Decisión histórica de la CPI

La Corte Penal Internacional (CPI) ha ordenado este jueves el arresto del presidente sudanés, Omar Hasan al Bachir, por crímenes de guerra y lesa humanidad en la región sudanesa de Darfur, pero desestimó el cargo de genocidio

Desde Jartum, el ministro de Justicia sudanés, Abdel Baset Sedrat, anunció que su país no entregará a al Bachir, poco después de que la portavoz de la CPI, Laurence Blairon, anunciara que la Camara Preliminar número 1 había emitido la orden. "La orden de detención es una decisión política, que ha sido preparada desde antes", afirmó Sedrat en Jartum. Insistió en que su país no tratará con la CPI, ni la va a reconocer porque este tribunal "no tiene competencia ni poderes en Sudán", y aseguró que "Al Bachir continuará sus labores de forma habitual". Además, el embajador de Sudán ante la ONU, Abdalmahmood Abdalhaleem Mohamad, exigió que se desestime la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de su país, Omar al Bachir, por considerarla parte de "un complot" occidental.

El fiscal jefe de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, dijo que el destino del presidente sudanés es "sentarse ante la Justicia". En una rueda de prensa, el fiscal declaró que "los jueces han sido claros: no hay inmunidad para los jefes de Estado [...] y, como Milosevic o Taylor, el destino de Al Bachir es sentarse ante la Justicia".

Moreno Ocampo afirmó que "el Gobierno de Sudán está obligado a ejecutar la orden de arresto o, si no, el Consejo de Seguridad [de la ONU] tiene que asegurarse de que sea ejecutada".

Sin cargo de genocidio

La orden no incluye el cargo de genocidio, porque los jueces consideraron "por mayoría" que los documentos presentados por la fiscalía no tienen suficiente base para probar la "intención específica" de Al Bachir de destruir a una parte de la población, según explicó la portavoz de la CPI.

La orden de arresto, que tiene efecto inmediato a partir de hoy, incluye siete cargos: cinco por crímenes de guerra -entre ellos exterminio, tortura y violación- y dos de lesa humanidad -ataques directos e intencionados contra la población civil y pillaje. El cargo de genocidio necesita que haya "una clara intención para destruir y exterminar a una parte de la población", puntualizó Blairon.

Tras conocerse la noticia, miles de sudaneses se congregaron en Jartum para mostrar su solidaridad con el presidente Omar al Bashir "Alá es grande" y "Con nuestra sangre y nuestra alma te defendemos, Al Bashir" eran algunos de los lemas invocados por los manifestantes.

En unos carteles se leía: "Vergüenza, vergüenza, Ocampo es un burro", en referencia al fiscal general del tribunal, Luis Moreno Ocampo.

El gobierno en Jartum, entre tanto, calificó la orden de captura como "neocolonialismo", según la emisora Al Arabiya. Jussif Ali, portavoz del Ministerio de Exteriores, declaró que, a pesar de la orden de captura, Al Bashir participará en la cumbre árabe que tendrá lugar a fines de marzo en Qatar.

Los rebeldes, en cambio, se manifestaron en un sentido completamente opuesto. El portavoz de uno de los principales grupos de Darfur, el Movimiento para la Justicia e Igualdad (MJI), Ahmad Husein Adham, calificó de "victoria" la orden de arresto y dijo que "éste es un gran día que representa un éxito verdadero para las víctimas de Darfur, que alcanzan los 300,000 muertos y otros cientos de miles de desplazados".

"Es un gran día para la Justicia internacional y una gran victoria para el pueblo sudanés", se congratuló Adham, quien señaló que la resolución de la CPI será cumplida "tarde o temprano".

Especialmente significativa fue la reacción del gobierno francés en el ámbito internacional, quien pidió a las autoridades de Sudán que cooperen "plenamente" con la CPI ya que el país galo apoya a la Justicia penal internacional.

Desde la ONU, su ecretario general, Ban Ki-mun, urgió al Gobierno de Sudán a garantizar la "seguridad de la población", el personal de la ONU y los cooperantes ante posibles reacciones violentas a la orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar al Bachir.

