Mouriño, debate en San Lázaro

Debate sobre Mouriño en San Lázaro.

Luego de varias intentos de abordar el tema, por fin los legisladores debatieron el caso de los contratos firmados por el jóven Secretario Juan Camilo Mouriño.

El debate se dio por fin luego de que en la última semana el Frente Amplio exigió realizar la discusión.

Esta es la vVersión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 1 de abril de 2008:

El Presidente, en funciones, diputado Luis Sánchez Jiménez: El siguiente punto del orden del día es agenda política relativa a comentarios sobre el caso del secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo. Tiene la palabra el diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse al tema.

El diputado Octavio Martínez Vargas: Con su permiso, compañero Presidente. Hoy estamos aquí por un tema que no debería de ser importante si pensamos en la persona; sin embargo, cobra relevancia debido al cargo estratégico que ocupa en nuestro país Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación.
Ha sido cuestionado por todos los ciudadanos mexicanos, claro, menos por el Ejecutivo federal. Lo ubicó en esta posición como parte de un pago de favores tanto del pasado como para contribuir a favorecer la riqueza de algunas familias a costa de los intereses de toda la nación o peor aún, para constituir la empresa Calderón-Mouriño S A.
Para nadie queda claro la forma en cómo de la noche a la mañana se extendieron los negocios de la familia Mouriño. Al parecer todo a la sombra de los gobiernos locales y al cobijo de la administración foxista.
Casualmente Juan Camilo participó en la red de Amigos de Fox en el año 2000 y ahora es instrumento fundamental del Ejecutivo. ¿Acaso se repite la historia de los gobiernos priístas? Al igual que en la historia de 88, entonces con José Córdoba Montoya, de origen francés, que por cierto en esa etapa de Carlos Salinas de Gortari se privatizaron las principales empresas del Estado, que hoy le han dado como resultado tener a uno de los hombres más ricos del mundo: Carlos Slim.
Es inaceptable que el hombre más cercano al Ejecutivo federal, quien tiene toda la información de la seguridad nacional, sirva a intereses que no son de los mexicanos, más bien a intereses personales y a intereses de grupo.
Mouriño se ha privilegiado en todo momento de los puestos públicos que ha ocupado en nuestro país. Siendo funcionario de Energía, servidor público; como diputado federal, presidente de la Comisión de Energía, contó con información que le favoreció en sus negocios familiares, tanto en Transportes Especializados Ivancar, SA de CV (TEISA), como Grupo Energético del Sureste, SA de CV.
Entre 98 y enero de 2008 la empresa TEISA suscribió 10 contratos y convenios y 4 modificaciones con Pemex Refinación por más de 100 millones de pesos. No podemos dejar de resaltar el hecho de que 6 de ellos los firmó cuando fungió como servidor público…
El diputado Juan José Rodríguez Prats -PAN-, (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Permítame, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Rodríguez Prats?
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Si el orador me permite una pregunta.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: ¿Permite una pregunta del diputado Rodríguez Prats?
El diputado Octavio Martínez Vargas: Con mucho gusto, al terminar mi intervención.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, continúe.
El diputado Octavio Martínez Vargas: …en 1998 y en enero de 2008, la empresa TEISA suscribió 10 contratos y convenios y cuatro modificaciones con Pemex Refinería por más de 100 millones de pesos. No podemos dejar de resaltar el hecho de que seis de ellos los firmó cuando fungió como servidor público en la Secretaría de Energía y como coordinador de asesores de Calderón.
Esta firma de los contratos supone tráfico de influencias, abuso de autoridad, uso indebido de funciones y coalición de servidores públicos. Todo ello tipificado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En el artículo 8o. se establece puntualmente.
Con la firma de estos contratos se constituyeron conductas delictivas tipificadas en el Código Penal Federal, de acuerdo con el artículo 217 que señala textualmente: "comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, el servidor público que indebidamente otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes del dominio de la federación".
El artículo 220 del mismo código tipifica el ejercicio abusivo de funcionarios y en el artículo 224 el enriquecimiento ilícito. Ambos prevén la inhabilitación hasta por 12 años, dependiendo del monto de lo asignado en cada uno de los contratos.
La responsabilidad por estas irregularidades alcanza también a los abogados que laboraron en la oficina del abogado general de Pemex, César Nava Vázquez, actual secretario particular de Felipe Calderón; y a su sucesor José Néstor García Reza, así como a funcionarios de Pemex Refinación que autorizaron los contratos y quienes habrían incurrido en delito patrimonial al contratar indebidamente obra pública o de servicios.
Resultaron beneficiados Ivancar y las empresas de la familia Juan Bueno Torio, ahora representante popular. Autotanques de México; Fletera Continental de Líquidos, propiedad de Luis Ortiz Ríos, hermano de Juan José, cuñado de Juan Bueno; Transportadora y Distribuidora Isabel, propiedad de Emilio Bueno Lázaro y Autotransportes Flensa, de las que Javier Fox Quesada —hermano de Vicente Fox— es accionista mayoritario.
Por otra parte, México firmó con la ONU la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual en el artículo 8o., en sus fracciones V y VI referentes a los códigos de conducta para funcionarios públicos, señala que cada Estado establecerá medidas y sistemas para exigir a los servidores públicos que hagan declaraciones ante las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas, con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos, así como adoptar medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que transgreda los códigos o normas establecidos, de conformidad con el presente artículo vigente.
Congruente con este tratado y como muestra de que existe en México un estado de derecho —como lo ha establecido permanentemente la derecha en nuestro país—, lo mínimo que esperamos todas las mexicanas y todos los mexicanos, es que inmediatamente sea removido del cargo Juan Camilo Mouriño, que hasta ahora desempeña al frente de Gobernación, que sea sujeto a los tribunales mexicanos el indiciado. El indiciado, que por cierto es confeso, ha aceptado los cargos que la sociedad le ha señalado.
Esta comisión que se creó de "amigos de Mouriño", consideramos que no va a resolver nada; que fue pactado con algunos partidos pequeños para tapar anomalías en la Lotería Nacional, con otros partidos, para procesar el tema de Pemex y que habrá de resolver, por cierto en algunos días, y tener su resolución final, de manera muy irresponsable, aislada y que contrasta con la realidad.
Ojalá que podamos tener una actitud vertical, una actitud del gobierno federal de retirar del cargo a este sujeto que por cierto no ha aclarado si es español o mexicano, mexicano o español. Que sí es un indiciado y que ha aceptado los cargos públicamente. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado Juan José.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): No.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: No. Muy bien, se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados: el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Partido Nueva Alianza; el diputado Pablo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo; el diputado Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Partido Convergencia; el diputado Adolfo Mota Hernández, del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Edgar Martín Ramírez Pech, del Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la tribuna el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, para referirse al tema, hasta por cinco minutos.
El diputado Manuel Cárdenas (Panal): Respetuosamente hago una consulta a la Presidencia y saber si se me pudieran conceder los 10 minutos que se le concedieron a quien hizo uso de la voz anterior a un servidor.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: El acuerdo que se tuvo en la Junta de Coordinación Política para el debate del tema establece que el diputado promoverte tendrá 10 minutos y una ronda de cinco minutos por cada uno de los grupos parlamentarios subsecuentes. Entonces quisiera suplicarles nos ajustemos a este acuerdo de los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: La respuesta era un sí o un no, no el precedente, ese ya lo conozco, señor Presidente. Entonces con su permiso, con el permiso de la Presidencia.
Buscar descarrilar un debate de la mayor importancia como el referente a la política energética con acciones distractivas, como el pedir la instalación de una comisión investigadora para luego sustraerse a participar en ella, es algo que no es responsable. Independiente de cómo haya querido quedar conformada a los ojos de quienes la propusieron en una primera instancia, rehuir al debate en las comisiones que nos hemos dado para estos efectos, como ha sucedido en otros temas, es absolutamente irresponsable.
Para eso se crean las comisiones de investigación y muchas de ellas han sido creadas a petición del PRD.
Facilitar y propiciar debates de alto impacto en los medios, fundamentalmente de comunicación electrónica, sobre bases débiles e inconsistentes, también es irresponsable. Para eso los mexicanos nos hemos dado instituciones, para resolver por la vía jurídica la moralidad, la probidad y si algún servidor público se condujo conforme a derecho.
Primero presentaron el debate político haciendo un juicio sumario, generando y declarando culpables, para después, ante la opinión jurídica de muchos, tener que concurrir a presentar las demandas que todavía no sabemos si proceden o no.
Querer pasar por encima de las instituciones es algo común. Ahí están quienes asaltan caminos, ahí están quienes toman pozos petroleros, ahí están quienes so pretexto de la tolerancia han gozado de la impunidad inclusive para registrarse a cargos de elección popular.
Es cierto que en este grupo puede haber y deberá de haber y habrá de haber gente respetable y respetuosa en sus juicios; pero ese pequeño grupo o individuo no le alcanza a quienes han venido, de esta manera irresponsable y frívola, queriendo desviar el tema, a compensar la moral y la ética, de suyo muy conocida de este personaje, y quienes le acompañan en esta búsqueda de descarrilar lo que los mexicanos estamos buscando.
Todas las fuerzas políticas, compañeros, debemos contribuir y estamos obligados ante la sociedad con un ejercicio transparente, con un ejercicio responsable y que cada uno de los servidores públicos y los ciudadanos, inclusive, sean sujetos al estado de derecho y los asuntos se diriman en las instituciones.
Éste no es un asunto de calificativos tan incongruentes y tan fuera de cualquier lógica, como señalan al decir "partidos pequeños". No. Todos los partidos son iguales ante la ley. Lo que nos hace diferentes es que algunos tenemos propuestas que demandan los mexicanos y otros buscamos que los problemas se diriman en el marco de la ley.
Por eso, compañeros, hago una atenta convocatoria para que no caigamos en la tentación de distraernos del tema medular. Ahí están las instituciones que deberán darle cauce jurídico al tema. Ahí está la comisión que deberá hacer del conocimiento de las instituciones las conclusiones a las que se llegue. Ahí está la invitación para que se integren a la Comisión de Investigación.
Alejémonos de la conducta que primero genera el daño y después busca, si acaso, que se le dé trámite jurídico al debate. Alejémonos de las convocatorias de quienes se pretenden salvadores de la patria. Esos mesías, más bien mesiánicos, cuya moral y ética es totalmente conocida, no debe conducir los trabajos de los diputados de esta LX Legislatura.
No son los asaltacaminos ni las tribus quienes orientarán el rumbo de este pleno y de lo que quieren los mexicanos. Es cuanto, señor Presidente.
El presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Cárdenas Fonseca. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Pablo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola (PT): Con su permiso, Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sin lugar a dudas que el asunto del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, seguirá dando de qué hablar.
Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo sí se actualizan las violaciones a la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como la actualización de las conductas presuntamente constitutivas de delito de tráfico de influencias.
Desde el gobierno y desde el PAN se ha pretendido vender la imagen de un servidor público ejemplar y con visión de futuro. Nada más falso. El señor Mouriño violó distintas leyes federales con el claro propósito de beneficiar los negocios privados de su familia; que se relacionan con contratos con Petróleos Mexicanos. Pero además, estas conductas han echado por tierra uno de los dogmas que el PAN que usó para criticar a los gobiernos priístas, en el sentido de que no se debían usar los cargos públicos para obtener beneficios privados.
Qué lejos están estas conductas de los principios éticos que el PAN dice defender. Qué lejos están de ser el gobierno de las manos limpias, cuando se acuerdan en la defensa unánime de uno de los suyos.
Ahora, con cinismo exigen que los legisladores que en el ejercicio del derecho que nos confiere el artículo 93 constitucional, párrafo tercero, solicitamos la creación de la comisión investigadora de los contratos que firmó el señor Mouriño, como apoderado legal de la empresa Ivancar, con Pemex refinación, ahora aportemos pruebas suficientes para acreditar nuestra afirmación.
¿Qué mayor prueba quieren que el conocimiento del propio señor Mouriño, de que las actividades ilícitas que se le imputan son ciertas? Como se desprende de todos y cada uno de los contratos firmados por su parte cuando era servidor público, diputado federal de la LVIII Legislatura de este Congreso de la Unión y presidente de la Comisión de Energía de esta Legislatura, coordinador de asesores del Secretario de Energía y subsecretario de esa misma dependencia.
Nos piden que probemos nuestro dicho. Bien, entonces los contratos, cotejen las fechas en que se efectuaron, verifiquen quién los firma y en calidad de qué y confronten esto con lo que dispone el artículo 47, fracción XV de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que señala el artículo 8o, fracción XI de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y lo dispuesto en los artículos 220 y 221 del Código Penal Federal, en relación con los delitos de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.
Si actúan con objetividad, imparcialidad y con sujeción a lo que disponen las leyes, llegarán a la conclusión hoy, de que el secretario de Gobernación firmó los contratos que están ampliamente difundidos cuando era servidor público y, en consecuencia, estaba legalmente impedido por la naturaleza de los cargos que desempeñaba para poder firmarlos.
Salvo una pequeña excepción prevista en la fracción XI, segundo párrafo del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos y que consiste en que por escrito haya informado a su superior jerárquico, el entonces Secretario de Energía, Felipe Calderón, hoy responsable de la administración pública federal y de nueva cuenta superior jerárquico del señor Mouriño.
Es decir, que de manera directa y en su debido tiempo, Juan Camilo Mouriño hubiera presentado su informe de manera formal dando cuenta de tales actividades a su jefe inmediato, Felipe Calderón. Más aún, Pemex refinación también incurrió en una práctica ilegal, pues no debió haber efectuado la contratación respectiva, ya que sabía del cargo público que desempeñaba Mouriño. Es decir, también tienen responsabilidad los funcionarios de la paraestatal.
No cabe duda, de nueva cuenta se hace fehaciente la muestra de una enorme falta de oficio político y de una preponderante arrogancia del Ejecutivo federal para su presunta responsabilidad encubridora.
De las últimas noticias proporcionadas por Mouriño destaca la de haber entregado a la PGR unos documentos con los que supuestamente dice probar que desde hace algunos años dejó de ser accionista del Grupo Energético del Sureste, persona moral que a su vez es accionista de Transportes Especializados Ivancar.
Por último, lo que no puede probar el personaje en comento, es que sigue siendo apoderado general de Ivancar, que es la sociedad que celebró los contratos con Pemex Refinación.
En otras palabras, la doble personalidad con la que actúo sigue siendo motivo de conflicto de intereses, tráfico de influencias y abuso de autoridad que hace necesaria su remoción inmediata. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Arreola. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Jesús Sesma Suárez (PVEM): Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros, es de todos conocido que las comisiones de investigación han carecido de credibilidad y confianza ciudadana, principalmente porque han sido incapaces de cumplir con el objeto para la que fueron creadas. Ello los ha hecho que se descrediticen y ante la opinión pública tengan una imagen negativa.
Sin embargo, también es del dominio público el compromiso que asumió la Comisión de Investigación, de indagar a fondo lo que verdaderamente sucedió e informar de manera clara, oportuna y transparente sobre los resultados de su trabajo de investigación.
La comisión, en su conjunto, y en especial cada uno de sus integrantes han asumido su compromiso y su responsabilidad ante la sociedad, de cumplir con todo el mandato que esta soberanía les otorgó y ejercerán en todo momento las atribuciones que en el marco legal vigente le confiere. Ni una más ni una menos.
El compromiso con la transparencia adquirido por esta comisión investigadora implica que todas sus acciones, decisiones, información y documentación, soporte necesario para el cumplimiento de las metas planteadas en su plan de trabajo serán del dominio público.
La comisión habló de principio de máxima publicidad y se comprometió a que ésta será la norma de su actuación y no la decepción, y tengan por seguro que nosotros seremos los primeros en exigirles que cumplan con este compromiso a cabalidad.
Sin embargo, esta comisión para que pueda cumplir con su mandato, en el plazo de dos meses —que es el propio acuerdo de creación que establece—, requiere del apoyo de cada uno de los miembros de esta soberanía, de sus respectivos grupos parlamentarios, de sus partidos políticos, de sus militantes, de sus simpatizantes, de la ciudadanía en general y de todos los medios de comunicación, para que todos en conjunto aportemos elementos útiles que contribuyan verdaderamente a encontrar la verdad jurídica y no sólo se descalifique porque sí.
El trabajo no es sencillo, porque además de contar con un tiempo sumamente corto para realizar las investigaciones con la calidad y la profundidad que la propia sociedad exige y merece, debe ser sumamente cautelosa y respetuosa de la ley, y evitar, en todo momento, caer en el análisis simple y en las acusaciones sin fundamento.
Su única tarea es acercarnos a la verdad y darnos a conocer lo que en realidad pasó. Ya será responsabilidad de las autoridades competentes, basadas en las acusaciones y conclusiones que de la comisión salgan, deba ser el caso, tomen las medidas administrativas o penales que correspondan.
Ya será tarea de esta soberanía el vigilar que las autoridades responsables de hacer cumplir la ley, instrumenten las sanciones correspondientes.
Los invito, compañeros y compañeras, a que colaboren con esta comisión. Debemos dejar trabajar y, en su caso, aportemos los elementos a nuestro alcance, que a nuestro juicio puedan ayudar a que esta comisión de investigación cumpla con su trabajo.
La credibilidad de esta comisión no es la única que está en prueba, sino también la credibilidad y la confianza de los ciudadanos hacia la propia Cámara de Diputados. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez: Gracias, diputado Sesma Suárez. Tiene el uso de la tribuna el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Partido de Convergencia.
El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras diputadas y compañeros diputados, la cuestionable firma de múltiples contratos del secretario Juan Camilo Mouriño trastoca los ámbitos de lo ético y de lo legal.
En el caso de los contratos de la empresa Ivancar, firmados por el secretario de Gobernación en su doble calidad de apoderado general de una empresa propia y servidor público, se pasan por alto principios éticos y disposiciones legales.
De los 10 contratos y convenios, más 4 modificaciones que Transportes Especializados Ivancar suscribió con Pemex desde que Juan Camilo Mouriño incursionó en la vida pública, 6 fueron formalizados por él y fueron avalados por el Jurídico de Pemex, a cargo en ese entonces de César Nava, con lo que habría incurrido, por lo menos, en conflicto de intereses por más de 100 millones de pesos.
Seis de ellos los firmó, indistintamente, cuando fungía como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, o bien, como director general de la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía y como coordinador de asesores del entonces titular del ramo, Felipe Calderón Hinojosa.
El convenio GTT-00142-01/2004, firmado el 29 de diciembre de 2003, cuando era el director general en la Subsecretaria de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, implicaría responsabilidades penales y administrativas.
Nueve días antes de que Felipe Calderón nombrara a Mouriño como secretario de Gobernación, Ivancar firmó el convenio modificatorio GTT-00142-CM/2005-2008, para cambiar el monto contratado, pues de 39 millones de pesos se incrementó a 47 millones.
Inclusive se sigue beneficiando porque hay contratos que suscribió, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2008. La compleja situación en que se encuentra ubicado el todavía secretario de Gobernación no es algo fortuito, sino forma parte de una red de intereses que han sido ampliamente denunciados por la revista Contralínea.
Es claro que el secretario de Gobernación se ha colocado en un conflicto de intereses. No puede ser un alto funcionario de Estado y hacer negocios que tengan que ver con sus familiares, y es que a pesar de que los emisarios oficiales han buscado defender lo indefendible, Germán Martínez Cázares, por ejemplo, ha pretendido justificar señalando que lo ético es lo legal.
Sin embargo, con todo y la defensa emprendida en los medios de comunicación, indudablemente incurrió en conflicto de intereses. Es el caso de un servidor público que en el contexto de la investidura oficial resuelve, a su vez, asuntos vinculados con empresas o particulares con los cuales tienen algún vínculo familiar, de amistad, negocio o de cualquier otra índole, ¿qué dice a la imparcialidad a la que está obligado dentro del desempeño de su cargo o comisión?
Del análisis de la información que envió el propio Mouriño a nuestra fracción parlamentaria se advierte claramente como —en la medida en que el secretario de Gobernación asciende en la escala política— se multiplican los contratos a favor de la empresa de su familia.
Hay pues un evidente conflicto de intereses, según la ley, la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que establece en su artículo 8: todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.
Y la fracción XI señala: … excusarse de intervenir por motivo de su encargo, en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles.
Como ustedes ven, la ley es muy clara. Por eso lo de Mouriño es importante, no sólo por él, sino porque sería muy grave que se instalara en el actual gobierno un conjunto de prácticas que hicieran del tráfico de influencias y del abandono de los principios éticos la constante de su desempeño; sin preocuparse si hay conflictos de intereses o estuviera nada más preocupado por engordar la cartera de los negocios privados que del cumplimiento del deber en sus tareas públicas.
Esta situación se agrava si la contemplamos a la luz de la reforma energética, y si se efectúa ésta para multiplicar los negocios petroleros, desde el gobierno y con el gobierno, en beneficio de los propios funcionarios y de sus socios en la iniciativa privada.
No podemos tolerar que a final de cuentas se creen las condiciones para utilizar las reformas para instalar en el gobierno una mafia de negociantes. También es claro que con el programa de infraestructura en marcha serán muchas las oportunidades para confabularse y obtener pingües resultados. Y esto es inadmisible.
