El caso de los
generales en los medios impresos del 1 de agosto de 2012
La fuente principal un
Comunicado de la PGR Boletín
275/12, que dice:
“El Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales
Federales en el Estado de México (nunca ponen
el nombre pero se trata de Raúl Valerio Ramírez), con residencia en la
ciudad de Toluca, libró orden de aprehensión contra los probables responsables con
motivo de la consignación ----“(abajo completo).
Tres periódicos le dan las de “Ocho”; otros en cintillos, sólo una opinión la de
Julían Andrade; mañana muchas.
REFORMA: Van a cárcel Generales, Pp
Un juez federal ordenó
la aprehensión del General de División Tomás Ángeles Dauahare y de cinco
militares más por dar protección a los Beltrán Leyva.
Nota de Abel Barajas
*
MILENIO: Generales,
del arraigo al penal, Pp
Los divisionarios están acusados de vínculos con el cártel de
los Beltrán; PGR también ejerció acción penal contra un coronel, "La
Barbie" y "El Indio".
Nota de Ruben Mosso
*
LA JORNADA: Cárcel
formal a los generales Ángeles, Dawe y Escorcia
Incierto, el paradero de otro; un teniente coronel y un
mayor, también recluidos.
Nota de Gustavo
Castillo y Jesús Aranda
*
EXCÉLSIOR: Panistas le
madrugan plazas al PRI
Descubren, al menos, mil convocatorias irregulares del
Servicio Profesional de Carrera.
·
Consignan a generales por narcotráfico
El General de brigada Rubén Pérez Ramírez podrá ser capturado
en las próximas horas.
*
LA CRÓNICA: ..
·
Ordenan aprehensión de cuatro
generales
Por delincuencia organizada, un juez federal libró orden de
aprehensión contra cinco militares —cuatro de estos generales— todos ellos,
excepto uno, bajo arraigo desde mayo pasado por sus posibles nexos con el
Cártel de Los Beltrán Leyva.
*
LA RAZÓN:
Opinión La suerte de
los generales: Julián Andrade
Las notas y opiniones.
Van a cárcel Generales /Nota
de Abel Barajas
Reforma, 1 agosto 2012.- Un juez federal ordenó la
aprehensión del General de División Tomás Ángeles Dauahare y otros 5 militares
a quienes la PGR acusa de haber brindado protección al Cártel de los Beltrán
Leyva.
Raúl Valerio Ramírez, juez tercero de distrito en procesos
penales federales en Toluca, instruyó capturar por delincuencia organizada al
General de División Ricardo Escorcia Vargas y al Brigadier Roberto Dawe
González, así como al teniente coronel Silvio Hernández Soto y al mayor Iván
Reyna Muñoz.
Asimismo, giró la aprehensión contra el General de Brigada
Rubén Pérez Ramírez, pero en este caso por delitos contra la salud en la
modalidad de colaborar y fomentar el narcotráfico.
Todos los militares serán encarcelados –algunos, como Reyna,
ya lo estaban– por un solo delito.
Dentro de la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, el juez
también ordenó la captura por delincuencia organizada de Édgar Valdés, "La
Barbie"; Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio"; Pedro Bermúdez
Suaza, "El Arquitecto", y Denis Gerardo Rodríguez Pacheco, "El
Denis".
Los cuatro narcos ya se
encontraban encarcelados cumpliendo otras condenas.
La PGR trasladó ayer a los militares, que estaban arraigados,
al penal de máxima seguridad del Altiplano para ponerlos a disposición del juez
que ha instruido sus capturas.
Si bien el expediente se encuentra en el Edomex, la autoridad
puede internar a los acusados en otro centro penitenciario.
E
sta es la primera vez
en la historia de México que cuatro Generales son encarcelados simultáneamente
en un expediente de narcotráfico. Aunque Ángeles y Escorcia estaban en situación de retiro,
nunca habían sido consignados dos divisionarios a la vez.
La última ocasión en
que un General de División pisó la cárcel fue en el sexenio de Ernesto Zedillo,
con Francisco Quirós Hermosillo, quien murió en el Campo Militar Número Uno el
19 de noviembre de 2006.
En tanto, el único divisionario que ha pisado un penal de
alta seguridad es Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue detenido en 1997.
Una vez que los militares sean puestos a disposición del
juez, tendrán de 72 a 144 horas para que se defina su situación jurídica.
Si el juez estima que la acusación carece de elementos, serán
puestos en libertad.
