Revista
Proceso
No. 1978, 27 de septiembre de 2014
- Desprotección,
crimen, autocensura/GLORIA
LETICIA DÍAZ
Atrapados
en la extrema violencia generada por la delincuencia organizada y la ofensiva
frontal del Estado –a veces sustituida por la complicidad ante el testigo
incómodo–, los periodistas siguen cayendo bajo las balas de los sicarios,
forzados a entrar en las nóminas criminales u obligados a exiliarse para
sobrevivir. En entrevista, defensores de los derechos de periodistas denuncian
que los mecanismos oficiales de protección siguen sin funcionar y que no hay
voluntad del gobierno federal para detener las agresiones contra el gremio.
Ser
periodista en México implica enfrentarse a las agresiones en un ambiente de
impunidad y abandono institucional, con la autocensura y el exilio como
opciones casi únicas de supervivencia.
Esa
es la condición del trabajo informativo en regiones donde persiste la violencia
generada por la delincuencia organizada y por el embate frontal del Estado,
sobre todo cuando éste ha eludido su responsabilidad de garantizar la libertad
de expresión, coinciden Balbina Flores, Francisco Sandoval y Jade Ramírez,
defensores de derechos de los periodistas.
Entrevistados
por separado días después de que en el noticiero estelar de MVS, conducido por
Carmen Aristegui, difundiera el video de la reunión de Servando Gómez, La Tuta,
con Eliseo Caballero y José Luis Díaz, los activistas no justifican las
acciones de Caballero y Díaz, pero resaltan que a partir de 2005, cuando se
acentuó la violencia de los cárteles, los reporteros que cubren esa fuente se
volvieron blanco de agresiones.
Hasta
la fecha, indican, esos ataques no han cesado pese a que ya existen
instrumentos jurídicos e instituciones como la Ley General para la Protección
de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
De
acuerdo con el último informe estadístico de la FEADLE, de enero de 2000 al 31
de agosto de 2014 se reportaron 102 homicidios y 24 desapariciones de
periodistas, de los cuales la dependencia federal investiga 30 asesinatos y 12
desapariciones.
El
informe publicado en la página de la fiscalía mencionada señala que del 5 de
julio de 2010, cuando la dependencia comenzó a operar, al 31 de agosto de 2014,
inició 596 indagatorias por delitos contra periodistas y medios de comunicación,
el 35.4% de las cuales (es decir 211) son amenazas.
Balbina
Flores, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización no
gubernamental con sede en Francia, narra que en 2005, cuando la narcoviolencia
en México empezó a ocupar las primeras planas de la prensa internacional, un
análisis de RSF detectó visos de autocensura en algunos medios informativos de
Baja California y Tamaulipas ante la presión de los grupos criminales para
callarlos o controlarlos. Situación que se extendió paulatinamente al resto del
país.
“No
ha habido forma de enfrentar el miedo. La forma en que los medios han
respondido ante él es la autocensura, desde El Mañana de Nuevo Laredo, hasta
Zócalo de Monclova, la declaración de estos periódicos ha sido: ‘No vamos a
informar más sobre el narcotráfico porque queremos resguardar la seguridad de
nuestros trabajadores y sus familias’. El costo es alto: es el silencio. Dicen
los colegas que si quieres sobrevivir en estas zonas, o te adaptas o te
mueres”.
Para
Flores, el responsable del escenario de violencia alimentado por la impunidad
es “el Estado en todos sus niveles, porque no ha creado las condiciones de
seguridad para el ejercicio periodístico”, aunque reconoce que algunos medios
también han fallado “al no asumir una actitud de protección a sus periodistas”
en los aspectos que les corresponde.
A
partir de la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, dice, en los
estados de mayor violencia “los periodistas están permanentemente amenazados,
porque ellos viven ahí, conviven con ellos (los narcotraficantes), los conocen,
todo mundo sabe quién es el corresponsal de qué medio, es muy fácil ubicarlos e
indudablemente que es cierto que en ocasiones aceptan dádivas por este temor,
pero también se da por las condiciones económicas que se mueven, la única
diferencia que quien está fomentando esa situación es un grupo delincuencial,
esa es la gravedad del asunto”.
La
activista, que ha trabajado constantemente con periodistas en Michoacán y ha
documentado ahí seis asesinatos, cuatro desapariciones y tres desplazamientos
forzados de 2006 a la fecha, acepta que la cifra de agresiones contra el gremio
en ese estado es menor que en Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas, donde la FEADLE
tiene registrados 16, 15 y 13 homicidios, respectivamente.
