Foro en Ciudad Juárez

CLAUSURAN EL 1er. FORO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
PGR Boletín 335/09, 26 de mazro de 2009;
El Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora Icaza, resaltó hoy el acuerdo al que llegaron las distintas bancadas en el Congreso de la Unión sobre la Ley de Extinción de Dominio –que se espera se apruebe en el Senado de la República en los próximos días– y destacó las aportaciones que los legisladores del PRI hicieron para enriquecer la iniciativa de ley que propuso el presidente Felipe Calderón, las cuales, dijo, son perfectamente consistentes con el espíritu que animó al Ejecutivo Federal a presentar este nuevo cuerpo normativo.

Al clausurar el 1er. Foro de Justicia, Seguridad y Combate a la Delincuencia Organizada en Chihuahua, y ante el gobernador de la entidad, José Reyes Baeza Terrazas, el abogado de la nación subrayó que la Ley de Extinción de Dominio es una poderosa herramienta que permitirá mermar la capacidad económica de la delincuencia organizada. “Con base en esa reforma constitucional, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de ley que propone un procedimiento novedoso para la declaración de la extinción de dominio que es jurisdiccional pero autónomo del proceso penal y permitirá aplicar al Estado bienes objeto, instrumento o producto de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, trata de personas y robo de vehículos, incluso sin que haya una sentencia penal condenatoria”, aunque aclaró que el objeto de dicho procedimiento jurisdiccional son los bienes y no las personas.

Explicó que los objetivos de la ley son: reducir los recursos de la delincuencia y su capacidad operativa; combatir el uso de testaferros y la mezcla de bienes ilícitos y lícitos para ocultar el origen del producto de delitos (prácticas que, por cierto, son extraordinariamente comunes en la delincuencia organizada); y también apoyar a víctimas y ofendidos en la reparación del daño.

En otra parte de su intervención dijo que el Estado mexicano trabaja en el desarrollo de instrumentos modernos y eficaces de investigación como operaciones encubiertas, infiltración de agentes, entregas vigiladas, protección de personas, entrega de recompensas y colaboración de miembros de la delincuencia organizada en la persecución de otros integrantes de la misma. Destacó también el programa de recompensas que la Procuraduría General de la República lanzó recientemente, a través del cual “queremos aprovechar el gran poder que yace en la ciudadanía para desenmascarar a los delincuentes que se guarecen en el anonimato social, generando incentivos económicos y de seguridad y certidumbre, para que mediante una participación decidida y valiente, pero también anónima, nos sea aportada información relevante, veraz y útil para la localización y detención de los principales líderes y operadores de las organizaciones del narcotráfico”.

Sin duda, dijo, estas herramientas de investigación y combate a la delincuencia fortalecen a las instituciones, contribuyen a la generación y consolidación de la cultura de legalidad y robustecen la participación de la sociedad. Al referirse a la reforma penal, explicó que establece el principio de corresponsabilidad entre el Ministerio Público y las policías en la investigación de los delitos.

En el ejercicio de esta función, precisó, las policías actuarán siempre bajo la conducción y mando del Ministerio Público, sin perjuicio de sus facultades de investigación para la prevención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de nuestra Carta Magna Por otra parte, reconoció que las autoridades de los Estados Unidos han sido sensibles al hecho de que de este país fluye el dinero ilícito producto de los dólares que cada consumidor paga a su proveedor al menudeo, es decir, el efectivo producto de la venta de la droga que financia las operaciones de los grupos criminales de nuestro país y también en otras naciones del hemisferio. En ese contexto destacó la visita que realizará en abril el Presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, “la próxima semana estarán aquí el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, la Secretaria de Seguridad Interior, y se han anunciado ya nuevas medidas de responsabilidad, de instrumentación de la nueva estrategia precisamente para delimitar e impedir el flujo ilícito de armas de los Estados Unidos hacia nuestro México”, dijo.

Finalmente, Eduardo Medina Mora destacó que el Estado Mexicano ha reorientado la estrategia en esta materia, sobre todo en Chihuahua, por lo que el Gobierno Federal dispuso el despliegue de siete mil elementos del Ejército Mexicano, de mil elementos de la Policía Federal y, a partir de esto, hemos encontrado resultados muy significativos. “El registro de la violencia, precisamente en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, desde que se anunció el inicio de este operativo hasta la fecha, ha reducido la violencia en alrededor de 70 por ciento. Estos resultados son precisamente el espejo de un despliegue que corresponde al compromiso que el Gobierno Federal tiene con los chihuahuenses, tiene con los juarenses, precisamente para restaurar el orden y la paz, para romper los vínculos de connivencia entre las autoridades policiales locales y la delincuencia”, concluyó.

Por su parte, César Horacio Duarte Jaques, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, reconoció y respaldó la capacidad de diálogo y negociación del Procurador General de la República por haber logrado establecer canales de comunicación con la nueva administración norteamericana. “Son extraordinarias noticias que se empiecen sobre todo a encontrar los acuerdos suficientes en los esfuerzos de las dos naciones para controlar el flujo de armas de los Estados Unidos hacia México”, dijo. Finalmente, el gobernador de Chihuahua José Reyes Baeza Terrazas pidió al abogado de la nación que sea el conducto para agradecer al Presidente Felipe Calderón, a nombre del pueblo y gobierno de la entidad, el decidido apoyo federal para reestablecer la paz social en el estado. De igual manera reconoció que la reforma penal es el parteaguas para recuperar los espacios perdidos y hacer que Chihuahua siga siendo una de las entidades más prósperas del país.

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Por cierto, este jueves se confirmó que un cuerpo localizado del otro lado de Ciudad Juárez es de Vincent Paul Bustamante agente del U.S. Marshall).

Para el vocero nacional de los Marshall en Washington, Jeff Carter, Bustamante fue colocado en fecha reciente bajo un estatus laboral modificado luego que el propietario de una tienda de empeño reportara que éste había empeñado una pistola propiedad del gobierno.
Como resultado de ello, sus funciones como agente fueron limitadas y se le requirió entregar su arma, su placa y sus credenciales, dijo.

Desde el pasado 18 de marzo existía una orden de aprehensión en su contra por no comparecer ante la Corte para responder a la acusación de robo de propiedad pública.

Liberta absoluta a LEA

Tribunal exonera a Echeverría de matanza del 68
Nota de Carlos Avilés Allende

El Universal on line, Jueves 26 de marzo de 2009
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal no encontró elementos para juzgarlo por el delito de genocidio que le atribuyó la PGR por los hechos relacionados con la matanza de estudiantes
Un tribunal federal ordenó decretar la libertad absoluta del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, luego de no encontrar elementos para juzgarlo por el delito de genocidio que le atribuyó la Procuraduría General de la República por los hechos relacionados con la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la capital del país, ratificaron el amparo que le había concedido el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano en contra del auto de formal prisión que, a su vez, le dictó otro magistrado en noviembre de 2006 para que se le juzgara por el delito de genocidio.
Después de tres años de litigio, finalmente los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado, Manuel Bárcena Villanueva, Rosa Guadalupe Malvina Carmona Roig y María Eugenia Martínez Cardiel, llegaron a la conclusión de que la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado no presentó pruebas que sustentan la acusación en contra del ex presidente Echeverría.
Dicho tribunal ratificó el amparo que le había concedido el magistrado Luna Altamirano desde el 2007, cuando dicho juzgador llegó a la conclusión de que la matanza del 2 de octubre de 1968 sí fue un acto genocida, en el que se buscó exterminar al "grupo nacional" de estudiantes que protestaba contra el régimen del entonces presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz, pero que había "una sola prueba jurídica que justifique que concibió, junto con diversas autoridades, un plan para exterminar al grupo nacional que conformó el movimiento estudiantil de 1968".
fml

Difunden motivos sobre negativa de hacer público juicio de Echeverría 2008-10-23
Impugnará Comité 68 si Tribunal ampara a Echeverría 2008-10-15
Decidirán tribunales si dan amparo definitivo a Echeverría 2008-10-15
Ven al 68 como el año de la masacre 2008-09-28

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Nota N°. 6085
Legisladores del PAN, PRI y PRD comentan sobre fallo que exonera de “genocidio” a ex mandatario Luis Echeverría
• Decisión de poder autónomo que respeto: Espinosa Piña

• Acatar determinaciones de los tribunales: Camacho Quiroz•

Ni todas las aguas de los océanos podrán lavar ese gravísimo crimen: Suárez del Real
Palacio Legislativo 27-III-2009 (Notilegis).- Diputados del PAN, PRI y PRD opinaron sobre el fallo del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, que exoneró de “genocidio” al ex presidente Luis Echeverría Álvarez, por los hechos relacionados con la matanza de estudiantes de 1968.
El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, José Luis Espinosa Piña (PAN) expresó: “es una decisión de un poder autónomo que respeto pero en el juicio de la historia no aplican exoneraciones”.
-¿Entonces fue un juicio justo?, se le preguntó.
- La autoridad competente, la que tiene la jurisdicción ya dijo lo que tenía que decir, pero desde mi punto de vista, en el saldo histórico queda un remanente en el sentimiento nacional, pero ese es un punto de vista personal, señaló.
Para el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz (PRI), la resolución del Tribunal Colegiado se debe respetar, ya que en México se vive en un Estado de derecho y las instituciones instruyen las leyes a las que nos debemos atener.
“Si ésta fue la resolución del Tribunal es que debió encontrar razones suficientes para tomar esta determinación. Creo que hay que respetar las decisiones de los tribunales (…). Siempre en cualquier sentencia hay una parte que se queda satisfecha e insatisfecha, invariablemente en cualquier sitio”, consideró el ex-gobernador del Estado de México.
Yo quedo satisfecho, destacó el diputado del PRI, en tanto el Estado de derecho se haya respetado. Asimismo, dijo que son respetables los puntos de vista contrarios, “un juicio político siempre es subjetivo y discutible; sin embargo es otra cosa la resolución del Tribunal. Siendo respetable de los puntos de vista de quienes piensan diferente, aquí hay una expresión jurídica”, reiteró.
Al respecto, el integrante de la Comisión de Defensa Nacional, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (PRD), condenó el fallo del Tribunal Colegiado en materia penal, el cual exoneró de “genocidio” al ex presidente Luis Echeverría Álvarez.
En entrevista, Suárez del Real dijo: “la verdad histórica ha prevalecido a lo largo de los años y ha demostrado que hubo responsabilidad de funcionarios en lo que conocemos como genocidio de 1968; y eso, como se dice, ni todas las aguas de los océanos podrán lavar ese gravísimo crimen”.
El perredista aseveró que su bancada exigirá que haya una investigación a fondo para conocer dónde estuvieron las deficiencias y omisiones de la actuación del Ministerio Público y el juez, en el caso de la exoneración de Luis Echeverría. AILH/ ASC/JZM

Irán

Hasta qué punto es teocrático Irán?/Ramin Jahanbegloo, filósofo iraní y catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto.

