. Al entonces presidente de la empresa se le acusó de firmar un contrato irregular con la compañía Catler Uniservice para construir una planta separadora de líquidos en Río Grande, por un valor de 86,3 millones de dólares.
El boliviano desconfía de la versión oficial porque la red de corrupción no se descubrió por una investigación oficial sino por el asesinato de Jorge O´Connor, ejecutivo de Catler Uniservice, a quien asaltaron en plena calle para robarle 450.000 dólares, dinero que la fiscalía cree que estaba destinado a pagar un soborno a Santos Ramírez.
El escándalo se agiganta al aparecer, día tras día, nuevos implicados. A medida que las investigaciones amplían la red de cómplices, el Gobierno reacciona con más nerviosismo. La estrategia de meter en la cárcel al principal acusado, quien era uno de los más estrechos colaboradores del presidente Morales, no acalló el interés de la opinión pública por un caso que sobrepasa los límites de lo judicial para entrar de pleno en el campo político.
La denuncia de Evo Morales de que la corrupción en YPFB había sido planificada y promovida por la CIA causó escepticismo, perplejidad, risas, burlas, desencanto... El presidente que había prometido luchar contra la corrupción, cayera quien cayera, sacó de la chistera un recurso fácil al responsabilizar a un gobierno extranjero del mayor caso de corrupción, de los muchos que han aflorado durante su Gobierno. Aunque la historia de Bolivia está repleta de escándalos de negociados, de estafas, de robos y desfalcos al erario público, el ciudadano común no sale de su asombro ante la historia de espías que divulga el presidente de la República.
Según Evo Morales, un simple capitán de policía, Rodrigo Carrasco, en realidad era un sofisticado agente secreto que logró convertirse en gerente comercial de la empresa estratégica y económica número uno del país, la recién nacionalizada YPFB.
De acuerdo con la denuncia presidencial, Carrasco no sólo saboteó la distribución de carburantes para provocar escasez artificial, sino convenció a Santos Ramírez, uno de los fundadores del MAS, muy cercano a Evo Morales, a perpetrar un fraude por más de 80 millones de dólares.
Evo Morales: "Carrasco es altamente peligroso"
Evo Morales dijo que Carrasco es "altamente peligroso. Con niveles y capacidades para realizar operaciones encubiertas, infiltración, sabotaje y control político". El presidente boliviano acusó al capitán de haber realizado un curso de inteligencia en Estados Unidos, al que fue enviado por sus superiores.
Al presidente Morales no le preocupa lo más mínimo que su ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, otro de los hombres más poderosos del Gobierno, haya seguido cuatro cursos de espionaje en centros norteamericanos de inteligencia. Bernardo Montenegro, jefe del grupo parlamentario del partido opositor Podemos, denunció que Quintana estudió cuatro veces en la Escuela de las Américas. Quintana también está acusado de promover el contrabando de la carga que transportaron 33 camiones y de haber orquestado el enfrentamiento entre campesinos de Pando que provocó 13 muertos.
"Evo Morales debería fijarse primero en su entorno antes de acusar sin sentido al ex capitán Rodrigo Carrasco. Esta actitud raya en lo ridículo. Con cortinas de humo trata de tapar temas vitales, como el informe de violaciones a los Derechos Humanos y las investigaciones del contrabando en Pando y la corrupción en YPFB", manifestó Montenegro.
Rodrigo Carrasco desmintió las acusaciones de Morales pero admitió que sus superiores lo destinaron al Centro de Operaciones Especiales (Copes) de la Policía, creado para labores de Inteligencia.
"La acusación del presidente Morales es algo ridículo, no soy un infiltrado, no soy miembro de la CIA, soy un boliviano que ama a su país. He trabajado en YPFB gracias a mi capacidad (...). He estado en el Copes, pero uno no pide ir a esa unidad, a uno lo destinan", dijo Carrasco. Ramiro Vega, abogado defensor del ex capitán, aseguró que su cliente fue enviado por sus jefes a capacitarse en la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos.
Pese a que Rodrigo Carrasco fue acusado de ser agente de la CIA que corrompió a los dirigentes de la principal empresa del país, no ha sido detenido ni se ha formulado una denuncia formal en su contra. Carrasco compareció ante la justicia el 19 de febrero, pero el fiscal César Romano le dejó en libertad porque sólo encontró indicios de culpa. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo que el espía Carrasco sólo podía ser enjuiciado por falsedad ideológica y material (falsificó un título de ingeniero comercial).
El canciller David Choquehuanca dijo que su despacho no procederá a ninguna expulsión de espías, por lo que traspasó el caso al ministro Alfredo Rada. "Si de momento no hay querellas contra Carrasco es porque eso va a tomar su tiempo y su momento. Vamos a esperar que se acumulen más antecedentes para poder hacerlo, realizando las investigaciones que correspondan", admitió el ministro de Justicia, Wilfredo Chávez.
La mayoría de los medios bolivianos coinciden en que la denuncia de Evo Morales parece un intento por desviar la atención hacia la CIA, medida que añade un ingrediente más de descomposición a las ya muy deterioradas relaciones boliviano-estadounidenses. La estrategia de distracción al culpar a la CIA de malos manejos en YPFB, se interpreta como un intento de tapar la corrupción estatal. Pero no ha funcionado bien ya que el Gobierno no ha logrado desviar la atención como pretendía y, el barro está salpicando cada día más alto a altos cargos del ejecutivo.
Jorge Lazarte: "La acusación no parece seria, en Bolivia no se la creen"
El analista Jorge Lazarte declara a "La Vanguardia" que "la acusación no parece seria, aquí en Bolivia no se la creen". Según el profesor Lazarte, el Gobierno ha dado a conocer con gran despliegue publicitario una serie de cursos y seminarios que ha seguido en Estados Unidos el ex capitán Carrasco, lo que no es extraño tratándose de un oficial de la policía.
"Lo más probable es que, siguiendo una paranoia conocida, el presidente Morales haya procedido a acusar sin tener ninguna prueba. Este escándalo es un golpe muy duro para el Gobierno, del que no puede reponerse. El caso se agrava porque un crimen hizo que se revelara lo que parece ser la punta del ovillo. La explicación que dan miembros del Gobierno es que la corrupción no es de ahora, con lo que ellos mismos terminan admitiendo que no son de otra tela. Estamos en los principios de una historia que el Gobierno no puede controlar, pero le hará mucho daño", manifiesta Lazarte a este periódico.
El diario "La Estrella de Oriente", de Santa Cruz de la Sierra, afirma que "la desesperación se hace cada día más evidente en el Gobierno, que no encuentran la forma de atenuar el impacto de los hechos de corrupción cometidos en YPFB, además de otros casos que se van destapando en la Aduana Nacional, Administradora Boliviana de Caminos, en la Caja Nacional de Salud, vivienda social y un largo etcétera". El periódico subraya que el intento de mostrar a la CIA como "la causante de todo el despelote en la empresa estatal del petróleo no salió bien; está claro que Santos Ramírez no manejó el asunto él solo. Los hechos están demostrando que en este caso y en otros que están surgiendo, está comprometido todo el equipo gubernamental".
El diario "La Prensa, editado en La Paz, afirma que el presidente Morales "debe apoyar las investigaciones y no tratar de justificar la corrupción descubierta con argumentos nada serios porque está en juego su prestigio". Según el periódico, "los asesores de Evo Morales deberían orientarlo en lo que debe decir y no exponerlo al ridículo, mostrando servilismo al defender lo que dice cuando se pudo haber evitado el desliz".
Por su parte, el sacerdote jesuita de origen catalán José Gramunt, fundador y director de la agencia informativa Fides, comenta a "La Vanguardia" que "llama la atención que el presidente Morales banalice los graves hechos de ilegalidad descubiertos en YPFB con historietas como la intervención de la CIA, a la que responsabiliza de ser el cerebro del bullado que comentamos y otros concomitantes". Según Gramunt, la corrupción no necesita de agentes secretos al servicio de un país extranjero, "le basta con los que tiene a mano en el propio país". El padre Gramunt insiste en que cada vez que el Gobierno ha tenido que afrontar escándalos de envergadura, "lanza cortinas de humo y otros procedimientos de distracción; si a esto se añade la prematura carrera electoral emprendida por el presidente, llegamos a la conclusión de que, para don Evo, lo primero es el discurso político, mientras que la gestión gubernamental queda para calendas griegas".
La analista Jimena Costa subraya que si la denuncia de Morales es cierta y que un infiltrado de la CIA es capaz de descalabrar al gobierno del cambio, de la refundación, de la nacionalización, de los indígenas… "eso significa que son una manga de incompetentes e ignorantes que pueden ser fácilmente manipulados por un policía que apenas estuvo en un cursito de inteligencia de unos meses". Y agrega: "Propongo aceptar la idea de que el poder se les subió de tal forma a la azotea, que son capaces de creer sus propios cuentos". Jimena Costa apunta que los gobernantes asumen que Bolivia "es un pueblo estúpido que se cree el cuento de que la corrupción estructural en YPFB, Aduana, Plan de Vivienda Social, ABC, emigración, etc., es culpa de un infiltrado. El Gobierno cree que Bolivia es una isla donde sólo se recibe la información oficial en forma de propaganda, por lo que la gente puede ser manipulada".
Cuatro gobernadores piden el procesamiento del presidente Morales
Los gobernadores de los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Chuquisaca, que mantienen una línea de oposición al gobierno del MAS, han pedido el procesamiento del presidente Morales por la supuesta comisión de tres delitos ligados al caso YPFB. De acuerdo con la demanda de juicio, Morales habría violado la ley al emitir el decreto supremo 29506, que promueve la contratación libre de obras, bienes, servicios generales y de consultoría sin seguir los procedimientos establecidos en la Ley 1178. El decreto modificó las normas con el fin de permitir contratos directos de bienes y servicios en YPFB, sin someterlos a licitación pública. La acusación se sustentaría en que el presidente violó la ley al firmar un decreto que autoriza los contratos directos.
Mario Cossío, gobernador de Tarija, dijo que presentó la demanda de querella porque el presidente Morales aprobó un decreto que autorizó a Santos Ramírez a firmar un contrato de más de 80 millones de dólares con una empresa fantasma, sin licitación pública. "Este hecho vulnera todo el sistema jurídico nacional de contratación que dio y abrió la puerta a la corrupción en YPFB. La corrupción destroza la industria petrolera de Bolivia", dijo Cossío. La demanda fue presentada en primera instancia por Cossío; después se adhirieron sus colegas Rubén Costas (Santa Cruz), Sabina Cuellar (Chuquisaca) y Ernesto Suárez (Beni).
La iniciativa de Cossío contó con el respaldo del ex presidente Jaime Paz Zamora para quien las acusaciones son serias y parten de una realidad. "El prefecto ha cumplido con su responsabilidad, no debemos olvidar que la ineficiencia y corrupción en YPFB se hace sobre el dinero de Tarija", dijo.
La respuesta del Gobierno fue inmediata. Los ministros de Defensa, Walker San Miguel, y Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, denunciaron que la demanda es una cortina de humo para esconder los delitos que habría cometido el gobernador Mario Cossío.
Conforme avanzan las investigaciones de la comisión de multipartidaria que lleva adelante las investigaciones del caso de corrupción en YPFB, aparecen más elementos que implican al ex ministro Saúl Ávalos, al superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, al ministro de Economía, Luis Arce, y al interventor de YPFB y ex ministro de hidrocarburos Carlos Villegas.
La oposición parlamentaria demandó la renuncia de tres autoridades del área económica a quienes acusan de tener responsabilidad directa en la corrupción en YPFB. El presidente del Senado, Oscar Ortiz, del partido opositor Podemos, explicó que el informe de la Comisión Especial que investigó este caso, establece que el ministro Luis Arce, el interventor Carlos Villegas y el superintendente Guillermo Aruquipa incurrieron en el incumplimiento de deberes y en conducta antieconómica.
El informe exime de responsabilidad a Evo Morales. Los senadores deslindaron de toda sospecha de falta al presidente, ni por omisión, menos por acción. El diario "La Estrella de Oriente" dice que el Senado "ha hecho el único papel que sabe hacer, el de instancia permisiva, de paternidad irresponsable, propia de los eternos clareadores, que no quieren jugarse por nada, que nunca pondrán la piedra en el zapato de nadie y así ayudaron a encaminar al país al estado de shock y de peligro en el que se encuentra".
El senador Oscar Ortiz aseguró que el presidente Morales no está exculpado en forma definitiva. Dijo que para acusarlo es necesario acumular pruebas. "La responsabilidad del presidente quizás no esté en el caso en sí de YPFB, pero ¿quién firmó los decretos para el uso de fideicomisos para contrataciones directas en YPFB?, fue él".

