Alías: El Tony o El Comandante Castillo

La PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional dieron a conocer este domingo la detención de Alberto Sánchez Hinojosa, presunto líder en Tabasco del Cártel del Golfo, connocido como "El Tony" o "el Comandante Castillo", quien tenía a su cargo la custodia del "narcosubmarino" que fue detectado en julio en las costas de Oaxaca y era el encargado de dirigir los secuestros en la región.
El presunto capo mantenía el control total del trasiego, distribución y venta de droga para el

cártel, además de que también secuestraba y extorsionaba a empresarios, ganaderos y funcionarios públicos, algunos de los cuales ejecutó por negarse a sus pretensiones.
De acuerdo con la información que dio a conocer esta tarde el general Luis Arturo Oliver, subjefe Operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional, "el Tony" también orquestó el homicidio de Mario Rodríguez Alonso, quien fuera director de Tránsito Municipal de Emiliano Zapata, Tabasco, por negarse a colaborar con su organización.
En una conferencia conjunta en la que también participó la subprocuradura de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, Maricela Morales, se informó que el líder del cártel del Golfo en Tabasco ordenó la colocación de 11 mantas con mensajes en contra de las autoridades estatales y federales.
En el operativo también fueron detenidos Francisco Arteaga Espino y Leonel Cruz Hernández, quienes se encargaban de su seguridad personal. A los detenidos se les aseguraron tres fusiles AR-15, dos subametralladoras MP-5, una escopeta lanzagranadas, una granada de fragmentación, 14 granadas calibre 40, cargadores, cartuchos, equipo de comunicación y dos vehículos, así como 225 mil pesos

Comunicado oficial: No. 739/08; 7/09/2008;

DETENCIÓN DEL LÍDER DE LA ORGANIZACIÓN “CARDENAS GUILLÉN”, EN EL ESTADO DE TABASCO
En el marco de la campaña permanente contra el narcotráfico y el combate integral a la delincuencia organizada y en respuesta a los compromisos contraídos por el Gobierno Federal en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, informa que durante la madrugada del día cinco del presente mes, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en apoyo de la Procuraduría General de la República, logró la detención en Villahermosa, Tabasco, del narcotraficante Alberto Sánchez Hinojosa (a) “Tony y/o Comandante Castillo”, líder de la organización “Cárdenas Guillén” ó “Cártel del Golfo” en el estado de Tabasco, a quien se le atribuye la comisión de lo siguiente:

- Ejerció el control total del trasiego, distribución y venta de droga para el “Cártel del Golfo” en el estado de Tabasco.

- Secuestraba y extorsionaba a empresarios, ganaderos y funcionarios públicos, algunos de los cuales ejecutó por negarse a sus pretensiones.

- Miembros de su célula delictiva asesinaron a Mario Rodríguez Alonso, quien fuera director de Tránsito Municipal de Emiliano Zapata, Tabasco, por negarse a colaborar.

- Ordenó la colocación de once mantas en el estado de Tabasco con mensajes en contra de las autoridades estatales y federales.

Con Alberto Sánchez Hinojosa (a) “Tony y/o Comandante Castillo” se logró la detención de Francisco Arteaga Espino originario de Monterrey, Nuevo León y Leonel Cruz Hernández originario de Platón Sánchez, Veracruz integrantes de la célula criminal que comandaba y de su seguridad personal. A los detenidos les fueron asegurados tres fusiles AR-15, dos subametralladoras MP-5, una escopeta lanzagranadas Cal. 40 mm, una granada de fragmentación, 14 granadas Cal. 40 mm, 225 mil pesos, cargadores, cartuchos, equipo táctico y de comunicaciones y dos vehículos.

Alberto Sánchez Hinojosa (a) “Tony y/o Comandante Castillo”, es uno de los lugartenientes de Heriberto Lazcano Lazcano, actual líder del “Cártel del Golfo” Hechos como este, reafirman la indeclinable decisión del Ejecutivo Federal por continuar realizando acciones frontales en contra de las organizaciones delictivas del narcotráfico, atendiendo al justo reclamo de la sociedad.

