Josmar Flores

Dice un comunicado de La PGR/Boletín 1274/09: "Como resultado del trabajo jurídico del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal se revocó el auto de libertad decretado en favor de Josmar Flores Pereira por falta de elementos para procesar por el delito de privación ilegal de la libertad, el pasado 19 de octubre y fue notificado de la resolución dictada por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, dentro del Toca Penal 373/2009, en el cual se resuelve procesarlo también por la comisión de dicho delito."

"Cabe recordar que el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó auto de formal prisión dentro de la causa penal 109/2009 contra Flores Pereira por considerarlo probable responsable del delito de ataques a las vías de comunicación en conjunción con el ilícito de sabotaje, después de que el procesado fuera detenido el pasado 9 de septiembre, durante un operativo de rescate de la Policía Federal, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras bajo amenaza de bomba mantenía sometidos a los pasajeros y tripulación del vuelo 576 de la aerolínea comercial Aeroméxico, procedente de la ciudad de Cancún, Quintana Roo."

Preguntas de Convergencia

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS POR ESCRITO QUE LA CÁMARA DE SENADORES FORMULA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A EFECTO DE QUE AMPLÍE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL INFORME QUE PRESENTÓ AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EL 1o DE SEPTIEMBRE DE 2009, SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PAÍS.
FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

Seguridad Pública Del informe rendido por el C. Presidente de la República, el cual adquiere pleno valor probatorio para el H. Congreso de la Unión, se advierte del capítulo correspondiente a Estado de Derecho y Seguridad Pública que el gobierno a su cargo vulnera en perjuicio de la sociedad mexicana el artículo 17 constitucional que en lo conducente dispone: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.
De lo anteriormente transcrito se llega a la conclusión de que la Administración Pública Federal a su cargo ha incurrido en omisiones que conculcan en perjuicio de los ciudadanos los principios de inmediatez, expedites y prontitud en la procuración y administración de justicia, transgrediendo con ello el artículo constitucional invocado, puesto que como el propio resumen ejecutivo de fecha 1 de septiembre de 2009 correspondiente al tercer informe de gobierno lo indica, desde el inicio de su gestión: “ el Gobierno Federal estableció el compromiso de reconstituir integralmente las instituciones y sistemas de seguridad pública y procuración de justicia, instaurando una estrategia nacional de prevención del delito y combate a la delincuencia que proteja la integridad y los derechos de las personas en todo el país, y dé vigencia plena a la garantía individual de justicia pronta y expedita”, sin que a la fecha se haya alcanzado.
Y es precisamente del propio informe de gobierno y de los datos estadísticos incorporados, que se desprenden elementos para sustentar nuestro argumento: tanto en el cuadro denominado Principales Resultados de la Actuación del Ministerio Público de la Federación y de sus Órganos Auxiliares 1995-2009 como el de Resultados de los Principales Indicadores del Sistema de Justicia Penal 2007-2009, se reconoce que el número de averiguaciones previas despachadas con relación al año inmediato anterior se ha reducido en un 3.2%; que el promedio diario de localizaciones y presentaciones también ha disminuido al pasar de 48 en el período del 1º de enero de 1995 al 30 de junio de 2003 a 32, del 1º de enero de 2007 al 30 de junio de 2009, lo que se explica al observar en los mismos indicadores que el número de días dedicados a la investigación se ha incrementado de 178 a 360, cifras de las que se deduce el fracaso de la Agencia Federal de Investigación, pues ahora son las tareas de investigación las que retardan la función del ministerio público para integrar una averiguación previa y determinar el ejercicio o inejercicio de la acción penal.
Asimismo, el propio texto del informe reconoce que de un total de 3,764 averiguaciones previas vinculadas al delito de delincuencia organizada únicamente se han despachado el 18.4%, es decir 693, lo que refleja una violación más a las garantías constitucionales de los mexicanos, ya que de esta cifra se interpreta que la representación social está integrando las averiguaciones previas en un plazo excesivo de más de 151 días, siendo que el órgano persecutor de los delitos no está facultado para integrar las indagatorias en forma discrecional y cuando lo estime pertinentes, ya que el ministerio público tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para la integración de las averiguaciones previas tan luego como tenga conocimiento de la posible existencia de un delito, lo que explica, más no justifica, la baja productividad del ministerio público federal.
Para Convergencia, resulta notorio que ha transcurrido un tiempo lo suficientemente razonable para que su administración diera resultados para frenar el avance de la delincuencia, elevar la eficacia en la investigación de los delitos, reducir la impunidad y la corrupción y atender los rezagos del sistema penitenciario, compromisos de campaña que usted reiteró al protestar el cargo de Presidente de la República y que quedaron plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Por hechos notorios, dice la jurisprudencia, debe entenderse cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social, respecto del cual no hay duda ni discusión. Son todos aquellos hechos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo y un hecho notorio lo han sido las reuniones del Consejo de Seguridad Pública en las que voces representativas de ciudadanos organizados han contrastado las cifras oficiales con la realidad que vivimos al extremos de exhortar a los servidores públicos de su administración a renunciar por incapaces.
La sociedad ya no tiene claridad respecto a las estrategias que el Gobierno Federal sigue para alcanzar la paz y la tranquilidad en el país, pues por una parte tenemos las establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, por otra las que emanan de las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública cada vez que se le convoca y a la confusión contribuye también el discurso oficial.
La Constitución General de la República, en la parte final del segundo párrafo del artículo 26 indica que “Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal”, lo que implica para el Ejecutivo Federal que el desarrollo de su gobierno se constriña a ese plan y lo que debería de representar para los ciudadanos una garantía de seguridad jurídica.
En el Plan Nacional de Desarrollo se precisan objetivos nacionales, estrategias y prioridades en materia de seguridad pública para salvaguarda de la seguridad y la integridad de los ciudadanos, como primer deber del Estado; precisa que las instituciones no pueden quedar rebasadas por la delincuencia y consigna el deber del Gobierno Federal de actuar eficazmente para brindar la seguridad demandada por los mexicanos.Por tal motivo, el Grupo Parlamentario de Convergencia en el Senado de la República formula a usted la siguiente:
Pregunta: ¿Qué medidas habrá de instrumentar su gobierno para alcanzar los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 a fin de salvaguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos, ya que como se desprende de su tercer informe de gobierno y de la realidad social éstos no han sido alcanzados?