Traducción de Jesús Cuéllar Menezo

Publicado en EL PAÍS (www.elpais.com), 25/03/09;

La revolución de 1979 fue un momento histórico trascendental dentro de la crisis política contemporánea iraní. Cuando el ayatolá Jomeini y sus seguidores se hicieron con el poder, el 12 de febrero de 1979, predicaban que la revuelta contra la injusticia y la tiranía, y sobre todo el martirio, formaban parte del islam chií, y que los musulmanes debían rechazar la influencia tanto de la superpotencia soviética como de la estadounidense en Irán.
El ayatolá Jomeini elaboró e instauró la ideología del Velayat-e faqih, según la cual, los musulmanes precisaban de una “custodia” manifestada en el dominio o la supervisión de destacados jurisconsultos islámicos, como el propio Jomeini. Al quedar el poder en manos de los juristas musulmanes, el islam se vería protegido de cualquier innovación y desviación, mediante la adherencia exclusiva a la ley musulmana tradicional, la sharia, con lo que se evitaría la pobreza, la injusticia y el saqueo de las tierras islámicas por parte de extranjeros impíos.
El texto redactado por la Asamblea de Expertos para la nueva Constitución iraní creó para Jomeini el poderoso cargo de Líder Supremo, que, al mando del Ejército y de los servicios de seguridad, nombra también a importantes cargos del Gobierno y de la judicatura. Pero cada cuatro años, según esa misma Constitución, se elegiría un presidente mucho menos poderoso. Y a otro organismo teocrático, el Consejo de Guardianes, se le otorgó capacidad de veto sobre los candidatos a presidente, a diputado y a miembro del organismo que elige al Líder Supremo (la Asamblea de Expertos), así como sobre las leyes que aprobara el Parlamento.
Entre los países musulmanes, Irán constituye el caso más interesante. Es el único ejemplo de Estado islámico contemporáneo instaurado gracias a una revolución popular. Y ésta es la razón que explica la dualidad estructural de la República Islámica de Irán. Jomeini partía del modelo del príncipe filósofo, dotado de una sabiduría y un conocimiento que están por encima de la ley. Pero su interpretación de la autoridad tuvo que adaptarse a las concepciones contemporáneas occidentales. El resultado fue una Constitución que otorga preponderancia a la sharia y a una autoridad basada en la voluntad divina, pero que también incorpora la voluntad y la soberanía populares.
Esta conjunción ha generado muchas contradicciones, sobre todo en lo tocante a aquellas leyes parlamentarias que chocan con la sharia y a la autoridad del jurisconsulto, que pasa por encima de las estructuras políticas convencionales. De este modo, la revolución dotó al Estado de apoyo popular, pero partiendo de dos fuentes de soberanía opuestas. En consecuencia, la Constitución iraní se compone en realidad de dos constituciones: una, la que hace hincapié en la autoridad y los derechos del pueblo, y la otra, la basada en el derecho eclesiástico, de origen divino.
Cualquier debate sobre la estructura de poder del régimen islámico iraní y sobre la lucha entre las diferentes instituciones gira en torno a cómo se percibe y aplica esa dicotomía. Lo que esto quiere decir es que el sistema político de la República Islámica de Irán se caracteriza por una feroz competencia entre los grupos de poder. En la cúspide de su estructura se encuentra el Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que en 1989 sustituyó al ayatolá Jomeini, padre de la Revolución Iraní. El Líder Supremo es quien debe perfilar y supervisar las “políticas generales de la República Islámica de Irán”, lo cual significa que es quien marca la pauta y la dirección de las políticas interna y exterior del país. Es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas y controla los servicios de información y de seguridad.
El Consejo de Guardianes -el Líder Supremo elige a seis de sus 12 miembros- tiene autoridad para interpretar la Constitución y determina si las leyes aprobadas por el Parlamento respetan la sharia. En consecuencia, también puede ejercer su veto sobre el Parlamento. El Consejo examina también a los candidatos a la presidencia y al poder legislativo, decidiendo si es legítimo que concurran a las elecciones.
La Asamblea de Expertos, que se reúne durante una semana al año, elige al Líder Supremo y se compone de 86 clérigos “virtuosos y eruditos”, elegidos popularmente por periodos de ocho años. Muchos analistas comparan esta Asamblea de Expertos con el Colegio Cardenalicio del Vaticano. En 1988, el ayatolá Jomeini creó asimismo el Consejo de Idoneidad, encargado de mediar entre el Consejo de Guardianes y el Parlamento en caso de disputa. El Líder Supremo nombra a todos los miembros del Consejo de Idoneidad, que a su vez sirve como organismo asesor del primero.
El Parlamento iraní es un órgano legislativo unicameral con 290 miembros elegidos mediante sufragio cada cuatro años. Cada diputado representa a una circunscripción de carácter geográfico. El Parlamento presenta y aprueba leyes que finalmente son revisadas y refrendadas por el Consejo de Guardianes, y tiene también capacidad para destituir a los ministros y aprobar el Presupuesto del Estado.
Por último, pero no por ello menos importante, está el presidente del país, segunda instancia en relevancia de Irán. Elegido por sufragio universal para un periodo de cuatro años, nombra y supervisa el Gobierno y coordina sus decisiones. También establece las políticas económicas del país, pero no controla a las Fuerzas Armadas.
Con la elección de Mohamed Jatamí se inició una nueva fase en el pulso por el poder en la República Islámica. Su arrolladora victoria en los comicios de 1997 fue un paso positivo en el camino hacia la soberanía popular. Ese año, la participación entusiasta de una nueva generación de votantes incrementó la presión para alcanzar un mayor pluralismo político.
Poca duda cabe de que la elección de Jatamí y sus ocho años en la presidencia popularizaron el discurso de la democracia en Irán, abriendo de nuevo el debate sobre su democratización. Pero con la victoria del candidato ultraconservador Mahmud Ahmadineyad en los comicios presidenciales de 2005, prácticamente todos los organismos e instituciones del poder, electivos o no, quedaron en manos de ultraconservadores.
Ahmadineyad ha conservado importantes activos políticos, de los que sin duda el más relevante ha sido el fervor nacionalista nacido del programa nuclear iraní, aunque se le acusa de excesiva audacia en su agresivo tono respecto a Israel y en su discurso de negación del Holocausto. En sus primeros cuatro años practicó cierto populismo político, pero en los últimos meses ha sido muy censurado por su gestión ante el aumento de la inflación y el desempleo, causantes de un creciente descontento popular. Las críticas recibidas por Ahmadineyad no sólo han salido de las filas reformistas, sino que las han expresado políticos conservadores que parecen haber perdido la paciencia con él.
El Irán actual es muy parecido a la Unión Soviética de sus últimos días. La ideología revolucionaria se ha agotado, los jóvenes iraníes están desencantados, el movimiento reformista no ha logrado responder a las demandas populares y prácticamente todos los años se registran en las grandes ciudades del país disturbios espontáneos y muestras de descontento. Sin embargo, 30 años después de las revueltas que derrocaron al sha y su régimen, los iraníes carecen de una organización que aglutine sus distintas aspiraciones.
Nadie sabe si la República Islámica de Irán evolucionará hacia la democracia o si se vendrá abajo en medio de una revolución. Para la gran mayoría de los iraníes que viven dentro del país, ya de por sí desencantados con una revolución y víctimas durante ocho años de la brutal guerra con Irak, la evolución pacífica sería la opción más ventajosa. Y sea como sea, para la generación más joven, ese 70% de la población menor de 30 años, el cambio tendrá que llegar tarde o temprano, porque está buscando trabajo, libertad y oportunidades.
En esta tesitura, ¿podrá la República Islámica de Irán superar su identidad ideológica, dejando espacio para la soberanía popular, o, por el contrario, el mandato divino del Velayat-e-Faqih acabará con cualquier esperanza de una transición democrática en Irán? Ésta es la pregunta clave a la que tendrán que responder los analistas de la Revolución Iraní.

Al Qaeda visto por Fawaz A. Gerges

La peor visión sobre Al Qaeda/Fawaz A. Gerges, de la cátedra Christian A. Johnson de Oriente Medio, Sarah Lawrence College, Nueva York. Autor de El viaje del yihadista: dentro de la militancia musulmana, Ed. Libros de Vanguardia.

Publicado en La Vanguardia, 25/03/2009;