¿Despenalizar es amenzar contra la libertad?

Despenalización de la marihuana, una amenaza contra la libertad, dice el colombiano Iván Garzón Vallejo.

Hace una crítica al informe "Drogas y democracia en América Latina: hacia un cambio de paradigma", difundido por un grupo de 18 personalidades de la región,entre ellos, los expresidentes Ernesto Zedillo (de México), César Gaviria (de Colombia) y Fernando Henrique Cardoso (de Brasil).

La agencia católica ZENIT habló con el abogado colombiano Iván Garzón Vallejo, profesor de derecho de la Universidad de la Sabana de Bogotá, autor del libro "Del Comunismo al Terrorismo. La contención en el mundo de la posguerra fría" (2008), quien en su reciente artículo "Otro paradigma contra las drogas", presentó sus críticas a este informe y a la manera como lo han presentado los principales medios de comunicación en América Latina.
-Muchos argumentan que para combatir el narcotráfico lo ideal es atacar los eslabones medios de la cadena. ¿de dónde se infiere que una política de tolerancia con el consumo de la dosis personal no incrementará las otras partes de la cadena?
-Iván Garzón: Me parece simplista suponer que una liberalización del consumo de drogas "blandas" como la marihuana, no tendrá un impacto negativo en los demás eslabones de la cadena, como la producción y el tráfico. En este sentido, es imprescindible tener en cuenta la lógica económica que indica que, a mayor demanda (consumo), habrá mayor oferta (producción y tráfico).
La discusión acierta en reiterar que el consumidor de drogas es un enfermo. Además, sin duda, este es un debate público vital, en el que la responsabilidad no es exclusiva de quienes definen el rumbo de las políticas públicas, sino también de los ciudadanos. Sin embargo, lo que me parece equivocado es la solución propuesta de despenalizar el consumo de ciertas drogas, toda vez que en este problema se juegan no solo asuntos pragmáticos, sino también éticos y morales, ante los cuales las políticas públicas no son indiferentes, y los gobernantes tienen que hacerse responsables.
-¿Legalizar las drogas, es, como argumentan quienes apoyan esta política, promover la libertad individual?
-Iván Garzón: Una versión de la libertad que parece confundirse con el libertinaje y el capricho asume que la libertad no tiene límites intrínsecos --como es el cuidado de la propia salud y la dignidad humana-- ni extrínsecos --como el efecto que producen los actos antiéticos sobre los demás, más aún si éstos están ligados al crimen--. En este sentido, no está demás señalar que el individuo no es un ser aislado con una libertad sacrosanta que interpreta cualquier limitación como negativa. Ésa versión del liberalismo político está muy replanteada hoy en día.
Constitucionalmente, una doctrina como "la protección coactiva" plantea que en algunos casos el individuo necesita que el Estado lo obligue a ser protegido, y con ello sea salvaguardado su derecho a la salud.
Es una lástima que en estos debates, el enfoque pragmático soslaye los argumentos antropológicos y éticos de la cuestión. Deberían poder coexistir ambos.
-¿Que implicaciones puede tener para un individuo con poca formación vivir en medio de una cultura donde la droga es equivalente al tabaco y al alcohol?
-Iván Garzón: No se debería desestimar el potente efecto simbólico y pedagógico de las normas jurídicas. Aunque los juristas y algunos políticos tienen muy clara la diferencia entre legalizar y despenalizar, para la gran mayoría de los ciudadanos el derecho penal es el gran instrumento de reproche social que tiene el Estado, y cuando algo no se considera como delito, el ciudadano piensa que si está permitido, es porque hay razones éticas para considerarlo como bueno. Por lo tanto, más allá del debate sobre la eficacia de las políticas actuales, se debe tener en cuenta que estamos ante uno de los flagelos que más afectan a la niñez y a la juventud en todo el mundo, y cuyos efectos familiares, sociales y culturales no se pueden obviar.
-¿Cree usted que en los países donde se ha despenalizado la dosis personal el resultado de la lucha contra las drogas ha sido efectivo, como sugiere el informe?
-Iván Garzón: Creo que el informe omite deliberadamente los problemas sociales y políticos que se han generado en aquellos países donde se ha liberalizado el consumo de drogas. Es una omisión importante, porque es el otro lado de la moneda, es la parte de la historia que debería morigerar el romanticismo de propuestas como la despenalización del consumo de marihuana.
Pero además, no se puede dar por cierto un sofisma, y es que el objetivo de la lucha contra las drogas es ‘un mundo sin drogas'. Ello es ingenuo conceptualmente y políticamente imposible. Creo que el propósito de la llamada metafóricamente "guerra contra las drogas", es un eficaz desincentivo y una sólida contención de un mal social que promueve un negocio macabro que corrompe funcionarios estatales, enriquece ilegítimamente a unos pocos, y promueve una cultura mafiosa y homicida. Pero que sobretodo, corrompe a nuestros niños y jóvenes. En ellos también habría que pensar cuando se abordan estos temas.
-¿Es coherente que en un país sea despenalizada la dosis personal mientras que se condenan el cultivo y la venta de la droga?
-Iván Garzón: Por supuesto que no es coherente, y el mensaje que se envía es más o menos el siguiente: es censurable producir droga, traficar con drogas, pero no consumirlas. Más aún, dicha política sería incoherente con un Estado social de Derecho (ideal constitucional de muchas naciones occidentales), que tiene dentro de sus propósitos el cuidado y el respeto de la vida y la dignidad de todo ser humano.
-¿Cómo ve usted la manipulación de los medios cuando se dice que los daños causados por la marihuana son semejantes a los del alcohol y el tabaco?
-Iván Garzón: Muy preocupante, así como la ausencia de voces críticas frente a dichas propuestas, y la señalización simplista a la que con frecuencia contribuyen los medios a catalogar a la gente entre modernos y no modernos, o entre vanguardistas y progresistas de un lado (los que aceptan estas propuestas) y retrógrados y conservadores (a quienes las critican). En un debate público de etiquetas y prejuicios, la gran perjudicada es la verdad.
-¿Cree usted que en Latinoamérica hay una preparación suficiente para tratar a los consumidores de droga como pacientes?
-Iván Garzón: La debería haber, porque son pacientes. El problema es que el Sistema de Seguridad Social y de Salud en nuestros países es muy precario, burocrático y carente de recursos suficientes para garantizar plenamente el derecho a la salud de todos los ciudadanos. Pero además, como entre ciertos segmentos de la población el consumo de droga no es visto como un mal, aún hay muchos enfermos -y quizás adictos- que no han "salido del clóset". Quizás algunos de ellos están esperando que lo suyo ya no sea considerado como una enfermedad, y que llegue el día en que se tome como una costumbre social más, aunque algo dañina. Como el tabaco o el alcohol.
Por Carmen Elena Villa

