Hacia una nueva regulación de Juicio de Amparo

Durante la inauguración del Coloquio de análisis y debate sobre las propuestas para una nueva regulación del Juicio de Amparo, el senador Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Mesa Directiva, indicó que es necesario aduecuar esta herramienta jurídica a los tiempos que vive México.
Sin embargo, reconoció que aún hay camino por transitar: “estoy convencido que las instituciones de nuestro país no pueden permanecer estáticas, la obligación de nosotros como legisladores es y será la de velar por la protección del equilibrio de poder entre el Gobierno y los gobernados”
Durante la inauguración del “Coloquio de análisis y debate sobre las propuestas para una nueva regulación del Juicio de Amparo”, el senador Madero Muñoz también indicó que el Juicio de Amparo es posiblemente el recurso jurídico más ampliamente socorrido, por su impacto en las relaciones entre el Gobierno y los gobernados.
Enfatizó que es necesario avanzar en una reforma integral al Juicio de Amparo, fortaleciendo y perfeccionando la estructura del Poder Judicial de la Federación y consolidar así su órgano superior: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por su parte, la senadora Minerva Hernández Ramos, secretaria de la Comisión de Hacienda del Senado, señaló que la realización de este Coloquio tiene la finalidad de identificar, analizar y debatir las propuestas y soluciones legislativas eficaces para fortalecer el medio de defensa constitucional por excelencia: el Juicio de amparo, medio de control en la defensa y salvaguarda de las garantías constitucionales.

La senadora Hernández Ramos, organizadora del Coloquio dijo que la promoción masiva de amparos en materia fiscal ha ocasionado problemas como la tramitación individual de un gran número de juicios en los que la cuestión controvertida es sustancialmente la misma; dificultades en el procesamiento de múltiples procedimientos con un solo resultado final o definitivo; afectación del principio de exhaustividad y congruencia respecto del análisis de los argumentos planteados por los amparistas, dada su diversidad y número, entre otros.
Todo esto, puntualizó, enfatiza la importancia de que de manera conjunta se busquen las mejores soluciones para fortalecer el Juicio de Amparo como medio de defensa constitucional, para garantizar a los ciudadanos una justicia fiscal pronta y muy accesible.
Durante su participación, el senador Carlos Navarrete Ruiz, consideró que con este evento la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, contará con mayores elementos para iniciar las actividades en la LXI Legislatura, en septiembre.
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, señaló que el país atraviesa por una grave situación en las finanzas públicas, en el empleo, en el crecimiento económico y la viabilidad para mejorar los niveles de vida en el país, y aunado a esto, una disminución drástica de la inversión privada nacional y extranjera, comparada con las medidas contra cíclicas para incrementar el gasto público tal como el Congreso le pidió al Gobierno Federal desde enero y febrero cuando se realizó el Foro “México ante la Crisis, qué hacer para crecer”.
Hoy apremia una situación social grave, el desempleo golpea a miles de familias mexicanas, que se ha convertido en una presión extraordinaria que debe motivar al Congreso cuando se reciban las políticas en materia económica para 2010.
Destacó que se deben sumar fuerzas, “hacer un esfuerzo extraordinario para que las propuestas converjan, coincidan, se acerquen y logremos los acuerdos necesarios en todos los ámbitos de la sociedad mexicana”, esto para que lo que resta de 2009 y para 2010, sea menos dramático al ver las cifras económicas del país.
En su oportunidad, el Magistrado Osmar Cruz Quiroz, destacó que es importante que el Senado de la República sea receptor de opiniones y reflexiones sobre las materias diversas que comprende el trabajo legislativo.
Además indicó que el Juicio de Amparo tutela las garantías individuales de los titulados, por lo que es de especial relevancia este Coloquio y más aún que participen diferentes sectores de la sociedad mexicana, con ello, dijo, se generarán las mejores conclusiones que serán sometidas a discusión y que servirán como premisa para la mejor conducción para las reformas fundamentales.
El senador Tomás Torres Mercado, secretario de la Comisión de Justicia del Senado, explicó en términos cuantitativos, que en materia laboral puede haber cerca del billón de pesos, lo que significaría el Presupuesto otorgado en 2001 en gasto para México.
Torres Mercado, indicó que el Poder Judicial de la Federación ha propuesto replantear las instituciones procesales fundamentales del amparo, sin embargo, dijo, en eso no se ha avanzado.

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Palabras del senador Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Mesa Directiva del Senado,

