Fracasa proyecto de Zaldivar

Fracasa postura de Zaldívar en caso ABC; proponía castigos a Molinar, Karam y Bours

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, DF, 14 de junio (apro).- El ministro Arturo Zaldívar fracasó en su intento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableciera “responsabilidad ética y política” de los funcionarios implicados en el incendio de la guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora.

En el primer día de sesiones para analizar el dictamen que implica a 14 funcionarios federales, estatales y municipales en la tragedia, la mayoría de ministros rechazó la propuesta de Zaldívar para hacer una interpretación más amplia de la facultad investigadora que otorga el artículo 97 de la Constitución.

El propósito del nuevo ministro, quien se sumó al pleno en diciembre pasado, era establecer responsabilidad política y ética de los funcionarios que tuvieron que ver en la muerte de 49 niños y lesiones a otros 104, el 5 de junio del año pasado.

Como principales implicados, mencionó al exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular, Daniel Karam, y al exgobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours.

Una primera mayoría de ministros, encabezada por el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se perfiló por aceptar que sí hubo violaciones graves a los derechos fundamentales de las víctimas, por lo que se tienen que establecer responsabilidades jurídicas de los implicados.

“No creo que seamos el ombudsman supremo con superioridad política y moral”, ya que nuestra autoridad sólo es jurisdiccional, dijo el responsable del Poder Judicial.

"Estoy de acuerdo en que actuemos con energía, pero no sin respetar los principios jurídicos que nos dimos para determinar el alcance de esta atribución, en tanto no haya ley reglamentaria” de la facultad establecida en el 97 constitucional, agregó.

Aseguró, en todo caso, que sí hubo violación grave de derechos fundamentales.

Sin embargo, hubo quienes adelantaron que sería difícil individualizarlas. Fue el caso del ministro Sergio Valls Hernández, quien fue subdirector y director jurídico del IMSS entre 1993 y 1999.

La facultad de la Corte, señaló, “no debe pensarse como un medio de encontrar culpables y de ahí castigos…, sino como un instrumento constitucional cuya finalidad es investigar y señalar violaciones graves a las garantías individuales que como tales no deben volver a repetirse”.

Consideró que “ni siquiera será posible individualizar a quienes hubieran tenido relación directa con tales sucesos, sino que podría tratarse de una conjunción de diversos elementos que dieron lugar a las mismas y en los que deberá esta Corte así señalarlo para que el Estado, a través de las instituciones correspondientes, tome las medidas para que no sucedan nunca más”.

Ante la contundencia que utilizó para decir que será difícil el establecimiento de responsabilidades, aclaró que en la tragedia sí hubo violaciones graves y hay autoridades involucradas.

El ministro Sergio Aguirre Anguiano, uno de los principales opositores a esa facultad constitucional asignada a la Corte, tampoco pudo evitar referirse a la existencia de responsabilidades. Sin embargo, acotó: “Todo apunta a responsabilidades imprudenciales”.

El primer día de discusión, que abarcó sesiones extraordinarias en la mañana y en la tarde, se dedicó a analizar el alcance del párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución, que le da a la Corte la facultad de investigar graves violaciones a las garantías fundamentales.

Zaldívar se quedó casi solo en su intento de buscar “un nuevo parámetro” en la interpretación de esa facultad. La mayoría de ministros reivindicó las reglas que se autoimpusieron en 2007 para la investigación de los hechos ocurridos en Oaxaca a mediados de 2006, durante la represión al movimiento encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Aguirre consideró “reprobable” que la Corte haga “censuras morales y (establezca) responsabilidades morales y éticas… A mí me parece fundamentalismo puro”.

La crítica la compartió el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien no sólo pidió la incorporación del tercer peritaje hecho público la semana pasada, en el que se concluye que el incendio fue provocado, sino que se hizo eco de la queja de Molinar Horcasitas, en el sentido de que su punto de vista no fue incluido por Zaldívar en su dictamen.

Los únicos apoyos totales que tuvo el autor del dictamen fue el del ministro Juan Silva Meza y de la ministra Olga Sánchez Cordero, para quienes la tragedia de la guardería implica una “falta de ética de las responsabilidades públicas”, por lo que es necesario “incluir el control de los particulares que ejercen funciones de Estado”.

Silva Meza dijo que la facultad de investigación de la Corte “es una atribución por la cual es posible efectuar el control de la actuación política irregular de los servidores públicos, que redunda en una violación grave a los derechos fundamentales… ante la extrema debilidad de la rendición de cuentas y la consecuente impunidad de dichos actos”.

Según el ministro, en ejercicio de su facultad de investigación, la Corte le puede pedir al presidente de la República que separe de su cargo a los funcionarios involucrados en la grave violación a las garantías individuales, reconociendo que es facultad del Ejecutivo federal hacerlo o no. Esta última posición no fue leída por el ministro en el pleno, pero sí está en el texto que preparó para su intervención.

En ese texto, Silva Meza también destacaba: “El titular del Ejecutivo está obligado a colaborar con la Suprema Corte en la recuperación de la regularidad constitucional” a través de la procuración de justicia.

Contrario a lo que opinó la mayoría de ministros, entre ellos Margarita Luna Ramos, Fernando Franco y Luis María Aguilar, Silva Meza dijo que si bien una resolución de la Corte en este caso “no es ejecutable, sí es vinculante por ser un mecanismo de protección de derechos fundamentales”.

Lo mismo consideró el ministro José Ramón Cossío quien, sin embargo, aclaró: “Si las autoridades nos hacen más o menos caso (en los resolutivos de las investigaciones) es otro tema”. Lo importante, advirtió, es que la Corte emite “un pronunciamiento con base en elementos jurídicos y no a partir de conjeturas morales”.

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Molinar

Juan Molinar ¿exsecretario?/Miguel Ángel Granados Chapa

Agencia APRO-Proceso

MÉXICO, D.F., 14 de junio.- El informe preliminar entregado a fines de febrero a la Suprema Corte por los magistrados Rosario Mota y Carlos Ronzón no le mereció respeto ni probablemente infundió temor a Juan Molinar Horcasitas. Lo descalificó con aspereza, como respuesta al señalamiento que en ese documento constaba en su contra, como uno de los eventuales responsables de violar garantías individuales en los sucesos que condujeron al incendio de la guardería ABC de Hermosillo y a la muerte de 49 niños y a una vida impregnada de dolor permanente a 75 personitas más.

Tampoco en su entorno pareció importar esa mención, y siguió considerándose al secretario de Comunicaciones y Transportes como uno de los integrantes de la caballada –flaca o robusta, para estos efectos no importa ahora– con la que Acción Nacional contendería en el derby de 2012. Junto con tres o cuatro de sus compañeros de gabinete, Molinar Horcasitas figuraba como presidenciable desde que el año pasado transitó de la dirección del IMSS a la SCT.

Hoy, en cambio, en vísperas de que la Suprema Corte de Justicia discuta el proyecto de dictamen del ministro Arturo Zaldívar donde es formaliza aquella imputación, la posición de Molinar Horcasitas parece más endeble que nunca. En los círculos más altos del poder se habla en voz baja, pero audible, que sus días están contados. Y hasta se anuncia que lo sustituirá Javier Lozano Alarcón, que cumpliría de ese modo un anhelo postergado durante más de tres años, pero por cuya realización ha venido trabajando.

El ahora secretario del Trabajo iba a serlo de Comunicaciones y Transportes, pero Televisa se habría opuesto, por el talante que Lozano le mostró en sus desempeños previos en el ramo, cuando era priista y cercano al presidente Zedillo, que lo hizo subsecretario de ese ramo y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Hoy, sin embargo, Calderón y Lozano están a partir un piñón con la familia Azcárraga y en compensación a los impulsos recibidos para que ingrese al ámbito de las telecomunicaciones y de la fibra oscura, se levantaría el veto sobre el secretario-pianista, que en la coyuntura laboral más reciente, la recuperación de Cananea por el Grupo México, actuó como un fiel gerente de ese consorcio.

Molinar se iría no por voluntad propia, sino despedido por Calderón, quien por insensible que sea no puede pasar por alto el señalamiento de la Corte a uno de sus colaboradores por incumplimiento de sus deberes constitucionales, según la ambiciosa y certera interpretación del ministro Zaldívar. Aceptar que en su gabinete actúa un secretario señalado (no inculpado porque no se trata de derecho penal, sino de ética) porque sus irresponsabilidades condujeron al terrible desenlace del 5 de junio, sería incurrir en el cinismo. Y es probable que Calderón no quiera que se le descalifique también por eso.