Michael Mullen en México

México podría aplicar las tácticas de EE UU en la lucha contra el terrorismo para lidiar con una crisis de violencia relacionada con el narcotráfico a lo ancho de la frontera binacional, dijo ayer viernes Michael Mullen presidente del Estado Mayor Conjunto del Pentagono.

El almirante no especificó los tipos ayuda en inteligencia o vigilancia que EE UU podría ofrecer, pero dijo que vio formas de utilizar la experiencia que su país ha ganado en la cacería de extremistas y terroristas que tiene en marcha.
"Obviamente esto nos afecta por la relación entre los dos países", dijo Mullen durante una conferencia telefónica mientras volaba a Washington después de una serie de reuniones en México, la última parada de su gira por América Latina

Mullen se refirió a la intensificación en la violencia como a una "crisis" y dijo que ésta ocupó la mayor parte de sus discusiones con líderes militares mexicanos.
El Secretario de Defensa Robert Gates también hace poco que veía oportunidades para que militares estadounidenses ayuden con entrenamiento, recursos e inteligencia a México.

Mullen: promotor de la colombianización/Editorial de La Jornada, 7 de marzo de 2009;
La visita a México del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Michael Mullen; las reuniones privadas que mantuvo con los titulares de la Secretaría de Marina, Mariano Francisco Saynez, y de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, así como las declaraciones del funcionario durante su estancia en Colombia, donde dijo que las fuerzas armadas mexicanas y estadunidenses deberían actuar mancomunadamente en la lucha contra el narcotráfico, son elementos sumamente alarmantes por cuanto refuerzan las versiones de que Washington prepara el terreno para acordar con el gobierno de Felipe Calderón el despliegue de efectivos militares de la nación vecina en territorio nacional, por vía de una ampliación de la llamada Iniciativa Mérida.
Tales sospechas se ven reforzadas por las declaraciones recientes del secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, de que algunos de los antiguos recelos contra la cooperación entre nuestros ejércitos están siendo superados; por las afirmaciones realizadas por el propio Mullen el mes pasado en el sentido de que el desastroso Plan Colombia debe ser visto como un ejemplo para México, así como por el empeño de algunos sectores de la clase política estadunidense por caracterizar a nuestro país, de manera equívoca y malintencionada, como un Estado fallido.
La situación que se comenta es indicativa de que la llamada guerra contra el narcotráfico, emprendida a inicios de la actual administración, no sólo ha resultado ineficiente para frenar la violencia en el país, sino que ha acabado por colocar a México en una incómoda posición entre Estados Unidos y Colombia, nación cuyo gobierno ha cedido a Washington grandes porciones de su soberanía en el contexto del referido acuerdo de lucha contra los cárteles de la droga. Al día de hoy existen, de hecho, elementos que apuntan a una participación cada vez mayor de efectivos policiales y militares del vecino país en labores de seguridad pública en México, como la presencia de unos 60 agentes de la DEA en territorio nacional, reconocida por el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Rico Ferrat (La Jornada, 05/03/09), y la asistencia tecnológica otorgada en el marco de la Iniciativa Mérida, lo cual supone un inevitable grado de supeditación de las autoridades mexicanas a las estadunidenses, por lo menos en lo referido a cuestiones operativas y de mantenimiento de los equipos entregados.
La posibilidad de que esta situación se profundice y amplíe, y que se llegue a la abierta participación de marines en tareas de patrullaje, significaría una renuncia inadmisible de la soberanía nacional, una aceptación de la total incapacidad de las autoridades mexicanas por hacer valer la ley y el estado de derecho, y una claudicación del principio que confiere al Estado el monopolio de la fuerza y de la violencia legítima.
Nada garantiza, por lo demás, que la aceptación de la asistencia militar en estos términos desemboque en una alianza estable con Washington, ni mucho menos en un restablecimiento de la legalidad en el país. El grupo gobernante tendría que verse en el espejo de Álvaro Uribe, quien, tras someterse a la aplicación del Plan Colombia, ha tenido que enfrentar las acusaciones de la Casa Blanca y el Capitolio por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos registradas en su nación, en episodios muchas veces relacionados con el mencionado programa de cooperación bilateral.
En suma, la presencia de soldados estadunidenses en el territorio nacional, de manera similar a lo ocurrido en el marco del Plan Colombia, implicaría para nuestro país un inaceptable retroceso en materia de seguridad, de soberanía y de vigencia de los derechos humanos, así como una evidente pérdida de capacidad para virar hacia una política de seguridad sensible a los factores sociales –miseria, desigualdad, marginación– que originan y alimentan la proliferación de expresiones delictivas. Por ello, el gobierno mexicano debe rechazar tajantemente la perspectiva de colombianizar el país.

***

Reunión del jefe del Estado Mayor Conjunto de EU con los titulares de Marina y Sedena
Pretende Washington labor militar compartida contra los narcos
Robert Gates asegura que Calderón revisa su política sobre una colaboración castrense amplia
Nota Georgina Saldierna

La Jornada, 7 de marzo de 2009;

