Conferencia de prensa del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, 9 de julio de 2010 | Conferencia
-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: Muy buenas tardes, señoras y señores, otra vez gracias por asistir a nuestro llamado. Pido atentamente se me acepte una disculpa por no haber comparecido ayer por cuestiones de complicación en la agenda institucional.
El pasado domingo los mexicanos, en prácticamente la mitad de los estados del país, eligieron -de manera libre y responsable- a nuevas autoridades.
La jornada fue pacífica y participativa, a pesar del lamentable asesinato de don Rodolfo Torre Cantú y de los escenarios de intranquilidad que algunos anticiparon en días previos.
En varios de estos estados se registraron cifras históricas de participación. Es pertinente hacer un reconocimiento a la ciudadanía que ejerció este derecho democrático.
El mandato ciudadano ha sido claro y ha sido el mismo para todas las fuerzas políticas.
En muchos lugares el mandato ciudadano ha sido de alternancia, la alternancia constata la necesidad de ejercer el poder de manera distinta, bajo nuevas premisas y con base en nuevos referentes.
El deber de las autoridades electas de todos los niveles y ámbitos de gobierno es atender al mandato de la ciudadanía, ponernos de acuerdo entre nosotros, más allá de nuestras legítimas diferencias, y responder con acciones concretas a estas exigencias.
Las elecciones sirven para confrontar posturas y propuestas, concepciones de gobierno y prioridades, sirven para dar opciones a los ciudadanos de cómo quieren ser gobernados y de cómo quieren que se utilicen sus recursos.
Pero las elecciones son sólo la vía para dirimir quién ejercerá el gobierno. El ejercicio mismo del gobierno tiene que trascender al momento electoral y atender a los imperativos nacionales.
El Ejecutivo Federal ha insistido en una convocatoria para construir la nueva realidad que el país demanda. Otros actores políticos y sociales lo han hecho también.
Algunos otros se han mostrado escépticos o se han declarado en espera de una agenda de los pormenores para el desarrollo de este diálogo.
Es nuestra convicción que el acuerdo necesario exige comenzar el diálogo desde la delimitación de su agenda, su estructura y sus alcances, mediante una participación plural.
Sólo con la aportación honesta de todos los actores podremos superar los incentivos perversos para no cooperar.
Sólo escuchando al otro podemos reconocer las coincidencias que necesariamente nos vinculan como nación.
La seguridad pública es un tema que demanda la coordinación y el esfuerzo de todas las autoridades.
La seguridad como exigencia para el ejercicio pleno de libertades democráticas es un tema central, pero no es exhaustivo de la agenda de gobierno.
El clima de inseguridad que se vive en algunas regiones del país exige que trabajemos afanosamente para acelerar el éxito de la estrategia.
Exige su constante revisión y adaptación; exige valentía, y exige la confianza en que el objetivo es asequible.
Recuperar la seguridad también implica un trabajo intenso de acercamiento con la sociedad.
Lograr una alianza verdadera entre las fuerzas del orden público y la ciudadana es central, para el éxito de este objetivo.
Debemos apropiarnos de una auténtica cultura de la legalidad que nos obligue a un compromiso profundo con la promoción y la defensa de los derechos humanos, sin el cual no es posible consolidar una verdadera seguridad democrática.
Si bien la seguridad pública es una asignatura urgente, de ninguna forma monopoliza la agenda pública ni agota nuestra responsabilidad como gobierno.
El fortalecimiento institucional que el Ejecutivo Federal ha impulsado abarca distintos ámbitos de la cotidianidad ciudadana, pasando desde la procuración de justicia y el ejercicio de la política, hasta la estructura productiva nacional.
Así, al Gobierno Federal le corresponde hoy reconocer la decisión ciudadana y trabajar con los liderazgos que se han consolidad para llegar a acuerdos nacionales que como país necesitamos, hacia un diálogo constructivo y respetuoso que sea capaz de trascender a la contienda y a su momento.
Hoy es impostergable precisar qué instituciones queremos preservar, cuáles hemos de reconstruir, cuáles modernizar, cuáles otras abolir y cuáles nuevas a crear.