Autoengaño

Autoengaño/Luis Rubio

Publicado en Reforma (www.reforma.com), 7 Sep de 2008;

Hay verdades que son mentiras. Hay mentiras que, repetidas mil veces con la conocida táctica de Joseph Goebbels, el experto en propaganda nazi, acaban siendo creíbles. Pero no por repetirse una mentira, o un mito, ésta deja de ser mentira. En el tema de las refinerías que se discute como parte sustantiva de la reforma petrolera, las mentiras y los mitos son interminables y pueden llevar a decisiones torpes, costosas y absurdas.
Lo que todos escuchamos, y se repite constantemente en el discurso político, artículos periodísticos y hasta anuncios en radio y televisión es que a México le urge construir refinerías nuevas para que no se tenga que importar gasolinas y para que los beneficios económicos de la refinación se queden en México. Es un discurso bonito que no por eso es cierto.
El negocio petrolero es extraordinariamente rentable. El costo de producir un barril de petróleo en el país fluctúa entre 5 y 20 dólares, dependiendo del campo y las condiciones específicas. A los precios de hoy, superiores a los 100 dólares por barril, la utilidad es enorme. Ese dinero, bien empleado, podría traducirse en infraestructura, educación, un sistema moderno de salud, un aparato eficaz y bien pagado de seguridad pública y muchos otros beneficios que durarían décadas después de que se agoten los campos petroleros, porque habría servido para trasformar la capacidad de cada mexicano para ser exitoso en la vida. Es decir, habría elevado la calidad y cantidad del capital humano del país, abriendo con ello puertas y oportunidades que hoy son inimaginables.
En lugar de eso, nos empeñamos en malgastar el dinero que genera la parte esencial de la industria, la de exploración y explotación, en toda clase de aventuras inútiles. Con ese dinero se construyó una industria petroquímica que fue prácticamente obsoleta desde el día en que se inauguró, se construyeron refinerías que nunca han sido rentables y se mantiene una estructura administrativa y sindical que es la más costosa del planeta. Para colmo, como dice la canción de Chava Flores, lo que sobra (que es muchísimo) se desperdicia en corrupción y proyectos personales de funcionarios y gobernadores. Tenemos un recurso hiper rentable que se está agotando por no invertir en lo que deja dinero porque dispendiamos en todo lo demás.
El caso de la refinación es particularmente interesante porque ilustra nuestros excesos. Hoy en día, el país importa alrededor del 40% de las gasolinas que consume. Este hecho se ha tornado en un hito y en un mito: según la retórica, estamos haciendo algo terrible: exportamos petróleo para importar gasolina cuando podríamos estar produciendo la gasolina en el país, beneficiándonos del proceso mismo de refinación. La verdad es otra.
La realidad es que este esquema -exportar petróleo e importar gasolina- es absolutamente racional. El negocio de la refinación es de márgenes (utilidad) muy bajos y sólo unas cuantas empresas especializadas en la refinación hacen dinero. Los grandes consorcios internacionales ganan en la producción del petróleo y en diversos segmentos de la cadena productiva, pero prácticamente ninguno gana dinero en la refinación, y menos con fluctuaciones tan grandes en los precios del petróleo.
Además, hay un exceso de capacidad instalada para la refinación de petróleo en el mundo. Muchas empresas sobre invirtieron en capacidad de refinación (inversiones que fluctúan entre 4 y 10 mil millones de dólares por planta), por lo que están disponibles para refinar nuestro crudo y nos evitan tener que invertir esos enormes montos en plantas de refinación cuya rentabilidad es microscópica en el mejor de los casos. En otras palabras, está perfectamente bien lo que estamos haciendo. Lo ideal sería que la reforma petrolera contemplara la posibilidad de que inversionistas privados se instalen en el país para que, por su cuenta y riesgo, y con su tecnología y capacidad administrativa y de operación, se incremente la capacidad de refinación en el país. Sin embargo, dada la realidad del mercado, es poco probable que eso ocurra: ¿quién invertiría cuando hay capacidad de sobra a unos cuantos kilómetros de nuestras fronteras? Si, a pesar de lo que sugiere la lógica, nuestros políticos se empeñan en contar con refinerías de propiedad nacional, lo único racional en este momento sería comprar refinerías en el exterior que ya están instaladas y listas para funcionar, a una fracción del costo que tendría construir nuevas. Aunque fuera un mal negocio, al menos el berrinche resultaría menos costoso.
La industria petrolera nacional constituye un símbolo fundamental de la realidad del país y de la retórica política. Pero eso no justifica que se dispendien los recursos que de ahí se derivan o que se mantenga incólume el statu quo de la corrupción que caracteriza tanto la operación de Pemex como el uso de los recursos que éste genera. La discusión sobre qué debe hacerse con la industria se ha desviado hacia asuntos que son poco relevantes para su operación, todo ello disfrazado bajo acusaciones falsas de que se le intenta privatizar. La realidad es que todas las propuestas que se han presentado ignoran la estructura de la industria y, en general, se orientan hacia la transformación de pedazos aislados de la cadena productiva sin jamás tocar lo esencial. Algunos de los componentes de las iniciativas dejarían mucho peor al sector de lo que ya de por sí se encuentra.
En lugar de apegarse a las iniciativas que circulan en el congreso, lo idóneo sería repensar a la industria en su conjunto, reflexionar sobre el hecho de que el petróleo se va a agotar en las próximas décadas y concentrarse en lo único relevante: cómo emplear los recursos de la explotación del petróleo de la manera más inteligente posible para contribuir a afianzar una base de desarrollo que transforme al país en las próximas décadas. Es decir, olvidar los sueños elefantiásicos del pasado (petroquímica, refinación, etc.) para dedicar la totalidad de los fondos que arroja la producción y exportación de petróleo al financiamiento del desarrollo futuro del país.
Tenemos que reconocer que el petróleo se está agotando. Se puede y debe corregir el problema de producción petrolera, pero ésta se va a agotar en unos cuantos años. La pregunta que harán nuestros hijos y nietos no será por qué no construyeron más elefantes blancos sino por qué dispendiaron los recursos petroleros cuando sabían que se estaban agotando. Lo inteligente no es seguir haciendo lo mismo sino cambiar hacia la economía del conocimiento, construir la infraestructura y el capital humano del mañana. Todo el resto es perder el dinero y el tiempo.
Página en internet: www.cidac.org