Hablar del amparo en nuestro país es reconocer el medio más importante que poseemos los mexicanos para hacer prevalecer el Estado de Derecho.
Se encuentra como el recurso jurídico posiblemente más ampliamente socorrido, el Juicio de Amparo es una de las instituciones que más impacto tienen en las relaciones del Gobierno y de los gobernados.
La justicia constitucional tiene la tarea de vigilar que las leyes, las acciones persecutorias y las sentencias se apeguen invariablemente a los principios consagrados de nuestra Constitución.
El desafío de todos los tiempos ha sido impulsar la adecuada evolución de las instituciones y de los instrumentos que garantizan el orden social ante una realidad dinámica.
Los retos son cada vez más complejos, es por ello que para realizar cada reforma y cada cambio a tan noble institución, debemos realizar un cuidadoso trabajo ordenado, profundo.
Por ello, los legisladores tenemos el enorme reto de trabajar para adecuar este instrumento tan importante a la cambiante situación que vive nuestro país sin desvirtuar su naturaleza.
Tenemos la obligación y el deber de legislar con sensibilidad, con inteligencia, con responsabilidad, para que este instrumento sea acorde con las necesidades y los enormes retos que el país hoy enfrenta.
Hoy en día al Congreso de la Unión corresponde realizar la reforma que fortalezca nuestro Estado de Derecho, debemos destinar el tiempo y los recursos materiales y humanos para velar por la protección a nuestro máximo ordenamiento.
Necesitamos avanzar en una reforma integral al Juicio de Amparo, fortalecer y perfeccionar la estructura del Poder Judicial de la Federación y consolidar a su órgano superior: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Falta mucho por avanzar y quedan aún reformas estructurales fundamentales por realizar.
Es importante señalar que nuestra Ley de Amparo data de 1936, razón por la cual ha sufrido un sin fin de modificaciones que han alterado su texto inicial, y por ello debemos trabajar en la construcción de un nuevo ordenamiento que se adapte a la actual situación y realidad jurídica de nuestro país.
En la LX Legislatura hemos trabajado y nos hemos esforzado por hacer de México un país de leyes justas, donde nadie se encuentre por encima de las normas, donde no encuentren espacio la violencia, la inseguridad, ni la incertidumbre jurídica.
A lo largo de esta LX Legislatura hemos visto la transformación de distintos ordenamientos, son innumerables las reformas en las que trabajamos para garantizar el respeto a los derechos fundamentales, aún hay camino por transitar, por ello hoy más que nunca estoy convencido que las instituciones de nuestro país no pueden permanecer estáticas, la obligación de nosotros como legisladores es y será la de velar por la protección del equilibrio de poder entre el Gobierno y los gobernados.
Debemos trabajar para cumplir con las justas demandas que hoy nos hace la sociedad, pero también debemos procurar adecuarnos al momento histórico que estamos viviendo.
El senador Carlos Navarrete nos hablaba del difícil momento que hoy estamos viviendo, de la gran coincidencia que esto ha generado entre todos los mexicanos, y aquí se abre una ventana de oportunidad: construir a partir de esta coincidencia.
Tal vez todos reconozcamos la gravedad de la situación y en ese tema coincidimos, tal vez pueda haber diferencias sobre la interpretación de las causas, los orígenes y más aún, las formas de su solución.
Yo creo que más que la conjura de los astros, creo que la situación actual que padecemos es la consecuencia de nuestros propios actos. Es la consecuencia de nuestras acciones y tal vez más importante, es la consecuencia de nuestras omisiones.
A todo el mundo le pegó la crisis, pero habrá algunos países que podrán salir más rápido que otros y esto estará en función de las decisiones que hayan tomado de manera colectiva en su pasado mediato e inmediato.
Yo por eso quiero solamente terminar felicitando a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, a la senadora Minerva Hernández, por su activa, dinámica participación e inquietud en estos temas obviamente.
También al grupo destacado de Análisis Tributario Legislativo, mejor conocido como Atril, a la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara, al licenciado Juan Carlos Izaza, a todos ustedes, porque estamos hoy reunidos para construir una reflexión conjunta, colectiva, colegiada, sobre un tema de la mayor trascendencia.
El Senado de la República está abierto a estas reflexiones que tomaremos muy en cuenta para poder legislar con la mayor atingencia.
Es por ello que el día de hoy celebro la inauguración de este Coloquio de análisis y debate sobre las propuestas para una nueva regulación del Juicio de Amparo.
Mucho se ha avanzado en la modernización de nuestro Derecho de Amparo, pero es preciso continuar trabajando en su evolución para lograr que nuestra máxima institución siga tutelando los derechos fundamentales de la persona humana.
Felicidades a todos. Muchas Gracias.
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Discurso de senador Carlos Navarrete Ruiz, presidente del Instituto Belisario Domínguez, en el marco de la inauguración del Coloquio de Análisis y Debate sobre las Propuestas para una Nueva Regulación del Juicio de Amparo.
Distinguidos invitados a este Coloquio de Análisis y Debate sobre las Propuestas para una Nueva Regulación del Juicio de Amparo.
Estimados invitados, señores legisladores, señoras legisladoras, muy buenos días, bienvenidos al Senado de la República, a este importante coloquio, que seguramente por la calidad de sus participantes, por la importancia del tema, por la necesidad de entrar a un debate exhaustivo sobre un conjunto de preguntas que están planteadas en las propias mesas de trabajo, estoy seguro que va a ser un éxito y va a ayudar a que la Comisión de Hacienda del Senado de la República pueda tener mayores elementos para iniciar sus actividades en la LXI Legislatura, que comienzan el primero de septiembre.
Se lleva a cabo este coloquio como parte de una intensa actividad en el Senado de la República en el periodo de receso, en medio de una preocupación general en el país por la situación económica.
Hoy hay una coincidencia y una unanimidad extraña en nuestro país, hoy la izquierda y la derecha, las fuerzas políticas más disímbolas, hoy los empresarios y los sindicalistas, hoy el sector público y el sector privado, hoy el gobierno y las Cámaras tenemos una coincidencia de que nuestro país atraviesa por una situación particularmente difícil, que en el PRD hemos dicho que se acerca, incluso, a una situación de emergencia económica.
Hay una situación grave en las finanzas públicas, pero no solamente eso, hay una situación grave en el terreno del empleo, en el terreno del crecimiento económico, en el terreno de la viabilidad de nuestro país para mejorar sus niveles de vida, hay una disminución drástica de la inversión privada nacional y extranjera, comparada, por cierto, con un esfuerzo que el gobierno de la República ha hecho desde enero a la fecha con las medidas contracíclicas para incrementar el gasto público tal como el Congreso se lo pidió desde enero y febrero cuando las Cámaras del Congreso realizaron el Foro México ante la crisis ¿Qué hacer para crecer?
Sí, vivimos momentos difíciles, los vive el gobierno por una disminución drástica de sus ingresos, producto de la situación económica, producto de la caída de la producción petrolera, producto de la disminución del precio del petróleo.
Pero hay que decirlo también y con toda claridad para que no se nos olvide a los legisladores que estamos aquí en Xicoténcatl y también en San Lázaro trabajando: hoy apremia una situación social grave, el desempleo golpea brutalmente a miles y miles de familias mexicanas y todos en alguna parte de nuestra vida hemos sabido lo que es estar en el desempleo, aunque sea temporal.
Todos sabemos lo que implica para una familia tener un ingreso, modesto, medio o alto, y de pronto dejar de tenerlo, así sea temporalmente, y el desempleo hoy se ha convertido en una presión extraordinaria que debe motivar la acción de las Cámaras del Congreso cuando el secretario de Hacienda el 8 de septiembre presente las políticas que el gobierno le propone al Congreso en materia económica para 2010.
Hoy ante la situación que pasa el país y que todo mundo compartimos, llegó el momento de buscar las salidas mediante un intenso diálogo y debate entre nosotros, no para intentar poner criterios propios, al contrario, no para poner de rodillas al gobierno, no para arrinconar a las Cámaras y a sus integrantes, no para recriminarle al sector privado, no, se trata de buscar salidas para el país, aunque esto parezca una frase hueca.
Hoy como nunca requerimos mirar hacia los mexicanos, mirar hacia el sector productivo, observar qué pasa con las empresas, observar qué pasa con el desempleo, ver qué vamos a hacer en 2010 para que cada peso que el gobierno federal gaste lo haga bien y adecuadamente y para que vayamos a tratar de recuperar lo que hemos perdido en materia económica en el 2010.
Por eso, estimados invitados, con mi congratulación por su presencia en el Senado de la República en este importante coloquio, quiero hacer una invitación colectiva, pública, para que quienes están en el gobierno, quienes están el Poder Ejecutivo, en el Judicial, en el Congreso, quienes están en responsabilidades públicas muy diversas, pero también quienes están en el sector privado, quienes están acompañando a las empresas en su esfuerzo por sobrevivir día a día, semana a semana, quienes estamos en las Cámaras hagamos nuestro mayor esfuerzo.
Si coincidimos en el diagnóstico, y creo que coincidimos, más allá de las interpretaciones que cada quien tenga de las causas que han motivado el que estemos en esta situación, creo que ha llegado el momento de sumar fuerzas, de hacer un esfuerzo extraordinario porque las propuestas converjan, coincidan, se acerquen y logremos los acuerdos necesarios en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, para que finales de 2009 y el 2010 sean menos dramáticos de lo que pueden aparecer cuando uno ve las cifras económicas del país.
Les doy un afectuoso saludo a nombre de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, felicito a mi compañera Minerva Hernández por la organización de este importante coloquio y les deseo el mayor de los éxitos en los trabajos de estas jornadas.
Muchas gracias, buenos días.