Hoy el Gobierno Federal extiende la convocatoria honesta de escuchar a todos los liderazgos sociales y políticos que quieran contribuir a consolidar definitivamente un proyecto nacional, en el que todos los mexicanos se reconozcan.
Hoy, en el Centenario de nuestra Revolución y el Bicentenario de nuestra Independencia, tenemos la oportunidad de evocar la historia para emprender una acción de transformación que se sostenga en el tiempo.
Es hora de retomar y complementar las grandes reformas estructurales del país, es momento de discutir una reforma política que renueve la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Hoy es momento de discutir una reforma laboral que permita generar empleos de calidad, que nos vuelva un país que genere mayor riqueza y que disponga de los instrumentos para distribuirla de manera más equitativa.
Hoy sea el momento de discutir una reforma fiscal que fortalezca las capacidades del Estado para la provisión de servicios, incluyendo a la seguridad pública.
Hoy es el momento de tomar en serio a la reforma educativa. Hoy es el momento de consolidar un federalismo responsable en lo electoral y en lo fiscal.
Es momento de ser responsables, todos, en el ejercicio del gobierno. Hoy es momento de concretar la concentración de mandos policiales en las que los gobernadores de todas las entidades han coincidido.
Es momento de dotar de autonomía efectiva los poderes judiciales locales, mientras la justicia dependa del poder para existir no puede ser plena ni imparcial, no puede avanzar y consolidarse como una garantía democrática.
Es momento de discutir la Ley de Seguridad Nacional que brinde certeza a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.
Hoy es el momento también de aprobar las mejores reformas, para combatir con eficacia el lavado de dinero, el contrabando, la piratería, la extorsión, el secuestro o la trata de personas.
Es momento de analizar con apertura y reconstruir consensos en tornos a los registros públicos de población, de propiedad, de vehículos o de telefonía celular, para que sean instrumentos confiables de combate al crimen.
También es momento de optimizar el funcionamiento de la Plataforma México y la capacitación y depuración de nuestros cuerpos policiales.
La pluralidad y la diversidad están en la esencia de nuestro desarrollo democrático, no tienen por qué implicar confrontación, si logramos que abonen desde sus distintas aristas a una realidad más satisfactoria.
La cooperación no anula las propuestas individuales, por el contrario, hoy es el momento de hacer coincidir los intereses personales con los objetivos nacionales; las aspiraciones políticas con el fortalecimiento de la democracia.
Hoy es el momento de dejar atrás el encono y aportar la voluntad necesaria para la construcción de acuerdos.
Reconocemos que la mera enunciación de nuestras necesidades no es suficiente, reconocemos que la expresión de la voluntad dista de la capacidad de concretarla, pero reconocemos también que, sin voluntad, cualquier cambio es impensable.
Hoy presentamos una lista de grandes pendientes a las que esperamos sumar las inquietudes y la fuerza de todos lo interlocutores.
En razón de esto, el Presidente de la República ha encomendado a la Secretaría de Gobernación a facilitar la comunicación con los distintos actores políticos y los liderazgos económicos y sociales del país para iniciar con ellos y con la ciudadanía, este nuevo diálogo.
Me instruyó que fuera la transparencia y la rendición de cuentas las garantías democráticas que definieran el horizonte desde el cual trabajaremos.
Asumimos esta responsabilidad frente al México del futuro de manera compartida.
La ciudadanía no se merece que los políticos nos señalemos unos a otros, como pretexto para justificar la insuficiencia de los resultados.
El mensaje de los ciudadanos es muy claro: Si les pedimos el voto para estar en el gobierno, nuestro deber es ejercerlo para su bienestar; que México encuentre listas a las fuerzas políticas para que en el Mes de la Patria, del Año de la Patria, pueda renovarse la vida institucional del país y no solo festejar su pasado sino consolidar las bases para la construcción de su futuro.
Muchas gracias y quedo a sus órdenes.