Preguntas al Ejecutivo

Al concluir las comparecencias de los secretarios, el Pleno d ela Cámara de Senadores aprobó, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Acuerdo por el que se estableció que el Senado de la República formulará al Titular del Ejecutivo Federal un total de 50 preguntas parlamentarias
Algunas preguntas y que quizás de alguna manera tengan que ver con nosotros son:
Por parte del PAN:
-El tercer informe de gobierno reporta diversos resultados de los principales indicadores del sistema de justicia penal 2007-2009, entre los que resaltan los datos de 9.2 sentencias condenatorias obtenidas por cada 100 averiguaciones previas; y los porcentajes de averiguaciones previas concluidas de 52.1 por ciento sobre diversos delitos y 73.5 por ciento en los ilícitos contra la salud; y un promedio mensual de denuncias del orden federal de 10,594.
¿En qué tipo de delitos se logra la sentencia condenatoria y cuáles de los tipos penales reportan mayor impunidad?
¿en qué entidades federativas se presenta en mayor medida este fenómeno? ¿qué metodología y planeación se está llevando a cabo en la procuración de justicia para que en el ámbito operativo se incremente el número de delincuentes detenidos y se obtenga una sentencia condenatoria?
Otro más:
-De acuerdo con la información registrada la población penitenciaria en 2009 asciende a 227,021 personas, de las cuales 53,279 se encuentran por delitos del fuero federal. Asimismo, se menciona que los componentes de la reinserción social son el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. El informe menciona que los internos que participan en actividades laborales, educativas, socioculturales, recreativas y deportivas en centros federales, a junio de 2009 sumaron 5,082 internos ¿Qué programas de reinserción social se aplican al resto de la población penitenciaria?
¿Cuáles son los índices de reincidencia delictiva por tipo de delito, edad del delincuente y entidad federativa?
¿En qué se ocupa la población de los centros penitenciarios que no participan en las actividades laborales, educativas, socioculturales, recreativas y deportivas?
¿Qué medidas se aplican para evitar que los Centros Penitenciarios del país no funcionen como “universidades del crimen”

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Pregunta. Primero la fundamenta: ( a saber):
El 2 de enero del 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que en sus artículos 19, 20, 21 y 22 prevé la creación del Centro Nacional de Información, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, órganos fundamentales para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública en aras de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

El Centro Nacional de Información es el responsable de la operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública y tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:

I. Establecer, administrar y resguardar las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema en términos que señale el reglamento;

II. Determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos de los integrantes del Sistema;

III. Emitir los protocolos de interconexión, acceso y seguridad de estas bases de datos;

IV. Vigilar el cumplimiento de los criterios de acceso a la información y hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier irregularidad detectada;

V. Colaborar con el Instituto Nacional de Información de Estadística y Geografía, en la integración de la estadística nacional en materia de seguridad pública, de conformidad con la Ley de la materia, y

VI. Brindar asesoría a las Instituciones de Seguridad Pública para la integración de información, interconexión, acceso, uso, intercambio y establecimiento de medidas de seguridad para las bases de datos.

Por su parte, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tiene, como principales atribuciones:

I. Proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;II. Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;

III. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las Instituciones de Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno para:

a) Prevenir la violencia infantil y juvenil;

b) Promover la erradicación de la violencia especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;c) Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol, y

d) Garantizar la atención integral a las víctimas.

IV. Realizar, por sí o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública nacional;

V. Realizar, por sí o por terceros, encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito;VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta misma materia;VII. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención social del delito;VIII. Coordinarse con otras instancias competentes en la materia para el ejercicio de sus funciones;

IX. Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los términos de esta Ley, y

X. Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo Nacional y su Presidente.

Finalmente, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación es el responsable de la certificación, la acreditación y el control de confianza y le corresponde verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la Federación, Estados y Distrito Federal, realicen sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública.

