Debido a la orden de aprehensión de un juez ecuatoriano
El Tiempo on line, Julio 3 de 2009;
Arresto internacional de Juan Manuel Santos pidió justicia de Ecuador a la Interpol
La medida contra Santos fue dictada por un juez ecuatoriano a raíz del ataque militar colombiano en Ecuador que dejó 25 muertos en marzo de 2008, informó un jefe policial.
"Hoy (viernes) llegó la orden de captura a la central de la Interpol de Ecuador en Quito", dijo el general Rafael Yépez, director nacional de la Policía Judicial, a cuyo cargo está la oficina local del organismo.
Sin embargo, el pedido de arresto contra Santos deberá ser calificado por la secretaría general de la Interpol, con sede en Francia, acotó.
"Se va a proceder a enviar hoy (viernes) a la secretaría general, en Francia, para que la Interpol califique -de acuerdo al reglamento- si procede o no la captura del señor Santos", dijo.
Yépez apuntó que de recibir luz verde el pedido de detención, el nombre del ex ministro colombiano será difundido en la denominada lista roja a nivel mundial.
La Policía ecuatoriana también fue notificada sobre la orden de arresto contra Santos, que "será detenido en caso de ser ubicado en territorio nacional, como la ley nos obliga" independientemente de lo que decida la Interpol, añadió.
Por su parte, el presidente colombiano, Alvaro Uribe, anunció la creación de un equipo especial para la defensa de uno de sus más estrechos aliados y tomó la decisión judicial ecuatoriana como producto de "la guerra política que promueve el terrorismo dentro y fuera de Colombia".
Mientras, Ecuador sugirió a Colombia que no agrave la crisis y juzgó como "desmedida" su reacción.
En una declaración desde Londres, Santos calificó a la orden de captura en su contra como una "agresión" contra su país.
En marzo de 2008 ocurrió una incursión militar colombiana contra un campamento de la guerrilla Farc en Ecuador, que dejó 25 muertos, entre ellos el jefe rebelde Raúl Reyes, cuatro mexicanos y el ecuatoriano Franklin Aisalla.
Tras esa acción -rechazada por la OEA que la consideró una violación a la soberanía ecuatoriana- Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia.
Quito
Con AFP.
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El Tiempo, julio 3 de 2009;
Acelerar gestión de protección internacional al ex ministro Juan Manuel Santos urgió Uribe
Explicó que son medidas "de protección del Ministro, porque tenemos que proteger a Colombia de este nuevo golpe que intentan dar, de esta pirueta que hacen ahora los auxiliadores de las Farc".
"He pedido que se adelante, con toda la prisa que se pueda, el trámite de solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos de la OEA), porque nosotros tenemos que defender con todo a nuestro Ministro", dijo el mandatario pasado el mediodía.
El mandatario precisó que con esta iniciativa buscan darle "inmunidad en toda la esfera internacional por sus actuaciones como Ministro de Defensa de Colombia".
Uribe también dijo que Santos "tiene derecho a que el país le prolongue durante el tiempo que considere necesario un pasaporte diplomático, como una medida que contribuya a proteger las acciones que, en nombre del Estado colombiano, tuvo que participar en ellas como Ministro de Defensa. He instruido eso a la Cancillería".
Los ministros de Exteriores, Jaime Bermúdez; del Interior y Justicia, Fabio Valencia; y el encargado de Defensa, general Freddy Padilla, se reúnen esta tarde para analizar y poner en marcha la estrategia.
Ellos componen la junta directiva de la llamada "gerencia" que ordenó establecer Uribe para coordinar la defensa de altos funcionarios, como Santos, frente a decisiones judiciales de otros Estados.
El ministro Santos cuenta todavía con el pasaporte diplomático vigente, lo que le permitirá contrarrestar la orden de arresto solicitada por la Justicia de Ecuador a la policía internacional, Interpol.
El presidente Uribe dijo que Santos cuenta con esa identificación internacional desde que asumió como ministro y que ésta no ha perdido aún su vigencia.