Molinar ha hecho una carrera breve en el servicio público. Se orientó desde el principio a tareas académicas, pero el roce de esas labores con la organización electoral, uno de sus temas de investigación, lo condujo a cambiar de orientación profesional. Nació en Chihuahua en 1955 y veinte años después era un brillante alumno en la naciente Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional. Fue elegido consejero técnico de la carrera de ciencia política, paso inicial a un desempeño siempre sobresaliente. Se posgraduó en El Colegio de México, a donde volvería después como profesor, tarea que realizó también en otras instituciones de enseñanza superior. Se hizo notar por su libro El tiempo de la legitimidad electoral. Autoritarismo y democracia en México, publicado en 1991.

Tres años después comenzó a salir de la vida académica. En 1994 era preciso acumular señales que dieran confianza al electorado, susceptible de retirarse de las urnas a causa del temor que infundía la violencia política, la de corte insurgente como la del zapatismo armado, o la puramente criminal como la que arrebató la vida a Colosio y Ruiz Massieu. Fue transformada con ese propósito la estructura del Instituto Federal Electoral con la elección de seis consejeros ciudadanos por la Cámara de Diputados. En esa tendencia Molinar Horcasitas fue nombrado director de Partidos Políticos, punta de lanza ciudadana en la red de intereses que regulaban la vida de esas organizaciones.

Se quedó en el IFE. Fue elegido en 1996 consejero electoral, en el primer Consejo General de ese instituto como órgano constitucional autónomo. Se hizo notoria su aproximación al PAN, aunque nadie diría nunca que sesgó su actuación por esa cercanía. Pero cuando Santiago Creel fue nombrado secretario de Gobernación por el presidente Fox, evidenció esa inclinación del consejero Molinar al hacerlo subsecretario de Desarrollo Político. Más tarde rompería con Creel pero el impulso de éste le permitió todavía entrar en la Cámara de Diputados, donde gozó de la confianza de Francisco Barrio y sobre todo de Germán Martínez, que coordinaron la fracción panista en una etapa en que la alianza del PAN con la profesora Elba Esther Gordillo permitió el desarrollo de la fracción elbiazul.

Brotó entonces la veta autoritaria de Molinar Horcasitas, que en lances parlamentarios diversos pasó de la cólera a la exhibición de sus tendencias políticas profundas. Con ese talante sobresalió en el grupo que se acercó a Felipe Calderón durante la contienda interna para la candidatura presidencial. Muy próximo a Calderón durante el proceso constitucional, lo estuvo en mayor medida en los tensos días de la calificación electoral y en la integración del equipo de transición.

Es probable que él mismo, como su entorno, quedara insatisfecho con su nombramiento como director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que no forma parte del gabinete legal, el de la primera línea. Pero tenía allí una batalla que librar, la de restringir el gasto de la institución, para lo cual, entre otros arbitrios, multiplicó los contratos de subrogación para guarderías, evidentemente más baratos que las que el IMSS debía operar directamente, porque no consumaban la idea de servicio sino la de negocio que minimiza costos para maximizar ganancias.

En marzo del año pasado Luis Téllez quedó al descubierto y tuvo que salir de la SCT. Ciertamente no fue arrojado a las tinieblas exteriores, donde es el llanto y el crujir de dientes, sino que el complejo político empresarial que nos gobierna le halló pronto acomodo al frente de la Bolsa Mexicana de Valores. Por lo pronto, su infortunio fue la fortuna de Molinar Horcasitas, que de ser verdad lo que dice la intriga palaciega apenas cumplirá quince meses en su cargo. Y se alejará, por supuesto, de toda pretensión presidencial.

Comunicado del EPR

Reitera EPR que no secuestró a Diego
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) reiteró este lunes que ellos no son los autores de ese crimen, como se ha especulado en distintos medios de comunicación.
"Desde los pasillos del poder y las diferentes oficinas de inteligencia policiaca y militar siguen filtrando la mentira de que nuestro partido y ejército es quien se llevó al señor Diego Fernández de Cevallos, en supuesta venganza por la desaparición de nuestros compañeros (Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez).
"Nada más falso y perverso entrañan estas filtraciones que pretenden deslegitimar nuestra lucha y eludir la responsabilidad del gobierno y sus instituciones sobre el crimen de lesa humanidad que constituye la desaparición forzada por motivos políticos", aseguró el grupo rebelde.
En un comunicado el EPR sostuvo que el dinero para esta organización no es una finalidad y que no va con su lineamiento político, que es de Guerra Popular Prolongada, donde los recursos provienen del pueblo.
"Los revolucionarios tenemos claro que el problema de los recursos para la revolución se resuelve definiendo que es el recurso humano el estratégico y no los recursos materiales, entre ellos el dinero, porque éste sin una conciencia revolucionaria y principios ideológicos firmes sólo es factor de descomposición, sobre todo cuando no hay una vigilancia revolucionaria eficaz", aseveró.
Si el secuestro de Fernández de Cevallos lo hubiese llevado a cabo un grupo u organización revolucionaria, resaltaron, entre las demandas y exigencias prevalecerían las demandas como la libertad de todos los presos políticos y la presentación con vida de todos los detenidos.
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República mexicana, 14 de Junio de 2010