En ese orden de ideas, no puede haber reforma energética sin un debate nacional que sitúe en las coordenadas de los problemas que experimenta Petróleos Mexicanos con la participación de todos los mexicanos y de la sociedad, y que precise cuáles son las mejores opciones para atenderlos. No podemos permitir que con el pretexto de la reforma energética, Pemex sea botín de los peores intereses en el poder. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Velasco Oliva. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Adolfo Mota Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Adolfo Mota Hernández (PRI): Gracias, diputado Presidente. Desde el inicio y la polémica de este tema, el Grupo Parlamentario del PRI se ha venido pronunciando por una serie de aspectos que yo quiero relatar antes de iniciar mi participación.
Y la primera de ellas tiene que ser, y se dijo en su momento, la construcción de una Comisión que tenga los alcances suficientes para llegar a una conclusión cierta, correcta, prudente y con los alcances jurídicos que tiene también la construcción de una Comisión.
Vimos también, no sin preocupación, un tema que es inherente e importante para la República y que tiene que ver con el secretario de Gobernación, su actuación y la duda que genera frente a la sociedad mexicana su presunta participación en temas delicados para el país, que tienen que ver con contratos millonarios.
La cuestión del país ha sido una de las premisas fundamentales, al pronunciarnos por la construcción de una comisión que dé certeza a los mexicanos de la participación de las y los legisladores de todos los grupos parlamentarios en la investigación de este tema y en la consistencia de la misma. Por eso hoy nosotros queremos fijar nuestra posición.
El Grupo Parlamentario del PRI no va a encubrir ni será encubridor del gobierno federal. Y quiero dejarlo sentado por hecho, porque es el espíritu que anima al grupo parlamentario para participar en una Comisión. Pero también no somos partícipes de condenar a priori una situación que está en el seno de la Comisión y en la que vamos a participar consistentemente.
Por eso, vamos a investigar las dudas que la sociedad en su conjunto tiene respecto de la actuación del hoy secretario de Gobernación. Lo hacemos con el espíritu que nos anima como legisladores y entendiendo también que hay canales jurídicos e instituciones que tendrán, después de los resolutivos de la Comisión que tiene la responsabilidad de publicitar las conclusiones a las que llegue y el dictamen que por supuesto tendrá que presentar a este pleno, las autoridades correspondientes actúen en consecuencia, sin calificar en este momento cuáles serían los probables resultados.
Hoy queremos decir en el grupo parlamentario que no venimos ni a exonerar ni a condenar al secretario de Gobernación, pero queremos decir con toda seriedad, que el Grupo Parlamentario del PRI participa con un ánimo de claridad, de responsabilidad, de cultura de la legalidad en la construcción de una Comisión que es el canal jurídico que nosotros mismos, los legisladores, nos hemos dado para participar en la investigación de una comisión de esta naturaleza.
En este tema no gana nadie. No gana el país. No gana ningún grupo parlamentario. Porque la cuestión social y la cuestión de los mexicanos están en juego y, en la actividad del ministro del interior, como se le llama en otras latitudes, está en duda y debe clarificarse.
Nos pronunciamos también porque de ser necesario en la construcción de la comisión que nosotros mismos nos hemos dado, ésta pueda ampliarse en el ánimo y en el transcurso de los días que van consecutivamente corriendo a propuesta del dictamen y de las conclusiones que ésta habrá de darse.
La comisión debe estar abierta a los comentarios, a las pruebas y a la participación de los legisladores. Hoy, por lo tanto, queremos decir, hemos propuesto a un compañero legislador con el perfil de abogado, que participará de lleno a nombre del grupo parlamentario en la comisión, queremos que la sociedad mexicana tenga clara cuál es la visión y la actividad que desarrolló en el pasado el secretario de Gobernación.
El grupo parlamentario del PRI está por la cohesión nacional y la actividad conveniente y prudente de los legisladores en los temas de carácter político, que son inherentes a la nación y preocupan a la sociedad en su conjunto.
Hoy venimos a decir, para finalizar, que el grupo parlamentario del PRI, como siempre, viene a hacer un grupo parlamentario que participa con responsabilidad, una oposición prudente, cuidadosa de los temas, apoyando la cohesión nacional pero de ninguna manera entorpeciendo investigaciones y dejando de señalar que si hay temas que están en duda, deben clarificarse por el bien de la nación, por al interlocución que hay con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores y por los temas y las grandes reformas que habrán de venir y que deben legitimar a los actores que intervengan en ellas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Mota Hernández. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Edgar Martín Ramírez Pech, del Partido Acción Nacional.
El diputado Edgar Martín Ramírez Pech PAN): Con el permiso de la Presidencia. Bien se dice que cuando uno anda desesperado se agarra o trata de agarrar de cualquier clavo ardiente. Y debo decir que muy mal han de andar las cosas internamente entre quienes hoy tratan de revivir este tema, para tratar de agarrarse de este clavo ardiente, en el cual van ya de caída y de derrota.
No se vale tratar de descarrilar —como bien decía el diputado del Partido Nueva Alianza— los temas nacionales. No se vale tratar de descarrilar los temas nacionales como se descarrila el partido propio.
Aquí se ha formado —y eso lo sabe el ciudadano mexicano y los medios de comunicación— una comisión especial para investigar la acusación de una parte de esta diputación, y cuál es el resultado. Se dice: "investíguese", y la posición de Acción Nacional es con la transparencia, es con la rendición de cuentas…
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Permítame, diputado. Diputado Mayans, ¿con qué objeto?
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde su curul): Si me permite el diputado una pregunta.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado, ¿acepta una pregunta del diputado?
El diputado Edgar Martín Ramírez Pech: Al final de mi intervención. Para los señores que gritan, que no respetan, yo los respetaré aceptando sus preguntas. Aunque ustedes no respeten, yo aceptaré sus preguntas al término de mi intervención.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Al final, diputado.
El diputado Edgar Martín Ramírez Pech: Y Acción Nacional dice, transparencia, rendición de cuentas…
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado, permítame de nueva cuenta. Diputado Mayans.
El diputado Fernando Enrique Mayans (desde su curul): Yo me expresé con todo respeto al diputado Pech, así que yo le pido al diputado que vaya al kinder a educarse y aprenda a contestar con respeto y educación.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Compañeras, compañeros diputados, les pido orden por favor, para continuar con el debate.
El diputado Edgar Martín Ramírez Pech: Yo pediría, señor Presidente, que usted exhortara al orden. Ésta es una asamblea nacional de un Congreso federal, no son las asambleas partidistas.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado Javier González. Permítame diputado. ¿Con qué objeto, diputado Javier González?
El diputado Javier González Garza (desde su curul): Nada más por un asunto de respeto. Yo no le grité nada y resulta que no le puedo hacer una pregunta después, aunque me la conteste o no. Nada más que respete. Por supuesto que tenemos distintos puntos de vista. Vamos haciendo una cosa de respeto. No se valen las cosas que está diciendo. Diputado, con toda tranquilidad, haga lo que tenga que hacer y ya.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Édgar Martín Ramírez Pech: Muy bien. Continúo, señor Presidente. Siempre me he expresado y me expresaré con respeto hacia mis compañeros.
Acción Nacional ha dicho "con transparencia, con rendición de cuentas; aireemos las cosas al sol". Y resulta que quienes piden la investigación —se conforma la Comisión Investigadora—, ahora resulta que siempre no le entro. Entonces, en el colmo de las cosas, de plano antes incluso que inicie la investigación, la descalifico. "Antes de conocerte, te adiviné", como dice una canción yucateca, de mi tierra.
De una vez por todas, se dice "se integró una comisión y ésta es una comisión amañada; sabemos cuáles van a ser los resultados". No, señores. Hay que hacer las cosas con seriedad. No se trata de linchamientos. Se trata aquí de establecer si la acusación tiene fundamentos, si tiene fundamentos jurídicos, si tiene fundamentos éticos.
Para Acción Nacional no queda en duda de ninguna manera el comportamiento ético y el comportamiento legal del ahora secretario. Sin embargo, nosotros sí nos sujetamos a la legalidad; nosotros no somos rehenes de problemas internos o de caprichos personales de suspirantes y aspirantes; nosotros nos ponemos a la legalidad, al estado de derecho, pero también entendemos su posición, si es la posición que sabe todo México. Siguen el axioma de quien tiene como rehenes a las tribus. "Al diablo las instituciones", dicen ustedes.
Nosotros, mexicanos, decimos "que no al diablo las instituciones". Que se aplique la ley, que esté vigente el estado de derecho, que no sea rehén el pueblo de México ni esta soberanía de los caprichos de alguien.
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Permítame, diputado. ¿Con qué objeto, diputada Mónica Fernández?
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidente. Acabo de oír al diputado Pech y quería preguntarle —aun cuando ya acaba de contestar al compañero Mayans— si sería tan amable de aceptarme una pregunta.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: ¿Acepta una pregunta, diputado?
El diputado Édgar Martín Ramírez Pech: Con muchísimo gusto, al término de mi intervención.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Al término. Gracias.
El diputado Édgar Martín Ramírez Pech: El país no puede ser rehén de un conocido aspirante que, por lo que se ve, se quiere imponer como perpetuo suspirante y que ha quedado claro, es un permanente conspirante contra la ley, contra el Estado, contra la democracia no sólo externa, sino interna de su institución.
Nosotros no decimos "al diablo las instituciones"; nosotros queremos que se investigue, pero que se aporten pruebas. Que no sea a capricho, que no se adelanten juicios, que no se utilice como cortina de humo para sus problemas internos.
Aquí el secretario de Gobernación —en México todos lo saben— se ha puesto a disposición. Y si tanta seguridad tienen que ha habido un delito, ¿por qué no han interpuesto las denuncias correspondientes? Porque al diablo las instituciones, siempre y cuando no sea la institución del eterno suspirante, del eterno aspirante, del eterno conspirante contra la ley y contra el Estado.
No, señores. Nosotros decimos —repito— investíguese. Nosotros creemos en esa comisión y no se vale, por cierto —por respeto— los que piden respeto, insultar a los partidos que no tienen tanta representación o a los demás partidos y hacer una historia de componendas. Aquí hay un órgano constituido para investigar.
Pero si lo de ustedes es la difamación y la calumnia, allá ustedes. Porque las difamaciones y las calumnias, amigos y amigas, son como el lodo y eso es lo que les pasa. Son como el lodo. Sólo hay que esperar que unos días se pongan a la claridad del sol para que solo, solos, por sí solos, se desprendan y caigan. Nosotros estamos por el estado de derecho, por la investigación, no por las difamaciones y las calumnias ni por los linchamientos ni las cortinas de humo. Muchas gracias, señor Presidente y ahora con todo respeto acepto las intervenciones de mis compañeros.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado Mayans. Su pregunta, diputado Mayans.
