Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Excélsior, 23-Jul-2009
Michocán: guerra como política concentrada
En Michoacán lo que está en juego trasciende ampliamente las vicisitudes de un operativo de seguridad. Si dicen que la guerra es política concentrada, en esta mal llamada guerra contra el narcotráfico es en Michoacán donde se concentran los mayores desafíos y contradicciones políticas de la actual coyuntura.
Para comenzar, allí se vive el capítulo más violento de esa lucha. Pero la violencia no deviene sólo de la genética criminal de ciertos operadores de La Familia. Parte del hecho de que esa organización ha tratado, como no lo ha llegado a hacer ninguna otra, de convertirse en una suerte de Estado sobre el Estado. La Familia controla, digan lo que digan las almas indignadas como la de Leonel Godoy, a buena parte de la clase política. Tiene intervención, directa o indirecta, según cifras oficiales, en 85% de la economía local, por lo tanto, su relación con el empresariado es profunda. Desarrolla una labor de penetración que se basa en los tradicionales “plata o plomo”, pero también en una visión ideológica que le permite tener acceso con mayor facilidad tanto a sectores populares como de poder (y que se potencia cuando el gobierno del estado, como bien podría haberlo dicho cualquier líder de La Familia, se desgarra las vestiduras porque Michoacán “ha sido ocupado” por fuerzas federales cuando el gobierno local no ha podido controlar, literalmente, ni siquiera a su propia familia). Esa organización criminal, con la indulgencia de las autoridades locales, se quedó con buena parte de los centros de control de adicciones en el estado y allí adoctrinaron, según la declaración de uno de sus principales miembros ahora detenido, a unos nueve mil jóvenes, y convirtieron a muchos de ellos en sicarios. Ningún gobierno puede permitir que una fuerza de esas características pueda operar de esa forma y apropiarse con tanta impunidad de una parte de su territorio, sin darle la pelea.
Más aún cuando el presidente Calderón es oriundo de Michoacán, como también Germán Martínez, el saliente presidente del PAN y el aspirante a sucederlo, César Nava. La inédita ofensiva que está sufriendo el presidente Calderón dentro de las filas del panismo (¿por qué decir que Javier Corral, Santiago Creel, Manuel Espino, Humberto Aguilar o Gerardo Priego representan distintas corrientes del panismo cuando han sido, antes y ahora, de la misma, con un mismo jefe y un mismo adversario interno?) tiene una expresión en la disputa por la presidencia del partido, pero también en el tema de seguridad: se trata sólo de seguir las trayectorias y declaraciones de sus adversarios sobre ello y extrapolarlas a Michoacán.
Pero también es la tierra de los Cárdenas, de Cuauhtémoc y Lázaro. Si existe alguna fuerza capaz de poner orden y darle un futuro al perredismo es el cardenismo, no por número sino por legitimidad. El actual desgajamiento del partido del sol azteca se ha convertido en una comedia de errores donde nadie parece estar en condiciones de darle seriedad a la búsqueda de salidas que vayan más allá de preservar espacios de poder coyuntural. Cuauhtémoc lo ha hecho con una propuesta que tiene, por lo menos, lógica: que Jesús Ortega presente su renuncia y que López Obrador sea expulsado de esa fuerza política por haber hecho públicamente campaña en su contra. Aferrándose al cargo y habiendo dado la espalda a grupos que tradicionalmente habían sido sus aliados, Ortega no podrá tener un verdadero liderazgo en el PRD y el partido debería comprender que López Obrador sólo lo quiere si pierde cualquier atisbo de autonomía respecto a su dictatorial forma de ejercer el poder. Cárdenas es una alternativa para tener un discurso que pueda resultar atractivo y respetado dentro y fuera del PRD y que puede tener, tanto en Cuauhtémoc como en Lázaro, opciones con miras al futuro.