Un quijote ciudadano

Un quijote ciudadano/ Enrique Krauze

Publicado en Reforma (www.reforma.com) 7 de septiembre de 2008;

Desde que tengo memoria lo recuerdo hablar de sus propuestas ciudadanas. Pensaba en círculos concéntricos, de dentro hacia fuera: cómo mejorar su cuadra, su junta vecinal, su delegación, su distrito electoral, su ciudad, su país. Sus cartas, muy formales siempre y dirigidas al "Ciudadano Fulano de Tal", no contenían exhortos retóricos ni "rollos": eran propuestas prácticas sobre aspectos diversos de la administración pública como salubridad, vialidad, diseño urbano, educación cívica, prácticas electorales y una que viene a cuento en el momento actual: el establecimiento del policía de la cuadra o de la vecindad.
Habían pasado los años en que uno podía pedirle al gendarme de la esquina el favor de apagar su linternita para el paso del amor. También los tiempos bucólicos de Pedro Infante y Luis Aguilar en A toda máquina. Y hasta la bonita costumbre de premiar a los policías de tránsito, dejando regalos cada 22 de noviembre, se estaba perdiendo también. Sin embargo, el crimen estaba acotado y los policías eran -hasta cierto punto- policías. Por eso me parecía extraña, ociosa y por supuesto utópica su idea de adaptar a México (con modificaciones sesudas, que no recuerdo) la tradición de la policía británica. No digo que sea factible adoptarla hoy: sólo me llama la atención que hace treinta años él se hubiera ocupado de esas cosas.
El personaje estaba jugando ante mis propios ojos un papel invisible para mí: el de ciudadano. Para mí la ciudadanía tenía que ver sobre todo con el aliento a la democracia electoral y los valores republicanos, pero no veía que esos valores sólo comienzan con el ejercicio del voto el primer domingo de julio cada seis años. Se continúan con el acto de participar los 365 días del año en actos menos espectaculares pero igualmente importantes: ocuparse, presionando a las autoridades o por la vía puramente privada y solidaria, de la limpieza de la acera, de los árboles de la cuadra, del orden en la vecindad, de la seguridad en la zona, de las alcantarillas. Mi personaje, que había estudiado un año de ingeniería, diseñó, por ejemplo, un procedimiento de lavado de tinacos porque hizo la cuenta del costo estratosférico (económico y sanitario) de las ratas en nuestra ciudad. Un día, en los años sesenta, me enseñó con mucho orgullo su proyecto sobre la ampliación del Paseo de la Reforma. Aducía sus razones históricas y el sentido urbano de la nueva traza. Cuando finalmente se realizó recordé el precedente, pero ni siquiera entonces lo tomé en serio. El colmo fue cuando se puso a reescribir por completo el Himno Nacional, cambiando la palabra "guerra" por "paz". Aunque escribía con cierta corrección, los versos me parecieron (por decir lo menos) desafortunados. Me alarmé aún más cuando -rompiendo su costumbre- los publicó en algún diario. A los pocos días me llevé una buena lección cuando leí que a Gabriel Zaid la idea le parecía buena.
Era un ciudadano. No un habitante ni un inquilino ni un turista de México. Un ciudadano. Una persona preocupada por el bienestar del entorno que eligió (o lo eligió) para vivir. No se veía a sí mismo como un filántropo y no lo era. Daba su tiempo y, de haber tenido dinero (que no lo ha tenido nunca), lo habría dado también, a manos llenas. Pero entendía que la filantropía, siendo tan necesaria, es una vertiente de la acción social distinta de la ciudadanía. Aquélla puede "comprar" buena conciencia en un segundo. Ésta requiere dedicación: no se compra con nada ni compra nada: es gasto personal e inversión en la sociedad, es anónima y sólo busca ser eficaz. El ciudadano, por definición, se conforma con trabajar en una escala pequeña y manejable. No busca más porque sabe que quizá no pueda más. No quiere alcanzar puestos políticos sino hacer más habitable, más humano su entorno inmediato. El ciudadano opina, se manifiesta, escribe, exclama, marcha, pero tiene la madurez de saber que no basta con protestar, hay que traducir las buenas intenciones en actos concretos. El ciudadano, en una palabra, se siente responsable del espacio que comparte con los demás.
Hace un par de años me llamó con suma urgencia. "Sólo te quitaré un minuto". Había cumplido los 87 años y sintió llegado el momento de hacer acopio de sus proyectos. Lo hizo con diligencia, en fotocopias divididas en carpetas y sobres de papel manila, con grandes letreros (escribía a mano), y los metió en un viejo maletín Samsonite. Los trajo a mi oficina y me los "heredó". Tras revisarlos someramente con ternura y una absurda indulgencia, los guardé, hasta que hace unas semanas los volví a ver, y no sólo los encontré juiciosos sino ejemplares.
Desde hace muchos años vive solo. Su estudio tiene un orden que únicamente él conoce. Lo presiden estatuillas y grabados del Quijote. Después de darme el maletín comenzó a entrar en un limbo, y hoy es el ciudadano errante de su conciencia y su inconsciencia. Pero sus hijas me dicen que hace poco, al comenzar a hojear las revistas de su peluquería, comenzó a animarse y hablar de la ciudad. Ciudadanos así es lo que necesitamos. ¿Quién me lo iba a decir? Tenías razón, tío José.