El mandatario también dijo que el gobierno elevó una "queja" ante la Interpol "desde que se supo la acción temeraria del juez ecuatoriano que usurpa la justicia".
Tembién reiteró enfáticamente que su gobierno "no va a permitir tocar" al ex ministro.
El Presidente pronunció esas palabras luego de un evento empresarial entre colombianos y brasileños en el club El Nogal. Orden de cpatura contra ex ministro Santos no procede: DAS Orden de captura contra ex ministro Santos no procede: DAS
Así lo aseguró Felipe Muñoz, director del DAS, que señaló que la decisión viola el artículo 3 del Estatuto de Interpol, que señala que requerimientos de ese tipo no se pueden dictar po situaciones políticas, militares, religiosas y/o raciales.
Además, dijo, el juez de Sucumbíos no es competente para emitir ese tipo de orden.
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El Tiempo, Julio 3 de 2009 - 2:10 p.m.
La agresión fue el bombardeo, no la orden de arresto contra Santos, responde Correa a Uribe
El presidente de Ecuador respaldó las acciones de la justicia de su país contra el ex ministro por el ataque del Ejército colombiano en su territorio contra el jefe guerrillero 'Raúl Reyes' .
Correa respondió, de ese modo, a las afirmaciones del propio Santos, que calificó la orden de detención en su contra, por el bombardeo del Ejército colombiano a un campamento de las Farc en Ecuador, como "una agresión" a su país, así como las del presidente, Álvaro Uribe, que la denominó "una amenaza".
"Han dicho que (la orden de detención) era una agresión contra Colombia; es decir, usar la vía civilizada para resolver conflictos como es la vía judicial es una agresión. Agresión es tirar bombas a sus vecinos, no empezar procesos judiciales", afirmó el mandatario ecuatoriano, según recogió el portal informativo Ecuadorinmediato.
"Creo que están confundidos algunos dirigentes colombianos, bastante confundidos por sus ínfulas imperiales, pero Ecuador es un país soberano y su justicia es independiente, y me siento muy satisfecho de la acción de la justicia, porque actos cobardes como los de 2008 no pueden quedar en la impunidad", añadió.
Además, calificó el bombardeo colombiano en Angostura como "cobarde, traicionero, criminal" y señaló que le parece "fabuloso" que la fiscalía haya investigado, porque "hasta donde yo sé (ese ataque) fue terrorismo", apostilló.
Asimismo, defendió la independencia y autonomía de la justicia ecuatoriana y sostuvo: "no nos van a decir qué hacer o no hacer" en Ecuador, recalcó.
El Gobierno de Ecuador seguirá "utilizando las instancias judiciales internacionales para sancionar las verdaderas agresiones", como los bombardeos con glifosato en la frontera, "con total desconsideración al país y en actitud totalmente prepotente" de Colombia, en su lucha contra los cultivos ilegales de hoja de coca, explicó Correa.
"Y, además, ese bombardeo del 1 de marzo, injustificado, a uno de los países que más había logrado erradicar campamentos de las Farc en su territorio", añadió el presidente ecuatoriano.
Finalmente, apuntó a que si tener un campamento de las Farc en territorio ecuatoriano, convierte al país o al Gobierno en cómplice de la guerrilla, entonces "no hay mayor cómplice de las Farc en el planeta que el presidente Uribe, porque, por cada uno que se nos pasa a nosotros, tienen 200 en su territorio".
El pasado lunes, Daniel Méndez, juez penal de la provincia amazónica de Sucumbíos, en el este ecuatoriano, pidió la detención de Santos con fines investigativos, acusado de ordenar y dirigir el ataque militar del Ejército de su país, el 1 de marzo de 2008, contra una base clandestina de la guerrilla de las Farc.
En la operación contra ese campamento, instalado en el enclave de Angostura, un punto de la selva ecuatoriana en el norte de Sucumbíos, fallecieron unas 26 personas, entre ellas el "número dos" y portavoz internacional de las Farc, alias Raúl Reyes y el ecuatoriano Franklin Aisalla.