Grupo: Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Desde los pasillos del poder y las diferentes oficinas de inteligencia policiaca y militar siguen filtrando la mentira de que nuestro partido y ejército es quien se llevó al señor Diego Fernández de Cevallos, en supuesta venganza por la desaparición de nuestros compañeros. Nada más falso y perverso entrañan estas filtraciones que pretenden deslegitimar nuestra lucha y eludir la responsabilidad del gobierno y sus instituciones sobre el crimen de lesa humanidad que constituye la desaparición forzada por motivos políticos.
En ese mismo tenor están las declaraciones de José Antonio Ortega Sánchez, presidente de un tal Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, quien de manera temeraria y tendenciosa dice que nuestro partido “mantiene retenido al jefe Diego” supuestamente para que “a cambio de la libertad de Fernández de Cevallos… se presente con vida a dos de sus integrantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez,… o en todo caso que les entreguen sus restos, si están muertos, y castigo a los que cometieron el hecho, así como una indemnización millonaria”. Alardeando conocer información gubernamental que le permite tener la certeza de tal afirmación.
Filtraciones y afirmaciones de este tipo, sólo tienen el propósito de generar las condiciones mediáticas para justificar la represión contra los sectores inconformes de la sociedad mexicana, y deslegitimar las causas y razones de la lucha revolucionaria que hemos emprendido hombres y mujeres desde hace décadas en el país contra la opresión y explotación, de esta manera pretenden encubrir nuevos crímenes de lesa humanidad contra luchadores sociales y los revolucionarios.
Categóricamente una vez más nos deslindamos de esa acción porque para nosotros el dinero en sí no corresponde ni es nuestro fin, mucho menos va de acuerdo a nuestro lineamiento político, ya que éste es de Guerra Popular Prolongada (GPP), es decir, siempre hemos sostenido el principio de que es el pueblo organizado y unido quien hace la revolución y no un grupo aislado de él para salvarlo, los revolucionarios somos producto del pueblo, vivimos en él y somos parte de él, porque el pueblo es una fuente inagotable de recursos cuando adquiere conciencia de la necesidad de la revolución.
La detención-desaparición por el aparato policiaco-militar de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez no es una presunción o un supuesto, es un crimen de lesa humanidad que el Estado mexicano ha venido cometiendo desde hace décadas contra luchadores sociales y revolucionarios que pugnamos por la transformación de la sociedad.
La exigencia de la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros y de todos los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy es una exigencia política no sólo nuestra sino del conjunto de luchadores sociales, ciudadanos y revolucionarios que estamos en contra del estado policiaco-militar impuesto por el gobierno calderonista. Exigencia que nada tiene que ver con” indemnizaciones millonarias” porque el valor de la vida de los luchadores sociales y los revolucionarios no se tasa en un valor monetario, esto solo lo hacen los mercenarios y aquellos que profesan ideas fascistas.
Los revolucionarios tenemos claro que el problema de los recursos para la revolución se resuelve definiendo que es el recurso humano el estratégico y no los recursos materiales, entre ellos el dinero, porque éste sin una conciencia revolucionaria y principios ideológicos firmes sólo es factor de descomposición, sobre todo cuando no hay una vigilancia revolucionaria eficaz. Por experiencia propia y de los diferentes movimientos revolucionarios en el mundo, sabemos que cuando los recursos materiales no son un medio para fortalecer la revolución y se convierten en un fin se deja de ser revolucionario y se abrazan las ideas de la clase dominante, y por tanto se pasa a defender los intereses de dicha clase social. En esas circunstancias solo es cuestión de tiempo para que quienes se descomponen, ellos y sus hijos aparezcan como “prominentes” empresarios.
Si en dado caso la “retención” del Señor Diego Fernández lo hubiese hecho un grupo o una organización revolucionaria, en las demandas y exigencias prevalecería más el aspecto político que el económico, pensamos que dentro de esas demandas estarían la libertad sin excepción de todos los presos políticos y la presentación con vida de todos los detenidos desparecidos por motivos políticos.
El gobierno de Calderón está empeñado en sofocar a sangre y fuego toda manifestación de organización y protesta popular, a la vez que se impone un estado policiaco-militar se aplica un estado de derecho oligárquico que criminaliza todo acto de protesta. El asalto y desalojo violento en las minas de Cananea y Pasta de Conchos es el más reciente acto represivo del gobierno federal en complicidad con los gobiernos estatales por exigencia del sector oligárquico que pretende seguir saqueando nuestras riquezas nacionales.
En la actual campaña represiva contra nuestro pueblo está la asesoría que el señor Felipe Calderón recibe del ex guerrillero del FMLN, Joaquín Villalobos, en un intento vano por contrarrestar la insurgencia revolucionaria en nuestro país, asesoría que incluye a ex guerrilleros que participaron en la lucha en el Salvador, ya sea por decisión propia o por mandato de sus organizaciones revolucionarias, juntos hoy se dedican a interrogar a los luchadores sociales que son detenidos por el Estado para descubrir quienes son cooptables y quienes no “hablarán”, decidiendo a quien se debe asesinar o desaparecer. Además diagnostican quien es “peligroso” para el Estado mexicano dentro del movimiento de masas.
Dentro de sus tácticas que sugieren es la infiltración en grupos y organizaciones revolucionarias a través de ex guerrilleros que se vanaglorian de acciones bélicas que ellos mismos nunca hicieron y con un discurso falso deslumbran a los inseguros y a los mediocres volviéndolos parte de la infiltración.
Es claro que este gobierno sólo defiende los intereses oligárquicos apoyados en las fuerzas represivas y en el Estado de derecho a modo, luego entonces las masas inconformes que se movilizan y protestan, así como los luchadores sociales debemos comprender que la resistencia de lucha que debemos impulsar debe ser popular, la resistencia no puede ser pacífica y mucho menos nos debe llevar a la inmovilidad dentro de los márgenes “constitucionales”, ello sólo hace el juego al estado de derecho oligárquico comandado por el ejército y el señor Calderón.
La solidaridad es un principio fundamental del hombre y en la práctica consiste en ir dando los pasos concretos para construir la unidad, pero no una unidad de palabras con disimulo, sino con una línea de acción nacional que repercuta en la capacidad estratégica de resistir combativamente, impulsando la táctica de lucha de resistir aunque haya agresión del régimen, debemos avanzar aunque seamos golpeados, encarcelados o asesinados.
Seguimos exigiendo la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, la presunción oficiosa de que nuestros compañeros están muertos es inaceptable.
Ratificamos el compromiso hecho con la Comisión de Mediación desde un principio de mantener la tregua, a petición expresa de la propia Comisión de Mediación. No obstante, hacemos de su conocimiento que el gobierno debe dar muestras claras para la presentación de nuestros compañeros, el tiempo no puede ser de manera indefinida.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA EN EL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 46
República mexicana, a 14 de Junio de 2010

La SCJN, última esperanza en ABC

SCJN, última esperanza en ABC.- Zaldívar
Nota de Víctor Fuentes
Reforma, 14 junio 2010.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la última esperanza ante la terrible injusticia de la guardería ABC, afirmó el Ministro encargado del proyecto de dictamen sobre la violación grave de garantías individuales por la muerte de 49 niños en junio de 2009.
Arturo Zaldívar dijo en el mensaje introductorio ante sus colegas que el incendio puso en evidencia la fragilidad del sistema de protección civil y del sistema de salud en todos los órganos de Gobierno, y que no basta con dar el pésame a los padres, sino que es necesario que haya consecuencias y justicia desde la Constitución y los derechos fundamentales.
"La tragedia que nos ocupa es una enorme injusticia y una clara y gravísima violación de derechos fundamentales, porque pudo haber sido evitada", dijo en su mensaje de introducción.
"Cuarenta y nueve niños, prácticamente bebés, fueron entregados por sus padres al Estado con la confianza de que éste se ocuparía de su seguridad, y pocas horas después fallecieron por omisiones de autoridades en los tres órdenes de Gobierno".
El Ministro también afirmó que la responsabilidad no puede diluirse en un mar de formalismos ni imputarse sólo a los integrantes menores de la cadena de mando.
"La Constitución no prevé una curva de aprendizaje", afirmó, al señalar que los funcionarios no pueden llegar a aprender a sus cargos, sino que deben estar capacitados para sus tareas.
"Es momento de que esta Corte envíe un mensaje claro a la sociedad de que nuestro País debe dejar de ser un lugar en el que todo pasa, y no pasa nada, en el que suceden cosas muy graves y no hay consecuencias. Si la muerte de 49 niños no es suficiente para señalar a los responsables, ¿qué tiene que pasar en este País para que los señalemos?".
El proyecto de Zaldívar menciona como responsables de grave violación de garantías al actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar, al actual director del Seguro Social, Daniel Karam, y al ex Gobernador de Sonora, Eduardo Bours, además de otros 11 funcionarios.
Zaldívar destacó que sólo había 14 maestras y no estaban capacitadas para atender a casi 200 niños; que el rescate tardó más de 30 minutos y lo realizaron civiles y policías; que las autoridades llegaron tarde y no tuvieron coordinación alguna; y que sólo 16 ambulancias participaron en el traslado de decenas de lesionados.
"Ninguna autoridad se coordinó con los responsables de las distintas instituciones médicas", dijo Zaldívar, quien acusó que los padres tuvieron que enfrentar una maquinaria burocrática que impidió el traslado de los heridos a hospitales de Estados Unidos.
También detalló que las madres de niños sobrevivientes han tenido que dejar de trabajar por los cuidados especiales que requieren sus hijos.
El Ministro defendió las facultades de la Corte en ejercicio del Artículo 97 de la Constitución y llamó a sus colegas a realizar una interpretación amplia y garantista de la Carta Magna y a no perderse en legalismos.
Critican 4 Ministros proyecto sobre ABC

