Turquía, hoy

Turquía: ¿islamismo laico?/Gema Martín Muñoz, es directora general de Casa Árabe y del Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán.
Tomado de EL PAÍS, 19/06/2007;
Como ocurre con frecuencia, la interposición de lo “islámico” tiende a “velar” la comprensión occidental de complejas realidades políticas que sobrepasan la imaginaria representación entre “laicos” (luego “los nuestros”: demócratas y modernos) e islamistas (los “ajenos indeseados”, luego antimodernos y autocráticos). La crisis política que vive Turquía desde hace dos meses es un buen ejemplo.
El laicismo es un concepto cuyo modelo se ha aplicado de formas muy diversas, de manera que las experiencias históricas varían enormemente de un país a otro. El caso turco se encuentra hoy en una encrucijada, porque si bien ha propiciado una evolución secularista y democratizadora en el seno del partido islamista gobernante, también representa a una serie de grupos políticos, militares y sociales que se han anclado en un fundamentalismo laico excluyente que puede bloquear la evolución democrática del país.
El modelo histórico del laicismo kemalista se ha aplicado de una manera tan radical que, de hecho, cuestiona la propia neutralidad confesional del Estado, cuando es el fundamento que lo sustenta. La particular versión del laicismo turco no se construyó como un modelo de neutralidad, sino como un rodillo erradicador de la identidad religiosa islámica, al servicio de la conservación del poder por las elites autoproclamadas “laicas”, luego “antiislámicas”. Los defensores actuales de esta concepción del laicismo van más allá de lo que es un principio para considerarlo “una forma de vida” que el Estado debe imponer a sus ciudadanos (en palabras del ex embajador Faruk Logoglu en el Turkish Daily News del 23 de mayo), exigiéndoles renunciar a todos los demás valores e identidades. Pero, como escribía el director adjunto del mismo periódico, Mustafa Akyol, en el International Herald Tribune (4-5-2007), la verdadera cuestión está en que “el resultado de este pensamiento es una estrategia autoritaria: el poder político debe permanecer en manos de la élite laica. Así, la república laica equivale a la república de los laicos, no a la república de todos los ciudadanos”. Sin embargo, se da la circunstancia de que las elecciones democráticas del 2002 dieron la victoria al PJD (Partido de la Justicia y el Desarrollo) que dirige Tayyip Erdogan.
Tanto la elite laica-kemalista como una buena parte del imaginario occidental, han recreado la visión de que los sectores islámicos turcos son masas retrógradas y que la modernización, e incluso la democracia, han sido prerrogativas del universo laico en Turquía. La Historia y la experiencia política de los últimos años interpelan esta convicción. La primera reforma social y política turca comenzó a desarrollarse mucho antes del Estado laico y fue impulsada por el movimiento islámico liberal a mediados del siglo XIX (en el marco de la Constitución de 1876) y a principios del XX cuando se instauró el Parlamento en 1909. Y antes de que la república laica de Turquía comenzase a democratizarse, el kemalismo representó el sistema de partido único y ha instituido una concepción nacional turca que ha negado y combatido a otras minorías nacionales (véase el caso kurdo). Asimismo, esos supuestos sectores sociales “retrógrados” que han votado al PJD han ido experimentado una gran evolución en las últimas décadas, de manera que valoran los principios democráticos, el libre mercado y la integración en la Unión Europea mucho más que la radical élite laica-kemalista y militar que, hay que decir, ha quedado anclada en un pasado ultranacionalista, antioccidental y radicalmente excluyentes de toda expresión religiosa (incluida la cristiana). El Ejército turco ha hecho suyo ese legado kemalista que incluye una apropiación patrimonial del Estado, sobre el que desea mantener su tutela, ajeno a la evolución que ha experimentado una muy importante parte de la sociedad turca y a los cambios de la política nacional, regional e internacional.