Pero, si considera que los indicios de su responsabilidad son
suficientes, les dictará formal prisión, lo que implica que deberán llevar un
juicio privados de la libertad, pues el delito que se les imputa es grave.
*
Generales, del arraigo
al penal
Milenio Diario, 1 de agosto,
Nota de Rubén Mosso
Los divisionarios están acusados de vínculos con el cártel de
los Beltrán; PGR también ejerció acción penal contra un coronel, "La
Barbie" y "El Indio".
Una traición entre
narcos, origen del escándalo militar
México • Un juez federal ordenó la aprehensión del general
Tomás Ángeles Dauahare, acusado por un divisionario y tres testigos
colaboradores (incluido un mayor del Ejército), de proteger presuntamente las
actividades del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en Morelos.
Por esa razón fue
levantado el arraigo al ex subsecretario de la Defensa Nacional y consignado al
penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, junto con los
generales Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas.
Funcionarios de la PGR revelaron que Escorcia Vargas fue acusado de
enviar soldados a Morelos para recoger el dinero que recibía Tomás Ángeles.
En tanto, Dawe González fue enlace del general Rubén Pérez
Ramírez, comandante de la guarnición militar de Cancún, Quintana Roo (a quien
también se encarceló ayer en otro penal federal), al que supuestamente se le
ofrecieron 30 mil dólares para que permitiera el aterrizaje de aviones cargados
con cocaína procedentes de Sudamérica.
La PGR también ejerció
acción penal contra el teniente coronel retirado Silvio Isidro de Jesús
Hernández Soto, a quien se le imputa la venta de información sobre mandos
militares que estaban en puntos clave del país.
A este militar se le acusa también de contactar a elementos
de la Policía Federal y de la entonces AFI para que no interfirieran y
protegieran los arribos de aeronaves en Cancún.
Las pruebas presentadas
por el agente del Ministerio Público adscrito a la SIEDO (averiguación previa
PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010), fueron suficientes para que el juez tercero de
distrito de procesos penales federales con sede en Toluca, Estado de México,
ordenara la captura de los generales.
Contra Ángeles
Dauahare, Escorcia Vargas, Dawe González y Hernández Soto se giró orden de
aprehensión por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la
salud.
En tanto, al general Rubén Pérez Ramírez se le responsabiliza
del delito contra la salud en otra modalidad: colaborar en la ejecución de
delitos de esa naturaleza.
Homicidios
Los militares no fueron las únicas personas contra las que la
PGR cumplimentó órdenes de captura.
Por el delito de homicidio calificado se procedió contra
Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, y Dennys Gerardo Rodríguez Pacheco, El
Denis.
A ambos se les relaciona con el homicidio de Luis Soldana
Ortiz, comandante adscrito a la Dirección General de Servicios Aéreos de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Cancún, quien en noviembre de
2007 fue levantado del estadio del Atlante por supuestamente no dejar aterrizar
una aeronave que se estrelló dos meses antes en Yucatán con más de tres
toneladas de cocaína.
Asimismo se consignó por delincuencia organizada al mayor
Iván Reyna Muñoz, uno de los principales acusadores de Ángeles Dauahare, y al
capo José Gerardo Álvarez Vázquez o Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio,
capturado por el Ejército en abril de 2010.
De igual forma, se giró orden de captura contra el colombiano
Pedro Bermúdez Suaza, El Arquitecto, integrante del cártel Norte del Valle y
extraditado por México a Estados Unidos en junio de 2007
La SIEDO señalo que las diligencias se desahogaron “con pleno
respeto a los derechos procesales y humanos” de los detenidos, quienes por la
noche fueron llevados al penal de máxima seguridad.
Claves Imputaciones
► Tomás Ángeles Dauahare fue acusado
de recibir dinero del narcotráfico. Según la PGR, el general Ricardo Escorcia
Vargas enviaba soldados a Morelos para recoger esos recursos.
► En tanto, Roberto Dawe González fue
enlace del general Rubén Pérez Ramírez, comandante de la guarnición militar de
Cancún, a quien se le ofrecieron 30 mil dólares para permitir el aterrizaje de
aviones cargados de droga.
► Al teniente coronel retirado Silvio
Isidro de Jesús Hernández Soto se le imputa la venta de información sobre
militares que estaban en puntos clave del país.
**
LA JORNADA: Cárcel
formal a los generales Ángeles, Dawe y Escorcia
Incierto, el paradero de otro; un teniente coronel y un
mayor, también recluidos.