Poco después se ha conocido que el Gobierno sudanés decidió expulsar a diez organizaciones de asistencia extranjeras de su territorio.

Caso inédito

A Bachir es el último de una larga lista de dirigentes inculpados por violación de derechos humanos, aunque su caso es inédito al ser el primer mandatario acusado por la CPI.

De hecho, Bachir es el primer jefe de Estado en ejercicio acusado por una Corte internacional de carácter permanente, además del tercer presidente inculpado por la justicia internacional durante su mandato, tras el yugoslavo Slobodan Milosevic y el liberiano Charles Taylor, que fueron juzgados por tribunales especiales.

El presidente sudanés llegó al poder en 1989. En la provincia sudanesa de Darfur, cinco años de conflicto han causado más de 300.000 muertos y 2,5 millones de desplazados

2,2 millones de sudaneses pueden morir por inanición y enfermedades
Amnistía Internacional advierte de que más de dos millones de personas podrían verse en peligro de morir por inanición en Sudán de concretarse la expulsión de diez ONGs.

En efecto, el Gobierno de Sudán, ha retirado la licencia para operar en el norte del país a Oxfam GB, uno de los afiliados de Oxfam Internacional (Intermón Oxfam en España) y a Médicos Sin Fronteras Holanda junto a otras ONG. En total, una decena de organizaciones internacionales ha tenido que suspender su labor en esta región, que vive una de las mayores crisis humanas del mundo.

Fuente: agencias, El Mundo.

Lucía Morett ¿miente?

Aclara Lucía Morett datos de una nota

En El Correo Ilustrado de La Jornada, 5 de marzo de 2009;

Ayer La Jornada publicó una nota con información de la agencia Afp en la que, refiriéndose a mí, se señala “La mexicana –que según la fiscalía aceptó que tenía contactos con la guerrilla colombiana–”... Quiero aclarar que en el interrogatorio que me realizó el fiscal general de Ecuador, jamás hice tal aseveración.Me preocupa también que de esta experiencia traumática de la que soy víctima y testigo, hoy los medios, más que señalar la injustificable agresión colombiana, destaquen la denuncia que hice ante notario en Ecuador, relativa al interrogatorio extrajudicial y tratos degradantes que me practicaron elementos de la inteligencia militar de ese país, quienes dieron la espalda a su patria y están siendo procesados. Su actuación no opaca la labor humanitaria de los soldados y policías que me atendieron, a ellos y al Hospital Militar de Quito les debo la vida. Reitero mi agradecimiento al pueblo y gobierno ecuatorianos; y a las organizaciones que defendieron mis derechos humanos.

Una Comisión de la Verdad en EE UU

Senadores demócratas norteamericanos -entre ellos el presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy-, pidieron establecer una "Comisión de la Verdad" que investigue el uso de la tortura, escuchas telefónicas ilegales y otros abusos presuntamente cometidos durante la Administración Bush.

Durante una audiencia, Leahy explicó que la tarea de esa comisión sería, principalmente, averiguar los extensos poderes que utilizó el Gobierno del entonces presidente George W. Bush para investigar a presuntos terroristas. El senador de Vermont advirtió de que si los republicanos se resisten a apoyar esa Comisión se estaría perdiendo la oportunidad de llegar al fondo de la verdad sobre las acciones del Gobierno anterior en contra de presuntos terroristas.

Leahy aun no ha presentado un proyecto de ley que precise los parámetros de la "Comisión de la Verdad", pero en el lado de la Cámara de Representantes, el presidente del Comité Judicial, John Conyers, ya lo ha hecho.

El senador demócrata de Wisconsin, Russ Feingold, consideró que un elemento "clave" para el restablecimiento del imperio de la ley es "una rendición de cuentas detallada de lo que aconteció en los últimos ocho años y cómo la anterior Administración rechazó o hizo caso omiso de muchos de los principios sobre los que se fundó esta nación". Feingold enfatizó que la propuesta de Leahy es "importante" para conocer la verdad y no debe usarse "para saldar cuentas".