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Fabiola Martínez, de La Jornada; -Secretario, buenas tardes
¿Me podría precisar cuál es el alcance de lo que nos está comentando en este momento?, porque -como usted bien lo dice- la lista de pendientes es muy amplia, podría pensarse hasta que se requiere un Congreso Constituyente o reformar al Estado. ¿Cuál es el verdadero alcance o, como lo convocaron al inicio, se trata de combatir los asuntos urgentes en materia de violencia y de inseguridad? Eso es por un lado.
Una segunda pregunta sería: Cada día crece el rumor, las versiones de que usted deja esta dependencia. A esto se agrega que los dirigentes del PAN y del PRD consideran como un éxito las alianzas que usted ha criticado. ¿Me puedo contestar eso?
Y también, saber qué pasó con ese documento que se firmó en esta dependencia para no hacer alianzas en el Estado de México. ¿Fue una broma, está archivado o qué paso con ese papel?
-GÓMEZ MONT: Bueno, pues es una pregunta compleja y, de veras, buscaré contestar a todo.
Primero, evidentemente el tema central de este diálogo es la construcción de una seguridad democrática, pero reconocida en su complejidad.
Primero tenemos que delimitar las tareas y las competencias de la Federación, los estados y municipios en los temas de la reconstrucción de la seguridad pública en el país.
La estrategia central es la reconstrucción institucional que pasa por aclarar las competencias; debemos reconocer que hoy por hoy sigue existiendo una procedimiento ambiguo para determinar en qué momento y quién declara que se trata de un caso de delincuencia organizada y, con ello, clarificar cuándo le toca investigar a la Federación y cuándo a los estados para dejar claro, a partir de esta definición, que todo aquello que no sea delincuencia organizada, es tarea en cuya seguridad tienen que intervenir primordialmente los gobernadores de las entidades federativas.
También asumir cuál es la clase de seguridad que deben aportar municipios, estados y Federación, partiendo de un diagnóstico claro.
El modelo actual ha sido insuficiente, se presta a intersticios o espacios de oportunidad para la delincuencia organizada que deben ser superados.
Y que se acendre la corresponsabilidad de todos los actores en la construcción de este nuevo régimen en materia de seguridad pública en el país.
Las tareas están centradas. Niveles importantes de legitimación y de concertación política se han venido dando en torno a este nuevo modelo, que ya tendremos que acendrar, materializar, especificar, para que, repito, en el Mes de la Patria en septiembre nos pueda encontrar el pueblo de México abonando o generando ya productos concretos que permitan cumplir con estos objetivos: Delimitación y clarificación de competencias, y un nuevo esquema de división del trabajo que redunde en una mayor seguridad para los mexicanos.
Por lo segundo, mi permanencia en al Secretaría es una facultad constitucional del Presidente de la República y una decisión personal del Secretario.
Hoy por hoy yo he ratificado mi disposición a seguir sirviendo al Gobierno de la República, mientras el Presidente estima que esta aportación es útil para la construcción de la gobernabilidad en el país.
Si eso cambia, ustedes lo sabrán en su momento.
Tercero. Yo como político emití opiniones y juicios sobre las alianzas.
Cuando dejé de pertenecer a un partido político el tema se volvió se absoluto respeto a la Secretaría de Gobernación y de su Secretario a las estrategias tomadas por los actores políticos, y de reconocerlas en cuanto fueran legales; asumir y facilitar su cumplimiento en cuanto a un estado que busca procurar los espacios de encuentro y de procesamiento legal de las decisiones políticas de los actores, y hasta allí.
Y, por último, yo entiendo que esos documentos están a la luz de la opinión pública y que quienes son parte en ellos habrán de responder sobre su vigencia o su incumplimiento.
Antonio Baranda, Reforma: - Dos preguntas. La primera: ¿Usted reconoce que las estrategias que se han implementado desde el Gobierno Federal y a las cuales se han sumado las entidades federativas han fracasado?
