PALABRAS DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ARTURO CHÁVEZ CHÁVEZ,
DURANTE LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL CONGRESO “CIUDADANÍA Y MEDIOS: ACCIÓN CONJUNTA”, DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CÍVICA, AC.
Martes 10 de noviembre de 2009
Boca del Río, Veracruz
Señor Gobernador Constitucional del estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán:
Señor Marcos Fastlicht, Presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica A.C., y del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República;
Distinguidos Integrantes del presidium y de los consejos que integran esta asociación;
Amigas y amigos de los medios de comunicación;
Señoras y señores invitados y participantes en este congreso;
Muy buenas tardes:
Con mucho gusto participo y asisto a la clausura de este Congreso, cuyo tema es vital para el futuro de nuestro México. Además es doblemente placentero hacerlo aquí en el bello estado de Veracruz, con el apoyo decidido y comprometido del señor Gobernador.
Felicito especialmente a la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, que preside Don Marcos Fastlicht, por su empeño en unir esfuerzos con la autoridad para que juntos, sociedad y gobierno, construyamos un México justo y seguro.
Hoy enfrentamos el reto de renovar a fondo el Sistema de Seguridad y Justicia y generar así condiciones de paz, certeza, seguridad jurídica, prosperidad y justicia para todos.
El Estado tiene compromiso de trabajar para el bien común, que no es más que el conjunto de condiciones de la vida social, política y económica que favorecen el pleno desarrollo de la persona. De todas las personas, de todos los mexicanos.
Así la seguridad pública es un bien necesario para el pleno desarrollo de la sociedad. Es un bien que nos es común a todos.
La inseguridad afecta, indudablemente, la calidad de vida de los ciudadanos, limita el desarrollo, destruye el capital social y significa una carga especialmente onerosa para los que menos tienen.
Por ello, el Estado está obligado a combatirla de manera integral, atendiendo la prevención, la investigación, la persecución de los delitos, la procuración e impartición de justicia, la efectiva ejecución de penas y la readaptación social, con una visión estratégica y de largo alcance.
Insisto, el combate a la delincuencia y a la inseguridad es una tarea a cargo de las instituciones del Estado. Si éstas no generan los resultados que los ciudadanos –con todo derecho- esperan, entonces habrá que pensar en alternativas orgánicas y funcionales que permitan alcanzar esos resultados e incluso en proponer los cambios legislativos que sean necesarios.
Lo que es irrenunciable es la tarea de las instancias del Estado en la lucha contra el delito.
Se trata de una tarea indivisible que obliga a la colaboración efectiva de todas las dependencias federales, de todos los órdenes de Gobierno y de todos los poderes.
También, como lo ha señalado el Presidente Felipe Calderón, la lucha por la seguridad y la justicia es una tarea tan importante que requiere de la indispensable y necesaria participación de la sociedad. En efecto, la participación ciudadana es una de las claves con las que contamos para mirar con esperanza el futuro, porque la fuerza de la sociedad organizada es capaz de derribar los obstáculos más difíciles y de vencer hasta aquellos que parecían imposibles.
No tenemos duda: la seguridad plena alcanzará cuando cada mexicano tome la decisión íntima de respetarse a sí mismo respetando al otro; cuando cada mexicano resuelve abrazar los valores esenciales de la convivencia social, poniendo por delante el apego a la ley, el sentido de pertenencia y la solidaridad.
Esto significa formar ciudadanos. Hombres y mujeres que ejerzan plenamente sus derechos, y que también asuman sus obligaciones. Ciudadanos que legítimamente demandan más y mejores resultados de sus autoridades, al tiempo que cumplen lo que manda la ley. Y esto incluye, desde luego y en primer lugar, a quienes formamos parte de las instituciones del Estado.
La Procuraduría General de la República ha venido trabajando para arraigar esta convicción entre su propio personal, única forma de recuperar la confianza de la sociedad con capacidades renovadas y mejores resultados.
La apertura de la institución a la participación ciudadana en la vigencia en nuestro quehacer, en el estímulo de la denuncia y en el diseño y evaluación de las políticas públicas es componente fundamental de este esfuerzo.