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Discurso de la senadora Minerva Hernández Ramos,

Muy buenos días, es muy grato también para mí como secretaria de la Comisión de Hacienda del Senado de la República dar la bienvenida a todos ustedes a este primer coloquio de los dos que llevaremos a cabo en esta ciudad de México, en este mismo espacio.
Agradezco a mis compañeros senadores que hoy nos acompañan, a los funcionarios judiciales, a los representantes de las autoridades fiscales, a los abogados fiscalistas, a los académicos que con su presencia enriquecen siempre estos eventos que hemos venido realizando.
Agradezco también a todos los presentes, a la concurrencia de especialistas, expertos y estudiosos de la materia fiscal que dan relevancia a este evento.
El tema que hoy nos reúne es de gran trascendencia para la sociedad, ya que se refiere a las diversas propuestas para una nueva regulación de juicio de amparo. Este especio de encuentro busca identificar, analizar y debatir las propuestas y soluciones legislativas que resulten más eficaces para fortalecer el medio de defensa constitucional por excelencia, que ha sido el juicio de amparo, el cual constituye un medio de control individual o concreto en la defensa y salvaguarda en la defensa de las garantías constitucionales.
Es innegable que en México los principios materiales de justicia tributaria, los que se contienen principalmente en las garantías consagradas en el artículo 31, fracción IV de la Constitución, de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino han sido fortalecidos y desarrollados por la exégesis constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha evolucionado desde admitir la procedencia y el pleno reconocimiento del juicio de amparo en contra de las leyes fiscales como un medio de control individual de las garantías correlativas, hasta la elaboración de toda una doctrina informada por principios y criterios que rigen o dan contenido a dichas garantías.
Así, a diferencia de otros países, nuestra Constitución federal reconoce como derechos fundamentales la capacidad contributiva, la igualdad tributaria, la reserva de ley, el destino del gasto público y, por tanto, el ciudadano, gracias a la interpretación jurisprudencial tiene hoy acceso a la justicia constitucional mediante este multicitado juicio de amparo.
Un número cada vez mayor de contribuyentes ha visto en este medio de defensa el remedio para tener una tributación más justa y más equitativa, sin embargo, la promoción masiva de amparos en materia fiscal ha ocasionado algunos problemas como los que voy a enunciar:
Tramitación individual de un buen número de juicios en los que la cuestión controvertida es sustancialmente la misma; dificultades crecientes en el procesamiento de múltiples procedimientos con un solo resultado final o definitivo; afectación del principio de exhaustividad y congruencia respecto del análisis de todos los argumentos planteados por los amparistas dada su diversidad y su cantidad.
Duración excesiva del procedimiento para que al final sea uno solo el órgano que resuelva en definitiva y es prácticamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación; inequidad tributaria por falta de generalidad de las sentencias de amparo y, desde luego, los riesgos inherentes de tipo presupuestario, entre otros.
Esto, pone de relieve la importancia que de manera conjunta busquemos las mejores soluciones para fortalecer el juicio de amparo como un medio de defensa constitucional.
Por tanto, debemos esforzarnos para garantizar a los ciudadanos una justicia fiscal pronta y muy, muy accesible.
odos debemos, por tanto, empeñarnos en este esfuerzo, ya que será en beneficio de todo el país y de todas las generaciones venideras.
Muchas gracias y enhorabuena a todos los aquí presentes.