Tu sueño era mi sueño

Y de pronto, en el alto

silencio de la noche,

un soñar mío empieza

al borde de tu cuerpo;

en él el tuyo siento.

Tú dormida, yo en vela,

hacíamos lo mismo.

No había que buscar:

tu sueño era mi sueño....,

Pedro Salinas. (1891-1951); madrileño,

Considerado el poeta del amor, uno de los grandes exponentes de la generación del 27, a los que pertenecen poetas como Jorge Guillen, Federico Garcia Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre y Luis Cernuda, entre otros.

La disputa por la UdeG

La Verdadera victimaFelipe Covain y Hermenegildo Olguín
Revista Proceso, (www. proceso.com.mx), 7 de septiembre de 2008;

Con la destitución de Carlos Briseño de la rectoría de la UdeG parece que se restaura el poder que durante decenios ha usufructuado Raúl Padilla en esa casa de estudios. Sin embargo, diversos especialistas aseguran que la situación por la que atraviesa la segunda universidad más importante del país es de un caos en el que no hay ganadores y sí una perdedora: la propia institución.GUADALAJARA, JAL.- Luego del revés que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa le propinó a Carlos Briseño Torres al ordenarle al Juzgado Tercero de Distrito la revocación del amparo provisional que le había otorgado y que no se le restituya en la rectoría de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, cabeza del grupo que controla a la institución desde 1989, logró que la clase política de la entidad cerrara filas en su favor.

El caso del guero Castañeda en la CIDH

Condena al Estado mexicano

Jorge Carrasco Araizaga, reportero.
Publicado en la revista Proceso, (http://www.proceso.com.mx/), 7 de septiembre de 2008;