Nota de Gustavo
Castillo y Jesús Aranda
La Jornada, Pp, Miércoles
1º de agosto de 2012, p. 5
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (Siedo) consignó ante un juez federal a diez personas
por delitos contra la salud y delincuencia organizada, entre ellos al menos
tres generales, un teniente coronel y un mayor; por presuntos nexos con
operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, destaca el general de
división y ex subsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Tomás Ángeles
Dauahare, quien desde mediados de junio pasado denunció que el Ministerio
Público Federal fabricaba testimonios para inculparlo de delitos que no cometió.
Ayer, la Procuraduría
General de la República (PGR), que encabeza Marisela Morales Ibáñez, difundió
que el juzgado tercero de distrito en materia penal con sede en Toluca, estado de México, libró órdenes de
aprehensión contra los militares que permanecieron más de 70 días bajo arraigo:
el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, el mayor Iván Reyna
Muñoz y los generales Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo
Escorcia Vargas.
Se desconoce si ya fue detenido el general Rubén Pérez
Ramírez, quien hasta mayo de 2011 fue comandante de la 22 Zona Militar con sede
en Toluca, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de esa entidad, y la PGR, a
diferencia de los otros generales, no había dado a conocer información de que
existieran imputaciones en su contra.
Personal de la Policía Federal Ministerial trasladó a los
militares desde el llamado Centro Nacional de Investigación –que se localiza en
la colonia Doctores en la ciudad de México–, a prisiones federales de máxima
seguridad. En el caso de los generales Ángeles, Dawe y Escorcia, fueron
enviados al Altiplano (también conocido como La Palma o Almoloya), en tanto que
de los otros trascendió que fueron enviados a Papantla, en Veracruz, sin que se
conociera la situación jurídica del general Pérez Ramírez.
El caso se inició oficialmente el pasado 15 de mayo, cuando
los generales Ángeles, Dawe y Escorcia fueron trasladados de sus domicilios a
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y luego entregados a la Siedo por
integrantes de la Policía Judicial Federal Militar; dos días más tarde, la PGR
les notificó que un juzgado federal había concedido su arraigo por 40 días, y
el 25 de junio les informó que el plazo se ampliaba a 80 días.
Días después de su detención, tanto los militares como sus
familiares alegaron inocencia y dijeron que se fabricaban testimonios con ayuda
de narcotraficantes que se convirtieron en testigos protegidos; asimismo, se
hizo público que el mayor Iván Reyna Muñoz había declarado ante la PGR que
Ángeles Dauahare tenía nexos con los Beltrán Leyva, pero posteriormente
presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por
presuntos actos de intimidación y tortura de que fue objeto por parte de
personal de la Siedo para acusar al divisionario.
Durante la integración de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010,
la dependencia que encabeza Marisela Morales Ibáñez dio entrada a testimonios
anónimos que no resultaron ciertos, como el de que el general Ángeles Dauahare
favoreciera la venta de cocaína cuando fue director del Colegio Militar; que
sostuvo encuentros en el sur de la ciudad de México con Juan José Esparragoza
Moreno, El Azul, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, y que entabló
negociaciones con miembros de Los Zetas.
En el expediente con el cual se solicitaron las órdenes de
aprehensión contra los militares existen imputaciones de los testigos
protegidos identificados como Jennifer (cuyo nombre es Roberto López Nájera);
Mateo (Sergio Barragán Villarreal, El Grande, operador del cártel Beltrán
Leyva); La Barbie (Édgar Valdez Villarreal), y con declaraciones del mayor
Arturo González Rodríguez, sujeto a proceso penal desde 2008 por reclutar
militares en el Estado Mayor Presidencial para el cártel de los hermanos
Beltrán Leyva.
Sin embargo, la Siedo señaló que “desahogó la diligencias
necesarias para el desarrollo de esta investigación con pleno respeto a los
derechos procesales y humanos que establece el orden jurídico nacional y
conforme a los elementos contenidos en la averiguación previa.
También informó que el juzgado tercero de distrito en materia
de procesos penales federales libró las órdenes de captura contra los militares
y contra narcotraficantes como Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Gerardo
Álvarez Vázquez, El Indio, quienes se desempeñaron como importantes operadores
del cártel de los Beltrán Leyva.