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Objetan posicionamiento de Arturo Zaldívar de que la Corte es la máxima autoridad moral del País
Nota de Víctor Fuentes
Reforma, 14 junio 2010.- Cuatro Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron diversos aspectos del proyecto de su colega Arturo Zaldívar sobre el caso del incendio en la guardería ABC, durante la primera sesión de análisis del tema.
Aunque todavía no se han pronunciado sobre la responsabilidad de altos funcionarios por la muerte de 49 niños, los Ministros Salvador Aguirre, José de Jesús Gudiño, José Ramón Cossío y Luis María Aguilar lanzaron duras críticas al documento de Zaldívar.
Luego de estos posicionamientos, la sesión entró en receso y continuará a las 17:00 horas.
Las principales objeciones se refieren a la postura de Zaldívar de que la Corte es la máxima autoridad moral del País, que puede desahogar las investigaciones sobre grave violación de garantías con libertad casi absoluta y mínima sujeción a reglas procesales.
"Si nosotros simplemente investigamos hechos, sin señalar responsables de los hechos, la facultad está trunca.
No le tengamos miedo a las palabras", dijo Zaldívar, quien pidió redimensionar la facultad de investigación.
Lo anterior porque las reglas de la Corte impiden referirse a los funcionarios involucrados como responsables, lo que Zaldívar ignoró en su proyecto, en el que aplica ese calificativo a 14 funcionarios.
El Ministro aclaró que mencionar a los servidores públicos como responsables no quiere decir que hayan cometido un delito o tengan responsabilidades administrativas, pues eso no toca a la Corte.
Salvador Aguirre replicó que desde 1917 no ha sido posible encontrar claramente el sentido de la facultad del Artículo 97, y que en casos recientes, la Corte ha dado tumbos para desarrollarla.
Aguirre calificó de fundamentalismo puro la propuesta de Zaldívar y veladamente adelantó que estará en contra de señalar a altos funcionarios como responsables de la tragedia.
Las consideraciones de Zaldívar sobre la facultad de investigación, agregó Aguirre, son una declaración jurídico política.
"Que coloca a este Alto Tribunal en una posición de supremacía frente a todos los Poderes Constituidos, que de aceptarse provocará un desequilibrio entre estos, creando además falsas expectativas en la sociedad".
José Ramón Cossío rechazó la idea de proclamarse a sí mismos como guardianes supremos morales del orden establecido, lo que, en palabras distintas, Zaldívar sostiene repetidamente en su proyecto,
También objetó la afirmación de que la Corte sólo interviene cuando otras autoridades ya han fallado, lo que daría a entender que el dictamen de la Corte es el alfa y el omega de un caso.
Por su parte, Luis María Aguilar consideró que la Corte no puede partir de cero en cada nuevo asunto, en referencia a las reglas con que se desahogaron casos previos, y se sumó al rechazo a las expresiones sobre la autoridad moral de ese tribunal.
Gudiño había propuesto de entrada rehacer el proyecto por considerar que incurre en varias omisiones y no aclara qué fue realmente lo que pasó el 5 de junio de 2009.
El Ministro mencionó el peritaje realizado por un experto estadounidense, recientemente difundido, que considera que el incendio en la bodega contigua a la guardería ABC fue provocado.
Pero también criticó que el proyecto sólo se base en testimonios de los afectados, sin tomar en cuenta los argumentos de los funcionarios señalados, y que a estos se les mencione como "responsables" de los hechos, cuando la Corte ha reglamentado que de estas investigaciones no derivan responsabilidades.
"No resto valor o fiabilidad a los testimonios, pero no es adecuado que el dictamen únicamente se ocupe de estos y no de lo manifestado por las autoridades, porque esto no se aprecia como objetivo e imparcial", dijo Gudiño.
Zaldívar respondió, en tono molesto, que él no se siente obligado por los precedentes de la Corte, pues ingresó en diciembre pasado, y que cada Ministro puede hacer el proyecto con el estilo que considere adecuado.
La Corte emprendió este debate pese a que en 2007 ya había definido lo que puede hacer en las investigaciones, y a que el Senado ya aprobó una reforma al Artículo 97 de la Constitución para quitarle esta facultad y dársela a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La Corte, hoy

Cuenta atráss/Antonio Navalón
El Universal, 14 de junio de 2010
ABC: Justicia para todos
Sean nueve u once los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que finalmente voten, cuando a las 10 de la mañana del día de hoy comience la sesión deliberante sobre el dictamen Zaldívar deben ser conscientes de que los medios nacionales e internacionales les observan.
Todo el pueblo mexicano estará al pendiente de si saben hacer justicia. Ha habido rumores para todos los gustos: que si la estrategia era destrozar 8 a 3 el informe o que si las dificultades técnicas lo hacían inviable. Sin embargo, llegó la hora de la verdad. Nadie en su sano juicio puede aceptar que la impunidad, el abandono y la no justicia exista en el caso de la guardería ABC.
Para los padres de los 49 niños asesinados, la SCJN fue la única institución que acogió su demanda de justicia. Los otros, los posibles indiciados, qué pena que sólo en el momento en que se les señaló como responsables hayan sentido la necesidad de explicarse.
Mal que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, crea que la explicación a esta tragedia sea un modelo matemático que demuestre que no se podía ocupar de todos los aspectos del IMSS. Peor que un ex gobernador, Eduardo Bours, declare que no se pondría al frente de la jauría por la venganza, y que dormía como un bebé a cambio de matar el sueño de todos nosotros por el asesinato de nuestros hijos.
Ahora viene de verdad lo difícil: dar las gracias al ministro Zaldívar por haber tenido la sensibilidad social de iniciar el camino que signifique que en México asesinar niños tiene precio.
Al resto de los ministros de la Corte les pido cuidado, porque si son ellos los que hacen la lista y dan la primera condena estaremos absolviendo para siempre y otorgando una patente de inocencia a los culpables.
Porque el gran drama de toda esta historia es que le estamos pidiendo a la Corte resolver el fracaso generalizado de todo el Estado mexicano. La condena moral de la Corte, aunque nos hace pensar que habrá justicia, por desgracia vicia y les quita la condena a la que deben ser acreedores los culpables.
Es una muy buena ocasión para el gobierno de Felipe Calderón, y para él mismo, de acabar con lo que denunció: que la justicia es para el mejor postor, y que los postores hayan representado al Estado y se quieran disfrazar de la multiplicidad de funciones para al final ser declarados no responsables.
Hoy los padres, las víctimas inocentes y la ciudadanía, en Pino Suárez 2, sede de la SCJN, comenzaremos a ver los frutos de la justicia, porque pase lo que pase, se siente quien se siente en la silla del águila el 2012, México necesita instituciones de las cuales fiarse mínimamente. La Suprema Corte es hoy una de ellas. Necesitamos que los jueces sean una garantía de cumplimiento jurídico y, por lo tanto, que no se conviertan en los fabricantes de los titulares y en los que absuelvan por la vía del derecho a los verdaderos culpables.

LA SCJN, hoy, votación dividida;

Editorial EL UNIVERSAL

ABC: la Corte tiene la palabra

El Universal, 14 de junio de 2010

Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzará a debatir si prolonga la discusión sobre las pruebas aportadas por su comisión investigadora, encabezada por el ministro Arturo Zaldívar, el cual —a grandes rasgos— concluye también en la hipótesis del accidente, pero al mismo tiempo explica el contexto institucional que permitió la tragedia. El resto de los ministros en el pleno de la Corte tomará una decisión que, por su importancia social, tendrá que estar bien sustentada ya sea aprobando o rechazando el dictamen de Zaldívar.

El máximo tribunal es la última instancia de justicia en este caso, luego de que el gobierno de Sonora y el federal sacaran sus propias conclusiones, mismas que no dejan satisfechos a un grupo de padres que ha buscado respuestas por su cuenta, incluso encargando la elaboración de un estudio forense independiente al que hizo la comisión investigadora de la Corte y las procuradurías.

La Suprema Corte, como un tribunal autónomo, árbitro entre los poderes, tiene sobre sí una decisión que podría sentar un precedente importante cuando las responsabilidades parecen diluidas entre funcionarios de distintos niveles y de jurisdicciones estatal y federal. Cualquiera que sea su decisión ésta deberá estar cimentada en la transparencia y también en la imparcialidad. En un esfuerzo por evitar sospechas, en otras ocasiones el máximo tribunal ha promovido sesiones abiertas, consultas con expertos en distintos ramos y audiencias con la sociedad civil involucrada. Frente a las pruebas aportadas más recientemente cabría esperar la misma consideración.

Es con casos emblemáticos como el de la guardería ABC que las sociedades valoran su sistema de justicia. Como dice el ex consejero presidente del IFE, José Woldenberg: la confianza se construye a milímetros, pero se destruye a kilómetros.

Los 49 niños que murieron merecen justicia, ni duda de ello, pero no únicamente se debe buscar eso. La justicia debe aplicarse mediante un proceso transparente, razonable, irrefutable y digno. Para conseguir ese propósito la Suprema Corte puede ayudarse de herramientas que hagan explícito que en su decisión no influyó intromisión externa alguna, sino más bien consideraciones jurídicas de todos los actores interesados en hacer escuchar su voz.

Sirva la propia experiencia del máximo tribunal para saber la importancia de su decisión.

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Columna Itinerario Político/Ricardo Alemán

El Universal, 14 de junio de 2010

Corte rechazará dictamen de Zaldívar

En las próximas horas, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —compuesto por 11 ministros, incluido su presidente—, discutirá de manera pública el dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, sobre la tragedia de la guardería ABC, ocurrida hace poco más de un año.

Pero a despecho de la abundante cauda de seguidores del ministro —opinocracia que pretende elevarlo a prohombre del derecho—, una mayoría de ministros votará en contra de su dictamen —se estiman ocho votos en contra y tres a favor—, con argumentos que según los expertos del derecho y la Carta Magna, son contundentes. ¿Y cuáles son esos argumentos?

