¡Nada puede oponerse a la ley! FCH
Conmemoración en Ario de Rosales, Michoacán, del 185 aniversario de la instalación del primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación el 7 de marzo de 1815.
El Presidente Calderón convocó a todos los órdenes de Gobierno a continuar con la transformación del sistema de justicia, para que la sociedad tenga la confianza de que nada puede oponerse de facto a lo que la ley manda.
"Hagamos entre todos posible la transformación de nuestro sistema de justicia", planteó, "para que los mexicanos tengan el País de leyes que anhelan y merecen.
Para encarar ese desafío, entre otras cosas, se ha impulsado una Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal, que ha sido aprobada por el Congreso y el Constituyente Permanente. Con ella, se están adoptando juicios orales, procesos simplificados y un régimen de protección a los derechos y garantías de las víctimas del delito.
Porque se trata de convertir a México en un país donde verdaderamente se proteja al inocente, donde quien sufra el delito sea lo más importante en cualquier proceso judicial, y donde las autoridades estemos plenamente comprometidas con la legalidad y con el combate a la impunidad, que es la negación misma de la legalidad.
Hoy, más de la mitad de las entidades federativas reportan avances en la implementación del Sistema con Juicios Orales. En seis entidades ya está en operación; en siete más se tiene programada este mismo año, y en otras tres ya ha sido publicada la legislación correspondiente.
Con la Reforma al Sistema de Justicia Penal, México avanza hacia un país de leyes. Desde aquí convoco a las autoridades competentes a acelerar los esfuerzos para la eficaz puesta en marcha de este sistema que, sin duda, representa una posibilidad de construir un México más justo, como el que soñara, en su momento, el insigne Morelos.
La celebración del Bicentenario, dijo, es la ocasión precisa para que los mexicanos hagan una reflexión madura del México que han construido.
Discurso completo.
Señor Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias por su invitación.
Señor Senador Carlos Navarrete, Presidente del Senado de la República y Presidente Representante del Congreso de la Unión en esta solemne Ceremonia.
Maestro Leonel Godoy Rangel, Gobernador del Estado de Michoacán. Muchas gracias por su hospitalidad.
Diputada María Guadalupe Calderón Medina, Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado.
Magistrado Alejandro González Gómez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Muchas gracias por su invitación.
Licenciado Jorge Moreno Martínez, Presidente Municipal de Ario de Rosales.
General Mauricio Sánchez Bravo, Comandante de la XXI Primera Zona Militar.
Señora Ministra de la Suprema Corte de Justicia, Margarita Luna Ramos.
Señoras y señores Diputados Federales; Diputadas y Diputados Locales; señor Senador por el Estado de Michoacán.
Ciudadanos arienses y michoacanos.
Señoras y señores jueces y magistrados.
Señoras y señores.
En este 2010, celebramos 200 años de ser orgullosamente mexicanos; 200 años de ser libres, 200 años como Nación.
En el Bicentenario de la Independencia recordamos el inicio, pero también lo que juntos hemos hecho en estas dos centurias, como mexicanos.
Recordamos, desde luego, a los héroes que nos dieron Patria y libertad. Y entre ellos, destaca siempre, y de manera especial, el michoacano don José María Morelos y Pavón.
Este prócer, no sólo fue un brillante estratega militar que llenó de triunfos a la causa de la Independencia, triunfos que la hicieron posible, que la hicieron perseverar y, finalmente, la harían triunfar, sino que fue fundamentalmente un visionario, que diseñó las instituciones políticas del México que nacía.
Entre esas instituciones, está el Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana, al que hoy conmemoramos en su CXCV Aniversario.
El Siervo de la Nación luchó para acabar con la esclavitud y el sistema de castas. Luchó por un México libre, justo e igualitario, pero luchó fundamentalmente para construir los cimientos institucionales y orgánicos de la nueva Nación, que es su indudable mérito mayor.
La Suprema Corte de Justicia y, en general, los centros de impartición de justicia en el país, son resguardados por una frase del Siervo de la Nación a la que ha dado cita el Ministro Ortiz Mayagoitia. Esa frase está contenida en un párrafo poderoso que refleja como pocos el ideal de Morelos, en la carta que escribiera él mismo a don Andrés Quintana Roo, y que dice así:
Quiero que tenga la Nación un Gobierno dimanado del pueblo y sostenido por el pueblo. Quiero hagamos la declaración que no hay otra nobleza que la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad. Que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos. Que no haya privilegios ni abolengos; que no es racional ni humano ni debido que haya esclavos, pues el color de la cara no cambia el del corazón ni el del pensamiento.