Igualmente, se giró otra orden de aprehensión contra el
colombiano Pedro Bermúdez Suaza, El Arquitecto, relacionado con una red de
traficantes de cocaína de origen sudamericano que operaba en varios aeropuertos
en México, entre los que destacaban las terminales de Cancún y Toluca. Además,
fue el responsable de un vuelo que transportaba 3.7 toneladas de cocaína de
Colombia a México, y que se desplomó en Tixkokob, Yucatán, en octubre de 2008.
Dentro de este proceso penal fue acusado Dennys Gerardo
Rodríguez Pacheco, El Denis o El 19, detenido en 2008 en Cancún por secuestro,
pero ha sido considerado como el principal sospechoso del asesinato del
comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil, José Luis Soladana
Ortiz, ocurrido en 2007, e involucrado en la ejecución del general Mauro
Enrique Tello Quiñónez y dos de sus colaboradores, en febrero de 2009, cuando
el militar se desempeñaba como asesor en materia de seguridad pública en el
municipio de Benito Juárez (Cancún).
“Apoyaron a narcos”
La PGR acusa a cinco militares de “delincuencia organizada
con el propósito de cometer delitos contra la salud”, esto es, que
supuestamente apoyaron las actividades del cártel Beltrán Leyva; en el caso del
general de brigada Rubén Pérez Ramírez, se le imputan “delitos contra la salud
en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la
ejecución de delitos de esa naturaleza”.
En tanto, a Édgar Valdez y Dennys Gerardo Rodríguez Pacheco
se les imputa delincuencia organizada, delitos contra la salud y homicidio
calificado (este último ilícito sin precisar quién fue la víctima); a Gerardo
Álvarez Vázquez, El Indio, y a Pedro Bermúdez Suaza se les menciona como probables
responsables de delitos contra la salud “en la modalidad de introducción de
cocaína al país”. Dos de los testigos protegidos y acusadores de los militares,
El Indio y El Grande, ya fueron extraditados a Estados Unidos.
Al cierre de esta edición, la PGR no había informado si el
general Rubén Pérez Ramírez ya se encuentra detenido.
*
Encarcelan a generales por nexos con el
narco
Las órdenes de captura también incluyen a los operadores de
los Beltrán Leyva: El Indio, La Barbie y El Arquitecto
Nota de Aurora Vega y
Juan Pablo Reyes
Excélsior, 1 de agosto.- La Procuraduría General de la República (PGR)
obtuvo del juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en
Toluca, la orden de aprehensión contra seis militares entre ellos cuatro generales
de división del Estado Mayor, por el delito de delincuencia organizada con el
propósito de cometer delitos contra la salud al presuntamente estar vinculados
con la organización Beltrán Leyva.
En la consignación que entregó la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) se hace mención que los
generales Tomás Ángeles Dauahare; Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe
González y Rubén Pérez Ramírez —general de Brigada, quien podría ser detenido
en las próximas horas—, así como el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús
Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz están relacionados con los
operadores Édgar Valdés Villareal, La Barbie, y Gerardo Álvarez Vázquez, El
Indio, y otros dos narcotraficantes.
En la averiguación previa que el Ministerio Público consignó
al Juzgado Tercero de Distrito en Toluca, las únicas pruebas que existen contra
los militares —arraigados desde el 15 de mayo— son los dichos de tres testigos
protegidos que se encuentran en Estados Unidos; entre ellos, Mateo, quien fue
identificado como Sergio Villareal Barragán, El Grande, lugarteniente del
narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, según revelaron funcionarios del juzgado.
De acuerdo con la PGR, los militares se encuentran
relacionados con la organización Beltrán Leyva y sus operadores, Édgar Valdés
Villarreal, La Barbie; José Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio; José Antonio
Ramírez Suaza, El Arquitecto, y Denny’s Gerardo Rodríguez Pacheco, El Denis,
por lo que en la misma averiguación se les inició un nuevo proceso a los cuatro
narcotraficantes, por delitos contra la salud en la modalidad de introducción
al país de cocaína; obteniendo la PGR órdenes de aprehensión en su contra, las
cuales fueron cumplimentadas en su centros de reclusión.
Funcionarios del juzgado precisaron que la PGR relacionó
diversos hechos de los cuatro narcotraficantes con los militares, no sólo de
protección, sino de fomento, por lo que diversos hechos que fueron cometidos
por La Barbie, El Indio, El Arquitecto y El Denis tendrán que ser probados ante
el juez, quien tendrá que valorar las pruebas y no sólo los señalamientos.
