La campaña contra Vidulfo/Raymundo Riva Palacio
El Financiero,
¿Qué hizo Vidulfo Rosales que ha provocado una campaña mediática en su contra? ¿Qué preocupó para tratar de romper su trabajo jurídico de año y medio con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa? ¿Qué llevó a la decisión de que era mayor el beneficio de esta campaña al costo de reforzar la idea en el mundo de que el gobierno está atacando a individuos y organizaciones que luchan por los derechos humanos? Rosales no es el primero del lado de la causa de Ayotzinapa en ser atacado, pero sí es contra quien los instrumentos del Estado han jugado el papel más infame desde que se cometió el crimen de Iguala.
La afirmación de que son los instrumentos de espionaje político del Estado los que están detrás de dos grabaciones que han provocado un cisma en la defensa de los normalistas, tiene varias premisas: ¿Quién, si no el gobierno, es el más interesado y beneficiado del quiebre de la cohesión entre los padres de los normalistas y su equipo jurídico en el epílogo de la investigación sobre el crimen de Iguala? ¿Quién valora con información eliminar al factor cohesionador de los padres quien también ha sido un vocero incómodo? ¿Quién –en función del objetivo descrito–, es el único técnica y humanamente capaz para realizar un espionaje permanente? ¿Quién ha cambiado los fundamentos de la inteligencia por las razones del espionaje político?
Rosales no era un abogado desconocido por los padres de los normalistas. Es asesor de Manuel Olivares, secretario de la Red Guerrerense de Derechos Humanos quien, a la vez, es consejero jurídico de la normal de Ayotzinapa y dirige, junto con Abel Barrera, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan. Los tres fueron hostigados y descalificados con difamaciones en octubre del año pasado, lo que motivó que la Red, de 75 ONG, denunciaran la campaña que, percibían, se originaba en el gobierno.
Rosales también está vinculado a Miguel Álvarez Gándara, director de Servicios y Asesoría para la Paz, que fundó el finado obispo Samuel Ruiz, quien a su vez ha trabajado con Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recientemente demandado por el extremista José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad, que motivó una protesta internacional al verlo como un nuevo ataque del gobierno. La PGR desestimó esa denuncia, que fue interpretada en el mundo como una acción del gobierno.
La red de Rosales es extensa, por lo que los audios que circularon este mes tienen efectos multiplicadores. En el primero habla por teléfono con uno de los padres de los normalistas desaparecidos, dejando la impresión de que se quedaron con 200 mil pesos, que supuestamente les habían dado, que eran para los padres. En el segundo, Rosales habla por teléfono con su esposa y se queja de los padres, a quienes insulta y se refiere con un lenguaje racista. Los dos audios fueron difundidos por el mismo periódico que publicó los primeros chats entre la actriz Kate del Castillo y Joaquín El Chapo Guzmán, en donde se sugiere que tenían una relación amorosa.
Los audios del caso de Guzmán no salieron de la PGR, que no los tenía hasta ese momento dentro de la investigación. Los de Rosales no los tiene tampoco la PGR. Sólo hay dos instituciones en el gobierno que podrían hacer ese tipo de espionaje: el Cisen y el Ejército. Hasta ahora, sin embargo, no se conoce un solo caso donde el Ejército haya utilizado el espionaje con fines políticos. En el caso del Cisen, en este mismo espacio se ha revelado cómo tiene intervenido los teléfonos de Felipe de la Cruz, vocero de los padres de Ayotzinapa. El Cise depende de la Secretaría de Gobernación, que tiene una relación funcional con varios de los medios que encabezan la campaña contra Rosales y Del Castillo.
Las premisas sobre quién se beneficia y a quién se perjudica con las grabaciones no dan mucho margen para encontrar su origen. Quien las entregó sabía que no habría cuestionamiento sobre su contenido, ni buscaría corroborar si lo que se les dio había sido editado. Hoy en día es muy fácil editar una grabación y hacer que la gente diga lo que nunca expresó. Sabían, al proporcionarlas, que ello no sería un tema de discusión; menos aún preguntarse quién graba, quién distribuye y para qué. Por tanto, el objetivo, ante la falta de abordaje crítico a este tipo de materiales, se cumple fácilmente. Si es verdad o no, es irrelevante. El daño está hecho aunque se demuestre que lo difundido nunca existió.
P.D. El presidente del PAN en Tamaulipas, César Verástegui, envió una carta a este espacio donde niega los señalamientos que lo vinculan con el líder regional del Cártel del Golfo. “Es absolutamente falso que yo tenga alguna relación con el personaje al que usted hace referencia. No lo conozco”, indicó. “No encuentro motivo para creer que, como usted afirma en su publicación, alguna autoridad, ya sea del fuero federal o del fuero común, pudiera incluirme en alguna investigación de cualquier índole”. En la columna, “Elecciones con olor a narco”, se apuntó que su nombre es de los más mencionados en el Grupo de Coordinación Tamaulipas, que analiza el estado de la seguridad semanalmente, por su relación con el criminal. En efecto, se reitera, es de los más mencionados en ese grupo donde participan autoridades federales y estatales. Verástegui dice que no es líder de la Sección 103 del Sindicato de Azucareros. En el texto se le identificó como uno de sus líderes.