Vanos fueron los esfuerzos del gobierno de Felipe Calderón por convencer a Jorge Castañeda de retirar la demanda interpuesta por el excanciller ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2005, luego de la negativa del IFE a registrarlo como candidato independiente. El caso llegó a la Corte Interamericana, que el martes 2 emitió un inédito fallo adverso al Estado mexicano. Ahora Calderón tiene un año para responder a la sentencia y modificar su legislación electoral de manera que ésta garantice a los particulares el acceso a la justicia.
Contrario a lo pregonado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en contra del Estado mexicano en el caso del excanciller Jorge Castañeda Gutman y lo condenó a modificar su legislación electoral para que ésta garantice a los particulares el acceso a la justicia.
Es la primera vez que un organismo de jurisdicción internacional se pronuncia en contra del gobierno federal al encontrar que no garantiza la cabal protección de los derechos político-electorales de sus ciudadanos, prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
El fallo, emitido el martes 2, se produjo después de un frustrado intento del gobierno de Felipe Calderón de negociar con Castañeda para evitar la condena, que entre otras consecuencias tiene la de sentar el precedente de que el Estado mexicano puede ser enjuiciado en el ámbito internacional por la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos.
Ante ese fracaso, el gobierno buscó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no le diera entrada al asunto. Pero todos sus argumentos fueron rechazados, como quedó asentado en la sentencia del caso 12.535 "Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos".
La resolución, en la que se confirma que el Estado violó la Convención, constituye la primera condena a México desde que en 1998, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, nuestro país reconoció la jurisdicción de la Corte.
De acuerdo con Castañeda, canciller en el gobierno de Vicente Fox, parte de la trascendencia del fallo radica en que se deberá reformar, entre otros ordenamientos, la Ley de Amparo para que los tribunales mexicanos otorguen ese recurso jurídico a los ciudadanos en asuntos político- electorales.
A pesar del revés, la SRE se dedicó a divulgar la idea de que el Estado mexicano no había sido encontrado responsable de violar "los derechos políticos y de igualdad" de su extitular al negarle registro como candidato independiente a la Presidencia de la República en el proceso electoral de 2006.
En efecto, no hubo condena respecto a esos derechos. Pero los nueve puntos resolutivos de la Corte van mucho más allá de la versión difundida por el gobierno de Calderón a través de un comunicado oficial y de las declaraciones del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo.
La secretaría minimizó el hecho de que, además de esos dos reclamos, Castañeda impugnó ante la justicia interamericana la falta de recursos legales en México para que los ciudadanos defiendan sus derechos político-electorales como parte de sus derechos humanos.
Castañeda argumentó que esa carencia viola el artículo 25 de la CADH, según el cual "toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido (y) efectivo, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales".
La reclamación prosperó, por lo que el Ejecutivo y el Legislativo mexicanos están obligados a reformar no sólo la normatividad electoral, sino la Ley de Amparo, que hasta ahora niega la protección de la justicia federal a los ciudadanos cuando se trata de asuntos electorales.
Ese argumento también fue utilizado por la justicia mexicana para evitar darle a Proceso el amparo en contra de la decisión del IFE de negarle el acceso a las boletas electorales de esa misma elección. Este caso se encuentra ahora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El resolutivo
Es tal la trascendencia de la resolución del martes 2 que la Corte Interamericana estableció que el Estado mexicano debe publicar en el Diario Oficial de la Federación y en otro diario de amplia circulación nacional los párrafos 77 a 133 de la sentencia, que se refieren precisamente a la violación cometida contra Castañeda y que fundamentan el resolutivo contrario a México.