Además, el ataque provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, situación que se mantiene hasta hoy, porque el Gobierno de Correa considera que se violó la soberanía de su país.
Con EFE.
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El Tiempo, Julio 2 de 2009
Ante la OEA y Corte de la Haya Gobierno respondería a orden de arresto contra Santos en Ecuador
Así lo confirmó EL TIEMPO con fuentes bien informadas de lo hablado en el consejo extraordinario de seguridad de la noche del miércoles, en la que participó, entre otros, el presidente Álvaro Uribe.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya serían los escenarios donde el Gobierno colombiano responderá a la orden de captura expedida por un juez ecuatoriano contra el ex ministro de Defensa.
En la reunión del miércoles también estuvieron los ministros de Defensa (E), Freddy Padilla de León; de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez; de Interior y Justicia, Fabio Valencia; además del fiscal general, Mario Iguarán, y del director del DAS, Felipe Muñoz.
Esos tres ministerios conforman la "junta directiva" de la llamada "gerencia" que anunció Uribe ese día "para defender a Colombia y a los colombianos contra la guerra que desde el interior del país y desde sectores internacionales adelanta el terrorismo, en lo político y en lo jurídico, contra nuestro país".
Dicha junta tiene la tarea de escoger en los próximos días un grupo de expertos en derecho internacional que será el encargado de evaluar la viabilidad de dos alternativas jurídicas.
La primera consiste en elevar una solicitud de "medidas cautelares" que eviten o prevengan cualquier actuación de un organismo de justicia extranjero contra funcionarios de alto nivel (como es el caso de Santos), por el caso del bombardeo a 'Reyes'.
El ex magistrado Eduardo Montealegre, quien intervino en el consejo de seguridad como asesor de la Cancillería, planteó que dicho recurso se presentará ante la CIDH (de la OEA).
El secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, pidió que, mejor, se eleve la solicitud ante la CIJ (de La Haya).
Durante la reunión se expuso el caso de la detención que en el año 2000 ordenó un tribunal de Bélgica contra el entonces canciller del Congo, acusado de violar el derecho internacional humanitario. Al respecto, la CIJ sentenció que los altos funcionarios tienen inmunidad frente a la jurisdicción penal de otros Estados y que sus actos, en función del cargo, obligarían al país y no al individuo.
Esta tesis va en dirección de lo dicho por el Gobierno en el comunicado que emitió la misma noche del miércoles en el que argumentó "la falta de jurisdicción del Estado ecuatoriano, en relación con la presunta responsabilidad individual o personal de cualquiera de los servidores o funcionarios públicos que intervinieron en la Operación Fénix".
La segunda batería jurídica que se planteó fue la de presentar una demanda contra Ecuador, ante la CIJ, por supuestos vínculos de funcionarios ecuatorianos con la guerrilla de las Farc.
Quedó claro que, al menos por ahora, no hay una decisión tomada para ejecutar dicha demanda. No obstante se dieron instrucciones para avanzar en la construcción del caso.
En la reunión se habló de las posibilidades de que el ex ministro Santos sea detenido en el exterior, en caso de que desde Ecuador se emita una circular roja de la Interpol ordenando su captura a los organismos de policía asociados.
El director del DAS, Felipe Muñoz, disminuyó las preocupaciones de los asistentes al leer el artículo 3 del estatuto de la Interpol: "Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial". Personas cercanas a Santos dijeron que él, desde el exterior, ha dicho estar tranquilo.
Este diario conoció que el viernes se reunirán a puerta cerrada los ministros Bermúdez y Valencia con el encargado de Defensa, el general Freddy Padilla de León.
Allí se empezarían a barajar los nombres de los expertos juristas que analizarán las opciones jurídicas planteadas y de quién sería el secretario ejecutivo "permanente" de la "gerencia".