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Evaluar la seguridad

Evaluar la seguridad pública/Eenesto López Portilo
El Universal, 18 de agosto de 2009;

Buenas noticias, el Observatorio Ciudadano concebido hace un año en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, cuenta ya con el Sistema de Índices e Indicadores en Seguridad Pública. Hay grandes expectativas porque este Sistema también animará la instalación de observatorios estatales y municipales, ya sea independientes, oficiales o mixtos, todos los cuales formalizarán mecanismos de presión y escrutinio para que las autoridades sean eficientes, eficaces y legítimas en el combate a la delincuencia, la violencia y la inseguridad.
El Sistema fue concebido en una mesa técnica de expertos de la más alta especialización, integrada por representantes de la academia y de la sociedad civil organizada. El ejercicio fue posible gracias a la dotación de recursos proveniente de liderazgos del sector empresarial. El hecho implica lo que llamo la profesionalización de la sociedad civil, es decir, la apropiación, por parte de actores independientes, de conocimiento e instrumentos que les permiten acercarse a las autoridades en un lenguaje técnico y altamente propositivo. Véase la relevancia de la fórmula: estamos pasando del autoencierro creciente y las marchas esporádicas, hacia la vigilancia organizada, técnica y permanente sobre los resultados.
El sistema que hemos diseñado se inspira en las mejores prácticas del mundo en materia de medición del delito y la violencia y de los resultados en su combate. No por ello se trata de instrumentos cuya implementación sea imposible por su costo o complejidad. De hecho, algunos de los índices e indicadores que hemos integrado ya están en aplicación creciente en México, mientras otros los hemos apenas creado y el resultado es una plataforma amplia y coherente que, por fin, cada seis meses y cada año responderá si estamos o no avanzando.
El sistema se compone de índices e indicadores que explican lo que está sucediendo en materia de delincuencia y violencia, lo que sentimos respecto a ello, lo que nos cuesta la inseguridad misma y su combate, y lo que obtenemos como resultados del desempeño institucional. No puedo explicar aquí todos los índices e indicadores, pero los enlisto en estos grupos. Para saber qué está sucediendo el observatorio medirá incidencia delictiva (los delitos), prevalencia delictiva (las víctimas), la cifra negra (lo que no se denuncia) y el secuestro. Para saber qué percibimos, mediremos el miedo al delito, la percepción de inseguridad y el temor a ser víctima. En cuanto al gasto, se medirá el gasto público, el costo del delito, el costo de la inseguridad y la efectividad del gasto en seguridad. Y la más larga lista de índices e indicadores aplica a la medición de la eficacia y eficiencia institucional: impunidad total y delitos graves; índice de desempeño de las procuradurías; índice de satisfacción de víctimas con el Ministerio Público; tasa de recomendaciones de las comisiones de derechos humanos a cuerpos policiales; atención a llamadas de emergencia; índice de satisfacción ciudadana con la policía; índice de satisfacción de víctimas con la policía; radiografía del sistema penitenciario e índice de victimización en reclusorios y penitenciarías.
Algunos indicadores llevan décadas de aplicación en Europa, Canadá y Estados Unidos y se les percibe como práctica indispensable para no permitir que las autoridades consigan resultados que no muestran avances. Eso haremos aquí. El Sistema que hemos concebido no permitirá la simulación; su aplicación regular nos dará una fotografía que estará por encima de intereses políticos. Sea cual fuere el partido en el gobierno y más allá de las reformas, los programas, las estrategias y las tácticas que a cada uno de ellos se les ocurran, la pregunta de si avanzamos o no será contestada con total objetividad, por medio de una lectura sistemática de los índices e indicadores. Saltaremos así del terreno de juego ideológico, a una cancha técnica bien trazada y con reglas claras. Lo que la autoridad haga y diga tendrá un espejo permanente de contraste.
La mesa técnica de expertos fue conducida por Edna Jaime, de Evalúa México, y participaron Marcelo Bergman, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Luis de la Barreda, del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI); Guillermo Zepeda Lecuona, del Centro de Investigación para el Desarrollo en México (CIDAC); Carlos Mendoza, de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), y quien escribe, del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde). Estamos listos para la evaluación permanente de la seguridad pública. Enhorabuena.
Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC

Entrevista al Presidente Calderón

México nunca admitirá militares de E.U. en su país, dijo presidente Felipe Calderón
El mandatario, sin embargo, afirmó que respeta la decisión de Colombia. "México es la frontera de E. U. con América Latina, y es una frontera que hemos defendido con dignidad durante siglos", agregó.

http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2009/08/17/calderon-quer-mais-comercio-com-brasil-para-reduzir-dependencia-dos-eua-757440890.asp
"Nunca admitimos ni admitiremos actividades militares de los estadounidenses, de ningún tipo, en nuestro territorio", afirmó Calderón a ese diario brasileño, consultado sobre el acuerdo entre Colombia y EEUU que permitirá a militares estadounidenses utilizar bases colombianas.
Calderón alegó que el acuerdo militar de Bogotá con Washington para combatir el narcotráfico y el terrorismo, cuyas negociaciones quedaron cerradas el viernes pasado y está pendiente de firma, no puede ser considerado un modelo para México, pese a los problemas que afronta para combatir los cárteles de traficantes.
Más que apoyo militar, la ayuda que México espera de Estados Unidos es la reducción del consumo de drogas en ese país y el aumento del control a la venta de armas.
"Lo que exigimos de los estadounidenses es parar el tráfico de armas y reducir el consumo de drogas con políticas activas. En los últimos dos años el valor de la cocaína aumentó más del doble, pero eso no provocó una caída del consumo o de políticas de prevención adecuadas", dijo.
En otra entrevista con el diario O Globo, Calderón insistió en que la cooperación entre EEUU y México tiene que ser diferente a la de Colombia. "El Plan Colombia fue diseñado como un plan de ayuda e intervención. Nuestro plan es de corresponsabilidad y no de intervención", dijo.
"Estamos exigiendo que los estadounidenses actúen responsablemente sobre eso (flujo de armas) y que nos ofrezcan equipos de inspección. No estamos en posición de aceptar intrusión, injerencia o actividad militar estadounidense en nuestro territorio", agregó a ese diario brasileño.
El presidente mexicano dijo considerar "razonable" la preocupación de los países suramericanos con el acuerdo para que Estados Unidos utilice bases colombianas.
"Creo que Colombia debería establecer mecanismos que garanticen que su política de seguridad democrática, incluyendo la cooperación con Estados Unidos, no representa peligro ni amenaza para ninguno de los países vecinos", agregó.
No obstante, aclaró que los parámetros tienen que ser los mismos ante los acuerdos de Venezuela para que Rusia realice operaciones militares en Suramérica.
"Tenemos que tener parámetros homogéneos de defensa regional. Tan malas como las operaciones militares de Estados Unidos en nuestros territorios son las operaciones navales rusas u operaciones iraníes en nuestro territorio", afirmó.
A juicio del gobernante, "es necesario evitar una miniescalada armamentista en la región que apenas va a empobrecer aún más nuestros países y tan sólo va a aumentar más la tensión entre nosotros".
Para Calderón, según dijo a Folha de Sao Paulo, la llegada de Barack Obama a la Presidencia de Estados Unidos trajo un cambio "muy refrescante" en la política exterior estadounidense y cree que el gobernante tiene la intención de acercarse más a América Latina y de asumir corresponsabilidades.
Admitió que la crisis económica global tuvo grandes repercusiones para México por su gran dependencia de los Estados Unidos, razón por la que su país está buscando ampliar mercados e intentado atraer inversiones de otras naciones.
"Uno de los objetivos centrales de mi visita fue estrechar las relaciones con Brasil. Si hacemos una alianza sólida en lo económico, lo político y lo diplomático, vamos a generar enormes beneficios para nuestras poblaciones y una mayor posibilidad de acción positiva en la región", dijo.
RÍO DE JANEIRO