Ello lleva también a la figura de Leonel Godoy. El gobernador es el mejor reflejo de la decadencia de cierto perredismo. Ex cardenista, con los que rompió en el mismo momento en que Cárdenas lo aupó a la dirigencia nacional del partido en remplazo de Rosario Robles; ex lopezobradorista porque el “líder” nunca lo reconoció como de los suyos; impulsado en su momento por Nueva Izquierda y después por Marcelo Ebrard, desde hace tiempo Godoy no ha logrado establecer lazos firmes con prácticamente ninguno de los grupos de poder de su partido, por eso, desde su candidatura, se tuvo que apoyar, por una parte, en un grupo cerrado que demostró ser muy permeable a las tentaciones de la corrupción del narcotráfico y, por otra, aceptar todo tipo de acuerdos con los grupos de poder locales. El episodio de su hermano Julio César Godoy, hoy prófugo de la justicia y acusado de ser uno de los principales intermediarios políticos del grupo de La Familia, demuestra, como ocurrió con sus principales funcionarios de seguridad, que el mandatario no está en condiciones o no puede controlar aspectos básicos de la gobernabilidad estatal: Godoy fue advertido desde hace mucho tiempo de las relaciones peligrosas de su hermano, de funcionarios como Citlalli Fernández o de varios presidentes municipales y jamás tomó acción alguna para preservar la integridad de su gobierno. Dice que les tenía confianza o que no es ministerio público. Pero se supone que es un gobernador y un político y, por consideraciones exclusivamente políticas, cuando un medio hermano o una colaboradora cercanísima tienen sobre su cabeza acusaciones así, deben adoptarse medidas. No hacerlo es una absoluta negligencia y la negligencia es también una forma de corrupción.
Finalmente, Michoacán tiene otra característica que no deja de ser importante en este momento. Allí, en los hechos, el PRI no cuenta. Claro, habrá que considerar que la expansión de La Familia michoacana se ha tratado de dar hacia el Estado de México. Y allí nos encontraríamos en otro escenario.
La Familia controla, digan lo que digan las almas indignadas como la de Leonel Godoy, a buena parte de la clase política.
Excélsior, 23-Jul-2009
Michocán: guerra como política concentrada
En Michoacán lo que está en juego trasciende ampliamente las vicisitudes de un operativo de seguridad. Si dicen que la guerra es política concentrada, en esta mal llamada guerra contra el narcotráfico es en Michoacán donde se concentran los mayores desafíos y contradicciones políticas de la actual coyuntura.
Para comenzar, allí se vive el capítulo más violento de esa lucha. Pero la violencia no deviene sólo de la genética criminal de ciertos operadores de La Familia. Parte del hecho de que esa organización ha tratado, como no lo ha llegado a hacer ninguna otra, de convertirse en una suerte de Estado sobre el Estado. La Familia controla, digan lo que digan las almas indignadas como la de Leonel Godoy, a buena parte de la clase política. Tiene intervención, directa o indirecta, según cifras oficiales, en 85% de la economía local, por lo tanto, su relación con el empresariado es profunda. Desarrolla una labor de penetración que se basa en los tradicionales “plata o plomo”, pero también en una visión ideológica que le permite tener acceso con mayor facilidad tanto a sectores populares como de poder (y que se potencia cuando el gobierno del estado, como bien podría haberlo dicho cualquier líder de La Familia, se desgarra las vestiduras porque Michoacán “ha sido ocupado” por fuerzas federales cuando el gobierno local no ha podido controlar, literalmente, ni siquiera a su propia familia). Esa organización criminal, con la indulgencia de las autoridades locales, se quedó con buena parte de los centros de control de adicciones en el estado y allí adoctrinaron, según la declaración de uno de sus principales miembros ahora detenido, a unos nueve mil jóvenes, y convirtieron a muchos de ellos en sicarios. Ningún gobierno puede permitir que una fuerza de esas características pueda operar de esa forma y apropiarse con tanta impunidad de una parte de su territorio, sin darle la pelea.