Y esto lo pregunto por dos cuestiones: Hace dos años hubo un acuerdo nacional por la seguridad, el cual no sabemos qué resultados ha tenido, y parece que este nuevo llamado es algo muy similar a lo que se tuvo hace dos y que no se tienen resultados concretos en ese sentido y también porque los resultados del Sistema Nacional de Seguridad hablan de un crecimiento delictivo, a pesar de que se han aumentado los recursos para seguridad pública, sobre todo, a través de lo fondos que se dan a los estados. Esto por un lado.
Y por el otro, preguntarle por la situación que priva en el norte del país por las lluvias, por el huracán Alex. En la mañana la titular del Sistema de Protección Civil comentaba que están en la disposición de entregar los recursos, pero que tienen ciertos problemas para encontrar ese dinero por faltas presupuestales. Preguntarle de manera directa si van entregar esos recursos, ¿para cuándo sería?
Y ayer el titular de CONAGUA hablaba de alrededor de 800 millones de pesos tan sólo del FONDEN. ¿Es esta la cantidad que se estaría otorgando a través de los canales conducentes y normativos?
-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: Primero, ciertamente debemos de distinguir al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de este nuevo diálogo al que ahora se convoca.
El Acuerdo Nacional se hizo planteando una agenda a la cual se adhirieron diversos actores políticos, empresariales, sindicales, de medios. Hoy lo que se busca en este nuevo acuerdo es, inclusive, delimitar y discutir los contenidos que permitan revisar la estrategia para lo cual es legítimo para un gobierno.
Lo he dicho y lo sostengo, el gobierno sólo tiene como alternativa hacer mejor su lucha contra la inseguridad, pero de ninguna manera le es lícito o legítimo abandonarla o claudicarla.
Hoy por hoy, el Estado cada vez presenta instituciones más fuertes y más operativas para combatir a la delincuencia organizada, el encono de esta lucha va acreditando los golpes fuertes y centrales que se han venido dando a las estructuras de las organizaciones delincuenciales, tanto en su aparato logístico, como en su aparato económico.
Reconocer que se puede hacer mejor es necesario y reconocer que para hacerlo mejor se requiere el apoyo y la colaboración de la sociedad, con las instituciones de seguridad en este Estado, es impostergable.
De ahí que el gobierno ha sido sensible a diversas críticas que se han hecho a la estrategia, lo único que sostiene es que es momento de que las críticas se acompañen con propuestas, de que es momento de que las críticas que se hacen partan de diagnósticos razonables, racionales que permitan ajustes en la estrategia para que se puedan cumplir de mejor manera los objetivos, que es sensible a entender, que, por ejemplo, a nivel de los gobernadores de los estados hay una renovada voluntad para incidir de mayor manera en las tareas de seguridad y que eso implica un esquema nuevo de asignación de recursos, de funciones y de competencias que nos permita generar nuevos niveles de eficiencia.
Todo ello se da en el ámbito de una discusión abierta en lo cual el aspecto central, el aspecto inmutable es que el Estado no abandonará de ninguna manera el cumplimiento del deber que tiene de procurar seguridad a los mexicanos y que está abierto para definir la mejor manera para cumplir con ese deber, eso sí está abierto.
Y se hace una convocatoria a todos, sobre todo a los críticos más acendrados, para que reconozcan su responsabilidad en la tramitación de esta agenda para que, a partir del reconocimiento de esa responsabilidad, propongan alternativas que nos permitan hacer mejor lo que estamos haciendo.
Se dice por todas partes que hay una voluntad total de colaborar a fortalecer a las instituciones de seguridad del país y nosotros tomamos la palabra a quienes han hecho esta oferta y les decimos, en un contexto democrático, en un contexto en donde se busca apuntalar el principio de autoridad para que proteja a todos, para que no se manejen exclusiones, para que no se maneje discriminación en el deber elemental del Estado de proteger a todos, sobre todo a los más vulnerables a la acción de la delincuencia, para que lo hagamos con las energías y las reservas institucionales que tiene este país, una de ellas: La participación de todos sus políticos.
Carlos Quiroz, del Grupo Imagen: - Secretario. Buenas tardes.