Efe

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Versión sobre una 'invasión' desde Colombia a países vecinos forma parte del 'antiyanquismo': E.U.
El subsecretario de Defensa de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Frank Mora, reiteró hoy que "no va a haber ninguna invasión" hacia países vecinos desde las bases colombianas.
"Eso es una desinformación que forma parte del 'antiyanquismo' que no tiene ninguna vigencia hoy", subrayó Mora en diálogo con La FM.
Así respondió Mora a las acusaciones del presidente venezolano, Hugo Chávez, quien ha señalado repetidamente que Estados Unidos se está preparando para "invadir" a su país desde bases colombianas.
Según Mora, "el papel de Estados Unidos en Colombia no va a cambiar con este acuerdo", puesto que se trata de "institucionalizar muchas cosas que ya están ocurriendo".
Las negociaciones de este acuerdo entre Colombia y Estados Unidos, que contempla el uso de hasta siete bases colombianas por parte de militares estadounidenses para actividades antinarcóticos y de lucha contra el terrorismo, quedaron cerradas el pasado viernes en Washington y ahora solo falta que ambos Gobiernos lo firmen.
El canciller colombiano, Jaime Bermúdez, y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, analizarán hoy en Washington varios puntos de la agenda bilateral, entre ellos ese acuerdo militar.
Chávez ha sido el más crítico con ese convenio, que ha despertado inquietud también entre otros mandatarios de la región y ha llevado a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) a convocar una cumbre extraordinaria de presidentes, que se celebrará en Bariloche (sur de Argentina) el próximo 28 de agosto.
"Cuando los vecinos vean detalles del acuerdo, verán que esto no quiere contribuir a ninguna tensión en la región", indicó hoy Mora.
Además, aclaró que el convenio no implica "cambiar Manta por otra base en Colombia", en referencia a la salida de Estados Unidos de esa base ecuatoriana desde donde realizó operaciones antinarcóticos en los últimos diez años.
"Ya Manta se desocupó casi. Todo salió y ha ido a otros lugares. No ha llegado a Colombia lo que estaba en Manta", explicó el subsecretario de Defensa estadounidense.

EFE

Martí y Medina Mora

Respuesta a Medina Morra: la delincuencia sigue en aumento: Alejandro Martí

Martí recibió un reconocimiento por sus aportes a la sociedad en la Universidad La Salle.

Aseguró que los delitos que se cometen en contra de los ciudadanos han ido en aumento y señaló que desconoce qué tipo de violencia es la que ha disminuido, en referencia a las declaraciones que hizo ayer el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. "No se a qué delincuencia se refiere el Procurador, a lo mejor tiene datos más actualizados, pero lo que nosotros tenemos que el secuestro ha subido 9 por ciento.
"Yo respeto mucho al Procurador, pero lo que sí, en lo que atañe a nuestros ciudadanos, ha ido en aumento y eso es una vergüenza", indicó luego de una ceremonia en la Universidad La Salle, en donde se le reconoció por su trayectoria empresarial y servicio a la ciudadanía.
Medina Mora señaló ayer, en una comida de la Asociación Nacional de la Publicidad, que la violencia que vive el País es menor a la que había hace 15 años, ya que disminuyó la tasa de homicidios intencionales.
El empresario afirmó que a un año de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en el que lanzó el reto a los funcionarios de "si no pueden renuncien", existen varias autoridades que deberían dejar sus cargos. (no dijo quienes, pero parece que hace alusión al Procurador). "En efecto, hay muchos que no han cumplido, creo que ya hemos sido pacientes en todo este año y en este aniversario hacemos un llamado a la conciencia y a la responsabilidad de cada uno porque los que no han podido deben renunciar", dijo.
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Este es parte del discurso de Eduardo Medina Mora durante la sesión-comida con integrantes de la Asociación Nacional de la Publicidad, A.C. en el Museo Interactivo de Economía; 17 de agosto del 2009:

"(...) La otra gran precondición es la seguridad, la certidumbre ciudadana, la certidumbre que los ciudadanos debemos de tener respecto de nuestra integridad física, de nuestra integridad patrimonial, de nuestra vida, al final, de nuestro derecho de vivir en paz, en tranquilidad en nuestras comunidades.
Seguridad jurídica, en términos de que las garantías individuales y derechos humanos que todos tenemos y que consagra la Constitución van a ser respetados sistemáticamente cada vez que nos relacionemos con la autoridad.
Seguridad jurídica también, en el sentido de que las disputas que los ciudadanos tenemos entre nosotros, los podemos resolver por vías institucionales, que las promesas recíprocas que nos hacemos cotidianamente y que nosotros los abogados llamamos contratos, tienen y encuentran una manera eficaz de resolverse, sin necesidad de recurrir a medios o métodos extra legales.
Al final, esta es la tarea pendiente que el Estado mexicano tiene con respecto a sus ciudadanos, esta es la gran deuda y es la otra gran precondición para poder, entonces sí, desplegar todo nuestro potencial productivo, imaginativo y creativo, que es la tarea de ustedes, precisamente en la comunicación y la publicidad, respecto de esta construcción y creación de certidumbre ciudadana.
Aquí entonces, tenemos que desentrañar a la realidad. Todos tenemos la certidumbre de que estamos en la incertidumbre, de que tenemos una condición de seguridad mucho menos que satisfactoria, que como Estado, y el Estado es el gobierno y la sociedad en conjunto, no hemos sido capaces de construir ni instituciones ni políticas públicas que puedan dar a los ciudadanos estas certidumbres cotidianas. Y esta es pues la tarea que tenemos frente a nosotros. Pero como se pudo hacer en el caso de la estabilidad macro económica, se puede hacer en esto. De este tema no nos ocupamos quizá con seriedad nunca. Tuvimos la percepción de que teníamos una circunstancia de seguridad pública, sobre todo en los aglomerados urbanos más grandes del país, razonablemente aceptable; pero esto escondía, digamos, grandes deficiencias y grandes agujeros que se compensaban con un sistema autoritario que era capaz de imponer ciertas reglas, pero que no estaban basados ni en el estado de derecho ni en instituciones sólidas ni confiables.
Esa ilusión de seguridad se desmanteló, la circunstancia que percibíamos como ciudadanos en esta ciudad de México, por ejemplo, al final de la administración del presidente López Portillo, pues fue desmantelada, con el jefe de la policía metropolitana, el general llamado Durazo, pues era la expresión quizá más folklórica pero la más difícil que hayamos tenido en la historia, y con toda razón esto se desmanteló, pero lo sustituimos por nada, no nos ocupamos como país de desarrollar una estrategia, un proyecto, un diseño de políticas públicas y de instituciones que se hiciera cargo de atender y resolver este problema.
Y todo vacío se llena; al final, el crimen organizado desde el poder, se convirtió en el crimen organizado desde afuera del poder, era impertinente. El problema es que no nos ocupamos de construir lo que estamos obligados a construir. Esta es quizás exacerbada por el enorme poder económico, el enorme poder de fuego y de intimidación que acumuló la delincuencia organizada en los últimos 25 años a partir de que los Estados Unidos de América cerraron la ruta del Caribe, que era la ruta histórica y tradicional para el trasiego de drogas desde sur de América hasta la Florida, como punto de entrada al mercado más importante del mundo, el Scarface y el Miami Vice, eran las expresiones que hubiera podido inventar Pedro, en esta caricaturización que hacía más asible este fenómeno. Se cierra está ruta y el corredor Centroamérica se vuelve precisamente el de elección para hacer este trasiego y entonces estos grupos comienzan a acumular crecientemente poder económico del juego de intimidación, comienzan a poder arrebatarnos nuestro derecho a vivir en paz.
Tenemos una gran crítica en los medios todos los días, respecto a si la estrategia es la correcta, si vamos avanzando o no, en realidad yo quiero decirles que, vamos avanzando de una manera muy consistente, que vamos consolidando ganancias importantes en el desmantelamiento de este enorme poder de la delincuencia organizada y por consecuencia la generación de condiciones para construir esta estrategia y estas instituciones que nos pueden dar esta condición, estado de cosas, de certidumbres ciudadanas.
En muchos sentidos, el debate público, el debate mediático es muy sano, porque nos permite mirar esto son seriedad, porque no nos da espacio a las autocomplacencias, porque refleja también nuestra condición democrática en la que la critica tiene, no sólo un espacio reconocido, aceptado y demandado por la sociedad, sino también, un espacio ciertamente fundamental en la propia construcción de los consensos hacia delante.
Las cosas en este sentido, van evolucionando en la dirección correcta, el problema es cómo transmitimos esto, y aquí es donde ustedes son expertos, cómo transmitimos mensajes que sean creíbles, que sean confiables, que sean memorables y que generen actitudes distintas, cómo hacemos que los ciudadanos entiendan que los niveles de violencia que vive el país con gravísimos, inéditos, pero son mucho menos de los que teníamos hace 15 años.
Hace 15 años, el índice de homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes en México era de 18, el año pasado, 2008, tuvimos 10.7 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes.
Colombia, país con el que nos comparamos con frecuencia llegó a tener 75 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes, sólo la ciudad de Medellín en el año 93 tuvo 204 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes. A Medellín le costó 70,000 muertos y 16 años resolver su situación.
Colombia, el año pasado, 2008, tuvo 33 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes; Brasil tuvo casi 40; Guatemala y El Salvador tuvieron más de 50; el Distrito de Columbia en los Estados Unidos tuvo más de 30, el estado de Louisiana tuvo 10.9. Nuestra circunstancia es sin duda de una gravedad muy grande, no puede desestimarse, pero tenemos que ubicarlo también en su dimensión numérica y geográfica pues la concentración geográfica de esta violencia que todos vivimos como algo cotidiano que nos roba esta certidumbre porque la socializamos precisamente en la cobertura mediática y la sentimos como algo que pasa en nuestro patio trasero, en nuestra vida cotidiana en todo el país a lo largo, de hecho, y no se puede desestimar la violencia, nadie puede decir que estamos en una circunstancia de normalidad, no lo estamos.