Sin embargo, el senador Arlen Specter, el republicano de mayor rango del Comité, que en el pasado fue duro crítico del uso de los "poderes extraordinarios" de Bush, insistió hoy en que no hace falta una comisión semejante. Si a los demócratas les interesa la verdad, sólo tienen que tocar a las puertas del Departamento de Justicia y pedir los "archivos relevantes", observó.

Specter precisó que el Departamento de Justicia de EEUU ya está investigando activamente las políticas del Gobierno de Bush y ha comenzado a divulgar documentos secretos. El lunes 2 de marzo el Departamento de Justicia publicó un documento con nueve opiniones legales de asesores del anterior Gobierno, en las que consta que Bush poseía poderes ilimitados en su guerra contra el terrorismo. Ese documento, que incluye opiniones legales emitidas entre 2001 y 2003, revela que el Gobierno de Bush denegó al Congreso "cualquier papel" para regular la detención, los interrogatorios, la presentación de cargos y transferencia de enemigos combatientes capturados en el marco de la lucha global contra el terrorismo.

Fuente: Agencia EFE

Reunión en Cancún

Este jueves 5 de marzo el Secretario de Gobernación Fernando Gomez Mont -con la representación del Presidente Calderón-, inauguró en Cancún Quintana Roo la XXI edición de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia donde exhortó a no dejarse intimidar por el crimen organizado y responderles de la misma manera; sostuvo que los gobernantes no pueden rendirse ante quienes pretenden vulnerar la seguridad: " La seguridad no se puede posponer, ni decretar ni tampoco pactar".
En tanto, el procurador General de la República, Eduardo Médina Mora, reiteró que el compromiso hoy es recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar mejores condiciones de seguridad, para lo cual es indispensable un marco de certeza jurídica. Precisó que 16 congresos locales han aprobado la ley antisecuestro, lo cual ayudará a implementar un nuevo sistema de justicia penal.
Los procuradores de Justicia discutirán hoy y mañana a puerta cerrada los avances en la instrumentación de la estrategia nacional contra el narcomenudeo y el delito de secuestro, reformas al sistema de justicia penal, así como los esquemas para erradicar la corrupción en las corporaciones policiacas y en el Ministerio Público.
Discursos:

Del Secretario de Gobernación.
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Señor Gobernador, Félix González Canto.
Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República.
Señores miembros del presídium.
Señores procuradores:
Permítanme sustituir la lista de presentes por un agradecimiento claro y sencillo a la presencia de todos ustedes aquí.
Estimados colegas:
Es un honor para mí venir en representación del presidente Calderón a inaugurar esta reunión de quienes hoy juegan un papel fundamental en el ejercicio de Gobierno.
De este encuentro deben emanar mejores herramientas, instrumentos más eficaces, sistemas más coordinados de combate al crimen organizado y a la inseguridad en el país.
Hoy más que nunca las instancias encargadas de procurar justicia adquieren un papel protagónico en el acontecer nacional. Su labor es más urgente y sus errores más visibles porque hoy, como nunca, se vuelve necesario que el Estado pueda garantizar el derecho a la seguridad y a la tranquilidad de los ciudadanos.
La seguridad es necesaria para el correcto funcionamiento de las sociedades, para el desarrollo de las aspiraciones personales y sociales. Los gobernantes no podemos rendirnos ante quienes quieran vulnerarla; la seguridad no se puede posponer ni se puede pactar, tampoco se puede decretar.
Por ello se requiere del compromiso pleno de todos los que tenemos responsabilidad en la materia para seguir adelante en la consolidación institucional que hoy es nuestra principal prioridad y nuestra más firme esperanza del futuro.
La procuración de justicia se vuelve hoy una herramienta vital del Estado mexicano. En eventos como éste deben darle dinamismo y efectividad; un diálogo experto y comprometido como el que se ofrece en este foro, sin duda, abonará al debate y a la situación nacional.
Este año la conferencia se concentrará en dos temas que corroen a las familias y debilitan el tejido social: el secuestro y el narcomenudeo; a este último quiero referirme con mayor detenimiento.
El fenómeno del narcotráfico se ha transformado en los últimos años. México ha dejado de ser una ruta de tránsito para convertirse en un mercado de consumo.
Los cambios estructurales en el negocio del narcotráfico han generado incentivos para ampliar y diversificar los mercados. Por un lado, se ha consolidado la complejidad criminal y el narcotráfico ha transitado hacia actividades como el secuestro, la trata de personas, el tráfico de armas en el propio territorio nacional.
Por otro, preocupa la proliferación del narcomenudeo como expansión horizontal de las actividades ilícitas. El narcomenudeo se vuelve una herramienta de infiltración horizontal de la delincuencia en el tejido social. Por eso preocupa y vuelve imperativa la respuesta inmediata. Mientras más eslabones se añaden a la cadena, más costoso es romperla.
Es importante reconocer que la democratización, el pluralismo y el federalismo implican la actualización de las atribuciones de cada uno de los involucrados para enfrentar el cambio estructural en el fenómeno del narcotráfico y para ser eficaces en su combate.
La eficacia se funda en la corresponsabilidad que implica que las autoridades locales acoten y ataquen a los criminales que operan a nivel local y que la Federación atraiga los casos cuando exista una vinculación efectiva con la delincuencia organizada.
Enfrentamos un enemigo del Estado que hace uso de todos los medios a su alcance para intimidar a las autoridades. Debemos contestarle con el mismo tenor.
Todos los actores sociales tenemos que tener muy claro que la violencia que hoy vivimos no es el resultado de la lucha que libramos, sino su causa primera.
Los enemigos del Estado y de la sociedad no pueden contar con nuestro apoyo para que defendamos sus pírricas victorias, ni pueden hacernos creer que en otras circunstancias viviríamos tranquilamente.
Porque ¿qué tranquilidad puede sentirse cuando secuestran a nuestros hijos física o emocionalmente? ¿Qué compromiso podemos tomar de quienes perciben la muerte como la cotidianeidad y la vida como una concesión?
No podemos negar que enfrentamos un reto de dimensiones importantes, pero tampoco podemos negar que tenemos la capacidad, la decisión y el sentido del honor necesarios para superarlo.
La determinación con la que hemos emprendido esta lucha es reconocida como nunca antes por nuestros vecinos y aliados; luchamos internacionalmente contra un fenómeno transnacional.
Por primera vez la corresponsabilidad ha dejado de ser sólo una creación de problemas y se ha trasladado hacia su solución. Hemos ganado esta credibilidad con resultados.
Este foro ahondará en muchos otros temas en los que no hago mención explícita, pero que son fundamentales para darle eficacia y operatividad al combate contra la delincuencia.
En el gobierno federal estamos convencidos que la unidad de todos frente al enemigo común fortalecerá la vida institucional del país. Desde aquí refrendo el compromiso de ganar esta lucha, consciente de que el éxito depende de la calidad, del ahínco y del empeño, dedicándonos a producir mejores instituciones y a rediseñar mejor la lucha, que el espíritu ya está plenamente involucrado.