El diputado Fernando Enrique Mayans (desde la curul): Señor Presidente, con ese lenguaje prosaico y altanero no merece ninguna pregunta el reintegro de diputado.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputada Mónica Fernández, su pregunta.
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidente. He oído con mucho detenimiento y mucha atención la exposición del diputado Ramírez Pech. Sí tengo una pregunta que me gustaría, dada la exposición que acaba de hacer.
El artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, dice textualmente que las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley con las personas siguientes: aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos, hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o para socios o sociedades de las que un servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte, entre otras cosas. Es la fracción I del artículo 51.
El acta de la declaración de modificación patrimonial del señor Mouriño, certificada, dice que del 10 de octubre de 2003 al 3 de marzo 2004, él era director general de la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico. Y uno de los contratos que están firmados es del 29 de diciembre de 2003. Luego entonces, ya era director general de esta Subsecretaría de Política Energética y de Desarrollo.
La pregunta es si esto es una calumnia, es una difamación y si el servidor público o mejor dicho, el funcionario público que firma por una de sus empresas particulares un contrato con una paraestatal está cumpliendo o no con la legalidad o está irrumpiendo en las normas. Simple y sencillamente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Édgar Martín Ramírez Pech: Con mucho gusto le contesto, diputada y qué bueno que me hizo la pregunta, porque me da oportunidad de algo que se me había pasado.
No, por supuesto que no, esa no es una difamación, una calumnia, lo que usted me acaba de decir. Ha sido muy respetuosa y tengo que reconocerle que no es una difamación ni una calumnia.
Incluso el propio hoy secretario de Gobernación ha reconocido la firma de unos contratos. Ya lo que es calumnia y es difamación, es lo que en algunas intervenciones se ha venido a decir: "él ha afirmado, él ha aceptado la comisión de un delito". Eso es totalmente falso.
Él ha aceptado la realización de un acto, un hecho, de ahí a que sea un delito, de ahí que haya una irregularidad, de ahí a que sea anti ético, todavía falta un buen trecho. Esa es la calumnia y esa es la difamación, si no se prueba que así sea.
Le digo que usted tiene toda la razón en que eso dice la ley. Habrá que dilucidar si ese acto realizado cae dentro de los supuestos que ese artículo habla, de funcionario involucrado, que tenga la decisión, etcétera y para eso existe la comisión investigadora, señora diputada.
Por eso creo y le invitaría a que usted propusiera, se propusiera, ya que veo que usted tiene las herramientas jurídicas y tiene dudas y con respeto me lo ha preguntado, le propusiera a su fracción parlamentaria que la nombraran para formar parte de esa comisión especial, para que pudiera estar ahí aportando los datos legales y jurídicos que le dejaran conforme. Amigos, les diría que no hay que confundir las cosas, no hay que hacer campañas de linchamiento.
No estamos de acuerdo, y eso lo hemos dicho, con quien juzga a priori, con quien está linchando. Ustedes se descalifican por estar linchando. Ya para qué quieren una comisión investigadora e instituciones si ya ustedes culpabilizaron al secretario de Gobernación.
Nosotros no estamos de acuerdo con esto y creo que el pueblo de México tampoco. El pueblo de México tampoco quiere que hoy alguien no tenga presunción de inocencia; tenga presunción de culpabilidad.
Repito, les repito con el respeto que ustedes me han dicho y me han obsequiado, señores, arreglen sus problemas. De verdad, no sean un partido de obstrucción, sean un partido de oposición verdadero y un partido responsable, como son la mayor parte de los que están aquí presentes. Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Se han registrado para hechos la diputada Adriana Dávila Fernández, del PAN, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, del PRD, y el diputado Gerardo Serrato Castel, del PAN. Tiene el uso de la tribuna, para hechos, hasta por cinco minutos, la diputada Adriana Dávila Fernández.
Vamos a clarificar. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política establece que al finalizar la ronda de participantes se preguntará si está suficientemente discutido y entonces vendría ya la participación en la segunda ronda. Pero antes de consultar si está suficientemente discutido, tenemos que dar paso a la rectificación de hechos.
Adelante. Tiene el uso de la tribuna la diputada Maricela Contreras Julián, del PRD. Permítame, diputada Adriana Dávila, en un momento le damos la palabra.
Con qué objeto, diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Hace rato me sentí muy estimulado porque se exija respeto, y se está manchando la tribuna con esas ostentaciones que me parece que son improcedentes. Le suplicaría llame la atención de la oradora y que se quiten esas cosas de la tribuna.
La diputada Maricela Contreras Julián: No las voy a quitar diputado. Es mi derecho y estoy en la tribuna y en el uso de mi tiempo estaré.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputada.
La diputada Maricela Contreras Julián: Con su permiso, Presidente. Aquí de lo que se trata es de la defensa de la patria. Los partidos todos pueden tener sus problemas y sus complicaciones y ya buscarán la manera de resolverlos.
Aquí el problema es cómo defendemos a la patria, y voy a parafrasear a Norberto Bobbio que dice que basta una breve reflexión para darse cuenta que lo que hace moralmente ilícita toda forma de corrupción política es la fundadísima presunción de que el hombre político que se deja corromper haya antepuesto el interés individual al colectivo, el bien propio al bien común, la situación de su propia persona y la de su familia, a la de la patria y haciéndolo así faltó al deber de quien se dedica a la política y cumplió una acción políticamente incorrecta.
Éste es el caso de Juan Camilo Mouriño que, siendo funcionario, se aprovechó de su posición para beneficiar a su familia y beneficiar a sus empresas. No se trata de que los funcionarios no tengan negocios; los pueden tener y es lícito. Lo ilícito es que se beneficien de su posición para tener ganancias jugosas.
Por otro lado, tenemos una frase muy conocida que es el "¿y yo por qué?". Ustedes la han de recordar. Y a ésta se viene a sumar otra que dice: "Sí, ¿y qué?", que es la que con cinismo estableció Juan Camilo Mouriño para decir: "Sí firmé", y eso lo significa a él como un delincuente confeso.
Tráfico de influencia y corrupción de funcionarios, eso es lo que la comisión tendría que haber investigado; esa comisión que mi compañero ya ha planteado como los Amigos de Mouriño…
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Permítame, diputada.
La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Pido la palabra.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: ¿Con qué objeto diputada Susana Monreal?
La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Sí, diputado Presidente, para preguntarle a la diputada si me permitiera una pregunta en este momento que está en su intervención.
La diputada Maricela Contreras Julián: Adelante, diputada.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputada Monreal.
La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Diputada, usted al inicio de esta intervención ha hecho mención de que cada partido tiene sus propios conflictos y sus propios problemas internos. ¿Por qué cree usted, diputada, que los diputados, el que le antecedió, el diputado del PAN, quiera distraer el tema y el debate nacional, y mandarlo a una contienda interna?
¿Por qué cree usted que este diputado y la fracción del PAN quieran generar esta cortina de humo de este tema tan importante que es la reforma energética —la mentada privatización que quieren hacer— y que está impulsando la fracción del PAN?
La diputada Maricela Contreras Julián: Pues porque quieren justamente distraer a la ciudadanía y de eso se ha hecho gala en los medios de comunicación en los asuntos internos de nuestro partido para que la ciudadanía no se dé cuenta —o pretenden que no se dé cuenta la ciudadanía— de lo importante que es la defensa del petróleo, porque es uno de nuestros recursos fundamentales.
Pero también aquí, diputada, el asunto es que una comisión a modo va a impedir que realmente se pueda tener la información necesaria. Y lo único que van a buscar es la manera de justificar y tapar este ilícito que se ha cometido. Pero yo iría mucho más allá porque no se nos tiene que olvidar que Felipe Calderón era el secretario de esa importante empresa paraestatal que es la de Energía y que habría que ver hasta dónde está su responsabilidad.
Pero yo diputada, me iría incluso más atrás. Calderón era el coordinador parlamentario de esta Cámara de Diputados por parte de Acción Nacional, cuando los primeros contratos se hicieron a favor de Juan Camilo Mouriño, siendo él presidente de la Comisión de Energía.
Continúo con mi intervención. Los promotores de la tan llevada y traída reforma energética han dicho que es urgente devolverle vida. Se ha planteado que le hace falta eficacia y competitividad; que hacen falta campos petrolíferos y los tenemos que buscar en las aguas profundas, porque éstos se están agotando y entonces están buscando las justificaciones para la privatización encubierta.
Efectivamente, hay corrupción político-administrativa, que la estamos viendo. Los contratos que Mouriño firmó son parte de esta corrupción político-administrativa. También es importante decir que las cantidades millonarias que se llevan a través de contratos directos es algo que se tiene que investigar. Pero no se va a poder hacer a fondo a través de esta comisión ni tampoco a través de las denuncias ante Pemex.
Nos queda hacer la denuncia pública porque en la procuraduría están durmiendo el sueño de los justos. Denuncias que ha hecho el PRI, denuncias que ha hecho el PRD en torno a la intervención y al fraude carretero, en torno al fraude del Fobaproa, en torno al fraude cañero… ¿Y saben qué es lo que sucede? Que no pasa nada.
Por eso, lo que hace falta es que la ciudadanía se entere y salgamos todos los días a defender a la calle esta pretensión de quienes se han beneficiado y se benefician de nuestro petróleo. Que lo han ido dando a la iniciativa privada nacional y extranjera, y que lo que quieren hacer con estas reformas es, no solamente dar una atribución abierta para la intervención del capital mexicano y que los dividendos del petróleo se vayan a manos extranjeras y dejen de entrar al gobierno para el beneficio de los mexicanos. Eso es lo que se ha pretendido y lo que se quiere pretender.
Tenemos un proceso —y no se nos tiene que olvidar— en este país, donde el neoliberalismo ha buscado privatizarlo todo: la salud, las empresas, el desarrollo social; en este país donde no pasa nada cuando se venden a los extranjeros las playas, que son también de interés nacional.
Quiero decir que hace falta que aquí se haga un juicio político en contra de Camilo Mouriño, si realmente se está diciendo que se ha puesto la disposición. Que renuncie a su cargo para que las investigaciones se vayan dando.
Por último, diputado Presidente, decirle que la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos es muy clara. Aquí ya se ha leído y no lo voy a hacer de nuevo, pero lo que se ha cometido con los contratos preferenciales y que se han otorgado de manera directa a su secretario de Gobernación, son motivo de una investigación por la comisión de un delito. La patria no se vende. La patria se defiende.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Contreras. Vamos a dar paso a la participación de quienes nos han solicitado para rectificación de hechos.