Que la Corte “es un tribunal de derecho, no de conciencia; no es un tribunal ético, moral, y menos político...”. ¿Y eso qué quiere decir? Poca cosa; que buena parte de la argumentación del ministro Arturo Zaldívar no resiste una prueba elemental de derecho. Pero no es todo. Un breve ensayo que sobre las casi 400 fojas del dictamen del ministro Zaldívar elaboraron algunos pares de Zaldívar, parece poner el dedo en la llaga.

Dice que el dictamen de Zaldívar “podría ser considerado (como) el mejor ejemplo de la moderna inquisición a la que se quiere llevar a la Corte mexicana”. Es decir, convertir a la Suprema Corte de Justicia en un tribunal de conciencia, capaz de sancionar a los servidores públicos no a partir de su responsabilidad legal, sino política, ética, moral… A partir de ese precedente que sentaría la Corte —dice—, ¿quién, en el servicio público, se atreverá a firmar un documento?

A su vez, ha llamado la atención en la Corte que el ministro Zaldívar congela la responsabilidad de la tragedia ABC, sólo en la dirección del IMSS, cuando más arriba existen otras estructuras fundamentales que —en la lógica de Zaldívar— también debían ser responsables; como es el caso del Presidente. Y la explicación parece de sentido común. No va más arriba porque fue propuesto a la Corte por dos de sus alumnos destacados: Felipe Calderón y Fernando Gómez Mont.

Por lo pronto, y de confirmarse el voto en contra del dictamen de Zaldívar por una mayoría del pleno de la Corte, el máximo tribunal será sometido —de nueva cuenta— a una golpiza mediática, por parte de quienes quieren verlo convertido en la nueva inquisición. Abundan los que quieren la ley “a contentillo” y acusan de traición a la patria, a los que piensan distinto. Al tiempo.

EN EL CAMINO Dice AMLO, simpático como siempre, que el PRI se llevará carro completo el 4 de julio. Cínico —como suele ser—, nunca aceptará que ése era su objetivo. ¿Y aún hay quienes le creen?... Échale una mirada a la opinión profesional en tiempo real, wwwricardoalemán.com.mx y en Twitter.

Columna Estrictamente Personal/Riva Palacio

Renuncia obliga

Ejecentral.com June 14, 2010

Investigador acucioso de las triquiñuelas de la que se valía el viejo régimen político para conseguir sus fines, la participación de Juan Molinar en la vida pública como figura importante en un gobierno era una esperanza en la construcción democrática mexicana. Qué error de apreciación. Quien conoce su vida académica debe sentirse engañado por quien durante tanto tiempo consideró un intelectual comprometido con un nivel de entendimiento superior de la política. Molinar no es mejor que los priistas que tanto criticó y denunció. Es igual o peor.

La mitad de la semana pasada hizo de lado su trabajo como secretario de Comunicaciones y Transportes y se pasó tres días en la Suprema Corte de Justicia en un intenso cabildeo para salvar su trabajo y evitar una condena política. Habló con los ministros para que este lunes, de ser posible, voten en contra del dictamen de Arturo Zaldívar sobre el caso de la guardería ABC de Hermosillo, que dice que si bien no fue culpable de la tragedia que provocó la muerte de 49 infantes en esa guardería subrogada, cuyo permiso para operar ratificó cuando era director del IMSS, sí es responsable.

El argumento del ministro Arturo Zaldívar es impecable al respecto, en cuyas páginas 17 y 18 establece: “El señalamiento de las violaciones graves a garantías individuales es, por un lado, una censura constitucional, política y ética a los servidores públicos responsables… Pero de manera especial, es un llamado a la sociedad y a las autoridades de todo el país en el sentido de que es necesario un nuevo paradigma en la cultura política, a efecto de entender en la vida práctica y no sólo en el discurso, que ostentar un alto cargo público es más que un privilegio una responsabilidad que debe honrarse todos los días”.

La Suprema Corte, como lo plantea el ministro Zaldívar, “a través de la discusión pública y del sentido de sus determinaciones, censura el actuar irresponsable de los servidores públicos que han vulnerado de manera grave los derechos fundamentales de los gobernados; pero, también, coadyuva al cambio cultural, enviando un mensaje a todos los actores políticos para que se tomen las medidas pertinentes que eviten este tipo de acontecimientos”.

El planteamiento es revolucionario en una cultura política como la mexicana. Que los actores políticos rindan cuentas y asuman el costo de las acciones de sus subordinados, como subyace en su alegato del ministro, establecerá un precedente altamente saludable para la salud pública de la nación si la Suprema Corte lo respalda. Es tiempo que los incentivos por hacer bien las cosas sean mayores que los premios por hacerlas mal. Y es hora de que se castigue a quienes fallan y se premie a los que cumplen.

Pero en la Suprema Corte las cosas no están tan claras. Los ministros están divididos. Hay quienes están convencidos que el dictamen no debe responsabilizar a toda la línea de mando cuyas dependencias tuvieron relación directa con la tragedia, y otros que han sido persuadidos por Molinar y varios miembros del gabinete, actuando en su defensa, para que él sea eliminado del dictamen.

Molinar, que se ha negado a discutir el dictamen fuera de su zona de confort donde pudiera transmitir su mensaje sin ser cuestionado, autorizó reproducir al diario Milenio una carta que Molinar escribió para sus hijas, donde afirma que el dictamen del ministro Saldívar es omiso. Pero en ningún momento se refiere a su falta de ética política. De haberla tenido, tras el incendio en la guardería ABC hace un año, a tres meses de haber salido del IMSS, habría renunciado. Molinar dejó pasar la oportunidad de convertirse en el paradigma del funcionario modelo y dimitir en el instante que reclamaba el momento. El hombre vivió disfrazado de demócrata, y ahora vemos que es un autócrata.

Funcionarios de la Suprema Corte de Justicia se quejaron de que durante el intenso cabildeo que realizó la semana pasada, dejó asomar su Espada de Damocles al sugerir que la Secretaría de Comunicaciones podría quitarle el permiso de operar al Canal del Poder Judicial. En forma coincidente, el corresponsal de un diario cuyo propietario es cercano a Molinar, fue despedido porque su cobertura sobre la guardería ABC no fue lo suficientemente enfática en resaltar las omisiones e irregularidades cometidas por el gobierno de Sonora y la presidencia municipal de Hermosillo, a fin de que se diluyera la responsabilidad sobre Molinar y el IMSS.

Los funcionarios de la Suprema Corte no ven con mucho optimismo que la mayoría de los ministros respalden el dictamen de Saldívar. Esta es una de las horas críticas de las varias que ya ha tenido que cumplir la Corte en la construcción de un nuevo edificio democrático en México, y los ministros tendrían que estar a la altura de las más altas miras a las que aspiramos los mexicanos y votarlo a favor. La Suprema Corte debe remplazar la carencia de ética política de los funcionarios mexicanos que tendrían que haber renunciado tras la tragedia.

Cuando el ministro Zaldívar habla de cambio en el paradigma de la cultura política, aparecen inmediatamente dos imágenes recientes, la del primer ministro de Japón, Yukio Hatoyama, y la de Dennis Blair, director nacional de Inteligencia de Estados Unidos, quienes renunciaron a sus cargos, por no hacer bien su trabajo. El primero por no haber podido cumplir sus promesas políticas a la nación y llevar al país a un nuevo estancamiento político; el segundo, porque la comunidad de inteligencia a su mando no pudo evitar un intento, que resultó fallido, de hacer explotar un avión en Navidad.

Ninguno de los dos era culpable, pero sí responsables. Eso se hace en las democracias, se rinden cuentas públicas y políticas. Con el sacrificio personal se fortalecen las instituciones y maduran las sociedades. No es el caso de Molinar, que cayó en la contradicción de muchos mexicanos: la democracia es lo mejor para todos, menos cuando uno tiene que pagar el costo de defenderla. La Suprema Corte de Justicia puede dar un ejemplo y cambiar para bien el aparente destino manifiesto de una cultura autócrata como la mexicana. Eso sí está en sus manos.

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Interparlamentaria, voces

Legisladores de EU rechazaron que por el momento se puedan modificar las leyes sobre posesión de armas en la Unión Americana, como lo habían propuesto la delegación mexicana en los trabajos de la XLIX Reunión Interparlamentaria.

Al respecto, diputados del PRI y PRD lamentaron que en este tema no se haya podido avanzar para detener el flujo de armas ilegales a nuestro país, ya que se trata de frenar que armamento de alto poder llegue a manos de la delincuencia y el crimen organizado.