Que se eduque a los hijos del labrador y del barretero, como a los del más rico hacendado, que todo el que se queje con justicia tenga un Tribunal que lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.
Morelos se dio cuenta de que la causa de la Independencia necesitaba nuevas instituciones y leyes que estuvieran al servicio de los hijos de esta tierra, para a hacerles justicia.
Por ello, convocó a los Insurgentes no solo a la lucha, sino a conformar un Congreso en Chilpancingo en septiembre de 1813, cuya misión suprema era elaborar una Constitución que estableciera la organización política del país, de un nuevo país; un país que nacía y se elevaba a rango de Nación, a través de una Carta Magna que consagrara, precisamente, los derechos de los mexicanos.
El libertador Morelos tenía claro que la única manera de lograr el surgimiento de nuestra Nación, era forjando un verdadero Estado de Derecho, en el que se asegurara la igualdad y se respetaran las garantías de los mexicanos.
Sabía que la ley es y debe ser el símbolo del cumplimento de la voluntad del pueblo y que ésta, en consecuencia, debe regir a autoridades y a ciudadanos por igual. Y así, en la Constitución de Apatzingán de 1814, el 22 de octubre se proclamó la soberanía popular y la igualdad de los mexicanos ante la ley; se estableció, asimismo, un régimen republicano y la división de poderes, un Supremo Congreso, el Congreso de Anáhuac; un Supremo Gobierno y, desde luego, un Supremo Tribunal de Justicia.
Hoy celebramos, precisamente, el establecimiento del Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana, que tuvo lugar aquí, en Ario, un día como hoy, 7 de marzo de 1815.
Y recordamos a sus primeros Magistrados: José María Sánchez de Arriola, José María Ponce de León, Mariano Tercero y Antonio de Castro.
Los mexicanos de hoy reconocemos en el Supremo Tribunal de Justicia al antecesor de nuestro Poder Judicial. Era una Corte que defendía los derechos y las libertades de los mexicanos, como hoy el Poder Judicial lo hace. Con instituciones como este Tribunal Supremo, el Siervo de la Nación sembró semilla de futuro, sembró libertad para nosotros, los mexicanos, que habríamos de suceder a aquellos insurgentes.
Es cierto. La Patria celebra, y con razón, el genio de don Miguel Hidalgo, Padre de la Patria, como iniciador de la Independencia. Habría que completar y equiparar en la historia, en este Bicentenario, la misión que cada uno de nuestros próceres tuvo en aquel momento parteaguas de la historia.
Si bien es cierto, Hidalgo fue el iniciador popular, el que llamó a la insurrección, Morelos fue el líder político y militar. Si Hidalgo fue quien iniciara la enorme tarea de derribar el viejo régimen, Morelos inició la también titánica labor de diseñar y empezar a construir el nuevo régimen.
Por eso, a mi juicio, Hidalgo es el Padre de la Patria y Morelos es el Padre del Estado mexicano, porque fue el que lo diseñó, el que lo construyó y lo defendió, incluso, a costa de su vida.
Mucho se ha dicho y escrito acerca de este dilema que pesara sobre el Siervo de la Nación; que tuvo que sacrificar su estrategia y su habilidad militar, profundo conocedor de los terrenos del sur de nuestro México, de Michoacán, del ahora Guerrero, de Tierra Caliente, a fin de proteger al Congreso y al Supremo Tribunal con sus fuerzas y, a final de cuentas, con su vida.
Dos siglos después, todos nosotros, que pertenecemos a la generación que tiene el privilegio de conmemorar dos siglos de Independencia, la generación del 2010, tenemos el deber y el reto de preservar la libertad y las instituciones conseguidas por nuestros libertadores, preservar la libertad ganada con sacrificio y con sangre por los fundadores de la Nación.
Los mexicanos de hoy, tenemos el deber de esforzarnos sin titubeos ni cortapisas por consolidar un verdadero país de leyes, un México de justicia. Tenemos el deber de respetar y hacer respetar las leyes; y seguir construyendo y fortaleciendo instituciones eficaces, que defiendan y protejan los derechos de todos, por igual.
Para encarar ese desafío, entre otras cosas, se ha impulsado una Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal, que ha sido aprobada por el Congreso y el Constituyente Permanente. Con ella, se están adoptando juicios orales, procesos simplificados y un régimen de protección a los derechos y garantías de las víctimas del delito.