La violencia también tiene esta expresión que nos arrebata la tranquilidad por la manera en la cual se despliega, que tiene un propósito comunicacional por parte de los delincuentes. Es igualmente efectivo asesinar a una persona con una garra florentina en el hígado que con varias descargas de un rifle automático de repetición como un AK 47 o con una decapitación. El hacerlo de esa manera tiene un propósito intimidatorio de los grupos contrarios de la autoridad y de la población y eso es lo que nosotros vivimos.
El gobierno del presidente Calderón inició precisamente la batalla por recuperar la paz, la tranquilidad de las familias y las comunidades mexicanas porque es un objetivo impostergable y es la principal obligación del Estado.
Nuestra batalla, la que desarrollamos el Estado, es decir, todos ustedes y los que tenemos el privilegio de servir en el gobierno es una batalla por la seguridad por la certidumbre, no es una batalla en contra del narcotráfico no porque ese no fuere un objetivo deseable, sino porque no está a nuestro alcance, lo que nosotros tenemos que hacer es quitarles a estos grupos el enorme poder económico, el enorme poder de fuego y por consecuencia el enorme poder de intimidación y de destrucción de las instituciones y de la tranquilidad y la paz pública que han acumulado a lo largo de todos estos años.
Y paralelamente construir instituciones confiables, sólidas, que sean capaces de llevar a los ciudadanos esta certidumbre cotidiana. Lo vamos a hacer, está en nuestras manos, sabemos cómo, tenemos la estrategia perfectamente articulada con sus secuencias, hay ajustes tácticos en el camino, como en cualquier batalla, como en cualquier negocio, como en cualquier campaña publicitaria, se prueba, se corrige y entonces se logra el impacto que se está buscando.
Y yo quiero asegurarles que se tiene en este gobierno no sólo la determinación que quizás es lo que se trasmite con más facilidad, esa está, el compromiso indeclinable del presidente de la república en precisamente recuperar para nuestras familias y comunidades esto que se llama normalidad, el pasar de la atención de este problema como un problema de seguridad nacional a un problema de seguridad pública como es prácticamente en cualquier lugar del mundo, el impedir que estos grupos puedan reproducir su modelo criminal en el tiempo y en el espacio, es decir, cortarles la capacidad de intimidación e ingresos para cortar su capacidad de reclutamiento de más elementos, para cortarles la capacidad de extender su actividad general en otros espacios geográficos.
Esta lucha desde luego que rompe los espacios geográficos de impunidad, los lugares y retaguardias donde ellos se desarrollan y desempeñan su actividad criminal con confort, con impunidad, con comodidad, y de otra parte estrangular su acceso a las drogas, a las armas y al efectivo con el cual alimentan su máxima de destrucción y muerte.
Yo estoy cierto que a veces en las coberturas mediáticas y en los hechos nuevas expresiones de fuerza de estos grupos sin duda son muy preocupantes, nosotros no estamos en lo absoluto desestimando la enorme gravedad del problema, este es un problema de seguridad nacional y por eso es la prioridad del gobierno.
Todo eso que expresan esos grupos no tiene una racionalidad intelectual que a veces los analistas queremos darles, son expresiones de fuerza, sin duda, visibles, episódicas, pero no son expresiones de fortaleza, son actos precisamente de hacer lo que provocan estas respuestas violentas y son sin duda defensivos.
La iniciativa estratégica, la iniciativa táctica la tiene el gobierno y estoy cierto de que podremos ganar esta batalla, la vamos a ganar, no hay opciones, el Estado sin duda es mucho más fuerte que cualquier grupo de criminales y esto no es un tema de discurso, simplemente es un tema de análisis de capacidades y sobre esa base podemos confiar en que primero vamos a ver reducirse la violencia, todavía no necesariamente estamos en el pico de ella pero la violencia va a comportarse como se ha comportado en otros países con problemas similares, como una curva de campana, campana de (inaudible) y a partir de esto generaremos un espacio más sólido, para construir instituciones de seguridad pública y procuración de justicia más sólidas y confiables.
En este caso más complejo porque nosotros tenemos un sistema federal que sitúan en los municipios, en los estados y en la federación esta responsabilidad compartida y tenemos que construir esta fuerza pública confiable en cada uno de estos elementos y segmentos, y también paralelamente cómo vamos a lograr que los ciudadanos nos ocupemos realmente de la responsabilidad que nos corresponde para construir la certidumbre en nuestra comunidad y en nuestro espacio geográfico que nos toca.
No se trata que los ciudadanos desarrollen la tarea que corresponde a los policías, pero la seguridad no la hacen los policías, la hacemos los ciudadanos y podemos poner ejemplos en lugares de esta ciudad que tienen niveles socioeconómicos similares que en este momento tienen circunstancias de seguridad muy distintas precisamente porque en algunos hay ocupación del espacio público por los ciudadanos y en otros no.
Hago simplemente el ejemplo, en la colonia Del Valle en donde yo nací y crecí que tienen problemas muy serios de índice delictivo y la Condesa, los niveles socioeconómicos de ambos lugares en términos de ingresos familiares son muy parecidos, solo el valor inmobiliario de la Condesa es mucho mayor, que refleja un estado de cosas distinto. ¿Qué es diferente? Que los espacios geográficos, físicos de La Condesa están ocupados por los ciudadanos y los otros no.
Es un poco injusta la comparación en función nada más que de la organización del espacio físico y de la tranquilidad de los lugares pero refleja muy bien este fenómeno de seguridad que construimos pues los ciudadanos cotidianamente.
Yo creo que, estoy cierto que como se dijo aquí es un problema de confianza en nosotros mismos, de confianza en nuestras instituciones y también de confianza en el hecho de que vamos a lograrlo porque está en nuestras manos.
Muchas gracias.
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Reparación del daño