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas Rodríguez, lamentó la falta de disposición de los legisladores de Estados Unidos para llevar a cabo una reforma a la legislación norteamericana para controlar la venta de armas en la frontera con México, sin embargo, aseguró que acordaron llevar a cabo un trabajo permanente y sistemático para enfrentar el problema de fondo.

“Lamentablemente y aquí lo reconocieron, no hay la disposición para hacer una reforma a la legislación que hoy permite que existan a lo largo de la frontera alrededor de 12 mil expendios de armas de alto calibre, tenemos prácticamente tres armerías por kilometro de frontera, lo cual resulta realmente alarmante y evidentemente en ese tema no hay acuerdo”, informó.

Entrevistado al término de la segunda mesa de trabajo –Seguridad Estratégica-- con sus similares de Estados Unidos, dijo que hay acuerdo de un trabajo permanente y sistemático que permita la creación de programas y de reformas legislativas que pudieran enfrentar el problema de fondo. “El problema de fondo yo creo que es de bussines are bussines, es un asunto de la industria armamentista de los Estados Unidos que tiene que ver en lo económico y en lo cultural”, sostuvo.

Aseveró que ese problema incrementa la violencia en la frontera y en el mundo, pero lamentablemente esas son las diferencias de fondo que prevalecen. Agregó que no existió ningún compromiso de ver el tema más adelante. “No se ha planteado de ninguna manera”, remató.

El vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo haber cuestionado a los parlamentarios de Estados Unidos, sin embargo, apuntó que la respuesta de la delegación estadunidense fue concreta:” no hay condiciones ahora en Estados Unidos para modificar el tema de posesión de armas”.

Indicó que no se trata de armas legales que llegan a México, sino ilegales, de alto poder como lanza granadas y otras que llegan a México. La explicación de lo que los parlamentarios de E.U. han hecho, incluye el programa Gun Runner, que significa darle seguimiento al origen de todas las armas.

“Explicaron –los estadunidenses-- que dicho programa, que empezó en Arizona, se ha extendido a toda la frontera y a todo el territorio norteamericano, y que se han incluso cerrado tres tiendas de armas como resultado de estos programas. Hoy lo que podemos considerar una ganancia, es que Estados Unidos está consciente que este es un problema no solamente de México, que puede hacer que la violencia llegue hasta ellos y esa es su preocupación”, señaló Ramírez Marín.

Explicó la postura de los legisladores norteamericanos fue que no hay condiciones en su país para hablar de la prohibición de comprar armas en ese país. “No hay condiciones ahora para cambiar las leyes que rigen la posesión y utilización de armas en Estados Unidos”.

Antonio Lugo, envia

El Embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, aseguró que hay un profundo pesar por la muerte de los dos mexicanos muertos en la frontera norte a manos de Agentes de la Patrulla Fronteriza y reiteró el compromiso de ese país para llevar a cabo una investigación a fondo de los hechos ocurridos.

“Se ha escuchado la opinión de los legisladores de ambos países y se han extendido las condolencias a las familias que han perdido sus hijos en los dos incidentes, San Isidro y Ciudad Juárez, en los últimos días, ambas partes se han comprometido a seguir una investigación transparente y un proceso que sea justo”, dijo.

Entrevistado al término de la clausura de los trabajos legislativos entre ambas naciones, el diplomático norteamericano , indicó que una de las conclusiones importantes de la XLIX Reunión Interparlamentaria con México-E.U., es el establecimiento del compromiso de ambas delegaciones para mejorar la situación económica, incrementar la seguridad en la frontera y abordar a fondo el problema de migración de manera integral.

“Lo que hemos visto aquí es que tenemos un punto de vista compartido sobre cómo tenemos que trabajar para el bienestar de los dos países. La relación de los dos países es compleja, extensiva y profunda por lo que se deben mejorar todos los aspectos”, declaró.

Antonio Lugo, enviado,

Campeche, Camp., 12-VI-2010 (Notilegis).-

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Campeche, Camp., 11-VI-2010 (Notilegis).- El vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, sostuvo que las condolencias expresadas por los legisladores norteamericanos hablan bien de su parte humana,; sin embargo, aseguró que lo más importante es la parte que haga el Estado para que se cumpla con la obligación institucional de las investigaciones para que responda con justicia en un crimen que es por todos los ángulos abominable y aborrecible.

“Nos da mucho gusto que hoy el Legislativo norteamericano se pronuncie en términos de solidaridad y confiamos en que esta solidaridad se vea complementada con las acciones legales necesarias”, apuntó.

Entrevistado después de la ceremonia de inauguración de la Reunión Interparlamentaria, señaló que el tema de tráfico de drogas será uno de los importantes y que se abordará con suficiencia dentro del tema de seguridad. Tráfico de drogas, armas, personas, respeto a las condiciones de soberanía de ambos países y, de manera particular, ambas delegaciones traen el asunto del giro que el presidente Barack Obama le ha dado a los trabajos antidrogas en Estados Unidos, es lo que se va a destacar.

Plantearla ante los norteamericanos –dijo- no se hace como petición de favor, se hace como un intercambio recíproco de responsabilidades, qué tenemos que hacer de los dos lados. Ellos contener el tráfico de armas; nosotros contener el tráfico de drogas. Ambos lados detener el crecimiento de los mercados internos, dijo.

En relación al Tratado de Libre Comercio para América del Norte, declaró que a pesar de sus asimetrías, representa ventajas para México. “Cómo lo puede aprovechar, es uno de los temas que van a tratar y afortunadamente es una mesa que en el caso de nosotros encabezará nuestro propio coordinador, Francisco Rojas, quien es un experto en el tema”, remató.

Entrevistado por separado, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Pérez Cuevas, manifestó su confianza para llegar a acuerdo importantes con la delegación de Estados Unidos para que no sea sólo una visita más de sus similares norteamericanos y se llegue a resultados tangibles.

“Por lo menos el senador Dood fehacientemente ha manifestado que en los siete meses que le quedan como senador luchará para que estos hechos se esclarezcan, se sancione a los responsables ya que eso es lo que clamamos en México, que haya justicia para nuestros connacionales, esto lo tomamos como buen gesto que nos dará pauta para que en la Mesa de Seguridad lo podamos abordar con más profundidad y bajo ese tenor tener muestras claras y palpables de que se hizo algo”, precisó.

Pérez Cuevas, aseguró que este tema no va a permear la agenda de trabajo de la reunión interparlamentaria, ya que hay claridad de los temas que deben ser analizados y discutidos para que se hagan acuerdos al finalizar los trabajos de los legisladores de ambos países.

La dinámica de cómo está integrada la interparlamentaria, explicó Pérez Cuevas, permitirá tener un tema más amplio, las tres mesas de análisis están separadas, la de seguridad que es en la que exigiremos la seguridad en las fronteras, el caso de nuestros connacionales y por separado pediremos que se aborde la reforma migratoria pendiente, así como el tema de la Ley de Arizona “SB 1070”, mientras que el tema económico es distinto a lo demás.

Antonio Lugo, enviado

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Interparlamentaria

El integrante de la Cámara de Representante de la Unión Americana, Silvestre Reyes, propuso en las conclusiones de la XLIX Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, que en la línea fronteriza operen patrullas de ambos paises, que se comuniquen entre sí y se coordinen para evitar muertes de migrantes mexicanos.

“La solución es que tengamos patrullas de aplicación de la ley en la línea fronteriza, que se comuniquen entre sí, que se capaciten y que tengan una relación positiva, continua para que nadie esté en situaciones peligrosas, ya sea del lado mexicano o del americano, como sucedió con estas personas, que fue causa de la Ley Arizona”, dijo.

El representante estadunidense insistió en que existe la obligación de trabajar para resolver los problemas con responsabilidad conjunta y encontrar una solución, por lo que manifestó su confianza en que el Presidente Barack Obama y el presidente Felipe Calderón se reúnan en la frontera en los próximos 12 meses, ya sea en El Paso, Laredo, Nuevo Laredo, Tijuana o San Diego.

“Creo que es importante que envíen un mensaje positivo de que estamos hablando seriamente para encontrar responsabilidad conjunta y encontrar soluciones que funcionen en la frontera”.