Para tal efecto, tiene las facultades siguientes:

I. Establecer los criterios mínimos para la evaluación y control de confianza de los servidores públicos, tomando en consideración las recomendaciones, propuestas y lineamientos de las conferencias.

II. Determinar las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de los servidores públicos;

III. Determinar los protocolos de actuación y procedimientos de evaluación de los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;

IV. Evaluar y certificar la correcta aplicación de los procesos que operen los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;

V. Evaluar y certificar los procesos de evaluación y control de confianza que en el ámbito de Seguridad Pública operen instituciones privadas que así lo soliciten y cumplan con la normatividad correspondiente;

VI. Verificar periódicamente que los Centros de referencia apliquen los procesos certificados, conforme a los lineamientos y estándares que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación establezca;

VII. Apoyar a los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;

VIII. Promover la homologación, validación y actualización de los procedimientos y criterios de Evaluación y Control de Confianza;

IX. Establecer los requisitos que deben contener los certificados Ministerial, Policial y Pericial y aprobar sus características, y

X. Las demás que resulten necesarias para el desempeño de sus funciones.
Pregunta: ¿Qué grado de avance reporta el proceso de creación de estos tres centros, que acciones han emprendido y qué resultados se han obtenido de las mismas?
Ley Federal de Extinción de Dominio

-¿Cuántas acciones para aplicar la Ley de Extinción de Dominio se han emprendido?
¿Cuáles han sido? Detallar de manera concreta.

¿Cuántos arraigos fundados total o parcialmente en declaraciones de testigos protegidos o en documentos anónimos se han practicado desde que se publicó el decreto de reforma constitucional que los permite, el 18 de junio de 2008?
¿Cuántos se han convertido en consignaciones ante juez?
¿Cuántos han resultado en la apertura de procesos penales? Y
¿cuántos han sido negados por la autoridad judicial?

Documento completo:

http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&sm=1001&id=623

Reyes Mate

Reyes Mate gana el premio Nacional de Ensayo
El filósofo, colaborador habitual de EL PAÍS, ha sido galardonado por su obra 'La herencia del olvido'
JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS - Madrid - EL, 20/10/2009;

"Escribir un poema tras Auschwitz es un acto bárbaro", sentenció el filósofo Theodore Adorno en 1949. ¿Es también un acto bárbaro hacer filosofía tras el Holocausto? El pensador Reyes Mate ha consagrado su vida a tratar responder a esta pregunta. El Ministerio de Cultura le ha concedido hoy el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo por su obra La herencia del olvido, editada por Errata Naturae . El premio distingue una obra de autor español, escrita en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado y editada en España durante 2008. El galardón está dotado con 20.000 euros.
Reyes Mate considera que este galardón es más un reconocimiento a los temas que él investiga, que a su propia labor. Entre esas cuestiones destacan la relación entre progreso, imperialismo y fascismo y, sobre todo, el papel político de la memoria y las víctimas. El Holocausto, el terrorismo y la inserción del universalismo moral europeo en otras latitudes... "Estos temas siguen muy vigentes y de hecho son los que están marcando el debate filosófico y político a nivel internacional, no sólo en España", señala el filósofo en conversación telefónica.
La herencia del olvido (que lleva por subtítulo: Ensayos en torno a la razón compasiva) es según Reyes Mate, es una obra "especial, rara". Una recopilación "no unitaria, pero con unidad" en las cuestiones que aborda. "Es una decantación de mis dos grandes libros (grandes por voluminosos y porque son fruto de una amplia investigación)": Medianoche de la historia y Memoria de Auschwitz.
Nacido en Pedrajas de San Esteban, Valladolid, en 1942, Reyes Mate es doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y por la Wilhelms-Universität de Münster. Profesor visitante en universidades europeas y americanas, ha impartido conferencias y publicado un gran número de artículos en revistas especializadas. Es colaborador de EL PAÍS desde su fundación. Fue director del Gabinete Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia desde 1982 a 1986 y profesor titular de Filosofía de la Historia en la UNED. Presidió el Patronato del Instituto de Filosofía del CSIC de 1987 a 1990, y desde entonces es su director, además de trabajar como profesor.
Además, ha formado parte del Conseil Scientifique du Collège International de Philosophie, en París. Dirige el proyecto editorial La Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía e investiga la filosofía del Holocausto. Es el promotor español, junto a Jacques Poulain, Christoph Wulf y Paolo Fabri de la Universidad Europea de la Cultura.
El Jurado ha estado compuesto por Xose Ramón Barreiro, designado por la Real Academia Gallega; Xabier Altzibar, por la Real Academia de la Lengua Vasca; Jordi Llovet, por el Instituto de Estudios Catalanes; Antonio Gómez Rufo, por la Asociación Colegial de Escritores; Juana Vázquez Marín, por la Asociación Española de Críticos Literarios; Fernando Broncano, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas; Eduardo Sanmartín, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España; Margarita Rivière, por la ministra de Cultura; José María González García y Justo Beramendi, autores galardonados en 2007 y 2008, respectivamente. Ha actuado como presidente Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas y como vicepresidenta la subdirectora general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, Mónica Fernández.