Voy a leer la lista. Está el diputado Rogelio Carbajal Tejada, del PAN; diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza; Manuel Portilla Diéguez, del Partido Verde Ecologista; el diputado Adolfo Mota Hernández, del PRI; el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, del PRD.
Vamos a darle la participación al diputado Rogelio Carbajal Tejada, del Partido Acción Nacional, para rectificación de hechos, hasta por tres minutos.
El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Gracias, Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Ahora resulta que nos vienen a dar clases de ética los que roban urnas, los que queman boletas electorales, los que falsean conteos rápidos, los que lleven en la oscuridad sus conteos y sus cómputos para saber quién ganó una elección interna. Ellos hoy nos vienen a querer dar clases de ética y de moralidad en la vida pública.
Su actitud me resulta muy parecida a aquella canción del Toro enamorado de la luna, de aquel toro que salía todas las noches y estaba enamorado de un espejismo, porque veía la luna reflejada en el agua, en un lago. ¿Por qué? Porque es incapaz, como ustedes, de levantar la cabeza y ver el toro que la luna está muy, pero muy por encima de su cabeza, así como ustedes son incapaces de levantarla y ver que la ética está muy, pero muy por encima de su cabeza.
Han mentido recurrentemente. Han mentido sobre la nacionalidad de los padres del secretario de Gobernación. Han mentido sobre la nacionalidad del propio secretario de Gobernación. Eso es inmoral y eso es xenófobo, señoras diputadas y señores diputados del PRD. Es inmoral también acusar sin fundamentos y sin pruebas. Es inmoral no acudir ante las instancias jurisdiccionales para acusar y para que se diriman sus acusaciones.
Señoras diputadas y señores diputados del PRD, eso sí es una falta de ética. Y las diputadas y los diputados de Acción Nacional, los emplazamos, les exigimos, a que acudan a esas instancias a presentar todas y cada una de las documentaciones que ustedes dicen creer.
El diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Permítame, diputado.
El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Sí, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: ¿Con qué objeto, diputado Rafael Sánchez Cabrales?
El diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales (desde la curul): Para solicitarle y hacerle una pregunta al diputado Rogelio Carbajal, si la acepta.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Acepta usted una pregunta, diputado Carbajal.
El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Por supuesto que acepto la pregunta, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado Sánchez.
El diputado Rafael Elías Sánchez Jiménez (desde la curul): Bueno, sólo comentar que una cosa es, como dicen en mi pueblo "Juan Domínguez, y otra cosa es no distraigas". Porque el tema que se está tratando es el caso de Mouriño.
Pero además, quisiera hacerle la siguiente pregunta al compañero diputado. ¿No le parece que está involucrado Felipe Calderón en este tema, cuando él era coordinador de la fracción del PAN y Juan Camilo Mouriño era presidente de la Comisión de Energía, y que desde esas fechas ha habido tráfico de influencias y ha habido firma de contratos que benefician a él, a sus familias y a sus amigos? Quiero que me conteste, por favor, señor diputado.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Rogelio Carbajal Tejada: La respuesta es simple y llana: no. Pero quisiera también agregar en la respuesta, señor diputado, nosotros no somos los que queremos desviar la atención pública. La atención pública la quieren desviar ustedes, y eso también es inmoral, señoras diputadas y señores diputados del PRD.
Continúo con mi intervención, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Aquí se habla y viene y se acusa con dolo, con mala fe, como ya se ha dicho, justamente para desviar la atención…
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Permítame, de nueva cuenta, diputado. Permítame.
El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Sí, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: ¿Con qué objeto, diputado Mayans?
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde la curul): Señor Presidente, si fuera tan amable el diputado de aceptarme una pregunta.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Acepta una pregunta, diputado Carbajal.
El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Al final de la intervención, siempre y cuando el señor proponente se sostenga en su pregunta.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, entonces.
El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Quiero concluir, señor Presidente, señalando aquí la serie de mentiras que se han dicho. Se ha afirmado aquí de unos contratos que han surgido de la noche a la mañana e inmediatamente después se afirma que vienen desde la década de los ochenta. Vaya, 20 años son de la noche a la mañana. Ésas son las incongruencias de las que ustedes se valen para venir a acusar sin fundamentos.
Se ha dicho también aquí, que la contratación directa ha sido indebida. Falso también, y lo saben y mienten. Porque la propia Ley de Adquisiciones establece con claridad cuáles son las condiciones para que se den las contrataciones directas por parte de cualquier dependencia de la administración pública.
Dicen también, que hay un enriquecimiento indebido. Falso. Y ahí están las declaraciones de ingresos del señor secretario de Gobernación. Termino mi intervención, señor Presidente.
Termino mi intervención citando a un reconocido filósofo de la ética, a Dennise Thompson, en su libro La ética y el ejercicio de cargos públicos. Dice así: "un funcionario es moralmente responsable de un resultado o consecuencia únicamente cuando sus actos u omisiones son la causa del resultado".
Señoras diputadas y señores diputados del PRD, vengan por favor y demuestren que las acciones, que las conductas, que los hechos del secretario de Gobernación han sido la causa del resultado que ustedes hoy aquí vienen a imputar como un delito. Eso, imputar sin fundamento, sí es inmoral y es causa también de que ustedes digan la verdad, asuman la verdad y asuman su responsabilidad internamente y no vengan a endosarle al país sus problemas internos ni mucho menos a este Congreso de la Unión.
Y con mucho gusto escucho la pregunta del diputado Mayans.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde la curul): Señor diputado…
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde la curul): Le voy a hacer una pregunta de opción múltiple. Según su criterio, ¿qué le parece más democrático?: ¿Un partido donde hacen la elección, donde se pueden debatir ideas, donde hay muchos candidatos? ¿O un partido donde relega y aplasta a los aspirantes y lo nombran por el dedo del señor —obviamente Calderón? Respuesta.
El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Le voy a devolver la pregunta, señor diputado: ¿qué le parece más inmoral? ¿Robar urnas, quemar boletas o falsear conteos rápidos? Muchas gracias, señor Presidente.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde la curul): Que me conteste, que no se retire.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: El diputado se ha retirado ya, diputado Mayans. Tiene el uso de la tribuna el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Primero que nada una disculpa a mis pares que pidieron la voz, el uso de la voz antes que un servidor, pero no puedo cambiar la decisión de la Mesa y me otorgaron a mí primero el uso de la voz. Les ofrezco una disculpa a quienes la solicitaron con anticipación de un servidor.
Pemex no se vende. Efectivamente, Pemex no se vende, pero tampoco será rehén de demagogos y sofistas, vengan de donde vengan. Ésa es la premisa con la que debemos de conducirnos.
El futuro de Pemex deberá de estar ligado a una revisión serena, prudente, responsable, partiendo de un diagnóstico que aceptemos todos. Un diagnóstico que hagamos todos propio, para que de allí, hagamos nuestras propuestas, y para que de allí se tomen las soluciones pertinentes para lo que requiere el país.
Sostuve —en mi participación anterior, y lo sigo haciendo— que se han hecho juicios sumarios, muchos de ellos basados en opiniones de personas de muy conocida moral y ética.
Este país, compañeros, debe alejarse de hostigar públicamente a ciudadanos comunes, a funcionarios públicos, a empresarios. Este país debe caminar por el sendero de la denuncia jurídica ante las autoridades competentes.
Como legisladores responsables debemos siempre posibilitar que en nuestro país se investigue por la vía jurídica a todos aquellos que se presuma que pudieran haber incurrido en una violación a la ley o al marco jurídico.
Y para ello también debemos de exigirles a las autoridades competentes que resuelvan sobre el particular, y las resoluciones a las que lleguen sean del conocimiento de toda la ciudadanía.
Es claro que la comisión que se creó y que creamos no es ministerio público, no persigue ni sentencia a nadie, pero tampoco absolverá. Sencillamente dará claridad y fortalecerá a las instituciones y privilegia el equilibrio entre poderes.
Demos, invito nuevamente al debate al interior de la comisión y no dejemos de participar, porque el tirar la piedra y no participar en la figura que nosotros mismos creamos para ayudar a esclarecer los hechos, sólo los juzgará el pueblo de México.
En Nueva Alianza aspiramos a que la verdad se conozca, a que la verdad aflore, no vamos a solapar impunidades, pero tampoco vamos a convalidar juicios sumarios con ribetes de linchamientos. Quienes tengan pruebas asistan ante la autoridad competente. Aquí el debate no es si los contratos o las ligas; aquí el debate es; conducirnos dentro del marco de la ley. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Cárdenas Fonseca. Tiene el uso de la tribuna el diputado Manuel Portilla Diéguez, del Partido Verde Ecologista.
El diputado Manuel Portilla Diéguez: Gracias. Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
El tema que hoy nos ocupa es muy importante para el país y para todos los partidos políticos. Hoy más que nunca tenemos que entender que lo importante es que las cosas pasen en este país y no quien las haga. Al parecer hay algunos que no han entendido este mensaje de la ciudadanía.
Hoy, desde esta tribuna, el Partido Verde Ecologista de México hace una invitación para que a todos aquellos diputados que no les interese integrar esta comisión, pero que tienen inquietudes, preguntas o elementos de prueba, me los hagan llegar, que con gusto se los mandaré al presidente legítimo de esa comisión que se integró, que pertenece a nuestro partido.
El Partido Verde se compromete a que esta comisión entregará puntual y transparentemente los resultados de las investigaciones, ante este pleno y ante toda la ciudadanía.
Por último, solicitaré la versión estenográfica de esta sesión para que cada diputado y diputada que hizo uso de la palabra, y sus comentarios, sean contestados por parte de la comisión que tenemos el honor de presidir, con la mayoría de los integrantes de esta Cámara y que tengan muy en claro y muy presente que esta comisión se manejará como se ha manejado nuestro partido; con transparencia, con igualdad y sobre todo, entregándole resultados a la ciudadanía. Que no se nos olvide que gracias a ellos estamos aquí. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Portilla Diéguez. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Con su permiso, diputado Presidente. Porque creo en un debate de ideas, de razones y no en un debate que falte al respecto a los legisladores, por eso justamente he venido aquí a solicitar la palabra para la rectificación de hechos.
Cuatro puntos puntuales que rectificar, estimados diputados del PAN que han hecho uso de la palabra.
Primero. No participamos en la integración de la comisión legislativa, porque el Partido Acción Nacional ha sido incongruente e inconsecuente con su historia legislativa y porque la integró, a diferencia de otras legislaturas, faltando el respeto a la redacción del artículo 93 último párrafo, constitucional, y porque aplicó una interpretación contraria a lo que el propio PAN ha sostenido en otros debates.