Retrospectiva

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó en votación económica el siguiente Punto de Acuerdo:
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que instruya a los Secretarios de Gobernación, Hacienda y Crédito Público y de la Defensa Nacional para que, a la mayor brevedad posible, cuantifiquen y pague la indemnización que legalmente les corresponda a las victimas y familiares que, en su caso, acrediten su interés jurídico, con motivo de los hechos ocurridos en la comunidad serrana de La Joya de Los Martínez del Municipio de Sinaloa de Leyva, Estado de Sinaloa, el primero de junio del año en curso.
El Dictamen señala:
ANTECEDENTES
1.- Con fecha 27 de junio 2007, el Senador Mario López Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha solicitud de Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente.
3.- La proposición en estudio, en síntesis, contiene los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:
A.- Que el primero de junio del año en curso, en la comunidad de Los Martínez perteneciente al Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, elementos del Ejercito Mexicano que se encontraban de servicio en un camino vecinal cercano a dicho poblado, abrieron fuego contra un vehículo y sus ocupantes muriendo cinco de ellos mientras que tres permanecen heridos.
B.- Que después de ocurridos estos hechos se aclaró que los ocupantes del vehículo iban desarmados y resultaron ser vecinos de la comunidad mencionada, entre ellos mujeres y niños. Por lo que la autoridad militar se hizo cargo de inmediato de conducir las investigaciones. Por información pública proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, se sabe que diecinueve elementos del Ejercito Mexicano están formalmente presos a disposición de un Juez Militar que les instruye una causa penal por los delitos de homicidio, lesiones y demás que resulten cometidos contra la disciplina militar.
C.- Que los heridos en estos hechos están recibiendo atención médica en instituciones del sector salud del Estado de Sinaloa y el Gobierno del Estado se ha ocupado de proporcionar ayuda económica y en especie a los familiares de las victimas para sus traslados desde su comunidad hasta los centros hospitalarios donde reciben atención.
D.- Independientemente del resultado y conclusión de la causa penal que se instruye y del castigo que conforme a la Ley reciban los elementos militares procesados según su grado de culpabilidad y participación en los hechos está pendiente el pago de las indemnizaciones a que los familiares de los fallecidos y los propios heridos tiene derecho, sin embargo ninguna autoridad común ni militar se ha hecho cargo de definir los montos de dichas indemnizaciones y mucho menos se han acercado a los deudos para concretar los pagos.
E.- Que al igual que los familiares de las victimas y la sociedad sinaloense en general, los autores de la proposición se suman al reclamo de justicia y piden que el proceso penal que se tramita ante la justicia militar concluya lo mas pronto posible con la aplicación de la que penas que resulten acordes, en términos de ley, a la conducta y sus resultados y estiman que el Ejecutivo Federal debe instruir a los secretarios de Gobernación, Hacienda y Crédito Público y de la Defensa Nacional para que de inmediato procedan a cuantificar el monto de las indemnizaciones y a identificar de entre los deudos a quines tengan el legítimo derecho de recibirlas, para que en el plazo más breve posible se concreten. Adicionándose, en su opinión, una cantidad a título de reparación del daño moral tal y como lo prevé el Código Civil Federal y la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
En consecuencia, los integrantes de la Primera Comisión emiten al presente Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Los integrantes de esta Comisión son sabedores de los lamentables hechos acaecidos el primero de junio del año en curso, en el Estado de Sinaloa que provocaron el fallecimiento de cinco personas y dejaron tres heridos. En ese contexto los legisladores nos solidarizamos con los familiares de los deudos, pronunciándonos por un pronto esclarecimiento de los hechos y la sanción justa, pronta y expedita de los responsables, en marco de legalidad y respeto a sus derechos humanos.
Es evidente que las victimas y los familiares de los deudos tienen el derecho y, sobre todo, el Estado tiene el deber legal de indemnizarlos económicamente, como consecuencia del obrar ilícito de los miembros del Ejército mexicano, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y el Código Civil Federal.
Al efecto, esta Comisión no duda en pronunciarse en exhortar al Ejecutivo Federal para que cumpla con ese deber legal cuantificando y concretando el pago de las indemnizaciones correspondientes en términos de ley, toda vez que este fenómeno adquirió dimensiones socialmente importantes desde el momento en que, paradójicamente, miembros de la población civil fueron victimas de las labores de seguridad pública que ejecutaba el ejército mexicano. Ante ello, es indispensable recuperar la seguridad jurídica a los pobladores que se ven inmersos en el combate al crimen organizado, sentando como precedentes firmes, por un lado, la efectiva sanción a aquellos elementos de seguridad pública que se excedan, dolosa o culposamente, en sus actividades y, por otro, la pronta atención del Estado a su responsabilidad civil con el pago efectivo de una indemnización económica a quienes resultan afectados, sin tener por qué, en las funciones de seguridad pública.
Ahora bien, no pasa desapercibido para esta Comisión que el derecho a la indemnización económica, por los conceptos de reparación del daño, daños y perjuicios o daño moral, es un derecho potestativo del gobernado, es decir, que requiere que exista formalmente una petición de parte interesada ante las autoridades competentes, como lo determina el artículo 17 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Esta autoridad legislativa no puede legalmente constituirse como una gestora de los derechos privados de los particulares, al no estar facultada para ello, ni pretende hacerlo.
Sin embargo, como una Entidad de representación popular sí tiene legítimo interés en que las disposiciones de orden público e interés social en la materia sean debidamente acatadas por las autoridades de la Administración Pública Federal. Si bien, es cierto que la acción de pago de la indemnización se promueve por la parte interesada, también lo es que en casos como el que nos ocupa, ante la trascendencia social de los hechos que son de notoria responsabilidad del Estado, misma que no están obligados a soportar los particulares afectados, ningún impedimento legal existe para que la propia autoridad tome la iniciativa de cuantificar legalmente la indemnización completa y formule el pago correspondiente a las victimas o familiares, en términos de lo señalado en los artículos 1º, 11, 12, 14 y 15 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Por tanto, los integrantes de esta Comisión coincidimos en, sin pretensión de invadir la esfera constitucional de competencia del Ejecutivo Federal, exhortarlo para que instruya a las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público y de la Defensa Nacional, a que se cuantifique y, en su caso, se haga efectivo el pago de la indemnización correspondiente a las victimas y familiares que tengan interés jurídico legalmente acreditado, con base a los conceptos y criterios establecidos en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a la mayor brevedad posible.