En todo caso, el Gobierno, con el presidente Uribe a la cabeza, tiene la decisión de defender incondicionalmente a Santos en este pleito, no solo por el apoyo del que goza el ex ministro, sino por lo que representa desde el punto de vista institucional, pues se entiende que más que un asunto contra él, es una agresión contra el Estado colombiano y contra el derecho internacional.
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El caso de inmunidad del ex canciller del Congo
En febrero del 2002, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, anuló la orden de detención contra el ex ministro de Relaciones Exteriores del Congo, Abdoulaye Yerodia, que había sido emitida en junio del año 2.000, por supuestos crímenes contra la minoría tutsi.
El entonces presidente de la CIJ, Gilbert Guillaume, explicó en su momento que "durante toda la duración de su mandato, un ministro de Asuntos Exteriores se beneficia de una inmunidad de jurisdicción penal y de una inviolabilidad total en el extranjero".
La Corte también consideró que "en el derecho internacional está firmemente establecido que, del mismo modo que los agentes diplomáticos y consulares, algunas personas que poseen cargos de alto rango en un Estado, tales como el Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno y el Ministro de Relaciones Exteriores, gozan de inmunidad de jurisdicción en otros Estados, tanto en materia civil como criminal".
Una circular de Interpol que el Gobierno no cumplió
En los primeros días de mayo, el ex primer ministro de Kosovo Agim Ceku fue invitado por Colombia para participar en el Primer Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, que tuvo lugar en Cartagena.
Desde el principio, el gobierno tenía claro que Ceku es para Serbia, el ex militar de 48 años responsable de 669 asesinatos de serbios y de 18 personas de otros pueblos de los balcanes, durante la guerra de desintegración de Yugoslavia.
Interpol en Blegrado envió una circular roja, ordenando su detención. Colombia no lo capturó, aunque sí lo expulsó. En el Gobierno no piensan lo mismo de Ceku y en su momento se explicó que él resultaba ser un importante expositor del evento.
ANDRÉS GÓMEZ OSORIO
REDACCIÓN POLÍTICA
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El Tiempo, Julio 2 de 2009
Ecuador califica de desmedida reacción colombiana por anuncio de arresto contra Juan Manuel Santos
El Gobierno de Rafael Correa sugirió a Colombia no agravar la crisis que mantiene rotas sus relaciones diplomáticas desde hace más de un año. Fiscal de Ecuador apoya a juez y fiscal.
"No es ninguna agresión a Colombia. No tienen que complicarse los dos niveles, el judicial y el político. Nosotros aspiramos que los procesos judiciales se desenvuelvan en el ámbito judicial y los políticos en el ámbito político", declaró el ministro ecuatoriano de Seguridad, Miguel Carvajal.
El funcionario dijo a radio Sonorama que, "siendo un proceso judicial (...), es absolutamente desmedido, inadecuado, pretender responder -como lo ha hecho el ex ministro Santos- diciendo que esto es una agresión a Colombia".
Un juez ecuatoriano ordenó el lunes la captura de Santos por su presunta responsabilidad en la muerte de 25 personas, incluido el jefe rebelde Raúl Reyes, durante un ataque a una base clandestina de las Farc en Ecuador en marzo de 2008.
En la acción también murieron cuatro mexicanos y un ecuatoriano que se encontraban en el campamento bombardeado. El ataque luego causó la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales.
Santos -quien dejó el Ministerio de Defensa para postularse a la Presidencia- consideró como una agresión a su país la orden de arresto.
"Ecuador es un país de derecho", replicó Carvajal y añadió que en el caso de la incursión colombiana "hubo un hecho violento", una "violación a la soberanía ecuatoriana" y "fuerzas militares durante once horas ejerciendo autoridad en territorio ecuatoriano, personas que murieron".
"Eso es un hecho público que amerita una investigación", enfatizó.
El miércoles el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, dijo que la decisión judicial contra Santos "es una amenaza a los colombianos, es una amenaza de negarles a los colombianos el derecho de recuperar la seguridad".
Además su gobierno expresó "categóricamente la falta de jurisdicción del Estado ecuatoriano" para procesar a Santos.
Quito
Con AFP
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