Los ilustro de manera puntual. Las comisiones que se han creado bajo el artículo 93 son:
Primeramente una Comisión Investigadora de Teléfonos de México para unas presuntas intervenciones ilegales; la Comisión de Investigación sobre el Banco Nacional Pesquero, Portuario, Sociedad Nacional de Crédito Banpesca, con el apoyo y petición del PAN; La Comisión de Investigación sobre el Funcionamiento de Conasupo con el apoyo del PAN; la nueva Comisión de Investigación también sobre Conasupo en la siguiente Legislatura con la petición y apoyo del PAN.
Les voy a leer a ustedes, diputados, la intervención de su compañero Abelardo Perales Meléndez en el Diario de los Debates del 28 de diciembre de 89, para referirse al derecho de creación de estas comisiones. Dice: "Esta facultad de la Comisión de Régimen Interno y Político de proponer la integración de comisiones, debemos distinguirla del derecho que tienen las minorías para pedir a las Cámaras la integración de comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria que consagra el artículo 93".
Basta la sola petición de una cuarta parte de los integrantes de esta Cámara de Diputados para que proceda elegir a los integrantes de las comisiones que habrán de investigar el funcionamiento de esos organismos paraestatales.
El párrafo tercero del artículo 93 consagra un verdadero derecho de las minorías y no un mero requisito de procedibilidad. Estas son las tesis que esgrimía el PAN cuando era oposición.
Ahora el pan ¿qué fue lo que hizo? Integrar una comisión ajena a la petición de lo que pedíamos los 137 diputados firmantes. Por eso decidimos no participar, porque no se respetó el derecho de esos 137 diputados para conformar la extensión, el nombre y el objeto de investigación de la mencionada comisión.
Segundo. El uso faccioso de las instituciones. No es el problema de las instituciones al diablo; es el problema del uso faccioso de las instituciones. Ustedes no pueden negar que aquí en este mismo recinto Andrés Manuel López Obrador fue objeto de un desafuero y después bastó la declaración y la renuncia de un procurador para echar por tierra los actos de la Corte y los actos de este Poder Legislativo. Ese es el uso faccioso que se hace de las instituciones. Y ese uso faccioso les ha caracterizado precisamente en estos actos que estoy describiendo.
No es bueno citar aquí los conflictos internos de los partidos. El que esté libre de culpas que arroje la primera piedra. Y yo les puedo decir, diputados, que motivos hay suficientes para mencionar desde las manifestaciones e integrantes del yunque a otras muchas cosas más. Pero esos son temas que cada partido frente a la ciudadanía y sus electores debe resolver.
Por último les digo: no tanta piel sensible. Si un funcionario público acepta el cargo, es porque está expuesto al escrutinio público y que explique sus actos bajo las responsabilidades públicas. Si Mouriño firmó contratos y él no lo ha negado, no tiene por qué dejar de explicar a la nación el por qué usó esas influencias para firmar y beneficiarse de esos contratos. No es un problema del Partido Acción Nacional. Que no les endosen a ustedes algo que ustedes como partido no deben y que es una práctica indebida, independientemente del partido al que pertenezca quien lo comete.
Por último. ¿Por qué no se presenta una denuncia ante los órganos jurisdiccionales? Ustedes mismos tienen la respuesta. Porque el procurador General de la República tiene un jefe y ese jefe es el titular del Ejecutivo. No va a investigar el procurador General de la República imparcialmente a un funcionario integrante del gabinete.
Se está presentando donde se debe de presentar: en la Cámara de Diputados para que una cuarta parte de peticiones de sus integrantes hayan podido ser respetados por esa mayoría que ustedes usan ahora como aplanadora y que intenta avasallar el derecho que tenemos de investigar a los organismos públicos paraestatales y también el derecho que tenemos de pedirles a sus funcionarios que rindan cuentas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Bravo Padilla. Tiene la palabra la diputada Adriana Dávila Fernández, del Partido Acción Nacional.
La diputada Adriana Dávila Fernández: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. "Reportan desvío de recursos en Zacatecas", 16 de marzo, El Universal. "Elecciones deshonestas entre bloques dentro del PRD", Milenio, 20 de marzo. "Acusan a funcionarios del Gobierno del Distrito Federal de desvío de recursos a favor de Encinas", La Jornada, 20 de enero. Ése es el tamaño de su ética.
Para los legisladores de Acción Nacional es fundamental esclarecer el asunto relativo a supuestas conductas ilícitas del secretario de Gobernación, licenciado Juan Camilo Mouriño.
No somos como otros diputados que hacen de un hecho —sin comprobarlo—, un escándalo; o como los que solicitan transparencia, información transparente en administraciones distintas a las suyas, pero se manejan con opacidad y tortuguismo en las propias. O como quienes a lo largo de su historia se han negado a investigar a sus militantes cuando la sospecha y la evidencia se hacen presentes. Casos tenemos muchos. La historia los ha juzgado. Ni qué decirlo, la sociedad los ha condenado.
No es la primera ocasión en que apoyamos este tipo de investigaciones porque quiero subrayarlo y dejarlo claro, Acción Nacional no tolera ni tolerará actos que lastimen a los mexicanos; pero también Acción Nacional exige medir con la misma vara a todo aquel servidor público que tenga pendientes por aclarar. Además, señalo aquí que como en ocasiones anteriores, en este caso no encontrarán nada.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional respalda la actuación y honorabilidad del secretario de Gobernación, pues la firma de un contrato no es suficiente para presumir la comisión de un delito; hay que hacerse de otros elementos de temporalidad o del ejercicio de sus funciones, entre otras, para fincar responsabilidades, concluir la violación de la norma; aspectos que en esta instancia no nos toca resolver. Hasta que no se compruebe lo contrario Acción Nacional no condenará a nadie.
En cuanto a las acusaciones de quienes me antecedieron en la palabra: dolo político, interés oscuro por desviar la reflexión de la opinión pública, oportunidad para tener la atención de los medios, en fin, una táctica que no es nueva, es tan añeja como maquiavélica porque intenta desplegar una cortina de humo para desestabilizar las instituciones democráticas del país y también para confrontar a los habitantes con las acciones y decisiones del gobierno federal. Se busca ruido y escándalo, para acabar pronto.
El tema jurídico de este asunto no lo podemos determinar los legisladores. Si existió o no un delito por la firma de contratos por parte de un servidor público eso lo determinarán las instancias correspondientes; además, ya está la comisión.
El secretario de Gobernación ya se puso a disposición de cualquier autoridad. La Secretaría de la Función Pública o la Auditoria Superior de la Federación, en su oportunidad darán un veredicto. Y eso, ¿dará satisfacción a nuestros opositores? No lo creo.
Puedo afirmar que aunque participen en las indagatorias, obtengan datos precisos, información transparente y certeza documental de los hechos y fechas, en cualquier oportunidad encontrarán enredos y complicidades que sólo existen en mentes deterioradas por el veneno del poder y la impotencia de la sinrazón.
Sus actos, sus hechos han carecido de congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Es muy fácil afirmar y sostener como verdad una mentira y esta forma de ser sólo me remite a su escasa congruencia.
¿Qué podemos decir del clásico de la transparencia, el tristemente célebre señor de las ligas y su maleta llena de dólares en el video? Todos lo vimos. Pero persistió la negada complicidad, de deslinde absoluto entre sus compañeros y después de cuatro años lo reencontramos en alegre campaña a favor del otrora jefe del gobierno del Distrito Federal. Caso fantástico. Muerto políticamente, pero vivo en lo obscurito para hacer el trabajo sucio de algún caudillo que ahora se dice defensor de la patria. De legítimo, que es en realidad el único pirata que existe.
En el ámbito político lo reconozco; muchos buscan oportunidades para atacar y destruir el ejercicio de gobierno, es lo más cómodo, es lo más rentable. Se trata —es una pena decirlo— de que le vaya mal al gobernante, no importa si con ello se afecta y se impide al servidor público que cumple con sus objetivos.
Cuando no hay argumentos para construir soluciones a nivel nacional se inventan figuras, se llena el ambiente de fantasmas e historias mágicas inexistentes como un residente pirata de marca similar que se dice legítimo, se procuran las descalificaciones.
¿Qué hay detrás de la cortina de humo? ¿Qué amerita con desesperación una válvula de escape? Entre otras, no entrar a los problemas de fondo, a los problemas que ocupan a la nación. La negación permanente de no discutir, de sólo atacar, de sólo linchar públicamente a quienes no concuerdan con sus verdades absolutas.
El asunto que se trae a esta tribuna, reitero…
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada. Hay un diputado que le quiere hacer una pregunta ¿Acepta usted una pregunta del diputado Amaro?
La diputada Adriana Dávila Fernández: Cuando termine mi intervención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias.
La diputada Adriana Dávila Fernández: El asunto que se trae a esta tribuna, reitero, no es jurídico, no es legal, es político porque se tienen en puerta trabajos pendientes, retos por afrontar y resolver, preocupaciones de todos los hombres y mujeres libres, mujeres de bien que confían en sus instituciones y no las han mandado al diablo.
Ésta es la forma de tender una postura protagónica y perversa. Ahora que los liderazgos de la izquierda son visiblemente criticados hasta por sus militantes, ya lo vimos. ¿No extraña? No, no extraña. ¿Preocupa? Sí preocupa. Claro, preocupa porque hace unas semanas, so pretexto de la defensa de los recursos naturales no renovables, anunció el presidente "legítimo" el uso de la violencia si no se hace lo que él piensa. Bien decía Benito Juárez: "Los déspotas aborrecen la luz y la verdad".
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada ¿le va a permitir la pregunta al diputado?
La diputada Adriana Dávila Fernández: Si acepto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Amaro, por favor.
El diputado Alberto Amaro Corona: (desde la curul): Diputada Adriana, quiero comentarle que es un tanto inmoral tratar de señalar algunas cosas de algunas otras entidades federativas, cuando en nuestra entidad federativa está sucediendo exactamente lo mismo. Hay desvío de recursos para comprar predios con dinero público y donado a particulares.
Pero además ¿cree justo y moral pertenecer a dos partidos? Porque yo debo decirle que usted está integrada en el padrón del PRD también.
La diputada Adriana Dávila Fernández: Así es, diputado Amaro. Efectivamente es evidencia de que sin mi voluntad fui integrada a un padrón de un partido político y cuyo caso está en el Instituto Federal Electoral por la queja que interpusimos.
Si eso pasa con una diputada federal y otro diputado federal de Acción Nacional en un padrón, imagínese lo que pasa con miles y miles de mexicanos que sin su voluntad están integrados en un padrón que no tiene nada de certero, que no tiene nada de congruente y cuya ética y cuya transparencia está en entredicho.