Dice el resolutivo número seis del fallo: "El Estado debe, en un plazo razonable, completar la adecuación de su derecho interno a la Convención, de tal forma que ajuste la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano".
La adecuación, añade, se debe hacer "de acuerdo con lo previsto en la reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007", en la que se modificó el sistema electoral mexicano desde la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
En su última parte, el resolutivo de la Corte precisa que los ajustes se deben hacer "de manera que mediante dicho recurso (el juicio de protección de los derechos del ciudadano) se garantice a los ciudadanos de forma efectiva el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido".
La interpretación de Castañeda es que se deben reformar la Constitución Política, la Ley de Amparo, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Pero no se trata de una mera reforma electoral. Según explicó la Corte en su resolución adoptada por unanimidad, el Estado mexicano está obligado a modificar su legislación a la luz de la protección de los derechos humanos:
"Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana, como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en conjunto, hacen posible el juego democrático."
Castañeda acudió a la CIDH en octubre de 2005 luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negara el amparo en contra de la negativa del IFE de registrarlo como candidato independiente (Proceso 1503).
Aunque le dio la razón de manera parcial, en marzo de 2007 la CIDH sometió el caso a la Corte Interamericana debido a "la inexistencia en el ámbito interno de un recurso sencillo y efectivo para el reclamo de la constitucionalidad de los derechos políticos y el consecuente impedimento para que... Castañeda... inscribiera su candidatura independiente".
Catañeda fundamentó su reclamo en los artículos 23 y 24 de la CADH, que garantizan los derechos de votar y ser votado y la igualdad legal con que deben ser tratadas todas las personas, respectivamente.
Desde que el caso fue analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esas dos impugnaciones fueron rechazadas por considerar que el sistema electoral mexicano prevé la participación electoral sólo a través de los partidos políticos y no acepta las candidaturas independientes.
La Corte Interamericana ratificó esa determinación. Pero a partir de esas negativas, la cancillería mexicana difundió ante la opinión pública la versión de que se trataba de un triunfo del Estado mexicano, con lo que buscó restarle valor a la trascendencia del fallo.
En el boletín 244 emitido el mismo martes 2, la SRE señaló: "Jorge Castañeda alegó que el Estado mexicano había vulnerado diferentes derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente su derecho de igualdad ante la ley y sus derechos políticos establecidos en el artículo 23 de dicha Convención, con base en la negativa del Instituto Federal Electoral de inscribirlo como candidato independiente...
"El Estado mexicano argumentó y probó que el sistema de partidos en México en modo alguno vulnera el derecho del Dr. Castañeda o de cualquier otro ciudadano a ser votado, derecho garantizado tanto por la Constitución mexicana como por la ley electoral."
En su comunicado, la SRE matizó la resolución de la Corte sobre la violación del artículo 25 de la CADH por parte del Estado mexicano a pesar de que los argumentos de la Corte fueron muy claros:
"En el presente caso la inexistencia de un recurso efectivo constituyó una violación de la Convención por el Estado Parte, y un incumplimiento de su deber de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos establecidos en la Convención", de acuerdo con ese artículo.
A pesar de esa contundencia, la SRE sólo informó: "(La Corte) declaró que el recurso para impugnar la constitucionalidad de las disposiciones electorales, contemplado en la legislación mexicana, no era suficiente para garantizar los derechos políticos del Dr. Castañeda, de conformidad con el artículo 25 de la Convención.
"Sin embargo -siguió en su propósito de restarle importancia al fallo- (la Corte) determinó que la reforma electoral de 2007, por la que se añadieron dos párrafos al artículo 90 de la Constitución Federal, subsanó dicha deficiencia al reconocer constitucionalmente la facultad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revisar constitucionalmente las leyes electorales."