Siendo prácticamente las 12:00 horas del día 5 de marzo de 2009, declaro inaugurados los trabajos de la vigésimo primera Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
¡Felicidades señores y enhorabuena!
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Palabras del Procurador Eduardo Medina Mora
Buen día a todos ustedes.
Aprecio mucho que esta Conferencia Nacional de Procuración de Justicia esté nuevamente reunida, es una conferencia de pares, una conferencia donde el sentido de la responsabilidad compartida construye, ciertamente, una aproximación común hacia el objetivo fundamental que es el de dar seguridad, certidumbre a los ciudadanos de nuestro país.
Señor licenciado Fernando Gómez Mont Urueta, secretario de Gobernación, muy honrado por su presencia, primero, con la honrosa representación del señor Presidente de la República, a quien por su conducto transmitimos nuestra lealtad y ciertamente nuestro compromiso de luchar junto con él en el objetivo de dar a los ciudadanos el derecho a vivir en paz, en tranquilidad con sus familias en sus comunidades.
Pero también por derecho propio, como coordinador que es usted del Gabinete de Seguridad y secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional y, por consecuencia, quien articula a nivel del gabinete federal la política pública para construir un mejor país en esta materia de seguridad y justicia.
Querido amigo, Félix González Canto, gobernador constitucional del estado de Quintana Roo, muchas gracias por su hospitalidad.
Ingeniero Gregorio Sánchez Martínez, presidente municipal de Benito Juárez, ahora de nuevo con desafíos muy importantes en materia de seguridad, pero que estamos ciertos que como ha sido el caso en el pasado, Cancún está de pie y Cancún ciertamente responderá a la altura de sus ciudadanos y de quienes tenemos el privilegio de visitarla para dar los mínimos de certidumbre que hagan de esta plaza tan bella el sitio tan atractivo que ha sido.
Querido colega Bello Melchor Rodríguez, lo saludo con mucho aprecio.
Monte Alejandro Rubido García, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Al diputado Francisco Amado Betancourt, representante de la gran comisión del Congreso del estado.
A la magistrado Lizbeth Loy Song Escalada, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado.
Al coronel Rafael Isaac Pacheco, en representación de la Zona militar.
Al vicealmirante Carlos Octavio Angulo, comandante de la Quinta Región de la Zona militar.
Sobre todo, a mis queridos amigos y colegas, procuradores generales de justicia de todas las entidades del país.
Señoras y señores.
Agradezco al gobierno del estado de Quintana Roo y al municipio de Benito Juárez su hospitalidad para que esta Vigésima Primera Asamblea Plenaria de nuestra Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se realice precisamente aquí, en Cancún, en esta hermosa ciudad.
Aprovecho la ocasión para pedirle al señor gobernador su compromiso y su voluntad política para combatir con firmeza, apoyado por las fuerzas militares y federales, a los grupos de delincuencia organizada que afectan la paz y la tranquilidad de los quintanarroenses y del turismo nacional y extranjero que visitan su bello estado.
Hoy, autoridades federales, estatales y municipales, libramos en conjunto una batalla frontal contra la inseguridad, contra la delincuencia que intenta imponer su ley y atenta contra la certidumbre de todas nuestras familias. Nuestro compromiso es recuperar la confianza de los ciudadanos, y ello sólo puede darse en un entorno de certidumbre jurídica, de fortalecimiento del Estado de Derecho y defendiendo en todo momento la tarea de garantizar mejores condiciones de seguridad para todos los mexicanos.
Como ha señalado de manera reiterada el señor Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, la suma de voluntades pero sobretodo de capacidades y del trabajo conjunto de todos los niveles de gobierno y Poderes de la Unión, así como el apoyo y el compromiso de la ciudadanía, nos invita a afirmar que el Estado Mexicano va a salir vencedor sin duda alguna de esta lucha y no va a claudicar nunca en su obligación ineludible de perseguir y sancionar siempre con estricto apego a la ley a quienes hayan lastimado a la sociedad.
El apoyo recibido del gobierno del estado y muy particularmente de mi amigo el procurador Bello Melchor Rodríguez, nos permite iniciar esta Vigésimo Primera Reunión de nuestra conferencia en un ambiente de cooperación y cordialidad con el firme propósito de darle continuidad al trabajo y a las acciones que venimos desarrollando en esta conferencia en estos últimos dos años.
Las instancias de procuración de justicia del país han mostrado pasos trascendentales para reactivar los trabajos de nuestra Conferencia y con renovado impulso hemos logrado enfrentar el fenómeno delincuencial a partir de estrategias de cobertura nacional y de despliegue regional.
Igualmente, avanzamos a través de los Comités Técnicos y los grupos de especialistas de la Conferencia en el desarrollo de nuevos esquemas de operación y homologación de procedimientos para diseñar estrategias y protocolos comunes de operación contra el delito.