En tanto, el representante Ed Pastor expresó el compromiso de la delegación de Estados Unidos de llevar a cabo una investigación a fondo y justa sobre las muertes de los mexicanos migrantes en la frontera y esperar los resultados de esta investigación para determinar cuál será el siguiente paso.

“Nosotros esperamos que el FBI y que el sistema de justicia mexicano trabajen juntos para poder llevar a cabo una investigación totalmente clara, transparente y profunda y que saquen sus conclusiones. Una vez que tengamos el fallo sabremos qué hacer”, dijo.

Al dar su conclusión de la reunión, el presidente de la delegación mexicana, Francisco Rojas Gutiérrez (PRI), se refirió al tema de lavado de dinero como un eje fundamental para derrotar al crimen organizado, por lo que solicitó a sus similares del país vecino trabajar mutuamente en el tema, ya que hay 30 mil millones de dólares involucrados en el mercado que nadie sabe en dónde están.

“Los gobiernos y los Congresos de nuestros países tienen que apoyar las medidas y la legislación necesaria para que este negocio no siga creciendo exponencialmente, creo que atacando las utilidades estamos atacando el problema de raíz del crimen organizado”, dijo.

El legislador priista informó que del lado mexicano han hecho énfasis también en el control de la producción de drogas y desde una perspectiva de salud pública avanzada en la prevención de adicciones y en la rehabilitación de adictos. “Tenemos que cambiar la agenda, necesitamos una nueva, tenemos que ir a una visión de una Norteamérica vigorosa. No debemos permitir que esta se reduzca a temas de narcotráfico, seguridad y frontera, la relación entre nuestros países tiene que ir mucho más allá”, sentenció.

Sobre el tema migratorio refirió que la Ley SB 1070 (Ley de Arizona) favorece cuestiones de odio racial y tiende a volverse un ejemplo a copiar en otros estados de la Unión Americana, debilitando así el espíritu de una buena relación entre nuestros países. “Nosotros en el Congreso mexicano estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponda para encontrar fórmulas justas y mutuamente convenientes para atender el fenómeno migratorio así como trabajar arduamente para crear empleos en nuestro país”, enfatizó.

Al hacer uso de la palabra el copresidente de la delegación mexicana, senador Luis Alberto Villareal, refrendó su rechazo a la ley de Arizona y la probable implementación de leyes locales y estatales en esta materia, por lo anterior manifestó su deseo de que pueda haber una comunicación a modo de conferencia permanente para impulsar los acuerdos en esa materia.

En tanto que al referirse al tema económico, el senador reiteró una solicitud para que se resuelva el problema del autotransporte fronterizo, ya que el tratado lo contempla, pero hasta el momento no se ha podido llevar a cabo. “Los exhortamos a que se destinen más recursos al programa para avanzar hacia una solución, además de evitar legislaciones o normativas que atoran el comercio del atún o del cobre”, precisó.

Nota de Antonio Lugo,

Campeche, Camp., 13-VI-2010 (Notilegis).-

Derechos humanso o seguridad nacional

El gran debate: derechos humanos o seguridad nacional

Jesusa Cervantes

Revista Proceso # 1754, 13 de junio de 2010;

Los cambios al marco legal de los derechos humanos que se impulsan desde el Senado son “concesiones” a la izquierda y a la opinión pública para allanarle el paso a la reforma que de verdad les interesa al gobierno federal, al PAN y al PRI: una Ley de Seguridad Nacional que blinde al Ejército contra críticas y denuncias por su actuación en las calles. Algunos legisladores observan que, si se le quita a la Suprema Corte de Justicia su facultad investigadora para dársela a la CNDH, como se pretende, el máximo tribunal perderá una herramienta moral y la comisión se convertirá en un instrumento político.

A cambio de aprobar cambios en la Ley de Seguridad Nacional impulsados por el gobierno federal y que legitimarían la presencia del Ejército en las calles, los diputados panistas y priistas se muestran dispuestos a concretar una reforma en materia de derechos humanos operada desde el Senado, que ellos manejan como una “concesión” a grupos de izquierda y organizaciones civiles.

Estas modificaciones constitucionales convertirían a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un instrumento político que, entre otras cosas, podría desplazar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en investigaciones tan controvertidas y políticamente importantes como la muerte de 49 niños de la guardería ABC, o casos similares a los de Aguas Blancas y Atenco.

Provenientes del Senado y frenadas el 28 de abril en la Cámara de Diputados, ambas reformas son el principal argumento para que se abra un periodo extraordinario de sesiones después del 4 de julio, cuando se elegirá gobernador en 11 estados. Sin embargo, legisladores de todos los partidos consultados por Proceso consideraron que si se genera un conflicto poselectoral en cualquier entidad –por ejemplo en Oaxaca o Puebla–, el periodo extraordinario quedaría cancelado y la discusión de ambas minutas se realizaría de todos modos en el siguiente periodo ordinario, de septiembre a diciembre.

En cuanto a los derechos humanos, desde el martes 8 los diputados reabrieron la discusión y, aunque oficialmente la minuta correspondiente no se ha sometido a debate, el PRI prevé discutirla con el secretario de la Defensa tan pronto concluyan los procesos electorales.

Legisladores priistas y petistas admitieron que llaman la atención sobre el tema de derechos humanos a sabiendas de que están encima las elecciones estatales. “Desde el Senado nos están presionando”, dicen diputados del Estado de México. Por cierto, el tema ha dividido a la fracción del PRI; los 45 legisladores mexiquenses, encabezados por Emilio Chuayffet Chemor y Alfonso Navarrete Prida, se oponen a los cambios impulsados por el coordinador de los senadores, Manlio Fabio Beltrones.

El pasado 28 de abril, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la reforma en la materia, que implica la modificación de 11 artículos de la Carta Magna y cuyo propósito central es elevar estos derechos a rango constitucional.

La propuesta elimina, en el artículo 97, la facultad que actualmente tiene la SCJN para investigar casos de “violación grave” a los derechos humanos –misma que ha ejercido en los casos de Aguas Blancas, la represión a manifestantes en Atenco o el desastre de la guardería ABC–, y en su artículo 102 traslada esa atribución a la CNDH.

Este fue el punto de discordia. Después de cinco horas de debate, los diputados del PRI, respaldados por algunos petistas, se enfrentaron con los del PAN, lo que obligó a suspender la discusión.

Emilio Chuayffet, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, coordinador de los 45 diputados mexiquenses de su partido –y quien vivió en 1997 los efectos políticos de la investigación que realizó la Corte sobre el asesinato de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero–, se opuso a que el cambio sea aceptado tal como lo propone el Senado, pues la facultad en cuestión recaería en una sola persona.

“Es de tal manera importante –explicó Chuayffet–, que si en la Corte eran los 11 ministros (quienes determinaron las responsabilidades de cada caso), aquí que sea el Consejo Consultivo (de la CNDH), porque si la comisión se va a volver autoridad, el consejo debe dejar de ser consultivo. Esa es una de las consecuencias de hacerlo autoridad.”

El también diputado mexiquense y priista, integrante de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, Alfonso Navarrete Prida, apuntó:

“Lo que extraña del tema no es que la CNDH tendría ahora facultad investigadora, pues siempre la ha tenido. Lo grave es que le atribuyamos el carácter de autoridad y, por lo tanto, la subordinemos al Poder Judicial, cuando es una institución autónoma. Pero también es grave que le estemos dando facultades de autoridad investigadora; en términos de ley eso le corresponde sólo al Ministerio Público.”

Una de las consecuencias, detalló, es que la CNDH podría arraigar, intervenir comunicaciones privadas o pedir que se le presente algún individuo con la fuerza pública. Pero lo más grave, dijo, es que cualquier juez de distrito, con la autonomía que tiene, tendría control jurisdiccional sobre actos de la CNDH. “No sé si eso fortalece a la comisión”, enfatizó Navarrete Prida.

Control político

El diputado del PT e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Jaime Cárdenas Gracia, sostuvo que al retirarle esta facultad a la SCJN se motiva “que ésta pierda peso jurídico y político, pero además que se pierda el equilibrio de los poderes. Con esta iniciativa lo que se lograría es que la SCJN ya no va a poder ser el contrapeso contra los abusos de algunos gobernadores, como sucedió en el caso de Oaxaca, en el cual la Corte determinó que Ulises Ruiz violó los derechos humanos de los ciudadanos durante los enfrentamientos de mayo de 2006 y donde hubo muertos y heridos”.