Pero
con eso basta: los informadores “aprendieron rápido la lección; los
responsables lograron su objetivo: los periodistas se han replegado”.
De
nuevo, sin justificar, trata de explicarlo: “Sé que narcos han llegado por
compañeros a la puerta de su periódico, que se los han llevado, que
constantemente les llaman por teléfono y les dicen: ‘Te mandamos esto y lo
publicas, si no, ya se dónde está tu familia, ya se dónde vives, ya sé dónde te
mueves’. Escuchar eso de forma constante es terrorífico, es el miedo permanente
que no se denuncia ni podemos publicar, porque los colegas sólo quieren dejar
un precedente”.
Zonas
de riesgo
Francisco
Sandoval Alarcón, oficial adjunto de Protección de Artículo 19, organización
con sede en Londres, participó el 31 de mayo del año pasado en un encuentro
donde 25 editores y periodistas de las zonas de riesgo del país describieron
sus condiciones de trabajo.
En
la reunión se reveló que en Michoacán los reporteros de la fuente policiaca
estaban forzados a recibir “prebendas como tarjetas telefónicas y dinero” del
crimen organizado, ya que lo contrario se consideraba “un desaire” y los ponía
en peligro de muerte.
De
acuerdo con la relatoría del evento, en esa ocasión periodistas de Ciudad
Juárez contaron que el método más efectivo para reportar hechos violentos es
recabar denuncias ciudadanas, pero hay medios que sólo publican información
oficial.
Asimismo,
se expuso que en Tamaulipas predomina la autocensura: “Existen células
criminales que a base de amenazas e intimidaciones se han apoderado de la línea
editorial de los medios de comunicación, obligándolos a restringir su
cobertura. La autoridad parece beneficiarse de ese proyecto (…) las células del
narcotráfico utilizan a ‘voceros’, que normalmente son reporteros, para emitir
sus mensajes a la prensa”, se establece en el documento.
Y
resalta que en Baja California, “a partir del 1 de diciembre (de 2012) se cerró
la puerta de información entre la prensa y las fuerzas de seguridad”, mientras
que en Coahuila, contaron los periodistas, “existe una autocensura entre los
medios de comunicación regionales”.
Subrayaron:
“Hay temor por parte de la prensa de publicar temas relacionados con la
delincuencia organizada”, pero además consideraron poco confiable la
información institucional “porque cuando se han presentado agresiones contra
periodistas, lo que han hecho esas instancias de gobierno es criminalizar a las
víctimas antes que presentar resultados de sus investigaciones”.
En
Veracruz, donde fue asesinada la reportera de Proceso Regina Martínez sin que
hasta la fecha se haya castigado a los responsables, la relatoría mencionada
consigna que el gobierno estatal es el responsable de “recabar y redactar
información relacionada con hechos de violencia (…) Los grupos del narcotráfico
que operan en la región ‘presionan’ a los medios para no publicar lo que afecta
a sus intereses”.
En
tanto que en Sinaloa “se ha abandonado la agenda social de las víctimas de la
violencia (…), no existe ninguna relación entre la prensa y el Ejército”, y la
que se estableció en la administración de Felipe Calderón fue burda: “El
Ejército pretendía ofrecer ‘salvoconductos’ para que los periodistas portaran
armas (…) El Ejército informa en función de los intereses que están en juego.
Los representantes de la prensa presumen que (los mandos) favorecen a un grupo
delincuencial”.
Originario
de Baja California, donde trabajó como reportero del semanario Zeta, Sandoval
Alarcón resalta que entre 80% y 90% de los periodistas que han sufrido amenazas
u otro tipo de agresión quedan marcados psicológicamente “y muchas veces se ve
reflejado en su trabajo, en la autocensura; dejan de publicar información que los
pondría en riesgo. El caso más emblemático es Tamaulipas, donde la sociedad se
informa por las redes sociales”.
En
lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, Artículo 19 tiene registrados
siete asesinatos derivados del ejercicio profesional. Al escenario amenazante
en las zonas de riesgo se agrega el silencio de instituciones como la
Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, lo que puede
verificarse con el número de comunicados emitidos por cada dependencia.
Los
periodistas de zonas de riesgo declararon que “durante el sexenio pasado podían
acudir a los mandos militares regionales para obtener información y realizar
recorridos; en el sexenio actual los mandan a la Comisión Nacional de Seguridad
de la Secretaría de Gobernación”.
Resulta
que el número de operativos de las Fuerzas Armadas son prácticamente los mismos
en ambos sexenios (“en abril de 2013 realizaron 3 mil 653 operaciones y en
marzo más de 3 mil 300. En esos mismos meses pero de 2012, fueron 3 mil 46 y 3
mil 294 operaciones”), pero con Calderón ambas dependencias emitían un promedio
de siete comunicados y ahora éstos son escasos, lo que ha orillado a los
periodistas a buscar “alternativas informativas, como las redes sociales y las
denuncias anónimas”.
–¿Recurrir
a los narcotraficantes como fuente informativa es una de las alternativas? –se
le pregunta al defensor.
–En
algunos casos la relación de los periodistas con los narcos puede ser
informativa, pero también para tratar de imponer una línea editorial. Es parte
del contexto: hay grupos delincuenciales que están tratando de imponer su
verdad. Muchos de ellos quieren publicidad. La Tuta, por ejemplo, es muy
mediático.
“Sin
duda la mejor lección de periodismo sobre el narco nos la vino a dar Julio
Scherer en su entrevista con (Ismael) El Mayo Zambada (Proceso 1744, abril
2010). Con más de 70 años, el señor nos muestra que si un tipo como El Mayo nos
da una entrevista, la vamos a tomar, y se justifica porque si Julio Scherer
pudo entrevistarse con él, verlo y hablar con él, ¿por qué la autoridad no lo
puede detener?”
El
periodista resalta que las zonas de riesgo del país presentan “un panorama
bastante adverso y hay más agresiones, pese a contar con todas estas
herramientas jurídicas, con el Mecanismo (para la Protección de Periodistas y
Personas Defensoras de Derechos Humanos), con la FEADLE, que tiene recursos
como ninguna otra fiscalía la había tenido”.
Para
el defensor, uno de los factores que ha perpetuado la impunidad es que la
FEADLE “no está tomando en cuenta el ejercicio profesional en las
investigaciones”, y una prueba de ello es que –a diferencia de Artículo 19, que
de 2000 a 2014 documentó 78 asesinatos y antes de registrar alguno se cerciora
por diversos medios de que la agresión se haya originado en el ejercicio
profesional, “la FEADLE está contabilizando todo pero no hay un análisis a
fondo y termina por no esclarecer los casos”.
Derechos
secuestrados
Los
informadores mexicanos no sólo se enfrentan a la impunidad, advierte Jade
Ramírez Cuevas, integrante de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la
Protección de periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación.
Como
miembro de la sociedad civil, Ramírez Cuevas, alerta que a casi dos años de
operación de dicho mecanismo “hay un incremento de la violencia contra
periodistas, además de que las formas de intimidar, agredir o afectar su
trabajo son más violentas”.
Víctima
de amenazas por su trabajo periodístico en Jalisco, Ramírez Cuevas detalla que
hasta la primera semana de agosto el instrumento de Gobernación había recibido
110 solicitudes de incorporación por parte de periodistas, la mayor parte
afincados en el Distrito Federal –“por la política de criminalización de la
libertad de expresión de Miguel Ángel Mancera”– y el resto de entidades con
violencia generalizada, como Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas y
Michoacán.
A
juzgar por los casos desahogados en las reuniones de la Junta de Gobierno,
indica, “la violencia contra los periodistas ya no proviene únicamente del
crimen organizado, sino también de fuentes gubernamentales plenamente
identificadas”.
La
entrevistada reconoce que, ante el panorama adverso, el mecanismo de protección
oficial, presidido por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón, “se ha
visto rebasado ante la cantidad de casos y el impacto de tener un periodista
amenazado”.
El
organismo no cuenta con la plantilla ni con los perfiles necesarios para
atender emergencias, ni cuenta con la asistencia de funcionarios con facultad
de decisión al 50% de las sesiones, admite la defensora, pero añade que esa
inoperancia se debe también a que no existe “la debida corresponsabilidad de
los gobiernos estatales y municipales para atender los lineamientos surgidos en
la Junta Gobierno”.
Menciona
otro factor: “El mecanismo no ha incidido en la disminución de la violencia,
entre otras cosas, porque sigue sin crearse una tercera unidad que es
fundamental: la de Seguimiento, Prevención y Análisis, que es la que tendría
que encender los focos amarillos para que no se registraran ni un caso más de
secuestro o desaparición”.
Además,
observa, los funcionarios responsables del mecanismo no respetan los tiempos
establecidos por el reglamento para atender los casos. Por lo general los
periodistas acuden solos, sin el respaldo de los directivos de los medios, y su
vulnerabilidad aumenta por la demora para aplicar las medidas correspondientes,
ya que “contactar al mecanismo, aunque no sea oficialmente una denuncia,
implica un riesgo porque estás dando a conocer que alguien te está amenazando,
afectando o violentando”.