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Michael Mullen, expresó este viernes que comparte la seria preocupación que causan en México el crimen organizado y el narcotráfico y manifestó su deseo de trabajar coordinadamente para encontrar maneras de mejorar la cooperación entre las fuerzas militares de nuestros dos países.
En su primera visita a México, se reunió en privado con los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván Galván, y de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez. Más tarde convivió con veteranos del Escuadrón 201, sin la presencia de los medios de información.
Un comunicado de la embajada de Estados Unidos dio cuenta del pronunciamiento del funcionario en el sentido de mejorar la cooperación bilateral en materia militar y su reconocimiento de que une a ambos países una larga frontera y responsabilidades compartidas.
Comparto la seria preocupación que les causa el crimen organizado y el narcotráfico, y aprecio sus vigorosos esfuerzos por mejorar la seguridad. Más que nada deseo que trabajemos conjuntamente para encontrar maneras de mejorar la cooperación entre las fuerzas militares de nuestros vecinos, puntualizó.
Expuso que para Estados Unidos, México no sólo es un vecino. Es nuestro buen amigo y una nación con la que nos une una larga frontera y responsabilidades compartidas. Vengo a escuchar, a aprender y a tratar de ver a través de los ojos de los líderes mexicanos los retos de seguridad que enfrentamos.
En el encuentro con Saynez se habló de la necesidad de continuidad en la cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países, con el fin de fortalecer la defensa y seguridad bilateral, además de incrementar la colaboración en la lucha contra amenazas comunes que afectan no sólo a Estados Unidos y México, sino a toda América.
La Secretaría de Marina informó que en la reunión de Mullen y Saynez se trató la importancia de acrecentar en un futuro la interoperabilidad entre las fuerzas armadas de los dos estados y fomentar una relación de respeto mutuo. Asimismo, evaluaron algunos puntos de la Iniciativa Mérida, aunque no especificó cuáles.
Con su estancia en México, Mullen concluyó una gira de trabajo por Brasil, Chile, Perú y Colombia, que tuvo el objetivo de acercarse a los altos mandos de sus fuerzas armadas.
La visita ocurrió dos días después de que el presidente Felipe Calderón formuló severas criticas a Estados Unidos, en una entrevista con la agencia Afp, en la que también reclamó un cambio de actitud de la sociedad estadunidense y refirió que el narcotráfico obedece también a un fenómeno de corrupción de autoridades del país vecino.
De igual manera, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, sostuvo que es innecesario que Estados Unidos refuerce con tropas la frontera norte, pues México tiene fuerzas de seguridad suficientes para controlar el tráfico de enervantes.
Mientras, el secretario de Defensa estadunidense, Robert Gates, aseguró que el gobierno de Calderón empieza a revisar su política respecto de una colaboración militar amplia. Algunos de los antiguos recelos contra la cooperación entre nuestros ejércitos están siendo superados, enfatizó.
En los últimos días se han registrado en Washington cuestionamientos y preocupación por el aumento de la violencia en México, derivada del narcotráfico; la corrupción en las policías y la impunidad que persiste en el ámbito judicial. Se calificó al Estado mexicano de fallido y hubo ex funcionarios que advirtieron que la preocupación fundamental de Estados Unidos no debe ser Irak, sino su vecino del sur.
De lo poco que ayer trascendió de las reuniones entre los militares, es que Mullen insistió en que es vital fortalecer la relación bilateral.
Por la mañana, el estadunidense tuvo otras actividades. Ofreció a los alumnos del Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México una conferencia magistral sobre la seguridad nacional en su país; visitó el Cementerio Americano, y rindió honores a los miembros de la fuerza expedicionaria del Escuadrón 201, en el monumento ubicado en la primera sección del Bosque de Chapultepec.
Ahí saludó de mano a los nueve ex integrantes de la Fuerza Aérea de México que apoyaron al ejército estadunidense durante la Segunda Guerra Mundial.
Acompañado de Leslie Basset, encargada de negocios de la embajada estadunidense, y del agregado militar, Jeffrey Jore, departió con los veteranos del escuadrón original y sus familias. Fue para mí un gran honor conversar con estos héroes que volaron y combatieron junto con nuestros pilotos en la Segunda Guerra Mundial.
Expresó que las águilas aztecas no sólo protegieron a nuestras tropas en tierra, sino que también volaron misiones en apoyo a nuestras operaciones navales. Estar hoy aquí con ellos fue para mí motivo de orgullo y humildad.
Esta es la primera visita del almirante Mullen a México desde que asumió el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto. La última vez que vino fue en septiembre de 2005, cuando era jefe de operaciones navales y fue invitado a presenciar la ceremonia del Grito de Independencia.

Viaje papal a Tierra Santa

Visita papal a Tierra Santa, cumbre de diálogo con judíos y musulmanes

Primeros avances del viaje a Israel y los territorios palestinos
JERUSALÉN, miércoles, 4 marzo 2009 (ZENIT.org).- La peregrinación de Benedicto XVI a Tierra Santa se convertirá en una oportunidad histórica para la promoción del diálogo entre judíos y musulmanes, como se desprende de los primeros elementos del programa todavía no oficial, que prevé una visita al memorial de Yad Vashem, así como a los grandes rabinos, y al mufti de Jerusalén.
Durante el viaje, previsto del 11 al 15 de mayo, el Papa recibirá la bienvenida de los presidentes Shimon Peres, de Israel, y Mahmoud Abbas, de los territorios palestinos, según ha confirmado a ZENIT Jean-Marie Allafort de "Un Echo d'Israël", boletín de cristianos que viven desde hace mucho tiempo en Israel.
El Papa llegará procedente de Jordania, país en el que aterrizará el 7 de mayo, para realizar una peregrinación por el Monte Nebo y al Jordán, donde tuvo lugar el bautismo de Jesús de manos de san Juan Bautista.
Aclarando que "ni el Vaticano y ni el Estado de Israel han publicado el programa oficial de la visita del Papa", Allafort adelanta a "grandes líneas" el itinerario, explicando que todavía están en discusión algunos eventos, como la colocación de la primera piedra de la primera universidad árabe de Galilea, proyecto promovido por el arzobispo greco-melquita monseñor Elias Chacour.
La llegada
Según estas previsiones, el Papa será recibido el lunes, 11 de mayo, en el aeropuerto Ben Gurion, por el presidente Shimon Peres, así como por representantes del gobierno y otras personalidades religiosas.
A continuación, se trasladará en helicóptero al monte Scopus, donde será acogido por el alcalde de Jerusalén, para luego dirigirse a la nunciatura apostólica en el Monte de los Olivos, donde se alojará en esos días.
A las 16.30 horas, será recibido en la presidencia del Estado por el mismo Shimon Pérès A continuación, acompañado por el presidente, visitará el Yad Vashem, el memorial del Holocausto, y participará en una memoria del recuerdo de las víctimas de la Shoá.
A las 18.45 mantendrá un encuentro interreligioso con representantes judíos, musulmanes, drusos, y cristianos de Tierra Santa.
Martes, 12 de mayo
En su segundo día en Israel, el Papa visitará a la 9 de la mañana la Explanada de las Mezquitas y mantendrá un encuentro con el mufti de Jerusalén. A las 10,00 llegará al Muro de las Lamentaciones, para participar en una ceremonia en la que también estarán presentes los grandes rabinos de Israel.
A las 10,45 el Papa visitará el rabinato de Israel (Hekhal Shlomo) y mantendrá un encuentro con los dos grandes rabinos, en el que los tres dirigirán un esperado discurso.
A mediodía el Santo Padre se recogerá en oración en el Cenáculo, el lugar en el que Cristo celebró la Última Cena.
A las 13.00 visitará el patriarcado latino de Jerusalén para mantener un encuentro y un almuerzo con los ordinarios católicos de Tierra Santa.
A las 16.00 llegara´a la iglesia de Getsemaní y a las 16,30 está prevista la misa solemne en el exterior, en el Cedrón. Al final del día, el regresará a la nunciatura.
Miércoles, 13 de mayo, Belén
El 13 de mayo el Papa lo dedicará a visitar la ciudad en que nació Jesús, Belén, adonde llegará a las 8.30 horas, y será acogido por el presidente de la autoridad palestina, Mahmud Abbas, y por el primer ministro Salam Fayaad, así como por otras personalidades palestinas.
A las 9.15, el Santo Padre visitará la basílica de la Navidad. La misa comenzará una hora después, en la Plaza del Pesebre.
Tras el almuerzo, el Papa llegará a las 16.00 el campo de refugiados Al-‘Ayda cerca de Belén. El obispo de Roma debería visitar también una obra de caridad, pero todavía no se ha anunciado cuál.
A las 17.00, tendrá lugar la ceremonia de despedida de Belén en presencia del presidente Abbas.
Jueves, 14 de mayo, Galilea
El programa de ese día todavía se está estudiando. Se sabe ya que el Papa celebrará una misa en la mañana en la plaza de Nazaret, junto a la basílica de la Anunciación. Será acogido por el alcalde y debería tener lugar también un encuentro con los responsables religiosos de Galilea.
Viernes 15 de mayo, despedida
El último día del Papa en Tierra Santa comenzará con la visita al patriarca ortodoxo de Jerusalén, en el patriarcado, a las 9,15. A continuación, se dirigirá al Santo Sepulcro, donde será acogido por el Custodio franciscano de Tierra Santa, y donde se recogerá en oración.
A las 11 horas, el Papa llegará al barrio armenio de la Ciudad Vieja de Jerusalén para mantener un encuentro con el patriarca ortodoxo armenio.
La ceremonia de despedida de Israel tendrá lugar a las 13.00 horas en el aeropuerto Ben Gurion en presencia del presidente Shimon Peres. Está previsto que el avión del Papa de la compañía El-Al despegue en torno a las 14.00 horas.
Con información de Anita S. Bourdin

Déjense reconciliar con Dios: obispos de Chihuahua

Bajo el título "Déjense reconciliar por Dios", los obispos de la provincia eclesiástica de Chihuahua, difundieron una carta pastoral en la que enfrentan el problema crucial de la violencia que asola esa entidad.

"Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Chihuahua, conscientes de las tristezas y las angustias que sufre nuestro pueblo a causa de los hechos violentos que han venido sucediendo en estos últimos tiempos, exhortamos a los hombres y mujeres de todas clases sociales y credos, a reconciliarse con su corazón, con los hermanos y con Dios", comienza diciendo el comunicado.

Está firmado por los seis obispos de la Provincia Eclesiástica de Chihuahua, cuyo metropolitano es el arzobispo de Chihuahua, José Fernández Arteaga, el documento responde, según los prelados, al llanto de tantas personas y de familias enteras, víctimas de la barbarie que se ha desatado en Chihuahua por el "control" de las plazas en el trasiego de drogas.

El Padre de uno

Don Lorenzo Alvarez Gámez, In memorian
(Baymena, Choix, Sinaloa 16 de febrero de 1919-Los Mochis, 7 de marzo de 2004)Vivió como deseó (y pudo). De niño en la sierra sinaloense fue pastor, años después bajó con sus padres mayos al valle del Fuerte y ahí se convirtió en los años 30 en un jóven ejidatario -en El Vallejo-, después fue obrero y además trabajo de bardo...

De repente sobretodo cuando bebia "vino"* hablaba cahita; combinación del mayo, yaqui y tehueco...
Lo recuerdo bien a cinco años de su partida.

Ah y juntó con Ildeliza Palafox -mi madre- tuvo una gran descendencia; yo soy uno de ellos.

La CPI, hoy

Las excusas frente a la Justicia internacional/Mariano Aguirre, director Centro Noruego para la Constitución de la Paz, Oslo

Publicado e EL CORREO DIGITAL, 06/03/09;

La decisión de los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) de acusar al presidente Omar Bashir de Sudán de una serie de crímenes contra la Humanidad en Darfur vuelve a abrir el debate sobre los alcances de la Justicia internacional en relación a la soberanía nacional de los Estados en casos de violaciones masivas de derechos humanos.
La Corte Penal Internacional, un cuerpo multilateral independiente, fue establecida en 2002 con el fin de investigar e iniciar causas en casos de genocidio, crímenes contra la Humanidad, crímenes de guerra y agresión. El Tratado de Roma, que guía sus acciones, indica que tiene «el poder de ejercer su jurisdicción sobre personas que hayan cometido los crímenes más graves». En la actualidad, 108 Estados son miembros de la Corte (y 30 son africanos), aunque 40 de ellos no han ratificado su pertenencia. Estados Unidos, India, China, Rusia y el mismo Sudán no son miembros. Washington, de hecho, lo firmó poco antes de terminar la presidencia de Bill Clinton, pero nunca lo ratificó. La CPI es un cuerpo judicial «de última instancia» que sólo actúa cuando los tribunales nacionales son incapaces o no tienen la voluntad de actuar.
La Corte fue objeto del debate en los años noventa sobre la responsabilidad de la comunidad internacional en casos en los que el Estado no cumpla con sus obligaciones de proteger a sus ciudadanos. Las guerras en los Balcanes, la desintegración violenta de Somalia, la matanza en Ruanda y la guerra continua en la República Democrática de Congo (ex Zaire) fueron casos utilizados por los políticos, intelectuales y activistas a favor de la intervención humanitaria, o sea, el supuesto derecho que tiene la comunidad internacional para alterar el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados e intervenir, inclusive usando la fuerza, para proteger a poblaciones en peligro.
No existe un derecho de intervención humanitaria, pero algunos juristas consideran que hay una costumbre jurídica, un clima social y político favorable, que permite que la comunidad internacional pueda actuar dentro de una cierta legalidad si se trata de defender a poblaciones en peligro. Una corriente de académicos y activistas (como el presidente del International Crisis Group, Gareth Evans) considera que se debe avanzar en reglamentar dentro del derecho internacional la responsabilidad de prevenir, proteger y rehabilitar a poblaciones en peligro.
Esa responsabilidad de la comunidad internacional no se manifestó desde la década de los noventa solamente con el debate sobre injerencia humanitaria, sino que también se avanzó en la posibilidad de que crímenes cometidos en un país fueran considerados competencia de sistemas judiciales de otros países. Las constituciones de algunos Estados, como España, Bélgica y Alemania, dejan suficiente espacio legal como para que se puedan iniciar causas criminales contra autores de determinados crímenes contra la Humanidad aunque no sean españoles, belgas o alemanes. La causa que inició la Justicia española contra el general Augusto Pinochet en 1998 se basó en este hecho.
Un camino intermedio entre las acciones de la CPI y las causas desde Estados individuales ha sido la creación de tribunales especiales, por ejemplo, para juzgar crímenes cometidos en las guerras en la antigua Yugoslavia, o el tribunal especial para Ruanda. La CPI está investigando crímenes en Uganda, la República Democrática de Congo, la República Centroafricana y Darfur. Igualmente, está considerando si abrir o no una causa contra Israel por sus recientes acciones en Gaza, y estudia los casos de Afganistán, Colombia y Georgia.
El Gobierno de Sudán rechaza la acusación y denuncia que Occidente quiere desestabilizar el país y atentar contra su soberanía. A la vez, trata de polarizar la situación y ha hecho un llamamiento a otros Estados miembros de la Liga Árabe, la Unión Africana, la Organización de la Conferencia Islámica y el Grupo de los 77 para que renuncien a ser parte de la Corte Penal Internacional. Su posición es la que mantienen otros gobiernos que temen que, si el concepto y la práctica jurídica de la justicia internacional gana terreno, podrían verse acusados, perseguidos y juzgados por sus acciones represivas. La excusa que usan estos gobernantes es que la CPI y otras formas internacionales de rendición de cuentas son mecanismos neocoloniales manejados por potencias imperiales que pretenden desestabilizarlos para controlar sus países.
Este argumento es compartido por diversos sectores que consideran que la injerencia humanitaria, las acciones de la CPI, los tribunales especiales o la legislación de algunos países son formas neocoloniales para imponerse sobre los países del Sur. Otro sector considera que estos países tienen que tener su propio desarrollo histórico, como lo tuvo Europa durante siglos, y que no se debe interferir.
La cuestión es que los dictadores usan el argumento postcolonial para evitar ser juzgados tanto por los tribunales de sus países como los internacionales. Sus acciones les restan credibilidad. Por otro lado, quienes se oponen a toda forma de intervención internacional en la soberanía no dan respuesta al problema de la protección de las víctimas. ¿Ante otras matanzas como las de Ruanda, Camboya, Congo, Bosnia, que han acabado con la vida de millones de personas sólo en las últimas décadas, debe la comunidad internacional permanecer impasible para no violar la soberanía nacional?
Igualmente, es cierto que el derecho internacional y la justicia postestatal han sido y son usadas de forma parcial por algunos Estados con el fin de penalizar a unos políticos represivos al tiempo que protegen y apoyan a otros. Pero el uso parcial de una ley no anula los principios en que se basa, ni la necesidad de que exista y se luche para su correcta, universal y justa aplicación.
Por último, el argumento basado en las historia de Europa y de los países del sur deja de lado los avances que se han hecho en el derecho nacional e internacional para proteger a los ciudadanos de eventuales violaciones de derechos humanos. Jurídica y moralmente existe un cuerpo de teoría y práctica sobre la protección de las personas, el respeto a sus derechos y la penalización de quienes violan esos derechos, que no puede abandonarse en función de un supuesto respeto al desarrollo histórico de cada país. Los tribunales de Núremberg para juzgar a los oficiales nazis después de la Segunda Guerra Mundial fueron uno de los precedentes jurídicos.
El obispo anglicano de Sudáfrica, premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu escribió hace pocos días que la orden de arresto contra Bashir obliga a elegir si se está del lado de la justicia o de la injusticia, y recordó que los crímenes que se quieren juzgar han sido realizados por africanos contra africanos. «Por dolorosa que pueda ser la justicia, indicó, hemos visto que la alternativa, o sea, dejar de lado la opción de que se rindan cuentas, es peor».