Traducción: JoséMaría Puig de la Bellacasa

En el artículo que publiqué en La Vanguardia el 9 de marzo, argumenté que Al Qaeda ha caído en el descrédito moral en el mundo islámico y afronta una colosal crisis de autoridad y legitimidad: el grupo de Bin Laden se ve asediado tanto interna como externamente.
Pero numerosos expertos en terrorismo, en unión de asesores de Bush, no aceptan este punto de vista; restan importancia a la crisis de legitimidad que no cesa de debilitar a Al Qaeda y a la situación de gran desgaste que aqueja al apoyo del mundo musulmán al grupo terrorista. Tales expertos sostienen que Al Qaeda está en auge y es una organización tan peligrosa como siempre, y que la yihad global es exitosa.
Los expertos recomiendan que se consideren los logros de Bin Laden durante los últimos veinte años: ha atacado el corazón de la mayor potencia de la historia mundial empantanándola además en dos guerras prolongadas y costosas y ha creado, asimismo, una exitosa franquicia global que recluta seguidores en todo el planeta.
La visión más pesimista descansa en una doble vertiente: por una parte, y aunque los seguidores de Bin Laden han sufrido un revés en Iraq y en otros países árabes, han ganado nuevo terreno a lo largo de la frontera tribal afganopakistaní; según esta perspectiva, las huestes de Al Qaeda se han reforzado en la zona tribal de la provincia noroccidental de Pakistán donde Bin Laden y Zauahiri se afanan en rehacer sus redes, atraer nuevos efectivos y tramar nuevos ataques contra objetivos occidentales; estos dos fugitivos no sólo no han sido detenidos, sino que siguen activos. Por otra parte, se arguye que Al Qaeda sigue dirigiendo y organizando sus redes y grupos subordinados en todo el mundo y que Bin Laden y Zauahiri sólo necesitan un teléfono móvil (o un mensaje) para dar órdenes a sus seguidores y elegir sus objetivos.
El conflicto en Afganistán y Pakistán reviste proporciones mucho más amplias y complejas que la concertación de una temible alianza de tribus pastunes y otras a ambos lados de la frontera contra la que consideran una amenaza extranjera contra su identidad y costumbres. La guerra ha atraído a algunos cientos de militantes islamistas de Cachemira, el mundo árabe e incluso Asia Central. Al Qaeda es un pequeño elemento de esta coalición, una especie de efecto secundario, un parásito que se alimenta del caos y la inestabilidad.
Liberar las áreas tribales pastunes de miembros de Al Qaeda y otros extremistas extranjeros requiere la conclusión de un acuerdo político que aborde los legítimos motivos de agravio de las comunidades tribales así como las inquietudes geoestratégicas de Pakistán, Irán e India. Existe asimismo un consenso entre los observadores pakistaníes y afganos en el sentido de que la reforma del sistema político y legal, la integración de las áreas tribales en el seno del marco político principal y la liberación de sus habitantes de la situación de extrema pobreza son esenciales para alcanzar una paz duradera.
Un acuerdo negociado, de laborioso y difícil alcance, con las tribus pastunes (que incorporase a los talibanes al Gobierno) redundaría probablemente en la expulsión de militantes de Al Qaeda y otros grupos del área tribal. El ejemplo de Iraq es ilustrativo.
Si bien Afganistán e Iraq son casos distintos, el desafío se cifra en distinguir las diferencias entre las tribus pastunes y los talibanes por una parte y los yihadistas globales como Al Qaeda por otra, aparte de reservar a las tribus pastunes una efectiva participación en el sistema político y económico de tal forma que se muestren contrarios a Al Qaeda.
Los pastunes no guardan ninguna historia de amor con Al Qaeda. Bin Laden, al tramar el 11-S contra EE. UU. desde Afganistán, violó los términos y condiciones de su estancia en el país y las garantías dadas al mulá Omar, jefe de los talibanes, acarreando su ruina. Fue violentamente censurado por apuñalar a sus anfitriones por la espalda, lo que constituye una blasfemia según el código del honor tribal.
El actual matrimonio de conveniencia entre los miembros de las tribus pastunes y los efectivos de Al Qaeda durará mientras las tribus que dan cobijo a Bin Laden y sus huestes les consideren como una baza a su favor, como hicieron inmediatamente tras el 11-S cuando entregaron a los combatientes extranjeros a EE. UU. En el caso de Washington, la clave estará en no meter a las tribus pastunes en el mismo saco junto con Al Qaeda, sino en intentar separarlos como hizo tardíamente en el caso de la región de Anbar en Iraq.
Resulta tranquilizador el hecho de que la nueva Administración Obama piense tantear una estrategia de mayor carácter regional frente a la guerra en Afganistán, - incluidas unas posibles conversaciones con Irán-y se muestre favorable al incipiente diálogo entre el Gobierno proestadounidense de Kabul y los posibles elementos “cooperadores” de los talibanes.
Asoman indicios alentadores en el sentido de que mengua el apoyo a la ideología de Al Qaeda entre los musulmanes europeos. Peter Clarke, ex jefe del departamento de lucha antiterrorista de la Policía Metropolitana de Nueva York, señaló en una conferencia en Florencia que las convicciones sostenidas por los conspiradores terroristas que han utilizado procedimientos legales normales han propiciado “debates constructivos” en el seno de diversas comunidades de musulmanes en Gran Bretaña que tal vez anteriormente han podido mostrarse escépticos acerca de la amenaza en cuestión. El fiscal de Milán en materia antiterrorista, Armando Spataro, manifestó asimismo que la amenaza terrorista sería difícil de sostener porque “la mayoría de los inmigrantes no aceptan las ideas terroristas”.
En cuanto a la cuestión de si Bin Laden y Zauahiri ejercen un efectivo control operativo sobre sus seguidores incondicionales, la fuerza de los hechos lo desmiente. El control de Al Qaeda sobre su débil red de seguidores se limita al jefe de sus operaciones externas, que suele instruir o sancionar los ataques de los efectivos que van por libre sin consultar a Bin Laden o a Zauahiri.
La noción de un puesto de control centralizado presupone vínculos materiales que ya no existen. Aunque Bin Laden y Zauahiri siguen aún en libertad, hibernan ocultos de modo más profundo e intenso, conscientes del precio de crear cualquier vínculo fuera del círculo más reducido de sus lugartenientes de confianza. Gran número de pruebas indican que mengua el grado de amenaza inicial de Al Qaeda y que las defecciones, divisiones internas y declive del apoyo musulmán han minado su fuerza. Desde el 11-S, Al Qaeda no ha cumplido sus reiteradas amenazas de atacar en el territorio de EE. UU. La mayoría de sus mandos y miembros veteranos han sido capturados o muertos, y sustituidos por agentes sin preparación e ineficaces.
El debilitamiento de Al Qaeda no significa que ya no sea peligroso. El terrorismo perpetrado por determinadas facciones proseguirá durante el próximo decenio, pero su movimiento ya no cuenta con una gran base de apoyo o un refugio seguro. Ahora el grupo de Bin Laden se compone principalmente de bandas errantes de terroristas suicidas en los valles y montañas en la frontera de Pakistán con Afganistán.
Militantes de todo tipo a los que he entrevistado, sobre todo yihadistas arrepentidos, saben que están en una encrucijada. En casa y en el extranjero se les acusa de desencadenar la ira de EE. UU. contra la umma (comunidad musulmana mundial). La mayoría de sus aliados los han abandonado y son censurados por el estamento religioso y la opinión musulmana. Sólo un milagro resucitará a la yihad global.
Bin Laden triunfó el 11-S e incluso puede triunfar de nuevo. Pero esta realidad, por espantosa que sea, no debe hacernos olvidar el carácter contraproducente y autolesivo del desafío de Al Qaeda.
El documento de Gran Bretaña sobre una nueva estrategia de seguridad nacional señaló recientemente que “aunque el terrorismo representa una amenaza para todas nuestras comunidades y un ataque a nuestro modo de vida, no equivale actualmente a una amenaza estratégica”. Al Qaeda ha demostrado ser su propio peor enemigo y muestra una clara vía autodestructiva. Tal vez los países occidentales deberían seguir la máxima de Napoleón: “Nunca distraigas a tu enemigo cuando está cometiendo una equivocación”.

Sudán

Obama tiene que intervenir en Sudán/Michael Gerson, columnista de The Washington Post Publicado en EL MUNDO, 25/03/09;

Durante años, el régimen sudanés encabezado por el presidente Omar Hasán al-Bashir ha actuado como un grupo terrorista, tomando rehenes a millones de refugiados en campamentos en Darfur y advirtiendo al mundo de que no hiciera ninguna maniobra agresiva. Ahora el mundo se enfrenta a una duda: ¿qué hacer cuando los captores empiezan a matar a sus cautivos? Después de que el Tribunal Penal Internacional dictara una orden de detención bajo la acusación de crímenes contra la humanidad, Bashir respondía expulsando a 13 grupos internacionales de ayuda humanitaria, incluyendo a cuatro importantes socios del Programa Mundial de Alimentos responsables de distribuir comida entre los 1,1 millones de habitantes de Darfur. De un plumazo, Bashir eliminaba alrededor del 35% de la distribución de alimentos en Darfur. Además, ha amenazado a las organizaciones que aún quedan con la explusión antes de acabar el año. El doctor Mohammed Ahmed Abdalla, médico y activista de los derechos humanos en Darfur, me describía la región como «al límite». Sin organizaciones internacionales, apenas el 9% de la población de los campamentos tiene acceso a agua potable.

El Programa Mundial de Alimentos ha respondido a la crisis inmediata, proporcionando dos meses de asistencia alimentaria de urgencia a los campamentos de Darfur en un intento de persuadir a la gente para que permanezca en los campamentos y no huya desesperadamente hacia el este del Chad. Mohammed Ahmed contempla con horror esta posibilidad. «La gente tendrá que recorrer 500 kilómetros, exponiéndose a los ataques de las milicias Janjaweed y los rebeldes del Chad que operan próximos a la frontera». Será una marcha larga, árida y mortal. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, se enfrenta ahora a una decisión difícil. O bien atenúa la presión sobre el régimen de Bashir a cambio de que las organizaciones humanitarias expulsadas fueran autorizados a volver. Una atmósfera de acusada hostilidad también complica la puesta en práctica del acuerdo de paz entre el norte y el sur de Sudán, del cual dependen muchas vidas. O bien el mundo incrementa la presión sobre el régimen de Sudán, sabiendo que Bashir podría provocar más sufrimiento y muertes a corto plazo conforme se incremente la presión. Esto exige el desarrollo de una estrategia integral que conduzca a un régimen en Sudán que valore a los habitantes de Darfur y ponga en práctica de buena fe el acuerdo Norte-Sur.Esto no significa necesariamente cambio de régimen, pero probablemente exige el cambio de Bashir y un Gobierno sudanés que empiece de cero. En esta labor, la administración Obama cuenta con dos grandes ventajas. La primera es el propio Bashir, cuya brutalidad está destruyendo la credibilidad de todos los que le han protegido.La segunda es la extraordinaria posición global de Obama, que el presidente podría utilizar para persuadir a los europeos de que impogan mayores sanciones económicas, así como para convencer a algunos aliados tradicionales de Sudán como Egipto de que retire el respaldo a Bashir. Pero esto exigirá el gasto de capital diplomático, la elevación del rango de este asunto en las relaciones tanto con amigos como con rivales, y el probable uso de la fuerza militar hasta sus últimas consecuencias. No toda crisis humanitaria global justifica este tipo de compromiso, pero si el genocidio no justifica tales medidas, es que nunca van a estar justificadas. Y perderíamos todo derecho a decir «nunca más»

El Tibet

Infiernos tibetanos/ Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China, CASA ASIA-IGADI

Publicado en EL CORREO DIGITAL, 26/03/09;