En realidad, el PJD y los ciudadanos turcos que le apoyan y votan son los más europeístas y entusiastas de la entrada en la UE; el Gobierno del PJD se ha dedicado a liberalizar el país en términos políticos y económicos (lo que les ha valido que sectores liberales no-islamistas hayan dejado de considerarlos el “enemigo interior”); y, aunque algunos lo llaman “islamización”, lo que han hecho ha sido garantizar el derecho individual de las prácticas religiosas (no sólo musulmanas sino también cristianas), lo cual, no lo olvidemos, forma parte del Estado laico y democrático.
Lo que ha hecho el PJD ha sido desposeer democráticamente a través de las urnas a esa élite laica que se proclama heredera del kemalismo y que se considera la propietaria natural del Estado y el Gobierno, situándola en una situación antidemocrática y ensoñadora de la intervención del Ejército, lo que muestra que vive ajena a los cambios sociales y políticos. Con ello están poniendo en riesgo la democracia turca e ignorando la importancia de la evolución de un islamismo que, inmerso en un Estado laico, está haciendo el más importante aggiornamiento del período contemporáneo. Nada de lo que ha hecho el PJD, desde presentar un candidato a la Presidencia de la República a proponer una reforma constitucional (elegir al presidente por sufragio universal y acortar las legislaturas a cuatro años) ha sido antidemocrático (cuando, sin embargo, el procedimiento para derrocar la candidatura de Gül en el Parlamento permite al menos ciertas lecturas). Pero es más, nada debería hacer pensar en una estratagema oculta si se tiene en cuenta que el PJD ganó las elecciones con un 34,3% de los votos, con lo que bastaría que la oposición, si es capaz, se pusiera de acuerdo en presentar un candidato único para poder ganar con muchas posibilidades la presidencia de la República.
Es de gran importancia resaltar la evolución que el PJD ha ido experimentado desde hace años y conocer su propia autodefinición como partido. Ya en 2002 Erdogan, en un encuentro con periodistas en París, declaraba “nosotros somos realmente laicos” y nuestro objetivo “es la separación entre religión y Estado, sin embargo, el régimen turco ha estado controlando la religión. (…) Queremos ser europeos en todo el sentido de la palabra. En Alemania, el Gobierno no impone a las iglesias lo que deben decir los domingos. En Gran Bretaña, las jóvenes pueden vestir como quieran, incluso con el pañuelo en la cabeza. Pero en Turquía, hablar del islam libremente te puede llevar a la cárcel” (recogido por Al-Sharq al-Awsat, 12-12-2002). Y no ha dejado de repetir que su Gobierno no es el de “un partido religioso sino como el de un partido europeo conservador, (…) nosotros también somos laicos” (Al-Sharq al-Awsat, 3-5-2007).
Por tanto, la estabilidad y la continuidad de la Turquía democrática son de capital importancia por dos diferentes razones. La democracia turca está siendo el factor sustancial para impulsar la reforma islamista más liberal, modernizadora e incluso laica, que tanto necesita el mundo musulmán. Y ese islamismo que está interiorizando la modernización a través del laicismo es tan necesario como la democracia porque está siendo observado con gran interés por otros islamismos, como el PJD marroquí o los Hermanos Musulmanes egipcios y jordanos. Si tanto nos interesa como europeos y laicos “la modernización del islam”, no podemos sino felicitarnos de esta experiencia turca. No contribuyamos a demolerla.

Sobre la eutanasia

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados de México, existen cuando menos cuatro iniciativas, dos de ellas a nivel federal, que abordan el tema de la eutanasia desde diversas perspectivas.
En un informe, del Cesop, se señala que existen diversas iniciativas para abordar las situaciones en que los pacientes no pueden decidir, por su condición y las características de su enfermedad, si aceptan o rechazan los tratamientos y procedimientos médicos.
De estas iniciativas destaca la presentada por el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, para establecer la figura de “Tutela Especial de Atención Médica” en el Código Civil Federal, a fin de que las personas, cuando todavía estén en uso de sus facultades físicas y mentales, establezcan quién decidirá qué hacer o qué no hacer en caso de presentarse una situación de esa naturaleza.