Con la resaca electoral, después del pasado fin de semana; con la pugna todavía entre los partidos políticos en diversos estados de la República donde hay amenazas de impugnación y demás; donde todavía continúa siendo, de alguna manera, la negociación para este diálogo, el botín de algunos partidos, principalmente el PRI, que ha condicionado de alguna manera o ha rechazado esta invitación al diálogo por parte del Gobierno Federal, ¿de qué manera van a estar trabajando para generar este diálogo?
Si bien es cierto que la invitación es muy clara para aquellos que han criticado más esta estrategia, también es cierto que con esta resaca electoral que todavía queda, con esta preocupación de los partidos políticos, los conflictos postelectorales que se vienen y las impugnaciones, será sin lugar a dudas difícil.
¿De qué manera estarán trabajando en ese sentido, Secretario?
También quisiera preguntarle: Este golpe de timón que se da con esta llamada al diálogo, después de la infiltración del crimen organizado aparentemente, con el asesinato del candidato en Tamaulipas y esta manera del crimen organizado de convertirse, de alguna manera, en fiel de la balanza en las elecciones al interior del país. ¿De qué manera van a estar trabajando?
Sin lugar a dudas es una tarea difícil, Secretario.
-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: Indudablemente. Pero lo que no puedo aceptarte es que digas que el crimen organizado es el fiel de la balanza en este país.
Miles, millones de mexicanos acudieron a darle potencia a los votos para quitarle potencia a las balas; miles y millones de mexicanos les dieron ejemplo a sus hijos de cómo construir patria, de cómo participar para la consolidación de instituciones. No es aceptable esa inferencia.
El crimen organizado sigue siendo una minoría frente a todo un pueblo que quiere vivir en paz, vivir en tranquilidad, consolidar una cultura de la legalidad de la que todo se reconozca. Así pues, no puedo aceptar eso como presupuesto.
Lo que yo sí creo es que precisamente en esa cultura de legalidad, los actores políticos han venido subordinando sus estrategias a los procedimientos que prevé la ley.
Ahí hay espacios públicos donde congregarse y manifestar sus posiciones, pero también hay procedimientos, ahora frente a los consejos electorales, mañana frente a los tribunales locales y pasado mañana frente a los tribunales federales, donde se pueda dirimir en independencia, de manera apegada a la ley, donde se encuentren sometidas las pasiones y las visiones partidistas a los principios que enarbola la ley para que las diferencias se solucionen.
Esta Secretaría de Gobernación se ha vuelto un facilitador de las conductas democráticas pero ya no dirime las controversias electorales.
Hay poderes judiciales independientes encargados de esa tarea y éste es uno de los avances más importantes en nuestro sistema político porque son, precisamente, esos tribunales imparciales los que dan una clara contención a todos los actores políticos para someterse a los espacios que da la ley para la competencia electoral o la competencia entre partidos.
Entonces, uno: Nada se ha salido de su cauce; dos, se están ejercitando las libertades públicas que reconoce la Constitución a los mexicanos para procesar el vigor político que tiene un país democrático, en donde ese vigor se refleje en la competencia por los espacios de poder; tres, al final estos problemas se dirimen en base a leyes previas procedimientos previos y autoridades independientes a las partes que buscan dirimir las controversias conforme a las leyes aceptadas por todos los jugadores.
-LIC. ARTEMISA PADILLA: Gracias, Secretario. Siguiente pregunta: Alberto Morales, de El Universal.
-PREGUNTA: Buenas tardes. Para preguntarle. ¿Ya hay acercamiento con las fuerzas políticas para iniciar este diálogo? Y de ser así, ¿en qué fecha y en qué lugar se va a llevar a cabo?
Y ahora también, ¿qué les responden al PRI que ha dicho que los han acompañado, al Gobierno Federal, en todas sus iniciativas de seguridad y no ha encontrado ese mismo eco de parte de ustedes?
-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: Yo reconozco que muchas de las iniciativas en materia de seguridad se han procesado con el acuerdo de los tres principales partidos políticos en el Congreso: PRI, PAN y PRD.