Sobre la decisión de la CPI

Jefes de Estado o de Gobierno: sin impunidad/Araceli Mangas Martín

Publicado en EL MUNDO, 06/03/09;

En sus pocos años de existencia, la Corte Penal Internacional está haciendo un trabajo impecable e implacable, con rigor jurídico e imparcialidad, sin las alharacas, inconsistencia y arbitrariedades a las que nos tienen acostumbrados la Justicia española y, de modo escandaloso y presuntamente delictivo, algunos magistrados, sin que el imperio de la ley recaiga sobre ellos.
El tratado internacional (Estatuto) que creó la Corte Penal Internacional entró en vigor en julio de 2002 y ya tiene abierto proceso a una decena de personas -algunos ex-ministros-. Uno de los aspectos más progresivos e impactantes del Estatuto de la Corte para el ordenamiento internacional es su afirmación de que «se aplica por igual a todos, sin distinción alguna basada en el cargo oficial» y especifica que el cargo de jefe de Estado o de Gobierno «en ningún caso les eximirá de responsabilidad penal» (artículo 27).
No era nuevo, cierto, pues en términos parecidos ya se había establecido esa impunidad en los estatutos de los Tribunales Penales específicos para la antigua Yugoslavia, para Ruanda y para Sierra Leona en los que ya se ha juzgado a un jefe de Estado -Milosevic- y a un primer ministro -el ruandés Kambada, condenado a la muy democrática pena de cadena perpetua- u ordenado el arresto del jefe de Estado de Liberia, Charles Taylor. Con la orden de arresto acordada el día 4 de marzo contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, se aplica, por primera vez, esa norma en el marco de la permanente Corte Penal Internacional.
Hasta la aprobación de estos estatutos de las cortes penales (ya sean ad hoc, ya sea la permanente), secularmente el Derecho Internacional había protegido las funciones que asume todo jefe de Estado con la inmunidad de jurisdicción penal de forma absoluta; estas inmunidades «no están acordadas para su ventaja personal, sino para permitirle cumplir libremente sus funciones por cuenta del Estado que representa», como dijera el órgano judicial de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, también con sede en La Haya en su sentencia Yerodia de 2002.
En ésta, sobre una orden de arresto respecto de un ministro de Asuntos Exteriores (situación análoga al jefe de Estado y de Gobierno a efectos de la inmunidad penal de derecho internacional), la Corte Internacional de Justicia estimó que era más importante proteger el bien jurídico de la independencia de los estados que el interés del respeto de las normas de las que se les pudiera acusar. Pero dejó la puerta abierta a que se pueda juzgar a cualquiera de esos tres cargos en activo siempre que la Corte Penal Internacional sea competente de acuerdo a tratados concretos (como es el caso del presidente de Sudán). También cabrían ser juzgados esos cargos en activo siempre que el Estado renunciase a la inmunidad penal internacional o se les juzgase en los tribunales internos previo levantamiento de la inmunidad de Derecho interno y, por último, cuando dejen de ocupar el cargo.
Sudán no es Parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), pero ésta es competente para enjuiciar los graves crímenes sucedidos en Sudán gracias a la decisión del Consejo de Seguridad en 2005 de levantar el velo de impunidad de los criminales sudaneses y pedir a la Corte que los juzgue. Pues bien, cuando es el Consejo de Seguridad el que ordena el inicio de las actuaciones de la Corte, dada su autoridad coercitiva, de conformidad con el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, se impone sobre todo Estado, sea o no Parte del Estatuto de la Corte Penal. Esto es muy importante y puede tener un giro decisivo y beneficioso en este nuevo pulso a la impunidad por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Nunca he oído a los tertulianos y críticos acérrimos de Naciones Unidas ponderar la decisión del denostado Consejo de Seguridad.
El centenar de estados que han suscrito el Estatuto, entre ellos todos los de la Unión Europea, están obligados por haber dado su consentimiento a ese tratado a cooperar con la Corte Penal Internacional, de modo que cuando una persona requerida por la Corte se encuentre en el territorio de un Estado Parte, éste debe detenerlo y entregarlo a la Corte. ¿Y los estados que no son Parte, incluido Sudán, deben cooperar con la Corte? Como fue el Consejo de Seguridad quien activó la competencia de la Corte, hay que ver en la Resolución 1593 (2005) a quién le exige respetar su mandato.
En efecto, le exige a Sudán y a «todas las demás partes en el conflicto» cooperar plenamente con la Corte y prestarles «toda» la asistencia necesaria. Los grupos armados tienen una oportunidad para redimirse ante la opinión pública internacional; si el Estado sudanés no coopera con esta obligación impuesta por el Consejo de Seguridad, podría ser sancionado por éste. A su vez, para los estados no partes del Estatuto, pero miembros de la ONU, la obligación es algo menos contundente pero les exhorta a que «cooperen plenamente» con la Corte.
Entonces, ¿cuál sería el efecto real de la orden de arresto para el presidente sudanés?
No es previsible ni probable que este individuo, que llegó al poder mediante un golpe de Estado, renuncie a su inmunidad ni se la levanten en el orden interno los militares que le apoyan.Pero aquellas facciones del ejército que no le secundan y los grupos armados rebeldes tienen una buena excusa para derrocarle o llevar a cabo algún golpe de mano. Así, el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés podría hacer amigos para su causa secesionista si lograra facilitar la entrega y se sirviera a continuación del precedente de Kosovo.
Por otra parte, la orden de arresto se activará cuando el presidente salga del territorio de Sudán, ya sea en viaje oficial o privado. Si viaja -que seguro que no lo hará- a cualquiera de los 108 estados parte del Estatuto -de los cuales 30 son africanos- la orden de arresto y entrega habrá que ejecutarla. Y como la activación del procedimiento penal lo hizo el Consejo de Seguridad, los estados que no son parte del Estatuto pero lo son de Naciones Unidas -en definitiva cuando viaje a cualquiera de los 192 estados miembros de la ONU, como China, Israel, Rusia, India, Estados Unidos, etcétera-, se verán en la obligación de cooperar plenamente con la Corte al haberlo previsto así la Resolución del Consejo de Seguridad -obligatoria para todos los estados-.
Ahora bien, en el Estatuto de la Corte Penal hay un resquicio para que los estados puedan librarse de una incómoda orden de arresto que les origine incumplimientos de otras obligaciones internacionales generales o convencionales. El artículo 98 prevé que la Corte no dará curso a una solicitud de entrega cuando el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga el Derecho Internacional con respecto a la inmunidad. Pero, en todo caso, no es una verdadera escapatoria, ya que no depende de la voluntad unilateral del Estado requerido sino de la decisión de la propia Corte Penal Internacional de renunciar a la solicitud en un caso concreto. En conclusión, que el presiente sudanés tiene muy complicado salir de su propio país.
Otro aspecto de interés son los crímenes por los que se dicta la orden de arresto contra el Al Bashir: crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Es verdad que la petición del fiscal de la Corte incluía también crímenes de genocidio, pero la Sala no ha encontrado pruebas para ese tercer tipo delictivo.
En ciertos medios de comunicación y entre sus tertulianos el centro de gravedad no era la orden de arresto contra un jefe de Estado sino que se rasgaban las vestiduras por no acusarle de genocidio, como si los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad fueran calderilla. En pocas palabras, los tres únicos crímenes sobre los que tiene competencia la Corte son todos ellos de igual y extraordinaria gravedad y sanción; y el crimen de genocidio es una especie o derivación del crimen contra la humanidad.
La sociedad española, incluidos los penalistas, tiene una concepción muy amplia del genocidio, es decir, en cuanto se habla de cantidades terribles de muertos sin más se habla de genocidio. Pero el genocidio es una especie, aunque autónoma y regulada por un convenio singular, de crimen contra la humanidad y sus elementos, su dolo o intencionalidad específica, son muy restrictivos, precisos y difíciles de probar.Ningunear el gran valor jurídico, político y ético de la orden de arresto dictada contra un jefe de Estado en activo por no incluir el crimen de genocidio es ignorancia o mala fe.
Cualquiera que sea su resultado final, el acuerdo de la Sala Preliminar de la Corte Penal Internacional de ordenar el arresto de un jefe de Estado en activo es una gran noticia para quienes defendemos que la vida y la dignidad de los seres humanos son un valor absoluto y superior a la soberanía del Estado, valor relativo ya desde finales del siglo XX.