Una resolución trascendente
En la interpretación de la cancillería, el Estado mexicano sólo está obligado a ajustar la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano, de acuerdo con lo previsto en esa reforma constitucional.
Pero Castañeda y uno de sus abogados que promovieron la demanda en la Comisión Interamericana, Fabián Aguinaco, tienen otra interpretación. Aseguran que la resolución de la Corte va más allá de la legislación secundaria, por lo que la reforma debe ser desde la Constitución Política. "Cuando la resolución dice que el Estado mexicano debe 'completar la adecuación de su derecho interno a la Convención' significa que debe continuar las reformas constitucionales", considera el excanciller.
Sólo después de esa primera recomendación, añade, la Corte es explícita cuando pide que se ajuste la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano, según lo previsto en la reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007.
"Pero como en esa reforma no se tocó el tema de la justicia electoral para los ciudadanos, entendemos que la Corte Interamericana se refiere a la Constitución, que en este caso debe ser la reforma de los artículos 41 y 99", dice Castañeda.
Lo único que se modificó, precisa, fue que el TEPJF ya puede ocuparse de la constitucionalidad de las leyes electorales, pero en tal caso el ciudadano no tiene personalidad jurídica ante el tribunal. Sólo puede acudir un partido o una minoría legislativa, que por definición es de partidos.
El excanciller dice que el significado de la resolución va más allá de su caso: "Se ha dado un paso para que empiece a funcionar un régimen jurídico internacional en la vida jurídica y política interna de México. Por más que le den vueltas, la Corte le dio entrada a la demanda y los condenó por violar el artículo 25 de la Convención. Eso es importantísimo, ya es parte de la jurisprudencia mexicana y el gobierno está obligado (a atender la sentencia).
"Pero el tema tiene todavía más fondo, pues estableció que los derechos políticos son derechos humanos de importancia trascendental dentro del sistema interamericano. Eso es totalmente contrario al punto de vista mexicano tradicional", dice.
El padre de Castañeda Gutman, Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa, fue quien en 1981, como titular de la SRE, convenció al entonces presidente José López Portillo para que México firmara la CADH.
Plazo obligatorio
La Corte Interamericana le dio un año al gobierno de Calderón para que le informe sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de la sentencia, entre éstas el pago de 7 mil dólares a Castañeda por concepto de costas del juicio.
A eso se limitó el resarcimiento del daño reclamado por el excanciller, pues de acuerdo con el organismo jurisdiccional interamericano "esta sentencia constituye per se una forma de reparación".
Además de la advertencia de la Corte de que "supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia", Castañeda insistirá en las reformas. Conocedor de los mecanismos internos y externos del poder, en caso de incumplimiento por parte de México recurrirá a la cláusula democrática incluida en el Acuerdo de Cooperación Económica con la Unión Europea.
Si México no hace las modificaciones legales estaría incumpliendo esa cláusula, con la que se comprometió al respeto de los derechos humanos. "La consecuencia de demostrar que hay una cadena de incumplimientos y violaciones sería que el Acuerdo con la Unión Europea se venga abajo", advierte Aguinaco, quien junto con los abogados Gonzalo Aguilar Zinser y Santiago Corcuera representó a Castañeda en este litigio.
La derrota de México en la Corte Interamericana se prefiguró desde que la CIDH le solicitó "que ordene al Estado mexicano que adopte en forma prioritaria las reformas legislativas, administrativas y de otro orden que sean necesarias para asegurar que en el futuro exista un recurso para el control de la constitucionalidad de la legislación que afecta los derechos políticos".
Y respecto de la reforma electoral de noviembre pasado, señaló: "El Estado adoptó una importante reforma constitucional, que la Comisión valora en su justa dimensión" porque "es un primer y muy importante paso... pero no solucionó en forma integral la problemática que afectó a la víctima del caso".

El cardenal John Henry Newman

La afirmación de que el cardenal John Henry Newman podría haber mantenido una relación "algo más que amistosa" con su asistente, el sacerdote Ambrose St John, no tiene fundamento.
Así lo afirma el principal biógrafo del cardenal inglés, Ian Ker, en un artículo publicado por el diario L'Osservatore Romano, respondiendo a declaraciones de lobbies homosexuales.
La polémica se desató con la decisión del Gobierno británico, el pasado 26 de agosto, de permitir la exhumación del cuerpo del cardenal con vistas a su futura beatificación, ya que Newman pidió ser enterrado junto a su asistente, el sacerdote Ambrose St John.
Para Ker, esta última voluntad del cardenal no constituye una prueba de su homosexualidad, y pone el ejemplo de otros casos como el del escritor Clive S. Lewis, que quiso ser enterrado con su hermano, o el de Dorothy Collins, secretaria de los Chesterton, cuyos restos reposan junto al matrimonio.
El biógrafo de Newman recuerda que Ambrose St John fue muy amigo del cardenal y estuvo a su servicio durante treinta años. "Newman se sentía responsable de su muerte, porque le había pedido traducir la obra del teólogo Joseph Fessler sobre la infalibilidad en la línea del Concilio Vaticano I, una última tarea que resultó demasiado pesada para él, ya sobrecargado de trabajo".
Ker recuerda que St John "fue el colaborador más estrecho de Newman durante el difícil periodo de la fundación del Oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra, y en todas las sucesivas tribulaciones de Newman como católico".

El cardenal Newman está enterrado en el pequeño cementerio de Rednall Hill, en los suburbios de Birmingham, junto con Ambrose St. John, converso al catolicismo al mismo tiempo que él.
El purpurado, el más famoso converso inglés al catolicismo romano en el siglo XIX, fue en su etapa como anglicano una de las figuras principales del Movimiento de Oxford, que trató de aproximar la Iglesia Anglicana de Inglaterra a sus raíces católicas romanas.
Tras la aprobación de un milagro atribuido a su intercesión, la Santa Sede pidió al Gobierno inglés la exhumación del cuerpo y su traslado al Oratorio San Felipe Neri de Birmingham, dentro de los requisitos del proceso de beatificación.

John Henry Newman (Londres, 21 de febrero de 1801 - Birmingham, 11 de agosto de 1890) Fue un anglicano convertido al catolicismo en 1845, más tarde fue hecho Cardenal y en 1991 fue proclamado "Venerable". En su juventud fue una figura importante en el Movimiento de Oxford.

Sus estudios históricos le llevaron a convertirse a la fe de la Iglesia Católica.

En 1997 el cardenal fue proclamado Venerable tras una minuciosa investigación de su vida y obras por la Congregación para las Causas de los Santos. Está abierta la causa para su beatificación y canonización.

Más información en http://es.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Newman