El título del Congreso que ahora culmina, “Ciudadanía y medios: acción conjunta”, es muy apropiado, porque el trabajo de los medios de comunicación va de la mano con el propósito de fondo que nos convoca, que es la construcción de una sociedad solidaria, informada y democrática.
Acertadamente, la organización que preside Don Marcos Fastlitch ha reunido a distinguidas personalidades de los medios de comunicación, la academia, la política y el servicio público, de México y el exterior, para analizar las diversas aristas del fenómeno comunicativo y su relación con la participación social en justicia y la seguridad.
La percepción social de la seguridad se finca en la realidad de la experiencia propia, en las experiencias que a cada quien transmite familiares, amigos y conocidos y, desde luego, en las noticias que llegan a través de los medios de comunicación.
Una sociedad bien formada es una sociedad libre, capaz de resolver sus diferencias en el marco de las leyes, resuelta a crear y multiplicar las condiciones para que todos podamos vivir mejor.
Qué tanto se apega la percepción social a la realidad y qué tanto influye la noticia para desatar la participación social o para inhibirla, es un tema polémico que merece la mayor atención.
Identificar el delgado hilo entre información oportuna y ética profesional: entre la libertad de expresión y responsabilidad social; entre protección a los periodistas e igualdad ante la ley, son cuestiones que aquí se han aportado, y que forman parte de la construcción de un México de seguridad y justicia para todos.
El papel de los periodistas es informar, y su compromiso está, primero, con la noticia, sin duda alguna. La primera obligación de los servidores públicos de las instituciones de justicia y seguridad es proteger los derechos de las personas, su integridad y de la de sus bienes. De eso estamos claros.
Sin embargo, existen aspectos de la convivencia social que nos comprometen a ambos para honrar responsablemente el compromiso de los comunicadores con la verdad, y propiciar, al mismo tiempo, la información completa y equilibrada que la sociedad necesita para aquilatar plenamente el valor del apego a la ley y la importancia de la persecución al crimen.
El Gobierno de la República mantiene su firme convicción de la elevada trascendencia social del trabajo de los periodistas, y reconoce los riesgos que ésta lleva implícitos, por lo que está comprometido con la debida protección a sus actividades.
Actualmente, el periodista o comunicador tiene consagrado en la Legislación Federal el derecho a la reserva de la fuente. Desde 2006 existe en la Procuraduría General de la República una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en contra de Periodistas.
Además, este año el Presidente Felipe Calderón presentó al Congreso de la Unión una iniciativa para modificar el artículo 73 de la Constitución que, entre otros aspectos, propone que las autoridades federales puedan conocer de los delitos del fuero común que afectan a los periodistas, cuando por su relevancia social o su impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, dichos delitos trasciendan el ámbito de las entidades federativas.
La propuesta se está analizando y confiamos en que el Poder Legislativo sabrá resolver adecuadamente esta cuestión.
Construir juntos un entorno seguro para el desarrollo de nuestras libertades es una de las prioridades más elevadas de este Gobierno y Estado mexicano.
Por su parte, la sociedad ha iniciado una amplia y profunda reflexión sobre los deberes ciudadanos que son presupuesto de los derechos y prerrogativas. Sin aquéllos, los derechos no serían más que pretensiones arbitrarias, inconsecuentes y alejadas de cualquier propósito orientado al bien común.
La reflexión serena y ponderada, como la que se ha dado en las mesas de trabajo, en las conferencias magistrales y en las conclusiones de este Congreso, representa, con toda certeza, un significativo avance. Será para nosotros de gran utilidad analizar dichas conclusiones y trabajar todos los días con los ciudadanos y los medios de comunicación.
Los felicito por este ejemplar ejercicio de civismo en democracia.
Les pediría ponerse de pie para proceder. Es un honor, para el que sirve como Procurador General de la República, hoy 10 de noviembre del año en curso, siendo las 14:45 horas declarar formalmente clausurados los trabajos del Congreso Nacional, “Ciudadanía y Medios, Acción Conjunta”, reitero, estoy convencido que el intercambio de ideas, experiencias y los acuerdos que de aquí emanaron serán de gran trascendencia para que las instituciones del Gobierno y sociedad en su conjunto, logren más y mejores medidas para la seguridad de nuestro país. Enhorabuena.