Lage y Pérez Roque

La revolución contra sus hijos/Rafael Rojas, historiador cubano exiliado en México. Acaba de publicar El estante vacío. Literatura y política en Cuba

Publicado en EL PAÍS, 07/03/09;

La reciente destitución de Carlos Lage, Felipe Pérez Roque, José Luis Rodríguez y Fernando Remírez de Estenoz, cuatro políticos civiles, jóvenes, leales y bien vistos en las cancillerías europeas y latinoamericanas, ofrece una idea del Gobierno que ha diseñado Raúl Castro para conducir la sucesión autoritaria en Cuba: un cuerpo “funcional”, “compacto”, “eficiente”, a imagen y semejanza del ejército que él mismo ha dirigido durante medio siglo, donde se haga poca política y mucha administración. La sucesión queda finalmente planteada como un periodo en que se descarta toda opción de relativa pluralidad dentro del propio régimen.
El alcance de los prometidos “cambios estructurales y de concepto” deberá medirse a partir de ahora. Por la composición del nuevo Gabinete, cabría imaginar que no se irá más allá del traslado de la experiencia de las empresas militares al resto de la economía. Pero habrá que esperar para saber hasta dónde quiere llegar el Gobierno de Raúl, en una coyuntura tan delicada como la que se abre con la presidencia de Barack Obama. Mientras más avance La Habana en sus discretos ajustes, más aliento tomarán los promotores de un cambio en la política de Estados Unidos hacia la isla, lo cual puede volverse contra la cohesión interna de las élites que, hasta ahora, ha dependido de la amenaza “enemiga”.
La caída de Lage, Pérez Roque, Rodríguez y Remírez es una de las tantas purgas cíclicas, de tipo estalinista, que ha habido en Cuba y es preciso leerla en su propia tradición. Lo que distingue esta purga de las anteriores -las de comandantes revolucionarios o viejos comunistas en los sesenta, las de políticos “corruptos” en los setenta y ochenta, las de Arnaldo Ochoa y los hermanos De la Guardia en 1989, las de Carlos Aldana y Roberto Robaina en los noventa y la de Marcos Portal a inicios de esta década- es su bajo perfil simbólico. Esta vez no hubo juicios, ni ejercicios de “explicar a la población”; no se levantaron cargos por corrupción o “enriquecimiento ilícito” ni se reconoció la trayectoria de más de 20 años de servicios al régimen de esos funcionarios.
El estilo frío tiene que ver con el manejo de la situación por Raúl Castro y no por su hermano, poseedor de una idea teatral de la política. La ausencia de drama es una de las características de una élite sucesora que hará todo lo posible por presentar lo que pasa en Cuba como algo normal. Este tipo de normalización del estado de emergencia no sólo se parece al de muchas dictaduras de derechas del pasado iberoamericano, sino a la experiencia de la Rusia de Putin y Medvédev, como ha sugerido recientemente el escritor exiliado Jorge Ferrer. La Cuba de Raúl podría derivar hacia un capitalismo de Estado, donde no sólo los opositores sino los propios políticos del régimen serán sometidos a un férreo control de sus liderazgos.
La explicación que ofreció Fidel Castro de las destituciones el pasado 3 de marzo -las cartas de renuncia de Lage y Pérez Roque dicen poco- sigue siendo el único documento oficial con que contamos para interpretar una jugada de tal relevancia. Allí se habla de “ambición”, de “indignidad” y de que esos políticos comenzaban a despertar simpatías en el “enemigo”. Este término no parece aplicado sólo o fundamentalmente a Estados Unidos sino a Europa y América Latina, dos regiones donde Lage y Pérez Roque circularon bastante y crearon amistades políticas. Toda la actividad que desarrollaron esos funcionarios fue en beneficio de los Gobiernos de Fidel y Raúl, pero es evidente que, en caso de ausencia de uno o ambos, constituía un capital político para el futuro.
La idea de que la sustitución de Lage, Pérez Roque, Rodríguez y Remírez es resultado de un desplazamiento de fidelistas por raulistas es demasiado simple. Esos políticos fueron destituidos con la anuencia de Fidel y en un momento en que representaban, no una vuelta al fidelismo o a la “batalla de ideas”, sino una modalidad de sucesión que no eluda el relevo generacional y permita la formación de liderazgos relativamente autónomos. Esos cuatro funcionarios no defendían una apertura política, pero es probable que simpatizaran con una reforma económica más profunda que la que pretenden los militares, y es evidente que planteaban el dilema sucesorio más allá de Raúl.
Lage y Rodríguez fueron dos de los principales impulsores de las reformas económicas que sucedieron al IV congreso del Partido Comunista, entre 1993 y 1995: despenalización del dólar, mercados agropecuarios, trabajo por cuenta propia, nueva ley de inversiones, reducción de la burocracia. Esas reformas, a pesar de su timidez, generaron un buen clima en las relaciones con EE UU en el momento en que iniciaba la Administración de Clinton. Las reformas y la distensión se vinieron abajo a inicios del 96 con el atentado contra las avionetas de Hermanos al Rescate y un discurso inmovilista de Raúl Castro en el pleno del Comité Central. Desde entonces, Lage y Rodríguez pospusieron un proyecto de reformas económicas que contemplaba la apertura de pequeñas empresas privadas.
Pérez Roque heredó de Robaina el proyecto de diversificación de las relaciones internacionales cubanas en el contexto de la posguerra fría. Aunque su compromiso con la “batalla de ideas” y el mesianismo fidelista es constatable -tan sólo habría que recordar su activo respaldo a la represión del 2003 o su manejo de las crisis con países europeos y latinoamericanos que se derivaron de los fusilamientos y encarcelamientos de aquella primavera-, Pérez Roque se propuso, entre 2005 y 2007, recomponer las relaciones con la mayoría de los países de esas dos regiones, y lo logró. Ése fue su aporte al primer año de Gobierno de Raúl, así como los cabildeos en Ginebra, en contra de las condenas a Cuba por violación de derechos humanos, y en Nueva York, a favor de las resoluciones antiembargo de Naciones Unidas, habían sido su principal servicio al Gobierno de Fidel.
Pero en el trayecto, Lage, Pérez Roque, Remírez y, en menor medida, Rodríguez, acumularon capital político, dentro y fuera de Cuba. La relación que los dos primeros establecieron con Chávez fue un encargo personal de Castro, quien hizo del vínculo con Caracas una prioridad de la política cubana. Esa asociación -incluidas las desafortunadas declaraciones de que “Cuba era más democrática porque poseía dos presidentes” o de que podía “renunciar a su soberanía” en una unión con Venezuela- no impidió a Lage y a Pérez Roque relacionarse con otras izquierdas e, incluso, con varias derechas de América Latina. El desfile de presidentes que hemos visto en La Habana y las expectativas de cambio que generó el primer año Raúl Castro tienen que ver con las redes creadas por esos políticos, en las que también jugaron un papel importante Remírez, como jefe de la diplomacia en el Partido Comunista, y el entonces viceministro y actual canciller, Bruno Rodríguez Parrilla.
La destitución de Lage, Pérez Roque, Remírez y Rodríguez plantea serios interrogantes a las políticas europeas y latinoamericanas hacia Cuba, trazadas en los últimos años. La mayoría de esas políticas han tomado en cuenta tres elementos: las posibilidades de inversión que ofrece el mercado cubano, la afirmación de una diplomacia autónoma frente a EE UU y la esperanza de que el Gobierno de Raúl emprenda cambios que amplíen la dotación de derechos civiles o, por lo menos, atenúen la grave situación de los derechos humanos. Los tres elementos están siendo severamente cuestionados por los hechos y, tal vez, obliguen a un ajuste o, en su caso, a un replanteamiento de esas políticas.
Sin una revisión del concepto de propiedad, que dilate el mercado interno cubano, las ventajas comparativas de inversión en la isla serán cada vez menores. Con una presidencia demócrata en Estados Unidos, interesada en revocar la limitación de viajes, remesas e intercambio académico y cultural, y decidida a utilizar un lenguaje no agresivo en sus relaciones con Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador o cualquier otro Gobierno de la izquierda latinoamericana, la ganancia de relacionarse con La Habana para “desafiar al imperio” es casi nula. Con un Gobierno autocrático y represivo, que no sólo penaliza la actividad de opositores pacíficos sino que destruye las carreras políticas de sus propios funcionarios, las pocas esperanzas de una mejoría en las libertades públicas de la isla se desvanecen.