Le quiero decir, señor diputado, que si usted tiene alguna acusación la haga ante las instancias correspondientes, porque generalmente eso es lo que hace el PRD: acusar públicamente, pero nunca ante las instancias correspondientes. De qué sirve, si ustedes mismos las han mandado al diablo.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Con su venia ciudadana Presidenta. De lo que quizás sea más ilustrativo del debate es cómo entienden la moral. Es decir, que está permitido para un funcionario de Acción Nacional usar su cargo, firmar contratos, beneficiarse.
Pero de eso no hay que hablar. De eso no hay que hablar. Hay que hablar de la crisis del PRD. Hay que hablar de si alguien se afilió o se arrepintió. Hay que hablar de todo porque de lo que se trata de ocultar es el ilícito que reconoció el señor Juan Camilo Mouriño. ¿Por qué de eso no hablan? Porque no pueden. Porque esa es la doble moral.
Hay que ser muy duros. Oye, en otra parte ocurre esto, pero ¿sabes qué? si yo robo, aquí si está bien. Aquí no les pasa nada. Esa doble moral de la derecha es muy conocida. Si Franco fusilaba en la mañana un republicano, luego se iba a misa y se lavaba las manos y creía que ya no había cometido pecado. Yo también creo que para ustedes el robar no es pecado.
No se necesita, les quiero decir, que nosotros lo denunciemos, es un servidor público, es un delito del orden público. Luego entonces, se persigue de oficio. La Procuraduría debería estar ya integrando la averiguación y solicitando a esta Cámara, juicio político para poder proceder. Y no se requiere para eso la denuncia de nadie. Simplemente él públicamente reconoció que había firmado esos contratos.
El problema, les vuelvo a insistir, es que con ustedes la moral, ahí es todo eso que hizo puede ser amoral, inmoral, como le llamen. Pero para ustedes no hay problema. Que se hable de otra cosa. Cerremos los ojos. Tapémonos la vista o sea, todo lo que haga un funcionario de Acción Nacional, es limpio, es pulcro. Oye, por favor, ese cinismo es de las cosas que sí han aportado este gobierno. Ha habido robos, ha habido desvío de recursos, tráfico de influencias. Pero no había habido ese cinismo de suponer que si lo hace un miembro de su partido no hay ningún problema y se puede hablar de cualquier otra cosa.
Nosotros en la comisión, evidentemente no quisimos participar porque les dijimos que se investigara CFE, que se investigara Luz y Fuerza. Hoy pueden investigar, a ver si pueden investigar en el ISSSTE también un presunto de las empresas de Mouriño, cuando estaba en esa época, a ver si van a poder…
El diputado Pablo Trejo Pérez (desde la curul): Señora Presidenta, pido la palabra.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Guerra, ¿Permite al diputado Pablo Trejo, hacer una pregunta?
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Sí, con mucho gusto.
El diputado Pablo Trejo Pérez (desde la curul): Gracias, diputado Guerra. Nada más para ilustrar lo que usted está diciendo. Quisiera preguntarle si usted sabe ¿Qué pasó con la funcionaria de la Lotería Nacional? ¿Cuál fue el castigo que recibió por el desvío de fondos que hubo y que está documentado y que incluso existe una sanción y un crédito fiscal?
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Evidentemente lo que está ilustrando el diputado Pablo Trejo, es esa moral que les digo. ¿Ustedes de veras se creen tan pulcros? Critican el mesianismo. Ah, pero como yo soy de Acción Nacional y luché por ser un partido no corrupto, ahora las corruptelas que ocurran, no pasa nada, no las vemos.
¿Cuál es el "toro enamorado de la luna"? O sea, el señor tiene un beneficio ¿sí o no? El señor utiliza un cargo público ¿sí o no? El señor evidentemente firma ¿si o no? El señor lo reconoce ¿sí o no? Está encuadrado esto en la Ley de Responsabilidades como ilícito ¿sí o no? Se persigue de oficio ¿sí o no? ¿Qué hacen con eso? Pues si, hablar de Andrés Manuel, hablar del que quieran porque son incapaces, quieren ver la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que tienen en el ojo propio. Ese es el problema.
Yo les invito que si continúan intenten hacer una defensa porque lo otro, se vale la polémica, es mañosada pero se vale, para no hablar de Juan Camilo Mouriño, porque son incapaces de defenderlo porque no tiene defensa, entonces hay que seguir hablando de lo otro. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Juan Guerra. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Espinosa Piña, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado José Luis Espinosa Piña: Muchas gracias, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado José Luis Espinosa Piña: Quiero comenzar citando al diputado Juan Guerra, quien hace unos segundos acaba de decir aquí en la tribuna que el Ministerio Público debería estar integrando ya la averiguación previa. Y yo le digo que, en efecto, eso es lo que pedimos. Pero hasta el momento no ha habido una sola denuncia presentada ante el órgano jurisdiccional y el diputado quiere que se integre una averiguación previa.
También dijo, y está la versión estenográfica, que la PGR ya debería estar actuando. Nosotros es lo que queremos. Por tanto, aquel que tenga algo que argumentar, que acuda al órgano jurisdiccional instituido para ello. Y dejémonos de tonterías.
Y si ha lugar que se sancione y se proceda. Pero ni siquiera esa oportunidad nos hemos dado y se ha convertido en una denuncia de medios, en una denuncia de escándalo y en una denuncia de plaza pública.
Y cuando se llevan los asuntos nacionales al Zócalo y a la plaza, y cuando se niega que esos mismos temas trascendentes se aterricen en este recinto, que es el lugar por antonomasia, el lugar idóneo instituido para el debate nacional, estamos traicionando a la política.
Aquí arriba, diputadas y diputados, tenemos un lema que corona este muro que dice: "La patria es primero". Y yo pregunto: ¿cuál patria? Porque este lema lo hemos escuchado, citado una y otra vez en las últimas semanas.
En el Zócalo se comienzan los mítines hablando de que "La patria es primero". Y aquí habrá que recordar a quien la acuñó, a Vicente Guerrero, quien fue capaz de ceder posiciones personales por el interés superior de la nación y cediendo visiones, cediendo proyectos en el abrazo de Acatempan con Iturbide construyeron la consumación de la Independencia y construyeron México.
Ojalá y que el lema multicitado de "La patria es primero" sea más que un aderezo —con todo respeto— para sazonar las ensaladas discursivas incomibles que nos recetan algunos compañeros de la siniestra.
El diputado Antonio Soto Sánchez (desde la curul): Presidenta, quisiera hacer una pregunta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Diputado, le permite al diputado Antonio Soto hacer una pregunta?
El diputado José Luis Espinosa Piña: Adelante. Con mucho gusto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado. Le dan sonido a la curul del diputado Soto, por favor.
El diputado Antonio Soto Sánchez (desde la curul): Gracias, diputado Piña, paisano.
El diputado José Luis Espinosa Piña: Espinosa Piña.
El diputado Antonio Soto Sánchez (desde la curul): Espinosa Piña. Usted dice que para que el Ministerio Público pueda proceder tiene que haber una demanda. Correcto.
Daniel Cabeza de Vaca era procurador general de la república cuando hubo una denuncia en contra de Juan Bueno Torio, director de la subsidiaria Pemex Refinación, quien fue el que asignó contratos a esa empresa famosa del señor secretario o de la familia del señor secretario de Gobernación, y resulta que no actuó el Ministerio Público, sino que más bien, incluso, ha premiado a Daniel Cabeza de Vaca como subsecretario en Gobernación.
Entonces mi pregunta es —porque usted dice que hay que acudir a esta institución representante social de parte del Ejecutivo—: ¿qué garantías tiene en México cualquier ciudadano, un legislador, la sociedad en su conjunto, cuando hace una denuncia en contra de alguien, si el involucrado forma parte del partido gobernante, en este caso el Partido Acción Nacional?
¿Usted cómo nos puede garantizar que el Ministerio Público no va a actuar de manera distinta a como actuó el señor Daniel Cabeza de Vaca para proteger a Juan Bueno Torio? Que —por cierto— hay investigación desde hace dos años y que lo han protegido, porque parte de los dineros que se lograron en las ganancias fueron a parar a la campaña de Felipe Calderón y usted como paisano de Calderón, lo sabe, no se haga, que bien que lo saben.
Entonces ¿qué garantías podemos tener? Dígame una garantía para que acudamos al Ministerio Público y que se pueda impartir justicia a la petición o la denuncia que nosotros hagamos del señor Mouriño. Muchísimas gracias por su respuesta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado, por favor.
El diputado José Luis Espinosa Piña: No sé si sea abogado usted, diputado Soto. Pero yo no puedo decirle las garantías, la parte dogmática de nuestra Carta Magna las establece con claridad y si hay alguna querella contra el señor Bueno Torio, pues que sea el órgano que dice el derecho, el órgano jurisdiccional quien le dé respuesta. No yo. Y yo no sé a dónde fue su pregunta, pero yo voy a continuar con mi alocución.
Quiero decirles que en el entendido de que hay diferentes puntos de vista en la coalición de izquierda, y en el entendido de que se negaron a acudir al órgano jurisdiccional, nosotros tuvimos la fortuna de ceder, una vez más, en la conformación de una comisión que investiga a una persona, cosa contraria a lo que establece la normatividad, porque establece que podemos crear cuantas comisiones considere pertinente el Congreso para investigar instituciones, organismos, todos aquellos que son sujetos de responsabilidad, en términos de las leyes mexicanas y no personas, pero cedimos; y una vez cedido se segregan, se excluyen, y aun así quieren seguir denunciando.
Quiero decir que se ha llamado en días recientes a la movilización nacional, de una manera terriblemente irresponsable. Se ha llamado en cuanto nosotros empecemos a legislar, fíjense nada más, en cuanto empecemos a cumplir con nuestra función deliberativa, de discusión de los temas, se nos va a querer coartar y amedrentar, y eso no lo podemos permitir.
Que no se desvíe con el tema Mouriño la discusión de los temas trascendentes, como es la posibilidad de darnos, todos, apertura para escuchar propuestas, formularlas, debatirlas, dilucidarlas en torno a la reforma energética. Lo peor que podemos hacer es negarnos la oportunidad de escucharnos y de dialogar. La muerte de la política es enterrar la palabra, y es lo que tenemos que entender.
No se desvíen los temas. Concentrémonos en lo trascendente. Porque señores, el totalitarismo existe. Existe en aquellos personajes políticos que tienen a su cargo liderazgo de responsabilidad. Existe cuando en el chantaje, en el nombre de la patria, se nos pretende acallar, enmudecer y ponernos una mordaza; seamos maduros, compañeros.