Plantea que, ante notario público, se designe a una persona que tome las decisiones necesarias cuando el otorgante se vea incapacitado para comunicar por sí mismo sus decisiones al médico y deslindar al tutor de la responsabilidad jurídica derivada de sus determinaciones.
Otra iniciativa, presentada en la Asamblea Legislativa del DF., propone reformar el Código Penal, la Ley General de Salud y el Código Civil, todos del Distrito Federal, para eliminar la pena ante la privación de la vida por razones humanitarias; formar grupos de bioética que supervisen los casos relevantes e instituir el testamento en vida.
También en la ALDF se conocerá esta semana una iniciativa que sugiere la creación de la Ley de Voluntad Anticipada para el DF que revisa el procedimiento por el cual un paciente terminal o sus parientes pueden solicitar la suspensión de un tratamiento curativo y se inicie uno paliativo que disminuya el dolor, aun con la consecuencia de la muerte.
En el Senado de la República también se ha abordado el tema con la propuesta de crear la Ley General de Suspensión de Tratamiento Curativo, la cual revisa el procedimiento con el que se puede solicitar la suspensión del tratamiento curativo para sustituirlo por tratamientos paliativos; además, protegería al médico que acepte tal voluntad y siga los procedimientos descritos.
En algunas de ellas se revisa y considera la concepción de eutanasia activa; otras proponen no castigar esa acción si se realiza bajo criterios de estricta observancia. También plantean la figura del testamento en vida, donde el paciente haya manifestado sus últimos deseos en torno a los tratamientos médicos, además del establecimiento de grupos de bioética en los hospitales para supervisar, atestiguar y aprobar los tratamientos, o la ausencia de éstos, a los pacientes terminales.
En un estudio del Cesop se consigna un cuadro comparativo de la legislación internacional sobre la eutanasia, según el cual sólo en el estado de Oregon, de EE UU, se permite el suministro de dosis letales de medicamentos a enfermos terminales que deseen la eutanasia.
En Holanda no se penaliza del todo, pues, bajo estrictas condiciones de cuidado, hay excepciones que ofrecen al médico la posibilidad de ayudar a un paciente terminal. En Holanda anualmente, alrededor de dos mil personas reciben ayuda médica para morir: en 2003 se notificaron mil 815 casos; en 2004, mil 886 y en 2005, mil 993; en la mayoría se trató de enfermos de cáncer y tres de Alzheimer.
En Bélgica se despenalizó el procedimiento para adultos en ciertos casos y el número de eutanasias practicadas en esta nación fue de 31 por mes entre 2004 y 2005 y aumentó a 37 por mes a principios de 2006; 49 por ciento de los casos eran personas de entre 60 y 79 años de edad y las patologías iban desde cáncer hasta enfermedades neuro-psiquiátricas. Su legislación también permite el suicidio asistido en pacientes que aún no están en fase terminal.
Desde 2005, en Francia se reconoce el derecho del paciente terminal a rechazar un tratamiento considerado inútil, pero no legaliza la eutanasia.
En Suiza no se penaliza la asistencia al suicidio, que consiste en ofrecer la ayuda exterior necesaria para facilitar la muerte de quien claramente quiere acabar con su vida.
En tanto, en la legislación de Alemania permite acatar la voluntad de un paciente cuando su sufrimiento es causado por un mal irreversible y mortal, pero no aplica a pacientes en coma. Las posiciones sobre este tema en la nación teutona van desde las que respaldan el derecho de los pacientes a decidir cómo morir, hasta las que lo rechazan por los recuerdos de la era del nazismo y posturas religiosas, aunque el 74 por ciento de la población apoya su legitimación.
En Australia, sólo durante un año se permitió la eutanasia.
En Dinamarca, si la muerte es consentida y operan móviles de piedad, se plica el perdón judicial.
En Brasil se permite desconectar los aparatos que mantienen vivos a los pacientes sin posibilidad de cura y en fase terminal y en Colombia sí se permite la eutanasia pasiva, mientras que en México y Chile esa práctica está prohibida.
Fuente: Cámara de Diputados