Esta vez, el régimen chino no fue pillado por sorpresa. El cincuenta aniversario de la huida del Dalai Lama y el primero de los graves disturbios de marzo del pasado año cuando miles de tibetanos afearon la celebración olímpica haciéndole perder la cara a China ante el mundo, han sido contestados oficialmente con numerosas iniciativas, destacando una doble ofensiva. En primer lugar, reforzando el control de las fronteras tibetanas y en las áreas claves del Tíbet histórico (que incluye vastas áreas de las provincias de Qinghai, Gansu y Sichuan). En segundo lugar, impulsando una frenética actividad propagandística destinada a reivindicar no sólo la pertenencia a China de Tíbet sino el carácter profundamente democrático de la liberación promovida por el Ejército Rojo frente a la esclavitud vigente en la teocracia del Dalai Lama. El próximo día 28 de marzo se celebrará, por primera vez, el Día de la Emancipación de los Siervos, declarada jornada inhábil. El Dalai Lama ha denunciado que Pekín creó en Tíbet un infierno en la tierra y las autoridades chinas replicaron divulgando en masa las imágenes del infierno feudal existente durante el gobierno de los lamas.
Si algo han demostrado los cincuenta años transcurridos es que por muy fuerte e intenso que haya podido ser el dominio chino, el problema tibetano subsiste. Es verdad que con la política de reforma y apertura iniciada en 1978 han llegado otros tiempos a Lhasa. Atrás quedaron los excesos y atrocidades de la Revolución Cultural, padecidos por el conjunto de la sociedad china. El cambio de estrategia apuesta por el desarrollo y la plena integración de Tíbet en el espacio económico de China. En paralelo, la protección cultural y religiosa y su orientación hacia el turismo, con la realización de grandes inversiones en los últimos años, no ha seducido a los tibetanos generando una auténtica ola de estupefacción entre la mayoría han, que no comprende ese rechazo a la modernidad proveniente de Pekín. El riesgo de folclorización de su cultura preocupa poco a quienes sólo ven en ella motivo de negocio.
Pero el problema central sigue vigente. La autonomía tibetana va poco más allá del mero simbolismo. Todos saben que en el Partido-Estado, es el primero quien impone sus reglas, aspirando a controlarlo todo, incluyendo la reencarnación de los dignatarios budistas para asegurar su docilidad. El PCCh ha emitido un decreto prohibiendo las reencarnaciones que no cuenten con su aprobación. El Panchen Lama elegido por Pekín declaraba recientemente al visitar una exposición en el Palacio Cultural de las Nacionalidades de la capital china que «sin el Partido Comunista Chino, más de un millón de siervos tibetanos no habrían conocido jamás la dignidad humana o la libertad».
Frente a la incomprensión que genera su política, los dirigentes chinos no parecen haber encontrado aún mejor solución que la represión, confiando, pacientemente, en que esa modernidad vaya erosionando la coraza religiosa que hoy preserva la identidad tibetana. Y, en paralelo, confiando en que la hipotética muerte del Dalai Lama (73 años) genere una amplia ola de dispersión y confusión entre sus seguidores, lo que facilitaría, junto a la creciente presencia demográfica, un asentamiento pleno de su poder en la zona. Poco importa que el Dalai Lama tenga la ventaja de controlar a los sectores más radicales de su movimiento y frenar la tendencia a la violencia que anida en quienes rechazan su ‘vía media’. El recurso al terror deslegitimará del todo la causa tibetana.
El diálogo con los representantes del Dalai Lama no ha dado resultado alguno y no parece previsible que pueda darlo a corto plazo. El primer ministro Wen Jiabao reiteró su disposición a seguir dialogando, pero al mismo tiempo se deshace en duras acusaciones que a modo de palos en la rueda precipitan su fracaso. Todo indica que se trata únicamente de mostrar cierta buena fe destinada a desarmar la crítica exterior, a quien se acusa en el Libro Blanco sobre los 50 años de democracia en Tíbet, publicado hace unas semanas, de atizar el conflicto con el propósito de «debilitar, dividir y demonizar a China». La neutralidad en relación al problema tibetano se erige hoy como la condición ’sine qua non’ para poder cooperar con China, en un esfuerzo por contener la amplia proyección internacional de la cuestión tibetana. Todo un mensaje dirigido especialmente a la UE, donde se han abierto fisuras en este tema con el apoyo del Parlamento europeo y de países como Francia.
En ese contexto, hoy resultan impensables iniciativas como la anunciada por Hu Yaobang, secretario del PCCh en 1980, quien prometía en Lhasa una progresiva sustitución de los cuadros de la mayoría han por los tibetanos en la administración de los asuntos de esta nacionalidad. China, claramente a la defensiva, no encuentra otra solución que la construcción de esa ‘Gran Muralla’ propuesta por Hu Jintao en las sesiones parlamentarias que culminaron el pasado 13 de marzo.
La unidad nacional tiene en China matices propios, derivados de un empeño unificador que pretende cerrar las heridas de un doloroso proceso de decadencia histórica. Toda la relativa flexibilidad que aún nos puede mostrar en relación a Taiwán nunca la podremos observar en relación a Tíbet (o a Xingjiang) si ello pone en duda la firmeza de su proyecto. Pekín no parece dispuesto a rectificar un ápice su política, ciertamente capaz de someter los brotes de hostilidad tibetana pero gravemente incapaz de suscitar un mínimo de lealtad social entre sus gentes.

Tello Peón, nombrado en lugar de Rubido

El Presidente Felipe Calderón designó hoy al Ingeniero Jorge Tello Peón como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Miércoles, 25 de Marzo de 2009 Comunicado
Los PinosCGCS-046
La Presidencia de la República informa que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa designó hoy al Ingeniero Jorge Tello Peón como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Ingeniero Jorge Tello Peón posee una amplia experiencia en temas de seguridad nacional. Ha sido Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas de la Procuraduría General de la República y Subsecretario de Gobernación. De octubre de 2008 a la fecha se desempeñó como asesor en materia de seguridad nacional del Titular del Ejecutivo Federal.