Más aún cuando el presidente Calderón es oriundo de Michoacán, como también Germán Martínez, el saliente presidente del PAN y el aspirante a sucederlo, César Nava. La inédita ofensiva que está sufriendo el presidente Calderón dentro de las filas del panismo (¿por qué decir que Javier Corral, Santiago Creel, Manuel Espino, Humberto Aguilar o Gerardo Priego representan distintas corrientes del panismo cuando han sido, antes y ahora, de la misma, con un mismo jefe y un mismo adversario interno?) tiene una expresión en la disputa por la presidencia del partido, pero también en el tema de seguridad: se trata sólo de seguir las trayectorias y declaraciones de sus adversarios sobre ello y extrapolarlas a Michoacán.
Pero también es la tierra de los Cárdenas, de Cuauhtémoc y Lázaro. Si existe alguna fuerza capaz de poner orden y darle un futuro al perredismo es el cardenismo, no por número sino por legitimidad. El actual desgajamiento del partido del sol azteca se ha convertido en una comedia de errores donde nadie parece estar en condiciones de darle seriedad a la búsqueda de salidas que vayan más allá de preservar espacios de poder coyuntural. Cuauhtémoc lo ha hecho con una propuesta que tiene, por lo menos, lógica: que Jesús Ortega presente su renuncia y que López Obrador sea expulsado de esa fuerza política por haber hecho públicamente campaña en su contra. Aferrándose al cargo y habiendo dado la espalda a grupos que tradicionalmente habían sido sus aliados, Ortega no podrá tener un verdadero liderazgo en el PRD y el partido debería comprender que López Obrador sólo lo quiere si pierde cualquier atisbo de autonomía respecto a su dictatorial forma de ejercer el poder. Cárdenas es una alternativa para tener un discurso que pueda resultar atractivo y respetado dentro y fuera del PRD y que puede tener, tanto en Cuauhtémoc como en Lázaro, opciones con miras al futuro.
Ello lleva también a la figura de Leonel Godoy. El gobernador es el mejor reflejo de la decadencia de cierto perredismo. Ex cardenista, con los que rompió en el mismo momento en que Cárdenas lo aupó a la dirigencia nacional del partido en remplazo de Rosario Robles; ex lopezobradorista porque el “líder” nunca lo reconoció como de los suyos; impulsado en su momento por Nueva Izquierda y después por Marcelo Ebrard, desde hace tiempo Godoy no ha logrado establecer lazos firmes con prácticamente ninguno de los grupos de poder de su partido, por eso, desde su candidatura, se tuvo que apoyar, por una parte, en un grupo cerrado que demostró ser muy permeable a las tentaciones de la corrupción del narcotráfico y, por otra, aceptar todo tipo de acuerdos con los grupos de poder locales. El episodio de su hermano Julio César Godoy, hoy prófugo de la justicia y acusado de ser uno de los principales intermediarios políticos del grupo de La Familia, demuestra, como ocurrió con sus principales funcionarios de seguridad, que el mandatario no está en condiciones o no puede controlar aspectos básicos de la gobernabilidad estatal: Godoy fue advertido desde hace mucho tiempo de las relaciones peligrosas de su hermano, de funcionarios como Citlalli Fernández o de varios presidentes municipales y jamás tomó acción alguna para preservar la integridad de su gobierno. Dice que les tenía confianza o que no es ministerio público. Pero se supone que es un gobernador y un político y, por consideraciones exclusivamente políticas, cuando un medio hermano o una colaboradora cercanísima tienen sobre su cabeza acusaciones así, deben adoptarse medidas. No hacerlo es una absoluta negligencia y la negligencia es también una forma de corrupción.
Finalmente, Michoacán tiene otra característica que no deja de ser importante en este momento. Allí, en los hechos, el PRI no cuenta. Claro, habrá que considerar que la expansión de La Familia michoacana se ha tratado de dar hacia el Estado de México. Y allí nos encontraríamos en otro escenario.
La Familia controla, digan lo que digan las almas indignadas como la de Leonel Godoy, a buena parte de la clase política.