México sí necesita un partido de izquierda maduro o algunos partidos de izquierda maduros. Pero apelemos a esa frase tan utilizada y tan nombrada en estos días: "la patria es primero". Y en esto todos tenemos que ceder algo. Y más allá, cuando se habla que el petróleo no se vende. Yo lo suscribo y lo firmo, y en cualquier lugar lo sostengo. El petróleo no se vende y Pemex no se vende.
Yo no sé en qué idioma quieren que hablemos todos para decirles que estamos a favor de que siga siendo una empresa nacional.
Concluyo mi intervención, señoras diputadas y señores diputados, solamente diciéndoles lo siguiente: ojalá y que el líder que convoca en el Zócalo, repetidamente, tenga más confianza en sus legisladores. Ojalá, compañeros, que les conceda el respeto y les conceda la posibilidad de subir a hacer un debate de altura con argumentos, con ideas, con propuestas. Que no los quiera enmudecer ni acallar, negándonos a todos, pero particularmente a ustedes, la posibilidad de escuchar y de argumentar. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado José Luis Espinosa Piña.
La diputada Aurora Cervantes Rodríguez (desde la curul): Presidenta. Si me permite una pregunta el diputado.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, que si acepta una pregunta de la diputada Aurora Cervantes.
El diputado José Luis Espinosa Piña: ¿De quién?
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De la diputada Aurora Cervantes.
El diputado José Luis Espinosa Piña: Ah, claro.
La diputada Aurora Cervantes Rodríguez (desde la curul): Señora Presidenta, puedo suponer que ya admitió que sí le haga una pregunta, ¿verdad?
El diputado José Luis Espinosa Piña: Sí.
La diputada Aurora Cervantes Rodríguez (desde la curul): Señor diputado, con todo respeto y como compañeros de esta Cámara, yo tengo una duda. Resulta que si a mí me cuestionan y me dicen que cometí un ilícito, la principal interesada en que esto se resuelva voy a ser yo.
Y si a mí me calumnian, yo puedo poner una demanda por calumnia, en tanto que me interesa que mi honor quede a salvo. Yo me pregunto, yo quisiera saber, ¿por qué Juan Camilo Mouriño y por qué el propio PAN, en tanto que se vea agraviado por la duda, no pone una denuncia?
Han habido suficientes voces que hablan de ilícitos, y el principal interesado en que esto se aclare debe ser el PAN, en tanto que el indiciado o el acusado es un miembro de su partido. ¿Por qué no ponen una denuncia por calumnia para que la PGR y el ministerio público lleguen al fondo de este asunto?
El diputado José Luis Espinosa Piña: Mire, muy breve, compañera. Hay un principio jurídico que es tan antiguo como el derecho mismo y reza en latín incumbid probatio qui dixit non qui negad. Quiere decir: "el que afirma está obligado a probar". La carga de la prueba la tiene el que acusa, y eso se adoptó en la mayoría de las legislaciones positivas del mundo. Entonces, pues ahí está la respuesta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes....,

CIDH demanda a México ante la Corte

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó a México por no cumplir sus recomendaciones en el caso de la desaparición forzosa de Rosendo Radilla Pacheco en el estado de Guerrero el 25 de agosto de 1974.
COMUNICADO DE PRENSA
Nº 13/08
CIDH Presenta Demanda ante la CorteIDH
Washington, 1 de abril de 2008 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el 15 de marzo de 2008 contra los Estados Unidos Mexicanos.
La CIDH interpuso la demanda ante la CorteIDH contra México en el caso No. 12.511, Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido ilegalmente por un retén militar del Ejército en el Estado de Guerrero el 25 de agosto de 1974. El caso se refiere a su desaparición forzada desde entonces, la falta de esclarecimiento de su paradero, la impunidad en que se encuentran los hechos, y la falta de reparación de sus familiares por los daños producidos como consecuencia de la pérdida de su ser querido y de la prolongada denegación de justicia. Este es el primer caso de México que la CIDH lleva a la CorteIDH referente a los crímenes del pasado contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos.
La Presidencia de México creó en noviembre de 2001 el Comité Interdisciplinario para la Reparación del Daño a Víctimas u Ofendidos por Violaciones a los Derechos Humanos de Individuos Vinculados a Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que vio el caso del señor Radilla Pacheco en marzo de 2008. El caso se envió a la CorteIDH porque la Comisión consideró que el Estado no cumplió con recomendaciones sustantivas contenidas en el informe de fondo aprobado por la CIDH de acuerdo al Artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para adoptar esta decisión, la Comisión tuvo en cuenta las consideraciones establecidas en el Artículo 44 de su Reglamento.

Alternativa, la opinión de Granados Chapa

Columna PLAZA PÚBLICA/Miguel Angel Granados Chapa
Publicado en Reforma, 1/04/2008;

Ya no hay Alternativa
A pesar de que el Consejo Político Federado había diferido al 31 de mayo la asamblea nacional, la corriente de Alberto Begné realizó la suya, en que se reeligió y mudó de nombre al partido, ahora sólo Socialdemócrata
Alberto Begné entró el domingo a la cuestionada asamblea nacional como presidente de Alternativa Socialdemócrata y salió de ella con el mismo cargo en el Partido Socialdemócrata, pues para imponer su sello personal hizo aprobar el nuevo nombre de la organización, que de modo expreso renunció así a ser lo que se pretendió que fuera, una alternativa frente a los partidos tradicionales y los viejos modos de hacer política.
Ni la elección de Begné ni la nueva denominación del partido cuya dirección disputó con Patricia Mercado resultan de decisiones legalmente firmes. Se adoptaron en una asamblea que un órgano del partido había aplazado, para ser realizada el 31 de mayo, no obstante lo cual Begné y los suyos la instalaron y llevaron a término. Es probable, por lo tanto, que la legalidad de la reunión sea sometida a la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el proceso de renovación del Comité Ejecutivo Federado de ese partido, los días 8, 9, 15 y 16 de marzo se efectuaron 29 asambleas estatales, donde además de elegir comités locales fueron también designados los delegados a la asamblea nacional. Buen número de esas reuniones estatales presentaron peculiaridades. En las de Baja California y Colima resultaron delegados a la asamblea nacional personas que figuran en el padrón del PRD y del PRI, según constancias documentales (Reforma, 31 de marzo). En la del estado de México, a su vez, fue elegido delegado en representación de un Comité de Acción Política con sede en Nezahualcóyotl el mismísimo Begné, que reside en el Distrito Federal. A la luz de lo ocurrido después puede conjeturarse que el presidente del partido quiso de ese modo asegurarse la candidatura formal a la reelección, a diferencia de lo acontecido a Mercado, que no pudo ser elegida delegada (y por lo tanto tampoco pudo ser candidata a la presidencia) en el Distrito Federal debido a que fue alterado el orden en la asamblea del 16 de marzo en esa entidad, con la presencia de porros. Los líderes de la banda de golpeadores que reventó la reunión para echar a los mercadistas son personas cercanas a Enrique Pérez Correa, diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que en esa cuestionada reunión local resultó líder del comité capitalino, además de ser miembro del Comité Ejecutivo Federado.
Militantes de Alternativa inconformes con el curso y el resultado de varias asambleas estatales iniciaron ante la justicia electoral federal juicios para la protección de sus derechos político-electorales como ciudadanos. El viernes pasado, conforme al dictamen de la Mesa Directiva del Consejo Político Federado, no habían "sido sustanciados y resueltos en su totalidad" esos juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por ello, y para que "la asamblea nacional se celebre bajo condiciones de certeza jurídica", el presidente y la secretaria del mencionado consejo político, Alejandro Mújica Montoya y Claudia Isabel Barrón, dispusieron el propio viernes diferir la asamblea nacional prevista para el 30 de marzo y convocarla para el 31 de mayo. Hicieron publicar su acuerdo al día siguiente, sábado 29, pero el domingo, pasando por alto esa determinación los delegados, miembros todos de la corriente Nueva Mayoría de Begné, sesionaron como si no les importara la "certeza jurídica" invocada por la Mesa Directiva del consejo político.
Además de elegir al nuevo comité ejecutivo, la cuestionada asamblea decidió abreviar aún más el nombre del partido, que cuando recibió registro en 2005 se llamó Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Después de que fracasó la maniobra del ala campesina para vender la candidatura presidencial del partido al empresario farmacéutico Víctor González Torres, sus dirigentes fueron expulsados y el nombre del partido se quedó en Alternativa Socialdemócrata. Ahora se dejó de lado la palabra inicial y la agrupación se llamará, cuando los órganos electorales consagren esa decisión, Partido Socialdemócrata.
(Ya hubo una organización con ese nombre. La fundaron en los setenta los hermanos Sánchez Aguilar, el mayor de los cuales, Luis, llegó a ser diputado en la LVI Legislatura. Pero mucho antes, en 1981, su partido obtuvo registro condicionado, lo que le permitió participar en la elección federal del año siguiente, con Manuel Moreno Sánchez como candidato presidencial).
La asamblea dominical se efectuó sin sobresaltos. Acudieron 285 de 364 delegados, que quizá se fatigaron pues a la hora de votarse el cambio de denominación participaron sólo 163, sin que se registraran abstenciones ni votos en contra. La reunión se prolongó hasta el comienzo del lunes por la integración del comité ejecutivo, formado por 20 carteras, que serán ocupadas por miembros de la corriente de Begné. Al igual que el partido, también mudó de nombre la fundación Voz Alternativa, que se llamará en adelante (salvo determinación judicial en contrario) Fundación Socialdemócrata. Hasta la víspera dirigía esa fundación la propia Patricia Mercado, que perdió también esa posición en el partido que contribuyó a fundar y al que con su candidatura presidencial aseguró el registro y el financiamiento de que ahora disfruta.
Aun si Mercado desistiera de su lucha por el liderazgo de la antigua Alternativa, puede darse por seguro que otros miembros del partido impugnarán la asamblea dominical, y que lo harán también los directivos del Consejo Político Federado, cuya determinación de diferirla fue desacatada.
Cajón de Sastre
Laura Campos Jiménez, historiadora egresada de la Universidad de Guadalajara, presentó ayer ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco queja contra el gobernador Emilio González Márquez, por el donativo de 90 millones de pesos del erario público para que la Arquidiócesis de Guadalajara elija una basílica a los mártires cristeros. La quejosa considera que actos como ése "vulneran el Estado laico y trastocan el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias en nuestro país". Opino, por mi parte, que la devoción de González Márquez puede ser onerosa para las finanzas públicas, pues con el mismo derecho de la Iglesia Católica otras asociaciones religiosas podrían solicitar apoyo económico, y no habría modo de negarlo, ni siquiera alegando el carácter mayoritario del catolicismo.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com