La violencia en México visto por Napolitano

Testimony of Janet Napolitano
Secretary United States Department of Homeland Security before Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee
March 25, 2009
Southern Border Violence:
Homeland Security Threats, Vulnerabilities, and Responsibilities
Chairman Lieberman, Senator Collins, and members of the Committee: I appreciate this opportunity to testify about the Department of Homeland Security’s role in the U.S. effort to combat the campaign of violence waged by drug cartels in Mexico, and about the Department’s efforts to keep Americans safe from this security threat.
The violence in Mexico is not only an international threat. It is a homeland security issue in which all Americans have a stake. America has a significant security stake in the success of Mexico’s efforts against drug cartels. The cartels that Mexican authorities are battling are the same criminal organizations that put drugs on our streets and use violence as a tool of their trade. Illegal drugs, money, and weapons flow both ways across our border and inextricably link the United States and Mexico in our efforts against drug cartels. The two nations share a nearly 2,000 mile-long border, billions of dollars in trade, a commitment to democracy, and the need to prevail against the transnational threats of terrorism and organized crime. Threats to the United States come from every part of the globe, and the security situation of our next-door neighbor deserves our utmost attention.
At DHS, we are not in a wait-and-see mode. We are taking action now to aid the Mexican government in addressing this threat and to secure our country. DHS is bolstering the resources dedicated to this mission and taking a number of new steps. America has several roles to play: First, we must provide assistance to the Mexican government in its efforts to defeat the drug cartels and thereby suppress the flare-up of violence in Mexico. Second, we must take action on our side of the border to cripple smuggling enterprises. Third, we must guard against and prepare for the possible spillover of violence into the United States. The Department of Homeland Security is working with the Departments of State, Justice, and Defense, as well as with border states and border communities, on all of these fronts.
The Violence in Context
Those who have worked on issues related to our southwest border know that incidents of transnational violence are, unfortunately, not a new phenomenon. But what is occurring in Mexico now is violence of a level that we have not seen before.
The spike of cartel violence in Mexico is primarily a reaction against the efforts of the Mexican government to take on the cartels and battle the organized crime, corruption, and violence that comes with the illegal drug trade, as well as a result of competition among the traffickers themselves to control constricted territories and smuggling routes. The cartels’ backlash against the crackdown – though brutal and deeply troubling – is predictable. They seek to protect a very lucrative criminal livelihood. Mexican drug cartels have used violence as a tool of their trade for some time, but recent violence in Mexico between drug cartels – and, particularly, violence against Mexican officials by the cartels – has risen to unprecedented and disturbing levels. About 6,000 drug-related murders occurred in Mexico last year alone, more than twice the previous year’s total, which was also a record. These included the deaths of 522 military and law enforcement officials.
We are seeing limited increases in drug-related violence in the United States. This has come mainly in the form of cartel operatives committing violence against one another, the kidnappings of those involved in the drug trade or their family members, and assaults on Border Patrol agents by those attempting to bring illegal drugs into the
country. Mexican drug cartels maintain drug-distribution networks, or supply drugs to distributors, in at least 230 American cities, leading the Justice Department to call Mexican drug cartels the “greatest organized crime threat to the United States.”1
It is important to note that any increase of cartel-related crime we have seen in the United States is not the same kind, on nearly the same scale, as in Mexico. While kidnappings and weapons violations have risen in cities close to the border such as Phoenix, at the same time, most major U.S. cities in border states saw declines in their murder rates in 2008. For example, the police department of El Paso, Texas reported 17 murders in 2008, while over 1,600 drug-related deaths occurred that year directly across the border in Ciudad Juárez.2
The Department of Homeland Security works to fight border crime every day. U.S. Customs and Border Protection (CBP) interdicts shipments of smuggled contraband and prevents dangerous people from entering the country. U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), by conducting investigations, cracks down on smuggling rings and arrests border criminals. The U.S. Coast Guard is heavily involved in drug interdictions at sea.
I have fought border crime for the past 16 years in my posts as Governor, Attorney General, and U.S. Attorney in the border state of Arizona. I have hiked, driven, flown in a helicopter, and even ridden horseback over our southwest border. While border crimes are not new to those of us who are from border states, they are troubling, which is why we are bolstering DHS’s ability to go after border criminals. For example, DHS is redeploying assets in support of border enforcement – doubling the number of
1 National Drug Intelligence Center, National Drug Threat Assessment 2009
2 Crime data gathered from various sources by DHS Office of Intelligence and Analysis
ICE agents assigned to the Violent Criminal Alien Sections (VCAS) located in the five Southwest Border Field Offices, from 51 agents to 101. The VCAS works in coordination with U.S. Attorney’s Offices to prioritize the felony criminal prosecution of recidivist criminal aliens.
While the United States has not witnessed a spike in border violence to nearly the same extent Mexico has – and while we are bolstering our efforts against spillover violence – we do not discount that we could see an increase in some crimes.
Accordingly, United States has a large security interest in Mexico’s success in its battle against the drug cartels. The government of Mexico is not backing down from its efforts to rein in the smuggling cartels, and is instead pushing even more aggressively to strengthen security and the rule of law in Mexico. This effort touches every American community. Assisting in the fight against Mexican drug cartels is a critical step in fighting the drug trade in big cities and small towns across the nation. Another reason combating cartel violence on the Mexican side of the border is critical is that many Americans and Mexicans who live in border communities cross back and forth regularly – to work, to shop, or to visit family. Fear of the violence occurring in Mexican border cities has reduced crossings that are important to the lives of Americans and to the economic health of American border communities. The dynamic of the border region makes violence on one side of the border a pressing concern on both sides. The transnational nature of this threat clearly makes addressing the violence in Mexico a top priority in securing the United States.
DHS Efforts
The Department of Homeland Security is not waiting for the problem to worsen – we are taking action on numerous fronts to aid Mexico in its efforts against cartels and secure America against this threat. DHS has a unique set of statutory authorities and operational capabilities in identifying, interdicting and investigating criminal activity at our borders. DHS’s combination of law enforcement and border management authorities place it in a position to address the causes and effects of border violence.
As I mentioned, the mission to address the security threat of drug cartel violence in Mexico is composed of several roles America must play. For one, we must provide assistance to the government of Mexico in its push to defeat the smuggling cartels. This is a long-term effort that means building partnerships among law enforcement agencies, providing training and equipment, engaging Mexican security officials about common threats, and ensuring our efforts are not undermined by corruption. Further, we must fight smuggling on our side of the border, which means ramping up our enforcement capabilities both at the border, and make greater use of intelligence against these criminal enterprises. We also must prepare for possible, if even in some cases unlikely, eventualities that could emerge from Mexico’s drug war, including increased spillover violence into the United States. In my testimony to the House Committee on Homeland Security on February 25, I outlined that securing America from this threat relies upon four interrelated actions: coordinating the federal response with state and local stakeholders and including local law enforcement in the United States in our efforts; building partnerships and leveraging existing relationships with Mexican law enforcement; combating the smuggling of illegal weapons into Mexico; and planning for worst-case scenarios. Working with the Departments of Justice, State, and Defense, DHS is strengthening its actions in each of these areas.
Including state and local law enforcement
The partnership of state, local, and tribal law enforcement in the border region is essential to securing our nation against the threat of cartel violence. They have significant roles to play both in addressing the current violence and preparing for scenarios where violence in Mexico could further strain the United States.
Law enforcement agencies at the state, local, and tribal level have long fought border violence. They have deep operational knowledge of the border region. Confronting a multifaceted threat like border violence means federal agencies must constantly collaborate with our state and local partners, sharing resources and information.
With this in mind, DHS works collaboratively with state and local governments in a number of ways – though more remains to be done. The Department created the Homeland Security Intelligence Support Team at the El Paso Intelligence Center in 2007 to improve information sharing among federal agencies and with state and local partners. ICE is a member agency of the Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF) Program, and actively participates in multi-agency OCDETF investigations of Mexican drug trafficking and money laundering organizations.
In 2006, DHS also created Border Enforcement Security Taskforces (BEST), which are led by ICE. BEST is not just a program, but an innovative model for collaborative law enforcement. The 12 BESTs that currently exist (of which eight are on our southwest border) include the participation of ICE, CBP, the U.S. Coast Guard, and
the DHS office of Intelligence and Analysis (I&A) on the DHS level; the Drug Enforcement Administration (DEA), the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives (ATF), the Federal Bureau of Investigation (FBI), and U.S. Attorney’s offices on the Justice Department level; and state and local law enforcement agencies. Mexican law enforcement agencies also participate in BEST (see: Partnership and interaction with Mexican law enforcement), and the government of Mexico has agreed to provide representatives to every BEST team on the southwest border.
The BEST model has been successful: DHS and its partners have cracked down on arms trafficking, human smuggling, bulk cash smuggling, and narcotics smuggling organizations. These efforts have disrupted the ability of the cartels to cause violence in the United States and Mexico. Since July 2005, the BESTs have been responsible for 2,034 criminal arrests, 2,796 administrative arrests, 885 indictments, and 734 convictions. In addition, BESTs have seized approximately 7,704 pounds of cocaine, 159,832 pounds of marijuana, 515 weapons, 341,345 rounds of ammunition, 745 vehicles, and $22.7 million in U.S. currency and monetary instruments.
The successes of the BEST model demonstrate that we should be doing more to use this collaborative approach to tackle border crime. On this front, DHS will shift investigators to the taskforces and double its efforts and increase the number of DHS agents working on BESTs from 95 to 190. This will greatly expand our ability to work with local law enforcement on cartel-related crime occurring on our side of the border.
In addition to BESTs, CBP has also overseen and developed the implementation of Border Violence Protocols. On a local level, the protocols have led CBP to institute monthly meetings between CBP, the Mexican government, and local and state officials to
foster cooperation. CBP has added eight Law Enforcement Tactical Centers (LETCs), which are central points of information-gathering for local law enforcement to share intelligence with CBP. Additionally, the DHS Office of Counternarcotics Enforcement is co-leading, along with the Department of Justice, an interagency effort to update the Southwest Border Counternarcotics Strategy. That strategy directs the coordination of counter-drug and border security initiatives to address the drug trafficking threat while enhancing overall border security. The Strategy includes efforts to improve coordination and support among federal, state, local, and tribal authorities.
In addition, DHS will make up to $59 million available in Operation Stonegarden funding to enhance state, local and tribal law enforcement operations and assets along the border. Changes include expanding the scope of current Operation Stonegarden funds to pay for additional law enforcement personnel, operational overtime expenses, and travel or lodging for deployment to the southwest border.
As we work to bolster intelligence sharing and joint operations between DHS and state, local and tribal law enforcement along the southwest border, we also must completely integrate these levels of government into scenario planning. When spillover violence occurs, state and local law enforcement – not federal agencies – are the first responders. DHS has contingency plans in place for a significant increase in spillover violence (see: Planning contingencies for worst-case scenarios), and the first part of that contingency plan involves our support of state and local first responders in the event of spillover violence. DHS will continue to work with state, local, and tribal law enforcement – as well as interagency partners such as the ATF and DEA – as the threat of
cartel violence continues to evolve, so we can ensure that U.S. plans address the reality in border communities and are fully integrated with state and local response plans.
As you know, one of my major priorities as Secretary is to improve DHS partnerships with state, local, and tribal governments across the board. I should also note the same is also a priority of Congress and the Administration, which recently dedicated $2 billion to the Byrne-Justice Assistance Grants program and $1 billion to the Community-Oriented Policing Services (COPS) grant program through the Department of Justice. These two programs are critical to aiding local law enforcement, and the strengthening of them will have an effect on the ability of state and local law enforcement agencies on the border to improve their capabilities.
DHS will continue to work to improve our partnerships with state, local, and tribal law enforcement in all respects, especially as related to border violence.
Partnership and interaction with Mexican law enforcement
Assisting Mexico in its battle against drug violence requires strong coordination with Mexican law enforcement to ensure that Mexico and the U.S. are operating together in combating this transnational threat. DHS is engaging with Mexican authorities on a number of levels that are making our efforts more successful.
The cornerstone of U.S.-Mexico security cooperation is the Mérida Initiative, led by the Department of State. DHS is an enthusiastic partner in the Mérida Initiative. From the DHS perspective, Mérida is a platform to work more cooperatively with regional partners on addressing security threats and provides ways make America safer by developing regional security partnerships. We anticipate the largest DHS role under Mérida will be for CBP to aid Mexican authorities in adopting nonintrusive inspection
equipment. This equipment will help Mexican authorities screen for illegal substances and goods – including weapons – that are being smuggled into that country. DHS has a strong relationship with the State Department, and we look forward to building that relationship further and discussing with them, the Department of Justice, and other stakeholders ways that the Mérida Initiative could be strengthened.
DHS has a broad range of capabilities that present important opportunities to assist Mexico in confronting security threats. DHS has expertise in drug and weapons interdiction and combating bulk cash smuggling; maritime security; the gathering, sharing, and analysis of intelligence; conducting investigations; and the development and implementation of security technologies – all areas where DHS currently assists Mexican authorities in their battle against drug cartels, and where DHS is broadening its collaboration.
These partnerships take place under the aegis of the Mérida Initiative as well as outside it. DHS components such as CBP, ICE, and the U.S. Coast Guard have relationships with their Mexican counterparts and work with them to disrupt drug trafficking organizations. These relationships will be strengthened by Mérida’s support for bilateral information sharing, law enforcement training, and interdiction efforts.
ICE’s Border Liaison Officer (BLO) program allows ICE to more effectively identify and combat cross-border criminal organizations by providing a streamlined information- and intelligence-sharing mechanism. The BLO program creates an open and cooperative working relationship between the U.S. and Mexican law enforcement entities.
ICE currently partners with the government of Mexico on Operation Armas Cruzadas, which cracks down on arms smugglers (see: Stopping illegal weapons smuggling into Mexico). The ICE Attaché office in Mexico City has coordinated the establishment of vetted Special Investigative Units of Mexican officers that work with ICE special agents in Mexico to investigate and prosecute border crimes such as smuggling. Mexican agents are involved in DHS’s Border Security Enforcement Taskforces on the Southwest border, to great effect (see: Including local law enforcement). Since August 2005, CBP has worked closely with Mexican officials on Operation Against Smugglers Initiative on Safety and Security (OASISS), a bilateral alien smuggler prosecutions program which enables both governments to share information and prosecute smugglers for crimes committed in the border region. We expect OASISS will be further strengthened by the Mérida Initiative. DHS and the government of Mexico also have a government-to-government agreement on science and technology for homeland security. DHS is strengthening its coordination with the government of Mexico by reassigning on-board agents to immediately increase ICE Attaché personnel in Mexico by 50 percent. At present, there are 24 special agents in Mexico, and DHS is currently deploying 12 more to Mexico City, Tijuana, Hermosillo, Ciudad Juarez, and Monterrey. Through its attaché in Mexico City and associated sub-offices, ICE assists in efforts against transnational drug trafficking, weapons smuggling, human smuggling, and money laundering syndicates in Mexico. ICE Attaché personnel work day-to-day with Mexican authorities to combat these transnational threats, and these efforts will be assisted by more officers.
DHS is also immediately quadrupling the number of ICE officers in the Border Liaison Program by redeploying agents to support this important program. Currently, there are 10 border liaison officers in California and Texas – ICE will add 30 more to the southwest border.
These boosts to the ICE Attaché office and the Border Liaison Program will bolster our ability to fight border crime effectively and coordinate with Mexican enforcement efforts.
Close working relationships with Mexican officials will be critical to our efforts to execute the U.S. role in addressing this security threat. In my previous post as Governor of Arizona, one of my closest day-to-day working relationships with a fellow governor was with Governor Eduardo Bours of the state of Sonora, Mexico. Our collaboration proved critical to our states’ development of innovative, binational ways to fight the threat of drug and human smuggling. I look forward to strengthening current DHS relationships with our Mexican counterparts and building new ones.
Stopping illegal weapons smuggling into Mexico
A large number of weapons recovered in Mexico’s drug war are smuggled illegally into Mexico from the United States. Clearly, stopping this flow must be an urgent priority.
President Calderón has identified the illegal flow of weapons from the United States as one of the biggest security threats to his country. Stopping weapons smuggling is a particular challenge, both because of the nature of the southwest border and because much of the smuggling occurs in small shipments of a few weapons at a time. DHS is uniquely positioned to address this challenge. In order to confront the transnational
criminal groups operating across our common border, as early as next week, DHS will begin short-term increases to operations and programs designed to choke off the key resources for criminal groups: Guns and bulk cash. This will be done in concert with the ATF, DEA, and appropriate state and local law enforcement officials. .
ICE and CBP partner in the eTrace initiative, led by ATF, an innovative partnership that aids Mexican officials in the forensic tracking of weapons used in drug cartel violence. CBP is also partnering with the DEA and High Intensity Drug Trafficking Area centers to expand the DEA-created National License Plate Reader initiative, which will lead to better intelligence on trafficking organizations. CBP and ICE, along with ATF and the DEA, have jointly developed the Southwest Border Trafficking Initiative to identify and disrupt weapons and ammunition smuggling. Discussions are ongoing within that initiative to address more detailed procedures regarding the coordination of multi-agency operations and information sharing.
Notably, ICE launched Operation Armas Cruzadas, a partnership with the government of Mexico to fight cross-border arms smuggling. Under Armas Cruzadas, ICE has taken an intelligence-driven, systematic approach to arms trafficking investigations. As part of this effort, ICE initiated a Weapons Virtual Task Force to create virtual communities where law enforcement can rapidly share intelligence and communicate in a secure environment through the Homeland Security Information Network (HSIN). ICE also created a U.S.-vetted Arms Trafficking Group of Mexican officers. Since inception, Operation Armas Cruzadas has resulted in 112 criminal arrests and the seizure of 116,478 rounds of ammunition, 1,417 weapons seizures, and $3,341,388 in monetary instrument seizures.
We clearly need to do more, however. These successful seizures account for only a fraction of the weapons being smuggled into Mexico. That is why DHS is ramping up intelligence-driven enforcement against the southbound flow of weapons in a number of ways.
The bolstered ICE presence in the border region, increased collaboration with state and local authorities in the U.S., heightened resources dedicated to coordinating with Mexican officials, and improved support to state and local governments should all help to address southbound weapons smuggling. Still, DHS is taking additional steps to strengthen our efforts.
DHS will triple the number of intelligence analysts from DHS Office of Intelligence and Analysis on the southwest border. These analysts will provide the strategic, intelligence-driven guidance that will be a driving force behind the efforts of ICE and CBP to secure our borders and stop the flow of illegal weapons into Mexico. ICE operates a Border Violence Intelligence Cell at the El Paso Intelligence Center that provides intelligence support to BESTs. These enhancements in intelligence will also improve the Department’s ability to assess whether it is using its resources at the border in the most effective possible way to secure America.
Further, CBP is now screening 100 percent of outbound rail cars on the southwest border. There are eight rail crossings along the southwest border, and previously, CBP did not screen any outbound cars, instead focusing only on inbound cargo. We are using existing non-intrusive inspection equipment to screen all outgoing cars for anomalies that could be weapons. DHS is also developing protocols to inform Mexican authorities of anomalies CBP uncovers, since the rail cars will be on Mexican soil immediately after CBP inspection.
CBP is also moving swiftly to focus existing resources on the southwest border. The Z-Backscatter (ZBV) mobile X-Ray unit, used in a mobile inspection capacity to identify anomalies in passenger vehicles, has greatly assisted CBP officers in inspections. Nine ZBVs can be transferred to the southwest border immediately. CBP is also immediately deploying 100 Border Patrol agents to augment outbound inspections at the ports of entry; Border Patrol agents have not normally served in this capacity. Additionally, three Mobile Response Teams, consisting of 25 CBP officers each, have been placed on ready and are prepared to deploy to the southwest border to augment port of entry operations. Of the 75 mission ready Mobile Response Team members available, 15 have already been deployed to support a specific outbound operation along the southwest border.
In addition to addressing weapons smuggling, DHS is also combating the illegal movement of cash across the southwest border. One reason drug cartels pose such a dangerous threat is their extensive monetary resources. The U.S. must interrupt that illegal flow of money. Operation Firewall, led by ICE, addresses the threat of bulk cash smuggling. ICE and CBP have conducted various Operation Firewall operations with Mexican counterparts. ICE has also recently established a Trade Transparency Unit with Mexico to identify cross-border trade anomalies, which are often indicative of trade-based money laundering. Under this initiative, ICE and law enforcement agencies in cooperating countries work to facilitate the exchange of import and export data and financial information. ICE’s efforts led to more than $50 million in cash seizures in fiscal year 2008.
Increased ICE presence in Mexico and at the border will strengthen efforts to reduce illegal bulk cash smuggling. The non-intrusive inspection equipment CBP will use to screen outbound rail cars for weapons will also be able to detect anomalies that could be bulk cash. Furthermore, CBP currently has 12 dual-detection canines, trained to detect both weapons and currency and that are operationally available, which are being deployed as a part of a strategy to catch outbound smuggling.
Planning contingencies for worst-case scenarios
I believe the United States can effectively help to suppress the violence in Mexico, by both doing our part on our side of the border and providing assistance to Mexican authorities. However, this does not mitigate our need to plan for worst-case scenarios, even if they are unlikely – and not only scenarios where the United States encounters significant spillover violence, but also other situations where DHS capabilities could be strained as a result of ongoing violence.
DHS has a plan in place to address border violence, authorized by former Secretary Chertoff in January. The plan, known as the Southwest Border Violence Operations Plan (“the Plan”), outlines a layered response to provide the appropriate level of support to local law enforcement and DHS components in the event of escalating violence. State and local law enforcement, however, had little input into the Plan, so we are in the process of collecting that input now, before the Plan is final.
The Plan provides a structure by which DHS and the federal government can coordinate an effective response, while remaining flexible to conditions on the ground.
Because of their predominant role at the border, CBP would serve as the lead DHS component responsible for the effort to prevent and respond to a significant escalation of violence along the southwest border, while the Plan also clarifies and coordinates the roles of other DHS components.
There are a number of cabinet departments and federal agencies involved in this effort to fight violence on the southwest border that DHS needs to partner with on contingency plans. The Department of Defense has been a close partner in scenario planning. Under current plans, any Defense support in responding to a border violence scenario would include the Department of Defense in a supporting role at a late stage. However, we are working with the Department of Defense to determine if there are other support roles for the Department of Defense to assist us in securing our southwestern border.
I have also asked my department that the Southwest Border Violence Operations Plan be revised to determine whether it will be responsive to other challenging contingencies apart from a rise in violence along the border.
We are also increasing DHS awareness of how state and local law enforcement resources are positioned, and how to coordinate calls for assistance from state and local governments. DHS is working among its components to develop an overarching plan that integrates existing component plans into one Department plan. This overarching plan will enhance the Department’s ability to fully leverage all of our component capabilities in this critical effort. DHS’ Office of Operations Coordination and Planning, which led on devising the current plan, will lead efforts to plan for additional scenarios, and to fully engage our state, local and tribal partners in DHS planning.
Conclusion
I thank the Committee for this opportunity to testify. As you can see, I am committed to addressing the threat of cartel violence in Mexico as a top homeland security priority for the United States. I look forward to working with Congress on securing America from this threat. I am happy to answer your questions