Pero lo que juzga más peligroso es que con esta reforma se quiera “darle una herramienta política de control a la CNDH, pero también dársela al grupo político que controle a la comisión o a quien lo haya puesto”.

Amplía este punto: “Al recaer esta gran facultad en una sola persona, que es el presidente (de la comisión), lo hace susceptible de que actúe conforme al grupo político del que sea afín, o si no lo es, que pueda ser coptado o presionado por un grupo político. En la Corte existen por lo menos 11 ministros que son los que dirimen” los casos.

Cárdenas Gracia señala que esta iniciativa fue planeada desde el Senado para hacerle el juego al priista Manlio Fabio Beltrones. Algunos diputados del PRI, que pidieron el anonimato, coincidieron en que, de aprobarse la propuesta como está, prácticamente se le entregaría esta facultad al senador sonorense.

La afirmación se debe a que fue Beltrones quien propuso la reforma. En la exposición de motivos de la minuta se recuerda que el 23 de febrero de 2010 el senador sostuvo que la propia Corte solicitó el retiro de dicha facultad; además, otros senadores del PRI, afines a Beltrones, hicieron propuestas similares: Fernando Castro Trenti entregó su iniciativa el 21 de febrero de 2008 y Adolfo Toledo Infanzón lo hizo el 16 de julio de 2008.

En el dictamen de la Cámara de Diputados se añade: “En estas condiciones, el Senado sostiene en su dictamen que para consolidar a la Suprema Corte como un verdadero Tribunal Constitucional tendría que retirársele la facultad de investigación, además de que dicha conclusión es compartida por el propio Poder Judicial de la Federación, tal y como se establece en el Libro Blanco de 2006, página 402, de la reforma judicial”.

En la fecha señalada el presidente de la SCJN era Mariano Azuela, quien sugirió eliminar dicha facultad, lo que no fue aceptado por la mayoría de los magistrados. En esta ocasión, el mencionado Libro Blanco fue utilizado como argumento de Beltrones para transferir la atribución a la CNDH.

Otro indicio de que la intención de Beltrones era contar con una herramienta política es que el actual presidente de la comisión, Raúl Plascencia, fue nombrado gracias al apoyo que le dio el senador Fernando Castro Trenti, quien estuvo al frente de la elección.

El reportero Ricardo Ravelo relata cómo se llevó a cabo el nombramiento y la forma en que Daniel Romero Mejía, afín al expresidente municipal de Tijuana, el priista Jorge Hank Rhon, fue designado tercer visitador, mientras que a Jesús Velasco –otro excolaborador de Hank y amigo de Plascencia– se le asignó la Dirección Adjunta de Comunicación y Proyectos de la CNDH (Proceso 1727).

“Romero Mejía tiene fama de coyote, gestor de negocios, y se distingue por ser habilidoso en el oscuro mundo del tráfico de influencias”, mientras que, cuando Jesús Velasco era subdelegado de Migración en el aeropuerto de Tijuana, “era ampliamente conocido cómo bajaban los aviones en esa terminal aérea cargados de indocumentados”, escribe Ravelo. En el reportaje también se documenta la cercanía del expresidente municipal de Tijuana y dueño de las casas de apuestas Agua Caliente, Hank Rhon, con el senador Castro Trenti.

A su vez, Susana Thalía Pedroza de la Llave, exvisitadora de la CNDH que también compitió por la presidencia de la comisión, dice en entrevista que está en contra de que la facultad investigadora se le quite a la Corte y se traslade a la CNDH, ya que ésta no es un órgano jurisdiccional ni juez ni Ministerio Público, y considera más conveniente fortalecer la facultad investigadora de la Corte, “pues hemos visto que funciona, y funciona bien”.

También ve el riesgo de que tal facultad se politice al recaer en una sola persona, el presidente de la comisión, y aclara que la CNDH siempre ha investigado. Así lo hizo en el caso de los disturbios de Atenco y ella misma encabezó la indagación.

“En la Corte estos casos se ven de manera colegiada, y si pasa a la CNDH lo haría una sola persona; sería una facultad muy discrecional. Yo siempre he pensado que este tipo de responsabilidades deben recaer en un órgano colegiado”, abunda Pedroza, que labora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM:

Al comentarle que el diputado Chuayffet presentó como una opción que esta facultad pueda recaer, no en el presidente de la CNDH sino en su órgano consultivo, la exvisitadora tampoco está de acuerdo porque dichos consejeros no son abogados, y tampoco podría recaer en los visitadores, porque ellos están sujetos al presidente de la comisión. En suma, agrega, “no se le debe quitar a un Poder una facultad y trasladarla a un órgano autónomo”, porque son de naturaleza distinta.

Eliminar al vigía

Para Porfirio Muñoz Ledo, uno de los promotores de la creación de la CNDH y actual diputado del PT, esta propuesta de reforma se debe a que el gobierno no quiere que exista “alguien que lo controle”.

Denunció que en la Cámara de Diputados se pretende “vender” una gran reforma en materia de derechos humanos, una reforma en materia de derechos infantiles y equidad de género, a cambio de que los diputados aprueben la Ley de Seguridad Nacional para que se legalice la actuación del Ejército en las calles.

“Es una operación del PAN, consentida por el PRI pensando que va a ser gobierno; y al PRD le está pasando de noche en el Senado”, dice, y trae a colación que en 2007 él, con Diego Valadez y varios especialistas elaboraron 94 propuestas sobre derechos humanos, pero éstas nunca se discutieron en el Congreso. En cambio, hoy, el Senado agrega otros elementos “porque nos están mandando una Ley de Seguridad Nacional conformatoria o preparatoria de un estado de sitio, entonces tienen que regalar caramelos para todos lados, ganar la opinión pública y ganar incluso a muchas ONG que están presionando”.

Muñoz Ledo califica como “inaceptable” la minuta del Senado: “Es un atraco a la Constitución, porque la están usando para sus grillas. La utilizan como un trapo de engaño a la sociedad, como un trapo viejo. Van a meter un gol histórico con dos regalos demagógicos: la reforma de derechos humanos y la de equidad y género”.

Ratifica que la CNDH siempre ha tenido la facultad investigadora, de modo que la oferta del Senado no es nueva; en cambio, sí se debilitaría a la Corte.

–¿Se pretende hacer a un lado las investigaciones de la Corte? –Se le pregunta a Muñoz Ledo.

–¡Claro! Estamos ahora entre los que tienen el poder y los que quieren tenerlo. No quieren que exista alguien que los controle.

Afirma que, si de verdad se quiere fortalecer a la CNDH, se deben tomar en cuenta otros aspectos, como los que el pasado 1 de junio envió él a la Comisión Permanente. Se trata, en primer término, de que al presidente de la comisión lo nombre un consejo directivo, como sucede con el rector de la UNAM, pero lo más importante es darle “dientes” al órgano autónomo.

Para ello, Muñoz Ledo propone que, primero, cuando haya violaciones graves de los derechos humanos, la comisión tenga la facultad de pedirle a la SCJN que investigue; segundo, que la comisión emita una resolución y, si el funcionario no la acata, se inicie el juicio restitutorio de garantía; y, finalmente, si aún así no se acata dicha resolución, que la CNDH pueda entablar un juicio político.

“Esa es una verdadera CNDH, esos sí son dientes para la comisión. Lo que le dieron son dientes de risa loca: si un funcionario no cumple, va al Senado, dice por qué no acató la resolución y luego se va a su casa a tomarse unos tequilas y a reírse de los legisladores. ¿Ustedes creen que el PRI y el PAN van a querer una comisión así, que esté arriba de ellos? ¡Claro que no, hombre!”

El diputado del PT advierte que se trata de engañar a la sociedad diciendo que es una reforma de avanzada, y se intenta convencer a la oposición al incluir los derechos laborales como tema de la CNDH, pero lo único que se busca es aprobar a cambio la Ley de Seguridad Nacional.

Además, observa, “lo quieren hacer en un periodo extraordinario. Esto es un golpe de Estado militar, aceptado por el Congreso, enmarcado en la debilidad de Calderón por la ambición voraz del PRI… El Congreso debe defenderse con las uñas en contra de un asalto silencioso del Ejército”.

Otros temas de la iniciativa senatorial han sido cuestionados por legisladores de la oposición, incluidos los priistas, como es el anular de la propuesta el derecho pro persona, es decir, de aquél que le da preferencia a la aplicación de la ley, sea nacional o internacional, que salvaguarde mejor los derechos humanos de las víctimas.