Es preciso destacar que es la primera reunión plenaria de nuestra Conferencia a partir de la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual responde al mandato constitucional de que las instituciones de procuración de justicia y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno se combinen para conformar dicho sistema y así fortalecer las capacidades del Estado.
Los temas a tratar en nuestra reunión serán de enorme importancia, desde luego para nosotros como responsables de la procuración de justicia, pero encima de todo para los ciudadanos.
Los avances en la estrategia contra el secuestro encabezan la lista, el trabajo en esta materia ha sido de verdad intenso, los gobiernos de los estados están creando, conforme a lo comprometido en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, sus propias unidades especializadas en combate al secuestro y en forma simultánea reciben asesoría de las instancias federales para contar con personal capacitado y tener acceso a la plataforma informática y tecnológica que les proporcione los instrumentos para combatir con eficacia este grave delito.
Esta estrategia se complementará, sin duda, con el trabajo legislativo que nos proporcione una Ley General del delito de secuestro, la cual podrá ser analizada ya por el Congreso de la Unión una vez que se apruebe la reforma al Artículo 73 fracción 21 de nuestra Carta Magna.
A este respecto, el mayor reconocimiento a las legislaturas locales que ya han aprobado esta reforma. Ya a esta fecha, 16 congresos estatales la han aprobado pero sólo nueve han sido notificadas al Senado.
Otro tema a discutir será la estrategia contra el narcomenudeo, que busca fortalecer las acciones conjuntas de las distintas instancias de procuración de justicia, así como disponer de los instrumentos legales necesarios para combatir con mayor eficacia este ilícito.
También analizaremos nuestra labor de autoridades coadyuvantes en la implementación del nuevo sistema de justicia penal para poner en marcha, con mecanismos de vanguardia, un sistema eficaz de procuración e impartición de justicia más cercana al ciudadano, más cercano a las víctimas y más efectivo.
Aunado a lo anterior nos abocaremos a discutir los avances en la lucha para erradicar la corrupción en los cuerpos policiales y en los ministerios públicos, que no es un tema sólo de voluntad política sino fundamentalmente de sistemas, procedimientos, indicadores supervisión, incentivos.
En ese sentido, el Sistema Nacional de Prevención y Control de Confianza establecido en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública va a desempeñar un papel muy relevante para contar con personal altamente calificado y confiable.
Los gobiernos de los estados han iniciado ya los trabajos para contar con su propio centro de control de confianza, con ello, hemos dado un paso para el desarrollo de una estrategia nacional para el combate a la corrupción en el sistema de procuración de justicia.
También trataremos diversos temas vinculados a las reformas legislativas en materia de seguridad pública y de procuración de justicia para seguir alentando en la transformación de nuestras instituciones.
Estos y otros temas no menos relevantes serán materia de estos dos días de intenso trabajo. Las conclusiones a las que llegaremos serán un paso más en el camino al combate frontal a la delincuencia organizada que hemos emprendido como Nación y que nos debe llevar a una circunstancia de certidumbre cotidiana para nuestros compatriotas.
De esta manera seguiremos trabajando juntos como lo hemos hecho trabajando juntos, unidos, sumando esfuerzos para cumplir con la alta encomienda que el Estado Mexicano nos da, garantizar mejores condiciones de seguridad para todos los mexicanos y poner un alto a la criminalidad y a la delincuencia, en suma hacer realidad el concepto de justicia para todos nuestros compatriotas.
Muchas gracias queridos colegas, a la expectativa de dos días de trabajo muy fructíferos que seguramente llevaremos como lo hemos hecho antes a buen puerto.
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Una nota de Abel Barajas de Reforma (5 de marzo) dice que la PGR y los procuradores de Justicia de las 32 entidades planean debatir una iniciativa para desaparecer las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) y reemplazarlas por Agencias de Combate al Narcomenudeo, dependientes del Ministerio Público local. La idea es que las Procuradurías Estatales asuman la responsabilidad de las averiguaciones previas en casos donde los aseguramientos apenas rebasen los 2 kilos de droga, informaron funcionarios que participan en la 21 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Agrega la nota que “algunos procuradores adelantaron que en esta reunión buscarán acordar que todos los integrantes de los Grupos Antisecuestros sean certificados por la autoridad federal, bajo un procedimiento que incluya los exámenes de control de confianza y una verificación de sus trayectorias en el servicio público."
La titular de la SIEDO, Marisela Morales, y el coordinador de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Luis Cárdenas Palomino, expondrán los avances en la estrategia nacional e integral contra el secuestro, delito que se incrementó en los primeros años del sexenio de Felipe Calderón.***