Del PROCUP AL EZLN

Retrospectiva, hace 15 años.

Aclaraciones del PROCUP al EZLN
Fecha: 1994 06 07

[Nota del CEDEMA: Carta publicada en la sección Correo Ilustrado del periódico «La Jornada» el 8 de junio de 1994 bajo el título «Aclaraciones del PROCUP al EZLN».]

Señor director:

En relación al comunicado con fecha 3 de junio de 1994 del CCRI-CG del EZLN, publicado en diversos diarios nacionales el 7 de junio, aclaramos lo siguiente:
- Toda actividad del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), desarrollada tiempo atrás en el extranjero, ha sido debidamente acreditada y hecha bajo nuestra membresía y nuestra responsabilidad.
Por lo tanto, ningún militante de nuestro partido ha solicitado dinero a nombre del EZLN en Estados Unidos, dado que no es política nuestra valernos de ninguna otra organización para el desarrollo de nuestras tareas.
- El principio que ha guiado nuestro trabajo en el extranjero ha sido el de solicitar a los pueblos del mundo la más amplia solidaridad para con la lucha del pueblo mexicano, así como para con todas las organizaciones revolucionarias, incluidas, desde que surge, el EZLN.
- Es inaceptable que se utilice el nombre de cualquier organización revolucionaria sin la debida autorización y representatividad, es inaceptable también que esta última se haga con fines de carácter meramente personal.
En el caso que nos ocupa es probable que algunas organizaciones democráticas, al desarrollar su actividad en el extranjero, hagan mención de la existencia de organizaciones revolucionarias en México y que por esto, por desinformación, prejuicio o mala fe, dé motivo a identificarlas, de manera irresponsable, con organizaciones revolucionarias.
- Consideramos que el CCRI-CG del EZLN incurre en un error al afirmar que el PROCUP ha pedido y recibido aportaciones económicas a nombre del EZLN.
Nuestro partido siempre se ha caracterizado por la responsabilidad y seriedad de sus hechos y acciones.
Esperamos que dentro de la difícil situación de clandestinidad en la que nos encontramos las diferentes organizaciones revolucionarias, tengamos la capacidad de informarnos veraz y objetivamente antes de emitir un juicio, para no caer en acusaciones innecesarias que generan confusión en nuestro pueblo, y ésta se convierta en terreno fértil para los provocadores y los oportunistas de siempre, situación que sólo beneficia al Estado.
- Efectivamente, como lo afirma el CCRI-CG del EZLN y como ya lo habían expresado públicamente nuestros compañeros en prisión desde los primeros días del año, nunca hemos tenido contacto ni relación alguna ni son parte de nuestra estructura, ni tenemos nada que ver con el EZLN, ni tampoco son nuestro brazo armado.
Pedimos al CCRI-CG del EZLN que exhorten a quienes les mal informaron, a que no mientan, y al EZLN lo exhortamos a actuar con madurez y a no dejarse engañar, y les recordamos que el pueblo de México y los pueblos del mundo saben identificar a los revolucionarios y no caen en el engaño.
Esperando que esta respuesta sirva para encontrar la verdad revolucionaria, deseamos al EZLN lo mejor en el logro de sus objetivos y le decimos que nuestra solidaridad, siempre incondicional, estará presente ante el criminal embate del Estado burgués mexicano.
Revolucionariamente.
Comité de Dirección Intermedia
del Partido Revolucionario Obrero
Clandestino Unión del Pueblo -
Partido de los Pobres
(PROCUP-PDLP)
Fuente: Cedema