Acepto que en muchos temas estas negociaciones han sido complejas, han implicado acreditar confianza en las acciones de gobierno, al abrir nuevos espacios y márgenes de maniobra legales para proceder en contra de la delincuencia, y que hoy se tiene que reconocer que en otros espacios estas concesiones tienen que darse.
Regreso, muchas de estas discusiones han sido con el Partido Revolucionario Institucional. Vamos a tener que seguir ese camino.
El PRI tiene una responsabilidad frente a su pueblo; sus autoridades electas, sus gobernadores, sus presidentes municipales son parte de los actores que tienen que acometer esta tarea.
Y en ello debemos de aceptar una cuestión central: La política en materia de seguridad en este país debe ser una política de Estado. No es ni puede ser dejada sólo a la responsabilidad del Presidente de la República, aunque sea el Jefe del Estado; requiere del acompañamiento de actores políticos, de actores sociales y de actores económicos.
Parte del diálogo ya se ha venido desarrollando entre fuerzas políticas y el Presidente de la República, y tendrá que seguir este derrotero.
El país no puede pagar el costo de ver a los políticos divididos en un tema que implica el cumplimiento de la obligación primordial que tiene toda autoridad para proteger a los ciudadanos.
El principio de concesión de libertad personal que se le hace al Estado para que proteja a todos es fundamental.
Entre todos hacemos competencias sobre los márgenes de autonomía a que tenemos derecho para entregarle esos espacios al Estado para que el Estado tenga la potencia necesaria para proteger a todos.
Este es un principio central y clásico de la teoría del poder y de la teoría del Estado. Hoy por hoy a nosotros nos toca darle vigencia histórica, a todos nosotros.
Legítimamente se puede discrepar con las decisiones y las acciones del Gobierno Federal, pero lo que ya no se puede sólo criticar y no proponer alternativas razonables y racionales.
Hay un pueblo esperando que sus políticos tengan la capacidad de generar acuerdos que devengan en fortaleza institucional para proteger a la gente, sobre todo a los más expuestos a la violencia de las organizaciones criminales.
-Raquel Flores, de Radio Fórmula: -Sabiendo que usted desde el primer momento estuvo en contra de estas alianzas electorales, me gustaría saber su opinión respecto ahora en estos estados donde se ganaron, ¿cómo ve usted la manera en la que gobernarán, habrá congruencia? Finalmente ganaron nada más, pero hay que ver ahora la forma de gobernar cuando son partidos opuestos en muchas cuestiones ideológicas.
La segunda, Secretario, ¿qué nos puede decir usted a casi dos meses de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, como Secretario de Gobernación? Si usted tiene alguna información, no se sabe nada, luego de que la familia así lo pidió, pero su información como Secretario.
¿Y por qué hasta ahora viaja a Nuevo León? Ha habido críticas en torno a por qué el gabinete del Presidente Felipe Calderón no ha viajado a esta entidad, donde sabemos que hay una fuerte desgracia.
-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: Primero, le toca a las autoridad electas cumplir sus programas de gobierno y sus ofertas políticas, hacer los acuerdos necesarios para que esas ofertas políticas se traduzcan en decisiones públicas que produzcan un bien o satisfagan las exigencias de cambio sobre las cuales se construyó su propia plataforma electoral y la base política que los ha electo.
En ese sentido, espero que encuentren las herramientas y los incisos, en términos de ética política están obligados a cumplir su palabra.
Dos, en lo que toca a don Diego Fernández de Cevallos: El Estado ha asumido un deber de discreción en respeto a la familia y al interés primordial de preservar la vida de Diego. Ese espacio o ese deber de discreción en función de los hechos, será respetado por el Secretario de Gobernación.
Y tercero: El Gobierno Federal no ha estado ausente del drama del norte; han estado acudiendo funcionarios pero sobre todo el Presidente de la República.
Yo hoy acudo en continuidad a lo que ha venido haciendo el Gobierno Federal y, como dicen, donde ha mandado capitán a que obedezca marinero.