Por el delito de homicidio calificado se señala la presunta
responsabilidad de Édgar Valdés Villarreal y de Denny’s Gerardo Rodríguez
Pacheco.
Durante el arraigo de los generales Tomás Ángeles Dauahare;
Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González, así como del teniente coronel
Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, y el mayor Iván Reyna Muñoz, no se había
mencionado la participación del general de Brigada Rubén Pérez Ramírez, quien
fue comandante de la 22 zona militar en el Estado de México hasta febrero del
2011 y hasta el cierre de la edición continuaba libre, pese a la orden
aprehensión.
Los militares fueron internados en el penal del Altiplano,
en Almoloya de Juárez.
El procedimiento
La PGR precisó que la SIEDO desahogó las diligencias
necesarias para el desarrollo de la investigación y que cuenta con suficientes
elementos y pruebas sobre la culpabilidad de los militares acusados y de su
relación con el crimen organizado.
El Ejército Mexicano se ha deslindado de las investigaciones
que realiza la PGR. En una respuesta de información pública la Secretaría de la
Defensa Nacional precisó que no investiga ni tampoco ha iniciado ninguna
averiguación previa en contra de los generales Escorcia Vargas, Ángeles
Dauahare y Dawe, así como el teniente coronel Hernández, y afirmó que se
mantendrá al margen de indagatoria iniciada por la Procuraduría.
La Sedena precisó que “la participación de la dependencia del
Ejecutivo se limitó exclusivamente a cumplimentar la orden de presentación de
los militares referidos”.
Tras haber sido detenidos en el pasado 15 de mayo por una
indagatoria que realiza la SIEDO por su relación con la organización de los
Beltrán Leyva, el Ejército mexicano indica “las investigaciones del caso son
realizadas por la propia Procuraduría General de la República, la cual cuenta
con la totalidad del expediente, siendo la única responsable de su
integración”.
“Las autoridades harán el ridículo con el caso”
“Una vez más (las autoridades) van a hacer el
ridículo”, consideró Adriana Ángeles Zepeda, hija del general Tomás Ángeles
Dauahare, ante la orden de aprehensión girada en contra del militar ayer.
Leticia Zepeda y Adriana Ángeles,
esposa e hija de quien fuera subsecretario de la Defensa Nacional
—entrevistadas por Excélsior—, afirmaron que buscarán agotar todas las
instancias posibles hasta demostrar la inocencia de Ángeles Dauahare y
conseguir su libertad.
“Se va a demostrar la inocencia de mi esposo, no sabemos
cuánto tiempo se lleve, él es inocente y tenemos pruebas fehacientes. La
impunidad y el abuso de poder deben terminar por el bien del país”, aseveró
Leticia Zepeda.
Tras asegurar que ya veían venir la orden de aprehensión
contra su familiar, comentaron que fue el abogado que lleva el caso, Ricardo
Antonio Sánchez Reyes Retana, quien les comunicó que un juez había resuelto no
beneficiar el general en retiro.
“Sabíamos que era una posibilidad, no sabíamos que el hecho
se fuera a realizar, teníamos la esperanza de que no llegara tan lejos, pero ya
el abogado, desde el principio, nos dijo que era una posibilidad”, lamentó la
hija del militar.
Durante la conversación las familiares del general Tomás
Ángeles aseguraron que no se sienten seguras ante las amenazas recibidas en
días pasados, ya que “esto no se va a acabar aun después de que mi papá saga
libre”.
Reiteraron su confianza en la inocencia de quien fuera
segundo al mando en la Secretaría de la Defensa Nacional, y afirmaron que
lucharan “con todo” e irán “hasta donde sea necesario” para limpiar el nombre
de Ángeles Dauahare.
“Esto no es una lucha personal o familiar, es una lucha de
toda la sociedad, ya que todos los ciudadanos somos rehenes del poder del
Estado. Hay muchos ojos puestos en el caso y no puede ser que haya tantas
personas acusadas y encarceladas injustamente, México no puede seguir viviendo
así”, insistieron Adriana Ángeles y Leticia Zepeda.
La esposa del militar indicó que espera que en los próximos
días se puedan ofrecer más declaraciones, una vez que la defensa del general en
retiro, tenga el expediente completo ya que, sostuvieron, la información y el
expediente “nunca se tuvo completo, siempre a cuentagotas”.
Luego de reconocer que no se han comunicado con los
familiares de los otros militares detenidos, adelantaron que en su momento y
cuando cuenten con los elementos necesarios realizarán un comunicado como
familia para fijar su postura.
*
LA CRÓNICA: ..
·
Ordenan aprehensión de cuatro
generales
Por delincuencia organizada, un juez federal libró orden de
aprehensión contra cinco militares —cuatro de estos generales— todos ellos,
excepto uno, bajo arraigo desde mayo pasado por sus posibles nexos con el
Cártel de Los Beltrán Leyva. Entre los inculpados está el ex subsecretario de
la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles Dauahare.
El juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales
Federal, con residencia en Toluca, fue quien otorgó la orden también contra los
generales Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González, así como el teniente
coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, éste ex escolta de Andrés Manuel
López Obrador, por delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos
contra la salud.
Asimismo, la orden incluye al general de Brigada, Rubén Pérez
Ramírez, por delitos contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier
manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza.
Hasta anoche los militares se hallaban en el Centro de
Investigaciones Federales y se esperaba que serían confinados en un penal
federal de alta seguridad.
En el mandamiento judicial también es contra los
narcotraficantes Edgar Valdés Villarreal, La Barbie, Gerardo Álvarez Vázquez,
El Indio, José Antonio Ramírez Suaza, El Arquitecto, MayorIván Reyna Muñoz y
Denis Gerardo Rodríguez Pacheco, alias El Denis, acusados por los delitos de
delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de introducción al
país de clorhidrato de cocaína.
En un comunicado, la Procuraduría General de la República
(PGR) señaló que "la SIEDO desahogó las diligencias necesarias para el
desarrollo de esta investigación, con pleno respeto a los derechos procesales y
humanos que establece el orden jurídico nacional y conforme a los elementos
contenidos en la indagatoria indicada".
La orden de aprehensión se da a partir de la averiguación
previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010 de donde se desprenden los testimonios que
inculpan a los militares de ser parte de una red de protección al servicio de
la organización de los Beltrán Leyva.
De acuerdo con las investigaciones, uno de los testimonios de
Jennifer, nombre clave del testigo protegido, Roberto López Nájera, colaborador
de Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, fue quien señaló al general de División
Diplomado del Estado Mayor, en retiro, Tomás Ángeles Dauahare.
Otro de los testigos protegidos (detenido en septiembre de
2010 en Puebla por la Marina) a quien se le identificó como Mateo, nombre clave
de Sergio Villarreal Barragán El Grande, uno de los principales operadores del
Cártel de Los Beltrán Leyva, señaló también a los generales Ángeles Dauahare,
Dawe González y Escorcia Vargas, así como al teniente coronel Silvio Isidro de
Jesús haber formado parte de la narco nómina de dicho cártel.
El general Tomas Ángeles Dauahare, enviado a situación de
retiro en 2008 cuando ocupaba el segundo puesto de mayor importancia en la
Secretaría de la Defensa Nacional, estuvo a cargo del Consejo de Guerra
instaurado contra los generales Francisco Humberto Quirós y Mario Arturo Acosta
Chaparro, a quienes se les investigaba por presunta colaboración con el cártel
de Juárez, con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes El Señor de los
Cielos, lo cual no se comprobó.
En tanto que Roberto Dawe González, general de brigada de
Estado Mayor, se le investigaba por presuntos nexos con la delincuencia
organizada durante la administración de Arturo Chávez Chávez al frente de la
Procuraduría General de la República.
*
La suerte de los
generales /Julián Andrade
La Razón, 1 de agosto de 2012
Los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas
y Roberto Dawe, tendrán que enfrentar un juicio por delitos de delincuencia
organizada.
En el filo del vencimiento del plazo de arraigo en su contra,
la Procuraduría General de la República obtuvo las órdenes de aprehensión
respectivas.
Hay que decir que esto
ocurrió luego de que fueran valoradas las pruebas de descargo que proporcionó
el propio general Ángeles y que sólo fueron integradas al expediente por la
orden precisa y apremiante de un juez a las autoridades.
Para el Ministerio
Público es una buena noticia, ya que de no lograr la detención habría
significado fortalecer las teorías que ven en las acusaciones una venganza.
Tampoco sería la primera, y menos la última vez, que algo así
ocurre, y esto se puede entender si tenemos en cuenta la rudeza de los
cuarteles y las ambiciones que despierta el poder que proviene de las armas.
Los tres generales serán acusados junto a dos
narcotraficantes de altos vuelos, Edgar Valdés Villarreal, La Barbie, y Gerardo
Álvarez Vázquez, El indio. Ambos sujetos pertenecieron a la organización de los
hermanos Beltrán Leyva.
Hay un dicho que señala que en México “a nadie se le niega un
vaso de agua o un auto de formal prisión” y eso se puede aplicar muy bien a las
órdenes de captura.
Habrá que esperar a las
valoraciones del juez que decida dictar el auto de formal prisión y con el tiempo al propio proceso
para tener una valoración adecuada del asunto.
Por lo pronto es una noticia triste para las fuerzas armadas,
porque el general Ángeles pertenece, como se ha dicho con insistencia, a la
élite militar mexicana.
El caso, además, es el más importante desde la operación
limpieza, la que culminó con la detención de quien había sido el Zar
antidrogas.
La historia penal mexicana indica que se debe ser cauto en
los juicios, ya que en más de una ocasión los grandes anuncios sólo han sido el
prólogo de fiascos de gran envergadura.
Lo más grave para los grandes casos judiciales, y más en los
que está implicada la política, es que nunca hay final feliz, ya que cualquier
desenlace tiene graves implicaciones.
No se necesita mucha imaginación para prever las
consecuencias que se derivarán de que tres generales del ejército hayan estado
al servicio de los barones del narcotráfico, pero peor aún, sería terrible
amanecer un día con que siempre no, que alguien se equivocó y que los testigos
protegidos no fueron lo confiables que se esperaban.
Los generales no se improvisan, y la pérdida de cada uno de
ellos y en circunstancias en las que está en litigio su honorabilidad,
representa un alto costo en inversión y, más grave, en la moral de los mandos
más jóvenes.
Triste suerte para los generales, pero también para un
aparato de seguridad sometido a las presiones del narcotráfico y a una guerra
de la que no hay final a la vista.
*
El Comunicado de la PGR
Obtiene el AMPF orden de aprehensión en la
AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010
Martes, 31 de Julio de 2012 > Boletín 275/12
El Juez Tercero de
Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México (nunca
ponen el nombre pero se trata de Raúl
Valerio Ramírez), con
residencia en la ciudad de Toluca, libró orden de aprehensión contra los
probables responsables con motivo de la consignación de la averiguación previa
AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010 por los delitos siguientes:
1. Delincuencia
organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, contra: Tomás
Ángeles Dauahare, General de División Diplomado del Estado Mayor (DEM)
retirado; Ricardo Escorcia Vargas, General de División DEM retirado; Roberto
Dawe González, General Brigadier DEM; Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto,
Teniente Coronel retirado, quienes se encontraban sujetos a la medida cautelar
de arraigo prevista en el artículo 16 Constitucional; Mayor Iván Reyna Muñoz;
Edgar Valdés Villarreal, alias "La Barbie"; José Gerardo Álvarez
Vázquez o Gerardo Álvarez Vázquez, alias "El Indio"; Antonio Aguilar
Cuervo o Antonio Aguilar Vélez o Antonio Bermúdez Uribe o Pedro Bermúdez Suaza
o José Antonio Ramirez Suaza, alias "El Arquitecto" y Dennys Gerardo Rodríguez Pacheco o Denis
Gerardo Rodríguez Pacheco, alias "El Denis".
2. Contra la salud en la modalidad de introducción al país de
clorhidrato de cocaína, contra: Edgar Valdés Villarreal, alias "La
Barbie"; José Gerardo Álvarez Vázquez o Gerardo Álvarez Vázquez, alias
"El Indio" y Antonio Aguilar Cuervo o Antonio Aguilar Vélez o Antonio
Bermúdez Uribe o Pedro Bermúdez Suaza o José Antonio Ramirez Suaza, alias
"El Arquitecto".
3. Homicidio
calificado, contra Edgar Valdés Villarreal, alias "La Barbie" y
Dennys Gerardo Rodríguez Pacheco o Denis Gerardo Rodríguez Pacheco, alias
"El Denis".
4. Contra la salud en
la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la
ejecución de delitos de esa naturaleza, contra Rubén Pérez Ramírez, General de
Brigada.
La SIEDO desahogó las
diligencias necesarias para el desarrollo de esta investigación, con pleno
respeto a los derechos procesales y humanos que establece el orden jurídico
nacional y conforme a los elementos contenidos en la indagatoria indicada.