Conncluido el proceso legislativo del 2004

Dictámenes de Primera Lectura
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE DERECHOS HUMANOS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS RESPECTO LA INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL.
HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos fue turnada la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia penal.
Con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones unidas someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen al tenor de los siguientes:
I. ANTECEDENTES
En sesión ordinaria del 1º de abril de 2004, el Ejecutivo Federal presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia penal.
En la misma sesión dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y análisis correspondiente.
El 2 de septiembre de 2004 se amplió el turno a la Comisión de Derechos Humanos.
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
La Iniciativa del Ejecutivo Federal proponía la reforma a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 73, 76, 78, 82, 89, 93, 95, 102, 105, 107, 110,111, 116, 119 y 122 de la Carta Magna.

En sesión extraordinaria del Pleno del Senado, celebrada el 20 de julio de 2005, se aprobó con 88 votos a favor y ninguno en contra, el Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 18, 20 y 21 de la Constitución Política contenidos en la iniciativa.

La Minuta correspondiente se turnó a la Colegisladora, donde aún está pendiente de dictaminarse.
La Iniciativa de reforma del Ejecutivo Federal se sustenta en tres pilares:

1) reestructurar orgánicamente las instituciones de seguridad pública,

2) transformar el procedimiento penal y

3) profesionalizar la defensoría penal.
Su base argumentativa plantea la unificación de las policías para incrementar su capacidad de combate al delito, de ahí que proponga que las tareas de investigación queden a cargo de la nueva Policía Federal, bajo la responsabilidad y mando de una Secretaría del Interior, que sustituirá a la actual Secretaría de Seguridad Pública. El sentido de la iniciativa es el de establecer una dependencia con capacidad de combatir a la delincuencia con todas las herramientas técnicas, operativas y jurídicas que necesita el Estado.

Asimismo, señala que la Policía Federal será el resultado de la fusión entre la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal Preventiva, con lo que se evitaría definitivamente la dispersión, la duplicidad y la desarticulación prevalecientes en los cuerpos de seguridad pública.Asimismo, la iniciativa propone la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la Federación, con carácter de órgano constitucional autónomo bajo la consideración de que con ello la autoridad que dirija la investigación actuaría con estricto apego a la Ley. De esta manera los fiscales del Ministerio Público dirigirán la investigación de los delitos en su calidad de peritos en Derecho, al tiempo que litigan los casos ante los jueces, sin realizar funciones de investigación policial.

La iniciativa propone también, transformar el sistema procesal vigente sustituyéndolo por un modelo que garantice la presunción de inocencia, juicios rápidos y equilibrados, orales, transparentes y públicos.

Al proponer que se adopte el principio de la presunción de inocencia se pretende reafirmar la garantía constitucional de que la imposición de penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial; así también, en la iniciativa se plantea constitucionalizar el derecho de las víctimas del delito a una atención comprometida y a la reparación del daño que ha sido una demanda de los organismos nacionales e internacionales.