Porque se trata de convertir a México en un país donde verdaderamente se proteja al inocente, donde quien sufra el delito sea lo más importante en cualquier proceso judicial, y donde las autoridades estemos plenamente comprometidas con la legalidad y con el combate a la impunidad, que es la negación misma de la legalidad.
Hoy, más de la mitad de las entidades federativas reportan avances en la implementación del Sistema con Juicios Orales. En seis entidades ya está en operación; en siete más se tiene programada este mismo año, y en otras tres ya ha sido publicada la legislación correspondiente.
Con la Reforma al Sistema de Justicia Penal, México avanza hacia un país de leyes. Desde aquí convoco a las autoridades competentes a acelerar los esfuerzos para la eficaz puesta en marcha de este sistema que, sin duda, representa una posibilidad de construir un México más justo, como el que soñara, en su momento, el insigne Morelos.
Hagamos entre todos posible la transformación de nuestro sistema de justicia, para dar a los mexicanos el país de leyes que anhelan y merecen, y que fue, precisamente, el ideal de los primeros magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, en Ario, Michoacán.
A la generación de los insurgentes correspondió conquistar la libertad de los mexicanos. A nosotros, a la generación del Bicentenario, nos toca preservar esa libertad con la fuerza de las instituciones del Estado.
Nuestro deber claramente debe ser el hacer valer la ley por encima de cualquier otro interés; que cada ciudadana y cada ciudadano sienta en el Estado a un protector de sus derechos y a un garante de sus libertades, y que sepa la sociedad que nada puede oponerse de facto a lo que la ley manda y el Estado, a través de sus órganos, debe ejecutar.
Es por ello, que la lucha por el Estado de Derecho, la lucha por la legalidad, es un supremo mandato de la Constitución y una exigencia de la historia, que reclama congruencia con la lucha de quienes hace 200 años hicieron que México fuese posible.
La legalidad a la que aspiraran los creadores del Supremo Tribunal, incluyendo al Generalísimo Morelos, como premisa indispensable para la existencia de la nueva Nación mexicana a la que aspiraban, sigue siendo hoy premisa indispensable para la existencia del Estado mismo.
La legalidad es premisa indispensable del Estado Mexicano. Y si a ellos tocó luchar por conquistarla, a todos nosotros nos toca preservar esa legalidad.
De ahí la importancia de combatir a la delincuencia, que vulnera los derechos y la tranquila convivencia en el orden de los mexicanos y de los michoacanos. Sólo de esa manera puede preservarse la legalidad y, en consecuencia, el Estado mismo.
Señoras y señores:
El Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución son ocasión propicia para que los mexicanos hagamos una evaluación madura de lo que hemos construido como Nación en 200 años de ser independientes.
Sería injusto no aquilatar lo mucho que hemos logrado como Nación, pero sería igualmente irresponsable no reconocer lo mucho que nos falta por hacer. Haber hecho juntos grandes cosas y querer hacer otras más.
La existencia de la Nación es un plebiscito cotidiano, decía Renan, y así lo vemos nosotros también.
Haber hecho juntos grandes cosas en este México independiente Bicentenario, querer hacer otras más como tarea de todos los días que se impone a los ciudadanos, pero especialmente a las autoridades en los tres órganos de Gobierno.
Por eso, los ideales de igualdad, justicia y desarrollo de las mujeres y los hombres de 1810, y de 1910, en la Revolución Mexicana, deben convocarnos hoy, en el 2010, a hacer a un lado diferencias y sumar esfuerzos y voluntades para poner en marcha los cambios institucionales que requiere México, a fin de convertirse plenamente en un país desarrollado, un país donde cristalice la igualdad, la justicia, la libertad, la legalidad y la democracia.
Transformemos nuestro sistema de justicia, e impulsemos la transformación del Estado mexicano, que nos permita heredar a las mexicanas y mexicanos del mañana, una Nación de orden y de leyes, un México de libertades.
Un país con instituciones sólidas y eficaces, que estén también eficazmente al lado de los ciudadanos.
Sé que trabajando unidos lo vamos a lograr. Hagámoslo en memoria de aquellos que nos dieron, precisamente, Patria y libertad. Hagámoslo inspirados por aquellos, que en medio de la adversidad y en plena Guerra de Independencia, construían instituciones sabias, como el Supremo Tribunal de Justicia, hace 195 años.
Muchas gracias.