Una Comisión de la Verdad en EE UU

"La Ley Patriótica, poder sin pesos ni medidas, no nos hace más seguros, sino menos, porque en última instancia uno está seguro si las libertades básicas están garantizadas". P. Leahy

EE UU revisa los abusos de la era Bush
El Senado quiere investigar las cárceles secretas y los interrogatorios de la CIA
YOLANDA MONGE - Washington -

El País, 07/03/2009;
La nueva Administración estadounidense ha aportado a lo largo de la semana nuevas y estremecedoras pruebas sobre los abusos cometidos durante el Gobierno de George W. Bush en nombre de la lucha contra el terrorismo, que han incrementado la presión a favor de la creación de una comisión de la verdad que juzgue la era Bush. Aunque Barack Obama no es partidario de la idea y es muy difícil aún que ésta acabe cuajando, el presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, el demócrata de Vermont Patrick Leahy, ha advertido en su última intervención sobre el asunto que "no se puede pasar página sin haberla leído antes", y que su intención es establecer una comisión independiente que investigue las torturas y cárceles de la CIA y las escuchas ilegales de la Agencia de Seguridad Nacional.
Algunos de los últimos informes resultan tan contundentes que un editorial de The Washington Post bajo el revelador título de "El Departamento de Justicia de Mad Max: El aterrador pensamiento pos 11-S del equipo legal de Bush", los exponía así: imagínense un lugar donde los soldados pueden derribar puertas sin órdenes de registro y donde los ciudadanos pueden ser encerrados indefinidamente sin juicio. Imagínense que el líder de ese lugar tiene el poder de silenciar a los disidentes y a la prensa. Imagínense aún más: que ese hombre puede de forma unilateral romper y obviar cualquier tratado que no le guste y que a ese hombre, además, sus más cercanos consejeros le han dicho que tiene a la ley de su parte para hacer tal cosa. Bien, pues no se trata de un país sin ley del Tercer Mundo, sino de Estados Unidos.
Muchos fueron los excesos que se cometieron en nombre de la seguridad nacional tras los atentados terroristas de Washington y Nueva York de 2001. Cárceles secretas, interrogatorios bajo tortura, Guantánamo, derechos suspendidos. "Demasiado a menudo, la lucha contra el terrorismo ha sido considerada como una batalla contra nuestras libertades civiles", dijo el fiscal general Eric Holder. "No sólo esa escuela de pensamiento es errada, sino que me temo que realmente sea más perjudicial que otra cosa". Las palabras de Holder llegaban poco después de hacer públicos el pasado lunes una serie de memorandos legales creados tras el 11-S y que suspendían derechos constitucionales de los ciudadanos.
La CIA reconoció en un documento legal haber destruido casi un centenar de vídeos de interrogatorios secretos con la aparente intención de borrar pruebas de posibles torturas o actos ilícitos.
La opinión pública pudo conocer también cómo los estrategas del terror manipularon la ley para justificar violaciones de los derechos civiles y dar al presidente las respuestas que quería y la autoridad para dejar de lado derechos constitucionales. Las protecciones de la Cuarta Enmienda constitucional contra órdenes de búsqueda y allanamientos sin orden judicial, por ejemplo, no se aplicaron en EE UU mientras Bush combatía el terrorismo, según estableció el Departamento de Justicia en un informe del 23 de octubre del 2001.
Esta acumulación de pruebas sobre abusos ha avivado un debate que viene existiendo desde que Obama asumió la presidencia y que provocó el miércoles una reunión en el comité de Asuntos Judiciales del Senado sobre la creación de algo con lo que muchos rivales de Bush sueñan: una comisión de la verdad.
La reclaman asociaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) o el Centro para Derechos Constitucionales, que considera que "el Gobierno de Obama debe de llevar a cabo una investigación completa y un juicio si fuera necesario para devolver el sentido al Estado de derecho en EE UU". Y si atendemos a la opinión pública, más de un 60% de la población estaría a favor de tal comisión, según una encuesta.
El principal impulsor de la creación de una comisión de la verdad para juzgar los años de Bush es el propio senador Leahy, quien esta semana, en el debate sobre este asunto celebrado en el comité que preside, sostuvo, frente a quienes le sugerían mirar hacia delante, que la investigación de lo sucedido en los años pasados resulta esencial para recuperar el prestigio de EE UU. "Debemos saber lo que se ha hecho en nuestro nombre para poder restaurar nuestro liderazgo moral", dijo el senador, que cuenta con el apoyo de otra importante figura del Congreso, el presidente del comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, John Conyers.
Todos los republicanos que se han pronunciado sobre esa comisión lo han hecho en contra, advirtiendo del riesgo que eso supondría de enfrentamiento político en un momento en que el país tiene que concentrarse en resolver la crisis económica. Llamó la atención, no obstante, la comparecencia esta semana ante el comité del Senado de Thomas Pickering, antiguo embajador ante la ONU y subsecretario de Estado con Bush padre, quien recalcó la necesidad de saber qué ha ocurrido para "determinar las implicaciones que ha provocado en la política exterior".
En las semanas próximas va a resultar crucial la posición por la que se decante Barack Obama, que hasta ahora se ha mostrado más bien reacio a la idea. Preguntado al respecto en su primera conferencia de prensa como presidente, Obama contestó: "Mi punto de vista es que nadie está por encima de la ley. Si algo se ha hecho mal, esa gente debería ser perseguida como cualquier otro ciudadano. Pero, en general, yo estoy más interesado en mirar hacia el futuro que en mirar hacia el pasado". Es difícil que, sin respaldo de la Casa Blanca, los demócratas en el Congreso vayan adelante con una aventura tan comprometida como una comisión de la verdad.
Las comisiones de la verdad no son, por supuesto, una moneda de uso corriente en Estados Unidos. Núremberg sentó el precedente. América Latina tuvo sus propias experiencias en Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala y El Salvador. Y un liberado Nelson Mandela sacó adelante la comisión de la verdad y la Reconciliación en Suráfrica. En Estados Unidos, el formato más parecido a lo que ahora está reclamando el senador Leahy fue la investigación del Congreso promovida por el senador Frank Church que investigó en 1975 los abusos cometidos por la CIA. La investigación criminal conocida como Irán-Contra o la Comisión del 11-S han sido otros modelos utilizados en este país para arrojar luz sobre lo sucedido.
El reto parece de tanta envergadura que los defensores de la comisión de la verdad temen que acabe triunfando la opción de mejor no hacer nada y dejar las cosas tranquilas como están. "Puede parecer que ya se conoce todo, pero cuando empiezas a investigar descubres muchas cosas que no se sabían", comenta Frederick Schwarz, que participó en la Comisión Church que escrutó a la CIA y que ahora respalda una comisión sobre Bush. Schwarz pone como ejemplo su asombro cuando en 1975 tuvo acceso a documentos secretos que recogían que la agencia había contratado a la mafia para asesinar a Fidel Castro. "Basado en mi experiencia, creo que existen muchas cosas que sucedieron en los últimos ocho años de las que no tenemos ni idea", advierte Schwarz.
Excesos de poder
- Cárceles secretas. La organización de abogados estadounidense Human Rights First destapó en 2004
la red de cárceles secretas situadas en países como Rumania o Polonia, en donde se encerraba a sospechosos de terrorismo capturados en distintos países antes de trasladarlos a Guantánamo.
- Escuchas ilegales. Tras el 11-S, al amparo de la guerra contra el terrorismo, George Bush autorizó escuchas telefónicas a ciudadanos de EE UU que efectuaran llamadas internacionales.
- Permiso para torturar. En enero de 2002 Bush preparó el camino hacia la tortura: los talibanes o miembros de Al Qaeda no estarían protegidos por la Tercera Convención de Ginebra de 1949 sobre prisioneros de guerra. Seis meses después su Gabinete justificaba la tortura en el extranjero.

***

Espionaje

Columna Estrictamente Personal/Raymundo Riva PalacipVíctimas de espionajePublicado en Ejecentral.com, 04/03/2009;
Luis Téllez presentó su renuncia como secretario de Comunicaciones y Transportes porque era insostenible mantenerse en el cargo. Había dejado de ser un activo del presidente Felipe Calderón para convertirse en lastre y su rendimiento, desde hace poco más de dos semanas, era decreciente. Todo, como resultado de ocho grabaciones a su teléfono particular, su celular y el privado de su oficina, con un origen ilegal, que encontraron su salida en los medios de comunicación para convertir un acto de espionaje político en un cobro de facturas.
Pero no hay que equivocarse. La salida de Téllez no tiene que ver con su buena o mala actuación al frente de la SCT, ni porque haya incurrido en un ilícito. Se fue porque quedó anulado mediante un procedimiento ilegal, que es el espionaje, y cuya conclusión sólo puede darse en un país de incipiente madurez democrática, donde acciones ilegales, si son escandalosas e involucran a figuras prominentes, tienen como resultado el juicio sumario contra el afectado, e impunidad para quienes utilizaron un recurso extralegal.