La iniciativa considera que el sistema penal debe garantizar efectivamente el derecho a una defensa adecuada y que no es aceptable que los imputados sean defendidos por personas sin capacidad profesional; por ello propone que quienes litiguen en materia penal cuenten con capacidad técnica y ética en el desempeño de las tareas de defensoría.
El Ejecutivo Federal expresa su firme "convicción de que sólo mediante una procuración de justicia pronta, expedita, apegada a derecho, con respeto a los derechos humanos; que cumpla las finalidades esenciales del Estado relativas al fortalecimiento del orden público con base en la legalidad, se podrá revertir la desconfianza hacia las instituciones y la sensación social de impunidad".
Refiere que "no sería posible atender cabalmente los reclamos sociales sin un marco jurídico de actuación que responda a la realidad nacional vigente, por lo que es impostergable programar como una de las prioridades nacionales la modificación integral del sistema de justicia penal federal, a fin de perfeccionarlo y actualizarlo, para que su contenido y los instrumentos de defensa social de que disponen las autoridades encargadas de su ejecución, respondan a las demandas de seguridad pública, así como, de procuración e impartición de justicia".
En este contexto, se estima que de aprobarse esta iniciativa, daría sustento a la reforma estructural del sistema de justicia penal mexicano.
Propone reformar al artículo 20 de la Ley Fundamental, a efecto de dar sustento constitucional al proceso penal acusatorio, señalando como una de las garantías del imputado, el ser juzgado a través de este sistema procesal, en los términos que marca la ley, la cual debe establecer los principios de oralidad, inmediación, contradicción, publicidad, concentración y economía procesal.
Con dicha reforma se propiciaría la unificación de los sistemas procesales de la Federación y de las entidades federativas en uno de tipo acusatorio, en aras de dar respuesta a la sociedad, por la comisión de los delitos tanto federales como del fuero común, mediante el rediseño del sistema procesal vigente, volviéndolo acorde con los principios del Estado Democrático de Derecho.
Asimismo, se propone reformar la fracción I del apartado A de este mismo artículo, a efecto de contemplar expresamente la presunción de inocencia, para precisar la obligación de todas las autoridades de respetar este derecho.
Esta misma fracción propone suprimir la facultad del Ministerio Público de oponerse al otorgamiento de la libertad bajo caución en los delitos no graves y, con ello, potencializar el principio de presunción de inocencia.
También propone adicionar un párrafo en el artículo 16 de la Constitución, a efecto de establecer que el Ministerio Público de la Federación y el juez, puedan aplicar los criterios de oportunidad que fomenten la justicia restaurativa y la recomposición social en los términos que marque la ley.
Respecto al artículo 19 constitucional se propone reformar el párrafo primero, con la finalidad de sustituir la figura del auto de formal prisión por la de auto de formal procesamiento, atendiendo a que aquélla no es acorde con el derecho del imputado de ser considerado inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria que determine su responsabilidad penal, aunado a que, al considerarse excepcional la medida cautelar de prisión preventiva, en realidad el auto de plazo constitucional sujeta a proceso al imputado, pero no invariablemente a prisión.
Esta iniciativa reforma de manera integral al artículo 20 constitucional, donde el imputado, la víctima o el ofendido disfrutarán de los "derechos" que ahí se enuncian, término que el autor de la iniciativa considera más adecuado que el de "garantías" que se menciona en el proemio de tal precepto, en virtud de que los derechos emanan de la propia naturaleza humana, que son inherentes a ella y, en esas circunstancias, la persona los disfruta como tal, máxime dentro de un proceso penal.
Se reestructura todo el apartado A de este artículo 20 a fin de establecer en orden de importancia los derechos del imputado. De tal manera, que el principio de presunción de inocencia queda como primer supuesto por considerarse el eje central del derecho penal garantista y del sistema democrático que se adopta y da sustento a los demás principios. Igualmente se protege el derecho del imputado a gozar de su libertad y solamente en casos excepcionales de conformidad con la ley aplicable se podrá restringir aquélla.
Propone adicionar un nuevo párrafo, argumentando que es necesario elevar a rango de garantía constitucional el derecho a un defensor profesional certificado, con la finalidad de asegurar la tutela jurídica a los gobernados, para que tengan abogados de elevada calidad ética y profesional.
Se propone reformar la fracción IV de este apartado A, a efecto de establecer que la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del juez o ante éste sin la asistencia de un defensor carecerá de todo valor probatorio, con lo cual se suprime el carácter de confesión a la declaración autoinculpatoria que pudiese realizarse por el individuo ante el Ministerio Público o cualquier otra autoridad. Se mantiene su derecho a no declarar y a que no se le incomunique, intimide o torture para obtener una prueba como es el caso de la confesión fuera de sede judicial.
Se mantienen presentes en todo el proceso penal, los principios del sistema acusatorio, que son la oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, concentración y economía en los términos que establezcan las leyes.
Por otra parte, se propone reformar las fracciones l, II, IV y V del apartado B del artículo 20 constitucional con el objetivo de que la víctima goce también de los derechos indispensables para que se haga efectiva la justicia. Tal es el caso de recibir asistencia jurídica gratuita a cargo del Estado; que puede provenir del Ministerio Público, con la finalidad última de que se le garantice la reparación del daño.
También propone establecer que cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad o no puedan comprender el significado del hecho, no estarán obligados a carearse con el inculpado, sin importar el o los delitos de que se trate. Se amplía esa protección de no carearse con el inculpado, en cualquier clase de delito, y también se extiende la garantía a aquellos que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho.
Adiciona el artículo 16 constitucional a efecto de que se eleve al nivel de la Ley Fundamental la previsión de la delincuencia organizada, pero sólo con la finalidad de evitar interpretaciones equívocas sobre el suficiente sustento de la ley secundaria y ésta se encargue de prever los casos en que se consideren de esta naturaleza los delitos, así como los términos y modalidades para su investigación y persecución.
Propone reformar el artículo 73 constitucional, fracción XXI para establecer la facultad del Congreso para expedir las leyes que establezcan las bases normativas y de coordinación a las que deberán sujetarse la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el establecimiento y funcionamiento del sistema de justicia penal para adolescentes, vinculado con una reforma al artículo 18 constitucional.
Asimismo, con el propósito de hacer congruente esta reforma constitucional en relación al artículo 21, se propone la modificación de la fracción XXIII del artículo 73, a fin de que el Congreso de la Unión cuente con las herramientas que le permitan establecer, de forma específica, atribuciones en materia de seguridad pública no sólo a la Federación, sino también a las entidades federativas y municipios. Lo anterior, a efecto de consolidar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que conlleva una precisa y estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno, de manera que no exista duplicidad de atribuciones o peor aún, funciones contradictorias, que generan conflictos competenciales injustificados y que demeritan los niveles de cooperación y apoyo recíproco para combatir eficiente y eficazmente al enemigo común: la delincuencia.
También propone la reforma al artículo 21 de la Constitución, a efecto de prever la autonomía del Ministerio Público de la Federación, así como el de las entidades federativas, con excepción del fuero de guerra, el cual rige para las delitos y faltas contra la disciplina militar.
En el ámbito federal esta propuesta de reforma trae aparejada la modificación al artículo 102 constitucional, apartado A para que la figura del Ministerio Público de la Federación se convierta en la Fiscalía General de la Federación, la cual como organismo constitucional autónomo sustituiría a la actual Procuraduría General de la República.
Se propone también reformar la fracción III del artículo 105 de la Constitución Política con el objeto de facultar a la Oficina del Abogado General de la Federación a solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se avoque al conocimiento de los recursos de apelación en contra de sentencias de jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
Ante la eventual conversión de la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la Federación a través de la reforma al artículo 102 constitucional, se tendrían que homologar diversos preceptos constitucionales vinculados, por lo que se propone modificar los artículos 89, 93, 105, fracción II, inciso c), 107, fracción XV, 110 y 111.
Aunado a lo anterior, considera indispensable adecuar la regulación vigente que la Carta Magna prevé en el artículo 29 respecto a la suspensión de garantías para suprimir la figura del acuerdo del Presidente de la República con el Procurador General de la República, en el procedimiento para decretar la suspensión de garantías, en razón de que el Titular del Ejecutivo no puede condicionar el ejercicio de una de sus facultades constitucionales al acuerdo con el Titular de un organismo constitucional autónomo, como lo sería el Fiscal General de la Federación; sin embargo, en aras de no soslayar la importancia que reviste la participación de dicho servidor público como garante de la legalidad y la constitucionalidad, se pretende que en el procedimiento de mérito se recabe la opinión del Fiscal General de la Federación, al tiempo de que el Presidente de la República acuerde con el Abogado General de la Federación en igualdad con los Titulares de las Secretarías de Estado, toda vez que la Oficina del Abogado General de la Federación es una Dependencia del Ejecutivo Federal.
También propone modificar los artículos 76, fracción II, y 78, fracción V a fin de prever la facultad del Senado de la República y, en su caso, de la Comisión Permanente de ratificar los nombramientos del Fiscal General de la Federación y de los Fiscales de Circuito, al tiempo de establecer en el artículo 89, fracción IX, la atribución del Titular del Ejecutivo Federal de hacer las designaciones correspondientes.
Asimismo, esta iniciativa estima importante que la reforma estructural en materia penal establezca un nuevo modelo de Ministerio Público que goce de plena autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, a nivel nacional, para lo cual se requiere adicionar una fracción VIII al artículo 116, así como la reforma respectiva al apartado D del artículo 122, referentes al ejercicio del poder público de los Estados y a la naturaleza jurídica del Distrito Federal, respectivamente con el objetivo de que se constituyan de manera uniforme a nivel local la figura del Ministerio Público y de su titular con las características propuestas para la Fiscalía General de la Federación, el Ministerio Público de la Federación y su titular, logrando así que las procuradurías locales tampoco se encuentren supeditadas al Poder Ejecutivo correspondiente.
Consecuentemente, la iniciativa propone que los titulares del Ministerio Público de las entidades federativas sean inamovibles por un periodo de 5 años, con posibilidad de que sean ratificados en su encargo por un periodo igual, con la intención de lograr su plena autonomía de gestión, subsistiendo la posibilidad de separarlos en términos del Titulo Cuarto de nuestra Carta Magna.
Sin embargo, dicha propuesta impacta al artículo 115, fracción VI, que prescribe que el Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente, situación que haría inconsistente la existencia de una policía ministerial dependiente de un organismo constitucional autónomo que, en su caso, estaría bajo el mando del Presidente de la República.
La propuesta de reforma al artículo 21 constitucional contempla la previsión de la dirección funcional del Ministerio Público sobre la policía independientemente de la adscripción orgánica que la ley le otorgue a dicha corporación.
A efecto de lograr un sistema de seguridad pública profesional y uniforme, se propone reformar el último párrafo de este artículo 21, con la finalidad de establecer que la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán en los términos que la ley general señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública profesional y uniforme en todo el país para cumplir con eficacia sus respectivas atribuciones en esta materia.
Otra herramienta que se propone adicionar al artículo 21 constitucional es la previsión de la prestación de un servicio o trabajo en favor de la comunidad como una sanción alternativa para el imputado en caso de que se incurra en violación a los reglamentos gubernativos y de policía, esto con el objetivo de coadyuvar al mejoramiento del sistema de seguridad pública.
En materia de ejecución de sanciones, la iniciativa de reforma al artículo 18 constitucional en su tercer párrafo establece que los gobernadores de los estados, sujetándose a lo que establezcan las leyes locales respectivas, podrán celebrar convenios de carácter general con la Federación, para que los reos sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en establecimientos del Ejecutivo Federal.
Un elemento más de la Iniciativa plantea ampliar el espectro de procedencia de los convenios de colaboración establecidos en el artículo 18 constitucional para que no sólo los reos del orden común compurguen sus penas en centros de readaptación social dependientes del Ejecutivo Federal, sino que los sentenciados del orden federal puedan cumplir su pena en establecimientos del ámbito local, al tiempo que se pondere la necesidad de que los sentenciados cumplan su condena en sus lugares de origen, a efecto de optimizar la readaptación social.
En este orden de ideas, la iniciativa también incluye una reforma más al ya citado párrafo del artículo 18 constitucional, para dotar de facultades tanto a la Federación como a las entidades federativas para celebrar recíprocamente convenios de colaboración que permitan a los sentenciados en un determinado fuero, compurgar su pena en establecimientos de readaptación social, a cargo de otro ámbito de gobierno.
La exposición de motivos de esta iniciativa señala que es importante destacar que los convenios de colaboración a que se refiere el artículo 119 constitucional son celebrados entre los gobiernos de las entidades federativas y la Federación, con la intervención de las procuradurías, sin embargo, al erigirse en organismos constitucionales autónomos, tienen que ser considerados como entes independientes, en salvaguarda de su nueva naturaleza jurídica, razón que animó al autor de esta iniciativa al proponer la reforma al artículo 119 de la Constitución Federal, con el fin de establecer la participación de las procuradurías locales y de la Fiscalía General de la Federación como organismos constitucionalmente autónomos.
III. CONSIDERACIONES
En el proceso legislativo que dio como resultado la aprobación del Proyecto de Decreto en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, las comisiones dictaminadoras recibieron el 13 de diciembre de 2007 para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la Minuta respectiva.
En dicha minuta se valoraron y consideraron, sin ser concretamente dictaminadas, las propuestas comprendidas en la Iniciativa del Ejecutivo Federal que se analiza en el presente dictamen, pues éstas estaban representadas tanto en el contenido como en el espíritu de esta iniciativa, que fue la base sobre la cual se construyó el Proyecto de Decreto aprobado por el Constituyente Permanente y promulgado el pasado 18 de junio de 2008.
Algunas reformas propuestas en la iniciativa materia de este dictamen han quedado incorporadas ya al texto constitucional:
Transformación del anterior modelo inquisitivo al sistema acusatorio, oral.
Introducción expresa del principio de la presunción de inocencia.
Se eleva la calidad de la defensa.
Creación de mecanismos alternativos al juicio penal.
Régimen especial para la delincuencia organizada.
Disposiciones sobre seguridad pública.
La reciente reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública, se trata de una reforma integral al sistema de justicia penal, cambiando del actual modelo mixto, preponderantemente inquisitivo, a uno garantista de corte acusatorio y oral, adaptado a las condiciones y la cultura jurídica mexicanas, y orientado por la urgente necesidad de abatir los índices de delincuencia y evitar la impunidad, garantizando el respeto por los derechos de todos.
En coincidencia con la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Ejecutivo Federal en abril de 2004, este decreto incluye mayor seguridad en los procesos penales, mayor protección de los derechos de las víctimas del delito, la consolidación de un nuevo modelo de sistema de seguridad pública, un mejor combate al crimen organizado y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Al igual que la propuesta en la iniciativa que se está dictaminando, lo aprobado por el Congreso significa un cambio de raíz en el sistema de justicia penal, es quizá la reforma más relevante realizada al sistema penal en mucho tiempo, y quizá sólo comparable con la transición del sistema puramente inquisitorial -que rigió hasta principios del siglo pasado- al sistema mixto que operaba hasta ahora. Y gracias a esta reforma se podría avanzar en la necesaria modernización de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
Respecto a las propuestas de la iniciativa en estudio que no fueron atendidas en el decreto referido, cabe señalar que del año 2004 a la fecha, el fenómeno de la delincuencia ha incrementado, se ha convertido en uno de los problemas sociales de México que más están afectando actualmente a la ciudadanía; fenómeno que no sólo lesiona el patrimonio y la integridad física de las personas, sino también conlleva un deterioro en el Estado de derecho.
Durante los últimos años, en México se ha presentado un incremento sostenido en el número de sucesos delictivos, lo cual ha contribuido al deterioro del tejido social. Hoy en día, el problema de la violencia expresada bajo la forma de delincuencia, trasciende sobre la calidad de vida, salud y situación económica, política y social que viven los mexicanos. De acuerdo a distintas agencias internacionales, México se encuentra entre una de las regiones más violentas del mundo y por tanto una de las más inseguras, donde la corrupción y los actos delictivos son una realidad cotidiana.
El aumento de la delincuencia ha sido de tal magnitud, que ha ocasionado un fuerte sentimiento de inseguridad entre la población, particularmente en la del Distrito Federal y en la de ciudades fronterizas como Ciudad Juárez y Tijuana.
Es por ello que se considera que las propuestas que no fueron atendidas de manera cabal en la reciente reforma de justicia penal y seguridad pública, han sido rebasadas y trastornadas por el crimen organizado, para lo cual es indispensable contar con herramientas ad hoc que combatan la delincuencia y la inseguridad pública que se desarrolla en el presente año
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, estas comisiones unidas con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86, 94, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la aprobación de la Honorable Asamblea la siguiente:
RESOLUCIÓN
Primero. Se da por concluido el procedimiento legislativo de la Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia penal, presentada por Ejecutivo Federal el 1º de abril de 2004.
Segundo. Archívese el proyecto de decreto mencionado en el presente dictamen como concluido.
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil ocho.
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
COMISIÓN DE JUSTICIA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS